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© de los textos: sus autores. © de la edición: Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Autores: Águeda Esteban Talaya [email protected] Juan Antonio Mondéjar Jiménez [email protected] María Cordente Rodríguez Marí[email protected] Edita: Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca Seminario Permanente de Ciencias Sociales Avda. de los Alfares, 44 16.071–CUENCA Teléfono (+34) 902 204 100 Fax (+34) 902 204 130 http://www.uclm.es/CU/csociales/DocumentosTrabajo I.S.S.N.: 1887-3464 D.L.: CU-532-2005 Impreso en España – Printed in Spain.
Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca
Documento de trabajo
SEMINARIO PERMANENTE DE CIENCIAS SOCIALES
LA PROFESIÓN DE ABOGADO. ASPECTOS GENERALES Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL
María Jesús Fernández-Culebras
SPCS Documento de trabajo 2011/7 http://www.uclm.es/CU/csociales/DocumentosTrabajo
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© de los textos: sus autores. © de la edición: Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca. Autor: Maria Jesús Fernández Culebras [email protected] Edita: Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca Seminario Permanente de Ciencias Sociales Codirectora: Silvia Valmaña Ochaíta Codirectora: María Cordente Rodríguez Secretaria: Pilar Domínguez Martínez Avda. de los Alfares, 44 16.071–CUENCA Teléfono (+34) 902 204 100 Fax (+34) 902 204 130 http://www.uclm.es/CU/csociales/DocumentosTrabajo I.S.S.N.: 1887-3464 (ed. Cd-Rom) 1988-1118 (ed. en línea) D.L.: CU-532-2005 Impreso en España – Printed in Spain.
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LA PROFESION DE ABOGADO. ASPECTOS GENERALES Y
DEONTOLOGIA PROFESIONAL
Maria Jesús Fernández-Culebras1
Facultad de Ciencias Sociales de Cuenca, Universidad de Castilla La Mancha.
RESUMEN
El relevante papel que ostenta en la sociedad quien ejerce el derecho, es
innegable. La labor del abogado despliega sus influencias y efectos, en todos los
sectores sociales, tanto públicos como privados. El ciudadano deposita en manos del
abogado la búsqueda de la solución del conflicto que le ha dejado sin sueño. Este
trabajo intenta aproximarnos al termino Abogado, para así distinguirlo del resto de
operadores jurídicos, que no pueden ser denominados como tal, además de analizar
cuáles han de ser los principios guía y norte que han de inspirar su trabajo diario,
estrechamente vinculado a las labores de justicia.
Palabras clave: Licenciado en Derecho, abogado, colegiación, principios inspiradores,
deontología profesional.
Indicadores JEL: K14, K42.
ABSTRACT
The relevant role that shows in the society who exercises the law is undeniable.
The labour of the lawyer expand his influences and effects in all the social, both public
and private sectors. The citizen deposits in hands of the lawyer the search of the
solution to conflicts that has left him without sleeping. This work tries an approach to
the word “lawyer”, in order to distinguish it from the rest of juridical operators who
cannot be named as such, in addition to analyze which must be the guide principles
inspiring his daily work, closely linked to the labours of justice.
1 [email protected]
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Key words: law graduate, lawyer, joining of a professional association, inspiring
principles, professional deontology.
JEL-codes: K14, K42.
1. ASPECTOS GENERALES: EL CONCEPTO
Abogado, no es sino el participio del verbo abogar. Según el Diccionario de la
Real Academia Española (Avance Edición 23ª) la acepción abogado-da (del lat.
Advocatus), contiene tres definiciones:
1.- m. y f. Licenciado en derecho que ofrece profesionalmente asesoramiento
jurídico y que ejerce la defensa de las partes en los procesos judiciales o en los
procedimientos administrativos”.
Licenciado o doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y
defensa de las partes en toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico.
2.- m. y f. Intercesor o mediador.
3.- m. y f. Nic. Persona habladora, enredadora, parlanchina.
En la edición previa, Vigésimo Segunda del DRAE la redacción que consta en
nuestros diccionarios contenía la siguiente primera acepción: 1.- m. y f. Licenciado o
doctor en derecho que ejerce profesionalmente la dirección y defensa de las partes en
toda clase de procesos o el asesoramiento y consejo jurídico. No llegamos a alcanzar los
motivos por los que la RAE suprime el término doctor, ni tampoco porqué distingue los
procedimientos administrativos de los procesos judiciales, puesto que tan judiciales son
como el resto, otra cosa sería haber distinguido los expedientes administrativos previos
a la vía contenciosa de los procedimientos judiciales.
La regulación de la profesión de abogado, se contiene en el Estatuto General de
la Abogacía Española aprobado por Real Decreto 658/2001, de 22 de junio. Dicho texto
legal, recoge en su Capítulo II y bajo la rúbrica “De los Abogados”, la definición de
abogado, que pasamos a transcribir por su importancia:
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“Corresponde en exclusiva la denominación y función de abogado al Licenciado
en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa de las partes en toda
clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico” (Art. 6 EGA).
