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Cátedra de Artes N° 14 (2013): 15-43 • ISSN 0718-2759© Facultad de Artes • Pontificia Universidad Católica de Chile

El orden del discurso patrimonial: la normalización de las prácticas de conservación en la protección de

monumentos, bienes y paisajes culturales1

The order of the patrimonial discourse: normalization of the conservation practices in the protection of cultural

monuments’, properties’ and landscapesMaximiliano Soto

Université de Strasbourg, Estrasburgo, [email protected]

Resumen Este artículo introduce al lector en la normalización del patrimonio cultural, dando cuenta de la estructuración de un orden del discurso patrimonial. Un proceso que responde a una universalización de las autenticidades de un bien cultural, que se origina en documentos oficiales de la experticia internacional representada por tres actores: Unesco, Icomos y el Consejo de Europa. La restauración-rehabilitación de bienes culturales es el resultado de una imposición que produce paradojas cuando las prácticas de conservación se concentran en la materialidad del bien, desplazando lo inmaterial y simbólico. Dos formas patrimoniales que conviven y se oponen en las políticas patrimoniales de Francia y Chile, dejando en evidencia contradicciones en la protección del patrimonio cultural.Palabras Clave: Patrimonio cultural, discurso patrimonial, prácticas de conservación, materialidad, inmaterialidad.

AbstractThis paper introduces the reader to the normalization of cultural heritageby illustrating the structuring of the order of the patrimonial discourse. Aprocess which addresses the universalization of the authenticities of a cultural property, originating in the official documents of international expertise represented by Unesco, Icomos and the European Council. The restoration/rehabilitation of cultural properties is a result of an imposition that produces paradoxes, when conservation practices focus on the materiality of the pro-perties and ignore the immaterial and the symbolic. Two patrimonial forms that coexist and oppose each other within the patrimonial policies of France and Chile, leaving in evidence contradictions in the protection of cultural heritage .Keywords: Cultural heritage, patrimonial discourse, conservation practices, materiality, immateriality.

1 Este artículo se apoya en resultados obtenidos a lo largo de la tesis doctoral realiza-da en la Universidad de Estrasburgo, Francia; una investigación que es el fruto de un análisis internacional comparado de procesos de patrimonialización en viejos barrios pericentrales de tres ciudades reconocidas, a la escala regional, nacional e internacional, por su patrimonio cultural y construido: Basilea, Estrasburgo y Valparaíso. Este estudio se estructura desde un enfoque socioantropológico de dinámicas socioespaciales existentes en barrios catalogados de populares y degradados, que han experimentado recomposi-ciones sociales; barrios que, como unidades de observación, ayudan a comprender los efectos sociales, culturales y simbólicos en la reapropiación de bienes culturales y del patrimonio construido. La metodología cualitativa utilizada se apoyó en observaciones participantes, entrevistas en profundidad, cuestionarios y registro fotográfico.

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“El comercio de la historia consiste en ofrecer a la gente un porvenir a cambio de un pasado.”

Carlos Fuentes2

El gusto por el pasado y el interés por proteger bienes culturales pone el acento en la autenticidad del bien y en la identidad que transmite frente a un grupo o comunidad que se siente parte. Muchos de estos bienes, como es el caso de teatros, museos, barrios, inmuebles residenciales y/o parques, son tratados como bienes patrimoniales una vez que los apelativos y caracteres que poseen se enmarcan dentro de un léxico específico. Situar a los bienes culturales dentro de un criterio patrimonial es una forma de ordenar las diferencias que poseen monumentos, bienes históricos, paisajes culturales, por un lado; y restauraciones-rehabilitación como prácticas de conservación, por otro. Es una manera de establecer una suerte de sintonía que ordena dichos, opiniones, diagnósticos, evaluaciones, críticas, juicios, apreciaciones, etc. Un acto de normalización que establece normas y reglas integrando dos lógicas al interior de un orden dis-cursivo: el sentido y la práctica institucional.

Son dos lógicas que se estructuran en la realidad material del discurso a través de documentos y escritos, y que van controlando las prácticas de conservación dentro de un orden discursivo de tipo patrimonial. Un orden que se podría abordar desde una violencia objetiva y simbólica (Zizek 2009) que asegura su reproductividad. O desde las prácticas de conservación como prácticas ideoló-gicas (Van Dijk 2003). Sin embargo, hablar de la legitimación de un discurso, enfocada a la conservación de bienes patrimoniales, puede parecer algo general y meramente descriptivo, es por eso que nuestro objetivo en el presente artículo es introducirnos al interior de una serie de normas/reglas que han sido formu-ladas al alero de expertos internacionales (la Unesco, el Icomos y el Consejo de Europa). Se trata de un cuerpo normativo en materia de conservación y de protección del patrimonio cultural y natural, dentro de un pensamiento institucional (Douglas 2004) que nos ayudará a develar las divergencias en la comprensión del patrimonio y los intereses diversos en su conservación.

Hemos estructurado este artículo en tres partes. Una primera para explicar las dimensiones de lo universal/particular y lo material/inmaterial como ejes articulantes de los dilemas en la puesta en valor del patrimonio construido y representado (sección I). Enseguida un análisis de la normalización del patri-monio a través de la experticia internacional y de sus principales documentos (sección II); para finalizar con una discusión sobre las normas aplicadas, tanto en Francia como en Chile, en materia de política patrimonial, ejercicio que ilustrará el orden del discurso patrimonial (sección III).

2 Carlos Fuentes. “El Otro K”. Vuelta Vol. 3, n°28 (1979). 22-29.

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I. La puesta en valor del patrimonio: de lo particular a lo universal como principio de autenticidad

El patrimonio es un concepto polisémico que muchas veces es definido desde lo económico, haciendo referencia a lo que deja el padre como herencia a los hijos; en otras ocasiones tiene un significado más cultural, refiriéndose a las tradiciones que se transmiten de generación en generación. Estas dos dimensiones no son excluyentes, pese a contener ciertas tensiones al momento de distinguir la materialidad e inmaterialidad que está contenida, por ejemplo, en un monumento. “El monumento nos envía a la noción de obra, a la conme-moración, a la ejemplaridad, mientras que el patrimonio está más cerca de la identidad, de la reivindicación política o de la apropiación social” (Rautenberg 2008: 13; traducción propia). En ambos enfoques podemos ver que los bienes patrimoniales responden a ideologías, relaciones sociales, culturales y simbólicas.

Este tipo de bienes culturales posee dos valores: el valor material, contenido en la dimensión física, y el valor inmaterial, en la dimensión simbólica y repre-sentativa, donde los valores sociales y culturales se expresan. El proceso de puesta en valor de un bien cultural, conocido como patrimonialización, representa una contradicción si la condición material del bien, a modo de monumentalidad, es destinada a visibilizar los símbolos del poder que legitiman solo la historia oficial del lugar.

El orden del discurso patrimonial se estructura por prácticas discursivas y extradiscursivas que van elaborando una oficialidad semántica unívoca al mo-mento de distinguir la Historia de las historicidades contenidas en las prácticas culturales contenidas en monumentos, bienes y paisajes: “Lo nuevo no está en lo que se dice, sino que en el acontecimiento de su retorno” (Foucault 2010: 28; traducción propia). Por ejemplo, en el caso de barrios históricos, donde se concentran una serie de valores tanto materiales como inmateriales, y tanto culturales como naturales, la puesta en valor de formas físicas y de estilos ar-quitectónicos por sobre los valores sociales y culturales de sus habitantes puede activar una serie de “efectos perversos” (Boudon 1977) al producir, por ejemplo, un aumento en los arriendos y gatillar una expulsión de sus antiguos residentes.

