Expediente N° 239-2018 Voto N° 160-2019 Sentencia N° 137-2019 Sentencia número 137-2019. Tribunal Aduanero Nacional. San José a las trece horas con cuarenta minutos del diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la agente aduanera XXX de la agencia aduanal XXX contra la resolución número RES-AS-DN-2373-2018 del veintitrés de julio de dos mil dieciocho de la Aduana Santamaría. RESULTANDO I. Mediante Declaración Aduanera de Importación número XXX del 11 de agosto de 2016, la agente aduanera XXX de la agencia aduanal XXX, en nombre de la importadora XXX, nacionalizó mercancía declarada en 48 líneas y descrita como ropa, amparada a la factura comercial número XXX del 08 de mayo de 2016. (Ver folios 224 a 233) II. Que en fecha 11 de agosto de 2016, funcionarios de la Dirección de Fiscalización de la Dirección General de Aduanas (en adelante DGA), se hicieron presentes a las instalaciones del depositario aduanero XXX, comunicando la actuación fiscalizadora que se iba a realizar, entre otras, a la 1 Zapote, de la Casa Presidencial, 200 metros al oeste. Edificio Mira: - Tel:(506) 2539- 6831- www.hacienda.go.cr
Sentencia número 137-2019. Tribunal Aduanero Nacional. San José a las trece horas con cuarenta minutos del diecisiete de mayo de dos mil diecinueve.
Conoce este Tribunal del recurso de apelación interpuesto por la agente aduanera XXX de la agencia aduanal XXX contra la resolución número RES-AS-DN-2373-2018 del veintitrés de julio de dos mil dieciocho de la Aduana Santamaría.
RESULTANDO
I. Mediante Declaración Aduanera de Importación número XXX del 11 de agosto de
2016, la agente aduanera XXX de la agencia aduanal XXX, en nombre de la
importadora XXX, nacionalizó mercancía declarada en 48 líneas y descrita como
ropa, amparada a la factura comercial número XXX del 08 de mayo de 2016. (Ver
folios 224 a 233)
II. Que en fecha 11 de agosto de 2016, funcionarios de la Dirección de Fiscalización
de la Dirección General de Aduanas (en adelante DGA), se hicieron presentes a
las instalaciones del depositario aduanero XXX, comunicando la actuación
fiscalizadora que se iba a realizar, entre otras, a la mercancía amparada a la
Declaración Aduanera de cita, estableciendo como medida cautelar que previo al
despacho del movimiento de inventario asociado a las mercancías de referencia,
XXX, se debía contar con la presencia de los funcionarios de la Dirección de
Fiscalización, y para permitir la salida de las mismas, se debía obtener la
confirmación de dicha Autoridad Aduanera, todo lo cual se plasmó en el Acta
número DF-DEN-OP-MC:68-2016. Posteriormente, en fechas 22 y 24, ambas de
agosto de 2016, nuevamente los funcionarios de la Dirección de Fiscalización se
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mercancía efectivamente embarcada, debiendo tenerse en criterio del recurrente,
como correcta la factura comercial número XXX del 08 de setiembre de 2016.
II. Admisibilidad del recurso: Que previo a cualquier otra consideración, se avoca
este Órgano al estudio de la admisibilidad del presente recurso de apelación. En
tal sentido dispone el artículo 198 de la LGA, que contra el acto final dictado por la
Aduana competente, caben los recursos de reconsideración y apelación para ante
el Tribunal Aduanero Nacional, siendo potestativo usar ambos recursos ordinarios
o sólo uno de ellos, los cuales deben interponerse dentro de los quince días
siguientes a la notificación del acto impugnado, condicionando la admisibilidad a
dos requisitos procesales, sea en cuanto al tiempo que dispone el interesado para
interponerlo y además el relativo a la capacidad procesal de las partes que
intervienen en expediente. En el presente caso el recurso es presentado por la
agente de aduanas señora XXX de la agencia aduanal XXX, según se observa a
folio 242, cumpliéndose en la especie con el presupuesto de capacidad procesal.
Según consta en expediente, el acto recurrido fue notificado 09 de agosto de 2018, presentándose los recursos ordinarios el día 14 de agosto de 2018, por lo
que fueron interpuestos dentro del plazo legal otorgado en el artículo 198 de la
LGA, declarando en consecuencia este Tribunal, admisible el recurso presentado.
III. Hechos probados. Los siguientes hechos probados son de interés para la
resolución del presente caso.
1. Que mediante Declaración Aduanera de Importación número XXX de fecha 11 de agosto de 2016, la agente de aduanas XXX de la agencia aduanal XXX, en representación de la importadora XXX, nacionalizó mercancía que fue declarada en 48 líneas y descrita como ropa, amparada a la factura comercial número XXX del 08 de mayo de 2016. (Ver folios 224 a 233)
2. Que el DUA de cita fue sometido a la actuación fiscalizadora por parte de la Dirección de Fiscalización de la DGA, efectuándose la revisión física y documental
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de las mercancías, determinando que existía mercancía no declarada, procediéndose a levantar el inventario correspondiente. Asimismo, no se localizó ninguna de las mercancías declaradas en las 48 líneas del DUA, indicándose por parte de la agencia aduanal que eso se debía a que el importador presentó una factura que no correspondía y que no cuentan con la factura correspondiente de las mercancías encontradas en los bultos, dejándose constancia de dichas actuaciones mediante Actas números DF-DEN-OP-459-2016 y DF-DEN-OP-464-2016. (Ver folios 104 a 148)
IV. Sobre el fondo del asunto. Para determinar si lleva razón la parte recurrente
entorno a la solicitud de rectificación de la Declaración de referencia, corresponde
determinar con base en los hechos, pruebas, argumentos esbozados y demás
documentos e información incorporados al expediente administrativo, si
efectivamente atiende los elementos necesarios para resolver la misma como tal.
