1

AL HONORABLE JUEZ PRESIDENTE Y DEMÁS JUECES QUE CONFORMAN

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DOMINICANA

Asunto: ACCIÓN DIRECTA EN DECLARATORIA DE

INCONSTITUCIONALIDAD DE EXTREMA URGENCIA (art. 36,

LOTCPC No. 137-11).

Contra: Decreto No. 250-14, del 23 de julio de 2014, que establece el

“Reglamento de Aplicación de la Ley No. 169-14 del 23 de mayo de

2014 sobre naturalización especial”.

De los: Dr. Juan Miguel Castillo Pantaleón, Lic. Juan Miguel Castillo Roldán,

Dra. Cristina Aguiar, Lic. Leila Roldán y Dr. José Miguel Vásquez

García y del COMITÉ DOMINICANO POR LA SOLIDARIDAD

INTERNACIONAL CON HAITÍ, INC. Representada por su

presidente Dr. Armando Armenteros Estrems.

Anexo: a) Copia del Decreto No. 250-14, del 23 de julio de 2014, que

establece el “Reglamento de Aplicación de la Ley No. 169-14 del 23

de mayo de 2014 sobre naturalización especial”.

2

b) Copia de publicación de fecha 7 de julio de 2014 de abierta

consulta sobre reglamento de la Ley 169-14 publicada en el periódico

Diario Libre, página 41.

c) Copia del proyecto de reglamento de aplicación de la Ley 169-14

publicado en el portal de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo.

d) Copia de la Ley No. 169-14 de fecha 23 de mayo de 2014 de

naturalización especial.

e) Copia de la publicación hecha en el periódico Listín Diario en

fecha 16 de julio de 2014 del COMITÉ DOMINICANO POR LA

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON HAITÍ, INC. Que

advierte al poder ejecutivo sobre los riesgos del proyecto de

reglamento de la Ley 169-14.

f) Copia de comunicación dirigida al Presidente de la República por el

COMITÉ DOMINICANO POR LA SOLIDARIDAD

INTERNACIONAL CON HAITI, INC. en fecha 14 de julio de 2014

contentiva de las objeciones y observaciones contra el proyecto de

reglamento de la Ley 169-14.

Honorables Magistrados:

Quienes suscriben, JUAN MIGUEL CASTILLO PANTALEÓN (001-0087292-8), JUAN

MIGUEL CASTILLO ROLDÁN (001-1826322-7), CRISTINA AGUIAR (001-1287000-

1), JOSÉ MIGUEL VÁSQUEZ GARCÍA (001-1355041-2) y LEILA ROLDÁN (001-

0087792-7), todos ciudadanos dominicanos, mayores de edad, en pleno ejercicio de sus

3

derechos civiles y políticos, todos abogados de los tribunales de la República, portadores de

las Cédulas de Identidad y Electoral cuyos números se citan junto a cada uno de sus

nombres, y quienes actúan en representación de los señores Lic. Wagner Rodríguez

Mancebo, Cédula No. 031-0494835-8, Reyes de Jesús Nova Hierro, Cédula No. 001-

0187615-9; Lic. Alfredo González Pérez, Cédula No. 078-0002439-5; Lic. José María de

Jesús Guzmán Bodden, Cédula No. 001-0064007-7; Onorio César Montás González, Cédula

No. 001-0075357-3; Eddy Enrique Leyba Domínguez, Cédula No. 001-0141794-7; Eduardo

Díaz Pena, Cédula No. 031-0490980-3; Dr. José Antonio Logroño Morales, Cédula No.

001-0151637-5; José Ramón Logroño Morales, Cédula No. 001-0957723-9; Manuel Aybar

Ferrando, Cédula No. 001-0096019-4; Lic. Rafael Miguel Peña Casado, Cédula No. 001-

0754140-1; Huascar Ant.de JE Rodríguez Arte, Cédula No.034-0006538-3; Huascar Ant.

Rodríguez C., Cédula No. 402-2053-548-4; Lic. Félix Antonio Omar Ureña Estévez, Cédula

No. 031-0351250-9; Isabel Alicia Thomen Soto, Cédula No. 001-0063232-2; Raúl Danilo

González Brugal, Cédula No. 001-0172061-3; Manuel Antonio Valdez Peña, Cédula No.

001-1496020-6; William Méndez Núñez, Cédula No. 001-0172873-1; Lic. Carlos Alberto

de la Cruz Divanna, Cédula No. 037-0085484-1; Ivonne Natividad Folch García, Cédula

No. 066-0005239-0; Opilson Antonio Mejía Aristy, Cédula No. 001-0019640-1; Sandro

Rafael García, Cédula No. 031-0074686-0; Lic. Eddie Carlos Romero Silva, Cédula No.

001-0181719-5; Lic. Juan Pablo Gómez, Cédula No. 001-1386033-2; Narda Polanco

Espinal, Cédula No. 031-0081418-9; Michel Alcides Ventura peña, Cédula No. 034-

0052261-5; Rubén Jiménez, Cédula No. 034-0008117-4; Luis José Gómez Álvarez, Cédula

No. 097-0002055-6; Emmanuel Jiménez Liranzo, Cédula No. 001-0001116-2; José Miguel

Mota Polonio, M.B.A, Cédula No. 023-0117176-1; Carmen Isabel González García, Cédula

No. 001-0171427-7; Cruz del Carmen Taveras, Cédula No. 054-0009193-9; José Luis Suero

Álvarez, Cédula No. 094-0016223-7; Lic. Juan Fco. Mejía Paredez, Cédula No. 059-

0010373-0; Danny Ramón de Jesús Cabrera González, Cédula No. 096-0023116-2;

Inocencia Aracelis Liranzo R., Cédula No. 001-0001135-2; Jorge Amin Pérez Vásquez,

Cédula No. 001-14144512-1; José Rhadamés Cabrera Balcácer, Cédula No. 230519 S- 1;

Nikauris Báez Ramírez, Cédula No. 010-0119728-2; Jose Ant. Bello D., Cédula No. 001 -

0037447 – 9; Isabel Antonia Jorge Lambertus, Cédula No. 001 0112334 7; Gladys Milagros

Rodríguez, Cédula No. 001-0170403-9; Jennifer Almanzar Castillo, Cédula No. 001-

1731870-9; Israel Mejía Casado, Cédula No. 001-0397707-0; Amalfi Liz, Pasaporte No.

444934582; Miguel Antonio Martínez Pimentel, Cédula No. 012-0090364-7; Nancy Del

4

Carmen Vargas García, Cédula No. 031-0108822-1; Carmen S. Herrera Medrano, Cédula

No. 001-0879122-9, René A. Pérez Blas, Cédula No. 001-0943994-3; Dr. Gustavo Casanova

Pichardo, Cédula No. 031-0283480-5; Lic. Ángel Acosta F., Cédula No. 031-0243938-1;

Ramón Esteban Cabral de la Torre, Cédula No. 031-0105526-1; Pedro Rodolfo Paulino,

Cédula No. 031- 0088799-5; María de los Ángeles Villamán, Cédula No. 031-0074614-2;

Luz M. Brito, Cédula No. 031-0164698-6; Crecencio Betance, Cédula No. 031-0272365-1;

Bernardo Martínez, Cédula No. 031-0084320-4; José Alberto Peña Castillo, Cédula No.