Después de haber intentado aclarar los valores que se contienen en todo bien cultural calificado de patrimonial, intentaremos situar estas tensiones al interior del discurso patrimonial para identificar los dispositivos institucionales, que, a modo de prácticas, van estructurando un orden en la distinción y valoración de dichos bienes. En este ejercicio tendremos presente la hipótesis planteada por Michel Foucault al formular que “en toda sociedad la producción del dis-curso está a la vez controlada, seleccionada, organizada y redistribuida por un cierto número de procedimientos que tienen por función conjurar los poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y temible materialidad” (2010: 10-11; traducción propia). Una formulación que nos ayu-dará a trascender el acontecimiento reduccionista del discurso para situarnos en


el proceso de estructuración de un orden discursivo tendiente a homogeneizar las autenticidades culturales dentro de una práctica universal de la conservación.

Tanto a escala nacional como local, el discurso dominante de la política patri-monial impone la autenticidad como valor universal. Así los estilos arquitectónicos occidentales del medioevo, del Renacimiento, de la época victoriana o, incluso, de la arquitectura vernácula, como es el caso de ciertas construcciones en adobe, son puestos en valor y presentados ante la comunidad internacional como bienes únicos y originales, condición que legitima su conservación. La inscripción de un bien cultural como bien auténtico responde a una transmutación de la particularidad a la universalidad, según los principios de una industrial cultural (Adorno y Horkheimer 1998). El “valor universal excepcional” es una práctica discursiva que transforma un bien cultural particular en un bien patrimonial “universal” al responder a ciertos criterios de distinción según el discurso de conservación instituido por la Unesco (Unesco 1972). Este discurso se basa en tres tipos de bienes culturales: el monu-mento histórico, el bien patrimonial y el paisaje cultural; tres tipos de bienes que deben demostrar ser auténticos para contar con un reconocimiento internacional. La autenticidad hace referencia a un carácter único e irreproductible del bien cultural para demostrar su valor universal. El paso de la particularidad –valor único– a la autenticidad –valor universal– es paradojal si el discurso patrimonial opone valores materiales e inmateriales, produciendo una tensión entre la dimensión física visible y la dimensión simbólica menos visible, como se ve en los primeros ocho de los diez criterios que definen el concepto de valor universal excepcional:

i) Representar una obra maestra del genio creativo humano. ii) Testimoniar un importante intercambio de valores humanos a lo largo de un período de tiempo o dentro de un área cultural del mundo, en el desarrollo de la arqui-tectura o tecnología, artes monumentales, urbanismo o diseño paisajístico. iii) Aportar un testimonio único o al menos excepcional de una tradición cultural o de una civilización existente o ya desaparecida. iv) Ofrecer un ejem-plo eminente de un tipo de edificio, conjunto arquitectónico o tecnológico o paisaje, que ilustre una etapa significativa de la historia humana. v) Ser un ejemplo eminente de una tradición de asentamiento humano, utilización del mar o de la tierra, que sea representativa de una cultura (o culturas), o de la interacción humana con el medio ambiente especialmente cuando este se vuelva vulnerable frente al impacto de cambios irreversibles. vi) Estar directa o tangiblemente asociado con eventos o tradiciones vivas, con ideas, o creencias, con trabajos artísticos y literarios de destacada significación universal. (El Comité considera que este criterio debe estar preferentemente acompañado de otros criterios). vii) Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de excepcional belleza natural e importancia estética. viii) Ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos creadores de formas geológicas o características geomórficas o fisiográficas significativas. ix) Ser uno de los ejemplos eminentes de procesos ecológicos y biológicos en el curso


de la evolución de los ecosistemas. x) Contener los hábitats naturales más representativos y más importantes para la conservación de la biodiversidad, incluyendo aquellos que contienen especies amenazadas de destacado valor universal desde el punto de vista de la ciencia y el conservacionismo (Unesco 2005: 19-20; traducción propia).

Si la particularidad reflejada en un testimonio cultural, un ejemplo eminen-te, un contenido cultural o un ejemplo representativo de alguna tradición y/o un bien cultural, es reconocida por la experticia internacional del patrimonio, adquiriendo un carácter universal, pasa a formar parte de la lista de autenticida-des del Patrimonio Mundial de la Humanidad, como es el caso de la Catedral de Estrasburgo o el centro histórico de Valparaíso (ver figura 1). Dos bienes culturales lo suficientemente auténticos para ser considerados testimonios del desarrollo de la humanidad occidental o parte del ADN de la civilización occidental. El sello o distinción de “valor de excepción universal” es la garantía de la autenticidad que se concede a un bien cultural. Un acto de nominación-normalización que representa el reconocimiento institucional que la Unesco confiere a toda forma de reivindicación identitaria ( Jeudy 2008).

Imágenes 1 y 2. La Catedral gótica de Estrasburgo (izquierda) y una panorámica del centro histórico de Valparaíso (derecha). Fotografías de Maximiliano Soto, abril

2012 y agosto 2008.

La definición de “valor de excepción universal” es arbitraria al estar estre-chamente relacionada con la noción de rareza, siendo un criterio insuficiente, pues si un bien es excepcional lo es en comparación con otros más comunes y corrientes a la mirada de expertos, pero según qué criterios. Por ejemplo, para


los masais de Kenia una cebra es un animal común desde siempre, pero fue un animal rarísimo a los ojos de un explorador europeo del siglo XIX. Otros ejem-plos similares se pueden encontrar en los escritos de Marco Polo De Mirabilis Mundi o en crónicas de conquistadores españoles, donde se pueden encontrar descripciones de rarezas observadas en los territorios explorados bajo la mirada de la civilización europea. Lo raro y lo común o, mejor dicho, lo raro y lo normal dependen de criterios de distinción (Bourdieu 1979), donde lo excepcional es revalorizado bajo un orden discursivo del patrimonio que lo legitima pese a las paradojas y contradicciones existentes.

II. Normalización del patrimonio y las bases de un orden discursivo

La normalización propone una tipología de valores que permite ponderar al patrimonio como un valor universal. Un valor que integra el modus operandi de las operaciones a seguir para la conservación y preservación por los Estados miembros de la Unesco, lo que es un trabajo de buen encauzamiento en el sentido foucaultiano del término (Foucault 1975). Tres representantes de la experticia internacional: la Unesco, el Icomos y el Consejo de Europa, normalizan el discurso del patrimonio a partir de cartas, convenciones y documentos. La normalización es una suerte de control del discurso. Ella funciona como un sistema de exclusión como lo señaló Michel Foucault “pues son los mismos discursos los que ejercen su propio control; procedimientos que juegan a título de principios de clasifica-ción, de ordenamiento, de distribución” (2010: 12; traducción propia). Para que el pensamiento institucional logre controlar los discursos del patrimonio local a una escala universal debe poner en lugar dispositivos de medida disciplinaria. La disciplina es en principio un juego de reglas y definiciones, donde las nociones de monumento, bien patrimonial y paisaje cultural guían la discusión sobre la puesta en valor del patrimonio. Sin embargo, la normalización también puede adquirir la forma de acto de vigilancia y de castigo, como ha quedado demostrado en el caso de Dresden, Alemania; una ciudad que ha sido retirada de la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad en 2009 al privilegiar el desarrollo urbano local y au-torizar la construcción de un puente sobre el río Elba. Una decisión que facilitó el acceso directo al centro histórico de la ciudad, pero afectando la autenticidad y la homogeneidad urbana, según los evaluadores Unesco 3.