Tomando en consideración que la gestión de rectificación pretende modificar lo
declarado bajo fe de juramento por el agente aduanero, resulta oportuno referirse
al instituto de la rectificación regulado en el numeral 90 de la LGA, que le impone
al agente aduanero en su condición de auxiliar de la función pública, declarar ante
la Administración Aduanera correctamente la información y los datos que se
brindan en una declaración aduanera, (art. 86. LGA) y por ello el legislador
conocedor de la realidad comercial, y en aras de garantizar la integridad y
veracidad de los datos contenidos en las declaraciones aduaneras, incluyó en la
LGA, la figura de la rectificación como un mecanismo en virtud del cual se le
concede al declarante el deber de corregir una declaración aduanera. En este
sentido señala el numeral 90 de la LGA:
“Rectificación de la declaración. En cualquier momento en que el declarante tenga razones para considerar que una declaración contiene información incorrecta o con omisiones, deberá presentar de inmediato una solicitud de corrección y, si procede, deberá acompañarla del comprobante de pago de los tributos más el pago de los intereses correspondientes, calculados según el artículo 61 de esta Ley. Presentar la corrección no impedirá que la
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ARTICULO 196.- Actuaciones comunes del procedimiento ordinario. Para emitir cualquier acto
que afecte derechos subjetivos o intereses legítimos, deberán observarse las siguientes normas
básicas:
a) La apertura del procedimiento, de oficio o a instancia de parte, debe ser
notificada a las personas o entidades que puedan verse afectadas.
b) En el acto de notificación se otorgará un plazo de quince días hábiles para presentar los alegatos y las pruebas respectivas . La autoridad aduanera que instruya el
procedimiento podrá prorrogar, mediante resolución motivada, de oficio, o a instancia de
parte interesada este plazo para los efectos de presentación de pruebas.
c) A solicitud de parte interesada, el órgano instructor dará audiencia oral y privada por
un término de ocho días, una vez evacuadas las pruebas para que las partes desarrollen las conclusiones finales.
d) Listo el asunto para resolver, la autoridad aduanera competente dictará la resolución
dentro de los tres meses siguientes. La notificación debe contener el texto íntegro del acto.
(Así reformado el inciso anterior por el artículo 4° de la ley N° 9069 del 10 de
setiembre del 2012, "Ley de Fortalecimiento de la Gestión Tributaria")
El caso no se cumplió con dichos requisitos de procedimiento, en efecto, se omite:
1)- dictar un acto de apertura o inicio del procedimiento, 2)- llamar a expediente y
comunicar a las personas que podrían verse afectadas con claro señalamiento de
la condición en que se les llama, al respecto nótese que el gestor indica
apersonarse en nombre y representación de una persona jurídica que identifica
como la importadora y en este mismo sentido resulta importante tener claros los
presupuestos procesales en cuanto a legitimación y capacidad, dada la condición
en que dice apersonarse el recurrente-gestor toda vez que, debe considerarse lo
que viene resolviendo la Sección Sexta del Tribunal de la Contencioso en cuanto
tiene como extinta la representación legal del Agente de Aduana para con su
comitente a partir del momento mismo del levante de las mercancías por lo que
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específico régimen aduanero. En otras palabras, resulta el despacho en la
precalificación para autorizar el ingreso de las mercancías al régimen aduanero
solicitado de manera libre y voluntaria por el declarante. Importante a los efectos,
recordar el concepto etimológico de la palabra despacho, así la mayoría de los
lingüistas señalan que proviene del francés antiguo despeechier y este de su
antónimo empêcher (empachar) el cual vendría del latín impedicare (trabar). En
otras palabras, al llegar a la frontera aduanera, las mercancías sufren un
empacho o traba por parte de la autoridad del país de ingreso o salida, como
manifestación de su soberanía y, por razones de control aduanero que pueden
tener distintos fundamentos en normas de seguridad nacional, estadística,
tributarias, salud, entre otros (CAUCA art. 2, 37; RECAUCA art. 49; LGA art. 1,
79), permaneciendo en frontera, sea en instalaciones propias de la aduana o en
recintos públicos o privados, bajo su control en espera de su destrabamiento o
despacho, para el ingreso, salida o devolución, según sea que se autorice o no su
ingreso o salida. Para liberar las mercancías en “frontera”, es necesaria que tales
sean sometidas libre y voluntariamente por la persona facultada para ello a
cualquiera de los regímenes aduaneros autorizados por el R.J.A., y tal se realiza
en la generalidad de los casos mediante el “Procedimiento e Despacho”. En otras
palabras, el procedimiento de despacho resulta ser aquel mediante el cual, el
privado, solicita una autorización para someter las mercancías a un régimen en
específico (destinación) y mediante el cual la autoridad aduanera, aplicando
controles selectivos y aleatorios autoriza el “ingreso” o sometimiento de tales
mercancías al régimen solicitado, partiendo del previo cumplimiento de las
especificas normas que lo regulan, sea porque así lo verifico el propio declarante, personalmente en los regímenes para los cuales no se requiere la
intervención del agente de aduana, o mediante tal, en los casos en que tal
intervención es necesaria, sin perjuicio, dice la norma, de la verificación o fiscalización inmediata o posterior, en virtud de la provisionalidad de las
declaraciones, o de su sujeción a plazo en los regímenes temporales o
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Así las cosas, resulta restrictiva y en criterio de esta instancia contraria a los
presupuestos normativos de cita la interpretación de un mandato cuya
representación se limita al despacho cuando resulta que se le faculta para actuar
en nombre de terceros en los regímenes aduaneros, siendo que las mercancías
realmente están sometidas a tales, en principio y desde un punto de vista
restrictivo a partir y precisamente del levante de la mercancía.
Contestes con las consideraciones anteriores y concluyendo, para esta instancia,
el agente de aduana resulta mandatario con representación desde el momento
mismo que pacta y o recibe de su mandante la comisión para destinar las
mercancías a un régimen específico y así liberarlas de la custodia de la aduana,
lo cual realiza mediante el despacho, y se extiende por todo el tiempo que dichas
mercancías se encuentran sometidas a dicho régimen y consecuentemente al
control aduanero en razón a lo establecido por el R. J. A.; así las cosas, la
notificación del inicio del procedimiento que realiza el A Quo al declarante en la
persona del agente de aduana como su representante resulta válida para los
efectos del procedimiento que se conoce y por ello no existe el vicio apuntado, en
cuanto a la falta de notificación al importador de la resolución inicial del
procedimiento, y por ello no era necesario que se dictara un nuevo acto de inicio,
al haber actuado en conformidad con lo señalado, por lo que no se afecta todo lo
dictado con posterioridad. En la sentencia 024 del año 2018 esta instancia señaló:
“Nulidad por falta de notificación a todas las partes
Al momento de apersonarse ante esta instancia, el recurrente plantea un vicio en el procedimiento, al señalar que no se ha notificado debidamente al importador y a la agencia aduanal.
En evidente oposición a lo manifestado por el interesado, claramente consta en expediente que la Administración Activa ha actuado en estricto resguardo del derecho de defensa de quienes efectivamente deben ser considerados como sujetos pasivos del presente procedimiento, siendo que tanto al importador como a la agencia aduanal se les notificó debidamente el acto inicial y el acto final del procedimiento, por medio de quien por disposición normativa ostenta su
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representación legal para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y de los actos que deriven de él, sea la XXX .
