Guerra y política en Colombia:La parábola de los “paramilitares”

Éric Lair∗

Introducción

Desde hace varias décadas, Colombia ha sido afectada por fenómenos de violencia colectiva

entre los cuales se destaca el conflicto1 que inicialmente opone las fuerzas del Estado a

distintos grupos insurgentes denominados “guerrillas”. Lejos de encontrar una solución

negociada, como sucedió en otros países al salir del antagonismo “este-oeste” (Nicaragua, El

Salvador, Mozambique, etc.)2, la guerra se ha intensificado3. Sus dinámicas no han sido

uniformes, pese a ciertas continuidades. Hasta finales de los años setenta, la insurgencia

conoció un período de gestación y divisiones. Los frentes se ubicaron en particular en regiones

aisladas con pocas capacidades de influencia. Dos factores contribuyeron a modificar el

panorama de la confrontación. Las “guerrillas” capitalizaron los errores de la represión estatal

para adoptar estrategias más ofensivas, mientras el narcotráfico ofrecía nuevas perspectivas de

financiación y crecimiento. Asimismo, la sociedad se deslizó hacia un ambiente de inseguridad

que favoreció la creación de organizaciones “paramilitares” anti-subversivas.

A partir de los años ochenta, los “paramilitares” se han expandido en sinergia con la

“guerrilla”. Correlativamente, las tropas del Estado han sido relegadas, en algunos aspectos, a

un segundo plano. Han sufrido ataques contundentes por parte de la insurgencia. También han

mostrado deficiencias ante los ataques a la población. Ahora bien, la polarización entre las

∗ Profesor investigador de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, Bogotá. Correoelectrónico: ericlair@yahoo.fr. Agradezco a Paola Montilla la revisión del texto.1 Por razones de estilo, se emplearán las palabras “conflicto”, “confrontación” y “contienda” como sinónimos de “guerra”.2 Es importante observar que los acuerdos de paz política no conllevan siempre al fin de la violencia. Por el contrario, elpost-conflicto puede estimular la conformación o regeneración de diversas bandas o pandillas armadas. Entre los trabajosmás genéricos sobre el tema, ver Roland Marchal & Christine Messiant, Les chemins de la guerre et de la paix: fins deconflits en Afrique orientale et australe, París, Karthala, 1997 o Paul Richards (editor), No peace, no war: ananthropology of contemporary armed conflicts, Athens (Ohio), Oxford University Press, 2005. Para estudios de caso enAmérica Latina, ver por ejemplo Dennis Rodgers, “Slum Wars of the 21st Century: the new geography of conflict inCentral America”, Crisis States Programme Working Papers, City Themes, London School of Economics, n°10, febrerode 2007 y Dennis Rodgers, “Vivemos num estado de sítio": Violência, crime e gangues na Nicarágua pós-conflito”, SextaFeira: Antropologia, Artes e Humanidades, n° 7, 2003, pp. B.59-B.67.3 En la segunda parte del presente artículo, se hará alusión a los diálogos de paz parciales que han acompañado laevolución de la guerra en Colombia.

“guerrillas” y los “paramilitares” no puede soslayar el papel de las fuerzas regulares, precisando

que éstas han retomado la iniciativa en los últimos años bajo la orientación del poder político.

En efecto, la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la presidencia de la República en 2002, y su

reelección en 20064, han acelerado la profesionalización de las Fuerzas Armadas. En términos

generales, el alto mandatario ha tratado de fortalecer el Estado en un contexto de guerra

recrudecida. El gobierno ha definido una estrategia de “seguridad democrática”5 que pretende

alcanzar un equilibrio tenue: combatir a los protagonistas armados y garantizar el respeto a la

Constitución, las leyes y los Derechos Humanos.

El perfil de Álvaro Uribe ha suscitado apreciaciones discordantes, por no decir confusas, en

una sociedad que no ha tenido una tradición de dictaduras ni grandes figuras carismáticas. El

mandatario ha sido descrito como austero, autoritario y/o populista6 en un momento en que se

acumulan los motivos de descontento: desempleo, disfunciones de la justicia, Tratado de Libre

Comercio, etc. Ante todo, las críticas se han cristalizado en torno al proceso de paz

formalizado con las organizaciones “paramilitares”, en desmedro de la “guerrilla”. La firma de

acuerdos ha precipitado no sólo la desmovilización de diferentes facciones sino una

inestabilidad política. Las negociaciones han evidenciado los vínculos entre los “paramilitares”,

los funcionarios públicos y las clases gobernantes (“parapolítica”), convirtiéndose en una caja

de Pandora para la administración de Álvaro Uribe.

Surge entonces la necesidad de indagar sobre la conformación, las evoluciones y el poder de

los “paramilitares”, lo cual invita a pensar la historia presente, casi inmediata, del conflicto y

por ende la (des)estructuración de los espacios políticos en Colombia.

4 El candidato Álvaro Uribe fue elegido por sufragio universal directo en 2002 para cuatro años. A raíz de una reforma dela Constitución de 1991, declarada exequible por la Corte Constitucional, el mismo se postuló a un segundo mandatoconsecutivo en los comicios organizados en mayo del año 2006, saliendo en la primera vuelta con 62,2% de la votación(nivel de participación electoral de 45,34%).5 Para una aproximación al estudio teórico de la “seguridad democrática”, ver el libro de Federmán Antonio RodríguezMorales & Rubén Sánchez David, Seguridad, democracia y seguridad democrática, Bogotá, Editorial Universidad delRosario, 2007.6 La noción de populismo ha sido objeto de una abundante y heterogénea literatura. A manera de introducción, el lectorpuede consultar las obras de Ernesto Laclau, La razón populista, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005 yPierre-André Taguieff, L’illusion populiste: essai sur les démagogies de l’âge démocratique, París, Flammarion, 2007 o elensayo de Philippe Schmitter, “Los vicios y virtudes de los ‘populismos’: un balance general”, El Debate Político, n°4/5,noviembre de 2006, pp. 208-214.

1- De la “Violencia” a la guerra actual

Aunque no se busca hacer un relato detallado de la confrontación, es útil detenerse en sus

condiciones originales con una mención explícita a las “guerrillas”. Conviene recordar que no

existe consenso sobre los orígenes del conflicto. No obstante, la mayoría de los analistas ven

en la finalización de la “Violencia” (1946-1958)7 una fase de transición propicia a la actividad

insurgente o un preludio a la contienda.

La onda de choque de la “Violencia”

En discrepancia con una idea común8, la “Violencia” no surgió exclusivamente a raíz del

asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948 en Bogotá9. La muerte del jefe liberal,

candidato a la presidencia de la República, sirvió de detonante a la exacerbación de los

enfrentamientos perceptibles en los meses anteriores entre los miembros de los partidos

conservador y liberal. Conllevó a un levantamiento popular y brotes armados que no tuvieron

equivalente en el país durante el siglo XX10. La “Violencia” se propagó con matices en

diferentes ciudades y zonas rurales (esencialmente el eje andino y regiones contiguas), alterando

el orden, la configuración política y los lazos sociales.

