Calle Trapani No.4714-A, Plaza Palermo, Colonia Palermo Residencial C.P. 80104, Culiacán, Sinaloa. Tels. 01 (667) 455 1246 y 455 2121 [email protected][email protected]www.abogadofiscal.biz DEFENSA FISCAL DE ULTIMA RATIO L.D. Sergio Esquerra Abogado litigante y asesor jurídico con especialidad en defensa administrativa y fiscal, comercio exterior y seguridad social / Socio Directivo del Bufete ESQUER & ESQUERRA ABOGADOS, destacado por la revista “Defensa Fiscal” como una de las “Grandes Firmas de Fiscalistas en México” / Autor de nueve libros, últimos dos titulados “Defensa Fiscal de Vanguardia” Editorial ISEF y “Defensa Fiscal-Impugnación de Avanzada en Juicios de Nulidad” Editorial Estrategia Tributaria / Distinguido por la revista “Opciones Legales-Fiscales” como “Líder Tributario de México” / Reconocido por la revista “Defensa Fiscal” como uno de los “Fiscalistas más Importantes de México” / Nombrado en dos ocasiones por la revista “Erudición y Vanguardia Fiscal - Empresarial-Jurídica” como “Personaje de Vanguardia” / Articulista en diversas revistas especializadas del ámbito jurídico y fiscal, entre otras: “El Mundo del Abogado” y “Defensa Fiscal” / Conferencista a nivel nacional e internacional / Galardonado por el Gobierno de Culiacán Sinaloa en la categoría de Excelencia Académica del VII Premio Municipal / Titular del programa “Visión Fiscal” de “Argoscursaradio” , Puebla, Pue. www.argoscursaradio.com / Invitado como panelista en múltiples programas de televisión y radio de emisión local y nacional / Articulista de diversas páginas web. @SergioEsquerra
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DEFENSA FISCAL DE ULTIMA RATIO
L.D. Sergio Esquerra Abogado litigante y asesor jurídico con especialidad en defensa administrativa y fiscal, comercio exterior y seguridad social / Socio Directivo del Bufete ESQUER & ESQUERRA ABOGADOS, destacado por la revista “Defensa Fiscal” como una de las “Grandes Firmas de Fiscalistas en México” / Autor de nueve libros, últimos dos titulados “Defensa Fiscal de Vanguardia” Editorial ISEF y “Defensa Fiscal-Impugnación de Avanzada en Juicios de Nulidad” Editorial Estrategia Tributaria / Distinguido por la revista “Opciones Legales-Fiscales” como “Líder Tributario de México” / Reconocido por la revista “Defensa Fiscal” como uno de los “Fiscalistas más Importantes de México” / Nombrado en dos ocasiones por la revista “Erudición y Vanguardia Fiscal-Empresarial-Jurídica” como “Personaje de Vanguardia” / Articulista en diversas revistas especializadas del ámbito jurídico y fiscal, entre otras: “El Mundo del Abogado” y “Defensa Fiscal” / Conferencista a nivel nacional e internacional / Galardonado por el Gobierno de Culiacán Sinaloa en la categoría de Excelencia Académica del VII Premio Municipal / Titular del programa “Visión Fiscal” de “Argoscursaradio”, Puebla, Pue. www.argoscursaradio.com / Invitado como panelista en múltiples programas de televisión y radio de emisión local y nacional / Articulista de diversas páginas web. @SergioEsquerra
¿Cuál es el documento que puedo utilizar para deducir o acreditar
fiscalmente, conforme al nuevo esquema de facturación electrónica?
Los contribuyentes podrán realizar las deducciones o acreditamientos
correspondientes, utilizando el archivo digital que contenga el comprobante
fiscal digital (XML) o bien, su representación impresa, cuando ésta cumpla
con los requisitos establecidos por la autoridad fiscal mediante reglas de
carácter general.
(Fundamento legal.- Artículo 29, fracción V del CFF, reglas II.2.5.1.3.,
II.2.6.2.4., II.2.7.5. de RMF para 2013)
De donde resulta dable destacar que un comprobante fiscal digital XML, sea en su
archivo digital o en su representación impresa, es el documento idóneo que se puede
utilizar para deducir o acreditar fiscalmente.
De todo lo hasta aquí expuesto, podemos deducir que resulta desatinada la postura de
la autoridad al desestimar los comprobantes fiscales de los proveedores de cuenta.
Lo anterior ya que la materialización de las operaciones se desprende de la valoración
adminiculada de todos los elementos probatorios con que cuenta en su expediente
administrativo, sin dejar de destacar que en el caso de que la autoridad estimara que
supuestamente no había materialización de las operaciones, esto es, simulación de
actos jurídicos, amparados por los comprobantes fiscales y su soporte documental, el
camino legal previo a desconocer su presunción de certeza, era en términos del Código
Civil Federal, pedir la nulidad de tales actos jurídicos por las vías conducentes del
artículo 2183 del citado Código como se observa:
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NEGATIVA DEVOLUCIONES, ARTÍCULOS 22 Y 22-D DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 22.- Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las
que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se
hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les
hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos
indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que
hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan
acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por
separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución.
Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la
devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere
acreditado.
Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los
impuestos indirectos a que tengan derecho los contribuyentes, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes que los establezcan.
Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la
devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio,
salvo que se trate del cumplimiento de una resolución o sentencia firmes, de autoridad
competente, en cuyo caso, podrá solicitarse la devolución independientemente de la
presentación de la declaración.
Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el
derecho a la devolución en los términos de este artículo, nace cuando dicho acto se
anule. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias
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por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya
prescrito la obligación en los términos del penúltimo párrafo de este artículo.
Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la
misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo
de 10 días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho
plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este
supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos
sólo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento
suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, durante el período que
transcurra entre el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del
requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento.
Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta
días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal
competente con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los
datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para
transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera
debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así
como los demás informes y documentos que señale el Reglamento de este Código. Las
autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al
contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la
solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere
necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades
fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días
cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le
tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades
fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes
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a la fecha en la que se haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a
datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender
dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente
contará con un plazo de diez días, contado a partir del día siguiente al que surta
efectos la notificación de dicho requerimiento, y le será aplicable el apercibimiento a
que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos,
informes o documentos, antes señalados, el período transcurrido entre la fecha en que
se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean
proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la
determinación de los plazos para la devolución antes mencionados.
Cuando en la solicitud de devolución únicamente existan errores aritméticos en la
determinación de la cantidad solicitada, las autoridades fiscales devolverán las
cantidades que correspondan, sin que sea necesario presentar una declaración
complementaria. Las autoridades fiscales podrán devolver una cantidad menor a la
solicitada por los contribuyentes con motivo de la revisión efectuada a la
documentación aportada. En este caso, la solicitud se considerará negada por la parte
que no sea devuelta, salvo que se trate de errores aritméticos o de forma. En el caso
de que las autoridades fiscales devuelvan la solicitud de devolución a los
contribuyentes, se considerará que ésta fue negada en su totalidad. Para tales efectos,
las autoridades fiscales deberán fundar y motivar las causas que sustentan la negativa
parcial o total de la devolución respectiva.
No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de sus facultades de
comprobación, cuando soliciten los datos, informes, y documentos, a que se refiere el
sexto párrafo anterior, pudiendo ejercerlas en cualquier momento.
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Cuando con motivo de la solicitud de devolución la autoridad fiscal inicie
facultades de comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de la
misma, los plazos a que hace referencia el párrafo sexto del presente artículo se
suspenderán hasta que se emita la resolución en la que se resuelva la
procedencia o no de la solicitud de devolución. El citado ejercicio de las
facultades de comprobación se sujetará al procedimiento establecido en el
artículo 22-D de este Código.
Si concluida la revisión efectuada en el ejercicio de facultades de comprobación para
verificar la procedencia de la devolución, se autoriza ésta, la autoridad efectuará la
devolución correspondiente dentro de los 10 días siguientes a aquél en el que se
notifique la resolución respectiva. Cuando la devolución se efectúe fuera del plazo
mencionado se pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el
artículo 22-A de este Código.
El fisco federal deberá pagar la devolución que proceda actualizada conforme a lo
previsto en el artículo 17-A de este Código, desde el mes en que se realizó el pago de
lo indebido o se presentó la declaración que contenga el saldo a favor y hasta aquél en
el que la devolución esté a disposición del contribuyente. Para el caso de depósito en
cuenta, se entenderá que la devolución está a disposición del contribuyente a partir de
la fecha en que la autoridad efectúe el depósito en la institución financiera señalada en
la solicitud de devolución.
Cuando en el acto administrativo que autorice la devolución se determinen
correctamente la actualización y los intereses que en su caso procedan, calculados a la
fecha en la que se emita dicho acto sobre la cantidad que legalmente proceda, se
entenderá que dicha devolución está debidamente efectuada siempre que entre la
fecha de emisión de la autorización y la fecha en la que la devolución esté a disposición
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del contribuyente no haya trascurrido más de un mes. En el supuesto de que durante el
mes citado se dé a conocer un nuevo índice nacional de precios al consumidor, el
contribuyente tendrá derecho a solicitar la devolución de la actualización
correspondiente que se determinará aplicando a la cantidad total cuya devolución se
autorizó, el factor que se obtenga conforme a lo previsto en el artículo 17-A de este
Código, restando la unidad a dicho factor. El factor se calculará considerando el
periodo comprendido desde el mes en que se emitió la autorización y el mes en que se
puso a disposición del contribuyente la devolución.
El monto de la devolución de la actualización a que se refiere el párrafo anterior,
deberá ponerse, en su caso, a disposición del contribuyente dentro de un plazo de
cuarenta días siguientes a la fecha en la que se presente la solicitud de devolución
correspondiente; cuando la entrega se efectúe fuera del plazo mencionado, las
autoridades fiscales pagarán intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el
artículo 22-A de este Código. Dichos intereses se calcularán sobre el monto de la
devolución actualizado por el periodo comprendido entre el mes en que se puso a
disposición del contribuyente la devolución correspondiente y el mes en que se ponga a
disposición del contribuyente la devolución de la actualización.
Cuando las autoridades fiscales procedan a la devolución sin ejercer las facultades de
comprobación a que se hace referencia en el párrafo noveno del presente artículo, la
orden de devolución no implicará resolución favorable al contribuyente, quedando a
salvo las facultades de comprobación de la autoridad. Si la devolución se hubiera
efectuado y no procediera, se causarán recargos en los términos del artículo 21 de este
Código, sobre las cantidades actualizadas, tanto por las devueltas indebidamente como
por las de los posibles intereses pagados por las autoridades fiscales, a partir de la
fecha de la devolución.
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La obligación de devolver prescribe en los mismos términos y condiciones que el
crédito fiscal. Para estos efectos, la solicitud de devolución que presente el particular,
se considera como gestión de cobro que interrumpe la prescripción, excepto cuando el
particular se desista de la solicitud.
La devolución podrá hacerse de oficio o a petición del interesado.
El Servicio de Administración Tributaria, mediante disposiciones de carácter general,
podrá establecer los casos en los que no obstante que se ordene el ejercicio de las
facultades de comprobación a que hace referencia el párrafo noveno del presente
artículo, regirán los plazos establecidos por el párrafo sexto del mismo, para efectuar la
devolución.
Los requerimientos a que se refiere este artículo se formularán por la autoridad fiscal
en documento digital que se notificará al contribuyente a través del buzón tributario, el
cual deberá atenderse por los contribuyentes mediante este medio de comunicación.
22-D. Las facultades de comprobación, para verificar la procedencia de la devolución a
que se refiere el noveno párrafo del artículo 22 de este Código, se realizarán mediante
el ejercicio de las facultades establecidas en las fracciones II ó III del artículo 42 de
este Código. La autoridad fiscal podrá ejercer las facultades de comprobación a que se
refiere este precepto por cada solicitud de devolución presentada por el contribuyente,
aun cuando se encuentre referida a las mismas contribuciones, aprovechamientos y
periodos, conforme a lo siguiente:
I. El ejercicio de las facultades de comprobación deberá concluir en un plazo máximo
de noventa días contados a partir de que se notifique a los contribuyentes el inicio de
dichas facultades. En el caso en el que la autoridad, para verificar la procedencia de la
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devolución, deba requerir información a terceros relacionados con el contribuyente, así
como en el de los contribuyentes a que se refiere el apartado B del artículo 46-A de
este Código, el plazo para concluir el ejercicio de facultades de comprobación será de
ciento ochenta días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los
contribuyentes el inicio de dichas facultades. Estos plazos se suspenderán en los
mismos supuestos establecidos en el artículo 46-A de este Código.
II. La facultad de comprobación a que se refiere este precepto se ejercerá únicamente
para verificar la procedencia del saldo a favor solicitado o pago de lo indebido, sin que
la autoridad pueda determinar un crédito fiscal exigible a cargo de los contribuyentes
con base en el ejercicio de la facultad a que se refiere esta fracción.
III. En el caso de que la autoridad solicite información a terceros relacionados con el
contribuyente sujeto a revisión, deberá hacerlo del conocimiento de este último.
IV. Si existen varias solicitudes del mismo contribuyente respecto de una misma
contribución, la autoridad fiscal podrá emitir una sola resolución.
V. En caso de que las autoridades fiscales no concluyan el ejercicio de las facultades
de comprobación a que se refiere el presente artículo en los plazos establecidos en la
fracción I, quedarán sin efecto las actuaciones que se hayan practicado, debiendo
pronunciarse sobre la solicitud de devolución con la documentación que cuente.
VI. Al término del plazo para el ejercicio de facultades de comprobación iniciadas a los
contribuyentes, la autoridad deberá emitir la resolución que corresponda y deberá
notificarlo al contribuyente dentro de un plazo no mayor a diez días hábiles siguientes.
En caso de ser favorable la autoridad efectuará la devolución correspondiente dentro
de los diez días siguientes a aquel en el que se notifique la resolución respectiva. En el
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caso de que la devolución se efectué fuera del plazo mencionado se pagarán los
intereses que se calcularán conforme a lo dispuesto en el artículo 22-A de este Código.
Artículo 23. Los contribuyentes obligados a pagar mediante declaración
Época: Décima Época Registro: 2011629 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes
13 de mayo de 2016 10:13 h Materia(s): (Administrativa)
Tesis: XVII.1o.P.A.5 A (10a.)
DEVOLUCIÓN DE SALDO A FAVOR.- LAS FORMALIDADES PREVISTAS EN LOS
ARTÍCULOS 46 Y 46-A, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, SON APLICABLES A LA VISITA DOMICILIARIA QUE PRACTIQUE
LA AUTORIDAD PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD
RELATIVA.- El artículo 22 del Código Fiscal de la Federación prevé como un derecho
de los contribuyentes, solicitar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente
al fisco federal o las que procedan conforme a las leyes fiscales y, además, establece
que la autoridad tributaria puede ejercer sus facultades de comprobación para verificar
la procedencia de la solicitud de devolución, sin señalar normas especiales para su
desarrollo; sin embargo, cuando aquélla, con arreglo a ese precepto, ejerce la facultad
de comprobación contenida en el artículo 42, fracción III, del propio código, es decir,
una visita domiciliaria para el fin mencionado, debe sujetarse a las formalidades
establecidas en los numerales 46 y 46-A, último párrafo, del mismo ordenamiento, de
acuerdo a los cuales, deben levantarse actas parciales, última acta parcial y final, y si
las autoridades no levantan esta última dentro de los plazos fijados en el artículo 22
mencionado, la visita se entenderá concluida al término de éstos y quedarán sin efectos
la orden y las actuaciones que de aquélla derivaron, pues la génesis de esas
formalidades consiste en hacer respetar los derechos fundamentales de seguridad
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jurídica e inviolabilidad del domicilio, previstos en el artículo 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, para acotar suficientemente el ejercicio de la
facultad de la autoridad administrativa en el domicilio fiscal, y evitar que se torne
arbitrario.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL
FRANCISCO MOTA CIENFUEGOS. SECRETARIO: ERICK FERNANDO
CANO FIGUEROA.
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Y por lo tanto, no se deben perder de vista los auténticos alcances de dicho derecho
fundamental de inviolabilidad domiciliaria al estimar que no fue conculcada en el
presente asunto con el “recorrido físico y revisión” efectuados por las autoridades
fiscalizadoras, y al interpretar incorrectamente que estos están permitidos al amparo del
artículo 45 del Código Fiscal Federal, cuando para el caso concreto, sólo establece
dicho numeral la obligación de permitir la entrada o acceso al visitador y poner a su
disposición la contabilidad, más de ello no se sigue también la facultad para efectuar un
recorrido físico y revisión del domicilio y con ello vulnerar EL DERECHO
FUNDAMENTAL A LA VIDA PRIVADA Y A LA INTIMIDAD, Y LA INVIOLABILIDAD
DOMICILIARIA, que se lleva a cabo en el mismo, y tener que soportar las molestias
EXCESIVAS de este tipo de diligencias, cuando el objeto de la visita no era ninguna
verificación de bienes o mercancía dentro del domicilio que en su caso debió invocarse
la fracción VI del artículo 42 del Código Tributario, sino meramente de la contabilidad
relacionada con la solicitud de devolución.