3 Claramente fue una decisión que se llevó a cabo en el consejo municipal, un debate que no consideró los “consejos” de observadores y evaluadores de la Unesco y del Ico-mos. Dresden permaneció solamente cuatro años en la lista del Patrimonio Mundial de la Humanidad después de haber recibido la declaratoria en 2005. Cabe señalar que es el primer sitio urbano que ha sido retirado de la lista del Patrimonio Mundial, pues hasta esa fecha el santuario de Oryx árabe en Omán, que fue retirado en 2007, era el único caso del que se tenía registro pero como parte del patrimonio cultural natural y no del patrimonio cultural urbano. En el caso de Dresden, la ciudad fue retirada “de


La declaración de bienes culturales a integrar la lista del patrimonio mun-dial de la humanidad es un acto de voluntad que transmite o responde a dos principios, la de la voluntad de ejercer un discurso y los saberes que, a modo de orden discursivo, integran o excluyen las particularidades dentro de una universalización de la diversidad cultural. Un orden que se estructura desde el pensamiento institucional, pero sobre todo desde un soporte institucional “a la vez reforzado y acompañado por una densa serie de prácticas como la pedagogía, como el sistema de libros, las ediciones, las bibliotecas, las sociedades de viejos sabios, las laboratorios actuales” (2010: 19; traducción propia).

II.1. La experticia internacional del patrimonio: Unesco, Icomos y el Consejo de Europa

Las principales instituciones normalizadoras del patrimonio que han sido creadas a mediados del siglo XX son la Unesco, el Icomos y el Consejo de Eu-ropa. Estas instituciones han elaborado documentos necesarios para establecer las normas y reglas a seguir en materia de conservación, protección, restaura-ción y gestión del patrimonio; dando prioridad al patrimonio arquitectónico centrado en monumentos históricos y antiguas construcciones. Son tres actores que construyen reglas desde sus respectivos discursos desde donde defienden intereses y valores corporativistas de expertos para fijar las normas en torno a las práctica de conservación del patrimonio. La normalización del patrimonio ha sido guiada y estructurada por esos actores internacionales produciendo un léxico y un discurso que delimita la noción de patrimonio cultural, y los límites de las diferencias culturales dentro de una diversidad universal.

A comienzo de la década de 1930 y dentro del discurso de la Sociedad de las Naciones (SDN), el patrimonio fue abordado como una noción aplicada a los monumentos históricos por el valor histórico contenido en su condición material, sin tomar en cuenta las representaciones o los valores sociales que estos monumentos aportan a los individuos, dejando fuera el valor inmaterial y, a la vez, marcando una tónica que seguirá presente en muchos debates.

Las numerosas demoliciones de la Segunda Guerra alimentaron las discu-siones entre arquitectos y técnicos de monumentos históricos. Discusiones con-flictuales que dieron origen al Segundo Congreso Internacional de arquitectos y técnicos de monumentos históricos que se reunió en Venecia en 1964. Los acuerdos prácticos obtenidos para la protección del patrimonio arquitectónico fueron acompañados por la creación de un nuevo organismo de profesionales y expertos de la conservación de monumentos, el Consejo Internacional de

lista del Patrimonio Mundial, luego de la construcción de un puente de cuatro vías en medio del paisaje cultural, lo que significa que el sitio no ha sabido conservar el valor de excepción universal excepcional que le había valido su inscripción” (Unesco, 33a sesión del Comité del Patrimonio Mundial, Sevilla 25 de junio de 2009).


Monumentos y de Sitios (Icomos). Esta organización se consagra a la conser-vación y a la protección de monumentos, de conjuntos urbanos y de sitios del patrimonio cultural. Es una organización no gubernamental, cuyos principales objetivos son promover métodos y técnicas aplicadas a la conservación y a la protección de monumentos y sitios. Actúa también como organismo consultor de la Unesco en los procedimientos de declaración de un bien cultural o sitio4.

En el discurso del Icomos la restauración de monumentos históricos constituye un dispositivo de reconstrucción a posteriori de un suceso histórico. Ella constituye una tensión entre la rememoración y la reinvención, donde las políticas patrimoniales representan una ruptura con la dimensión material del pasado (Rautenberg 2004). Esta primera normalización ha evolucionado hacia la segunda fase para establecer un cuerpo jurídico, una conservación del patrimonio que se regula desde la Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural de 1972 redactada por la Unesco. Esta convención establece una regulación general con el fin de orientar las medidas y puesta en valor de aquellos patrimonios identificados en el territorio de los Estados que forman parte de la Unesco y que cuentan con el apoyo de la experticia Icomos.

Los Estados miembros deben establecer medidas de protección del patri-monio cultural y natural situado en su territorio:

Adoptar una política general encaminada a atribuir al patrimonio cultu-ral y natural una función en la vida colectiva y a integrar la protección de ese patrimonio en los programas de planificación general. Instituir en su territorio, si no existen, uno o varios servicios de protección, conservación y revalorización del patrimonio cultural y natural, dotados de un personal adecuado que disponga de medios que le permitan llevar a cabo las tareas que le incumban . . . Adoptar las medidas jurídicas, científicas, técnicas, administrativas y financieras adecuadas, para identificar, proteger, conservar, revalorizar y rehabilitar ese patrimonio . . . (Unesco 1972: art. 5).

4 El Icomos fue creado formalmente en 1965 en Varsovia después de la elaboración de la Carta internacional sobre la conservación y la restauración de monumentos y sitios, más conocida como la Carta de Venecia. Existen comités nacionales Icomos en la mayor parte de los países miembros de la Unesco. Estos reagrupan tanto miembros individuales como institucionales; cada comité tiene el derecho de adoptar su propio reglamento interior y de elaborar su programa en función de sus estatutos y objetivos.


El Consejo de Europa (CDE)5 es el tercer actor internacional que ha par-ticipado en la normalización del discurso patrimonial; su departamento del patrimonio cultural, del paisaje y del urbanismo es el responsable de la aplica-ción de acuerdos internacionales de los Estados miembros. En el discurso de esta institución los bienes patrimoniales constituyen una forma arquitectónica a valorar dentro de un espacio común. Por ejemplo, en un barrio histórico, las antiguas edificaciones pueden ser restauradas y conservadas para resaltar los estilos y la homogeneidad que contienen. El CDE ayuda a los Estados que lo componen a encontrar los mecanismos de protección, de gestión y de valora-ción de bienes culturales, o bienes patrimoniales. Sus normas se inscriben en la lógica eurocentrista de la conservación basada en el patrimonio construido, monumental y natural como componentes de la civilización europea occiden-tal, desde donde intentan articular las formas materiales e inmateriales de los bienes culturales europeos al querer reunir diferentes experticias abordándolo de manera ingenua, sin medir las dinámicas, diferencias y conflictos existentes al interior de una comunidad patrimonial.