031-0104061-0; José Antonio Núñez Tineo, Cédula No. 031-0164406-4; Emmanuel

Bonifacio Hilario, Cédula No. 001-1489679-8; Maribel Bonifacio Hilario, Cédula No.001-

0255709-7; Denny Dayanara De Castro Sánchez, Cédula No. 057-0008046-7; José Vidal

Pichardo G., Cédula No. 031-0220826-5; Verónica Sánchez De Jesús, Cédula No. 026-

0097329-7; Francisco Tomás Mota María, Cédula No. 223-0107897-2; Orlando Antonio de

León Suero, Cédula No. 001-1343441-9; Minerva Maireni Ramírez Cuevas, Cédula No.

054-0060296-6; Amparo Hernández, Cédula No. 028 0053621-7; Kathylka González,

Cédula No. 00109106203; Sergio Núñez Vargas, Cédula No. 048-0015035-3; Yohanna

Miguelina Santos Liz, Cédula No. 031-0511825-5; María Inmaculada Núñez Valerio,

Cédula No. 056-0018083-9; Ysidro Leonardo Núñez, Cédula No. 402-2315367-3; y el

COMITÉ DOMINICANO POR LA SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON

HAITÍ, INC., incorporada legalmente en la República Dominicana, mediante decreto

Número 585-03, dictado por el Presidente de la República en fecha de 16 de junio del año

2003 y debidamente representada por su presidente el DR. ARMANDO ARMENTEROS

ESTREMS, dominicano, mayor de edad, casado, médico, portador de la Cédula de

Identidad y Electoral No. 001-0099731-1, quienes para los fines y consecuencias de la

presente acción eligen como domicilio procesal el estudio profesional ubicado en la segunda

planta de la casa marcada con el número 109 de la calle Luis F. Thomén del Ensanche

Evaristo Morales del Distrito Nacional, tienen a bien exponeros, muy respetuosamente, la

siguiente relación de hechos, seguida de argumentaciones de derecho, que sustentan los

agravios constitucionales intervenidos con ocasión de la promulgación, en fecha 23 de julio

de 2014 del Decreto No. 250-14, que establece el “Reglamento de Aplicación de la Ley No.

169-14 del 23 de mayo de 2014 sobre naturalización especial” en la República Dominicana,

y que por cuya causa debe, urgentemente, ser declarado inconstitucional.

Las argumentaciones del presente escrito se desarrollarán conforme al siguiente orden:

5

A) DESCRIPCIÓN DE LA DISPOSICIÓN IMPUGNADA

1.- La disposición atacada mediante la presente acción directa en declaratoria de

inconstitucionalidad lo es el Decreto No. 250-14, que establece el “Reglamento de

Aplicación de la Ley No. 169-14 del 23 de mayo de 2014 sobre naturalización especial” en

la República Dominicana”, promulgado por el Poder Ejecutivo en fecha 23 de julio de 2014

(véase Anexo “a”).

2.- Este Decreto reprodujo, con muy pocas modificaciones, el mismo borrador del proyecto

publicado en el portal de Internet de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, otorgando

un plazo de diez (10) días para que los ciudadanos conocieran su contenido y canalizaran sus

observaciones (véanse Anexos “b” y “c”).

3.- Un grupo de ciudadanos, entre los cuales se encuentran algunos de los impetrantes de la

presente acción, junto a una asociación sin fines de lucro, alertaron al Poder Ejecutivo de las

graves inconstitucionalidades e ilegalidades en las que incurría el borrador, el cual fue

promulgado posteriormente sin que hubiere operado ningún cambio relevante (véanse

Anexos “e” y “f”). Ello aconteció aún por encima de las observaciones y señalamientos

públicamente advertidos, y que constituyen a su vez elementos de hecho que deben ser

tomados en consideración por los magistrados jueces para convencerles de la justeza y

necesidad de que este Decreto, en todo o en parte, sea declarado inconstitucional.

B) PRETENSIONES DE LOS ACCIONANTES

Breve descripción del caso

1.- El Decreto No. 250-14, que establece el “Reglamento de Aplicación de la Ley No. 169-14

del 23 de mayo de 2014 sobre naturalización especial” en la República Dominicana,

promulgado por el Poder Ejecutivo en fecha 23 de julio de 2014, fue originalmente

introducido en el ordenamiento jurídico dominicano a través del art. 12 de la Ley 169-14

“Que Establece un Régimen Especial para Personas Nacidas en el Territorio Nacional

6

Inscritas Irregularmente en el Registro Civil Dominicano y sobre Naturalización”. La

terminología exacta que utiliza la base legal citada es, y dice así:

“Artículo 12.- Reglamentación. El Poder Ejecutivo dictará el reglamento de

aplicación de lo dispuesto en los capítulos II y III de esta ley en un plazo no mayor

de sesenta (60) días a partir de la fecha de su promulgación, reglamento que entre

otras disposiciones contendrá los medios a través de los cuales se acreditara el

hecho del nacimiento así como las adecuaciones pertinentes al Plan Nacional de

Regularización de extranjeros en situación migratoria irregular para estas

personas.”

2.- En términos generales, la Ley 169-14 “Que Establece un Régimen Especial para

Personas Nacidas en el Territorio Nacional Inscritas Irregularmente en el Registro Civil

Dominicano y sobre Naturalización” dispone los mecanismos de acuerdo a los cuales

aquellos extranjeros, que habiendo nacido en el territorio nacional y que no están inscritos

en el Registro Civil, pueden acceder a la posibilidad de adquisición de la nacionalidad

dominicana mediante naturalización, durante el período de vigencia del Plan Nacional de

Regularización de Extranjeros previsto mediante el art. 151 de la Ley 285-04 sobre

Migración. La duración de este Plan fue fijada mediante el Decreto 327-13 del 29 de

noviembre de 2013, decreto que a su vez ha sido demandado en declaratoria de

inconstitucionalidad por ante este Tribunal Constitucional en fecha 19 de diciembre de 2013

y que celebró audiencia en fecha 23 de mayo de 2014 (expediente TC – 01- 2013 – 0089).

La Ley No. 169-14 ordenó, en su artículo 12, la elaboración del Reglamento de

Aplicación en el plazo de 60 días contados a partir de la promulgación de la Ley, pero la

vigencia de la Ley está supeditada al término fijado en el artículo 3 del Decreto No. 327-13,

el cual es de 18 meses contados a partir de la puesta en vigencia del mismo. Esta Ley 169-

14, igualmente, hace referencia a otras normativas legales y reglamentarias en las

cuales delega, de manera expresa, los campos de exclusión de sus disposiciones,

delimitando su alcance al no operar ninguna modificación o derogación expresa a las

mismas.

7

Efectivamente, la Ley 169-14 refiere en su artículo 6 a la aplicación de la Ley

General de Migración 285-04 y su reglamento todo lo relativo al registro del Libro

para Extranjeros creado en el artículo 28 de esa Ley de Migración. Otro tanto hace con

el procedimiento de naturalización ordinaria previsto en la Ley 1683 de 1948, al cual

específicamente refiere el artículo 8 de la indicada Ley 169-14, como se verá a

continuación:

El artículo 6 de la Ley 169-14 establece lo siguiente:

“Artículo 6. - Registro. Toda persona hija de padres extranjeros en situación

migratoria irregular que habiendo nacido en el territorio nacional no figure

inscrito en el Registro Civil Dominicano, podrá registrarse en el libro para

extranjeros contemplado en la Ley General de Migración No.285-04, siempre que

acredite fehacientemente el hecho del nacimiento por los medios establecidos en

el reglamento de esta ley [negritas y subrayado de los accionantes

].

Párrafo I.- Para beneficiarse del registro de extranjeros contemplado en este

artículo, deberá formularse ante el Ministerio de Interior y Policía una solicitud de

registro en un plazo no mayor de noventa (90) días a partir de la entrada en

vigencia del reglamento de aplicación de la presente ley.