Por ende SÍ RESULTAN ILEGALES ESTE TIPO DE RECORRIDOS FÍSICOS, con lo
cual tales actuaciones estaban viciadas de origen y lo procedente es declarar su
ilegalidad y por tanto la NULIDAD de la resolución impugnada.
Sin que deba de confundirse el criterio de esa juzgadora por la existencia de tesis de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se interpreta y resuelve sobre la
constitucionalidad del artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, literal:
TESIS AISLADA
2a. XI/2013 (10a.)
PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS
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VISITA DOMICILIARIA.- EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, AL ESTABLECER COMO OBLIGACIÓN DEL
CONTRIBUYENTE QUE PERMITA EL ACCESO AL LUGAR O LUGARES
OBJETO DE AQUÉLLA A LOS VISITADORES DESIGNADOS, NO VIOLA
EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.- El artículo citado, al obligar a
que los contribuyentes sujetos a una visita domiciliaria permitan el acceso de
los visitadores al lugar o lugares objeto de aquélla, no viola el principio de
seguridad jurídica contenido en el artículo 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, pues no implica la práctica de actos que van
más allá del objeto de la visita, ya que establece con precisión los elementos
que podrán ser motivo de la inspección, al señalar que el visitado debe
mantener a disposición de aquéllos la contabilidad y demás papeles que
acrediten el cumplimiento de las disposiciones fiscales. Además, de la
interpretación armónica de dicho numeral con el diverso 42 del Código Fiscal
de la Federación, deriva que la finalidad de la visita domiciliaria es la revisión
de todo lo relacionado con la detección de irregularidades en el cumplimiento
de las obligaciones tributarias del visitado, de manera que éste tiene la
seguridad de que, al acceder al lugar o lugares objeto de la visita, el
representante de la autoridad debe actuar dentro del ámbito que implique
obtener la comprobación en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias;
y en caso de que el visitador no se ajuste a los lineamientos indicados en la
orden de visita, dará lugar a que se denuncie su actuar arbitrario y, en su
caso, a que sea sancionado por la responsabilidad administrativa o penal
correspondiente.
Amparo directo en revisión 2808/2012.- Servicios de Maquiladoras, S.A. de
C.V.- 17 de octubre de 2012.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente: José
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Fernando Franco González Salas.- Ponente: Sergio A. Valls Hernández.-
Secretaria: Miroslava de Fátima Alcayde Escalante.
Tesis aislada aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión
privada del seis de febrero del dos mil trece
Tesis que incluso abona a nuestra denuncia de ilegalidad ya que en ella se reconoce la
constitucionalidad de artículo 45 del Código Fiscal de la Federación, por cuanto que
este NO contempla la posibilidad de la que la autoridad hacendaria realice recorridos
físicos ni revisiones en el domicilio del contribuyente fiscalizado, ya que cuando aquel
constriñe al contribuyente a permitir el acceso al lugar o lugares objeto de la visita, el
representante de la autoridad debe actuar dentro del ámbito que implique obtener la
comprobación en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias, y más nada pues de
lo contrario ello puede ser reclamado por el contribuyente como ilegalidad en su actuar
arbitrario y, en su caso, a que sea sancionado por la responsabilidad administrativa o
penal correspondiente.
Pronunciamiento de la Corte que deriva del reclamo hecho por el quejoso en cuestión
en el amparo directo en revisión 2808/2012 –que se invoca como hecho notorio-, en el
que se tildo de inconstitucional el referido precepto por que: “…la palabra “acceder”
según su reclamo va más allá del artículo 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, ya que permite que los auditores realicen recorridos
físicos, sin que el contribuyente tenga pleno conocimiento del límite de sus
atribuciones, y de qué buscan, qué pretenden, qué necesitan o qué quieren
encontrar además de la contabilidad, es decir, al amparo de una frase se practica
una inspección de las instalaciones cuando eso no es parte de la visita.”
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Situación que fue resuelta por la Segunda Sala de la Corte en la ejecutoria del amparo
directo en revisión 2808/2012 precisando:
AHORA BIEN EL ARTÍCULO 45, PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN DISPONE LO SIGUIENTE:
“ARTÍCULO 45.- LOS VISITADOS, SUS REPRESENTANTES, O LA
PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDA LA VISITA EN EL DOMICILIO
FISCAL, ESTÁN OBLIGADOS A PERMITIR A LOS VISITADORES
DESIGNADOS POR LAS AUTORIDADES FISCALES EL ACCESO AL
LUGAR O LUGARES OBJETO DE LA MISMA, ASÍ COMO MANTENER A
SU DISPOSICIÓN LA CONTABILIDAD Y DEMÁS PAPELES QUE
ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES
DE LOS QUE LOS VISITADORES PODRÁN SACAR COPIAS PARA QUE
PREVIO COTEJO CON SUS ORIGINALES SE CERTIFIQUEN POR
ÉSTOS Y SEAN ANEXADOS A LAS ACTAS FINALES O PARCIALES
QUE LEVANTEN CON MOTIVO DE LA VISITA. TAMBIÉN DEBERÁN
PERMITIR LA VERIFICACIÓN DE BIENES Y MERCANCÍAS, ASÍ COMO
DE LOS DOCUMENTOS, DISCOS, CINTAS O CUALQUIER OTRO MEDIO
PROCESABLE DE ALMACENAMIENTO DE DATOS QUE TENGA EL
CONTRIBUYENTE EN LOS LUGARES VISITADOS.
(…)”.
DE DICHO PRECEPTO SE DESPRENDE QUE SERÁ OBLIGACIÓN DE
LOS VISITADOS, SUS REPRESENTANTES, O LA PERSONA CON QUIEN
SE LLEVE A CABO LA VISITA EN EL DOMICILIO FISCAL, PERMITIR A
LOS VISITADORES DESIGNADOS POR LAS AUTORIDADES FISCALES
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EL ACCESO AL LUGAR O LUGARES OBJETO DE LA MISMA, ASÍ COMO
MANTENER A SU DISPOSICIÓN LA CONTABILIDAD Y OTROS PAPELES
QUE COMPRUEBEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES
FISCALES.
DE LO ANTERIOR SE CONSTATA QUE CONTRARIO A LO
MANIFESTADO POR LA QUEJOSA, LA PALABRA ACCESO NO
PERMITE UNA ACTUACIÓN ARBITRARIA DE LA AUTORIDAD, TODA
VEZ QUE ÉSTA SÓLO HACE REFERENCIA A QUE SE DEBE PERMITIR
LA ENTRADA AL LUGAR OBJETO DE LA VISITA, SIENDO QUE EN EL
PROPIO NUMERAL SE ESTABLECEN CON PRECISIÓN LOS
ELEMENTOS QUE PODRÁN SER MOTIVO DE LA INSPECCIÓN, AL
SEÑALAR QUE DEBEN MANTENER A SU DISPOSICIÓN LA
CONTABILIDAD Y DEMÁS PAPELES QUE ACREDITEN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.
ELLO SE CORROBORA AL ADVERTIR QUE AL TRATARSE LA VISITA
DOMICILIARIA DE UN MECANISMO PREVISTO POR EL LEGISLADOR
PARA OBTENER LA INFORMACIÓN NECESARIA A FIN DE
PRONUNCIARSE SOBRE LA REGULARIDAD DE LA SITUACIÓN
JURÍDICA DE UN PARTICULAR FRENTE A LOS DEBERES QUE LE
IMPONEN LAS NORMAS FISCALES, TIENE UN OBJETIVO ESPECÍFICO
Y EL ACTUAR DE LOS VISITADORES ESTÁ ENCAMINADO
SOLAMENTE A ESA FINALIDAD.
ADEMÁS, NO DEBE PERDERSE DE VISTA QUE TODO PRECEPTO
NORMATIVO DEBE INTERPRETARSE ARMÓNICAMENTE Y NO DE
MANERA AISLADA, PUES AL PERTENECER A UN SISTEMA JURÍDICO,
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NECESARIAMENTE HA DE VINCULARSE A ÉL PARA QUE SU
CONTENIDO ADQUIERA SENTIDO Y PRECISIÓN. POR TANTO, EL
NUMERAL IMPUGNADO DEBE ENTENDERSE EN ARMONÍA CON LAS
NORMAS LEGALES QUE REGULAN LAS VISITAS DOMICILIARIAS,
ENTRE LAS QUE DESTACA EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN, QUE A LA LETRA DISPONE:
“ARTÍCULO 42.- LAS AUTORIDADES FISCALES A FIN DE
COMPROBAR QUE LOS CONTRIBUYENTES, LOS RESPONSABLES
SOLIDARIOS O LOS TERCEROS CON ELLOS RELACIONADOS HAN
CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES Y, EN SU CASO,
DETERMINAR LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS O LOS CRÉDITOS
FISCALES, ASÍ COMO PARA COMPROBAR LA COMISIÓN DE DELITOS
FISCALES Y PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN A OTRAS
AUTORIDADES FISCALES, ESTARÁN FACULTADAS PARA:
…
III. PRACTICAR VISITAS A LOS CONTRIBUYENTES, LOS
RESPONSABLES SOLIDARIOS O TERCEROS RELACIONADOS CON
ELLOS Y REVISAR SU CONTABILIDAD, BIENES Y MERCANCÍAS.
(…)”.
DE LO ANTERIOR SE DEDUCE QUE EL OBJETIVO DE LA FACULTAD DE
COMPROBACIÓN DE PRACTICAR VISITAS DOMICILIARIAS ESTÁ
ORIENTADO A VERIFICAR QUE LOS CONTRIBUYENTES, LOS
RESPONSABLES SOLIDARIOS O LOS TERCEROS CON ELLOS
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RELACIONADOS HAN CUMPLIDO CON LAS DISPOSICIONES FISCALES
Y, EN SU CASO, DETERMINAR LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS O
LOS CRÉDITOS FISCALES, ASÍ COMO PARA COMPROBAR LA
COMISIÓN DE DELITOS FISCALES Y PARA PROPORCIONAR
INFORMACIÓN A OTRAS AUTORIDADES FISCALES.
ESTO ES, LA FINALIDAD PERSEGUIDA CON LA VISITA EN EL
DOMICILIO DEL SUJETO OBLIGADO POR LAS NORMAS FISCALES, ES
LA REVISIÓN POR LOS VISITADORES DE TODO AQUELLO
RELACIONADO A LA DETECCIÓN DE IRREGULARIDADES EN EL
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS DEL VISITADO,
Y DE NINGUNA FORMA CON LA PALABRA ACCESO SE PUDIERA
ENTENDER QUE LA AUTORIDAD TUVIERA LA FACULTAD DE
EXTENDERSE A OTROS ELEMENTOS QUE RESULTEN INNECESARIOS
PARA ESE COMETIDO.
ASÍ LAS COSAS, EL CONTRIBUYENTE TIENE LA SEGURIDAD DE QUE
AL ACCEDER AL LUGAR O LUGARES OBJETO DE LA VISITA, EL
REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD ESTARÁ SUJETO A ACTUAR
DENTRO DEL ÁMBITO QUE IMPLIQUE SOLAMENTE A LOGRAR EL
OBJETO QUE PRETENDE EL FISCO, ESTO ES, LA COMPROBACIÓN
EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.
AHORA BIEN, SI LA AUTORIDAD ACTÚA SOBREPASANDO ESA
FACULTAD, ENTONCES RESULTA APLICABLE LO SEÑALADO POR EL
TRIBUNAL COLEGIADO EN EL SENTIDO DE QUE SI LA ACCIÓN DEL
VISITADOR NO SE AJUSTA A LOS LINEAMIENTOS INDICADOS EN LA
PROPIA ORDEN DE VISITA, DARÁ LUGAR A QUE SE DENUNCIE SU
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ACTUAR ARBITRARIO Y, EN SU CASO, SEAN SANCIONADOS POR LA
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA O PENAL QUE SEGÚN
CORRESPONDA.
SIN QUE PUDIERA LLEGARSE AL EXTREMO QUE PRETENDE LA
QUEJOSA, EN CUANTO A QUE EL NUMERAL DEBATIDO DEBE
PREVER QUE LA SANCIÓN A LOS VISITADORES NO CONSTITUYE
UNA RESTITUCIÓN DE LA AFECTACIÓN QUE PUEDE SUFRIR AL SER
INSPECCIONADO SU DOMICILIO; PUESTO QUE EN ESE CASO,
ESTARÍAMOS EN PRESENCIA DE UNA SITUACIÓN DE FACTO QUE NO
ESTÁ APROBADA POR LA LEY, AL SER EL VISITADOR EL QUE
EXCEDE EN SUS ATRIBUCIONES PERO DE NINGUNA MANERA
AMPARADO POR LA NORMA, LO CUAL DERIVA EN UNA SANCIÓN
SOBRE ÉL, PERO DE NINGUNA MANERA PUDIERA REPERCUTIR EN
LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA PORCIÓN NORMATIVA.
De donde se dilucida de forma clara y evidente que la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, determino que el artículo 45 del Código Fiscal de la
Federación, no permite ni otorga atribución alguna a la autoridad fiscalizadora para que
realice recorridos físicos ni inspecciones en el domicilio del contribuyente fiscalizado,
literal: “…, LA PALABRA ACCESO NO PERMITE UNA ACTUACIÓN ARBITRARIA
DE LA AUTORIDAD, TODA VEZ QUE ÉSTA SÓLO HACE REFERENCIA A QUE SE
DEBE PERMITIR LA ENTRADA AL LUGAR OBJETO DE LA VISITA, SIENDO QUE
EN EL PROPIO NUMERAL SE ESTABLECEN CON PRECISIÓN LOS ELEMENTOS
QUE PODRÁN SER MOTIVO DE LA INSPECCIÓN, AL SEÑALAR QUE DEBEN
MANTENER A SU DISPOSICIÓN LA CONTABILIDAD Y DEMÁS PAPELES QUE
ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.”, “…, Y DE
NINGUNA FORMA CON LA PALABRA ACCESO SE PUDIERA ENTENDER QUE LA
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AUTORIDAD TUVIERA LA FACULTAD DE EXTENDERSE A OTROS ELEMENTOS
QUE RESULTEN INNECESARIOS PARA ESE COMETIDO.”, “ASÍ LAS COSAS, EL
CONTRIBUYENTE TIENE LA SEGURIDAD DE QUE AL ACCEDER AL LUGAR O
LUGARES OBJETO DE LA VISITA, EL REPRESENTANTE DE LA AUTORIDAD
ESTARÁ SUJETO A ACTUAR DENTRO DEL ÁMBITO QUE IMPLIQUE SOLAMENTE
A LOGRAR EL OBJETO QUE PRETENDE EL FISCO, ESTO ES, LA
COMPROBACIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES
TRIBUTARIAS.”, y concluye razonando: “…, EN CUANTO A QUE EL NUMERAL
DEBATIDO DEBE PREVER QUE LA SANCIÓN A LOS VISITADORES NO
CONSTITUYE UNA RESTITUCIÓN DE LA AFECTACIÓN QUE PUEDE SUFRIR AL
SER INSPECCIONADO SU DOMICILIO; PUESTO QUE EN ESE CASO,
ESTARÍAMOS EN PRESENCIA DE UNA SITUACIÓN DE FACTO QUE NO ESTÁ
APROBADA POR LA LEY, AL SER EL VISITADOR EL QUE EXCEDE EN SUS
ATRIBUCIONES PERO DE NINGUNA MANERA AMPARADO POR LA NORMA,...”
Y no obstante, como ya se demostró, en el caso concreto los verificadores en violación
franca a la ley y nuestros derechos fundamentales, llevaron a cabo un RECORRIDO
FÍSICO Y REVISIÓN del domicilio fiscal de la moral actora, con lo cual se verifica la
ilegalidad de que nos dolemos.
EN VIRTUD PUES DE LA ILEGALIDAD ANTERIORMENTE EXPUESTA, EN SU
OPORTUNIDAD Y EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 52 FRACCIÓN V, EN SU
INCISO A), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, DICTE ESA SALA REGIONAL SENTENCIA DEFINITIVA EN LA
QUE SE DECRETE LA NULIDAD DE LA ILEGAL RESOLUCION IMPUGNADA;
RECONOCIÉNDOSE A SU VEZ LA EXISTENCIA DEL LEGÍTIMO DERECHO
(SUBJETIVO) DE LA MORAL ACTORA A LA DEVOLUCION SOLICITADA DE
SALDO A FAVOR POR CONCEPTO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO,
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PERIODO SEPTIEMBRE DE 2013, EN MONTO DE $2,112,229.00 (NÚMEROS
REDONDOS); Y EN CONSECUENCIA LÓGICO-JURÍDICA SE CONDENE A LA
AUTORIDAD HACENDARIA DEMANDADA AL CUMPLIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN CORRELATIVA, ES DECIR, LA DEVOLUCIÓN DE DICHA CANTIDAD
CON SU CORRESPONDIENTE ACTUALIZACIÓN DE LEY AL MOMENTO EFECTIVO
DEL REINTEGRO.