Hoy en día usted tiene algo que ha sido completamente olvidado en los últimos años, y es el CDE que ha abordado esta preocupación. Me refiero al patrimonio de las personas. Por ejemplo, para las personas de la calle ¿qué es el patrimonio? El CDE ha formulado el concepto de comunidad patrimonial, es decir las asociaciones, en la sociedad civil, entre lo material, lo inmaterial, lo visible e invisible. El asunto es saber cómo se establece un equilibrio entre el patrimonio de expertos, de profesionales, entre aquellos que son autori-zados a decir qué es y qué no es patrimonial, aquellos que representan a las autoridades locales, a veces sin experiencia, y a las personas que representan lo profano (Entrevista con Daniel Thérond, director del departamento de patrimonio cultural, del paisaje y de la gestión en el Consejo de Europa, 2009).

La Unesco, el Icomos y el CDE han estructurado la regulación del patrimonio en base a tres ejes: la restauración de monumentos históricos; bienes de valor universal y excepcionales; y paisajes culturales entendidos como entornos natu-rales, urbanos y comunitarios; así han estructurado el buen encauzamiento del discurso patrimonial a nivel internacional. Actualmente la discusión cultural se concentra en tres ejes: la conservación, la protección y la gestión del patrimonio. Esta temática no está tan alejada de las discusiones sobre la mundialización, la

5 Esta institución es regida por reglas de derecho público internacional, precisamente por la Declaración universal de derechos del hombre (1948), la Convención cultural europea (Unesco 1954), conocida como la Carta de la Haya, y por el Pacto internacional relativo a los derechos económicos, sociales y culturales (1966). Por consecuencia, todas las convenciones firmadas en el CDE son instrumentos de protección de derechos en sus diferentes dimensiones. El patrimonio inmaterial, pese a su retraso, también ha pasado a formar parte de esta convencionalidad.


defensa de los pueblos de origen diverso o sobre el desarrollo sostenible. Por ejemplo, la declaración del centro histórico de una ciudad, a título de Patrimonio Mundial de la Humanidad, puede producir efectos sociales para la población que habita el lugar. La rehabilitación de viejos inmuebles puede elevar los montos de arriendo y modificar el comercio microlocal en productos y precios, dando razones suficientes para explicar el cambio de residencia de antiguos residentes. En esta dinámica sociocultural cabe preguntarse dónde se localiza el equilibrio entre el valor material y los valores inmateriales que están presentes al momento de revalorizar un bien cultural.

II. 2. Principios estructurantes de la normalización del patrimonio: la gestación de un orden del discurso patrimonial

En el discurso de certificación Unesco existen paradojas entre intervenciones que apuntan a proteger los monumentos amenazados y aquellas que apuntan a la conservación de las “maravillas del mundo”, donde el culto de los monumentos es preponderante (Riegl 2003). Al inicio, la patrimonialización se configura como un proceso de revaloración del patrimonio que comienza por una puesta en dossier mediante la gestión de actores nacionales y locales, tanto de orden público como privado. Si el dossier es aceptado, un proceso de inscripción y de declaratoria se inicia, respondiendo a un reconocimiento del bien patrimonial en el discurso del valor de excepción universal. Esta regulación de inscripciones presenta ciertas ambigüedades, pues la puesta en valor se apoya sobre intereses y valores universales de un pasado a conservar según las reglas del juego: “La incorporación a la Lista de Patrimonio Mundial Unesco sirve como una ima-gen de marca . . . es el reconocimiento de la autenticidad y de la calidad de la naturaleza, la notoriedad internacional, lo que importa”6 (Entrevista con Pascal Viroleau, miembro de la Oficina de Turismo de París, 2010).

La palabra es un importante componente de la frase, en tanto sentido la frase sería la unidad del discurso: “Si la palabra permanece como el soporte del efecto de sentido metafórico, es porque en el discurso la función de la palabra es de encarnar la identidad semántica” (Ricœur 1975: 88; traducción propia). La gestación del orden del discurso patrimonial, en tanto proceso de normali-zación del patrimonio cultural y construido, se estructura por palabras clave que contienen unidades de sentido, a modo de principios estructurantes, cargadas de ideologías, estrategias y modos culturales.

Proponemos un análisis crítico del discurso y de las reglas contenidas en cartas y documentos oficiales de la conservación y de la protección patrimonial, con el fin de develar aquellos principios estructurantes que originan el orden del discurso patrimonial. Este análisis se estructurará desde un análisis cronológico de documentos clave en la normalización internacional del discurso de protección

6 Traducción propia.


del patrimonio. Así comenzaremos por la Carta de Atenas de la Restauración de Monumentos Históricos (1931) hasta el Memorándum de Viena (2005), un período dentro del cual se han establecido normas y reglas, y se ha visto cómo se ha gestado un orden del discurso patrimonial.

La Carta de Atenas sobre la Restauración ha sido la primera en señalar una preocupación por la protección de antiguos barrios afectados por operaciones de demolición exigiendo una restauración de dichas construcciones. Sin embargo, fue una preocupación que no dejó espacio para incluir al valor social de dichos barrios: “La protección del entorno de sitios históricos debe ser un objetivo de atención particular . . . La Conferencia recomienda respetar, en la construcción de edificios, el carácter y la fisonomía de ciudades, sobre todo en el entorno de monumentos antiguos cuyo entorno debe ser un objeto de cuidados particulares” (SDN, apar-tado III, 1931: 3; traducción propia). Si bien el contenido principal de esta carta se concentra en la protección de los monumentos, también hace referencia a las diferencias entre el derecho público y el derecho privado en diferentes marcos legales sobre monumentos. Es por eso que hace un llamado a la regulación general del patrimonio, según la cual una capacidad de maniobra debe existir para los pro-pietarios, a fin de comprometerles a hacer trabajos de restauración. La regulación patrimonial se sitúa entre la realización de trabajos y los efectos sociales producidos por el aumento del arriendo, una presión económica que produce la expulsión de antiguos arrendatarios. Discusión que hace pensar en los dilemas presentados ya por Camilo Boito a fines del siglo XIX en torno a la restauración o conservación del patrimonio (2000). Esta carta fija las primeras orientaciones para la conservación de monumentos históricos, lo que ha orientado en cierta medida las prácticas de conservación del patrimonio material, pero manifestando una despreocupación por el patrimonio inmaterial, los usos diversos y los valores sociales de los sujetos, en el marco de su vida cotidiana, y de la experiencia de habitar en un barrio histórico, como visitantes, turistas, paseantes, trabajadores y/o comerciantes.

La segunda Carta de Atenas del Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) es la más conocida debido a los aportes de Le Corbusier sobre la unidad de habitación como base de la arquitectura moderna y sobre los fundamentos de la ciudad funcional moderna. Esta carta consagra una pequeña parte a la protección, muy selectiva, del patrimonio arquitectónico, sin limitarse al patrimonio material incluyendo “el alma colectiva” como dimensión identitaria y cultural indispensable para los individuos. Las construcciones “serán protegi-das si son la expresión de una cultura anterior y si ellas responden a un interés general” (Le Corbusier 1957). La arquitectura moderna, al seno del CIAM, se interesa sobre todo por la vivienda moderna y en el caso que esta manifestara un interés para los centros históricos, sería para museificarles. A partir de esta segunda Carta de Atenas se puede identificar un discurso funcional del pa-trimonio arquitectónico y construido, haciendo la diferencia entre la vivienda antigua a rehabilitar y la vivienda disfuncional a demoler y reestructurar. Esta mirada funcional de la ciudad y de su patrimonio es un tema que estuvo pre-


sente en debates intelectuales después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los bombardeos destruyeron varios centros históricos de Europa, reactivando la preocupación por la protección de bienes culturales7, y que serán retomados en un congreso de arquitectos, conservadores y museólogos en Venecia.