La participación de la población respondió, en muchas ocasiones, a la preeminencia de un

bipartidismo, no monolítico, que agudizó las lógicas de tipo amigo-enemigo. A las

motivaciones políticas, se sumaron consideraciones más difusas y prosaicas: la contienda fue el

escenario de ciclos de venganza, depredación, pillaje y al mismo tiempo la expresión de

múltiples formas de bandolerismo11. En complemento, los vacíos de autoridad la inseguridad

7 Periodización aproximativa. El año 1958 correspondió a la oficialización de un pacto entre las elites políticas, el “FrenteNacional”. Sobre la época de la “Violencia” ver, a continuación, las notas 11 a 14.8 Ver en este sentido el documento publicado por International Crisis Group, “La esquiva búsqueda de la paz enColombia”, Informe sobre Latinoamérica, n°1, 26 de marzo de 2002, p.3.9 Sobre la muerte de Jorge Eliécer Gaitán restituida a la luz del contexto internacional, ver Gonzalo Sánchez (editor),Grandes potencias, El 9 de abril y la violencia, Bogotá, Editorial Planeta, 2001.10 A excepción de la “Guerra de los Mil Días” entre los años 1899-1902.11 Ver Gonzalo Sánchez & Donny Meertens, Bandoleros, gamonales y campesinos. El caso de la Violencia en Colombia,Bogotá, El Ancora Editores, 1983, quienes parten de una lectura crítica de los postulados clásicos de Eric Hobsbawmsobre el tema. En un artículo posterior, Claudia Steiner, “Un bandolero para el recuerdo: Efraín González tambiénconocido como el siete colores”, Antípoda, n°2, enero-junio de 2006, pp. 230-253, propone una interpretación renovadadel bandolerismo de los años cincuenta y sesenta en Colombia con reflexiones sugestivas sobre la guerra de hoy.

provocaron sentimientos de impunidad y necesidades de protección que permiten entender el

uso masivo de las armas12.

Es interesante anotar que la “Violencia” ha recibido el calificativo de “guerra civil”, el cual

resulta problemático para hablar del conflicto actual como se verá más adelante. Las disputas

de la época acentuaron la descomposición de la comunidad nacional sin generar un colapso del

Estado13 ni una situación caótica en la totalidad del territorio14. Tampoco se abrió el camino de

una revolución que constituye un tema debatido y/o glorificado en varios países de América

Latina15.

De hecho, la maquinaria bipartidista y las redes clientelistas no se desmantelaron. Las elites

supieron acomodarse a las circunstancias. Fueron incluso decisivas en el cese de las

hostilidades y omnipresentes en las décadas siguientes. El declive de las violencias fue palpable

en la segunda mitad de los años cincuenta que coincidieron con tres tendencias: el retiro del

poder del General Rojas Pinilla que fomentó un golpe de Estado en 1953 con la aceptación de

una fracción de la clase política; la instalación de un gobierno provisional bajo la supervisión de

una junta militar; y los acercamientos entre las cúpulas conservadoras y liberales.

El “Frente Nacional”, un pacto institucional entre las elites

En 1957 y 1958, los dos partidos trabajaron en la elaboración de un pacto que ratificó la

aversión de los civiles hacia las fuerzas castrenses y selló una voluntad de reconciliación y

coexistencia pacífica. Se aprobó un arreglo, la institución del “Frente Nacional” (FN), que

preveía una alternancia en la presidencia con la celebración de elecciones y una repartición

equilibrada de los cargos políticos. A la inestabilidad de la “Violencia” sucedió un régimen

12 Son escasos los trabajos que dan una visión sintética de las dinámicas y motivaciones de la confrontación. Para unbalance de los estudios, ver Gonzalo Sánchez & Meter Bakewell, “La Violencia en Colombia: new research, newquestions”, The Hispanic American Historical Review, vol. 65, n°4, noviembre de 1985, pp. 789-807 e Ingrid JohannaBolívar Ramírez, Violencia política y formación del Estado: ensayo historiográfico sobre la dinámica regional de laViolencia de los cincuenta en Colombia, Bogotá, CINEP-CESO-UNIANDES, 2003.13 Paul Oquist, Violencia, Conflicto y Política en Colombia, Bogotá, Instituto de Estudios Colombianos-Biblioteca BancoPopular, 1978, plantea la controvertida tesis de un “derrumbe parcial del Estado”, p. 184.14 Daniel Pécaut, Orden y violencia: evolución socio-política de Colombia entre 1930-1954, Bogotá, CEREC-Siglo XXI,1987, ha identificado numerosas interferencias entre el orden y desorden que caracterizan la época.15 Ver por ejemplo Merilee Serrill Grindle & Pilar Domingo (editores), Proclaiming revolution: Bolivia in comparativeperspective, Harvard University Press, 2003.

“consociacional”16 de transacciones y acuerdos mutuos, el cual tuvo una duración legal de

dieciséis años (1958-1974) con ramificaciones directas hasta el año 198617 (ver anexo). Se

procuró cerrar así un episodio de enfrentamientos que dejaron numerosas secuelas y víctimas

(alrededor de 200.000 muertos).

Si bien es cierto que el FN logró evitar una reactivación de la contienda entre los

conservadores y liberales y la instauración de una dictadura, éste ha tenido repercusiones

ambivalentes sobre el país. En primera instancia, el FN materializó el anhelo de olvidar eventos

violentos y eludir responsabilidades. Fue acompañado de amnistías, sinónimos de amnesia,

para deshacerse de “un pasado que no pasa”18 ya que, desde entonces, la “Violencia” no ha

dado lugar a una política oficial de la memoria. Los círculos del poder han preferido no

cuestionar ni avivar una historia convulsionada. De tal manera que los traumas y las peticiones

de la población no han podido exteriorizarse ni encontrar interlocutores (memoria inhibida).

Por otro lado, el FN fragmentó los dos partidos tradicionales cuyos representantes

compitieron internamente por los puestos políticos. Para concluir, el mismo ha sido

interpretado como un mecanismo de precariedad y deslegitimación del Estado en una

democracia que los analistas califican de “pactada”19 (participación y representación

restringidas) en referencia a los años sesenta y setenta cuando emergieron diversos grupos

armados.

La gestación de las “guerrillas”

Efectivamente, después de la “Violencia”, aparecieron efímeras bandas armadas, a menudo

relacionadas con el bandolerismo y/o cuadrillas bipartidistas. Sobre todo, se conformaron tres

“guerrillas” - el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación

(EPL) y las Fuerzas Armadas Revolucionarios de Colombia (FARC) - que se han vuelto

protagonistas de la presente guerra. El ELN nació en 1962 adoptando el modelo político-

militar del “foco” heredado de la revolución cubana. Los primeros núcleos del EPL se

estructuraron entre 1964 y 1965 en una línea maoísta, mientras que las FARC operaron en un

16 Jonathan Hartlyn, La política del régimen de coalición: la experiencia del Frente Nacional en Colombia, Bogotá,Ediciones Uniandes-Tercer Mundo Editores, 1993.17 Daniel Pécaut, Guerra contra la sociedad, Bogotá, Editorial Planeta, 2001, pp. 28-29.18 Para retomar la expresión de Éric Conan & Henry Rousso, Vichy, un passé qui ne passe pas, París, Gallimard, 1994.

principio en concordancia con el Partido Comunista Colombiano. La creación de las FARC en

1964 se inscribió en la continuidad de las “autodefensas campesinas” que proliferaron en los

últimos meses de la “Violencia” para contener en particular las exacciones de los

conservadores. A diferencia del ELN y EPL, la orientación revolucionaria de las FARC fue

menos pronunciada. Sus reivindicaciones apuntaron a la reforma del sistema político y

redistribución de la tierra. En la práctica, los integrantes de las FARC se dedicaron, en

prioridad, a dirigir y asentar poblaciones “flotantes” en zonas de colonización (“colonización

armada”).