NOTIFICACIÓN ELEMENTOS OBJETIVOS
Jurisprudencia 2a. /J. 82/2009
NOTIFICACION PERSONAL PRACTICADA EN TERMINOS DEL
ARTICULO 137 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.- DATOS QUE
EL NOTIFICADOR DEBE ASENTAR EN LAS ACTAS DE ENTREGA DEL
CITATORIO Y DE LA POSTERIOR NOTIFICACION PARA CUMPLIR CON
EL REQUISITO DE CIRCUNSTANCIACION, CUANDO LA DILIGENCIA
RELATIVA SE ENTIENDE CON UN TERCERO.- Para cumplir con el
requisito de circunstanciación, es necesario que el notificador asiente
en el acta relativa datos que OBJETIVAMENTE permitan concluir que
practicó la diligencia en el domicilio señalado, que buscó al
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contribuyente o a su representante y que ante la ausencia de éstos
entendió la diligencia con dicho tercero, entendido éste como la persona
que, por su vínculo con el contribuyente, ofrezca cierta garantía de que
informará sobre el documento a su destinatario, para lo cual el notificador
debe asegurarse de que ese tercero no está en el domicilio por circunstancias
accidentales, quedando incluidas en ese concepto desde las personas que
habitan en el domicilio (familiares o empleados domésticos) hasta las que
habitual, temporal o permanentemente están allí (trabajadores o
arrendatarios, por ejemplo). Además, si el tercero no proporciona su nombre,
no se identifica, ni señala la razón por la cual está en el lugar o su relación
con el interesado, el diligenciario deberá precisar las características del
inmueble u oficina, que el tercero se encontraba en el interior, que éste abrió
la puerta o que atiende la oficina u otros datos diversos que indubitablemente
conlleven a la certeza de que se actúa en el lugar correcto y con una persona
que dará noticia al interesado tanto de la búsqueda como de la fecha y hora
en que se practicará la diligencia de notificación respectiva.
Contradicción de tesis 85/2009.- Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Primero, Segundo y Tercero, todos del Octavo Circuito, el
Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo
Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Sexto Circuito.- 27 de mayo de 2009.- Unanimidad de cuatro votos.- Ausente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Ponente: Mariano Azuela Güitrón.-
Secretario: Francisco García Sandoval.
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Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del diez de junio del dos mil nueve.
PLAZOS
Es ilegal la resolución liquidatoria, así como todo el procedimiento fiscalizador que le
antecede, al contravenirse lo indicado por los artículos 14 y 16 constitucionales.
Esto, dado que según se aprecia de los antecedentes expuestos por la autoridad en su
liquidación, esta última resulta fruto de actos viciados considerando que durante la
revisión la autoridad solicitó diversa información y documentación otorgando un plazo de
6 días para ello, según se advierte de la solicitud de información y documentación
contenida en el oficio número 16.91.01.9501/AUD/FISC/02454/2013, de fecha 13 de
junio de 2013, pretendidamente notificado el 18 de ese mes, y a pesar de ello, NO
ACUDIÓ AL DOMICILIO PATRONAL una vez vencido exactamente dicho plazo, pues
levantó el acta parcial correspondiente hasta el 2 de julio de 2013.
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En efecto, se podrá constatar que la propia autoridad establece con meridiana claridad
las fechas en las que supuestamente levantó el acta parcial relativa y dio a conocer la
solicitud de información y documentación durante el curso de la visita, que lo fueron los
días 2 de julio y 18 de junio de 2013, respectivamente de tal suerte que al acudir a
recoger la información al domicilio patronal, el plazo ya había sido excedido; esto es,
esas fechas fueron POSTERIORES A LOS 6 DÍAS POR ELLA MISMA OTORGADOS.
Por lo tanto, si el visitador NO SE APERSONÓ en el domicilio patronal dentro del
PROPIO PLAZO por ellos establecido, incurren en violación al procedimiento llevado a
cabo y generan un absoluto estado de inseguridad jurídica y todo lo que ellos se genere
es FRUTO DE ACTOS VICIADOS, criterio que además es tesis por parte del Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que se invoca como hecho notorio y que
señala:
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN
VII-TASR-CEI-19
PLAZO PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN EN
VISITA DOMICILIARIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 53 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. LA AUTORIDAD FISCALIZADORA
DEBE COMPARECER A RECOGERLA DENTRO DEL QUE ELLA MISMA,
HUBIERA OTORGADO.- En términos del artículo 53 del Código Fiscal de la
Federación, las autoridades fiscales pueden requerir información o
documentación a los contribuyentes sujetos a revisiones, y señalar plazos
para su exhibición, que serán de forma inmediata, de seis o de quince días.
En ese sentido, los órganos hacendarios, en caso de que así lo hubieran
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señalado en el transcurso de una visita domiciliaria, están constreñidos a
comparecer a recoger la información que hubieren requerido dentro del plazo
que ellos mismos hubieran establecido en el requerimiento, so pena que de
no hacerlo, incurrirían en violación al procedimiento fiscal que lleven a cabo,
pues precisamente con el fin de salvaguardar la garantía de seguridad jurídica
de los gobernados, no puede estimarse que la autoridad pueda comparecer
en el momento que así lo estime pertinente a continuar con el ejercicio de las
facultades de comprobación considerando la naturaleza de los datos que
requiere, que, por regla general, son relativos a bienes, contabilidad y
mercancías de los fiscalizados.
Juicio Contencioso Administrativo Núm. 1829/11-08-01-6.- Resuelto por la
Sala Regional del Centro I del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, el 20 de marzo de 2012, por unanimidad de votos.- Magistrado
Instructor: Mario de la Huerta Portillo.- Secretario: Lic. Roberto Ruvalcaba
Guerra.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año II. No. 15. Octubre 2012. p. 142
Y que en el presente asunto generó un estado de indefensión y trascendencia al
sentido de la resolución, puesto que en la liquidación se señala que no se entregó toda
la información solicitada por la autoridad, y al no haberse entregado información relativa
a la relación laboral que la autoridad sostiene que la empresa tiene con los prestadores
de servicio a quienes consideró como sujetos de aseguramiento, determinó
contribuciones omitidas.
Es decir, que sanciona con la aplicación de la determinación presuntiva en el no haber
proporcionado ni exhibido la documentación e información solicitada sobre el origen de
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los depósitos bancarios durante el curso de la visita; cuando tal cuestión fue por
CAUSAS IMPUTABLES al propio visitador que no se apersonó para su revisión dentro
del plazo de 6 días hábiles que él mismo había concedido para tales efectos, y por
ende, es claro que tal determinación del crédito fiscal resulta fruto de actos viciados.
Por lo tanto, es claro que la fiscalizadora no puede sancionar con la determinación de
contribuciones y la consideración de que los sujetos debían ser inscritos ante el Instituto
por un hecho de OMISIÓN imputable exclusivamente a ella de no haber acudido por la
información y documentación dentro del plazo por sí misma fijado, y que al hacerlo se
genere un estado de indefensión en la medida en que se sanciona a un contribuyente
por hechos que no le son imputables y que tiene trascendencia pues derivado de los
mismos, se motivó el crédito fiscal ahora controvertido cuando fue la autoridad quien no
acudió en su plazo a recogerlos.
En tales condiciones resulta procedente dejar sin efectos la resolución impugnada por
ser fruto de actos viciados.
ILEGALIDAD DE CRÉDITO FISCAL PORQUE LA
AUTORIDAD HACENDARIA NO CUENTA CON
COMPETENCIA PARA REVISAR NI VERIFICAR LOS
BIENES NI MERCANCÍA DEL CONTRIBUYENTE EN
REVISIÓN DE GABINETE
Violación a los artículos 1º párrafos uno, dos y tres, 14 y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, 8º arábigo 1 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, y 38 fracción IV del Código Fiscal de la Federación.
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Lo dicho por cuanto que en la solicitud de información y documentación a oficio folio
XXXX de fecha del 3 de marzo de 2013, origen del procedimiento de fiscalización -
revisión de gabinete- del que derivo el ilegal crédito fiscal impugnado contenido en la
resolución a oficio folio XXXX del 16 mayo de 2014, la hoy autoridad demandada
requirió a esta la parte actora lo relativo a sus bienes inmuebles, sin contar con
facultades materiales para ello.
Es así dado que la atribución correlativa se encuentra contemplada para procedimientos
de fiscalización distinto, como lo es la visita domiciliaria y la verificación en transporte,
tal y como se observa en el artículo 42 fracciones III y VI del Código Fiscal de la
Federación:
42.- Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los contribuyentes, los
responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido
con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar las contribuciones
omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de
delitos fiscales y para proporcionar información a otras autoridades fiscales,
estarán facultadas para:
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III.- Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o
terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad, bienes y
mercancías.
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VI.- Practicar u ordenar se practique avalúo o verificación física de toda
clase de bienes, incluso durante su transporte.
Delimitando así el legislador, muy claramente, los supuestos en que la autoridad
hacendaria puede fiscalizar bienes y mercancías de los contribuyentes, sin que el
procedimiento de verificación efectuado en contra de esta la parte demandante sea uno
de ellos, regulado que es en la fracción II del precepto a estudio:
II.- Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con
ellos relacionados, para que exhiban en su domicilio, establecimientos, en
las oficinas de las propias autoridades o dentro del buzo tributario,
dependiendo de la forma en que se efectuó el requerimiento, la contabilidad,
así como que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se
les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión.
De donde desprende facultad de la autoridad para revisar la contabilidad de los
contribuyentes, así como datos, documentos e informes, mas no revisar ni verificar
bienes ni mercancías de los contribuyentes.
Y no obstante, tal y como se desprende del oficio origen de la revisión se nos requirió,
entre otros, lo subsecuente:
4.- Proporcione papel de trabajo en que se detallen los bienes muebles de
su propiedad, el cual debe tener la siguiente información:
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5.- Exhiba original y proporcione copia legible de la documentación
comprobatoria que ampare la propiedad de bienes muebles que se
detallaron en el papel de trabajo mencionado en el punto anterior.
…
6.- Proporcione papel de trabajo en que se detallen los bienes inmuebles de
su propiedad, el cual debe tener la siguiente información:
…
7.- Exhiba original y proporcione copia legible de la documentación
comprobatoria que ampre la propiedad de bienes inmuebles que se
detallaron en el papel de trabajo mencionado en el punto anterior.
Así las cosas y en consideración de que de los antecedentes y contenido de la propia
resolución impugnada a oficio folio XXXX, se desprende claramente que la demandada
requirió en torno de bienes de esta la parte accionante con objeto de revisar y verificar
sus bienes tanto muebles como inmuebles, y de ahí pues el vicio de que certeramente
nos dolemos y reclamamos.
En mérito de lo que se deduce la ilegalidad denunciada, y por ende en los términos de
los artículos 51 fracción I y 52 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo, esa Sala Regional habrá de dictar sentencia definitiva
determinando nulidad de forma lisa y llana, plena, absoluta e integral.
En relación con la nulidad que se pretende invocamos el criterio siguiente:
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Novena Época
Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo VII
Junio de 1998
Tesis IV.5o.3 A
Página 677
NULIDAD LISA Y LLANA DE LA RESOLUCION ADMINISTRATIVA
IMPUGNADA EN JUICIO FISCAL, CUANDO SE ESTIMA LA
INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD QUE LA DICTO, ORDENO O
TRAMITO.-…
VISITA DOMICILIARIA Y REVISIÓN DE GABINETE
¡INCONSTITUCIONALES!
53-B.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 42, fracción IX de este
Código, las revisiones electrónicas se realizaran conforme a lo siguiente:
I. Con base a la información y documentación que obre en su poder, las
autoridades fiscales darán a conocer los derechos que derivan en la omisión
de contribuciones y aprovechamientos o en la comisión de otras
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irregularidades a través de una resolución provisional que, en su caso,
contenga la pre liquidación respectiva.
II. En la resolución provisional se le requerirá al contribuyente, responsable
solidario o tercero, para que en un plazo de 15 días siguientes a la
notificación de la citada resolución, manifieste lo que a su derecho convenga
y proporcione la información y documentación, tendiente a desvirtuar las
irregularidades y acreditar el pago de las contribuciones o aprovechamientos
consignados en la resolución provisional.
En caso de que el contribuyente acepte la pre liquidación por los hechos que
se hicieron de su conocimiento, podrán optar por corregir su situación fiscal
dentro del plazo señalado en el párrafo que antecede, mediante el pago total
de las contribuciones y aprovechamientos omitidos, junto con sus
accesorios, en cuyo caso gozara del beneficio de pagar una multa
equivalente al 20% de las contribuciones omitidas.
III. Una vez recibidas y analizadas las pruebas aportadas por el contribuyente,
si la autoridad fiscal identifica elementos adicionales que deban ser
verificados, podrán actuar indistintamente conforme a cualquiera de los
siguientes procedimientos:
a) Efectuara un segundo requerimiento al contribuyente, dentro del
plazo de los diez días siguientes a aquel en que la autoridad fiscal reciba las
pruebas, el cual deberá ser atendido por el contribuyente del plazo de diez
días siguientes contados a partir de la notificación del segundo
requerimiento, mismo que suspenderá el plazo señalado en la fracción IV,
primer párrafo de este artículo.
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b) Solicitará información y documentación de un tercero, en cuyo caso,
desde el día en que se formule la solicitud y hasta aquel en que el tercero
conste, se suspenderá el plazo previsto en la fracción IV de este artículo,
situación que deberá notificarse al contribuyente dentro de los diez días
siguientes a la solicitud de la información. Dicha suspensión no podrá
exceder de seis meses, excepto en materia de comercio exterior, supuesto
en el cual el plazo no podrá exceder de dos años.
Una vez omitió la información solicitada, la autoridad fiscal contara con un
plazo máximo de cuarenta días para la emisión y notificación de la
resolución, salvo tratándose de pruebas periciales, caso en el cual el plazo
se computara a partir de su desahogo.
IV. En caso que el contribuyente exhiba pruebas la autoridad contara con un
plazo de cuarenta días contados a partir de su desahogo para la emisión y
notificación de la resolución con base en la información que se encuentre en
el expediente.
En caso de que el contribuyente no aporte pruebas, ni manifieste lo que a su
derecho convenga para desvirtuar los hechos u omisiones dentro del plazo
establecido en la fracción II de este artículo, la resolución provisional se
volverá definitiva y las cantidades determinadas se harán efectivas mediante
el procedimiento administrativo de ejecución.
Concluidos los plazos otorgados a los contribuyentes para hacer valer lo que
a su derecho convenga respecto de los hechos u omisiones dados a conocer
durante el desarrollo de las facultades de comprobación a que se refiere la
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fracción IX del artículo 42 de este Código, se tendrán por perdido el derecho
para realizarlo.
Los actos o resoluciones administrativas, así como las promociones de los
contribuyentes a que se refiere este artículo, se notificarán y presentarán en
documentos digitales a través del buzón tributario.
EL PRIMER FISCALISTA
“ENTONCES LOS FARISEOS SE FUERON Y DELIBERARON COMO LE SORPRENDERÍAN EN
ALGUNA PALABRA. LE ENVIARON, PUES, SUS DISCÍPULOS CON LOS HERODIANOS, A DECIRLE:
“MAESTRO, SABEMOS QUE ERES VERAZ Y QUE ENSEÑAS EL CAMINO DE DIOS CON VERDAD,
SIN MIEDO A NADIE, PORQUE NO MIRAS A LA PERSONA DE LOS HOMBRES. DINOS, PUES, LO
QUE PIENSAS: ¿ES LICITO PAGAR TRIBUTO AL CESAR O NO?”. MAS JESÚS, CONOCIENDO SU
MALICIA, REPUSO: “HIPÓCRITAS, ¿POR QUÉ ME TENTÁIS? MOSTRADME LA MONEDA DEL
TRIBUTO”. Y LE PRESENTARON UN DENARIO. PREGUNTOLES: “¿DE QUIEN ES ESTA FIGURA Y
LA LEYENDA?” LE RESPONDIERON: “DEL CESAR”. ENTONCES LES DIJO: “DAD, PUES, AL CESAR
LO QUE ES DEL CESAR, Y A DIOS LO QUE ES DE DIOS”. OYENDO ESTO QUEDARON
MARAVILLADOS, Y DEJÁNDOLE SE FUERON”. SAN MATEO (XXIII-15-22)
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LOS PLAZOS DE LOS ARTÍCULOS 63 SEGUNDO PÁRRAFO Y 46 FRACCIÓN IV DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN: NO SON LO MISMO SEGUNDO. Inconstitucionalidad e inconvencionalidad por violación a los artículos 1º en sus párrafos uno, dos y tres, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al 8º punto 1 de la Convención Americana sobre Dere3chos Humanos. Preceptos que en lo que interesa, a la letra norman:
1.- EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODAS LAS PERSONAS GOZARAN DE LOS DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS EN ESTA CONSTITUCION Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LOS QUE EL ESTADO MEXICANO SEA PARTE, ASI COMO DE LAS GARANTIAS PARA SU PROTECCION, CUYO EJERCICIO NO PODRA RESTRINGIRSE NI SUSPENDERSE, SALVO EN LOS CASOS Y BAJO LAS CONDICIONES QUE ESTA CONSTITUCION ESTABLECE.