“Son abogados quienes, incorporados a un Colegio español de Abogados en
calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de
forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos
ajenos, públicos o privados” (Art. 9 EGA).
De la lectura de los preceptos transcritos, se deduce que el concepto de abogado,
siempre ha de contener, tres notas ineludibles: la licenciatura en Derecho, el efectivo
ejercicio de la profesión y la colegiación.
No obstante, no podemos perder de vista que existen también dos figuras que se
encuentran fuera del concepto estudiado: la figura del abogado no ejerciente, que es
aquel que pese a no cumplir la tercera nota ineludible antes reseñada, se encuentra
colegiado, aprovechando los beneficios del colegio profesional, pero pagando una cuota
inferior que el ejerciente y la del que puede ejercer puntualmente como “abogado”, que
no es otro sino el licenciado en derecho que solicita habilitación del colegio profesional
correspondiente, para llevar a cabo la defensa de asuntos propios.
Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Judicial en el apartado primero del art.
542 recoge una denominación de abogado, incompleta que olvida el indispensable
requisito de la colegiación, gracias al que, la actividad profesional desempeñada por el
abogado, puede ser eficazmente tutelada, si bien la misma se establece como obligatoria
en artículo aparte.
Señala el art. 542: “Corresponde en exclusiva la denominación y función de
abogado al licenciado en Derecho que ejerza profesionalmente la dirección y defensa
de las partes en toda clase de procesos, o el asesoramiento y consejo jurídico. La
colegiación de los Abogados y procuradores será obligatoria para actuar ante los
juzgados y Tribunales en los términos previstos en esta Ley y por la legislación general
sobre Colegios Profesionales, salvo que actúen al servicio de las Administraciones
Públicas o entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral”.
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Dichas notas son trasladadas por la doctrina al tratar el término abogado. Así, el
Diccionario de Ciencias Penales, dirigido por García Valdés (1999), se refiere en el
análisis de la voz “abogado”, a esas tres notas: la licenciatura en derecho, la inscripción
en el correspondiente colegio y el ejercicio profesional, al señalar: “Abogado: (Der.
Proc.) Licenciado en Derecho que, previa la inscripción en el correspondiente Colegio
(y, en caso de ser licenciado en otro Estado miembro de la Unión Europea, la
superación de la prueba de aptitud establecida en el Real Decreto 1665/1991, de 25 de
Octubre, y desarrollada por Orden de 30 de abril de 1996), ejerce profesionalmente la
dirección y defensa de las partes en todas clase de procesos, o su asesoramiento y
consejo jurídico, según establece el art. 436 de la Ley Orgánica 6/1985 de 1 de Julio
del Poder Judicial”.
Otra de las mejores definiciones de abogado se recoge en la S.T.S. de 10 de
Noviembre de 1990, en la que se determinan como precisas para alcanzar el concepto,
las notas características ya citadas añadiéndose otras accesorias que podrían o no
concurrir, esto es, señala como requisitos indispensables para alcanzar la condición de
abogado la posesión del título de licenciado en Derecho, la incorporación a un colegio
y el llevar a cabo actos propios de la profesión, añadiendo a éstos, notas características
que pueden o no concurrir, tales como la pasantía previa al ejercicio o la previa
formación en cursos en la Escuela de práctica jurídica:
“Abogado, es aquella persona que, en posesión del título de Licenciado en
Derecho, previa pasantía o sin ella, previo curso en Escuela de Práctica Jurídica o sin
él, se incorpora a un Colegio de Abogados y, en despacho propio o compartido,
efectúa, los actos propios de esta profesión, tales como consultas consejos y
asesoramiento, arbitrajes de equidad o de Derecho, conciliaciones, acuerdos y
transacción, elaboración de dictámenes, redacción de contratos y otros actos jurídicos
en documentos privados, practica de particiones de bienes, ejercicio de acciones de
toda índole ante las diferentes ramas jurisdiccionales, y, en general, defensa de
intereses ajenos, judicial o extrajudicialmente, hallándose, sus funciones y régimen
interno, regulados por el Estatuto de la Abogacía aprobado por Real Decreto de 14 de
julio de 1982, el cual define a la Abogacía como profesión libre e independiente,
institución consagrada, en orden a la justicia, al consejo a la concordia y a la defensa
de los intereses públicos y privados mediante las aplicación de técnicas jurídicas,
aplicación, está reservada a los Abogados –articulo 8- a quienes corresponde, de forma
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exclusiva y excluyente, la protección de todos los intereses que sean susceptibles de
defensa jurídica, determinando que, son Abogados, quienes, incorporados a un
Colegio, en calidad de ejercientes, se dedican, con despacho profesional, a la defensa
de intereses jurídicos ajenos”.