Excluyendo la dimensión ideológica, los tres movimientos insurgentes se singularizaron por

tímidas conexiones internacionales a lo largo de la década 1970. Quedaron replegados en áreas

rurales periféricas en una sociedad cada vez más urbanizada. Paralelamente, se mostraron

débiles a la hora de lanzar ofensivas y responder a los ataques puntuales de las fuerzas

oficiales20. La vulnerabilidad de las facciones y la falta de adhesión del campesinado obligaron a

los mandos a contemplar un cambio de estrategias que se produjo en emulación con una

organización armada, el Movimiento 19 de abril (M.19), fundada en 197421.

Desde un punto de vista institucional, el activismo de los “guerrilleros” se insertó en un

contexto de disolución progresiva del Frente Nacional, en contraste con la hipótesis según la

cual las insurgencias tienden a manifestarse bajo los regímenes cerrados y autoritarios22. Por

supuesto, la naturaleza excluyente del sistema bipartidista, acusado de ser un simulacro de

democracia, incitó protestas de distinta índole (campesinas, estudiantiles, sindicales, etc.). Las

medidas de excepción decretadas por el presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) y las

violaciones a los derechos y las libertades fundamentales estimularon también las

transformaciones de las “guerrillas”.

19 Andrés Dávila Ladrón de Guervara, Democracia pactada. El Frente Nacional y el proceso constituyente del 91,Bogotá, Alfaomega-CESO-Uniandes-IFEA, 2002.20 Las FARC y el ELN fueron en particular golpeadas en 1967 y 1973.21 Sobre la historia del M.19, “guerrilla” colombiana que privilegió las acciones en las áreas urbanas, ver DaríoVillamizar, Aquel 19 será, Bogotá, Editorial Planeta, 1995.22 En el caso de Centroamérica, Gilles Bataillon, Genèse des guerres internes en Amérique centrale, 1960-1983, París, LesBelles Lettres, 2003, pp. 143-156, refuta la idea demostrando que los mecanismos de dominación violenta puedenengendrar la apatía o pasividad de la población. Para mayores desarrollos sobre las teorías de la acción colectiva violenta,ver por ejemplo Jeff Goodwin, No other way out. States and revolutionary movements, 1945-1991, Cambridge,Cambridge University Press, 2001, pp. 3-64.

Sin embargo, Colombia no se aproximaba en ese entonces a un entorno de violencia

generalizada ni a los países donde predominaba la intervención de los militares en los asuntos

internos. Además, los frentes de “guerrilla” empezaron a consolidarse no sólo en medio de una

represión aleatoria, mal coordinada entre el poder ejecutivo y las Fuerzas Armadas, sino

durante las discusiones de paz que marcaron el mandato de Belisario Betancur Cuartas (1982-

1986). En 1982 y 1983, las FARC y el ELN avalaron, en este sentido, estrategias que han

tenido consecuencias complejas sobre el conflicto. Se decidió dispersar los combatientes y

diversificar las fuentes de financiación (tráfico de droga, explotación de minas de oro,

extorsiones, etc.). Igualmente, se planeó un escalamiento de las arremetidas contra el Estado y

una “politización” de la población en la perspectiva de una toma del poder. En resumen, como

nunca antes, la insurgencia supo aprovechar las oportunidades de acción y movilizar recursos

según una matriz revolucionaria.

La nueva postura de la “guerrilla”, y el auge consecutivo de estructuras hoy catalogadas de

“paramilitares”, han densificado el horizonte de la confrontación. Un sinnúmero de estudios

subrayan que éstas traducen las alianzas crónicas entre el Estado, las elites y distintos grupos

armados extra-oficiales. De allí las correspondencias, a veces equívocas, establecidas con el

pasado - las “contrachusmas” y los “pájaros” 23, por ejemplo24, es decir las cuadrillas afiliadas a

los conservadores que fueron temidas en la “Violencia” por actuar con brutalidad y rapidez.

Sin ahondar en estos debates, se puede afirmar que las bandas y los “micro-ejércitos” privados,

asociados principalmente a los terratenientes, ganaderos y esmeralderos en los años setenta,

encarnaron figuras intermedias entre la “Violencia” y el conflicto actual. Adicionalmente, se

observó, a principios de la década siguiente, un incremento en el reclutamiento de civiles, con

el propósito de brindar apoyo a las fuerzas regulares en la lucha anti-subversiva, al amparo de

algunas disposiciones de la ley 48 de 1968 abrogadas en 1989.

23 Se ha evocado, en un juego de lenguaje peyorativo, una similitud entre los “pájaros” y los así llamados “paracos” dehoy.24 Se remite a las estimulantes reflexiones de Claudia Steiner, “Un bandolero para el recuerdo: Efraín González tambiénconocido como el siete colores”, art, cit. , Marco Palacios, Entre la legitimidad y la violencia: Colombia 1875-1994,Bogotá, Grupo Editorial Norma, 1995, p. 226 y Mary Roldán, Blood and fire: la Violencia in Antioquia, Colombia, 1946-

2- La expansión y diversidad de las organizaciones “paramilitares”

Todo lo anterior, dio pie a la irrupción del “paramilitarismo” que se asemeja a un mosaico

donde la región constituye una categoría de análisis imprescindible, aunque insuficiente, para

comprender las lógicas de acción25. Teniendo en cuenta su heterogeneidad, sería erróneo

asimilar, de manera global, el fenómeno a los grupos que se enfrentaron a los movimientos de

oposición en Argentina, Perú y Centroamérica26. En el presente caso, los “paramilitares” se han

propagado, desde hace treinta años, en una sociedad en vía de modernización con profundas

mutaciones políticas, socio-económicas y culturales. Han crecido al ritmo de una política de

“seguridad nacional” errática27 contra el “enemigo comunista”, en resonancia con traficantes y

mediante el respaldo oculto de amplios sectores de la población.