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LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS SE INTERPRETARAN DE CONFORMIDAD CON ESTA CONSTITUCION Y CON LOS TRATADOS INTERNACIONALES DE LA MATERIA FAVORECIENDO EN TODO TIEMPO A LAS PERSONAS LA PROTECCION MAS AMPLIA. TODAS LAS AUTORIDADES, EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS, TIENEN LA OBLIGACION DE PROMOVER, RESPETAR, PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS DE CONFORMIDAD CON LOS PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD, INTERDEPENDENCIA, INDIVISIBILIDAD Y PROGRESIVIDAD. EN CONSECUENCIA, EL ESTADO DEBERA PREVENIR, INVESTIGAR, SANCIONAR Y REPARAR LAS VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS, EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY. … 14.- … NADIE PODRÁ SER PRIVADO DE LA LIBERTAD O DE SUS PROPIEDADES, POSESIONES O DERECHOS, SINO MEDIANTE JUICIO SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS, EN EL QUE SE CUMPLAN LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO Y CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAS CON ANTERIORIDAD AL HECHO. … 16.- NADIE PUEDE SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, PAPELES O POSESIONES, SINO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE, QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO. … 17.- … TODA PERSONA TIENE DERECHO A QUE SE LE ADMINISTRE JUSTICIA POR TRIBUNALES QUE ESTARÁN EXPEDITOS PARA IMPARTIRLA EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES, EMITIENDO SUS RESOLUCIONES DE MANERA PRONTA,
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COMPLETA E IMPARCIAL. SU SERVICIO SERÁ GRATUITO, QUEDANDO, EN CONSECUENCIA, PROHIBIDAS LAS COSTAS JUDICIALES. … CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS. 8.- GARANTÍAS JUDICIALES 1.- TODA PERSONA TIENE DERECHO A SER OÍDA, CON LAS DEBIDAS GARANTÍAS Y DENTRO DE UN PLAZO RAZONABLE, POR UN JUEZ O TRIBUNAL COMPETENTE, INDEPENDIENTE E IMPARCIAL, ESTABLECIDO CON ANTERIORIDAD POR LA LEY, EN LA SUSTANCIACIÓN DE CUALQUIER ACUSACIÓN PENAL FORMULADA CONTRA ELLA, O PARA LA DETERMINACIÓN DE SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE ORDEN CIVIL, LABORAL, FISCAL O DE CUALQUIER OTRO CARÁCTER.
Dispositivos los cuales, como es bien sabido por ser de explorado estudio, celosamente tutelan los derechos fundamentales y humanos de seguridad jurídica atinentes al debido proceso legal, debida fundamentación y motivación, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Pues bien, la sentencia en pugna es del todo contraria a los derechos fundamentales y humanos de mérito, por franca violación a los artículos 63 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que en lo que interesa regulan:
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN 63.- LOS HECHOS QUE SE CONOZCAN CON MOTIVO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN PREVISTAS EN ESTE CÓDIGO O EN LAS LEYES FISCALES, O BIEN QUE CONSTEN EN LOS EXPEDIENTES, DOCUMENTOS O BASES DE DATOS QUE LLEVEN, TENGAN ACCESO O EN SU PODER LAS AUTORIDADES FISCALES, ASÍ COMO AQUÉLLOS PROPORCIONADOS POR OTRAS AUTORIDADES, PODRÁN SERVIR PARA MOTIVAR LAS RESOLUCIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y DE CUALQUIER OTRA AUTORIDAD U ORGANISMO DESCENTRALIZADO COMPETENTE EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES FEDERALES.
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CUANDO OTRAS AUTORIDADES PROPORCIONEN EXPEDIENTES O DOCUMENTOS A LAS AUTORIDADES FISCALES CONFORME A LO DISPUESTO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, ESTAS ÚLTIMAS DEBERÁN CONCEDER A LOS CONTRIBUYENTES UN PLAZO DE QUINCE DÍAS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN LA QUE LES DEN A CONOCER TALES EXPEDIENTES O DOCUMENTOS, PARA MANIFESTAR POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, LO CUAL FORMARÁ PARTE DEL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE. (…) LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 50.- LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SE FUNDARÁN EN DERECHO Y RESOLVERÁN SOBRE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR QUE SE DEDUZCA DE SU DEMANDA, EN RELACIÓN CON UNA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, TENIENDO LA FACULTAD DE INVOCAR HECHOS NOTORIOS. CUANDO SE HAGAN VALER DIVERSAS CAUSALES DE ILEGALIDAD, LA SENTENCIA DE LA SALA DEBERÁ EXAMINAR PRIMERO AQUÉLLOS QUE PUEDAN LLEVAR A DECLARAR LA NULIDAD LISA Y LLANA. EN EL CASO DE QUE LA SENTENCIA DECLARE LA NULIDAD DE UNA RESOLUCIÓN POR LA OMISIÓN DE LOS REQUISITOS FORMALES EXIGIDOS POR LAS LEYES, O POR VICIOS DE PROCEDIMIENTO, LA MISMA DEBERÁ SEÑALAR EN QUE FORMA AFECTARON LAS DEFENSAS DEL PARTICULAR Y TRASCENDIERON AL SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN. LAS SALAS PODRÁN CORREGIR LOS ERRORES QUE ADVIERTAN EN LA CITA DE LOS PRECEPTOS QUE SE CONSIDEREN VIOLADOS Y EXAMINAR EN SU CONJUNTO LOS AGRAVIOS Y CAUSALES DE ILEGALIDAD, ASÍ COMO LOS DEMÁS RAZONAMIENTOS DE LAS PARTES, A FIN DE RESOLVER LA CUESTIÓN EFECTIVAMENTE PLANTEADA, PERO SIN CAMBIAR LOS HECHOS EXPUESTOS EN LA DEMANDA Y EN LA CONTESTACIÓN. TRATÁNDOSE DE LAS SENTENCIAS QUE RESUELVAN SOBRE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN UN RECURSO ADMINISTRATIVO, SI SE CUENTA CON ELEMENTOS SUFICIENTES PARA ELLO, EL TRIBUNAL SE PRONUNCIARÁ SOBRE LA LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECURRIDA, EN LA PARTE QUE NO SATISFIZO EL INTERÉS JURÍDICO DEL DEMANDANTE. NO SE PODRÁN ANULAR O
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MODIFICAR LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS NO IMPUGNADOS DE MANERA EXPRESA EN LA DEMANDA. EN EL CASO DE SENTENCIAS EN QUE SE CONDENE A LA AUTORIDAD A LA RESTITUCIÓN DE UN DERECHO SUBJETIVO VIOLADO O A LA DEVOLUCIÓN DE UNA CANTIDAD, EL TRIBUNAL DEBERÁ PREVIAMENTE CONSTATAR EL DERECHO QUE TIENE EL PARTICULAR, ADEMÁS DE LA ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. HECHA EXCEPCIÓN DE LO DISPUESTO EN FRACCIÓN XIII, APARTADO B, DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL, RESPECTO DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, LOS PERITOS Y LOS MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES DE LA FEDERACIÓN, QUE HUBIESEN PROMOVIDO EL JUICIO O MEDIO DE DEFENSA EN EL QUE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESUELVA QUE LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE, DESTITUCIÓN O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO FUE INJUSTIFICADA; CASOS EN LOS QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA SÓLO ESTARÁ OBLIGADA A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN Y DEMÁS PRESTACIONES A QUE TENGAN DERECHO, SIN QUE EN NINGÚN CASO PROCEDA LA REINCORPORACIÓN AL SERVICIO.
Dispositivo, el primero, en el que se establece la posibilidad de que las autoridades hacendarias motiven sus resoluciones en expedientes o documentos proporcionados por diversas autoridades, y en orden de lo cual deberán otorgar a los contribuyentes destinatarios plazo de quince días para manifestar al respecto lo que a su derecho convenga. Y por su lado, el artículo 50 norma la legalidad como primer y fundamental requisito de las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en sujeción lógicamente a los citados derechos fundamentales y humanos de seguridad jurídica atinentes al debido proceso legal, debida fundamentación y motivación, acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Ahora bien, en la sentencia reclamada se contravino abiertamente los apuntados artículos al momento en que la responsable resolvió infundada nuestra denuncia de ilegalidad por no habernos otorgado la hacendaria el plazo de 15 días que en nuestro favor preveía el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, violentándose así y sin lugar a dudas tal precepto, y por axioma los derechos fundamentales de seguridad jurídica.
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Enseguida inserción de nuestra demanda:
V. ILEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN LIQUIDATORIA, 500-02-02-2011-7405 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2011, EN VIRTUD DE QUE LA AUTORIDAD DEMANDADA DEJÓ A MI MANDANTE EN ESTADO DE INDEFENSION AL NO NOTIFICARLE COPIA DE LOS REQUERIMIENTOS FORMULADOS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, NI TAMPOCO NOTIFICARLE COPIA DE LOS OFICIOS CON LOS CUALES RESPONDIÓ ESTE INSTITUTO RESPONDIO LOS REQUERIMIENTOS DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. QUINTO. La resolución contenida en el oficio número 500-53-02-02-2011-7405, de fecha 28 de octubre de 2011, emitida por la Administración Local de Auditoria Fiscal de Saltillo, con sede en Saltillo, Coahuila, actualiza la causal de ilegalidad contenida en el artículo 51, fracciones III y IV de la Ley Federal de Procedimiento Contenciosos Administrativo, en relación con lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, y lo dispuesto por los artículo 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que la autoridad demandada cometió vicios durante el procedimiento que afectaron las defensas de mi mandante y trascendieron al sentido de la resolución impugnada, toda vez que la autoridad demandada fundo y motivo la resolución impugnada en los datos conocidos a través de requerimiento formulados al Instituto Mexicano del Seguro Social, así como los oficios emitidos por dicho instituto en respuesta a los requerimientos de la autoridad demandada, sin que se haya notificado a mi mandante copia alguna de dichos requerimientos y de los
oficios emitidos en respuesta, y sin que tampoco se le hubiera otorgado el plazo legal de 15 días para manifestar lo que a su derecho conviniera, violando con ello la garantía de audiencia de mi mandante, regulada en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. En efecto, en el caso concreto el Instituto Mexicano del Seguro Social emitió los oficios 05031267910014375{10 de fecha 19 de noviembre de 2010 y 050312679200/EXP0/6089/10 de fecha 19 de noviembre de 2010, a través de los cuales dio respuesta al requerimiento de información realizado por la autoridad demandada a través del oficio 500-53-02-02-2010-7310 de fecha 11 de noviembre de 2010, sin embargo ninguno de dichos oficios fue notificado a mi mandante, violando con ello la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos así como lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación. Lo anterior es así, ya que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, si bien es cierto que las autoridades demandadas podrán motivar sus resoluciones de conformidad con los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en el propio Código Fiscal de la Federación, o en las leyes fiscales, o que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así como aquellos proporcionados por otras autoridades, también es cierto que dicha facultad está reglada en el sentido de que en atención a la garantía de audiencia que todo particular goza de acuerdo a nuestra Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades deberán otorgar al contribuyente afectado un plazo de 15 días para manifestar lo que a su derecho convenga, plazo contado a partir de que se le den a conocer tales expedientes o documentos. Lo anterior, se advierte de la siguiente transcripción de lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación:
Artículo 63. Los hechos que se conozcan con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación previstas en este Código o en las leyes fiscales, o bien que consten en los expedientes, documentos o bases de datos que lleven, tengan acceso o en su poder las autoridades fiscales, así corno aquéllos proporcionados por otras autoridades, podrán servir para motivar las resoluciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de cualquier otra autoridad u organismo descentralizado competente en materia de contribuciones federales. Cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades fiscales conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de 15 días, Contado a partir de la fecha en la que se le den a conocer tales expedientes o documentos,
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para manifestar por su escrito lo que a su derecho convenga, lo cual formara parte del expediente administrativo correspondiente.
En efecto, de la interpretación a lo dispuesto en el primero y segundo párrafos del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, los datos proporcionados por otras autoridades a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, podrán servir para motivar las resoluciones de dicha secretaria, sin embargo, tal situación está condicionada al hecho de que se notifique al contribuyente copia de los actos en los que consten los hechos y datos proporcionados por otras autoridades de la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, para que dicho contribuyente manifieste lo que a su derecho convenga en un plazo de 15 días contados a partir de que se le notificaron a dichos actos. En ese sentido, podrá advertir a esa H. Sala Fiscal de la lectura a la última acta parcial de visita domiciliaria que durante el levantamiento de esta diligencia, la autoridad demandada supuestamente proporcionó a mi mandante (sin constituir una notificación), la copia de los siguientes documentos relacionados con los requerimientos formulados al Instituto Mexicano del Seguro Social y los oficios emitidos por este instituto en respuesta a los requerimientos formulados por la autoridad demandada, en relación con el registro patronal y las liquidaciones de cuotas obrero patronales del ejercicio fiscal de 2009 de mi mandante:
“1.- Oficio número 500-53-02-02-2010-7310 de fecha 11 de noviembre de 2010 emitido por la Administración Local de Auditoria Fiscal de Saltillo. 2.- Oficio05031267910014375/10 de fecha 16 de noviembre de 2010. 3.- Formato denominado “AVISO DE INSCRIPCIÓN PATRONAL O DE MODIFICACIÓN EN SU REGISTRO”, con número de registro patronal A36 48314 10-4. 4.- Oficio 0503126792001EP016089110de fecha 19 de noviembre de 2010. 5.- Impresión de Consulta de liquidaciones emitidas E.M.A. en CD por los periodos del 0112009 al 12/2009 con registro patronal A36 48314 10-4”
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No obstante lo anterior, no se notificó copia de dichos documentos a mí mandante, en los términos establecidos en los artículos 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación, sino que únicamente durante el levantamiento de la última acta parcial supuestamente se entregó una copia
de los mismos, pero no otorgó el plazo legal de 15 días establecido en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, para que mi mandante manifestara lo que en derecho correspondiera, por lo que no se cumplió la condición para que la demanda motivara su resolución en los hechos y datos, proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social. En virtud de lo anterior, la actuación de la autoridad demandada, viola la garantía de audiencia de mi mandante, contemplada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, ya que a pesar de que requirió diversa información al Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con la situación jurídica de mi mandante frente a dicho instituto, estando vinculados en todo momento con la esfera jurídica de mi mandante, no se le dieron a conocer dichas actuaciones sino hasta la última acta parcial
de visita domiciliaria, y además sin que ningún momento se le otorgara a mi mandante el plazo legal de 15 para manifestar lo que a su derecho convenía, dejando a mi mandante en pleno estado de indefensión. Incluso, desde este momento se niega lisa y llanamente en términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, que se hubiera notificado a mi mandante la copia del oficio 500-53-02-02-2010-7310 de fecha 11 de noviembre de 2010, emitido por la Administración Local de Auditoria Fiscal de Saltillo, ni tampoco copia de los oficios 05031279100/4375/10 de fecha 16 de noviembre de 2010 y 050312679200/EP0/6089/10 de fecha 19 de noviembre de 2010 emitidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Además de lo anterior, cabe hacer notar a esa H. Sala Fiscal, que en ninguna parte de la última acta parcial de visita domiciliaria instaurada a mi mandante, en la cual la autoridad demandada supuestamente entregó una copia simple de los oficios de requerimiento al Instituto Mexicano del Seguro Social y los oficios emitidos por este instituto en respuesta a los requerimientos (sin que ello se considere una notificación, ya que no se
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cumplen los requisitos previstos en los artículos 134 a 137 del Código Fiscal de la Federación), se advierte que la autoridad demandada esté otorgando a mi mandante el plazo legal de 15 días, en términos del segundo párrafo del artículo 63 del código Fiscal de la Federación, para manifestarse respecto a los datos aportados a la autoridad demandada por parte del Instituto
Mexicano del Seguro Social, siendo que dicho plazo legal de 15 días es independiente del que conforme al artículo 46 del Código Fiscal de la Federación se otorgó a mi mandante respecto de las observaciones de la última acta parcial.
Asimismo, es pertinente señalar que aun cuando la autoridad intentara excepcionarse en que mi mandante tuvo momentos para desvirtuar los datos conocidos de los requerimientos formulados al Instituto Mexicano del Seguro Social, ello sería insuficiente, pues lo cierto es que la autoridad violó el procedimiento establecido en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, y dicha violación trascendió al fondo de la resolución impugnada, ya que con base en los datos proporcionados por el referido instituto, la demandada motivó la resolución determinante del crédito fiscal que en esta vía se impugna, por lo que esta liquidación es completamente ilegal al estar motivada en datos conocidos de acuerdo a procedimientos viciados. En virtud de todo lo anterior, es claro que la Administración Local de Auditoria Fiscal de Saltillo, violó la garantía de audiencia de mi mandante, regulada en este caso, en el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, por lo que es precedente que esa H. Sala Fiscal declare la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 52 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Lo que la responsable, después de una serie de argumentos fútiles resuelve infundado concluyendo:
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QUINTO.- En los agravios CUARTO y QUINTO del escrito de demanda, mismos que se analizan de manera conjunta por la íntima relación que guardan entre sí, la parte actora hizo valer lo siguiente:
(…) A juicio de los Magistrados que integran esta Sala Juzgadora, los agravios
en estudio devienen infundados e insuficientes para lograr desvirtuar la legalidad de la resolución impugnada, acorde a las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen.