En aras de comprender las razones por las cuales dichas notificaciones se encuentran ajustadas a la legalidad del Ordenamiento Jurídico Aduanero, debe tenerse presente la naturaleza propia de la relación entre el auxiliar de la función pública que actúa en el despacho y el consignatario/importador de las mercancías, la cual tiene su origen en un contrato de mandato que la ley presume existente entre ambos, naciendo dicha relación de un acto volitivo de las partes, en virtud del cual el agente aduanero, se constituye en responsable civil de su mandante por las lesiones patrimoniales que pudieran surgir como consecuencia del mandato.
Sobre la definición del mandato, el maestro BRENES CORDOBA, dice:
“Es el mandato una forma de la contratación que encuentra su razón de ser en la necesidad que a veces se experimenta de encargar a una persona el desempeño de asuntos que, por razón de ausencia, impedimento, o falta de aptitud para el caso, no puede uno atender por sí mismo; y también, en el sentimiento de confianza que suele inspirar la probidad ajena;... esta palabra tiene su origen en la expresión latina manus datio, la acción de dar la mano a una persona -símbolo de fidelidad entre los antiguos-, con que el encargado de la comisión significaba al comitente su propósito de cumplir con toda lealtad el encargo." (BREÑES CORDOBA, Alberto, Tratado de los Contratos, op. cit., pág. 207.)
Así, el mandato es un contrato donde una persona representará a otra en determinado negocio o asunto, constituyéndose este en su objeto, siendo que su contenido variará de acuerdo a la voluntad de las partes y los alcances dados por éstas o por ley, cuando nos encontramos frente a un mandato legal, como en el caso que nos ocupa, en el cual, ante la obligación legal de contratar los servicios de un agente de aduanas, se configura del mandato. Al respecto, estamos claros que en nuestro caso la normativa aduanera, entre ellas la Ley General de Aduanas, obliga a acudir a un agente de aduanas para realizar los trámites, regímenes y las operaciones aduanaras previstas en la ley, sin embargo existe libertad de elección del eventual mandatario de contratar con el agente de aduanas que desee.
De esta forma, en razón del interés público que subyace en la actividad de las personas físicas y jurídicas que se dedican a la correduría aduanera, el legislador ha dispuesto un régimen jurídico especial que gobierna ya no la relación privada, sino la situación especial del agente aduanero, como auxiliar de la función pública aduanera frente a las autoridades aduaneras, que constituye parte del contenido esencial del acto de autorización que se emite cuando se faculta a una determinada persona a fungir como agente aduanero.
El concepto del agente aduanero se encuentra en el numeral 16 del CAUCA III, que lo define como un auxiliar de la función pública aduanera autorizado para actuar habitualmente, en nombre de terceros en los trámites, regímenes y operaciones aduaneras, en su carácter de persona natural, con las condiciones establecidas en ese Código, su Reglamento y la
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legislación nacional. Por su parte, el artículo 20 del RECAUCA reitera, entre las obligaciones específicas, el desempeño personal de sus funciones, salvo las excepciones de ley.
Indica al respecto dicho artículo:
“Artículo 16.—Agente aduanero. El agente aduanero es el Auxiliar autorizado para actuar habitualmente, en nombre de terceros en los trámites, regímenes y operaciones aduaneras, en su carácter de persona natural, con las condiciones y requisitos establecidos en este Código, Reglamento y la legislación nacional.También podrán ser autorizadas como Agentes Aduaneros las personas jurídicas, siempre que esté establecido en la legislación nacional. (2)(2) Con reserva de Costa Rica.La intervención del agente aduanero en los trámites, regímenes y operaciones aduaneras, será regulada por la legislación nacional de cada país signatarioNota: El artículo 2 de la Aprobación del Segundo Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano establece: Las reservas hechas por Costa Rica al artículo 16, en relación con el segundo párrafo, referente a las personas jurídicas como agentes aduaneros consisten en la no aplicación de dichas disposiciones en el territorio costarricense.”
Las anteriores disposiciones deben correlacionarse a nivel nacional con lo dispuesto en la LGA, norma que establece el marco jurídico dentro del cual debe actuar el agente y sus sanciones en caso de incumplimiento, específicamente el artículo 33 de la LGA:
“Artículo 33.—Concepto. El agente aduanero es el profesional auxiliar de la función pública aduanera autorizado por el Ministerio de Hacienda para actuar, en su carácter de persona natural, con las condiciones y los requisitos establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y en esta Ley, en la presentación habitual de servicios a terceros, en los trámites, los regímenes y las operaciones aduaneras.
El agente aduanero rendirá la declaración aduanera bajo fe de juramento y, en consecuencia, los datos consignados en las declaraciones aduaneras que formule de acuerdo con esta Ley, incluidos los relacionados con el cálculo aritmético de los gravámenes que guarden conformidad con los antecedentes que legalmente le sirven de base, podrán tenerse como ciertos por parte de la aduana, sin perjuicio de las verificaciones y los controles que deberá practicar la autoridad aduanera dentro de sus potestades de control y fiscalización.
El agente aduanero será el representante legal de su mandante para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos que se deriven de él. En ese carácter, será el responsable civil ante su mandante por las lesiones patrimoniales que surjan como consecuencia del cumplimiento de su mandato.”. (Así reformado por artículo 1° de la ley N° 8373 de 18 de agosto de 2003)
De lo referido podemos extraer su condición de profesional, asesor de comercio exterior, y su prestación personal y habitual de sus servicios y su carácter de auxiliar de la función pública, lo que implica que su actividad está destinada al interés público y es por ello que existe una regulación vía ley y reglamento de su intervención.
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De la normativa transcrita interesa destacar también que por la importancia que reviste su función para el interés público, se prescribió un deber de colaboración y especial sujeción frente a la Autoridad Aduanera, del cual se deriva que debe resguardar el cumplimento de los regímenes, procedimientos y obligaciones aduaneras en que intervenga, velando por que los mismos se realicen de conformidad con la normativa aplicable y es por ello, entre otras razones, que en nuestra legislación, desde la entrada en vigencia del Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano, mejor conocido como CAUCA II y de la Ley General de Aduanas cuya vigencia de ambos instrumentos jurídicos se dio a partir del 1 de julio de 1996, se autoriza para actuar, en su carácter de persona natural, con las condiciones que la normativa que rige la materia prescribe al efecto, en la presentación habitual de servicios a terceros, en los trámites, los regímenes y las operaciones aduaneras. Tanto es así que al aprobar el Segundo Protocolo de Modificación al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA III), en forma expresa nuestro país estableció una reserva cuyo contenido implica que en Costa Rica no se pueden autorizar agentes aduaneros personas jurídicas, tal y como indica el artículo 16 supra trascrito. No obstante, a efecto de respetar los derechos adquiridos de buena fe, si bien actualmente está prohibida la autorización de nuevos agentes aduaneros personas jurídicas, nuestro legislador mantuvo como excepción, las autorizaciones otorgadas de previo a la entrada en vigencia de la Ley General de Aduanas1, estableciendo el entonces artículo 253, que las empresas que ostentaban la condición de agentes aduaneros personas jurídicas en ese momento, deberían cumplir con las obligaciones y responsabilidades establecidas para el auxiliar de la función pública aduanera y con el régimen jurídico que la citada ley impone para el agente aduanero persona física, conforme al Título III, Capítulos I y II de la misma, incluyendo las regulaciones relativas a la rendición de garantía.