La Carta de Venecia retoma los principios de la restauración de la década de 1930 para establecer una primera normalización internacional sobre la pro-tección de monumentos, a partir de la noción de monumento histórico para la protección del patrimonio monumental:.

La noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada como la de sitio urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. Ella entiende no solamente las grandes creaciones, sino también las obras modestas que han adquirido con el tiempo una significación cultural (Icomos 1964: art. 1; traducción propia).

El patrimonio cultural es abordado como monumento histórico, desde donde se configuran prácticas de conservación que activan intereses para la revaloración de bienes que conservan mensajes del pasado y que cuadran con la monumentalidad.

Desde la década de 1960 el culto a los monumentos da origen a una industria del patrimonio, con un discurso exhaustivo de conservación en todos los ámbitos, gatillando una aceleración en la mercantilización del patrimonio en su materialidad (Choay 1992). La Carta de Venecia establece las reglas sobre la restauración del patrimonio: “La restauración es una operación que debe guardar un carácter excep-cional. Teniendo por objetivo conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento” (1964: art. 9). Podemos ver que se establece una norma, la de la monumentalización del patrimonio, donde la noción de monumento histórico no hace referencia a la noción de cultura, sino más bien a un testimonio de la civilización occidental que fija la norma a seguir como principio estructurante de protección y de reconocimiento de una historia oficial.

7 La Convención para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado tuvo lugar en La Haya en 1954 (conocido como la Carta de La Haya). La preocupa-ción por el patrimonio cultural y, particularmente, el patrimonio construido, retomó el terreno de la discusión y de la gestión. Según la Carta de La Haya los bienes culturales son todos “los bienes, muebles e inmuebles, que presentan una gran importancia para el patrimonio cultural de pueblos, tales como los monumentos arquitectónicos, de arte o de historia, religiosos o laicos, los sitios arqueológicos, los conjuntos de construcciones que, como tal, presentan un interés histórico o artístico, las obras de arte, los manuscritos, libros y otros objetos de interés artístico, histórico o arqueológico, así que las colecciones científicas y las colecciones importantes de libros, archivos o reproducciones de bienes” (Unesco 1954: art. 1). Esta carta fue redactada en el seno de la experticia internacional de la Unesco, a partir de la cual se integró el concepto de “centros monumentales” que reúne a un conjunto monumental por oposición a un monumentos aislado.


Imagen 3. Un conjunto monumental a orillas del Gran Canal en Venecia. Fotografía

de Maximiliano Soto, marzo 2013.

Seguido a la Carta de Venecia, el concepto de patrimonio arquitectónico fue adoptado integralmente por la Unesco. Su objetivo fue reunir las medidas para la conservación de bienes culturales y naturales. Firmada en 1972, la Convención para la protección del patrimonio mundial, cultural y natural ha fijado un léxico en torno al patrimonio cultural, aplicado a monumentos, conjuntos arquitectónicos y a los sitios que testimonian el desarrollo de la humanidad:

A los efectos de la presente Convención se considerará “patrimonio cultural”:

Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monu-mentales, elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.

Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitec-tura, unidad e integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia

Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tienen un valor universal excepcional desde el punto de vista histórico, estético, etiológico o antropológico8 (Unesco 1972: art. 1).

8 Extracto de la Convención de la protección del patrimonio mundial, cultural y natural.


Esta normalización y tipología del patrimonio cultural ha sido instaurada por el comité de la Unesco, con el fin de distinguir bienes ordinarios de bienes extraordinarios en materia de autenticidad y de reconocimiento institucional, acuñando la noción de valor universal excepcional. La convención de la protec-ción del patrimonio mundial cultural y natural instaura el buen encauzamiento de la política patrimonial particular de cada Estado que la haya ratificado, donde las diferentes formas del patrimonio (arquitectónico, construido, monumental) no serían tomadas en cuenta solo bajo la noción genérica de patrimonio cultural.

Pese a que la Unesco ha normalizado el concepto de patrimonio cultural, la relación entre la inscripción de sitios y la de monumentos permanece inconsis-tente frente a los objetivos del Consejo de Europa (CDE), considerando que la protección y la puesta en valor del conjunto del “patrimonio europeo construido, cultural y natural” no ha sido asegurado en su totalidad por la convención. Una situación que motivó la inauguración en 1975 del año internacional del patri-monio para formalizar los desafíos europeos de la arquitectura patrimonial. La Carta europea del patrimonio arquitectónico define la importancia del patri-monio arquitectónico y cultural del CDE. Para el CDE, el carácter histórico hace que una figura urbana o una forma arquitectónica sea o no patrimonial. Como lo indica la Carta Europea del Patrimonio Arquitectónico: “El patrimo-nio arquitectónico es un patrimonio espiritual, cultural, económico y social de valores irremplazables. Lejos de ser un lujo para la colectividad, la utilización de este patrimonio es una fuente económica (CDE 1975; traducción propia). Esta carta pone el acento sobre aquellos grandes monumentos que resaltan en el tejido urbano europeo: “El patrimonio arquitectónico europeo está formado no solamente por nuestros monumentos más importantes, sino también por los conjuntos que constituyen nuestras antiguas ciudades y nuestros pueblos con tradición en su entorno natural o construido” (1975: art. 1; traducción propia). Esta normalización del patrimonio arquitectónico a una escala europea pone el acento más en la materialidad física de inmuebles, teniendo en cuenta el espíritu del lugar, estableciendo una nueva regla: la conservación integral.

La conservación integral incorpora los monumentos históricos en el marco de la vida urbana que pertenece a los habitantes. Ella es el resultado de la acción conjunta de técnicas de la restauración y de la búsqueda de funciones apropiadas. La evolución histórica ha conducido a los centros degradados de ciudades y, a la ocasión, los pueblos abandonados, constituyendo una reserva de arriendo a buen precio. Su restauración debe ser llevada en un espíritu de justicia social y no debe acompañarse de un éxodo de aquellos habitantes de condiciones modestas (1975: art. 7; traducción propia).

La conservación integral demanda la puesta en obra de medios jurídicos, administrativos, financieros y técnicos que deben ser asegurados por planifi-caciones urbanas y regionales; desarrollando una regulación para extender el hábitat urbano, pero sin articular las formas materiales e inmateriales contenidas en todo bien cultural.