(…) En razón de lo anterior, aún y cuando es cierto que la autoridad
demandada no efectuó en estricto sentido el procedimiento previsto por el segundo párrafo del artículo 63 Código Fiscal de la Federación, esto es, que le concediera al actor el término de quince días para manifestar por escrito lo que a su derecho conviniera, también lo es que ello no le causa perjuicio alguno al demandante, pues la autoridad demandada como ya se analizó, sí le concedió un plazo mayor, esto es, de veinte días para que desvirtuara los hechos u omisiones que le fueron dados a conocer junto con el acta última parcial, dentro de los cuales se encuentra la información proporcionada por el Instituto Mexicano del Seguro Social, ello acorde a lo previsto por el artículo 46, fracción IV del Código Fiscal de la Federación, que es el que prevé el procedimiento específico que debe seguir la autoridad demandada al desarrollar una visita domiciliaria, de ahí lo infundado del agravio hecho valer por la parte actora en ese sentido.
Lo que, como ya se adelantó resulta violatorio de los artículos 1º en sus párrafos uno, dos y tres, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8º punto 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 63 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Esto porque como ya se dijo, acorde con el artículo 63 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, cuando otras autoridades proporcionen expedientes o documentos a las autoridades hacendarias, que sirvan para motivar sus resoluciones, estas últimas deberán conceder a los contribuyentes un plazo de quince días, contado a partir de la fecha en la que les den a conocer tales expedientes o documentos, para que manifiesten por escrito lo que a su derecho convenga.
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Y ello, contrariamente a lo que dedujo la responsable, no puede tenerse por satisfecho al amparo de lo que dispone el artículo 46 fracción IV del propio Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que la autoridad hacendaria en el desarrollo de la visita conoció de supuestos hechos u omisiones que entrañaban incumplimiento de las disposiciones fiscales, y consignados que fueron en la última acta parcial otorgo a la agraviada plazo para presentar los documentos, libros o registros para desvirtuar; textual: “Cuando en el desarrollo de una visita las autoridades fiscales conozcan hechos u omisiones que puedan entrañar incumplimiento de las disposiciones fiscales, los consignarán en forma circunstanciada en actas parciales. También se consignarán en dichas actas los hechos u omisiones que se conozcan de terceros. En la última acta parcial que al efecto se levante se hará mención expresa de tal circunstancia y entre ésta y el acta final, deberán transcurrir, cuando menos veinte días, durante los cuales el contribuyente podrá presentar los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones, así como optar por corregir su situación fiscal. Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso dentro del plazo inicial de veinte días.” Lo último lo sostenemos en función de que los preceptos en cuestión regulan dos hipótesis distintas, que desprenden derechos también diversos para el contribuyente afecto, y por ende debe dárseles tratamiento independiente aun y cuando se configuren ambas hipótesis en el desarrollo de una visita domiciliaria. Es así dado que si bien es cierto ambos dispositivos atienden al derecho fundamental de seguridad jurídica de debido proceso, desdoblado en audiencia, también lo es que uno y otro son de naturaleza, alcances y efectos distintos, y por axioma, se repite, contemplan derechos diversos para el contribuyente, que como tales deben de otorgársele y respetársele en lo individual. Baste para demostrar lo anterior el remitirnos al contenido de las disposiciones en cuestión, de donde desprende fácilmente que el artículo 63 contempla la posibilidad de que en el plazo de 15 días el contribuyente manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, es decir, cualquier tipo de argumento sin limitación de carácter alguno sea jurídico, factico, fiscal o contable, en torno a los expedientes o documentos proporcionados por diversas autoridades que sirvan de motivo a las resoluciones que les sean emitidas por la autoridad fiscal; en tanto que la fracción IV del artículo 46, si bien es cierto prevé un plazo más amplio de cuando menos 20 días, también lo es que este no permite manifestaciones sino que limita al contribuyente a la presentación de documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones (incluidos los que involucren a terceros) que sean conocidos en el desarrollo de la visita domiciliaria, consignados que sean acta ultima parcial.
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Luego entonces, aun y cuando las hipótesis de los artículos en cuestión pueden darse ambas en el desarrollo de una visita domiciliaria, como sucedió en el caso en concreto, NO puede subsumirse el primer término de 15 días del artículo 63 al de 20 días del artículo 46 fracción IV, y considerarse así respetados nuestros derechos, como indebidamente lo resolvió la responsable, ya que en el primero de los supuestos se nos otorga el derecho para manifestar por escrito incluso cuestiones de orden jurídico en torno a los documentos proporcionados por diversas autoridades, como lo sería por ejemplo su ilegalidad de forma o fondo, y ello formará parte del expediente administrativo para el momento de su resolución, e incluso podrá hacerse valer en un medio de defensa posterior; y por su lado, el segundo no permite tales manifestaciones de ilegalidad, ni de ninguna otra, sino que acota el derecho del contribuyente a la presentación de documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones que se le imputan, es decir, probar cuestiones meramente fiscales o contables. De donde queda pues en claro que efectivamente como nos dolimos ante la responsable, se violentó en nuestro perjuicio el derecho que nos otorgaba el segundo párrafo del artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, pues lo legal hubiese sido que la hacendaria de forma expresa nos otorgara el plazo de 15 días de este dispositivo con todos los efectos y alcances a que se contrae, que sin duda podía iniciar y correr en paralelo al de 20 días del 46 fracción IV, también con sus propios efectos y alcances. Y sin embargo, no fue así, y no obstante la responsable lo soslaya incluso reconociendo de forma expresa en el fallo impugnado: “(…) aún y cuando es cierto que la autoridad demandada no efectuó en estricto sentido el procedimiento previsto por el segundo párrafo del artículo 63 Código Fiscal de la Federación, esto es, que le concediera al actor el término de quince días para manifestar por escrito lo que a su derecho conviniera, (…)”; ello sostiene porque que no nos: “(…) causa perjuicio alguno al demandante, pues la autoridad demandada como ya se analizó, sí le concedió un plazo mayor, esto es, de veinte días para que desvirtuara los hechos u omisiones que le fueron dados a conocer junto con el acta última parcial, (…)”. Lo que según quedo demostrado es del todo contrario a la ley, por cuanto que la responsable deduce que obtuvimos un mayor plazo, cuando que los dos plazos el de 15 y el de 20 días son nuestros por legítimo derecho, y por ningún motivo debieron de sernos limitados, ya que tal y como fue explicado con antelación, aun y cuando pueden iniciar y correr al mismo tiempo, uno y otro tienen diversos alcances y efectos, y por ende debieron de ser otorgados ambos en función de una correcta interpretación y aplicación de los artículos 63 segundo párrafo y 46 fracción IV del Código Fiscal de la Federación.
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Interpretación y aplicación que no puede deducirse de forma distinta a como lo manifestamos, ya que como bien lo saben Ustedes CC. Magistrados, el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estatuye un sistema de interpretación al marco positivo mexicano e internacional aplicable bajo el principio pro persona, es decir, de interpretación más favorable al justiciable en orden de evitar que se le genere incertidumbre, inseguridad o indefensión. Así las cosa, configura sin duda la ilegalidad de que nos dolimos en la demanda, siendo pues procedentes y fundadas nuestras pretensiones de nulidad lisa y llana por violación franca al artículo 63 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, ya que el vicio trascendió al fondo de la resolución impugnada en el juicio origen puesto que con base en los documentos proporcionados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (respecto de los que no se nos otorgó plazo para manifestar lo que a derecho conviniera) la autoridad hacendaria motivó la emisión del crédito fiscal, razón por la que la liquidación es completamente irregular al estar motivada en datos conocidos bajo procedimientos viciados. Es así, que demostrados insuficientes los razonamientos de la responsable permanece intocado nuestro concepto de impugnación de la demanda, mismo que es del todo procedente y fundado para lograr la nulidad lisa y llana que de origen se pretende en los términos de los artículos 51 fracción IV y 52 fracción II de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. En conclusión, se desprende, tal y como nos venimos doliendo, una franca transgresión a lo tutelado en los artículos 1º en sus párrafos uno, dos y tres, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como al 8º punto 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con lo regulado por los diversos 63 segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación, y 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; quedando en claro que el fallo que se impugna, sin posibilidad de añadir más énfasis en este aserto, se encuentra viciado a grado tal de haberse afectado nuestros bienes y derechos, intereses y defensas, razón por la que ese Tribunal Colegiado debe otorgarnos el amparo y la protección de la justicia federal.
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LITIS ABIERTA
53- C.- Con relación a las facultades de comprobación previstas en el
artículo 42, fracciones II, III y IX de este Código, las autoridades fiscales
podrán revisar uno o más rubros o conceptos específicos, correspondientes,
a una o más contribuciones o aprovechamientos, que no se hayan revisado
anteriormente, sin más limitación que lo que dispone el artículo 67 de este
Código.
Cuando se comprueben hechos diferentes la autoridad fiscal podrá volver a
revisar los mismos rubros o conceptos específicos de una contribución o
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aprovechamiento por el mismo periodo y en su caso, determinara
contribuciones o aprovechamientos omitidos que deriven de dichos hechos.
La comprobación de hechos diferentes deberá estar sustentada en
información, datos o documentos de terceros; en los datos aportados por los
particulares en las declaraciones complementarias que se presenten, o en la
documentación aportada por los contribuyentes en los mismos de defensa
que promuevan y que no hubieran sido exhibidas ante las autoridades
fiscales durante el ejercicio de las facultades de comprobación previstas en
las disposiciones fiscales, a menos que en este último supuesto la autoridad
no haya objetado de falso el documento en el medio de defensa
correspondiente pudiendo haberlo hecho o bien, cuando habiéndolo
objetado, el incidente respectivo haya sido declarado improcedente.
ILEGALIDAD MULTAS PROFECO
SEGUNDO. ILEGALIDAD POR VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 1º PÁRRAFOS UNO,
DOS Y TRES, 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, Y 8º PUNTO 1 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE
DERECHOS HUMANOS.
Para demostrar lo anterior en principio la denuncia de nuestro recurso de revisión en
torno a la ilegal multa que nos fue impuesta por la PROFECO:
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“(…) se agrega que en esta NO se precisa dispositivo legal ni reglamentario
que contemple infracción alguna, ya que tan solo se invocan preceptos que
regulan obligaciones de forma y fondo de los proveedores, y aquellos que
cuantifican la sanción de forma económica, más NO el que tipifique
conductas de hacer o no hacer como infracciones.
Reclamo que se repitió en misma simpleza, pero irrefutable certeza, en la demanda
inicial, textual:
Así las cosas, se configuran vicios que generan la ineficacia jurídica de la
resolución en origen recurrida por NO ajustarse a lo exigido en los citados
artículos 1° párrafos uno, dos y tres, y 16 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como 3º fracciones IV y V de la Ley Federal
de Procedimiento Administrativo; y máxime si se agrega que NO se precisa
dispositivo legal ni reglamentario que contemple infracción alguna, ya que
tan solo se invocan preceptos que regulan obligaciones de forma y fondo de
los proveedores, y aquellos que cuantifican la sanción de forma económica,
más NO el que tipifique conductas de hacer o no hacer como infracciones; y
por ende, se revela la ilegalidad de la resolución negativa ficta impugnada al
trascenderle tan evidentes irregularidades.
A lo que la contraria en el oficio de contestación de demanda infundadamente aduce:
CONTESTACIÓN DE CAPÍTULO DE CONCEPTOS DE IMPUGNACIÓN
(…)
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SEGUNDO.- Establece la ilegalidad por violación a los artículos 1° párrafos
Uno, dos y tres, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, toda vez que es inconstitucional la resolución determinante de la
multa originalmente recurrida en recurso de revisión, por indebida
fundamentación y motivación, y que no precisa el dispositivo reglamentario
que contempla la infracción, (…).
Sus manifestaciones son infundadas todas vez que son simples
manifestaciones carentes de valor jurídico, toda vez que la parte actora
pierde de vista que para emitir la resolución administrativa de fecha
veinticinco de junio de dos mil catorce, es obligación de la autoridad
tomar en consideración lo previsto en el artículo 131 de la Ley Federal de
Protección al Consumidor, que establece que las sanciones por infracciones
a esta Ley y sus disposiciones derivadas de ellas, se impondrán
indistintamente en base a las actas levantadas y a los datos comprobados
que aporten las denuncias de los consumidores aunado a los derechos
constancias y demás elementos de juicio que obran en el expediente
administrativo, así como del análisis de la reclamación de la parte
consumidora, como los argumentos esgrimidos de la parte proveedora,
determinándose así la transgresión a la Ley de la materia la cual solicito se
tenga por inscrita y reproducida a la letra en obvio de innecesarias
repeticiones.
Por lo tanto, la autoridad motivó y fundó debidamente la infracción atribuida
a la contraria, (…)
De la reproducción anterior, se desprende que el hoy accionante, no acreditó
de manera fehaciente e indubitable que hubiese cumplido con sus
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obligaciones con la parte consumidora, ya que no entregó el bien inmueble,
infringiendo con dicha conducta omisa lo dispuesto por el artículo 7 de la
Ley Federal de Procedimiento al Consumidor, en virtud de que todo
proveedor está obligado a informar y respetar los precios, tarifas, garantías,
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXXIII, Mayo de 2011
Materia(s): Administrativa
Tesis: I.1o.(I Región) 4 A
Página: 1039
AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 19, CUARTO PÁRRAFO, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. PUEDE RECIBIR NOTIFICACIONES,
OFRECER Y RENDIR PRUEBAS Y PRESENTAR PROMOCIONES,
EXCLUSIVAMENTE EN SEDE ADMINISTRATIVA.
El artículo 19 del Código Fiscal de la Federación establece en su
primer párrafo que en ningún trámite administrativo se admitirá la
gestión de negocios, y que la representación de las personas físicas o
morales ante las autoridades se acreditará con escritura pública o
carta poder firmada ante dos testigos y ratificadas las firmas
respectivas ante las autoridades fiscales, notario o fedatario público.
Por su parte, en su cuarto acápite permite a los particulares o a sus
representantes autorizar por escrito a personas para que en su
nombre reciban notificaciones, las cuales podrán ofrecer y rendir
pruebas y presentar promociones relacionadas con esos propósitos.
Así, dicha autorización debe entenderse literalmente, es decir, para
que el autorizado realice los actos señalados exclusivamente en sede
administrativa, pues al no admitir el citado precepto la gestión de
negocios, la autorización se circunscribe al procedimiento ante las
autoridades hacendarias, tan es así que el artículo 15, fracción II, de
la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
establece que el demandante deberá adjuntar a su escrito inicial el
documento que acredite su personalidad o en el que conste que le
fue reconocida por la autoridad demandada, o bien, señalar los
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datos de registro del documento con el que esté acreditada ante el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, cuando no
gestione en nombre propio.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE
LA PRIMERA REGIÓN.
Amparo directo 1165/2010. Juan Cipriano René Corral Guerrero. 3 de
febrero de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Villeda
Ayala. Secretario: Fernando Manuel Carbajal Hernández.
Época: Novena Época
Registro: 184020
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XVII, Junio de 2003
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: 2a. LXXXIV/2003
Página: 302
REPRESENTACIÓN ANTE AUTORIDADES FISCALES. EL ARTÍCULO 19 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS
PARA SU VALIDEZ, NO VULNERA NI RESTRINGE LA SOBERANÍA Y
AUTONOMÍA DE LOS ESTADOS, NI TRANSGREDE LO DISPUESTO POR EL
ARTÍCULO 121 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.
De lo dispuesto en el precepto constitucional aludido, se desprende
que la obligación que prevé, consistente en que en cada Estado de
la Federación se dará entera fe y crédito de los actos públicos,
registros y procedimientos judiciales de las demás entidades
federativas, se impone únicamente a los Estados miembros de la
Federación, lo que implica que dichos actos, registros y
procedimientos de un Estado tendrán validez en los otros, siempre y
cuando se ajusten a las leyes de la entidad en la que se realicen; sin
embargo, en lo tocante al orden normativo federal no rige ese
imperativo constitucional, por lo que no podría estarse a lo regulado
en la legislación de cada Estado, esto es, cuando se trata de una
materia reservada a la Federación, debe atenderse al orden
normativo federal y aplicarse las reglas, requisitos y formalidades
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previstos en la ley especial respectiva, con independencia de la
legislación establecida en los Estados en las materias reservadas a
éstos, que rige en lo concerniente a su régimen interior, aun cuando
ambos tipos de normatividad coexistan. En consecuencia, el artículo
19 del Código Fiscal de la Federación, al establecer los requisitos para
que sea válida la representación de las personas físicas y morales
ante las autoridades fiscales, no vulnera o restringe la soberanía y
autonomía de los Estados, ni transgrede lo dispuesto por el referido
artículo 121 constitucional, ya que se trata de una materia que le
corresponde en exclusiva a la Federación, máxime que dicho
precepto legal no priva de competencia a los Congresos Locales
para crear su propio orden jurídico, ni incide en su facultad para
legislar en las materias no reservadas expresamente a la Federación.