La marcha hacia la guerra anti-subversivaEl despliegue de los “paramilitares” fue perceptible en 1981-1982 con la formación de

destacamentos armados flexibles, “Muerte a Secuestradores” (MAS), a raíz del cautiverio de un

familiar de los hermanos Ochoa Vásquez28, narcotraficantes del Cartel de Medellín, a manos

del M.19. En el transcurso de los años 1980, el MAS adelantó operaciones en localidades de

Antioquia, Boyacá, Cundinamarca, El Valle y la zona inter-regional del Magdalena Medio. Las

violencias perpetradas se extendieron a amplios sectores de la población, más allá de los

“guerrilleros”: funcionarios; sindicalistas; simpatizantes de izquierda; defensores de los

Derechos Humanos; y la Unión Patriótica, organismo político impulsado por el Partido

Comunista Colombiano y las FARC, la cual fue el blanco de una campaña de asesinatos

sistemáticos. El MAS, cuyo modus operandi fue comparado con los “escuadrones de la muerte”

en el cono sur de América Latina, infiltró la sociedad en una atmósfera de desconfianza y

1953, Duke University Press, 2002, pp. 345-366. En una tonalidad menos histórica, ver Guido Piccoli, El sistema delpájaro: Colombia, laboratorio de barbarie, Bogotá, Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos, 2005.25 Sobre la región como categoría de análisis, ver Eric Van Young, “Introduction: are regions good to think” en Eric VanYoung (editor), Mexico’s regions. Comparative history and development, San Diego, University of California, 1992, pp.1-36. Para una lectura caleidoscópica del conflicto armado colombiano, y del “paramilitarismo”, siguiendo un enfoque(inter-)regional, consultar los estudios detallados realizados, entre otros, por Camilo Echandía Castilla, Rodolfo Escobedoy Gustavo Salazar, en la página electrónica de la Vicepresidencia de la República de Colombia, Programa presidencial deDerechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario: www.vicepresidencia.gov.co.26 Para una vision sinóptica de los “paramilitares” en la región, ver Armony Ariel, Argentina, The United States and anti-communist crusade in Central America, 1977-1984, Athens (Ohio), Ohio University Press, 1997. Por su parte, LynnHorton, Peasants in arms. War and peace in the mountains of Nicaragua, 1979-1994, Athens (Ohio), Ohio UniversityPress, 1998, propone una historia mucho más local y sociológica para el escenario de la guerra en Nicaragua.27 Tesis central del libro de Francisco Leal Buitrago, La seguridad nacional a la deriva: del Frente Nacional a laposguerra fría, Bogotá, Alfaomega-Universidad de los Andes-FLACSO, 2002.

delaciones con la colaboración de las Fuerzas Armadas, como la Brigada XIV del ejército con

jurisdicción en el Magdalena Medio que resultó ser el epicentro de la confrontación en la

época.

Diversas organizaciones se desarrollaron, con una mayor territorialización, en la sombra de los

panfletos y las actuaciones del MAS. La trayectoria del grupo de Ramón Isaza Arango, un

campesino huraño del sureste de Antioquia29, es interesante al respecto: pronostica las

posibilidades de circularidad y reproducción de la violencia que va desde la supervivencia y el

honor hasta lo político, pasando por la defensa y expansión de intereses económicos. Creadas

al finalizar la década 1970, en respuesta a los atropellos de las FARC, las cuadrillas de Ramón

Isaza tuvieron un protagonismo preponderante en el área central del río Magdalena. Entraron

en interferencias con bandas de tamaño variable y los primeros núcleos armados de Fidel,

Carlos y José Vicente Castaño Gil, oriundos del mismo departamento, quienes encabezaron

luego la guerra en municipios del noroeste del país. Simultáneamente, Ramón Isaza hizo

presencia en las fértiles tierras de Puerto Triunfo (sureste antioqueño) donde confluyeron los

sicarios de notorios traficantes de droga, como Pablo Escobar Gaviria, desatando una pugna

por el poder local30.

El ascenso de Ramón Isaza se enlazó en los años ochenta con la historia de José Gonzalo

Rodríguez Gacha, alias el “Mexicano”, quien participó en la aparición del MAS y diseminó sus

hombres en la zona31. De una personalidad exuberante, y animado por ambiciones inter-

regionales, este último llevó el “paramilitarismo” hacia los Llanos orientales con la

complicidad, o rivalidad, de las fuerzas regulares, narcotraficantes y esmeralderos32.

El fortalecimiento de los “paramilitares” se profundizó entre 1987 y 1989 en Puerto Boyacá

(Magdalena Medio), y sus alrededores, en una coyuntura caracterizada por: una progresión

territorial y numérica, disímil según los frentes, de la insurgencia cuyos efectivos sumaban

28 Rafael Pardo, La historia de las guerras, Bogotá, Ediciones B Colombia, 2004, p. 611.29 Analistas presentan a Ramón Isaza, de una edad cercana a 70 años, como el jefe “paramilitar” más antiguo en actividad.30 “La estela roja de Ramón Isaza”, Revista Semana, n°1304, 28 de abril de 2007. Edición electrónica sin numeración:www.semana.com.31 “Balas, droga y miedo”, Revista Semana, n°1240, 02 de mayo de 2006. Edición electrónica sin numeración:www.semana.com.32 Juan Carlos Garzón, “La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica” en Alfredo Rangel (editor), El poderparamilitar, Bogotá, Editorial Planeta, 2005, pp. 61.

8.000 en 1990 solamente para las FARC; una agudización de la violencia e inseguridad; los

diálogos de paz, cíclicos a lo largo de la década, que causaron en algunos municipios un doble

temor, a saber una intromisión de los “guerrilleros” en la arena política y una redistribución de

las tierras33; y disputas por el control del comercio de droga.

A partir de allí, se asistió a una militarización sin precedente de las organizaciones anti-

subversivas - varias de ellas fusionadas con las “Autodefensas del Magdalena Medio” - con la

intervención de miembros de la fuerza pública y mercenarios34. Las modalidades de la guerra

evolucionaron en forma sustancial con un incremento en los combates y una sucesión de

masacres, con instrumentalización del terror35, destinadas a debilitar la “guerrilla”. Desde un

punto de vista geopolítico, la lucha “exitosa” en Puerto Boyacá sirvió de antecedente a los

“paramilitares” para exportar la experiencia en particular hacia Córdoba, Urabá, Sucre, el Bajo

Cauca antioqueño, el Meta y el noreste del país en la frontera con Venezuela.

En el umbral de los años noventa, la sociedad colombiana descubrió poco a poco la magnitud

de la cooperación entre los militares y grupos aún mal identificados. Para intentar limitar estas

alianzas, el presidente Virgilio Barco Vargas (1986-1990) aprobó normas y resoluciones que

sancionaban el armamento y entrenamiento militar de civiles. Precisamente, fue el momento en

que se banalizó el empleo del calificativo “paramilitar”36, reemplazando apelativos como

“autodefensas”, “grupos de justicia privada” o “escuadrones de la muerte”. Los académicos

retomaron también la palabra37 que se revela polisémica con una inflación de significados y

connotaciones. Por cómoda que sea en el lenguaje cotidiano, la palabra desborda la noción

implícita de “anti-guerrilla” para confundirse con los traficantes de droga y esmeraldas y las

bandas de delincuencia. No refleja la disparidad (armamento, disciplina, intereses, etc.) de las

organizaciones que se quiere designar38. Deja pensar que los grupos armados son, en gran