Hasta principios de la década de 1990 los temas monumentales y de conjun-tos arquitectónicos constituían los principales temas a debatir, donde las discu-siones ontológicas sobre el significado de ciertos argumentos en la declaración de un bien patrimonial eran las grandes ausencias. Es por eso que la noción de autenticidad encuentra una primera definición en el Documento de Nara que resultó del Congreso de Icomos realizado en la ciudad de Nara, Japón, en 1994. Este documento intenta fijar precisiones complementarias, pero que permanecen ambiguas respecto al valor único del patrimonio cultural:

Todas las culturas y las sociedades están enraizadas en formas y medios par-ticulares de expresión tangibles e intangibles que constituyen su patrimonio y que deberían ser respetados . . . Dependiendo de la naturaleza del patrimonio cultural, de su contexto cultural y de su evolución a través del tiempo, los juicios de autenticidad pueden vincularse al valor de una gran variedad de fuentes de información. Algunos de los aspectos de las fuentes pueden ser la forma y el diseño, los materiales y la sustancia, el uso y la función, la tradición y la técnica, la ubicación y el escenario, así como el espíritu y el sentimiento y otros factores internos y externos. El uso de estas fuentes permite la elabo-ración de las dimensiones específicas de estas fuentes de patrimonio cultural objeto de examen: artísticas, históricas, sociales y científicas” (Icomos 1994: puntos 7 y 13; traducción propia).

En el documento anterior los principales ejes son la diversidad y el patrimonio cultural desde donde la autenticidad se estructura como un valor que responde a una multiplicidad de fuentes de información, sin mencionar detalles o precisio-nes sobre la diversidad que existe entre los valores materiales e inmateriales que portan los llamados bienes patrimoniales9. Esta diversidad se enmarca dentro de un orden discursivo que unívocamente inscribe las diferencias particulares bajo una sola gran diversidad cultural de tipo universal (Bhabha 2002). Una diversidad que homogeneiza las heterogeneidades de prácticas de conservación, limitando prácticas particulares de protección de bienes culturales a una sola práctica de conservación. Un orden discursivo que es capaz de construir figuras urbanas que se oponen unas a otras, como es el caso del roto porteño y del inmigrante en Valparaíso o del alsaciano-campesino y el burgués-citadino en Estrasburgo.

La autenticidad “no se aplica ni a una significación, ni a un objeto mate-rial, pero concierne a una calidad intemporal teniendo un poder fundador” (Choay 2008: 27-28; traducción propia). Este principio de valor auténtico ha sido vinculado a la institucionalización del patrimonio. El Icomos y la Unesco han “hecho de la autenticidad de bienes culturales y naturales la condición de validez para otros criterios (valor histórico, artístico, etnográfico, etc.) para su

9 El Documento de Nara es fundamental para el reconocimiento de sitios no europeos que no cuadran necesariamente con los cuatro atributos anteriores de autenticidad: concepción, materiales, ejecución y entorno (Unesco 2007).


inscripción en la lista del patrimonio mundial” (Choay 2008: 28; traducción propia). Este nuevo valor ha activado una industrialización del patrimonio que puede acompañarse de una reinvención de edificios (Bourdin 1984) y una competencia por la conservación de bienes patrimoniales, excluyendo el bien con el valor social y cultural contenido.

La discusión sobre los bienes culturales fue evolucionando durante el curso de los años 80 y de la década siguiente hasta integrar una noción más amplia, pero igualmente ambigua; nos referimos a la noción de “paisaje cultural”, acu-ñada por el CDE en la Convención de Florencia. Esta convención introdujo la protección y la gestión del conjunto del territorio, la noción de paisaje representa una sinergia entre naturaleza y cultura: “El Paisaje designa una parte de territorio que es percibido por las personas, cuyo carácter resulta de la acción de factores naturales y/o humanos y de sus interrelaciones” (CDE 2000: art. 1; traducción propia). Una noción que permanece bastante general, pues el paisaje es el pro-ducto de una interrelación entre el espacio natural y el espacio habitado, que puede referirse tanto a un paisaje histórico en sus dimensiones físico-espacial, político-económica y sociocultural.

La noción de paisaje se inscribe en la prolongación de dos conceptos: pro-tección y gestión. La protección de paisajes comprende las acciones de conser-vación y de manutención de aspectos significativos o característicos de un paisaje, justificada por su valor patrimonial emanado de su configuración natural y/o de la intervención humana. La gestión de paisajes comprende las acciones presentando un carácter prospectivo particular afirmado hacia la puesta en valor, la restauración o la creación de paisajes (CDE 2000: art. 1; traducción propia).

Pese a que la noción hace referencia a un paisaje urbano, la normalización del CDE continúa apuntando hacia el patrimonio arquitectónico reconocido y no al hábitat urbano, produciendo, por ejemplo, un desfase entre la materialidad física y las inmaterialidades sociales y culturales.

Desde comienzos del 2000, el Comité Unesco comienza a manifestar la necesidad de encontrar colaboradores en la conservación del patrimonio mun-dial tanto en sus dimensiones materiales como inmateriales (Unesco 2002); una preocupación que se normaliza en la Convención para la protección del patrimonio inmaterial, acentuando la diversidad cultural y el desarrollo sos-tenible para agrupar los esfuerzos de todos los Estados miembros e invitar a nuevos Estados a ratificar y firmar la convención del patrimonio mundial: “Reconociendo que las comunidades, en particular las comunidades autóctonas, los grupos y, llegado el caso, los individuos, jueguen un rol importante en la producción, la protección, el sustento y la recreación del patrimonio cultural inmaterial, contribuyendo así al enriquecimiento de la diversidad cultural y de la creatividad humana” (Unesco 2003). Esta convención destaca que la actividad llevada por la Unesco con el fin de establecer instrumentos normativos para la producción del patrimonio cultural, donde las dimensiones que participan en la protección del patrimonio material e inmaterial, son de orden local, nacional


e internacional. Lo que estructura el camino y los principios de acuerdo entre una ciudad y su gobierno local, el Estado y la Unesco. En este cruce de actores, e intereses, el Icomos juega un rol intermediario para preparar el dossier con el comité municipal y sus autoridades y para acompañarles en las negociaciones frente a la Unesco.

La normalización desde la experticia internacional define el patrimonio inmaterial como “las prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y habilidades –así como los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que le son asociados–, las comunidades, los grupos y, llegado el caso, los indi-viduos que se reconocen como parte de su patrimonio cultural” (2003: art. 2; traducción propia). Para la protección de la dimensión inmaterial del patrimonio los residentes no participan en la preparación del dossier, produciendo una suerte de desfase en la puesta en valor de la inmaterialidad que contiene valores sociales y culturales en un barrio histórico. En este discurso se deja nuevamente caer al patrimonio inmaterial en la ambigüedad, y a la vez se activa una mercantili-zación de objetosconsiderados patrimoniales. La normalización de la Unesco sobre el patrimonio inmaterial traduce una contradicción entre las habilidades que construyen el objeto y los valores sociales que le son transmitidos a través de su uso y ocupación.

El último documento al cual quisiéramos hacer revista es el Memorándum de Viena, que aborda el tema del patrimonio mundial y la arquitectura con-temporánea. Este documento intenta articular la protección de paisajes urbanos históricos en relación a la gestión del patrimonio. Los contenidos del Memo-rándum se sitúan en el discurso sobre el desarrollo sustentable que ha marcado gran parte de la discusión económica, política y científica del último decenio:

Deseando que el Memorándum de Viena sea considerado a lo largo de los documentos prescritos y del debate en curso sobre la conservación sustentable de monumentos y sitios, como una declaración fundamental por un acercamiento integrado que enlace la arquitectura contemporánea, el desarrollo sustentable y la integridad del paisaje en función de modelos históricos, del parque inmobiliario y del contexto existente (Unesco 2005: art. 5; traducción propia).