Amparo directo en revisión 230/2003. Thedal Internacional, S.A. de
C.V. 9 de mayo de 2003. Cinco votos. Ponente: Genaro David
Góngora Pimentel. Secretaria: Marcia Nava Aguilar.
A su vez se designa domicilio para efectos de oír y recibir
notificaciones en la instancia el ubicado en calle Trapani, número
4714-A, Plaza Palermo, colonia Palermo Residencial, código postal
80104, de esta ciudad de Culiacán estado de Sinaloa.
Precisada la anterior designación se prosigue con la exposición de los
criterios relativos a los autorizados en el recurso que nos ocupa:
Época: Novena Época
Registro: 172975
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXV, Marzo de 2007
Materia(s): Común
Tesis: I.7o.C.44 K
Página: 1729
NOTIFICACIONES. EL AUTORIZADO PARA RECIBIR Y OÍR LAS DE UNO DE
SUS REPRESENTADOS, NO PUEDE IGNORAR LO NOTIFICADO RESPECTO
DE LOS DEMÁS.
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No es legalmente posible que el autorizado para recibir notificaciones
desconozca respecto de uno de sus representados lo que conoció en
su calidad de autorizado de otro de ellos, pues no es lógico ni
humanamente posible, que una persona pueda dividirse de modo
que conozca de una resolución judicial en virtud de una notificación
dirigida a uno de sus autorizados, y la ignore respecto de otros.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.
Amparo en revisión 49/2007. Natalia Fernández Jiménez. 28 de febrero
de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Ernesto Saloma
Vera. Secretaria: Liliana del Rosario Varela Estrada.
Época: Novena Época
Registro: 177697
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo XXII, Agosto de 2005
Materia(s): Administrativa
Tesis: VI.3o.A.228 A
Página: 1825
AUTORIZADOS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES
OBLIGACIÓN DEL MAGISTRADO INSTRUCTOR PRONUNCIARSE RESPECTO
DE LA ACREDITACIÓN DE LOS PROFESIONISTAS NOMBRADOS POR EL
ACTOR EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 200, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN DESDE EL AUTO DE PREVENCIÓN.
La autoridad jurisdiccional, atento al principio de exhaustividad, está
constreñida a proveer de manera completa todo lo que se le solicita,
por lo que desde el primer auto que dicta, aunque sea de
prevención, debe proveer sobre el domicilio señalado para oír y
recibir notificaciones y sobre los profesionistas autorizados en términos
del último párrafo del artículo 200 del Código Fiscal de la Federación,
para que precisamente en ese domicilio y con esas personas pueda
entenderse el requerimiento de ley y, en su caso, sean los autorizados
por voluntad del actor quienes puedan cumplir con lo solicitado por
el Magistrado instructor; de no ser así, esto es, no proveer sobre esta
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situación previamente a tener por cumplido o no, el requerimiento, se
presenta una trampa procesal consistente en no acordar sobre la
autorización de mérito, desde el primer proveído que se dictó por el
Magistrado instructor, pues es carga procesal de ésta y no del
gobernado acordar sobre la petición de los autorizados, de tal
manera que no le es imputable a este último la omisión de aquél,
toda vez que no se advierte motivo legal para posponer acordar
sobre la petición de los autorizados porque todavía no se ha admitido
la demanda, ya que no existe dispositivo legal que así lo establezca.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO
CIRCUITO.
Amparo directo 106/2005. Félix García Pérez. 12 de mayo de 2005.
Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Rojas Fonseca. Secretario:
Raúl Andrade Osorio.
VII-CASR-8ME-23
AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.- NO PUEDE
FORMULAR LA AMPLIACIÓN A LA DEMANDA.- De la lectura integral
efectuada al artículo 5 de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo se desprende que las facultades
establecidas para los autorizados son de carácter limitativo, ya que
las mismas se encuentran específicamente señaladas, esto es, recibir
notificaciones, hacer promociones de trámite, rendir pruebas,
presentar alegatos e interponer recursos; y por ello, las personas
autorizadas en términos del artículo 5 de la ley en comento, no
cuentan con la facultad de promover demanda de nulidad o la
ampliación de la misma, entendiéndose que esta última es una
extensión de la primera donde se exponen los conceptos de
impugnación que combaten la resolución impugnada y en su caso
una resolución negativa ficta, cuando se dé a conocer el acto
principal del que derive la resolución impugnada con su notificación y
se den a conocer en la contestación de demanda, o cuando se den
a conocer cuestiones que no sean conocidas por el actor al
presentar su escrito de demanda, o la autoridad plantee el
sobreseimiento del juicio por extemporaneidad en la presentación de
la demanda, de acuerdo a lo previsto por el artículo 17 de la Ley
Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, situaciones las
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anteriores que no deben confundirse con las promociones de trámite.
En efecto, tanto la demanda como su ampliación deben contar con
la firma autógrafa del enjuiciante, o en su caso, de su representante
legal, la cual no puede ser sustituida por aquellos autorizados para
atender procesalmente el juicio, toda vez que los autorizados,
aunque sean en términos amplios tienen facultades únicamente para
realizar actos posteriores a la promoción del juicio o de su ampliación,
es decir, las que son ajenas a cuestiones que deban provenir
directamente de la voluntad del interesado e influyen en la
configuración de la litis, como es el señalamiento de nuevas
autoridades y actos impugnados, así como la formulación de
conceptos de impugnación.
Recurso de Reclamación Núm. 23950/12-17-08-11.- Resuelto por la
Octava Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, el 7 de mayo de 2014, por unanimidad de
votos.- Magistrado Instructor: Rafael Ibarra Gil.- Secretaria: Lic. Sandra
Janet Hernández Chávez.
R.T.F.J.F.A. Séptima Época. Año V. No. 45. Abril 2015. p. 191
QUINTO. Decretándose de conformidad respecto a la solicitud de suspensión.
Sirve de apoyo al presente petitorio las siguientes tesis que se insertan:
Época: Novena Época
Registro: 160060
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tipo de Tesis: Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Libro IX, Junio de 2012, Tomo 2
Materia(s): Administrativa
Tesis: II.1o.A.173 A (9a.)
Página: 906
RECURSO DE REVOCACIÓN. CUANDO EL CONTRIBUYENTE ACREDITE
HABERLO INTERPUESTO EN TIEMPO Y FORMA, LA AUTORIDAD
SUSPENDERÁ EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN,
ATENTO AL DERECHO PREVISTO EN FAVOR DE AQUÉL EN EL ARTÍCULO
144 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
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Si bien es cierto que conforme al artículo 127 del Código Fiscal de la
Federación y a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 18/2009, publicada
en la página 451 del Tomo XXIX, marzo de 2009, del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro:
"PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. POR REGLA
GENERAL, LAS VIOLACIONES COMETIDAS ANTES DEL REMATE SON
IMPUGNABLES MEDIANTE EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
HASTA QUE SE PUBLIQUE LA CONVOCATORIA RESPECTIVA, ACORDE
CON EL ARTÍCULO 127, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006.", las
violaciones cometidas en el procedimiento administrativo de
ejecución sólo podrán impugnarse hasta que se publique la
convocatoria de remate, también lo es que el artículo 144 del citado
código prevé un derecho en favor del contribuyente para que la
autoridad hacendaria no inicie ese procedimiento, cuando acredite
que interpuso el recurso de revocación. En otras palabras, un crédito
fiscal no podrá ejecutarse dentro del plazo de cuarenta y cinco días
contados a partir de su notificación, si antes de concluir el
contribuyente interpone el mencionado medio de impugnación en
tiempo y forma, pues a partir de que lo haga, puede garantizar el
interés fiscal dentro del plazo de cinco meses siguientes, lo que
conlleva a que en ese lapso la autoridad suspenda el procedimiento
administrativo de ejecución.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEGUNDO CIRCUITO.
Revisión fiscal 82/2010. Administrador Local Jurídico de Naucalpan,
unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Jefe del Servicio de
Administración Tributaria y de la autoridad demandada. 10 de junio
de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Julia María del Carmen
García González. Secretaria: Amanda Jiménez Vargas.
Época: Novena Época
Registro: 200282
Instancia: Pleno
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Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo II, Octubre de 1995
Materia(s): Constitucional, Administrativa
Tesis: P./J. 30/95
Página: 41
GARANTIA DEL INTERES FISCAL. EL ARTICULO 144 DEL CODIGO FISCAL
DE LA FEDERACION, VIGENTE A PARTIR DE 1991, NO VIOLA EL ARTICULO
13 CONSTITUCIONAL AL ESTABLECER DIVERSOS PLAZOS.
El artículo 144 del Código Fiscal de la Federación vigente a partir de
1991, establece el plazo de cuarenta y cinco días siguientes a la
fecha en que surta efectos la notificación del acto que determine un
crédito fiscal para que el contribuyente garantice el interés fiscal
cuando se impugna aquél a través del juicio de nulidad, y el plazo de
cinco meses cuando se opte por agotar el recurso de revocación.
Este precepto legal no viola el artículo 13 constitucional, puesto que
su aplicación es para un número ilimitado e indefinido de personas y
para todos los casos indeterminados que se encuentren
comprendidos en su texto, esto es, que la norma se aplica a todos los
contribuyentes en general sin distingo alguno, mientras esté vigente, y
su validez no se extingue después de aplicarse a un caso concreto y
determinado.
Amparo en revisión 618/92. Compañía Distribuidora de Regalos, S.A.
12 de agosto de 1993. Unanimidad de quince votos. Ponente:
Clementina Gil de Lester. Secretario: Francisco de Jesús Arreola
Chávez.
Amparo en revisión 913/92. Servicios Felusa, S.A. 17 de agosto de 1993.
Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
Amparo en revisión 1035/92. Plaza Omni, S.A. 21 de septiembre de
1994. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: José Antonio Llanos
Duarte. Secretario: José Manuel Arballo Flores.
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Amparo en revisión 1242/93. Industrial Kino, S.A. de C.V. 22 de mayo
de 1995. Unanimidad de nueve votos. Ponente: Juan Díaz Romero.
Secretario: Manuel Suárez Fragoso.
Amparo en revisión 1864/93. Metales y Troquelados de México, S.A. de
C.V. 11 de julio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan
Díaz Romero. Secretario: Manuel Suárez Fragoso.
El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el dieciséis de
octubre en curso, por unanimidad de once votos de los ministros:
presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre
Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan
Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño
Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga
María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número
30/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó
que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla.
México, Distrito Federal, a dieciséis de octubre de mil novecientos
noventa y cinco.
V-TASR-XVI-2472
CRÉDITO FISCAL. ES EXIGIBLE AL VENCER EL PLAZO DE CINCO MESES
DESPUÉS DE INTERPUESTO EL RECURSO DE REVOCACIÓN, NO OBSTANTE
QUE NO SE HUBIERE RESUELTO DICHA INSTANCIA.- Los actos propios del
procedimiento administrativo de ejecución constituyen una facultad
otorgada a las autoridades fiscales, para que puedan hacer
efectivos los créditos determinados en su favor y a cargo de los
contribuyentes, como se desprende de los artículos 145, párrafo
primero, 151, párrafo primero y 152, párrafo primero, todos ellos del
Código Fiscal de la Federación, cuando cualquier crédito fiscal se
haya hecho exigible, por ser ésta la única condición determinante
para la instauración del citado procedimiento ejecutivo. No obstante
lo anterior, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 del Código
Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales no pueden exigir el
pago de un crédito fiscal cuando se encuentre conformada garantía
suficiente del interés fiscal, así como tampoco cuando se encuentre
transcurriendo el plazo con el que cuenta el contribuyente deudor,
para impugnar la resolución determinante de tal crédito; siendo que
en el segundo párrafo de tal precepto se establece en forma clara
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que una vez interpuesto en tiempo y forma el recurso de revocación,
el contribuyente cuenta con un plazo de cinco meses para
conformar garantía del interés fiscal, lo cual implica que por parte de
las autoridades exactoras no se pueda instruir el procedimiento
administrativo de ejecución durante ese tiempo, por lo que durante
ese lapso el crédito fiscal no tiene el carácter de obligación exigible.
Ahora bien, una vez transcurridos los cinco meses contados a partir
de la interposición del recurso de revocación, sin que el recurrente
hubiere conformado garantía alguna, la autoridad exactora se
encuentra en posibilidad de instruir el procedimiento administrativo
de ejecución, pues una vez que transcurrió tal plazo el crédito fiscal
es exigible, por tanto, la autoridad se encuentra legitimada para
proceder a su cobro, sin que para ello pueda influir el hecho de que
se hubiere resuelto o no el recurso de revocación, dado que la
extinción del plazo para garantizar no se encuentra sujeto a tal
hecho. (128)
Juicio de Nulidad No. 2284/05-16-01-5.- Resuelto por la Sala Regional
Peninsular del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el 7
de julio de 2006, por unanimidad de votos.- Magistrada Instructora:
Juana Griselda Dávila Ojeda.- Secretario: Lic. Luis Alfonso Marín
Estrada.
R.T.F.J.F.A. Quinta Época. Año VII. Tomo IV. No. 73. Enero 2007. p. 2059
V-TASR-XVI-2227
PLAZO DE CINCO MESES PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL CUANDO
SE INTERPONE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. SE INTERRUMPE CON LA
RESOLUCIÓN DEL MISMO.- Si bien, el segundo párrafo del artículo 144
del Código Fiscal de la Federación, dispone entre otros casos, que
cuando el contribuyente hubiere interpuesto en tiempo y forma el
recurso de revocación, el plazo para garantizar el interés fiscal será
de cinco meses siguientes a partir de la fecha en que se interponga el
referido medio de defensa, debiendo el interesado acreditar ante la
autoridad fiscal que lo interpuso dentro de los cuarenta y cinco días
siguientes a esa fecha, a fin de suspender el procedimiento
administrativo de ejecución. Resulta que de la interpretación a dicho
numeral, se colige que dicha norma obliga a la autoridad a no
ejecutar el crédito por dicho plazo, solamente en tanto se encuentre
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subjúdice el recurso de revocación; por tanto, dicho plazo, debe
entenderse interrumpido en definitiva, en la fecha en que la
autoridad notifique al particular, antes de que el mismo fenezca, la
resolución del recurso que confirma la validez del crédito
controvertido, pues aun cuando dicho numeral no establece tal
situación, a través de la resolución relativa, existe un cambio en la
situación jurídica del particular, teniendo como nuevo acto definitivo
impugnable, la misma resolución del recurso, en contra de la que no
procede de nueva cuenta, el medio de defensa administrativo,
desvinculando la aplicación del referido artículo 144, segundo párrafo
del Código Tributario, lo que torna exigible el crédito fiscal y la
posibilidad de que la autoridad pueda exigir coactivamente su
cobro. (123
SEXTO. Una vez agotadas las etapas de la instancia dictándose acuerdo
resolutivo conforme a lo que en justicia proceda.
Culiacán, Sinaloa
19 de junio de 2015
Para los efectos a que haya lugar, protesto lo necesario
MYRNA ELIZABETH CABANILLAS CARRILLO
Representante Legal
ASS CHINITOS S.A. DE C.V.
AMPARO INDIRECTO TERCERO INTERESADO
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PRESCRIPCIÓN
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ÚNICO. ILEGALIDAD, INCONVENCIONALIDAD E INCONSTITUCIONALIDAD POR
VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 1º PARRAFOS UNO, DOS Y TRES, 14 Y 16 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Y 8º PUNTO 1
DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.
Lo anterior por cuanto que resulta completamente desapegada a derecho la resolución
impugnada a oficio 600-18-2015-0295 de fecha del 29 de mayo de 2015, al haberse
emitido en apreciación equivocada de hechos y pruebas, así como en franca
contravención al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación (vigente en 2005).
Previo a demostrar nuestros asertos, y aunque ya sea del conocimiento de Ustedes CC.
Magistrados, en principio consideramos importante destacar que la figura jurídica de la
prescripción es de naturaleza sustantiva; y a su vez que la disposición que la regula -
146 del Código Fiscal de la Federación- establece una excepción a la carga impositiva
determinada por la autoridad hacendaria, luego entonces es de aplicación estricta en
los términos del artículo 5º primer párrafo del aludido Código Fiscal Federal.
Asimismo hacer notar que la propia actora en el escrito de solicitud de declaratoria de
prescripción del crédito fiscal determinado a oficio BOO.00.03.03.DEP.0016/05 del 18
de abril de 2005, controlado por el Servicio de Administración Tributaria bajo los
números H-306903 y H-306904, cayó en error involuntario al transcribir un articulo 146
del Código Fiscal de la Federación, que NO es el aplicable al caso concreto, por no
tratarse del vigente en el año 2005; mismo yerro del que la autoridad demandada se
hace eco al momento de emitir la ilegal resolución traída a juicio, considerando y
basándose también en dicho dispositivo indebidamente transcrito por la demandante.