Párrafo II.- Al formularse la solicitud de registro, el Ministerio de Interior y Policía

tendrá un plazo de treinta (30) días, para tramitarla con su no objeción, por ante la

Junta Central Electoral.”

El artículo 8 de la Ley 169-14 establece lo siguiente:

“Artículo 8.- Naturalización. Los hijos de extranjeros nacidos en la República

Dominicana, regularizados de conformidad a lo dispuesto en el Plan Nacional de

Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular, podrán optar por

la naturalización ordinaria establecida en la ley que rige la materia una vez hayan

transcurrido dos (2) años de la obtención de una de las categorías migratorias

establecidas en la Ley General de Migración No.285-04, siempre que acredite

mediante certificación la inexistencia de antecedentes penales.” [negritas y subrayado de los

accionantes].

8

Nótese que claramente el artículo 6 de la Ley 169-14, al referirse a la Ley General

de Migración No. 285-04, enfatiza que la inscripción en el Libro de Extranjeros debe ser

acreditada de manera fehaciente “por los medios establecidos en el reglamento de ésta ley”,

refiriéndose al Reglamento de la Ley de Migración a través del Decreto 631-11 del 19

de octubre de 2011.

La Ley 169, cuando quiere referirse a su propio reglamento, y no a otro, claramente

lo hace denominándolo “reglamento de aplicación de la presente ley” (ver párrafo I, artículo

6). Así, el Reglamento contenido en el Decreto No. 250-14 refiere, tanto a decretos como a

leyes distintas de materias conexas, como lo son la Ley 285-04 General de Migración y su

Reglamento de Aplicación dispuesto por Decreto 631-11 del 19 de octubre de 2011; así

como a la Ley 1683 de 1948 que establece el procedimiento sobre naturalización ordinaria.

Ni la Ley 169-14, ni el Decreto 250-14, ahora impugnado, contienen disposición alguna

derogatoria o modificativa de los indicados textos legales.

Infracciones constitucionales alegadas

3.- El Decreto No. 250-14, que establece el “Reglamento de Aplicación de la Ley No. 169-14

del 23 de mayo de 2014 sobre naturalización especial” ahora impugnado, sin embargo,

excediendo la letra y el mandato de la propia ley que pretende reglamentar, atribuye al

Ministerio de Interior y Policía funciones conferidas por la Constitución y las leyes a la

Junta Central Electoral. Pretende imponer modificaciones a una norma de rango jerárquico

superior como la Ley General de Migración y la ley de naturalización No. 1683. Viola el

principio de la igualdad de todos ante la ley con el establecimiento de un sistema

discriminatorio hacia los dominicanos en su propio país, pero también de otras categorías de

extranjeros. Instaura un procedimiento que veda a los extranjeros su derecho fundamental a

la nacionalidad bajo el principio del jus sanguinis, el derecho al apellido del padre y de la

madre y a conocer la identidad de los mismos, así como el derecho fundamental a obtener

los documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la ley.

Finalmente, este decreto violenta el principio de utilidad, en tanto que su aplicación no

resulta útil, pues socava el Plan Nacional de Regularización.

9

4.- Los principios constitucionales y legales vulnerados por el Decreto No. 250-14, que

establece el “Reglamento de Aplicación de la Ley No. 169-14 del 23 de mayo de 2014 sobre

naturalización especial” ahora impugnado son: Violación al principio de separación de los

poderes (arts. 4, 6, 93.1, literal “g” y 212 párrafo II de la Constitución dominicana, artículo

28 de la Ley General de Migración y 6 de la propia ley 169-14), violación al principio de la

unidad de la nación dominicana (artículo 5 y 6 de la Constitución dominicana), violación al

principio de legalidad (arts. 40.15 y 6 de la Constitución dominicana; y art. 28 de la Ley

General de Migración No. 285-04 y su Reglamento de Aplicación No. 631-11), violación al

principio de igualdad de todos ante la ley (artículo 39.4 y 6 de la Constitución dominicana),

violación al principio de utilidad de la ley (arts. 40.15 y 6 de la Constitución dominicana), y

violación a la prohibición de actos que subviertan el orden constitucional (art. 73 y 6 de la

Constitución dominicana); violación al derecho fundamental al apellido del padre y de la

madre y a conocer la identidad de los mismos (artículo 55.7 y 6 de la Constitución

dominicana) y violación al derecho fundamental de obtención de los documentos públicos

que comprueban la identidad, de conformidad con la ley (artículo 55.8 y 6 de la Constitución

dominicana).

5.- Por tales razones, resulta imperativo preservar los más sagrados principios

constitucionales del sostenimiento del Estado de derecho y la búsqueda del bien común que,

en su sagrado ministerio, tienen como norte los encargados de velar por la supremacía

constitucional.

C) HECHOS Y ARGUMENTOS JURÍDICOS DE LOS ACCIONANTES

I. Calidad de los Impetrantes

1.- La acción directa del recurso de inconstitucionalidad mediante control concentrado puede

ser ejercida por “cualquier persona con un interés legítimo y jurídicamente protegido”,

según lo consagra el artículo el art. 185.1 de la Constitución dominicana y 37 de la Ley

Orgánica del Tribunal Constitucional y los Procedimientos Constitucionales No. 137-11, del

13 de junio de 2011. Por ello, las personas físicas firmantes del presente Recurso de

Inconstitucionalidad, como ciudadanos en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos,

son sujetos de derecho que tienen calidad para demandar la inconstitucionalidad de un

10

Decreto cuando aquél haya transgredido una o varias normas constitucionales. Del mismo

modo, suscribe la presente acción el COMITÉ DOMINICANO POR LA SOLIDARIDAD

INTERNACIONAL CON HAITÍ, INC., incorporada legalmente en la República

Dominicana, mediante decreto Número 585-03, dictado por el Presidente de la República en

fecha de 16 de junio del año 2003 y debidamente representada por su presidente, quien actúa

en nombre colectivo al también estar concernidos en la especie derechos de naturaleza

difusa. Recordemos que el artículo 5 de la Constitución enfatiza que uno de los fundamentos

cardinales de la Constitución lo constituye “la indisoluble unidad de la Nación, patria

común de todos los dominicanos y dominicanas”. Cuidar la unidad de la nación es, por

tanto, un interés individual y colectivo de TODOS los DOMINICANOS que en cierta forma

se vincula a uno de los deberes fundamentales consagrados en el artículo 75.3 de la

Constitución, ya que todos los dominicanos tienen el deber de prestar los servicios civiles

“que la patria requiera para su defensa y conservación”.

Ejerciendo, pues, la vía recursiva que la Constitución pone a su disposición para

garantizar la vigencia de la Constitución, es uno de los mecanismos mediante las cuales cada

uno de los ciudadanos dominicanos presta un servicio a la patria, procurando con ello que

las autoridades se ciñan a al mandato de la Constitución y de las leyes.

Más aún, como ocurre en el caso de la especie, pues el texto del Decreto No. 250-14

contiene graves vicios de inconstitucionalidad que pudieren afectar la indisoluble unidad de

la Nación, patria común de todos los dominicanos y dominicanas, protegida por el artículo 5

de la Carta Magna.

Se trata de una materia que, manejada al margen de las disposiciones

constitucionales y legales, y sin exigir la satisfacción rigurosa de requisitos exigidos por el

ordenamiento migratorio y de orden público, pudiera facilitar la adquisición de nacionalidad

dominicana a una indeterminada cantidad de extranjeros, aún sin estar radicados en el

territorio nacional ni ostentando fuertes vínculos de convivencia con la sociedad

dominicana, pudiendo además, por vía de consecuencia, generar un desbalance poblacional

que afectaría la unidad de la nación al que aduce la disposición constitucional precitada, a

mas de afectar la convivencia entre dos comunidades.