La Ley 34/2006, de 30 de Octubre, sobre el acceso a las profesiones de Abogado
y Procurador de los Tribunales, y el Real Decreto 775/2011 de 3 de Junio, por el que se
aprueba el Reglamento que la desarrolla, que entraran en vigor el próximo 31 de
octubre, corrigen y aumentan el concepto de abogado, e integran dentro del mismo y
como requisito previo de acceso al respectivo colegio profesional y efectivo ejercicio
profesional, la necesidad de una formación adicional a la adquirida en la licenciatura,
teórica y práctica, realizada a través de postgrados universitarios o escuelas de práctica
jurídica, a las que se añade, para su culminación, la necesaria superación de una prueba
de evaluación de la aptitud profesional. La razón de ser de la citada normativa, tal y
como señala su exposición de motivos, no es otra sino la de “mejorar la capacitación
profesional de abogados y procuradores en cuanto colaboradores relevantes de la
administración de justicia con el fin de que los ciudadanos tengan garantizado un
asesoramiento, una defensa jurídica y una representación técnica de calidad como
elementos esenciales para el ejercicio del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva”.
Analizadas cuales son las notas características que abarca el término abogado,
es necesario examinar la posición que ostenta en la sociedad este operador jurídico. El
abogado como profesional individual, goza de una valoración positiva; no obstante,
junto con esta estimación, no puede olvidarse la trivial que impera respecto de “los
abogados en general”, a los que, incluso cinematográficamente y desde antiguo, se les
atribuyen conductas compatibles con el ardid, el enredo y el beneficio económico
propio (García Fernández, 2010).
Solo ha de acudirse al Refranero Español para confirmar lo dicho: “Buen
Abogado, mal cristiano” “Buen Abogado, mal vecino” “Cuando dos pleitean un
tercero se aprovecha” “¿De qué viven los abogados? De tercos y porfiados” “El
diablo antes de ser diablo fue abogado” “Fuiste con el abogado y saliste escaldado”
(recopilación de Bergua Olavarrieta, 1992).
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No obstante, nadie puede negar la función social de la abogacía y su vinculación
a las tareas de justicia, desde el mismo momento en que su intervención se determina
como preceptiva en toda clase de procedimientos, al estar implícito en el concepto de
justicia, el sacro santo derecho de defensa, que solo puede ser ejercitado con las debidas
garantías, por medio y con la intervención de abogado.
El derecho a la defensa y a la asistencia de letrado, está reconocido como un
derecho fundamental en el artículo 24.2 de la Constitución, y asimismo viene
expresamente reconocido en el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de
los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales y en el artículo 14 del Pacto
Internacional de derechos civiles y políticos. En el proceso penal este derecho implica
la obligación del interesado de encargar la dirección técnica del proceso a un letrado de
su elección que merezca su confianza o, en su defecto, caso de no hacerlo, el letrado le
será designado por Turno de Oficio.
En nuestro derecho procesal penal, en determinados momentos del proceso, el
derecho al abogado, es un derecho de la parte, que se convierte en un requisito
ineludible para la validez de las actuaciones procesales, pues el legislador ha entendido
que, para el correcto desarrollo de las mismas en condiciones adecuadas para
una efectiva defensa del acusado, o en general de las partes, es precisa la presencia de
un profesional que ostente la dirección jurídica de sus intereses. En las causas por
delito es procesalmente inconcebible, que un acusado se encuentre solo en la causa sin
la asistencia de un letrado, bien designado o de libre elección por el mismo o, en su
caso, designado de oficio. Incluso el acusado tiene el derecho a renunciar y cambiar de
letrado cuantas veces quiera a lo largo del proceso, si bien en algunas ocasiones esta
posibilidad es usada como medio de obstruir la correcta actuación de los jueces y
tribunales y dilatar el curso del proceso, suponiendo un autentico abuso de derecho, que
redunda en perjuicio de la acción de la justicia. En estos casos, la alegación del
quebranto del derecho de defensa al amparo el art. 11.2 de la L.O.P.J. no es estimada
por nuestros Tribunales. En este sentido se pronuncian entre otras la Sentencia del
Tribunal Supremo, Sala 2ª de 26 de diciembre de 2003, Ponente Miguel Colmenero
Menéndez de Luarca, en la que se concluyó que la denegación de la solicitud de cambio
de letrado, sin razón objetiva que lo justificara, no podía entenderse como quebranto del
derecho de defensa constitucionalmente reconocido a todos los justiciables.
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En el análisis de esta cuestión, es obligado hacer referencia a la especial, -y no
por ello mejor- “consideración” de que gozan los abogados de turno de oficio, a quien,
gratuitamente, y también de modo “general y extensivo” se les presume una falta de
conocimientos que de facto no existe, de hecho hasta la entrada en vigor de la Ley sobre
acceso, era el único sector de la abogacía al que se le exigía y se le exige una serie de
requisitos para el acceder al mismo, que se recogen en La Orden Ministerial de 3 de
junio de 1.997 sobre acceso al turno de oficio.