Asimismo estipuló la obligación de tales empresas de contar, por lo menos, con un agente aduanero persona física, en forma exclusiva y permanente para intervenir en regímenes y operaciones aduaneras, indicando que esos agentes representarán a la persona jurídica ante el Servicio Nacional de Aduanas. Dentro de esa misma línea en el numeral 110 del Reglamento a la LGA se dispone una exclusividad de la representación, esto es, el “agente aduanero, persona física, debidamente autorizado por el Ministerio, ejercerá la correduría aduanera en forma independiente, o representado a un solo agente aduanero, persona jurídica.”
En consecuencia a partir de la fecha supra indicada (01-07-1996), en nuestro país únicamente se otorgan autorizaciones para agente aduanero persona natural, siendo ello consecuente con la responsabilidad claramente delimitada para el agente aduanero, entiéndase en Costa Rica, en su condición de persona física.
1 Debe aclararse que el citado Artículo 253 de la LGA, corresponde actualmente al 268 del mismo cuerpo de leyes, cuya numeración se modificó con la reforma operada a la LGA a través de la Ley 8013 del 18 de agosto del 2000. A través de la citada disposición vía excepción se mantuvieron las autorizaciones otorgadas a los Agentes Aduaneros Personas Jurídicas que se había otorgado de “previo a la publicación de la Ley” la cual se dio a través de La Gaceta N° 212 del 08-11-95 No obstante lo anterior, en acatamiento a lo prescrito en el artículo 273 de la LGA, que sujetó la entrada en vigencia de la Ley General de Aduanas a la fecha en que entrada en rigor del CAUCA II, esa disposición surtió efecto a partir del 1 de julio de 1996, que entraron en vigencia ambos instrumentos jurídicos supra indicados.
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En este punto del análisis, resulta imperioso para la decisión del asunto, recordar o traer a colación la fórmula que utilizó nuestro legislador en el año 1996, para lograr que en efecto, el agente aduanero, ejerciera su función de correduría aduanera de manera personal y profesional como un verdadero, asesor de comercio exterior, auxiliar de la función pública, lo que implica necesariamente la responsabilidad por sus actuaciones, y que no se escudara dentro de la estructura de personas jurídicas, para eludir la responsabilidad por sus propios actos. Para ello, el legislador estableció como un requisito sine qua non, para ser autorizado como agente aduanero, tener preparación académica, que el artículo 34 de la LGA, dispuso que se requería ser Licenciado en Administración Aduanera y contar con dos años de experiencia en materia aduanera; o bien, tener el grado de Licenciatura en Comercio Internacional, Derecho o Administración Pública y además aprobar un examen de competencia en el área aduanera, que aplicará el Ministerio de Hacienda. Es decir, el ejercicio de la correduría aduanera debe ser “ Intuitu personae ”, es decir que solo la puede ejercer aquella persona que fue autorizada y no puede ser transferido o cedido, máxime que en este caso, exige un requisito de profesionalización del servicio.
A diferencia del esquema actual, si revisamos, la anterior normativa aduanera, hoy derogada, concretamente el denominado CAUCA I, aprobado en el país con Ley N° 3421 del 6 de octubre de 1964, publicada el 10 de noviembre de 1964, y su Reglamento, el RECAUCA I, adoptado con Decreto Ejecutivo N° 15, publicado el 19 de mayo de 1966, ambos hoy derogados, resulta evidente que bajo la vigencia de tales instrumentos, para obtener la condición de agente aduanero, no se requería ser un profesional en la materia, ni tampoco el servicio que prestaban estaba concebido exclusivamente como de carácter personal, sino que eran un régimen en el que coexistían los agentes aduaneros personas físicas y los agentes aduaneros personas jurídicas (agencias de aduanas), siendo que no se exigía obligatoriamente la formación académica y profesional para su ejercicio. Por el contrario, recordemos que según la Sección 10.01 y 10.07 del RECAUCA I, además, de otros requisitos formales, lo que se debía demostrar era que “habían desempeñado durante tres años funciones en el ramo de aduanas o cinco en una agencia aduanera en cargos que a juicio del Ministerio, las capacite para cumplir con los deberes de su oficio; o bien contar con capacitación académica especializada en aduanas”, y además realizar un examen de competencia elaborado por la Dirección General de Aduanas. (ver artículos 128 a 132 del CAUCA y Secciones 10.00 a 10.17 del RECAUCA, hoy derogados)2
2 “Artículo 128.- Aparte de los funcionarios del servicio, en los trámites y operaciones aduaneras que señala este Código y
sus reglamentos sólo podrán actuar los agentes aduaneros, salvo lo dispuesto en el artículo 132.”
“Artículo 129.- Podrán ejercer la actividad de agente aduanero las personas naturales que sean autorizadas para tal fin, por el Ministerio de Hacienda.
También podrán dedicarse a esta actividad las personas jurídicas, autorizadas por el Ministerio de Hacienda, que acrediten a satisfacción del mismo, a los agentes aduaneros a cuyo cargo estarán las actuaciones.
Los reglamentos a este Código señalarán los procedimientos y requisitos para obtener la autorización correspondiente, debiendo en todo caso el beneficiario, caucionar por separado sus responsabilidades para con el Fisco y para con sus comitentes.” El subrayado es nuestro.
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Evidentemente se trata de un esquema totalmente diferente al esquema actual, que concibe al agente aduanero como un verdadero profesional y asesor en comercio, y le exige un desempeño estrictamente personal de la función, que le ha sido autorizada precisamente atendiendo a las cualidades personales que posee, y que son intransferibles, y que sólo es posible cumplir por personas físicas y no por personas jurídicas. De ahí, que como ya mencionamos también, actualmente no es posible la autorización de agentes personas jurídicas, sin perjuicio de las que ya hubiesen sido autorizadas antes del cambio normativo.