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No obstante, en la especie el precepto que regula el cómputo del término y demás
requisitos para la configuración de la prescripción en el caso que nos ocupa lo es
el vigente en el año 2005, y así deberá de ser considerado por esa juzgadora al
momento de emitir sentencia definitiva en la instancia, en conformidad con el
tercer párrafo del artículo 50 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso
Administrativo.
Dicho artículo en el que deberá basar su estudio y resolución esa Sala Regional, a la
letra norma:
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (2005)
146.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco
años.
El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago
pudo ser legalmente exigido y se podrá oponer como excepción en los
recursos administrativos. El término para que se consume la prescripción se
interrumpe con cada gestión de cobro que el acreedor notifique o haga saber
al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito de este respecto de la
existencia del crédito. Se considera gestión de cobro cualquier actuación de
la autoridad dentro del procedimiento administrativo de ejecución, siempre
que se haga del conocimiento del deudor.
Cuando se suspenda el procedimiento administrativo de ejecución en los
términos del artículo 144 de este Código, también se suspenderá el plazo de
la prescripción.
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Asimismo, se interrumpirá el plazo a que se refiere este artículo cuando el
contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el
aviso de cambio de domicilio correspondiente o cuando hubiera señalado de
manera incorrecta su domicilio fiscal.
Los particulares podrán solicitar a la autoridad la declaratoria de prescripción
de los créditos fiscales.
Ahora bien, en relación con nuestra solicitud de declaratoria de prescripción de crédito
fiscal, la autoridad demandada ilegal, inconstitucional e inconvencionalmente, resolvió
de forma medular lo que enseguida se inserta:
De la lectura al artículo antes transcrito, se puede apreciar que el mismo
prevé que el termino de cinco años para que se configure la prescripción,
inicia a partir de que el pago pudo ser legalmente exigible, y así mismo
dispone que dicho termino se interrumpe con cada gestión de cobro o por el
reconocimiento expreso o tácito de este respecto de la existencia del crédito.
En esa tesitura y siguiendo el principio general de derecho que establece
que quien afirma está obligada a probar, se tiene que en la especie, el
solicitante estaba obligado a precisar la fecha en que los créditos de
referencia se hicieron exigibles y de esta manera afirmar que se configuro la
figura jurídica de la prescripción, teniendo la obligación la promovente de
proporcionar elementos objetivos a esta autoridad para realizar el cómputo
del plazo a que se refiere al numeral antes invocado, situación que al no
haber acontecido en el presente caso, imposibilitan a esta Administración de
pronunciarse al respecto.
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Aunado a lo anterior, obran en el expediente abierto en la Administración
Local de Recaudación de Saltillo y que esta autoridad atrae, con fundamento
en el artículo 63 del Código Fiscal de la Federación, antecedentes en los
cuales consta que la contribuyente no fue localizado en el domicilio
manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes, entre las que se
pueden citar las siguientes actas circunstanciadas de hechos diligenciadas
por la autoridad recaudadora en los siguientes términos.
Documento a notificar Acta circunstanciada de
no localización y fecha
400-23-00-01-00-2009-4588
de fecha 06 de octubre de
2009
05 de noviembre de 2009
Mandamiento de Ejecución
ARF2013/310 07 DE
OCTUBRE DE 2013
13 de noviembre de 2013
Mandamiento de Ejecución
ARF2014/795 de fecha 04
de junio de 2014
10 de junio de 2014
De igual manera, se puede constatar que la recurrente interpuso medios de
defensa en contra de los citados créditos fiscales ante esta Administración
Local Jurídica de Saltillo los cuales interrumpen el plazo para que se
configure la prescripción.
Recurso de Revocación y fecha de
presentación
RR 057/14 11 de junio de 2014
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RR 102/14 01 de octubre de 2014
De lo anteriormente expuesto resulta evidente que los créditos fiscales
306903 y 306904, no se han extinguido por prescripción como pretende el
promovente toda vez, que de la fecha en que se suspendió el plazo de cinco
años a que se refiere el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, con
motivo de la interposición de los recursos administrativos de revocación
antes aludidos a la fecha en que se presentó la solicitud que se analiza, es
evidente que no ha transcurrido el referido plazo de cinco años.
En consecuencia, esta Administración Local Jurídica determina que en el
presente caso no han prescrito los créditos fiscales 306903 y 306904.
…
Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:
RESOLUCIÓN
PRIMERO.- Se declara que no han prescrito los créditos fiscales 306903 y
306904, por lo motivos expuestos en la presente resolución.
Transcripción de donde desprenden como “motivos” de la autoridad hacendaria
demandada:
a) Que no probamos la configuración de la prescripción por cuanto que supuestamente
no proporcionamos elementos objetivos para realizar el cómputo del término de cinco
años.
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Afirmación del todo errónea de la enjuiciada, derivada sin duda de una apreciación
equivocada de hechos y pruebas, dado que junto con nuestro escrito de solicitud de
prescripción (interpuesto mediante correo certificado con acuse de recibo el 29 de enero
de 2015, recepcionado el día 04 de febrero siguiente) le aportamos como elementos de
convicción la resolución determinante de crédito fiscal a oficio
BOO.00.03.03.DEP.0016/05 del 18 de abril de 2005, en monto total de $342,698.42, y
el acta de su notificación de fecha del 19 de mayo de 2005.
Acta de notificación del 19 de mayo de 2005, que sin duda se revela como un elemento
objetivo para determinar el inicio del cómputo del termino de cinco años de la
prescripción solicitada, misma que se encontraba configurada de sobra a la fecha de
interposición del escrito de cuenta, recepcionado por el SAT el 04 de febrero de 2015,
esto es, prácticamente diez años después de la referida notificación del débito fiscal.
Lo previo acorde con el artículo 146 del Código Fiscal de la Federación (vigente en
2005), en lo que interesa de contenido siguiente:
146.- El crédito fiscal se extingue por prescripción en el término de cinco
años.
El término de la prescripción se inicia a partir de la fecha en que el pago
pudo ser legalmente exigido (…)
b) Que la contribuyente no fue localizada en su domicilio fiscal, puesto que obran en
expedientes del SAT las actas circunstanciadas siguientes:
Documento a notificar Acta circunstanciada de
no localización y fecha
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400-23-00-01-00-2009-4588
de fecha 06 de octubre de
2009
05 de noviembre de 2009
Mandamiento de Ejecución
ARF2013/310 07 DE
OCTUBRE DE 2013
13 de noviembre de 2013
Mandamiento de Ejecución
ARF2014/795 de fecha 04
de junio de 2014
10 de junio de 2014
Oficio, mandamientos de ejecución y actas circunstanciadas respecto de las que se
niega lisa y llanamente su existencia, notificación y/o diligenciación, en los términos y
para los efectos procesales de los artículos 68 del Código Fiscal de la Federación, y 42
de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.
Revelándose así como hechos y/o motivos falsos lo expuesto por la autoridad fiscal
demandada, y por ende apartada de derecho su negativa de declaratoria de
prescripción.
Sin dejar de destacarse que a la fecha de emisión de los mandamientos de ejecución a
que se alude, respectivamente 07 de octubre de 2013 y 04 de junio de 2014, la
prescripción pretendida ya se había configurado al haberse superado por mucho el
termino de cinco años que se contempla en el artículo 146 del Código Fiscal de la
Federación (vigente en 2005).
Lo dicho si se considera que desde la notificación del crédito el día 19 de mayo de
2005, a la del primer mandamiento del 07 de octubre de 2013, se encontraba
sobrepasado el termino de cinco años prácticamente por tres más.
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c) Que la moral hoy actora interpuso sendos recursos de revocación en contra del
crédito fiscal en cuestión, y que estos interrumpieron el término de la prescripción.
No obstante dichos recursos fueron interpuestos habiéndose configurado ya la
prescripción, concretamente los días 11 de junio y 01 de octubre de 2014, tal y como lo
reconoce expresamente la demandada en el recuadro que enseguida insertamos:
Recurso de Revocación y fecha de
presentación
RR 057/14 11 de junio de 2014
RR 102/14 01 de octubre de 2014
Es así, que contrario a lo sostenido por el SAT, NO se puede interrumpir una
prescripción que ya se encontraba configurada, en la especie sobradamente al día de
interposición del primer recurso de revocación el 11 de junio de 2014, a partir de la
fecha paramétrica de notificación de la resolución determinante, prácticamente nueve
años antes el 19 de mayo de 2005.
En conclusión, SI CONFIGURA A FAVOR NUESTRO LA PRESCRIPCION
SOLICITADA, por ende resulta ilegal, inconvencional e inconstitucional la resolución de
la autoridad demandada en sentido contrario, por lo que habrá de emitirse sentencia
definitiva en la que se decrete la nulidad del oficio que venimos controvirtiendo para el
efecto de que se emita otro decretando procedente y fundada nuestra solicitud de
prescripción del crédito fiscal determinado a oficio BOO.00.03.03.DEP.0016/05 del 18
de abril de 2005, controlado por el Servicio de Administración Tributaria bajo los
números H-306903 y H-306904.
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Todo ello en los términos de los artículos 146 del Código Fiscal de la Federación
(vigente en 2005), y 51 fracción IV y 52 fracción III de la Ley Federal de Procedimiento
Contencioso Administrativo.
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RESPONSABILIDAD SOLIDARIA
LA ÚLTIMA SALIDA
Artículo 26.- Son responsables solidarios con los contribuyentes:
I. Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la obligación de
recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, hasta por el monto de dichas
contribuciones.
II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos provisionales por cuenta
del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos.
III. Los liquidadores y síndicos por las contribuciones que debieron pagar a cargo
de la sociedad en liquidación o quiebra, así como de aquellas que se causaron durante
su gestión.
No será aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la sociedad en
liquidación cumpla con las obligaciones de presentar los avisos y de proporcionar los
informes a que se refiere este Código y su Reglamento.
La persona o personas cualquiera que sea el nombre con que se les designe,
que tengan conferida la dirección general, la gerencia general, o la administración única
de las personas morales, serán responsables solidarios por las contribuciones
causadas o no retenidas por dichas personas morales durante su gestión, así como por
las que debieron pagarse o enterarse durante la misma, en la parte del interés fiscal
que no alcance a ser garantizada con los bienes de la persona moral que dirigen,
cuando dicha persona moral incurra en cualquiera de los siguientes supuestos:
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a) No solicite su inscripción en el registro federal de contribuyentes.
b) Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente en los términos del
Reglamento de este Código, siempre que dicho cambio se efectúe después de que se
le hubiera notificado el inicio del ejercicio de las facultades de comprobación previstas
en este Código y antes de que se haya notificado la resolución que se dicte con motivo
de dicho ejercicio, o cuando el cambio se realice después de que se le hubiera
notificado un crédito fiscal y antes de que éste se haya cubierto o hubiera quedado sin
efectos.
c) No lleve contabilidad, la oculte o la destruya.
d) Desocupe el local donde tenga su domicilio fiscal, sin presentar el aviso de
cambio de domicilio en los términos del Reglamento de este Código.
IV. Los adquirentes de negociaciones, respecto de las contribuciones que se
hubieran causado en relación con las actividades realizadas en la negociación, cuando
pertenecía a otra persona, sin que la responsabilidad exceda del valor de la misma.
V. Los representantes, sea cual fuere el nombre con que se les designe, de
personas no residentes en el país, con cuya intervención éstas efectúen actividades por
las que deban pagarse contribuciones, hasta por el monto de dichas contribuciones.
VI. Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las contribuciones a cargo
de su representado.
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VII. Los legatarios y los donatarios a título particular respecto de las obligaciones
fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes legados o donados, hasta
por el monto de éstos.
VIII. Quienes manifiesten su voluntad de asumir responsabilidad solidaria.
IX. Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyan depósito, prenda
o hipoteca o permitan el secuestro de bienes, hasta por el valor de los dados en
garantía, sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del interés
garantizado.
X. Los socios o accionistas, respecto de las contribuciones que se hubieran
causado en relación con las actividades realizadas por la sociedad cuando tenía tal
calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada con los bienes de
la misma, exclusivamente en los casos en que dicha sociedad incurra en cualquiera de
los supuestos a que se refieren los incisos a), b), c) y d) de la fracción III de este
artículo, sin que la responsabilidad exceda de la participación que tenía en el capital
social de la sociedad durante el período o a la fecha de que se trate.
La responsabilidad solidaria a que se refiere el párrafo anterior se calculará
multiplicando el porcentaje de participación que haya tenido el socio o accionista en el
capital social suscrito al momento de la causación, por la contribución omitida, en la
parte que no se logre cubrir con los bienes de la empresa.
La responsabilidad a que se refiere esta fracción únicamente será aplicable a los
socios o accionistas que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad,
respecto de las contribuciones que se hubieran causado en relación con las actividades
realizadas por la sociedad cuando tenían tal calidad.
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Se entenderá por control efectivo la capacidad de una persona o grupo de
personas, de llevar a cabo cualquiera de los actos siguientes:
a) Imponer decisiones en las asambleas generales de accionistas, de socios u
órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros,
administradores o sus equivalentes, de una persona moral.
b) Mantener la titularidad de derechos que permitan ejercer el voto respecto de
más del cincuenta por ciento del capital social de una persona moral.
c) Dirigir la administración, la estrategia o las principales políticas de una persona
moral, ya sea a través de la propiedad de valores, por contrato o de cualquier otra
forma.
XI. Las sociedades que, debiendo inscribir en el registro o libro de acciones o
partes sociales a sus socios o accionistas, inscriban a personas físicas o morales que
no comprueben haber retenido y enterado, en el caso de que así proceda, el impuesto
sobre la renta causado por el enajenante de tales acciones o partes sociales, o haber
recibido copia del dictamen respectivo y, en su caso, copia de la declaración en la que
conste el pago del impuesto correspondiente.
XII. Las sociedades escindidas, por las contribuciones causadas en relación con
la transmisión de los activos, pasivos y de capital transmitidos por la escindente, así
como por las contribuciones causadas por esta última con anterioridad a la escisión, sin
que la responsabilidad exceda del valor del capital de cada una de ellas al momento de
la escisión.
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XIII. Las empresas residentes en México o los residentes en el extranjero que
tengan un establecimiento permanente en el país, por el impuesto que se cause por el
otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y por mantener inventarios en territorio
nacional para ser transformados o que ya hubieran sido transformados en los términos
del Artículo 1o. de la Ley del Impuesto al Activo, hasta por el monto de dicha
contribución.
XIV. Las personas a quienes residentes en el extranjero les presten servicios
personales subordinados o independientes, cuando éstos sean pagados por residentes
en el extranjero hasta el monto del impuesto causado.
XV. La sociedad que administre o los propietarios de los inmuebles afectos al
servicio turístico de tiempo compartido prestado por residentes en el extranjero, cuando
sean partes relacionadas en los términos de los artículos 90 y 179 de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, hasta por el monto de las contribuciones que se omitan.
XVI. (Se deroga).
XVII. Los asociantes, respecto de las contribuciones que se hubieran causado en
relación con las actividades realizadas mediante la asociación en participación, cuando
tenían tal calidad, en la parte del interés fiscal que no alcance a ser garantizada por los
bienes de la misma, siempre que la asociación en participación incurra en cualquiera de
los supuestos a que se refieren los incisos a), b), c) y d) de la fracción III de este
artículo, sin que la responsabilidad exceda de la aportación hecha a la asociación en
participación durante el período o la fecha de que se trate.
XVIII. Los albaceas o representantes de la sucesión, por las contribuciones que
se causaron o se debieron pagar durante el período de su encargo.
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La responsabilidad solidaria comprenderá los accesorios, con excepción de las
multas. Lo dispuesto en este párrafo no impide que los responsables solidarios puedan
ser sancionados por los actos u omisiones propios.
Artículo 67.- Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las
contribuciones o aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para imponer
sanciones por infracciones a las disposiciones fiscales, se extinguen en el plazo de
cinco años contados a partir del día siguiente a aquél en que:
I. Se presentó la declaración del ejercicio, cuando se tenga obligación de hacerlo.
Tratándose de contribuciones con cálculo mensual definitivo, el plazo se computará a
partir de la fecha en que debió haberse presentado la información que sobre estos
impuestos se solicite en la declaración del ejercicio del impuesto sobre la renta. En
estos casos las facultades se extinguirán por años de calendario completos, incluyendo
aquellas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaciones distintas de la de
presentar la declaración del ejercicio. No obstante lo anterior, cuando se presenten
declaraciones complementarias el plazo empezará a computarse a partir del día
siguiente a aquél en que se presentan, por lo que hace a los conceptos modificados en
relación a la última declaración de esa misma contribución en el ejercicio.
II. Se presentó o debió haberse presentado declaración o aviso que corresponda
a una contribución que no se calcule por ejercicios o a partir de que se causaron las
contribuciones cuando no exista la obligación de pagarlas mediante declaración.