Hasta la fecha, cuando se termina la licenciatura en Derecho, y se expide el
correspondiente título académico, se entiende que la persona que lo ha obtenido puede,
sin más, ejercer como abogado en cualquier materia. El único veto al ejercicio, se
contrae, precisamente, al acceso al turno de oficio que exige la acreditación del ejercicio
efectivo de la profesión durante al menos tres años o la inexcusable realización de
cursos de capacitación.
El libre acceso sin veto al ejercicio, no vinculado al turno de oficio, siempre ha
sido discutido. El problema parece haber sido resuelto con la ley de acceso que entrara
en vigor el próximo octubre, todo ello, tras las múltiples recomendaciones emanadas de
los sucesivos Congresos de la Abogacía Española.
Por la profesión, siempre se ha discutido ese libre acceso al ejercicio. A estos
efectos, hemos de resaltar las conclusiones alcanzadas en el VI Congreso de la
Abogacía Española, celebrado en la Coruña en el año 1995 (Pérez Bustamante, 2004a)
en el que tras los debates habidos sobre la cuestión del libre acceso, señalaron la
necesidad de que los licenciados en derecho no podían considerar ultimada la
capacitación con los conocimientos adquiridos en el seno de la Universidad, sino que se
hacía necesario, que los mismos se complementaran con una formación posterior, extra
universitaria, impartida por los propios colegios, que versaría principalmente sobre una
formación práctica. Las propuestas que en dicho Congreso se efectuaban, determinaban
que el Licenciado en Derecho que pretendiera acceder al ejercicio de la profesión,
habrían de exigírsele el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1º.- Superación de
una prueba de capacitación profesional; 2º.-. Para el acceso de esta prueba se podría
utilizar una de las siguientes vías: a) realización de un periodo de pasantía de dos años,
y, b) realización de un periodo de formación de dos cursos en una Escuela de práctica
jurídica. Dificultades de todo orden, impidieron la efectividad de estas
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recomendaciones, que sin duda hubieran fomentado la mejor imagen de la profesión, no
obstante sí tuvo cabida la recomendación efectuada en el VIII Congreso de la Abogacía
del año 2003, relativa a la inclusión en las Facultades de Derecho de la figura del
“practicum” como medio de formación práctica los que aspiren a ejercer la abogacía en
el futuro (Pérez Bustamante, 2004a).
Uno de los primeros escollos y críticas de que ha sido objeto la ley de acceso ha
sido precisamente, que la formación adicional a la adquirida a la licenciatura o grado,
deba ser impartida bien en el seno de la universidad o cuanto menos bajo la supervisión
del Ministerio de Justicia y Educación, lo que ha generado importantes suspicacias entre
el sector de la abogacía y el de la educación, pues el primero de ellos, siempre ha
defendido –no sin cierta lógica- que el control de dicha formación habría de ser
supervisado y guiado por el abogado y no por el que, pese a ser conocedor del derecho,
es ajeno al ejercicio de la profesión.
Aunque el fantasma de la pérdida de prestigio y respeto a la Abogacía campa a
sus anchas en los círculos jurídicos, lo cierto es que la ciudadanía valora muy
favorablemente a “su abogado”. Dicha valoración no debe defraudarse, y ha de suponer
“el acicate en la superación y la eliminación de los aspectos negativos que aun restan
por superar” (Pérez Bustamante, 2004b). La Abogacía, a través de sus órganos de
representación, ha de buscar formulas eficaces para eliminar comportamientos
contrarios a la deontología y que manchen el prestigio de la profesión, especialmente ha
de cuidar del buen ejercicio de la misma ante los Juzgados y Tribunales de nuestro país.
2. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL: PRINCIPIOS INSPIRADORES
Analizados los requisitos que ha de reunir el operador jurídico para ostentar la
condición de abogado, veamos cuales han de ser las guías que deben inspirar el
ejercicio de su actividad profesional.
Por DEONTOLOGIA ha de entenderse la “Ciencia de lo que es justo y
conveniente” (Enciclopedia Universal Espasa, 2008). Sin duda, este concepto no es algo
distinto de lo que vulgarmente conocemos por moral o ética. Para Torre Díaz (2000)
“la ética profesional es ética aplicada, no normativa y no exigible, que propone
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motivaciones en la actuación profesional, que se basa en la conciencia individual y
busca el bien de los individuos en el trabajo. La ética es, por lo tanto, el horizonte, la
configuradora del sentido y la motivación de la deontología”.