11

2.- Los accionantes, como ciudadanos, ejercen la presente acción prevalidos de su interés

legítimo en la preservación de la supremacía constitucional y la búsqueda de la indisoluble

unidad de la nación en tanto y en cuanto el decreto atacado vulnera su derecho a la seguridad

tanto ciudadana como nacional, que concurre con el interés general de todos los

dominicanos y dominicanas en que las normas derivadas respeten estos derechos protegidos

por la Constitución y las leyes de la República Dominicana, que se infieren de los artículos

54, 5, 6, 39.4, 40.15, 55.7, 55.8, 73, 93.1, literal “g” y 212 párrafo II de la Constitución de la

República Dominicana así como la Ley No. 285-04 sobre migración.

A partir de la sentencia TC/0048/2013, No. 8.2 y 8.3, páginas 8 y 9, el Tribunal

Constitucional de la República Dominicana afirma el concepto de legitimación activa, o

calidad del accionante que implica la legitimidad del interés de quien actúa por

afectación directa de una norma o por afectación colectiva de la misma:

“La presente acción directa procura con base en un interés propio y jurídicamente

protegido (derecho del consumidor), una afectación colectiva causada a los

destinatarios finales que adquieren bienes y servicios (estabilidad económica). De

modo que nos encontramos frente a los denominados intereses difusos. Por

consiguiente, la legitimación se basa en un interés jurídico especifico invocado por

el demandante y su titularidad corresponde a la colectividad.”

Esta jurisprudencia ha sido confirmada en las instancias posteriores sobre control

directo de constitucionalidad y el concepto jurisprudencial de legitimación activa, el interés,

por tanto, no es cuestionable en los accionantes.

II. Competencia del Tribunal Constitucional

3.- El numeral 1 del art. 185 de la Constitución dominicana de 2010 establece:

“Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para

conocer en única instancia:

1) Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la República,

12

de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de

cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente protegido;”.

4.- En ese mismo tenor, el art. 36 de la Ley No. 137-11 establece que:

“Artículo 36.- Objeto del Control Concentrado. La acción directa de

inconstitucionalidad se interpone ante el Tribunal Constitucional contra las leyes,

decretos, reglamentos, resoluciones y ordenanzas, que infrinjan por acción u

omisión, alguna norma sustantiva.”

III. Admisibilidad del Recurso

5.- El Decreto objeto de la presente acción directa en inconstitucionalidad por vía del control

concentrado tiene un carácter indiscutiblemente normativo y de alcance general, y no una

naturaleza estrictamente particular. Es por esa razón que la presente acción es perfectamente

admisible, a la luz de los precedentes fijados por fallos del propio Tribunal Constitucional,

los cuales gozan de fuerza vinculante. Algunos de estos precedentes son:

- SENTENCIA NO. TC/0051/12, de fecha 19 de octubre de 2012, página 11:

“ (…) la jurisprudencia constitucional comparada ha considerado que el objeto de la

acción directa en inconstitucionalidad está orientado a garantizar la supremacía de la

Constitución de la República respecto de otras normas estatales de carácter infra

constitucional, pero no puede constituirse en un instrumento para reivindicar

situaciones particulares y concretas, las cuales deben encaminarse por ante las

jurisdicción contenciosa-administrativa: <<La acción pública de inconstitucionalidad

no es un mecanismo establecido para impugnar decisiones de la administración ni para

resolver situaciones jurídicas concretas. El ordenamiento jurídico prevé otro tipo de

acciones - ante la jurisdicción contencioso administrativa - para juzgar la legalidad de

la convocatoria a un concurso por parte de la administración>> (Sent. C-568/95 de

fecha 30 de noviembre de 1995; Corte Constitucional de Colombia).”.

- SENTENCIA NO. TC/0041/13, de fecha 15 de marzo de 2013, página 16:

13

“Los actos administrativos de carácter normativo y alcance general son susceptibles de

ser impugnados mediante la acción directa, pues al tratarse de un control abstracto o de

contenido de la norma, el tribunal constitucional verifica si la autoridad pública

responsable de producir la norma observó los valores, principios y reglas de la

Constitución de la República y del bloque de constitucionalidad (supremacía

constitucional).”

- SENTENCIA NO. TC/0195/13, de fecha 31 de octubre de 2013, página 9:

“La acción directa en inconstitucionalidad, como proceso constitucional, está reservada

para la impugnación de aquellos actos señalados en los artículos 185.1 de la

Constitución de la República y 36 de la Ley núm.137-11 (leyes, decretos, resoluciones,

reglamentos y ordenanzas); es decir, aquellos actos estatales de carácter normativo y

alcance general o bien aquellos actos que sin poseer dicho carácter, son dictados en

ejecución directa e inmediata de la Constitución de la República.”

IV. Agravios a la Constitución

6.- Violación al principio de separación de los poderes (arts. 4, 6, 93.1, literal “g” y 212

párrafo II de la Constitución dominicana, arts. 28 de la Ley General de Migración No.

285-04 y 6 de la propia ley 169-14), violación al principio de la unidad de la nación

dominicana (artículo 5 y 6 de la Constitución dominicana), violación al principio de

legalidad (arts. 40.15 y 6 de la Constitución dominicana; y art. 28 de la Ley General de

Migración No. 285-04 y su Reglamento de Aplicación No. 631-11), violación al

principio de igualdad de todos ante la ley (artículo 39.4 y 6 de la Constitución

dominicana), violación al principio de utilidad de la ley (arts. 40.15 y 6 de la

Constitución dominicana), y violación a la prohibición de actos que subviertan el orden

constitucional (art. 73 y 6 de la Constitución dominicana); violación al derecho

fundamental al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos

(artículo 55.7 y 6 de la Constitución dominicana) y violación al derecho fundamental de

obtención de los documentos públicos que comprueban la identidad, de conformidad

con la ley (artículo 55.8 y 6 de la Constitución dominicana).

14

6.1.- TEXTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS: Los artículos 4, 5, 6, 40.15,

55.7, 55.8, 73 y 212 párrafo II de la Constitución dominicana establecen lo siguiente:

“Artículo 4.- Gobierno de la Nación y separación de poderes. El gobierno de la

Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide

en Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Estos tres poderes son

independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son

responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las

determinadas por esta Constitución y las leyes.”

“Artículo 5.- Fundamento de la Constitución. La Constitución se fundamenta en el

respeto a la dignidad humana y en la indisoluble unidad de la Nación, patria común

de todos los dominicanos y dominicanas.”

“Artículo 6.- Supremacía de la Constitución. Todas las personas y los órganos que

ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y

fundamento del ordenamiento jurídico del Estado. Son nulos de pleno derecho toda

ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.”

“Artículo 39.- Derecho a la igualdad. Todas las personas nacen libres e iguales ante

la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás

personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna

discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad,

vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o

personal. En consecuencia:

4) La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto

que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,

goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamentales

de mujeres y hombres. Se promoverán las medidas necesarias para

garantizar la erradicación de las desigualdades y la discriminación de

género;”

15

“Artículo 40.- Derecho a la libertad y seguridad personal. Toda persona tiene

derecho a la libertad y seguridad personal. Por lo tanto:

15) A nadie se le puede obligar a hacer lo que la ley no manda ni impedírsele

lo que la ley no prohíbe. La ley es igual para todos: sólo puede ordenar lo

que es justo y útil para la comunidad y no puede prohibir más que lo que le

perjudica;”

“Artículo 55.- Derechos de la familia. La familia es el fundamento de la sociedad y

el espacio básico para el desarrollo integral de las personas. Se constituye por

vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de

contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla.

7) Toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad, a un

nombre propio, al apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad

de los mismos;

8) Todas las personas tienen derecho desde su nacimiento a ser inscritas

gratuitamente en el registro civil o en el libro de extranjería y a obtener los

documentos públicos que comprueben su identidad, de conformidad con la

ley;”

“Artículo 73.- Nulidad de los actos que subviertan el orden constitucional. Son

nulos de pleno derecho los actos emanados de autoridad usurpada, las acciones o

decisiones de los poderes públicos, instituciones o personas que alteren o subviertan

el orden constitucional y toda decisión acordada por requisición de fuerza armada.”

“Artículo 93.- Atribuciones. El Congreso Nacional legisla y fiscaliza en

representación del pueblo, le corresponden en consecuencia:

1) Atribuciones generales en materia legislativa:

g) Establecer las normas relativas a la migración y el régimen de

extranjería;”

“Artículo 212.- Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral es un órgano

autónomo con personalidad jurídica e independencia técnica, administrativa,

presupuestaria y financiera, cuya finalidad principal será organizar y dirigir las

16

asambleas electorales para la celebración de elecciones y de mecanismos de

participación popular establecidos por la presente Constitución y las leyes. Tiene

facultad reglamentaria en los asuntos de su competencia.

Párrafo II.- Serán dependientes de la Junta Central Electoral el Registro Civil y la

Cédula de Identidad y Electoral.”

6.2.- TEXTO DE LA LEY GENERAL DE MIGRACIÓN NO. 285-04

VIOLADO:

El art. 28 de la Ley General de Migración No. 285-04 establece lo siguiente:

“Art. 28.- Las extranjeras no residentes que durante su estancia en el país den a luz

a un niño (a), deben conducirse a1 Consulado de su nacionalidad a los fines de

registrar allí a su hijo(a). En los casos en que el padre de la criatura sea

dominicano, podrán registrar la misma ante la correspondiente Oficialía del Estado

Civil dominicana conforme disponen las leyes de la materia.

1. Todo centro de salud que a1 momento de ofrecer su asistencia de parto a una

mujer extranjera que no cuente con la documentación que la acredite como residente

legal, expedirá una Constancia de Nacimiento de color rosado diferente a la

Constancia de Nacimiento Oficial, con todas las referencias personales de la madre.

2. Todo centro de salud entregara a la Junta Central Electoral y a la Secretaria de

Relaciones Exteriores constancia del nacimiento de niño (a) de toda madre

extranjera, la que se registrara en un libro para extranjeros, si no le corresponde la

nacionalidad dominicana. La Secretaría de Relaciones Exteriores notificará el

hecho a la embajada del país que corresponde a la madre extranjera para los fines

de lugar.

3. Toda Delegación de Oficialías tiene la obligación de notificar a la Dirección

General de Migración, el nacimiento de niño o niña, cuya madre extranjera no

posea la documentación requerida.”

6.3.- TEXTO DE LA PROPIA LEY 169-14 VIOLADO: Artículo 6 de Ley

especial de naturalización No. 169-14:

17

Artículo 6. - Registro. Toda persona hija de padres extranjeros en situación

migratoria irregular que habiendo nacido en el territorio nacional no figure

inscrito en el Registro Civil Dominicano, podrá registrarse en el libro para

extranjeros contemplado en la Ley General de Migración No.285-04, siempre que

acredite fehacientemente el hecho del nacimiento por los medios establecidos en el

reglamento de esta ley.

6.4.- A SEGUIDAS SE DESARROLLARÁ EN DETALLE CADA UNA DE

ESTAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES Y LEGALES:

a) Violación al principio de separación de los poderes (arts. 4, 6, 93.1, literal “g” y 212

párrafo II de la Constitución dominicana, 28 de la ley General de Migración y 6 de la

ley 169-14).

El Decreto No. 250-14 dictado por el Poder Ejecutivo ha incurrido en la vulneración

de la seguridad jurídica constitucional, toda vez que en sus disposiciones invade

competencias de atribución conferidos expresamente por la Constitución a otro órgano del

Estado.

El principio de separación de los poderes consagrado en el art. 4 de la Constitución

dominicana hace suyo el diseño republicano inspirado en el pensamiento de Charles Louis

de Secondat de La Brède, mejor conocido como Barón de Montesquieu, quien recomendaba

en su obra inmortal “Del espíritu de las leyes”, que en el mismo cuerpo de personas

principales no debían ejercerse los poderes de hacer las leyes, ejecutar resoluciones públicas

y juzgar violaciones legales o conflictos particulares1.

Sin embargo, el Decreto No. 250-14 extralimita en sus disposiciones las

atribuciones constitucionales que le son conferidas al Poder Ejecutivo, al desconocer

que, por mandato constitucional y legal, todo lo relativo a la materia de registro civil y

registro en el Libro de extranjería de los nacimientos de extranjeros en nuestro país es

1 “Todo estaría perdido si el mismo hombre, el mismo cuerpo de personas principales, de los nobles o del

pueblo, ejerciera los tres poderes: el de hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar

los delitos o las diferencias entre particulares.” Cf. MONTESQUIEU: “Del espíritu de las leyes”, Vol. I,

traducción de Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, Barcelona, 1984, Ediciones Orbis S.A., p. 144.

18

de la COMPETENCIA EXCLUSIVA de la Junta Central Electoral, violando con ello

el principio de separación de poderes consagrado en el artículo 4 de la Constitución.

Para confirmar lo anterior, basta a los Jueces de esta Alta Corte establecer un

silogismo con las siguientes premisas:

Primera premisa, el artículo 4 de la Constitución establece el principio de separación

de poderes. A consecuencia de este principio un órgano de relevancia constitucional, con

atribuciones específicas definidas en la propia Carta Magna y en leyes especiales, no puede

ser sustituido en sus funciones y atribuciones por otro órgano del Estado a menos que opere

una modificación constitucional y legal. Ni siquiera invocando principios fundamentales de

la organización y funcionamiento de la Administración Pública tales como el principio de

coordinación y colaboración, podemos conducirnos a la suplantación de atribuciones de un

órgano por otro, mucho menos cuando el principio de coordinación y colaboración tiene el

contrapeso de otros principios fundamentales, como lo son el principio de juridicidad y el de

lealtad institucional, de acuerdo a los cuales la asignación, distribución y ejecución de

competencias de los órganos y entes administrativos se sujeta a la Constitución y las leyes,

además de que todo órgano debe respetar, ante todo, el ejercicio legítimo de las

competencias por parte de otros órganos y entes administrativos.

Téngase además en cuenta, que la parte capital del artículo 138 de la Constitución

establece que la Administración Pública está sujeta en sus actuaciones al “sometimiento

pleno al ordenamiento jurídico del Estado”, junto con la mayoría de los principios del

Derecho Administrativo adyacentes al principio de juridicidad que ya han sido positivizados

en nuestro Derecho.

Segunda premisa, la Junta Central Electoral tiene a su cargo todo lo relativo al

Registro Civil, de acuerdo a lo dispuesto por el párrafo II del artículo 212 de la Constitución.