III. Se hubiere cometido la infracción a las disposiciones fiscales; pero si la
infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día
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siguiente al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última
conducta o hecho, respectivamente.
IV. Se levante el acta de incumplimiento de la obligación garantizada, en un
plazo que no excederá de cuatro meses, contados a partir del día siguiente al de la
exigibilidad de las fianzas a favor de la Federación constituidas para garantizar el
interés fiscal, la cual será notificada a la afianzadora.
El plazo a que se refiere este artículo será de diez años, cuando el contribuyente
no haya presentado su solicitud en el Registro Federal de Contribuyentes, no lleve
contabilidad o no la conserve durante el plazo que establece este Código, así como por
los ejercicios en que no presente alguna declaración del ejercicio, estando obligado a
presentarlas, o no se presente en la declaración del impuesto sobre la renta la
información que respecto del impuesto al valor agregado o del impuesto especial sobre
producción y servicios se solicite en dicha declaración; en este último caso, el plazo de
diez años se computará a partir del día siguiente a aquél en el que se debió haber
presentado la declaración señalada. En los casos en los que posteriormente el
contribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida y cuando ésta no
sea requerida, el plazo será de cinco años, sin que en ningún caso este plazo de cinco
años, sumado al tiempo transcurrido entre la fecha en la que debió presentarse la
declaración omitida y la fecha en la que se presentó espontáneamente, exceda de diez
años. Para los efectos de este artículo las declaraciones del ejercicio no comprenden
las de pagos provisionales.
En los casos de responsabilidad solidaria a que se refiere el artículo 26,
fracciones III, X y XVII de este Código, el plazo será de cinco años a partir de que la
garantía del interés fiscal resulte insuficiente.
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El plazo señalado en este artículo no está sujeto a interrupción y sólo se
suspenderá cuando se ejerzan las facultades de comprobación de las autoridades
fiscales a que se refieren las fracciones II, III, IV y IX del artículo 42 de este Código;
cuando se interponga algún recurso administrativo o juicio; o cuando las autoridades
fiscales no puedan iniciar el ejercicio de sus facultades de comprobación en virtud de
que el contribuyente hubiera desocupado su domicilio fiscal sin haber presentado el
aviso de cambio correspondiente o cuando hubiere señalado de manera incorrecta su
domicilio fiscal. En estos dos últimos casos, se reiniciará el cómputo del plazo de
caducidad a partir de la fecha en la que se localice al contribuyente. Asimismo, el plazo
a que hace referencia este artículo se suspenderá en los casos de huelga, a partir de
que se suspenda temporalmente el trabajo y hasta que termine la huelga y en el de
fallecimiento del contribuyente, hasta en tanto se designe al representante legal de la
sucesión. Igualmente se suspenderá el plazo a que se refiere este artículo, respecto de
la sociedad que teniendo el carácter de integradora, calcule el resultado fiscal integrado
en los términos de lo dispuesto por la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuando las
autoridades fiscales ejerzan sus facultades de comprobación respecto de alguna de las
sociedades que tengan el carácter de integrada de dicha sociedad integradora.
El plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las facultades
de comprobación antes mencionadas inicia con la notificación de su ejercicio y concluye
cuando se notifique la resolución definitiva por parte de la autoridad fiscal o cuando
concluya el plazo que establece el artículo 50 de este Código para emitirla. De no
emitirse la resolución, se entenderá que no hubo suspensión.
En todo caso, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de
las facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende
dicha caducidad, no podrá exceder de diez años. Tratándose de visitas domiciliarias, de
revisión de la contabilidad en las oficinas de las propias autoridades o de la revisión de
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dictámenes, el plazo de caducidad que se suspende con motivo del ejercicio de las
facultades de comprobación, adicionado con el plazo por el que no se suspende dicha
caducidad, no podrá exceder de seis años con seis meses o de siete años, según
corresponda.
Las facultades de las autoridades fiscales para investigar hechos constitutivos de
delitos en materia fiscal, no se extinguirán conforme a este Artículo.
Los contribuyentes, transcurridos los plazos a que se refiere este Artículo, podrán
solicitar se declare que se han extinguido las facultades de las autoridades fiscales.
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IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DE LA ORDEN: ILEGAL
Proceder del todo ilegal, el que se denuncia en este pequeño estudio, atendiendo a las reglas a seguir durante el desarrollo de una visita domiciliaria acorde con el artículo 44 fracción III, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, que norma lo siguiente:
44.- En los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: (…) III.- Al iniciarse la visita en el domicilio fiscal los visitadores que en ella intervengan se deberán identificar ante la persona con quien se entienda la diligencia, requiriéndola para que designe dos testigos, si éstos no son designados o los designados no aceptan servir como tales, los visitadores los designarán, haciendo constar esta situación en el acta que levanten, sin que esta circunstancia invalide los resultados de la visita.
Como se puede observar el precepto transcrito regula que al iniciarse una visita en el domicilio fiscal de un contribuyente, los visitadores actuantes se deberán identificar ante la persona que atienda la diligencia y posteriormente requerirla para que designe dos testigos. Ahora bien, como es sabido una visita domiciliaria da inicio formal con la entrega y/o notificación de la orden respectiva, siendo el caso de que en la práctica (muy a menudo) los visitadores se identifican con posterioridad a dicho acto. Y de ahí desprende la ilegalidad que se comenta, toda vez que al tratarse de actuaciones de revisión de autoridades fiscales que se ejercen dentro de la esfera particular de bienes y derechos de un contribuyente (acto de molestia), el visitador debe identificarse previamente a la entrega de la orden de visita, con el objetivo de otorgar certeza y seguridad jurídica. Luego entonces, el requisito de identificación de los visitadores que se entrometen al domicilio de un gobernado con el objeto de revisarle en sus papeles, bienes y posesiones, debe cumplirse previamente a la entrega de la orden de visita domiciliaria; ya que al estar frente a un acto administrativo que implica molestia y que da inicio a un procedimiento de fiscalización, se tiene el deber de otorgarle certeza al contribuyente
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de que quien está frente a él (visitador) está autorizado por la autoridad ordenadora, así como facultado para ejecutarlo. Requisito a cumplir que debe llevarse en el orden que se expone con el único fin de salvaguardar los derechos fundamentales del contribuyente, ya que sin la previa identificación del actuante, el visitado no sabría a que atenerse frente a un individuo que no le ha acreditado su identidad ni autorización para actuar en nombre y representación de la autoridad hacendaria. Al respecto destaca reciente jurisprudencia que sostiene lo que se viene manifestando:
DÉCIMA ÉPOCA REGISTRO 2010237 PLENOS DE CIRCUITO JURISPRUDENCIA GACETA DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN LIBRO 23, OCTUBRE DE 2015, TOMO III MATERIA ADMINISTRATIVA TESIS PC.XIV. J/3 A (10A.) PÁGINA 3318 VISITA DOMICILIARIA.- PARA DETERMINAR SI LOS VISITADORES PRIMERO SE IDENTIFICARON Y DESPUÉS ENTREGARON EL OFICIO QUE CONTIENE LA ORDEN RELATIVA, DEBE ATENDERSE A LA FORMA EN QUE SE PORMENORIZÓ LA IDENTIFICACIÓN EN EL ACTA PARCIAL DE INICIO.- PARA ESTABLECER SI LOS VISITADORES PRIMERO SE IDENTIFICARON ANTE LA PERSONA CON QUIEN ENTENDIERON LA DILIGENCIA Y DESPUÉS ENTREGARON EL OFICIO QUE CONTIENE LA ORDEN DE VISITA, DEBE ATENDERSE A LA FORMA EN EL QUE SE PORMENORIZÓ DICHA IDENTIFICACIÓN EN EL ACTA PARCIAL DE INICIO, SIN QUE OBSTE QUE, AL HACER CONSTAR LA ENTREGA DEL OFICIO INDICADO, SE HAYA RECABADO UNA CONSTANCIA DEL PUÑO Y LETRA DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTENDIÓ LA DILIGENCIA, EN EL SENTIDO DE QUE PREVIO A SU RECEPCIÓN LOS VISITADORES SE IDENTIFICARON; HABIDA CUENTA QUE LOS PORMENORES DE LA IDENTIFICACIÓN DE ÉSTOS DEBEN PLASMARSE EN SU ORDEN EN LAS ACTAS PARCIALES, QUE SON LAS QUE DEMUESTRAN PROPIAMENTE LA ACTUACIÓN DE LA AUTORIDAD. PLENO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 3/2014. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA, Y DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA, AMBOS DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO. 12 DE JUNIO DE 2015. UNANIMIDAD DE TRES VOTOS DE LOS MAGISTRADOS JORGE ENRIQUE EDÉN WYNTER GARCÍA, GABRIEL ALFONSO AYALA QUIÑONES Y RAQUEL FLORES GARCÍA. PONENTE: RAQUEL FLORES GARCÍA. SECRETARIO: GUSTAVO AARÓN PATRÓN ESCALANTE. TESIS Y/O CRITERIOS CONTENDIENTES: EL SUSTENTADO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS DE TRABAJO Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, AL RESOLVER LOS AMPAROS DIRECTOS 173/2014 Y 243/2014, Y EL DIVERSO SUSTENTADO POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO, AL RESOLVER EL AMPARO DIRECTO 657/2012. ESTA TESIS SE PUBLICÓ EL VIERNES 16 DE OCTUBRE DE 2015 A LAS 10:10 HORAS EN EL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y, POR ENDE, SE CONSIDERA DE APLICACIÓN OBLIGATORIA A PARTIR DEL LUNES 19 DE OCTUBRE DE 2015, PARA LOS EFECTOS PREVISTOS EN EL PUNTO SÉPTIMO DEL ACUERDO GENERAL PLENARIO 19/2013.
Así las cosas, en caso de no cumplirse con la formalidad en cuestión (identificación del
visitador previa entrega de la orden) se configura ilegalidad en el acto origen del
procedimiento de fiscalización, por lo que cualquier resultado que de este se obtenga
seria fruto de acto viciado, que como tal deberá de ser anulado por la autoridad
competente, mediante la promoción ya sea a través de recurso en sede administrativa o
juicio contencioso administrativo federal.
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EL AMPARO V.S.
LEYES AUTOAPLICATIVAS CONDICIONADAS
En términos del artículo 107 fracción I de la Ley de Amparo, procede el juicio de amparo
indirecto en contra de normas generales que por su sola entrada en vigor, o con motivo
de su primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso (bien sea este persona
física o moral).
Entendiéndose por norma general, según lo precisa el propio dispositivo:
a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el
artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos
humanos;
b) Las leyes federales;
c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal;
d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal;
e) Los reglamentos federales;
f) Los reglamentos locales; y
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g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia
general.
Es así, que el precepto claramente distingue la procedencia del juicio de amparo
indirecto en contra de normas generales en su carácter de autoaplicativas o
heteroaplicativas.
Figuras ambas que han sido objeto de bastante estudio por parte del Poder Judicial en
múltiples tesis, criterios y jurisprudencias, a la par de los conceptos de normas de
individualización incondicionada y normas de individualización condicionada2.
2 “LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS.- DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN
INCONDICIONADA.- Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento.” (Énfasis añadido) Amparo en revisión 2104/91. Corporación Videocinematográfica México, S.A. de C.V. 20 de febrero de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez. Amparo en revisión 1811/91. Vidriera México, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. Amparo en revisión 1628/88. Vidrio Neutro, S.A. y otros. 4 de junio de 1996. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Amparo en revisión 1525/96. Jorge Cortés González. 8 de mayo de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Víctor Francisco Mota Cienfuegos. Amparo en revisión 662/95. Hospital Santa Engracia, S.A. de C.V. 29 de mayo de 1997. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga María Sánchez Cordero. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Alejandro Sánchez López. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el siete de julio en curso, aprobó, con el número 55/1997, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de julio de mil novecientos noventa y siete.
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Las primeras, esto es, normas de individualización incondicionada (autoaplicativas),
admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto desde que entran en vigor; ello ya
que se trata de disposiciones que acorde con el imperativo que contienen vinculan al
gobernado a su cumplimiento tan pronto inicia su vigencia, virtud de que desde el
momento de su nacimiento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de
derecho.
Por su lado, las segundas, es decir, normas de individualización condicionada
(heteroaplicativas); requieren para la procedencia del amparo indirecto de un elemento
objetivo que permita conocer en cada caso concreto si sus efectos inciden en la esfera
del gobernado, por cuanto que la afectación no surge en forma automática con su sola
entrada en vigor, sino que se necesita la actualización de un acto diverso que detone su
aplicación, ya sea por parte de la autoridad, de un tercero o del propio gobernado
afecto.
Ahora bien, paralelo a las anteriores existe otro supuesto que no ha sido objeto de tanto
estudio, ni se revela de una simple lectura a la Ley de Amparo, que denominaremos
“LEYES AUTOAPLICATIVAS CONDICIONADAS”.
Tercer supuesto que no pareciere del todo lógico, ya que a primera vista, y dados los
conceptos previos, no aparenta congruencia una individualización incondicionada que
queda sujeta a condición.
No obstante tal situación si se presenta, ello en los casos en que la norma no impone
con su solo nacimiento alguna obligación que deba cumplirse, pero regula en el sentido
de que la autoridad administrativa expida (por una vez o más) disposiciones generales
que establezcan cargas a los gobernados (clausula habilitante)3.
3 CLÁUSULAS HABILITANTES.- CONSTITUYEN ACTOS FORMALMENTE LEGISLATIVOS.- En los últimos años, el Estado ha
experimentado un gran desarrollo en sus actividades administrativas, lo que ha provocado transformaciones en su estructura y
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Luego pues cuando estas últimas disposiciones generales, que derivan del primer
ordenamiento, son las que causan perjuicio al gobernado imponiéndole obligaciones
que debe cumplir, para evitar sanciones por ejemplo; habrá de estimarse que su
expedición equivale a la actualización de la condición de una norma autoaplicativa, por
lo que a partir del inicio de su vigencia pueden impugnarse en amparo indirecto, incluso
junto con esta última, es decir, con la ley les dio origen.
Así las cosas, bien puede promoverse el amparo indirecto contra la primer o
subsecuentes disposiciones generales que establezcan cargas (nuevas) a los
gobernados, ya que se revelan como una especie de condición suspensiva para que las
obligaciones engendradas por el ordenamiento origen (ley) cobraran vigencia
(autoaplicación pero condicionada), entonces pues lógicamente que a partir de su
funcionamiento, y ha sido necesario dotar a funcionarios ajenos al Poder Legislativo de atribuciones de naturaleza normativa para que aquél enfrente eficazmente situaciones dinámicas y altamente especializadas. Esta situación ha generado el establecimiento de mecanismos reguladores denominados "cláusulas habilitantes", que constituyen actos formalmente legislativos a través de los cuales el legislador habilita a un órgano del Estado, principalmente de la administración pública, para regular una materia concreta y específica, precisándole bases y parámetros generales y que encuentran su justificación en el hecho de que el Estado no es un fenómeno estático, pues su actividad no depende exclusivamente de la legislación para enfrentar los problemas que se presentan, ya que la entidad pública, al estar cerca de situaciones dinámicas y fluctuantes que deben ser reguladas, adquiere información y experiencia que debe aprovechar para afrontar las disyuntivas con agilidad y rapidez. Además, la adopción de esas cláusulas tiene por efecto esencial un fenómeno de ampliación de las atribuciones conferidas a la administración y demás órganos del Estado, las cuales le permiten actuar expeditamente dentro de un marco definido de acción, susceptible de control a través del principio de legalidad; en la inteligencia de que el establecimiento de dicha habilitación normativa debe realizarse en atención a un equilibrio en el cual se considere el riesgo de establecer disposiciones que podrían propiciar la arbitrariedad, como generar situaciones donde sea imposible ejercer el control estatal por falta de regulación adecuada, lo que podría ocurrir de exigirse que ciertos aspectos dinámicos se normen a través de una ley. Amparo en revisión 199/2002. Moisés Saba Masri. 9 de septiembre de 2003. Mayoría de seis votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Humberto Román Palacios. Disidentes: Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo y Juan N. Silva Meza. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy trece de noviembre en curso, aprobó, con el número XXI/2003, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudenciales. México, Distrito Federal, a trece de noviembre de dos mil tres. Tesis Aislada, P. XXI/2003, Semanario de la Suprema Corte de Justicia y su Gaceta, novena época, pleno, XVIII, diciembre 2003, pág. 9
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expedición (disposiciones generales) empezaría a correr el término para accionar en la
instancia constitucional4.
Es así porque la norma primera por sí sola no causó perjuicio al quejoso, no obstante
dio pie a la expedición de disposiciones generales que si lo hicieron, y por ende se hace
vigente el derecho subjetivo y/o interés legítimo individual o colectivo, para promover el
amparo indirecto en contra de la “LEY AUTOAPLICATIVA CONDICIONADA”.
4 Ley de Amparo. Artículo 17.- El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Fracción I.- Cuando se
reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días.