Por su parte, el Código Deontológico de la Abogacía Española aprobado por el
Consejo General de la Abogacía Española en Pleno de 27 de Noviembre de 2002
(modificado por Pleno de 10 de Diciembre de 2010), establece en su articulado como
conducta preceptiva, que el abogado está obligado a observar en el ejercicio de su
actividad, todos los principios éticos que se establecen a lo largo de su texto, así como
todos los que se recogen en el Consejo, Colegios de Abogados de Europa y en los que
pudieran dictarse por los Consejos de los Colegios Abogados de las Autonomías, y de
los propios dictados por el Colegio de Abogados al que se esté adscrito.
A su vez la Ley Orgánica del Poder Judicial, contiene en su título Segundo los
preceptos que inspiran los principios rectores de la profesión señalando que en el
ejercicio de la profesión ante los Juzgados y Tribunales de todo orden los abogados,
“son libres e independientes, se sujetarán al principio de buena fe, gozarán de los
derechos inherentes a la dignidad de su función y serán amparados por aquéllos en su
libertad de expresión y defensa.” Asimismo se impone el deber de sigilo y reserva,
estableciendo la obligación de “guardar secreto de todos los hechos o noticias de que
conozcan por razón de cualquiera de las modalidades de su actuación profesional, no
pudiendo ser obligados a declarar sobre los mismos”.
La garantía de estos principios, corresponde a los poderes públicos que habrán
de velar especialmente, porque los abogados puedan llevar a cabo el ejercicio de su
profesión de manera tal, que nunca vean coartada su actuación, pues ello implicaría un
detrimento de los derechos fundamentales de defensa y asistencia consagrados
constitucionalmente. La Ley Orgánica del Poder Judicial se pronuncia en este sentido en
el apartado primero del art. 546 al señalar que: “Es obligación de los poderes públicos
garantizar la defensa y la asistencia de abogado, en los términos establecidos en la
Constitución y en las leyes”.
Por otra parte, la garantía del respeto a las normas de cualquier tipo en el
ejercicio de la profesión viene determinada por las correcciones disciplinarias, penales y
consecuencias civiles de su inobservancia, establecida en el art. 546.2 de la L.O.P.J.,
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correspondiendo la potestad en la corrección administrativa disciplinaria a los Colegios
Profesionales y/o Consejos según determinen los estatutos propios de cada órgano (Art.
546.3 L.O.P.J). Dicha potestad disciplinaria, nace necesariamente de la colegiación
obligatoria que se establece en nuestras normas, y que recoge expresamente la L.O.P.J.
en el art. 544 apartado segundo, imponiéndose asimismo el juramento que ha de
llevarse a cabo antes del ejercicio de la profesión en el que el nuevo colegiado jura o
promete respetar y acatar la Constitución y las leyes : “1. Los abogados y procuradores,
antes de iniciar su ejercicio profesional, prestarán juramento o promesa de
acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. 2.- La colegiación
de los abogados y procuradores será obligatoria para actuar ante los juzgados y
tribunales en los términos previstos en esta Ley y por la legislación general sobre
Colegios profesionales, salvo que actúen al servicio de las Administraciones públicas o
entidades públicas por razón de dependencia funcionarial o laboral”.
No son pocas las ocasiones, en que saltan a la luz pública actuaciones de
abogados cuyas funciones de asesoramiento y defensa, se ponen en entredicho por
propios compañeros de profesión, periodistas e intelectuales, hasta el punto de que se
les trate como si se hubieran convertido, en delincuentes o en cómplices silenciosos de
delitos, o si, mínimo, fallaron al código de ética profesional y a los principios que esta
contempla.
El ejercicio de la Abogacía, no puede entenderse sin ética profesional y sin el
escrupuloso respeto de los principios inspiradores de la profesión: La dignidad, la
confianza y la integridad (que englobarían la reserva y la confidencialidad, la lealtad, la
transparencia y la colegialidad), la independencia y la libertad (Sánchez-Stewart, 2008).
Desde el I Congreso de la Abogacía Española que tuvo lugar en San Sebastián
en el año 1917, la dignidad de la profesión ha sido una de las cuestiones a las que mayor
relevancia se ha otorgado. La dignidad del abogado, ya en el Código Deontológico de la
Abogacía Española de 1995 se consideraba, como uno de los principios fundamentales
de la normas éticas de la conducta del abogado, estableciendo en su art. 1.2 que “el
abogado debe siempre actuar, conforme a las normas de honor de la dignidad de la
profesión, absteniéndose de todo comportamiento que suponga infracción o
descrédito”.
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El término dignidad, puede tener numerosos significados y significaciones
(honra, rectitud, decoro,…, etc.), lo que complica hablar de a qué se quiere aludir
cuando se habla de la dignidad del abogado o de la dignidad de la profesión.
Desde mi punto vista (poco entendible para el lego en derecho, cuando te indica
que no puede comprender la defensa del culpable) la dignidad del abogado se resume o
estriba en una sola cuestión: el cumplimiento del deber; en hacer lo que en cada caso
corresponda, siempre a través del estudio del derecho, fomentando la capacidad, talento
y experiencia, que siempre deben estar dirigidas a coadyuvar con la justicia. El abogado
“Debe ser un fiel intérprete de la ley, un guardián y defensor de los principios jurídicos,
de la justicia y de la verdad” (vid. Sánchez-Stewart, 2008).