De ahí que resulta necesario, hacer alusión a la importancia que reviste el control para la Autoridad Aduanera, en virtud de que los agentes aduaneros en su condición de auxiliares de la función pública aduanera, les corresponde coadyuvar en el ejercicio del control.3 De todos es conocido que de conformidad con la evolución del comercio internacional, la liberación comercial y la globalización, la Aduana ha tenido que modificar su rol tradicional, debiendo actualmente coadyuvar al desarrollo del comercio exterior, apoyándolo y para tales efectos debe tener claras cuáles son funciones básicas y cómo debe desempeñarlas para lograr la competitividad requerida. Nos referimos a: la percepción o recaudación eficiente de tributos, control del tráfico internacional de mercancías que disminuya la evasión, y la aplicación de prohibiciones a la importación y exportación de mercancías. (Ver artículos 6 y 9 LGA)
Todas estas tendencias mundiales han producido nuevas demandas y necesidades de modernización de los Sistemas Aduaneros, siendo un factor de relevancia en los procesos, los nuevos papeles que deben desarrollar tanto el Estado, cuyas funciones del Servicio Aduanero se modifican pasando de ser un determinador de las obligaciones tributarias aduaneras a tener un carácter fiscalizador mucho más amplio e inteligente que abarca tanto las obligaciones aduaneras como las no aduaneras, bajo la premisa de que la declaración aduanera será autodeterminada, prepagada y transmitida electrónicamente. De ahí que lo que se tutela es el adecuado control de la Aduana sobre el tráfico internacional de mercancías.
Lo anterior implica un cambio a su vez en el sector privado, fortaleciendo a todos los actores que intervienen en el procedimiento aduanero, adquiriendo un rol protagónico los auxiliares de la función pública aduanera, a quienes nuestra legislación aduanera los concibe como cogestores de la administración pública (Ver Art. 11 CAUCA III y Art. 28 LGA), lo cual implica un régimen especial de responsabilidades, al contar con mayores requisitos y obligaciones, entre las cuales destaca el deber de colaboración en el control, puesto que les corresponde, entre otras, velar por el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y por la agilización de procedimientos y trámites, de conformidad con lo consignado por los numerales 13 a 21 CAUCA III.
En efecto, como lo ha venido reiterando este Tribunal, desde su creación y en vasta jurisprudencia, y como igualmente lo ha reconocido la Sala Constitucional, los auxiliares de la función pública tienen un rol preponderante frente al Estado y no son simples intermediarios, sino por el contrario,
3 Como ejemplo ver el Artículo 101 del Reglamento a la LGA que establece la obligatoriedad de los auxiliares de la función pública aduanera en el ejercicio del control, para el esclarecimiento de los delitos y las infracciones.
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en palabras el Tribunal Constitucional al analizar las responsabilidades del agente aduanero ha señalado que:
“En ese sentido, es preciso iniciar cualquier análisis con la delimitación de la naturaleza propia que la legislación le ha dado a los agentes aduaneros puesto que la actividad que realizan, trasciende del simple ejercicio del comercio, dado que laboran al amparo del régimen establecido en la Ley General de Aduanas y lo hacen dentro de un régimen especial de derechos y obligaciones que los define como "auxiliares de la función pública aduanera". En ese sentido, el artículo 33 de la Ley General de Aduanas establece que el agente aduanero es el profesional auxiliar de la función pública aduanera, autorizado por el Ministerio de Hacienda para actuar, en su carácter de persona natural, con las condiciones y requisitos establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y esa ley, en la prestación habitual de servicios a terceros en los trámites, regímenes y las operaciones aduaneras. …Debe indicarse que dentro de esta categoría de "auxiliar de la función pública aduanera", se puede ubicar a las agencias aduanales como personas jurídicas quienes, como tales, deben cumplir con las mismas obligaciones y responsabilidades establecidas para el auxiliar de la función pública aduanera y con el régimen jurídico impuesto por esa normativa para el agente aduanero persona física. Partiendo de lo anterior se tiene que, por la importancia de la labor que realizan esos auxiliares como coadyuvantes de los órganos de la Administración Pública en la gestión pública aduanera, el Estado ha debido regular el ámbito de sus competencias y para ello se ha hecho indispensable someterlos al cumplimiento de una serie de obligaciones y requisitos cuyo control y fiscalización descansa en la autoridad aduanera, siendo la Dirección General de Aduanas el órgano superior jerárquico nacional en materia aduanera.
IV.- Sobre las obligaciones de los auxiliares de la función pública aduanera: El artículo 29 de la Ley General de Aduanas establece que para poder operar como auxiliares de la función pública aduanera, las personas deberán tener capacidad legal para actuar, estar anotadas en el registro de auxiliares que establezca la autoridad aduanera, cumplir con los requisitos establecidos en esa ley, en los reglamentos y los que se disponga en la resolución administrativa que los autorice como auxiliares. También se indica en esa norma que el auxiliar que luego de haber sido autorizado deje de cumplir con algún requisito general o específico, no podrá operar como tal hasta que demuestre haber subsanado el incumplimiento. Por su parte, el artículo 30 de ese mismo cuerpo normativo establece las obligaciones básicas a las cuales se encuentran sujetos los auxiliares de la función pública aduanera:” (Voto N° 00843-2002 del 30 de enero de 2002) (El resaltado no es del texto)
Se sigue de lo anterior, la especial importancia que para el Fisco tiene la participación de este auxiliar de la función pública en el procedimiento de despacho, al punto de que partiendo del principio de buena fe y responsabilidad de sus actuaciones le ha delegado parte de la gestión aduanera, de tal suerte que el agente se ha convertido en su coadyuvante o cogestor. Paralelamente a ello, el agente por tal cogestoría ha asumido un régimen de responsabilidad no sólo frente a su cliente sino también ante el Fisco, por el ejercicio de su representación legal.