33 Tesis acuñada por Mauricio Romero, Paramilitares y autodefensas, 1982-2003, Bogotá, IEPRI-Editorial Planeta, 2003.34 Carlos Medina Gallego, Autodefensas, paramilitares y narcotráfico en Colombia: origen, desarrollo y consolidación.El caso de Puerto Boyacá, Bogotá, Editorial Documentos Periodísticos, 1990.35 Éric Lair, “Reflexiones acerca del terror en los escenarios de guerra interna”, Revista de Estudios Sociales, n°15, juniode 2003, pp. 88-108.36 La palabra fue acogida, por mimetismo, de situaciones de violencia externas. En la época, los medios de comunicaciónhicieron en particular referencia a los grupos “paramilitares”, “La Contra”, en Nicaragua.37 Hoy, se cuestiona cada vez más el término. Gustavo Duncan, Los Señores de la guerra. De paramilitares, mafiosos yautodefensas en Colombia, Bogotá, Editorial Planeta, 2006 propone, en una investigación particularmente documentada,la denominación no menos problemática de “señores de la guerra”.38 Ver, por ejemplo, el informe de Human Rights Watch, The ties that bind: Colombia and military-paramilitary links,Nueva York, Human Rights Watch, 2000.

medida, el resultado de una subordinación a la fuerza pública. Ahora bien, las similitudes y

relaciones que unen a ambos protagonistas no son sistemáticas ni exentas de rupturas. Sobre

todo, los “paramilitares” responden a dinámicas e interacciones más profusas en lo que se

podría llamar una “milicianización”39 de la sociedad.

La apertura del sistema político y el recrudecimiento de la confrontación

En el cruce de los mandatos de Virgilio Barco Vargas y César Trujillo Gaviria (1990-1994),

Colombia vivió una serie de acontecimientos que modificaron la configuración de la contienda.

En un plano político, el país dio un paso hacia el anclaje de un Estado de Derecho, la garantía

de las libertades y el pluralismo, con una erosión relativa del bipartidismo, tras la adopción de

una nueva Constitución (1991)40. La promulgación de la Carta Magna fue concomitante a la

culminación de años de acercamientos con la “guerrilla”. Diferentes movimientos, entre los

cuales se distinguieron frentes del EPL y M.19, entregaron sus armas en un proceso de paz que

no significó el fin de las hostilidades.

Por el contrario, la “guerra integral”, decretada por el gobierno de Virgilio Barco contra las

mafias y los insurgentes que no se habían desmovilizado, concurrió con una oleada de

violencia en el país. De manera puntual, el asalto de los militares al secretariado general de las

FARC, en el departamento del Meta, se tradujo no sólo en una derrota táctica sino estratégica a

corto plazo. La cúpula y distintos frentes de la “guerrilla” se descentralizaron en los meses

ulteriores con veleidades de represalias.

Estos hechos no son anecdóticos para entender los avances de la guerra y del

“paramilitarismo” a la luz de la democracia que los politólogos catalogan ahora de “asediada”41,

por el potencial de desestabilización de los actores violentos, en vez de “pactada”.

39 Entendida como faccionalización armada. Quizás el término “milicia” sea menos ambiguo y polémico que el vocablo“paramilitar”. No obstante, no será empleado en el texto para evitar una confusión semántica adicional, recordando que enColombia las “milicias” son tradicionalmente las bandas urbanas asociadas a la “guerrilla”.40 Para un balance sobre los partidos políticos a partir del “Frente Nacional”, ver Francisco Gutiérrez Sanín, Lo que elviento se llevó. Los partidos políticos y la democracia. en Colombia, 1958-2002, Bogotá, Grupo Editorial NormaEditores, 2007.41 Eduardo Pizarro Leongómez, Una democracia asediada: balance y perspectivas del conflicto armado en Colombia,Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2004.

En cuanto a la correlación de fuerzas, después de la confrontación en el Magdalena Medio, los

“paramilitares” se esparcieron tous azimuts en las regiones, incluso en dirección de las ciudades,

al copar los vacíos de poder de las “guerrillas” desmovilizadas, con un aumento del número de

combatientes estimados en más de 12.000 a principios de los años 2000. La ayuda recíproca

entre los bloques permitió también incursionar en territorios del ELN y de las FARC - las

cuales recibieron continuamente reclutas en sus filas para alcanzar 17.000 soldados en el año

2000 - y/o perturbar la movilidad y las redes de transporte (alimentos, droga, logística, etc.) de

los insurgentes.

En ese contexto, sobresalieron las “Autodefensas del Magdalena Medio”, con figuras como

Ramón Isaza, al igual que las “Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá” (ACCU), en

plena estructuración, al mando de la familia Castaño Gil. El auge de las ACCU entre los años

1992-199742 tuvo como trasfondo una expansión y atomización del “paramilitarismo” en el

país. Se manifestaron discrepancias no sólo entre las facciones sino con poderosas mafias de la

droga. Basta recordar los episodios de la contienda que enfrentó a Pablo Escobar, asesinado en

199343, con Ramón Isaza y los hermanos Castaño, promotores de la banda de los “Perseguidos

Por Pablo Escobar” (PEPES) - sin hablar de Gonzalo Rodríguez Gacha quien se ganó la

enemistad de esmeralderos, narcotraficantes y “guerrilleros” antes de ser dado de baja por las

autoridades en 1989.

Frente al riesgo de disgregación de los grupos “paramilitares”, Carlos Castaño asumió el

liderazgo de las ACCU, a raíz de la muerte de su hermano Fidel, y planificó la creación de las

“Autodefensas Unidas de Colombia” en 1997, a las cuales se articularon la mayoría de las

organizaciones. Las AUC ilustraron la voluntad de forjar un proyecto federativo y una

identidad, bajo los auspicios de las ACCU, alrededor de un discurso maniqueísta contra la

“guerrilla” y valores como el orden y la defensa de la patria.

En su consolidación, los “paramilitares” se beneficiaron del desmembramiento de los carteles,

subsiguiente a la muerte de jefes emblemáticos como Pablo Escobar, para controlar los

42 Las AUC fueron oficialmente instituidas en 1994, aunque fueron activas en los años anteriores.43 Sobre la historia de Pablo Escobar, ver Alonso Salazar, La parábola de Pablo, Editorial Planeta, 2001

circuitos de producción y comercialización de la droga44, uno de los componentes más

lucrativos y rentables de la economía de guerra. En complemento, la solidaridad aparente de las

AUC encontró elementos a priori favorables en la crisis de las instituciones desacreditadas, bajo

el mandato de Ernesto Samper Pizano (1994-1998), como consecuencia de dos tendencias: la

imputación al entonces presidente de recibir dineros del narcotráfico45 para financiar su

campaña electoral; y la recrudescencia paralela de los ataques de las FARC a la fuerza pública y

los civiles. Se resaltará al respecto que, entre los años 1995 y 199846, las FARC lanzaron

operaciones de contra-ofensiva a una escala inaudita, colocando a las Fuerzas Armadas en una

posición de inferioridad y deslegitimidad.

Concretamente, los “paramilitares” no se limitaron a contener y responder a la “guerrilla”.

Acentuaron sus esfuerzos para anticipar y disuadir las acciones de los insurgentes y regular un

número creciente de municipios en Cundinamarca, el sur de Bolívar, los Llanos orientales, el

eje cafetero y la costa pacífica, entre otros. La penetración de las organizaciones armadas en las

esferas socio-económicas y políticas se sustentó, con diferencias según las zonas, en una

repetición de las masacres47, la ejecución de homicidios individuales y una multiplicación de las

prácticas de desaparición. Las facciones no actuaron siempre en ausencia del Estado - que

ejerce una soberanía fragmentada sobre el territorio nacional - sino más bien en espacios

intersticiales entre los funcionarios, la clase política, los caciques locales, el campesinado, etc.