A su vez el artículo 25.2 de la Constitución establece que todos los extranjeros deben

inscribirse el Libro de Extranjería de acuerdo con la ley. El libro de extranjeros se encuentra

regulado por el artículo 28 de la Ley No. 285-04 sobre migración y los artículos 36 al 41del

Reglamento de aplicación de esta ley, contenido en el decreto No. 631-11 del 19 de octubre

de 2011, que establecen todos los procedimientos, pruebas y requisitos relativos a la

19

constancia y declaración de nacimientos en el país de los hijos/as de extranjeros, a fines de

su inscripción en el Libro para extranjeros. La propia ley 169-14, que el decreto 250-14

ahora impugnado trata fallidamente de reglamentar, expresamente dispone, en su

artículo 6, que en esta materia la legislación aplicable lo es la ley 285-04 y su

reglamento. Copiemos de nuevo esta disposición para que se confirme de manera

inequívoca lo aquí afirmado:

“Artículo 6. Registro. Toda persona hija de padres extranjeros en situación

migratoria irregular que habiendo nacido en el territorio nacional no figure inscrito

en el Registro Civil Dominicano, podrá registrarse en el libro para extranjeros

contemplado en la Ley General de Migración No. 285-04, siempre que acredite

fehacientemente el hecho del nacimiento por los medios establecidos en el

reglamento de esta ley.”

Tercera premisa: La Junta Central Electoral, en ejercicio de su capacidad

reglamentaria constitucionalmente establecida en el artículo 212 de la Carta Magna ha

dictado el reglamento aplicable en la materia, el cual está contenido en la Resolución No.

02-2007 de fecha 18 de abril de 2007.

Resulta entonces claro que si un órgano del Estado, como el Presidente de la

República, dicta un decreto dentro de un campo en el cual la Constitución, las leyes e

incluso la propia ley de que trata el decreto mismo, resulta de una materia de la exclusiva

competencia de otro órgano (la Junta Central Electoral), las disposiciones de dicho decreto

no resultan compatibles con la Constitución, por ser violatorias al principio de separación de

poderes.

Los jueces del Tribunal Constitucional pueden comprobar que los artículos 5, 6, 7,

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Decreto invaden la competencia de atribución de la Junta

Central Electoral, cuando atribuyen al Ministerio de Interior y Policía unas funciones que

coliden con el órgano electoral de rango constitucional, el cual, por efecto del párrafo I del

artículo 212 de la Constitución, tiene a su cargo las decisiones de todo lo relativo al registro

del estado civil y el Libro para extranjeros, particularmente todo lo relativo a la prueba del

hecho del supuesto nacimiento en el territorio dominicano. Con ello, este Decreto pretende

20

atribuir funciones propias de los Oficiales del Estado Civil a dependencias del Ministerio de

Interior creadas por este Decreto y con ello convertir a la JCE en un mero sello

gomígrafo. De esa manera, igualmente el Ejecutivo, con un simple decreto, usurpa

atribuciones reservadas exclusivamente al Congreso Nacional en materias de migración y

extranjería por el Constituyente (art. 93.1, literal “g” de la Constitución dominicana).

El constituyente, en el artículo 73 de la Carta Magna, establece la sanción jurídica a

la inobservancia del orden constitucional: sanciona con nulidad expresa cualquier acto de

los poderes públicos que alteren el orden constitucional. Cuando un decreto del

Ejecutivo invade competencias propias de la Junta Central Electoral, el decreto es

nulo.

b) Violación al principio de la unidad de la nación dominicana (artículo 5 y 6 de la

Constitución dominicana)

Para el constituyente dominicano, la función del Estado supone una armonía entre la

protección de los derechos individuales compatible con el orden público, el bienestar general

y los derechos de todos. Esto supone que en el ejercicio de sus atribuciones ninguna

actuación de cualquiera de los Poderes del Estado, aún aquellas que persiguen los fines más

elevados, debe poner en riesgo el bien común. El constituyente ha partido de un enfoque

sociológico que es enfatizado a todo lo largo del primer Título de la Constitución, lo cual

puede confirmarse en la lectura de los arts. 1, 2, 3 y 5 de la Carta Magna.

Fíjense bien, magistrados, que el art. 1, al hablar de la organización del Estado dice

que “el pueblo dominicano constituye una nación organizada en estado libre e

independiente”; que el art. 2 parte de un principio de soberanía popular que “reside

exclusivamente en el pueblo”; que el art. 3 habla de una “inviolabilidad” de esa soberanía

que prohíbe a los poderes públicos permitir la injerencia que atente “contra la personalidad

e integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran”; y que el art. 5

afirma una “unidad de la nación, patria común de los dominicanos y las dominicanas”.

La ley, así como cualquier acto administrativo, debe no solamente ser justa en el

sentido de no vulnerar derechos fundamentales, sino de que en su finalidad no persiga fines

21

contrarios a la existencia misma del orden y del Estado. Es decir, es una obligación del

Poder Ejecutivo, como cualquier otro funcionario público, velar porque en sus actuaciones y

en los actos que ejecuta se preserven y salvaguarden los más altos intereses de la nación,

referidos a evitar cualquier vulneración a la integridad del Estado o la afectación de los

atributos propios de la nación dominicana. Es por ello que las reglas de la materia

migratoria y las de extranjería son de la competencia exclusiva de la ley y no de los actos

administrativos.

Invalidar por decreto los controles migratorios crea las condiciones de una

sobrepoblación extranjera. Este decreto no contiene exigencias probatorias fiables para

constatar el supuesto nacimiento en el territorio nacional. Tampoco requiere prueba de

arraigo ni de condiciones previstas para regularización migratoria para recibir estatus

migratorio legal con la posterior posibilidad de naturalizarse en sólo dos años. Todo esto

necesariamente crea las condiciones para producir un desbalance demográfico, que

comprometerá el equilibrio y estabilidad de la República. El pueblo dominicano se

convertirá, a mediano plazo, en minoría en su propio territorio; la soberanía podría

convertirse en un mito y la unidad de la nación en un espejismo.

Esta “naturalización al vapor”, legitimada por una disposición administrativa hecha

sin el rigor y requisitos mínimos que garanticen una integración cultural con los valores

propios de la dominicanidad en estos nuevos paisanos, va a crear dos tipos de ciudadanos,

por un lado, el dominicano de hecho y derecho, y por el otro, el dominicano recién

naturalizado mediante esta ley. El principio de nacionalidad efectiva, cincelado incluso por

la jurisprudencia internacional en el conocido caso Nottebohm de la Corte Internacional de

Justicia, es un referente útil en el presente caso, toda vez que el valor constitucional que se

reivindica es el de la “indisoluble unidad de la nación, patria común de todos los

dominicanos y dominicanas” del cual nos habla el artículo 5 de la Constitución.

El Tribunal Constitucional debe convertirse en el guardián de esta búsqueda de la

indisoluble unidad de la nación, la cual queda amenazada, si en una disposición como la

contenida en el Decreto 250-14 no se establecen requisitos probatorios rigurosos, para dar

por cierta la circunstancia del nacimiento del extranjero en el territorio nacional, y ninguna

exigencia probatoria de la identidad y nacionalidad de la madre o padre del individuo; y peor

22

aún, ninguna clase de exigencia para verificar las condiciones mínimas de domicilio y

arraigo, según manda la propia Ley de Migración referida en la nueva ley 169-14, para optar

en solo dos años al derecho a la nacionalidad dominicana por naturalización.

La Corte Internacional de Justicia, en el precedente del caso Nottebohm se ha

pronunciado en el sentido de que “la nacionalidad es la expresión jurídica del hecho de que

un individuo está más estrechamente atado a la población de un estado determinado.