En similar sentido, la Sala Constitucional en sentencia N° 2003-11926, dictada a las catorce horas con treinta y un minutos del veintitrés de octubre del dos mil tres, sobre el ejercicio privado de funciones públicas por parte del transportista aduanero en su condición de auxiliar de la función pública aduanera resolvió:
“III.- CARÁCTER DE MUNERA PUBBLICA DEL TRANSPORTISTA O AGENTE NAVIERO. En el Derecho Administrativo se denomina "munera pubblica” al sujeto privado que ejerce, permanente o transitoriamente, funciones o competencias públicas cuando han sido previamente habilitados legal o contractualmente convirtiéndose en vicarios de la respectiva administración pública. El munera pubblica a diferencia del funcionario público actúa a nombre y por cuenta propia o de terceros y no de la Administración Pública que auxilia. La Ley General de Aduanas establece en su Título III que son munera pubblica o auxiliares de la
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función pública aduanera "…las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, que habitualmente efectúan operaciones de carácter aduanero, en nombre propio o en representación de terceros ante el Servicio Nacional de Aduanas”. El munera pubblico está sujeto a una relación de sujeción o subordinación especial por lo que tiene una serie de obligaciones y deberes que debe cumplir y observar a cabalidad. En este sentido, el numeral 30 de la Ley General de Aduanas le establece un elenco de obligaciones básicas, entre las que destacan, para el caso concreto, la de "d) Efectuar las operaciones aduaneras por los medios y procedimientos establecidos, de acuerdo con el régimen aduanero correspondiente" y h) Cumplir con las demás obligaciones que les fijan esta ley y sus reglamentos y con las disposiciones que establezca la autoridad aduanera mediante resolución administrativa o convenio". El capítulo III del Título III de la Ley General de Aduanas está referido al auxiliar de la función pública denominado "Transportista Aduanero", siendo que el numeral 40 los conceptúa como las "…personas, físicas o jurídicas… autorizados por la Dirección General de Aduanas. Se encargan de las operaciones y los trámites aduaneros relacionados con la presentación del vehículo, la unidad de transporte y sus cargas ante el Servicio Nacional de Aduanas, a fin de gestionar en la aduana de ingreso, el arribo, el tránsito, la permanencia o la salida de mercancías"…Bajo esta inteligencia, el ordenamiento infraconstitucional compele a los transportistas, en tanto auxiliares de la función pública aduanera, a cumplir con una serie de obligaciones cuyo contenido y alcances no pueden ser desconocidos u obviados por éstos. El párrafo segundo del artículo 140 de la Ley General de Aduanas, consecuentemente, prevé una sanción pecuniaria o multa para hipótesis en que el transportista aduanero infrinja la obligación que le imponen los artículos 30, incisos d) y h), 42, inciso e) y 43 de ese cuerpo normativo….” (El resaltado no es del original)
Dentro de ese orden de ideas, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional los agentes aduaneros están sujetos de manera directa a los deberes y obligaciones que le impone la ley en virtud de su carácter de munera púbblica, habiéndose establecido de forma clara y directa el ámbito de su responsabilidad, por lo que al definirse tan manifiestamente la misma, el régimen de obligaciones revierte un especial carácter por la condición propia de estos sujetos. Es por ello que del ordenamiento jurídico aduanero, derivan una serie de deberes determinados para el agente aduanero, en virtud de una relación jurídica preestablecida, que la doctrina ha llamado: relaciones de sujeción especial4 o relaciones especiales jurídico-administrativas5 como es, entre otras, la existente entre la Administración Aduanera y el auxiliar de la función pública.
De ahí que en virtud de la relación de sujeción o supremacía especial existe una responsabilidad concreta del auxiliar, y como consecuencia de esa relación previa administrativa es que el agente está obligado a una serie de obligaciones y deberes precisamente por ser un asesor de comercio internacional y aduanero, co-gestor en la determinación y pago de las obligaciones tributarias, debiendo efectuar la declaración bajo fe de juramento, siendo que las funciones o actividades que realizan y la confianza depositada en su gestión, comportan alta responsabilidad fiscal. Ante esta nueva caracterización, para poder actuar ante el Servicio Nacional de Aduanas, los agentes aduaneros deben ser autorizados en forma previa por parte del Ministerio de Hacienda y están sometidos al cumplimiento de una serie de derechos y obligaciones en relación al ejercicio de su actividad que están debidamente delimitadas en los numerales 14, 15, 16 y 17 del CAUCA III, artículos 17 a 23 del RECAUCA, artículos 30, 28 a 39 LGA, 77 a 122 del Reglamento a la LGA.
Así, el agente aduanero, sea persona física o jurídica, no está concebido como un simple intermediario entre el Servicio Nacional de Aduanas y el consignatario-importador de las mercancías, sino que por el
4MONTORO PUERTO (Miguel). La Infracción Administrativa, características, Manifestaciones y Sanción, Barcelona, Ediciones Nauta, 1965, p.122.5GALLEGO ANABITARTE (Alfredo), op. cit. p.24.
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contrario, se le considera un especialista con conocimiento técnico en la materia aduanera y de comercio exterior, que ejerce una representación legal de su poderdante (importador-consignatario de las mercancías), para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos que deriven de él, según lo establecen los artículos 21 del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA)6 y 33 de la LGA, transcrito supra.
De dichas normas se extrae:
El agente aduanero, persona física en el Ordenamiento Jurídico Aduanero costarricense, es el representante legal del consignatario, en los trámites, regímenes y operaciones aduaneras.
La prestación de sus servicios en nombre de terceros, es personal y habitual.
Es un auxiliar de la función pública aduanera, por lo que en ejercicio de su actividad, priva el interés público, al ser un munera pública, obligado a coadyuvar en el control, estando compelido a ejercer un deber de colaboración, y especial sujeción ante la Autoridad Aduanera.
Debe presentar la declaración aduanera bajo fe de juramento, con las responsabilidades que ello conlleva.
Es un representante legal de su mandante.
Los numerales de cita son concluyentes al establecer la responsabilidad y la representación legal del agente de aduanas para las actuaciones y notificaciones del despacho y “…los actos que derivan de él…”, siendo que esos actos derivados son los que tienen su origen, descienden o provienen del despacho aduanero, su génesis y relación causal lo constituye el despacho aduanero de las mercancías; por lo que la representación legal la ejerce el agente de aduanas para las incidencias del despacho, mismas que son propias de este proceso aduanero que concluye con la disposición de las mercancías, y las normas citadas establecen que se mantiene la representación para “los actos derivados del despacho…”.
Resulta evidente la relevancia que para el Fisco tiene la participación del agente aduanero, sea persona física o jurídica, en el procedimiento de despacho, al punto que le ha delegado parte de la gestión aduanera, convirtiéndose en su coadyuvante o cogestor. Paralelamente a ello, este auxiliar ha asumido un régimen de responsabilidad no sólo frente a su cliente sino también ante el Fisco, precisamente por el ejercicio de la representación legal que despliega. Dicha representación implica que los actos que le han sido encomendados, se consideran realizados en nombre del representado y en consecuencia los efectos jurídicos recaen en la esfera jurídica del comitente.
6 “Artículo 21.-Representación Legal. El agente aduanero es el representante legal de su mandante para
efectos de las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos que de éste se deriven.