Así, se instituyó un “clientelismo” y “proselitismo” de guerra donde las fronteras entre la

oferta y demanda de seguridad y protección no son claras, ni las adhesiones que pueden darse

por simpatía, conformismo, oportunismo y/o miedo.

La crisis de crecimiento y dislocación de los grupos armados

Los operativos de las FARC llevados a cabo entre 1995 y 1998, con una gran concentración de

combatientes contra la fuerza pública, fueron el producto de estrategias de demostración de

fuerza y presión que tuvieron implicaciones para Andrés Pastrana Arango (1998-2002). Elegido

44 Carlos Garzón, “La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica”, op. cit., pp. 64-65.45 Sobre la problemática y las dimensiones políticas del tráfico de droga, ver Juan Gabriel Tokatlian, Globalización,narcotráfico y violencia. Siete ensayos sobre Colombia, Bogotá, Grupo Editorial Norma, 2000.46 Para un análisis de la guerra en el período, ver Camilo Echandía Castilla, Dos décadas de escalamiento del conflictoarmado en Colombia, 1986-2006, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2006.47 Con una intensidad particular en los territorios en disputa de Urabá (noreste del país). Tema del libro Andrés FernandoSuárez, Identidades políticas y exterminio recíproco. Masacres y guerra en Urabá, 1991-2001, Bogotá, La CarretaEditores E.U-IEPRI, 2007 que ofrece una perspectiva del conflicto, típica de una historiografía renovada, desde lo local.

sobre una propuesta de negociaciones de paz con la “guerrilla”, entabladas antes de su llegada

a la presidencia, el alto mandatario concedió la desmilitarización de una zona de unos 42.000

km2 en el centro-este de Colombia (“zona de distensión”) para conducir las discusiones sin un

cese de hostilidades previo.

Las vicisitudes del proceso, que se concluyó como un fracaso a comienzos del año 2002,

fueron la oportunidad para los “guerrilleros” de hacer valer, con intransigencia y dogmatismo,

un poder adquirido a lo largo de cuatro décadas en la guerra. Al mismo tiempo, se confirmó el

desfase entre las capacidades bélicas de los frentes que irradian una impresión de cohesión

interna y la escasa propensión a producir discursos susceptibles de sublevar masivamente a la

población.

No se trata de explicar aquí las razones, poco estudiadas, de una “insurgencia sin revolución”48,

es decir los desencuentros entre la “guerrilla” encerrada en un ethos rural y una sociedad

urbanizada lejana de preocupaciones, como la reforma agraria y la justicia social, y agobiada

por tantos años de violencia. Sólo se mencionará que los “paramilitares” obstaculizaron, hasta

las actuales discusiones de paz, las estrategias de la “guerrilla” (con rotundas acciones contra el

ELN más vulnerable que las FARC), mediante el uso de la coerción, mecanismos de adhesión

(versátiles) y/o un rechazo del enemigo. Es menester agregar, en términos generales, que los

grupos anti-subversivos no lograron a su vez despertar incentivos e imaginarios en la

perspectiva de una movilización armada de la población, aunque tengan localmente el respaldo

de elites políticas y económicas. Lo cual confiere al conflicto características distantes de la

“guerra civil” de los años de la “Violencia” donde existió una fuerte bipolarización y fractura

de la comunidad nacional.

En un enfoque orgánico, los “paramilitares” - bien sea las AUC o las demás facciones -

denotaron una evidente desunión, disonante con las FARC, a finales de los años noventa. Se

expandieron a expensas del impasse de las conversaciones con la “guerrilla” en un contexto de

rivalidades y tensiones, el cual hace de las AUC una agrupación con bases y lazos “primarios”49

48 Eduardo Pizarro Leongómez, Insurgencia sin revolución. La guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada,Bogotá, Tercer Mundo Editores-IEPRI, 1996.49 Noción, retomada de la psicología de los grupos, desarrollada entre otros por Omer Bartov, L’armée d’Hitler. LaWehrmacht, les nazis et la guerre, París, Éditions Hachette, 1999.

a menudo artificiales entre sus miembros.

En estas condiciones, no debe sorprender la conformación en la época de una imponente

estructura, el “Bloque Central Bolívar” (BCB), por desacuerdo con las AUC50. Tampoco es de

extrañar los combates inter-facciones en Medellín (Bloque Cacique Nutibara y Bloque Metro),

por ejemplo, la segunda ciudad del país, o aún la renuncia parcial de Carlos Castaño a la

dirigencia de las AUC en julio de 2002 antes de ser asesinado en abril de 2004, por sus

compañeros de armas en circunstancias todavía no esclarecidas51.

Dicho de manera sintética, el desarrollo de los “paramilitares” experimentó, en los albores de

los años dos mil, un punto de inflexión particular, una crisis de crecimiento con efectos de

dislocación, sin haber sufrido una derrota militar de envergadura frente a la “guerrilla”. Varios

parámetros, no exclusivos, pueden dar cuenta del fenómeno: la concentración de poder y el

proyecto unificador de Carlos Castaño; la rivalidad personal entre los jefes armados; las

divergencias sobre los planes de lucha contra la insurgencia; los vínculos fluctuantes con las

fuerzas del Estado; la convivencia en territorios exiguos o cercanos; los ciclos de venganza en

los cuales el honor y los mecanismos de “compensación” desempeñan un papel fundamental;

la intensificación no siempre consensual de los ataques a las poblaciones; y la cuestión del

control del tráfico de droga en sus diferentes fases.

Ahora, los “paramilitares” han intentado encontrar una escapatoria en los diálogos de paz

adelantados por el presidente Álvaro Uribe que, a diferencia de sus predecesores en el cargo,

no ha privilegiado una negociación a favor de la “guerrilla”, exponiendo a la luz pública grupos

que operaban con opacidad en la sociedad.

3- Las dimensiones e incertidumbres de los acuerdos de paz

La interrupción definitiva del proceso de paz con las FARC en 2002, en un ambiente de

denuncias y enfrentamientos, provocó desilusiones entre la población sobre la eventualidad de

50 Juan Carlos Garzón, “La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica”, art. cit. , pp. 86-87.51 Las versiones sobre la muerte de Carlos Castaño son contradictorias. La tesis más plausible es que su hermano Vicentehaya ordenado el homicidio.

una próxima resolución del conflicto. A los pocos meses, el electorado caucionó la idea de una

opción militar al nombrar en la magistratura suprema al candidato Álvaro Uribe quien

pretendía simbolizar la “autoridad” frente a los actores al margen de la ley. El lema, “mano

dura, corazón grande”, que utilizó el actual presidente durante su campaña refleja los

lineamientos de la política gubernamental adoptada desde la época.