Conferida por un Estado, no le hace titular de su protección más que si ello es la

traducción en términos jurídicos de la adhesión a los intereses de ese Estado”.

Siendo así, resulta claro que los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 del Decreto 250-

14 ahora impugnado, no resultan cónsonos con el artículo 5 de la Constitución. Al

establecer que organismos ajenos a las leyes de la materia, con mecanismos de prueba

insuficientes y discrecionales sirvan de antesala a una regularización migratoria automática

y de posterior derecho a la naturalización, se permitirá que accedan a la nacionalidad sin

cumplirse condiciones mínimas de integración al decálogo de valores espirituales y de

arraigo que aseguren la unidad de la nación.

c) Violación al principio de legalidad (arts. 40.15 y 6 de la Constitución dominicana; y art.

28 de la Ley General de Migración No. 285-04 y su Reglamento de Aplicación No. 631-11)

La Constitución de la República establece el principio fundamental de legalidad referido

a la necesidad de preexistencia de ley para el cumplimiento de obligaciones. En ese sentido,

resulta claro que el Decreto 250-14 ahora impugnado, establece en sus artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11,

12 y 13 la creación de una unidad administrativa con funciones, procedimientos, registros,

establecimiento de medios de prueba y discrecionalidad de su apreciación que no sólo no se

encuentran establecidos en la ley, sino que resultan ajenos y contrarios a los órganos,

procedimientos, medios de prueba y capacidad decisoria fijados en la normativa relativa a la

identidad, como lo es el artículo 28 de la Ley General sobre Migración y su reglamento de

aplicación No. 631-11.

Pueden los magistrados de esta Alta Corte consultar las disposiciones del artículo 36 y

siguientes del reglamento de aplicación de la Ley General de Migración, (que como fue

23

demostrado anteriormente la propia ley 169-14 reivindica en su artículo 6) y confirmar que,

efectivamente, las disposiciones indicadas del Decreto 250-14 ahora impugnado carecen de todo

sustento legal y crean, por tanto, un ilegal sistema paralelo de declaraciones de supuestos

nacimientos que inutiliza todo el sistema vigente de identificación de extranjeros a cargo de la

Junta Central Electoral.

d) Violación al principio de igualdad de todos ante la ley (artículo 39.4 y 6 de la

Constitución dominicana)

La Constitución dominicana garantiza la igualdad de tratamiento de la ley a todos los

hombres y mujeres, y prohíbe todo acto que implique un menoscabo que comprometa esa

igualdad. El Decreto 250-14 ahora impugnado establece, en sus artículos 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

16, 17, 18 y 19, un procedimiento de solicitud, declaración de nacimiento, pruebas, apreciación,

remisión interinstitucional y recursos administrativos benignos, que crean una vía preferencial en

favor de extranjeros no inscritos en el Registro Civil, contrario a todos los requisitos legales y

administrativos establecidos por la Ley 659 sobre Actos del Estado Civil para las declaraciones

tardías de nacimiento de los propios dominicanos.

Los procedimientos creados en este decreto, violan ese principio de igualdad, estableciendo una

situación discriminatoria en perjuicio de dominicanos y en beneficio de los extranjeros que

aleguen haber nacido en el territorio nacional.

e) Violación al principio de utilidad de la ley (arts. 40.15 y 6 de la Constitución dominicana)

El Decreto No. 250-14 no resulta ni justo ni útil para la comunidad, y perjudica más de lo

que prohíbe, lo cual resulta inexequible con la disposición de la segunda parte del art. 40.15 de la

Constitución más arriba citada.

La utilidad de la ley viene referida al logro y alcance de los propósitos que forman parte

de su motivación. En la exposición de motivos del Decreto 250-14 ahora impugnado, el quinto

considerando expresa “Que es de interés nacional que la Ley No. 169-14 sea implementada de

manera estricta, objetiva y eficaz para que los beneficiarios puedan acogerse a ella, pero a la

vez con los controles necesarios para evitar que quienes no cumplen con las condiciones

24

estipuladas por ella no abusen de la misma ni reciban un beneficio que no les

pertenece”.[subrayado de los demandantes

]

Sin embargo, cuando se observa el contenido de las disposiciones del decreto 250-14, se

advierte que los artículos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del decreto indicado, encontramos que

se produce una confusión entre las atribuciones dadas por la Constitución y las leyes que la

conforman, en cuanto a que le consigna al Ministerio de Interior y Policía, las atribuciones

propias de la Junta Central Electoral, con el agravante, de que la especialidad de la Junta es sobre

la identidad y la del Ministerio de Interior, es sobre la seguridad interior del Estado; todo lo cual

implica, entonces, un doble procedimiento: uno previo a manos del Ministerio de Interior y

Policía instaurado en este decreto, que no es estricto, que no es objetivo y que no es eficaz, y

otro, previsto en las leyes especiales sobre la materia, a cargo de la Junta Central Electoral.

Resulta ostensible, por tanto, que existe un divorcio entre los motivos que dice perseguir

el decreto impugnado y el contenido de sus disposiciones. El artículo 40.15 de la Constitución

dominicana requiere de la normativa un sentido justo y útil que queda absolutamente

comprometido, ya que la instauración de un doble procedimiento, por demás ajeno a la ley y la

Constitución, implica un perjuicio en relación con extranjeros que efectivamente hubieren nacido

en el territorio nacional y que no hubiesen sido declarados en el Libro de Extranjería, que se

verían en la disyuntiva de ejecutar un doble procedimiento o en medio de un conflicto procesal a

partir de este decreto.

De operarse una interpretación contraria en este punto, habría que convenir entonces que

el decreto ha pretendido sustituir y modificar competencias legales y constitucionales,

reafirmando algunos de los vicios de constitucionalidad que han sido anteriormente expuestos.

f) Violación a la prohibición de actos que subviertan el orden constitucional (art. 73 y 6 de

la Constitución dominicana)

El artículo 73 de la Constitución dominicana plantea claramente la nulidad de todo acto

emanado de autoridad usurpada, así como de las acciones o decisiones de poderes públicos que

subviertan el orden constitucional.

25

De los medios desarrollados más arriba, ha resultado claro que las disposiciones de los artículos

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 del Decreto 250-14 suplantan el rol que le corresponde a la

Junta Central Electoral, subvirtiendo, por tanto, al orden constitucional, puesto que este órgano

tiene rango constitucional y su función en modo alguno puede ser usurpada por el Poder

Ejecutivo, ya que si se le reconociese al este poder la capacidad para dotar sin control alguno de

nueva identidad a una indeterminada cantidad de personas que posteriormente tienen el potencial

de convertirse en ciudadanos con capacidad de voto, todo el sistema político y el futuro de los

destinos del país estarán en manos de quien discrecionalmente distribuya esas identidades.

La estabilidad del sistema constitucional descansa en la separación de poderes del estado y en el

contrapeso que ejercen entre sí.

La función electoral es una garantía de todo el sistema democrático, la cual descansa en el

control de la identidad de los ciudadanos y la misma no puede quedar en manos del poder

político.

g) Violación al derecho fundamental al apellido del padre y de la madre y a conocer la

identidad de los mismos (artículo 55.7 y 6 de la Constitución dominicana)

El derecho fundamental al reconocimiento de la personalidad, al nombre propio, al

apellido del padre y de la madre y a conocer la identidad de los mismos, ha quedado

absolutamente comprometido y violado por el artículo 11 del indicado Decreto 250-14.

Este artículo establece los supuestos “medios de prueba” para hacer constar el supuesto

nacimiento en el territorio nacional de hijos de extranjeros.