La confianza como otro de los principios de la abogacía, no es entendible sin los
conceptos de secreto profesional y confidencialidad. La confianza, no es sino un
vehículo para servir los intereses de los clientes, y debe surgir tras la sensación de
seguridad que ha de transmitirse al particular a la hora de dar solución o consejo;
consejo que ha de tener su base en una firme sinceridad e integridad a la hora de otorgar
el mismo, todo ello reforzado, por el carácter de depositario de los secretos de su cliente
y destinatario de sus comunicaciones confidenciales: “Sin garantía de confidencialidad,
no puede haber confianza, de forma que el secreto profesional es considerado como el
derecho y la obligación fundamental y primordial del abogado” (art. 2.3.1 Código
Deontología profesional).
En definitiva el comportamiento del abogado, debe ser honesto, leal, diligente y
veraz. (Sánchez-Stewart, 2008).
De igual modo, la abogacía es una profesión libre e independiente y que presta
un importantísimo e ineludible servicio a la sociedad. El abogado asesora y defiende
tanto derechos e intereses públicos como privados, y su actuación está dirigida, a ser
garante y protector de los derechos y libertades fundamentales, en especial, del
desgraciadamente denostado, valor de la Justicia.
Independencia y libertad, son términos de contenidos similares, que tienden a
confundirse. No obstante, el Estatuto General de la Abogacía antepone el término
libertad, en la definición que aporta de abogado. Dicha prevalencia, debe
necesariamente obedecer a alguna circunstancia. Señala el art. 1 del EGA: ”1. La
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Abogacía es una profesión libre e independiente que presta un servicio a la sociedad en
interés público y que se ejerce en régimen de libre y leal competencia, por medio del
consejo y la defensa de derechos e intereses públicos o privados, mediante la
aplicación de la ciencia y la técnica jurídicas, en orden a la concordia, a la efectividad
de los derechos y libertades fundamentales y a la Justicia. 2. En el ejercicio
profesional, el Abogado queda sometido a la normativa legal y estatutaria, al fiel
cumplimiento de las normas y usos de la deontología profesional de la Abogacía y al
consiguiente régimen disciplinario colegial. 3. Los organismos rectores de la Abogacía
española, en sus ámbitos respectivos, son: el Consejo General de la Abogacía
Española, los Consejos de Colegios de Abogados y los Colegios de Abogados. Todos
los organismos colegiales se someterán en su actuación y funcionamiento a los
principios democráticos y al régimen de control presupuestario anual, con las
competencias atribuidas en las disposiciones legales y estatutarias”.
Cuando se habla de la libertad del abogado, se está hablando de libertad de
expresión y de la libertad de defensa y cuando se emplea la expresión independencia, se
habla del equivalente a la no subordinación, a la facultad de realizar, con libertad de
criterio, una o varias actuaciones. Sin independencia, no hay defensa.
Los abogados tendrán plena libertad de aceptar o rechazar la dirección del
asunto, en que se solicite su intervención, sin necesidad de justificar su decisión. Así
mismo podrá abstenerse o cesar en la intervención cuando surjan discrepancias con el
cliente, debiendo hacerla siempre que concurran circunstancias que puedan afectar a su
plena libertad e independencia en la defensa o a la obligación del secreto profesional.
No obstante el Abogado que renuncie a la dirección Letrada de un asunto habrá de
realizar los actos necesarios para evitar la indefensión de su cliente y cuando se trate de
defensa asumida por designación colegial, la aceptación, rechazo, abstención o cese
habrá de acomodarse a las normas de la justicia gratuita y sobre este tipo de
designaciones.
En ocasiones la libertad e independencia se puede ver comprometida, por una
simple situación de enfrentamiento entre el Juez y abogado. El temor a una relación
difícil entre Juez y abogado, con las consecuencias que ello puede acarrear para el
futuro profesional del letrado, pueden ser circunstancias determinantes, por ello, frente a
esta posible amenaza de la independencia se creó la figura del amparo colegial. El art.
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41 del Estatuto de la Abogacía dispone: “Si el Abogado actuante considerase que la
Autoridad, Tribunal o Juzgado coarta la independencia y libertad necesarias para
cumplir sus deberes profesionales, o que no se le guardase la consideración debida a su
profesión, podrá hacerlo constar así ante el propio juzgado o Tribunal bajo la fe el
secretario y dar cuenta la Junta de Gobierno. Dicha Junta, si estima fundada la queja,
adoptará las medidas oportunas para amparar la libertad, independencia y prestigio
profesionales”.