Hasta la fecha, Álvaro Uribe se ha empeñado en vigorizar la profesionalización, con una

importante disponibilidad operacional, de las Fuerzas Armadas. También ha diseñado una

estrategia de ocupación y control de los municipios donde las carencias del Estado y/o la

presencia de grupos armados son patentes. Ante las ofensivas del Estado, la “guerrilla” ha sido

obligada a efectuar un repliegue y a mantenerse a la expectativa, sin ser vencida. Por otro lado,

la actitud de conciliación de las autoridades con los “paramilitares” ha conllevado a una

desmovilización multifacética e incierta de las organizaciones.

Las negociaciones con los “paramilitares”

Las discusiones de paz con los “paramilitares” se abrieron a finales del año 2002, en un

momento en que diversas facciones de las AUC declararon un cese al fuego unilateral. La

administración de Álvaro Uribe instauró una comisión encargada de emitir recomendaciones

para facilitar y formalizar los acercamientos. Entre los temas abordados, figuraban: el respeto

del cese de hostilidades; el fin de los secuestros la lucha contra los tráficos ilícitos; la

preparación de una mesa de negociación y la concentración de los combatientes en áreas

delimitadas. Esta fase exploratoria precedió la ronda de discusiones inauguradas oficialmente

en julio de 2003 en Santa Fe de Ralito, en el departamento de Córdoba52, bajo el control

“paramilitar”.

Desde el inicio, entre los grupos las discusiones se desarrollaron en forma asincrónica con

pocas garantías de verificación doméstica e internacional. Se fundamentaron en la Ley 782 de

diciembre de 2002 que no hace del reconocimiento político un requisito para dialogar con

actores armados ilegales y otorgarles, bajo ciertas condiciones, beneficios económicos y

jurídicos.

52 International Crisis Group, “Desmovilizar a los paramilitares en Colombia: ¿una meta viable?”, Informe sobre AméricaLatina n°8, 5 de agosto de 2004, p. 2.

Los acuerdos suscritos en 2003 preveían, entre otros aspectos, el desarme y la desmovilización

gradual de la totalidad de los combatientes en sitios de acantonamiento. El proceso pasó por

etapas críticas hasta mediados del año 2005. Los enfrentamientos con la “guerrilla”, las

exacciones contra la población, las divisiones entre los “paramilitares”, incluidos o no en la

negociación, al igual que las incertidumbres sobre el estatuto jurídico de los antiguos

combatientes y el tema de la extradición hacia Estados Unidos por narcotráfico amenazaron el

avance de las concertaciones.

El gobierno dio entonces un nuevo aliento a las conversaciones, al acelerar la desvinculación

de las estructuras armadas. En mayo de 2004, los mandos de las AUC y del BCB aceptaron el

principio de una “zona de ubicación” (ZDU) en Tierralta, Córdoba. Se suspendieron por

algunos meses las órdenes de captura contra los dirigentes “paramilitares” en conformidad con

las disposiciones de la Ley 782. La instauración de dicha zona permitió materializar los

acuerdos de Santa Fe de Ralito II que abandonó en particular el ideal de un desmantelamiento

completo para fijar una meta de 8.750 desmovilizados al terminar el año 2005, sin haber

planeado un cronograma preciso53.

En los hechos, el desarme y la desmovilización colectiva54 de los “paramilitares” debutaron, al

margen de los diálogos en Córdoba, con el desmembramiento del Bloque Cacique Nutibara

(BCN) en las afueras de Medellín, Antioquia, en noviembre de 2003, y la repentina entrega de

armas por parte de unos 850 combatientes55.

La gestión de la desmovilización del BCN sirvió de antecedente a una serie de

desmovilizaciones (ante todo de las AUC) entre 2003 y 2007, centralizadas y supervisadas en

varias regiones del país por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz en concertación con

entidades estatales, sectores de la “sociedad civil” y la Organización de los Estados

Americanos. Según los reportes oficiales, las negociaciones habrían conducido a la

53 Ibíd. pp.2-3.54 No se hará referencia aquí a los procesos individuales que responden a dinámicas y procedimientos distintos.55 Sobre la influencia y desmovilización del Bloque Cacique Nutibara en el área de Medellín, ver Mauricio Romero, “Ladesmovilización de los paramilitares y autodefensas: riesgosa, controvertida y necesaria”, Documento de trabajo delInstituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales, 2005 (Mimeo), pp. 8-10.

desmovilización colectiva de 31.671 beligerantes hasta el año 200656 - cifra que superó las

aspiraciones consignadas en el texto firmado en Santa Fe de Ralito II.

Como sustrato legal al proceso, el gobierno propuso la ley 975 llamada de “Justicia y Paz” que

ha suscitado enconadas polémicas, incluso antes de ser aprobada en junio de 2005 y declarada

exequible por la Corte Constitucional en mayo de 2006. Entre las denuncias a la ley del

“perdón” u “olvido”, que ameritarían mayores reflexiones57, la misma se ha convertido en un

instrumento jurídico de reducción de penas (alternatividad penal), destinado a facilitar la

“reinserción” de los ex-combatientes en caso de confesión o comprobación de delitos graves o

lesa humanidad. De no ser así, los desmovilizados tienen la posibilidad de acceder a las

disposiciones de la ley 782 de 2002 que los analistas asimilan a un dispositivo “generoso” de

“reinserción”, e incluso de amnistía.

Hoy, la administración de Álvaro Uribe y las autoridades judiciales han identificado una ínfima

proporción de desmovilizados susceptibles de ser cobijados por los términos de la ley de

“Justicia y Paz”. En otras palabras, gran parte de los “paramilitares” se encuentran en una

situación jurídica no claramente definida donde prevalece la impunidad. De manera específica,

las máximas figuras de los grupos armados están recluidas en una sola cárcel, esperando

aportar sus testimonios sobre la guerra y reconocer en teoría delitos para acatar la ley y ser

sometidos a sanciones mínimas.

Un tortuoso proceso de desarme, desmovilización y reinserción

La indecisión sobre el estatuto jurídico de los “paramilitares” es característica de las

deficiencias y “zonas grises” inherentes a las negociaciones. Durante el desarme y la

desmovilización, que corresponden a una etapa administrativa y técnica en la vía de la

“reinserción”, se evidenciaron incongruencias58.

56 Alto Comisionado para La Paz. www.altocomisionadoparalapaz.gov.co [consulta: marzo de 2007]. Se registraronposteriormente otras entregas de arma.57 Para un análisis de la ley en relación con los delicados temas de la verdad, justicia y reparación, ver los estudioscompilados en Rodrigo Uprimny (director), ¿Justicia transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación paraColombia, Bogotá, Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, 2006.58 Reflexiones nutridas a partir de entrevistas, semi-estructuradas, realizadas a antiguos combatientes de las AUC y delBCB entre los años 2005-2007.

Por ejemplo, no se cuestionó suficientemente la procedencia y pertenencia a los frentes

“paramilitares” de los supuestos combatientes. En ocasiones, no se conoció la identidad de los

desmovilizados por la celeridad del proceso. Igualmente, faltó rigor en la verificación debido a

la participación modesta de organismos internacionales, que cumplieron una misión

sobresaliente en otros escenarios conflictivos, pese al papel de la Organización de los Estados

Americanos desde el año 2004 .