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La participación y representación legal del agente de aduanas posterior al despacho, es un tema de interés para la Administración, pero fundamental para el importador de las mercancías, porque es el agente de aduanas el que levanta la declaración aduanera autodeterminada y bajo la fe del juramento, como asesor técnico y legal del importador, es quién establece los aspectos esenciales para determinar la obligación tributaria aduanera. “…El agente aduanero será responsable de suministrar la información y los datos necesarios para determinar la obligación tributaria aduanera, especialmente respecto de la descripción de la mercancía, su clasificación arancelaria, el valor aduanero de las mercancías, la cantidad, los tributos aplicables y el cumplimiento de las regulaciones arancelarias y no arancelarias que rigen para las mercancías, según lo previsto en esta Ley, en otras leyes y en las disposiciones aplicables…”7
En esa condición, el agente aduanero se constituye en la persona que está en posición de apoyar y asesorar a su mandante, cuando la autoridad aduanera en el ejercicio de los controles a posterior y dentro del período de 4 años exija el pago de los tributos dejados de percibir (artículo 62 LGA), pero también es cierto que esa representación se mantiene con sus derechos y obligaciones, mientras la representación concierne la presencia de la Administración Aduanera, ante quien el agente de aduana ha realizado una serie de actos que pueden ser revisados hasta por un plazo de cuatro años.
En este punto, surge la necesidad de establecer conforme a la LGA, cuáles son los actos que pueden derivar del despacho y sobre los cuales el agente de aduanas mantiene la representación legal del importador de conformidad con lo establecido por el legislador, lo que nos lleva a analizar la participación del agente de aduanas a través de todo el despacho, sean los actos previos, durante y posterior al despacho.
En el Título XII, Capítulo I, de las definiciones, artículo 266 de la LGA encontramos el concepto de despacho aduanero como el conjunto de operaciones y actos necesarios para cumplir con un régimen aduanero; concluye con el levante o la disposición de las mercancías.”. El concepto de despacho, son todos los actos realizados para obtener el levante de las mercancías y el despacho propiamente inicia con la presentación de la declaración aduanera, según el numeral 90 del RECAUCA: “Aceptación de la declaración de mercancías. La declaración de mercancías se entenderá aceptada una vez que ésta se valide y registre en el sistema informático del Servicio Aduanero u otro medio autorizado.”, y concluye con el levante de las mercancías. Así, conforme a lo expuesto, los artículos citados regulan que la representación legal se mantiene para los actos derivados del despacho, o sea los que surgen una vez concluido el mismo con el levante, cuando las mercancías ya están a disposición del importador.
Centrándonos en el régimen de importación definitiva, pero que puede y es aplicable a otros regímenes, la LGA establece acciones, trámites u operaciones que el agente de aduanas debe o puede realizar antes del despacho aduanero o de la presentación de la declaración de aduanas, mismos que le permitirán al auxiliar presentar la declaración autodeterminada reglada en el artículo 86 del mismo cuerpo de normas, cumpliendo con la obligación de suministrar la información correcta y bajo la fe de juramento. Entre las acciones previas que el auxiliar puede realizar sin
7 Artículo 86 LGA.
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haber iniciado el despacho, pero que constituyen acciones tendientes a presentar una declaración correcta para destinar una mercancía al régimen aduanero de importación, tenemos las establecidas en el artículo 78 del RECAUCA, 84 y 85 de la LGA:
“Artículo 78.-Examen previo. Para efectos del Artículo 49 del Código, el declarante o su representante tendrá derecho a efectuar el examen previo de las mercancías por despachar, de acuerdo con el procedimiento que establezca al efecto el Servicio Aduanero, a través de disposiciones administrativas de carácter general. Para efectuar el examen previo de las mercancías el depositario estará obligado a brindar las facilidades necesarias al consignatario para la práctica de dicha diligencia. En la Declaración de Mercancías deberá indicarse que se practicó el Examen Previo, cuando éste se hubiere efectuado.”
“ACTUACIONES PREVIAS A LA PRESENTACION DE LA DECLARACION ADUANERA. ARTÍCULO 84.- Examen previo. El declarante o su representante, podrá efectuar el examen previo de las mercancías por despachar, para reconocerlas a efecto de declarar, correctamente, toda la información acerca de las mercancías.
ARTÍCULO 85.- Consultas técnicas. La persona con interés directo o legítimo podrá consultar por escrito a la autoridad aduanera sobre la aplicación de reglamentos técnicos, tarifas vigentes, criterios arancelarios y de valoración aduanera. La consulta deberá contener el criterio motivado del interesado.
El dictamen de la autoridad aduanera se limitará al caso concreto consultado. No tiene efecto la consulta realizada sobre la base de datos inexactos u omisos proporcionados por el interesado.
La presentación de la consulta no interrumpirá los plazos ni la continuación de los procedimientos aduaneros...”.
Establecido por ley y realizado en la práctica diaria, es normal que los agentes de aduanas realizan examen previo de las mercancías a efecto de establecer su naturaleza, función, composición, cantidad, peso, embalaje y cualquier otro elemento que le permita una plena identificación a efecto poder levantar una declaración aduanera correcta cuando concurra a realizar el despacho de las mercancías. Importante resaltar que el agente de aduanas se apersona a los recintos aduaneros donde se encuentran depositadas las mercancías, sin necesidad de presentar documento alguno que lo acredite como representante legal del importador, no presenta una autorización o poder del consignatario de las mercancías porque se presume tal representación basado en la condición de auxiliar de la función pública. De igual forma sucede con la realización de consultas técnicas, que incluye la solicitud de criterios en materia de clasificación arancelaria, valoración aduanera, origen, aplicación de reglamentos técnicos y otros que su puedan presentar. Una vez con la información en su poder, el agente aduanero levanta la declaración aduanera y transmite conforme los reglamentos y procedimientos dispuestos, con la documentación de respaldo y mediante el uso de los sistemas electrónicos obligatorios, dando inicio al despacho aduanero que concluye con el levante o libre disposición de las mercancías.
Posterior a la conclusión del despacho, al tenor del artículo 33 de la LGA supracitado, se impone que la representación legal del agente aduanero se mantiene “para los actos derivados del despacho…”, y esto es normal y es una práctica habitual donde los agentes aduaneros en su condición de auxiliares de la función pública mantienen derechos pero también obligaciones. No es admisible que un auxiliar pretenda renunciar a su conveniencia únicamente a lo que le genera obligaciones y responsabilidades, pero pretende por otra parte mantener actividades que le
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benefician en el ejercicio de su profesión y patrimonio. Son múltiples los ejemplos de esta relación. Es usual que los agentes de aduanas presenten solicitudes de rectificación de una declaración aduanera en representación del importador después de concluido el despacho aduanero, por tener errores u omisiones que deben subsanarse, también presentan reclamos para la devolución de impuestos pagados en exceso o cancelando aquellos que se dejaron de pagar, solicitando la aplicación de preferencias arancelarias establecidas en Tratados de Libre Comercio; asimismo para solicitar la desestimación o anulación de una declaración aduanera o cuando se apersonan en los procedimientos ordinarios, presentan recursos conforme los artículos 196 y siguientes de la LGA en representación del importador. En las actuaciones citadas solo a modo de ejemplo, porque existen más, al agente de aduanas no le es exigible la presentación de una autorización o poder del importador para gestionar o actuar a su nombre, lo ha venido haciendo y, lo hace y lo seguirá haciendo, porque la ley aduanera les permite el ejercicio de esa representación posterior al despacho, misma que ahora pretende desconocer cuando se trata de asumir responsabilidad.