El Código Deontológico en el art. 2.1 dispone que:”la independencia del
abogado es una exigencia del Estado de Derecho y del efectivo derecho de defensa de
los ciudadanos, por lo que para el abogado constituye un derecho y un deber”.
En el VIII Congreso de la Abogacía Española (Pérez Bustamante, 2004a) fueron
objeto de debate entre otras cuestiones la necesaria independencia y libertad del
abogado en el ejercicio de su profesión. Los arduos debates dirigidos a obtener formulas
con la que garantizar tan importante principio, llevaron a alcanzar como conclusiones
que para el abogado la independencia y la libertad de defensa, son principios sin los que
no puede entenderse la profesión, y son la garantía de defensa del cliente. Dicha
independencia y libertad es igualmente predicable al letrado de Turno de Oficio, si bien
la libertad de defensa del cliente viene restringida por el mandato del Colegio y solo
podrá ser excusada por motivos tasados. Esta independencia y libertad, evidentemente,
también ha de predicarse respecto de los miembros de despachos colectivos y de los
pasantes, asumiendo la cabeza y tutor de los mismos el deber de garantizar la absoluta
libertad de defensa de sus miembros, lo que implica el poder rechazar los asuntos que
no puedan asumirse por objeción de conciencia.
No podemos referirnos a la independencia y libertad de defensa del abogado,
solo como un derecho del mismo, sino también como un deber. De hecho, los poderes
públicos, y en especial los Juzgados y Tribunales, deben observar que la conducta del
abogado esté presidida, entre otros, por estos principios, sin los que la garantía de
defensa del justiciable se ve quebrada. Si el abogado se ve obligado, en contra de dicha
libertad e independencia, a aceptar un asunto, es evidente que la correcta dirección del
mismo no puede estar garantizada. De hecho, la prohibición deontológica del pacto de
“cuota litis” tiene su razón de ser en que el sometimiento al mismo, supone,
necesariamente, una mezcla entre los intereses del cliente y los del abogado -que hace
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depender el cobro de sus honorarios del resultado del proceso- lo que sin duda hace
quebrar la necesaria independencia. En contra de este criterio, que implica la
prohibición del pacto de cuota litis, recogido tanto en el Estatuto como en Código
Deontológico, “lamentablemente” se han pronunciado las S.T.S. de 3 de Marzo y 1 de
Junio de 2003, entendiendo que esta prohibición podría suponer una práctica contraria a
la Ley de Defensa de la Competencia, y que en definitiva, permiten que los honorarios
del profesional, se vinculen al éxito del pleito, lo que sin duda, supone una barbaridad
contraria a la dignidad de la profesión, e implica atribuir al abogado unos intereses
económicos sobre asuntos de terceros, que denotan el trabajo del abogado y su labor
diaria de formación que está directamente relacionada con los asuntos que se le
encomiendan.
A dicha cuestión se refirió el Congreso de la Abogacia Española del año 2003
que tuvo lugar en Salamanca (Pérez Bustamante, 2004a): “3ª- La independencia del
abogado resulta gravemente afectada cuando mezcla sus intereses con los del cliente.
Al mismo tiempo, como es propio del contrato de arrendamiento de servicios, el
abogado tiene derecho a que éstos sean remunerados en todo caso. La llamada cuota
litis quiebra los anteriores principios. De un lado la independencia del abogado queda
mermada al depender su remuneración sólo del éxito y, de otro, existe la posibilidad de
una prestación gratuita lo que, desde luego, afecta a la competencia.
Es de lamentar que el Administrativo Tribunal de la Competencia tenga otra
teoría, si bien recogida recientemente por nuestro Tribunal Supremo (Sentencia de la
Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de 3 de Marzo de 2003).
Cosa bien distinta es la denominada “prima de éxito” compatible con el cobro
de unos honorarios profesionales, que debe ser admitida. La admisión el pacto de
cuota litis puro y, por tanto la posibilidad de trabajar sin contemplar siquiera unos
mínimos costes de prestación del servicio. Perjudicaría grave y especialmente a los
abogados más jóvenes –con ausencia de medios para hacer frente a dicha posibilidad-.
Beneficiando sin embargo a las grandes firmas y empresas de prestación de servicios
jurídicos con una importante capacidad económica” (Pérez Bustamante, 2004a).
Como vemos, la permisividad jurisprudencial relativa a la prohibición del pacto
de cuota litis, conlleva importantes repercusiones éticas y puede provocar la
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potenciación de abogados especulativos que incrementen la litigiosidad gratuita y
desprovista de fundamento (Cuaderno Jurídico de Proceso Civil, marzo-abril 2009).