El Memorándum reactualiza la normalización del patrimonio desde la convención de 1972, como un acto de buen encauzamiento de las políticas patrimoniales y prácticas de conservación que aplican los Estados miembros, donde la regla de conservación sustentable se apoya en el paisaje urbano histórico para ahondar en los conceptos de “centro histórico”, “conjunto” o “entorno”: “El paisaje urbano histórico adquiere su valor excepcional y universal a partir de una evolución progresiva y de una planificación territorial en un período dado, por el sesgo de procesos de urbanización que integren condiciones medioambientales y topográficas, y que expresan valores económicos y socioculturales inherentes a cada sociedad” (2005: art. 12; traducción propia). Pese a que los diferentes tipos


de hábitat urbano se incluyen en la noción de paisaje urbano, se vuelve a caer en una ausencia de precisiones sobre las diferentes formas de habitabilidad y de apropiación que se sitúan, por ejemplo, entre una vivienda urbana y una vivienda rural, o entre lo privado y lo público, o lo social y lo colectivo.

III. La normalización en prácticas de conservación: el caso de Francia y Chile

Después de haber revisado la normalización del discurso patrimonial in-tentaremos ilustrar ciertas prácticas de conservación en dos países que cuentan con una política patrimonial nacional y centralizada, y que han sido afectados por el orden del discurso patrimonial y sus efectos. Nos concentraremos en las prácticas de conservación, pues “todo discurso se produce como un instante, pero se deja comprender como un sentido” (Ricœur 1975: 92; traducción propia), y será en las prácticas donde podremos identificar el sentido oculto del orden del discurso patrimonial a modo de metáfora. De hecho, la metáfora se sitúa en la retórica, es decir, como una forma discursiva que se diferencia entre la teoría de la metáfora-enunciada y la teoría de la metáfora-palabra. Pensando más en lo semántico y su efecto en el hecho de cómo se ven las cosas, o como nos dicen que hay que ver las cosas (Ricœur 1975).

En Francia el patrimonio es un concepto moderno y político. Desde un análisis sociohistórico se puede fechar el patrimonio como una construcción política que nace en los años de la Revolución Francesa (Béghain 2005). En 1972 “la peor prueba que habían conocido, desde las guerras de religión, los monumentos y las obras de arte, se terminan en una verdadera apoteosis, por la cual la política inaugura una larga serie de encuentro con el patrimonio” (Béghain 1998: 13; traducción propia). En esta época se produce una discusión sobre cuáles son los bienes a guardar y conservar, una discusión donde los bienes religiosos son los más amenazados debido al discurso laico como valor estructurante de la nueva política republicana.

Este conflicto entre bienes públicos y bienes religiosos permanece hasta mediados del siglo XIX con la iniciativa de François Guizot10, que será el responsable de la creación en 1837 de la primera Comisión de Monumentos Históricos. Esta comisión política tuvo el objetivo de organizar el patrimonio francés en tres dominios: los restos de la Antigüedad, por ejemplo, el período galo-romano; los edificios religiosos del medioevo; y los castillos, tres ámbitos donde la monumentalidad fue el eje estructurante. Las medidas de conservación y de protección no son comprendidas en el estatuto de esta comisión, pues su

10 François Guizot ocupó las carteras ministeriales del Interior y de Instrucción Pública durante el gobierno de Louis-Philippe I. La Sociedad de Historia en Francia como la Inspección General de Monumentos Históricos fueron creadas después de la Comisión General de Monumentos Históricos.


línea de acción es clasificar los monumentos históricos en un inventario nacional a modo de corpus de registro de la alta cultura republicana (Heinich 2009). En consecuencia, la protección del hábitat urbano y de barrios históricos, tanto en su materialidad como inmaterialidad, queda fuera de sus competencias. En este contexto, y desde mediados del siglo XIX, los viejos barrios céntricos comienzan a adquirir una imagen deteriorada de lugares a evitar. Debido a esta estigmati-zación, la renovación urbana es presentada como una operación de lucha contra los tugurios, siendo a la vez el argumento principal en la reestructuración del centro urbano11.

Es solo a comienzos del siglo XX que Francia decreta la primera ley sobre la protección de Monumentos Históricos, fijando las reglas de conservación y de protección patrimonial, así los monumentos y los inmuebles reciben un estatus de puesta en valor a conservar y a proteger en calidad de inmueble histórico. Sin embargo, esta noción no integra el conjunto de inmuebles de un antiguo barrio central, lo que no impide las acciones de renovación/demolición que afectan a inmuebles y a sus residentes, catalogados en muchas ocasiones de vetustos e insalubres por actores de la política pública, pese a contener un valor de antigüedad que les puede permitir entrar en la categoría de inmueble histórico. El Estado francés tiene el derecho de nombrar los inmuebles a título de Monumentos Históricos, “cuya conservación presenta, desde el punto de vista de la historia o del arte, un interés público” (Loi relative aux Monuments Historiques [31.12.1913]: art. 1). Este interés público nos transporta al bien colectivo, lo que estructura una intervención de derecho público para proteger y conservar el bien cultural a título de Monumento Histórico, asegurando el valor monumental del bien pero excluyendo su valor social. Se asegura la imagen de un objeto a museificar que se traduce como la representación de un bien a proteger.

La ley de 1913 incluye los objetos históricos y los monumentos, en que la restauración encuentra su lugar como dispositivo de revaloración del patrimonio arquitectónico en lo urbano y en lo construido. Esta normalización francesa constituye igualmente un criterio de monumentalización para aquellos edifi-cios públicos tradicionales que presenten estilos arquitectónicos de época con matices historicistas. La declaración de inmuebles históricos se apoya en el criterio sociohistórico que integra una variable político-histórica en relación a la arquitectura representativa asociada a los distintos estilos arquitectónicos de Francia; y también a una variable sociohistórica que pone el valor arquitec-tónico en las marcas y huellas de viejas construcciones propias de la antigua burguesía del siglo XIX y XX. “En la ciudad moderna, la desigualdad burguesa nace de la riqueza motivada por la distinción entre lo que puede originarse de la monumentalidad y lo que queda excluido” (Poulot 1992: 21; traducción

11 La ley de viviendas insalubres del 13 de abril de 1850 normaliza los pasos a seguir por el plan del Barón Haussmann con el fin de demoler y renovar cuadras completas en los barrios céntricos de París.


propia). La protección de monumentos y de inmuebles históricos es una puesta en valor de estilos arquitectónicos, históricos y sociales como testimonios de un pasado que merece ser conservado según los parámetros de una historia oficial. Los objetos históricos devienen piezas de museo productoras de un cruce de intereses económicos y sociales, donde podríamos hablar de la producción de un espacio patrimonial (Lefevbre 2000).

Después de la Segunda Guerra Mundial, la reestructuración del patrimonio construido comienza por operaciones de renovación/demolición puntuales, justificadas por los bombardeos y/o el estado de insalubridad de los inmuebles. Así el decreto del 31 de diciembre de 1958 organiza la renovación urbana con el objetivo de demoler cuadras enteras de inmuebles calificados de insalubres, dejando el espacio libre para aplicar el paradigma de la arquitectura moderna de Le Corbusier, según el principio “del sol, de la vegetación y del espacio”, lo que afecta tanto al comercio de barrio como a los antiguos residentes de viejos ba-rrios centrales (Décret n° 58-1464 relatif à la rénovation urbaine [31.12.1958]). Claramente en este tipo de operación el alma colectiva de la cual hablaba Le Corbusier no será la preocupación prioritaria.