En estas condiciones, resultó difícil prevenir la intrusión de campesinos ajenos a la contienda o

bandas de delincuencia común en las filas “paramilitares” a lo largo de la fase de desarme y

desmovilización como lo enseñó la experiencia del Bloque Cacique Nutibara presentada por el

gobierno en modelo “piloto”59.

Lo anterior puede explicar el alto número de desmovilizados (31.671) cifra que se sitúa muy

por encima de las estimaciones sobre los efectivos “paramilitares” (12.000) al comienzo de las

discusiones de paz. Uno argumentará que hubo una subestimación del “paramilitarismo” en las

décadas 1980-1990. No obstante, no hay que descartar consideraciones adicionales. La

inflación de los efectivos le permitió al gobierno justificar las negociaciones y establecer un

balance preliminar positivo en la perspectiva de los comicios de 2006 que vieron la reelección

directa de Álvaro Uribe. En lo referente a los jefes “paramilitares”, la cifra constituye en la

actualidad un pretexto para confirmarse como poderes de facto arraigados en la sociedad y

perfilarse en un movimiento legítimo en el escenario político.

En una tonalidad análoga, las pocas armas y municiones recolectas y decomisadas, en

comparación con el número de desmovilizados, hacen pensar que las facciones escondieron

material bélico60. Si se validara esta hipótesis, se podría hablar de un desmantelamiento con

desarme incompleto y quizás, en algunos casos, de un desarme sin desmantelamiento duradero,

sabiendo que centenares de “paramilitares” parecen haber reincorporado sus estructuras o

conformado nuevas organizaciones más atomizadas como las “Águilas Negras” o los

“Traquetos” (ver mapa).

59 Juan Carlos Garzón, “La complejidad paramilitar: una aproximación estratégica”, art. cit. , p. 106.60 “Examen a la reinserción”, El Tiempo, 20 de septiembre de 2005, p. 1-7.

Por último, se mencionará rápidamente que los planes de “reinserción” han sido apenas

esbozados, por no decir improvisados, a corto plazo, hipotecando el futuro de los

combatientes que tienen un nivel precario de educación escolar y formación profesional. Los

“paramilitares” han recibido una atención médica y psicológica defectuosa. Adicionalmente, las

autoridades no han reunido las condiciones para una integración diferenciada según un perfil

individual definido en función de la edad, la pertenencia socio-cultural a una región, las

expectativas laborales, etc. Más bien, se ha creado una dependencia insidiosa al ofrecer a los

desmovilizados actividades en el campo y una remuneración mensual, denominada “asistencia

humanitaria”, durante un tiempo limitado.

¿Hacia una reconfiguración de la guerra?

En definitiva, sería apresurado asegurar que Colombia vive un periodo post-conflictivo, pese a

las alegaciones de innumerables comentaristas. La confrontación sigue siendo una realidad

cotidiana, o posibilidad cercana, vivaz en las mentes de muchos (ex-)combatientes. La paz no

se decreta únicamente mediante acuerdos políticos. Se construye con base en planes de

“reinserción” viables en interlocución con la población, principal víctima de la confrontación y

marginada de las negociaciones.

Tras cinco años de la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe quien ha manejado una doble

retórica de firmeza e indulgencia con los actores armados ilegales, las tensiones y los riesgos de

perpetuación del conflicto son múltiples. La política de “seguridad democrática” se ve

contrariada no sólo por la insurgencia que no ha sido derrotada, sino también los

“paramilitares”, desmovilizados o no, con quienes el gobierno ha querido evitar una guerra

abierta.

Entre las filas “paramilitares” se perciben sentimientos de incomprensión, frustración e

inquietud. Se pone en juicio los alcances de las discusiones, el significado del conflicto y se

teme una expansión de la “guerrilla” con represalias en las localidades. Las tropas insisten en

que el proceso de negociación fue decidido “desde arriba” según los intereses de los mandos

deseosos de “regularizar” o “legalizar” una situación jurídica y obtener (homicidios,

extorsiones, narcotráfico, etc.) una rebaja de penas. Retrospectivamente, la lucha contra la

“guerrilla” librada en nombre de la defensa de la nación puede ser desvalorizada por los

“paramilitares” - con un leitmotiv, ¿cuál fue el sentido de la contienda? - ya que los insurgentes

se mantienen activos y amenazantes.

Sobre todo, los combatientes “rasos” no estaban preparados para una descomposición tan

abrupta de las organizaciones, verdaderas estructuras de socialización. Se sienten ahora

estigmatizados y rechazados como criminales por el Estado que es incapaz de agilizar la

“reinserción” en una sociedad marcada por la desconfianza.

Allí radica un potencial de violencia con un retorno a las armas de una fracción de los

“paramilitares” en un ambiente de enfrentamientos entre las “guerrillas” y el Estado desafiado

en su capacidad para hacer un uso legítimo de la fuerza y proteger a los civiles.

Para no concluir…

Las trayectorias de las organizaciones “paramilitares” enseñan que tanto la guerra como las

negociaciones de paz brindan oportunidades de acción, no siempre determinadas con

antelación. Desde los años sesenta, se han ramificado los objetivos, la financiación y el modus

operandi de los grupos armados en una confrontación eminentemente rural, aunque cada vez

más conectada con los centros urbanos.

Hoy, los “paramilitares” aparecen como movimientos heterogéneos difíciles de analizar. Han

tratado de combinar cinco aspectos esenciales en un contexto de inseguridad: una lucha

agonística en contestación a la “guerrilla”; la protección de la población; la defensa de la tierra;

el control de recursos económicos; y la inclusión en las esferas de la sociedad.

Es interesante resaltar la progresión, de algunos jefes “paramilitares”, de una situación donde

las dimensiones y reivindicaciones políticas no afloraban (escenario “protopolítico”) hacia

espacios políticos institucionalizados con la complicidad de las elites gobernantes

(“parapolítica”). De allí la voluntad, contra la cual se elevan distintas voces de protesta, de

participar legalmente en el juego político. El debate está abierto…

Anexo

Presidentes del “Frente Nacional” (1958-1974)

y mandatarios posteriores

∗ Con la conformación de un partido independiente.

Presidentes Período Filiación política

LLERAS Camargo, Alberto 1958 – 1962 Liberal

LEON Valencia, Guillermo 1962 – 1966 Conservador

LLERAS Restrepo, Carlos 1966 – 1970 Liberal

PASTRANA Borrero, Misael 1970 – 1974 Conservador

LOPEZ Michelsen, Alfonso 1974 – 1978 Liberal

TURBAY Ayala, Julio César 1978 – 1982 Liberal

BETANCUR Cuartas, Belisario 1982 – 1986 Conservador

BARCO Vargas, Virgilio 1986 – 1990 Liberal

GAVIRIA Trujillo, César 1990 – 1994 Liberal

SAMPER Pizano, Ernesto 1994 – 1998 Liberal

PASTRANA Arango, Andrés 1998 – 2002 Conservador

URIBE Vélez, Álvaro 2002 – 2006 Liberal Disidente∗

URIBE Vélez, Álvaro 2006 – 2010 Liberal Disidente

Mapa∗ de los grupos“paramilitares”

∗ Reproducido con la autorización del autor. Conviene precisar que las organizaciones “paramilitares” se definen como“autodefensas”.