Como hemos dicho precedentemente, cuando hablamos de libertad del abogado,
además de la libertad de defensa estamos hablando de libertad de expresión. Los
Colegios de Abogados han de garantizar dicha libertad de modo especial, que también
encuentra una contrapartida en lo que se refiere a la relación el abogado con los medios
de comunicación, imponiéndosele la obligación de no promover lo que se conoce como
llamados “juicios paralelos”. Al respecto ni el Estatuto de la Abogacía Española, ni el
Código Deontológico establecen prohibiciones expresas, debiendo remitirnos, en
principio, a la obligación general de guardar secreto. Esta ausencia de regulación,
debería ser resuelta cuanto antes, pues no podemos desconocer, que cada vez más, nos
encontramos con Abogados que abandonan el necesario anonimato y discreción,
pasando a ser y a hacer objeto mediático sus intervenciones ante los Tribunales, y con
ello, los procesos en los que intervienen; unas veces la finalidad es usar como
instrumento de defensa a los medios de comunicación en beneficio de su cliente y otras
por beneficio propio o tendencia al protagonismo o promoción.
El abogado en el Estatuto derogado tenía prohibida la publicidad (art. 31
derogado E.G.A) que ahora autoriza el art. 25 del Estatuto de la Abogacía, si bien con
las limitaciones que establece el precepto: “Artículo 25: 1. El abogado podrá realizar
publicidad de sus servicios, que sea digna, leal y veraz, con absoluto respeto a la
dignidad de las personas, a la legislación sobre publicidad, sobre defensa de la
competencia y competencia desleal, ajustándose, en cualquier caso, a las normas
deontológicas. 2. Se considerará contraria a las normas deontológicas de la abogacía
la publicidad que suponga: Revelar directa o indirectamente hechos, datos o
situaciones amparados por el secreto profesional. Incitar genérica o concretamente al
pleito o conflicto. Ofrecer sus servicios, por sí o mediante terceros, a víctimas de
accidentes o desgracias, a sus herederos o a sus causahabientes, en el momento en que
carecen de plena y serena libertad para la elección de abogado por encontrarse
sufriendo dicha reciente desgracia personal o colectiva. Prometer la obtención de
resultados que no dependan exclusivamente de la actividad del abogado. Hacer
referencia directa o indirecta a clientes del propio abogado. Utilizar los emblemas o
símbolos colegiales y aquellos otros que por su similitud pudieran generar confusión, al
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reservarse su uso para la publicidad institucional que pueda realizarse en beneficio de
la profesión en general”.
Evidentemente la importancia de la libertad en su vertiente libertad de expresión,
se constituye como el derecho del abogado a expresarse libremente en el seno de un
proceso, sin ver coartada su actuación cuando –evidentemente dentro de los límites que
la prudencia aconsejan- en defensa de los intereses de su cliente lleve a cabo sus
aserciones ante los tribunales. La libertad de expresión, debe hacerse efectiva durante
toda la tramitación y resolución de los procesos, siendo responsabilidad de los demás
intervinientes en el mismo (jueces, fiscales y funcionarios al servicio de la
administración de justicia) el contribuir a su impulso y absoluto respeto.
El Congreso de la Abogacía Española, celebrado en Salamanca en el año 2003,
estableció como conclusiones (Ponencia IV): “4ª.- No existe libertad de defensa sino se
garantiza el derecho cualificado del abogado a la libertad de expresión. El colegio
profesional debe amparar activamente la independencia del abogado, desde su
libertad. El abogado, defendiendo y respetando el derecho de información no debe
iniciar ni contribuir a los juicio paralelos en los medios de comunicación social,
conforme a los postulados deontológicos de la profesión, evitando que se condicione el
resultado normal del proceso. La tramitación y resolución de los litigios debe hacerse
en sede judicial, haciendo un llamamiento a la responsabilidad de los demás
intervinientes en el proceso, jueces, fiscales, y personal al servicio de la Administración
de Justicia, para que cada uno, desde su función, no contribuya a la aparición y
promoción de aquellos juicios paralelos que lesionan el derecho de defensa y
menoscaban la independencia del abogado” (Pérez Bustamante, 2004a).
Los principios base del ejercicio de la profesión de abogado, son la garantía de
uno de los derechos fundamentales más importantes que recoge nuestra Constitución
Española: la garantía del derecho de defensa. Los esfuerzos normativos futuros deben ir
siempre dirigidos a la garantía y respeto de esos principios por parte del resto de
operadores jurídicos, para que, en caso de infracción y/o quebrando de estos principios,
los órganos colegiales (Colegios en General, Decanos en particular, Consejos
Autonómicos, y Consejo General de la Abogacía) estén facultados expresamente para la
defensa de los mismos, otorgándoles legitimación para intervenir en defensa de los
colegiados, que se vean atacados en el ejercicio de la profesión, tanto en procesos
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disciplinarios contra jueces como para cursar denuncias ante el Consejo General del
Poder Judicial contra jueces y magistrados; en definitiva, otorgar capacidad a dichos
órganos para poder mostrarse parte en todas las quejas bien judiciales bien
administrativas que hubieran sido cursadas por un abogado en el ejercicio de su
actividad.
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