El agente de aduanas es representante del importador – consignatario por designación de este de acuerdo a su conveniencia o intereses (a la persona física o jurídica que la va a representar) al sujeto que le va a representar, de igual forma podrá destituirlo o sustituirlo. Por otra parte la representación deriva de un poder o mandato otorgado al representante para que dentro de los límites establecidos realice los actos o actuaciones que le han sido encomendados, los cuales se entienden han sido realizados a nombre del representado y vienen a afectar directamente su actividad o patrimonio, los efectos jurídicos se producen en la esfera jurídica de este.
En materia aduanera en nuestro país, no se establece ninguna formalidad que exija acreditar dicha representación ni siquiera por simple nota en la que conste la autorización, esta se presume por la sola realización de los actos del mandato (verbigracia, la presentación de la declaración aduanera), por así disponerlo la LGA y el CAUCA. El agente aduanero presta servicios a terceros y adquiere obligaciones que lo vinculan con su mandante como representante legal que es de su mandante para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos que deriven de él (artículo 33). Esto nos permite determinar que por regla general como representante que es del mandante (importador, consignatario o consignante) todas aquellas actuaciones derivadas de un despacho aduanero (verbigracia la iniciación de un procedimiento ordinario a posteriori artículo 102 párrafo segundo) pueden ser notificadas a este por medio de su representante,
Es importante aclarar, que la administración en el acto de apertura del procedimiento debe indicar con claridad en qué condición notifica a cada sujeto, agente aduanero o importador, porque recordemos que por disposición de ley este representante, llamado agente aduanero, responde solidariamente ante el Fisco por el pago de las obligaciones tributarias que deriven de las operaciones aduaneras en las cuales interviene (artículo 17 del CAUCA, 36 y 264 LGA), motivo por el cual en caso de dirigirse el acto directamente en su contra por aplicación del numeral 36 y 264 de la LGA, así debe establecerse con absoluta claridad en el acto que se dicte o si solo responde en forma parcial o proporcional, también debe señalarse de conformidad con el artículo 16 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios.
La notificación al importador por medio de su representante legal para efectos derivados del despacho llamado agente de aduanas, es válida por ser una decisión del legislador y de esa forma
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quedó establecido en la legislación comunitaria y nacional, implica la obligación y responsabilidad del agente de cumplir con el mandato que ejerce y hacer llegar la notificación al importador, caso contrario está incurriendo en un incumplimiento de la representación que ejerce y asume la responsabilidad por ese hecho siendo “…En ese carácter, será el responsable civil ante su mandante por las lesiones patrimoniales que surjan como consecuencia del cumplimiento de su mandato.”. (artículo 33 LGA).
La posible existencia de conflictos de interés entre mandatario y mandante, es un problema privado que no afecta las obligaciones de ambas partes en sus relaciones con las Autoridades Aduaneras. Con fundamento en legislación vigente y aplicable, concluye este Tribunal la existencia de una representación legal del agente de aduanas en favor del importador, para los actos derivados del despacho aduanero, por lo tanto es correcta y permitida la notificación de los actos derivados del despacho aduanero a instancia de la Administración Aduanera o por gestión del mismo agente de aduanas, al importador por medio de su representante legal auxiliar de la función pública agente de aduanas.
De esta forma, aún después del despacho, en todo lo que esté relacionado con el régimen aduanero en que el agente representó al consignatario-importador de las mercancías, continúa ostentando la representación de éste, tal y como sucede en el cuadro fáctico bajo estudio, razón por la cual se notifica al importador Impotransport J Y C S.A. por medio del auxiliar de la función pública Agencia de Aduanas Logos S.A., siendo que en las actas de notificación se deja constancia de la condición en la cual se realizan las correspondientes comunicaciones, teniéndose al primero como debidamente notificado.
De esta forma, la notificación realizada al importador/consignatario en la figura de su representante no vulnera de modo alguno su derecho de defensa, ni el debido proceso, precisamente por la condición de representante legal que tiene el Agente Aduanero frente a éste.”
(Resolución del Tribunal Aduanero Nacional número 237 del año 2018)
Finalmente, y como se indicó líneas atrás, solicita el gestor, con fundamento en
los artículos precitados de la Ley General de Aduanas, la revisión y modificación
de la determinación de la obligación tributaria aduanera por ellos realizada,
mediante su agente de aduana, en la declaración aduanera a la importación,
solicitando también, se le cobre las sumas que estima pagadas de menos al
Fisco.
Dicha gestión, y para solventar los vicios de nulidad apuntados por el suscrito, se ha tratado de justificar en el pasado por la mayoría en el
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numeral 27 constitucional como una petición pura y simple y por ello no requiere el trámite señalado. No comparte el suscrito dichas aseveraciones. En
efecto, La Contraloría General de la República acogiendo la jurisprudencia
constitucional ha señalado que las peticiones puras y simples son aquellas
relacionadas con información sobre el diario acontecer de la administración con
fines de transparencia, publicidad y fiscalización ciudadana, en tanto que no
puede contemplarse como tales las gestiones que como la presente procuran
obtener el reconocimiento de un derecho de crédito o debito como punto
específico del pronunciamiento, en efecto ha señalado:
“Ahora bien, a fin de delimitar los alcances de los derechos de petición y de acceso a los
departamentos administrativos, creemos indispensable transcribir la doctrina que sobre ellos ha
desarrollado nuestra Sala Constitucional, en particular lo expuesto en el Voto No. 934-93, que en
su parte considerativa expresa: "IV.- En cuanto a la información e interés público que sí puede ser
obtenida por cualquier persona, la Sala ha identificado la diferencia entre la petición simple de información que exista o esté disponible en las oficinas públicas, y las peticiones o solicitudes que impliquen para la administración una actividad más compleja o que pretendan obtener derechos, concesiones, o en general algún tipo de pronunciamiento sobre un punto específico; para las primeras corre el plazo de 10 días para responder que
establece el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional; para las segundas corren los
plazos fijados por leyes especiales o por el de dos meses que establece la Ley General de la
Administración Pública. (Ver entre otras las sentencias No. 1231-90; No. 1306-90, No. 736-91 Y
No. 748-91)”
Es en razón de lo anterior que el suscrito resuelve en conformidad, anulando lo
actuado a efecto de que se enderecen los autos a partir de las omisiones
señaladas, dictando el acto de inicio respectivo previa acreditación de las
capacidades para actuar por los sujetos legalmente habilitados para ello.
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