El referido artículo solo exige que, con al menos la presentación de uno de cinco

documentos se pruebe el hecho del alumbramiento. Sin embargo, puede leerse este artículo

íntegramente, palabra por palabra, letra por letra, y no se encontrará una sola mención o

exigencia de prueba de la identidad o existencia real de los supuestos padres del nacido en el

territorio nacional. Peor aún, puede leerse el decreto 250-14 en su totalidad y no se encontrará

una sola mención al respecto.

26

Y si por lo anterior no resultara claro a los distinguidos magistrados el nivel de

despropósito y violación a derechos fundamentales a conocer la identidad de los padres,

adviértase que el decreto impugnado, TAMPOCO EXIGE LA INDICACIÓN DE CUÁL ES LA

NACIONALIDAD DE LOS PADRES DEL ALUMBRADO EN EL TERRITORIO

NACIONAL.

En este punto cabría hacerse la siguiente pregunta: Estando claras las reglas del derecho a

la nacionalidad dominicana por simple nacimiento, que ya fueron objeto de una jurisprudencia

esclarecedora de este Alto Tribunal a partir de la sentencia TC/0168/13, de que los extranjeros

nacidos en República Dominicana por ser hijos de extranjeros en tránsito no le corresponde la

nacionalidad, ¿cómo se prueba la nacionalidad cuando el ciudadano aun no ha sido declarado?

¿CÓMO SE SABE QUE SON EXTRANJEROS, SI NO SE EXIGE LA INDICACIÓN Y

PRUEBA DE LA NACIONALIDAD DE SUS PADRES?

El artículo 20, numeral 2, de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada

mediante resolución No.739, del 25 de diciembre de 1977, claramente establece que “Toda

persona tiene derecho a la nacionalidad del estado en cuyo territorio nació si no tiene derecho a

otra”. [subrayado de los demandantes

]

En caso de no producirse una declaratoria de inconstitucionalidad de la disposición del

artículo 11 del Decreto 250-14 por una cualquiera de los agravios constitucionales anteriormente

desarrollados, se estaría convalidando una disposición que implica vedar al extranjero de los

mecanismos y recursos para el establecimiento efectivo de su filiación, así como de su

nacionalidad de origen o jus sanguinis. Estos “extranjeros” (porque no habría manera de

determinar cual nacionalidad originaria le corresponde) serían virtuales apátridas. En suma, esta

disposición acorrala al estado dominicano, el cual estaría obligado en todo caso a otorgar

mandatoriamente la nacionalidad dominicana, puesto que de otro modo éste enigmático

extranjero “no tendría derecho a otra” nacionalidad más que a la dominicana.

h) Violación al derecho fundamental de obtención de los documentos públicos que

comprueban la identidad, de conformidad con la ley (artículo 55.8 y 6 de la Constitución

dominicana)

27

Otro derecho fundamental comprometido por el artículo 11 del Decreto 250-14 lo

constituye la lesión al derecho de toda persona de obtener los documentos públicos que

comprueban su identidad de conformidad con la ley.

Las reglas establecidas en el artículo 28 de la Ley 285-04, 36 y siguientes del Decreto

631-11, sobre la implementación del Libro de Extranjería, permiten a la Junta Central Electoral

comprobar la real identidad de una persona, al margen de toda duda y salvaguardando, como

parte de la identidad del individuo, los vínculos jurídicos con sus padres, ya que en los libros de

actas del estado civil se indican los nombres de los padres, además de los datos mínimos del

alumbramiento (día, lugar, etc.) dotando desde el inicio al declarado de documentos públicos

fiables, ya que un prerrequisito indispensable lo constituye la exigencia de presentación de los

documentos de identidad, tanto del declarante como de los padres.

El artículo 11 del Decreto 250-14, por el contrario, permite que con la sola presentación

de una declaración notarial, sin necesidad de probar la identidad de los padres se pruebe el

nacimiento. En tal sentido, la declaración notarial no es un registro público que desvincula al

Estado de su obligación de proveer los documentos que comprueben su identidad, como es el

registro de nacimiento y el libro de extranjería, según lo establece el cánon constitucional del

artículo 55.8.

En razón de la importancia y relevancia para el orden público, la soberanía y la seguridad

nacional que reviste el tema en cuestión, consideramos que esta Alta Corte debe avocarse con

celeridad al conocimiento de la presente acción, en razón de que las consecuencias que generaría

de la puesta en vigencia del referido decreto No. 250-14 serían de tal magnitud que

comprometería hasta la paz pública y la responsabilidad del Estado.

CONCLUSIONES

La sucinta exposición de agravios constitucionales que antecede, referidos a un decreto

que pretende la concesión de nacionalidad a extranjeros de una manera acelerada, sin

constatación del real hecho del nacimiento en el territorio nacional, sin indicación alguna de la

identidad de los padres, ni mención alguna de su nacionalidad de origen, por parte del Poder

28

Ejecutivo, disponiendo una entrada en vigor e implementación acelerada, plantea claramente al

Tribunal Constitucional un desafío acerca de la vigencia y respeto de las múltiples decisiones y

precedentes que ha tomado a partir de la sabia sentencia TC00168-13.

Resulta ostensible que con la disposición atacada se ha procurado, no sólo invalidar

absolutamente y en la práctica, las reglas que limitan el acceso a la nacionalidad dominicana por

simple nacimiento, sino que, peor aún, ha comprometido peligrosamente todo el sistema de

identidad en la República Dominicana, ya que resulta evidente y que no necesita demostración,

que la República Dominicana carece de un efectivo control migratorio y que recibe de un Estado

vecino una migración masiva de indocumentados, a la cual le bastará acogerse a este Decreto

inconstitucional e ilegal para alegar haber nacido en República Dominicana y con ello pretender

la condición de dominicano en un corto plazo y sin la exigencia de requisitos de radicación.

Con esta medida, se trata de un desacato diferido, mediante un tecnicismo, a la sentencia

TC00168-13 y a toda la sólida jurisprudencia constitucional posterior en la materia.

Por todas las razones arriba expuestas y aquellas que puedan ser suplidas por vuestro

refinado criterio jurídico, os solicitamos, muy respetuosamente lo siguiente:

PRIMERO: Declarar admisible la presente acción directa en inconstitucionalidad en

cuanto a la forma, por haber sido interpuesta de forma regular según lo dispuesto en la ley sobre

la materia.

SEGUNDO: En cuanto al fondo:

Declarar los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 el Decreto No. 250-14, que establece el

“Reglamento de Aplicación de la Ley No. 169-14 del 23 de mayo de 2014 sobre

naturalización especial” en la República Dominicana”, promulgado por el Poder Ejecutivo

en fecha 23 de julio de 2014 NO CONFORME A LA CONSTITUCIÓN DOMINICANA,

por ser contrario a las disposiciones contenidas en los artículos 4, 5, 6, 39.4, 40.15, 55.7,

55.8, 73, 93.1, literal “g”, 138 y 212 párrafo II de la Constitución de la República

Dominicana.

TERCERO: Que se declare la presente acción libre de costas.

29

¡Y será justicia!

En Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los treinta y

un (31) días del mes de julio del año dos mil catorce (2014).

_______________________________

ARMANDO ARMENTEROS ESTREMS

Presidente del

COMITÉ DOMINICANO POR LA SOLIDARIDAD

INTERNACIONAL CON HAITÍ, INC.

______________________________ ____________________________

JUAN M. CASTILLO PANTALEÓN JUAN M. CASTILLO ROLDÁN

________________________ ___________________________

JOSÉ MIGUEL VÁSQUEZ CRISTINA AGUIAR

__________________

LEILA ROLDAN