A partir de los años 60 la preservación y la puesta en valor de sitios arquitec-tónicos e históricos comienza a ocupar un lugar central en la discusión debido a las amenazas y destrucciones producidas por el decreto de renovación urbana de 1958. En este contexto la ley Malraux de 1962 establece la restauración como prioridad al fijar como práctica de conservación la creación de sitios protegidos “. . . sectores protegidos, cuando estos presentan un carácter histórico, estético o de naturaleza que justifique la conservación, la restauración y la puesta en valor de la totalidad o de una parte del conjunto de inmuebles, pueden ser creados y delimitados” (Loi n° 62-903 relative aux secteurs sauvegardés, dite loi Malraux [4.08.1962])12.

La Ley Malraux intentó tomar distancia con el urbanismo funcional de Le Corbusier para desarrollar el concepto de patrimonio urbano. Esta ley consti-tuye una nueva normativa de puesta en valor y de protección de perímetros y de sectores urbanos en relación con la dimensión social, económica e histórica del patrimonio. Un marco normativo que permanece en la conflictualidad pro-ducto de la cohabitación entre la demolición y la restauración, a veces dentro de una misma manzana, y la revaloración inmobiliaria que puede conducir a la expulsión de los habitantes de bajos ingresos que suelen, o solían, habitar los barrios céntricos.

De hecho, la ley Malraux generó efectos perversos al producir recomposi-ciones de la población en barrios afectados por operaciones de restauración/protección: “La política de sectores protegidos ha participado de la estrategia

12 La ley del 4 de agosto de 1962 es conocida como Ley Malraux debido al nombre del primer ministro de Cultura en Francia que la presentó, el escritor y ensayista André Malraux.


gaullo-pompidolienne de reconducir las clases sociales más desprovistas hacia la periferia de la ciudad” (Béghain 1998: 63; traducción propia). El patrimonio material ha tomado la prioridad en la normalización de sectores protegidos, excluyendo los aspectos relevantes de la dimensión inmaterial, fragilizando las redes sociales de antiguos barrios centrales, y abriendo los espacios restaurados a poblaciones de más altos ingresos13.

La restauración de sectores protegidos y la rehabilitación de antiguos in-muebles han relanzado el mercado inmobiliario de lo antiguo. El barrio una vez restaurado deviene barrio histórico, aumentando los precios y produciendo una suerte de movilidad/expulsión de sus antiguos residentes. Así los inmuebles restaurados son reservados a una élite privilegiada que se apoya en la prolifera-ción de actividades artísticas e intelectuales (galerías de pinturas y de esculturas, librerías, etc.) y un comercio de barrio (cafés, restaurantes, tiendas de recuerdos para turistas). El barrio antiguo se desarrolla, haciendo cohabitar en la tensión dos procesos opuestos, la patrimonialización y la museificación, es decir, la reconversión de lo antiguo y la rememoración de lo antiguo (Todorov 2004).

La política patrimonial en Francia ha privilegiado la puesta en valor de la materialidad del patrimonio construido, en la monumentalidad, la restauración de estilos arquitectónicos y la protección. Por otro lado, las inmaterialidades que forman parte del patrimonio construido en sus valores sociales que le son transmi-tidos por sus usos, permanecen fuera de las prácticas de conservación, gatillando efectos socioespaciales en antiguos barrios centrales que se han visto afectados por operaciones de restauración, renovación y rehabilitación. Es el caso del barrio de la Krutenau en Estrasburgo y del barrio Le Marais en París, por mencionar solo dos ejemplos.

Actualmente la política patrimonial francesa integra una dimensión partici-pativa en la rehabilitación de antiguas viviendas. El dispositivo de democracia participativa a escala local comienza a ser integrado al discurso del desarrollo sustentable14 y a la renovación urbana. Pese a lo cual el sentido del patrimonio “es decir, la herencia artística y monumental que se puede reconocer, está siempre lejos de definirse en la sociedad francesa” (Chastel 1986: 420; traducción propia). El patrimonio integra un valor material en la morfología física del tejido urbano

13 En Francia la conservación permanece asociada a la acumulación del capital y el principio económico suele ser el dispositivo director de las políticas patrimoniales. Es así como solamente el 6% de los monumentos declarados pertenece al Estado francés; más del 60% pertenece a las comunas y el 30% corresponde a propiedades privadas. La inscripción al inventario no implica subvenciones del Estado y no limita al propieta-rio a efectuar proyectos de trabajos de restauración bajo el control del Arquitecto de Monumentos Históricos (Stoessel-Ritz 2004). 14 El acercamiento entre el desarrollo sustentable y la democracia participativa reposa en el Código de urbanismo. Loi n°2003-590 du Code de l’urbanisme, art° L.300-2 relatif à la concertation des habitants (3.07.2003).


construido, pero también las inmaterialidades contenidas en los valores sociales que suelen estar excluidos de la política patrimonial francesa.

En el caso de Chile, la política patrimonial nace en la Constitución de 1925 que establece de manera general las primeras normas de protección de monu-mentos nacionales15. Es así que por decreto constitucional se crea el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) como organismo responsable de la protección y de la conservación de monumentos históricos. Esta institucionalización que comienza a normalizar la práctica de conservación coincide con el reconoci-miento de la arquitectura local gracias al trabajo de la asociación de arquitectos creada en 192316. Es un período de discusión y de debates en torno al patrimonio construido y a los monumentos, a la identidad de la arquitectura latinoameri-cana en relación con la arquitectura moderna y a la demolición y especulación inmobiliaria que era ya a una realidad a comienzos del siglo XX (Gutiérrez et al. 2007). Los temas urbanísticos y arquitectónicos de esta época estaban centrados en el desarrollo urbano, la vivienda social y el patrimonio construido, donde lo social y cultural eran subtemas invisibilizados en muchos debates.

La institucionalización del patrimonio nació en el contexto de revaloración de la arquitectura de América Latina y del sincretismo cultural, testigo del pasado precolombino y de la colonización europea. La monumentalización en los países miembros del Congreso latinoamericano de arquitectura y urbanismo cuadrará, años después, con la normalización establecida en el discurso de la Carta de Venecia. El cuerpo legislativo de protección de Monumentos Nacio-nales integra el discurso de la experticia internacional del Icomos para establecer una regulación sobre la conservación y la protección de monumentos, dentro de una lógica de identidad nacional en Chile.

Entre 1925 y 1970 el CMN concentra sus esfuerzos en tres líneas de acción: los monumentos históricos; los monumentos nacionales y las excavaciones arqueológicas; y los inventarios de museos. En 1970, una nueva ley de nor-malización patrimonial es promulgada exclusivamente sobre la conservación y la protección de Monumentos Históricos. Esta ley integra los monumentos históricos, las zonas típicas, los santuarios naturales, los monumentos arqueo-lógicos, los monumentos paleontológicos y los monumentos públicos, como elementos a conservar y proteger. Según esta normalización del patrimonio, los monumentos históricos se definen como:

los lugares, ruinas, construcciones y objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas

15 Decreto Ley n°651, Preservación de estudios de Edificios Históricos y creación del Consejo de Monumentos nacionales (17.10.1925).16 El reconocimiento de la arquitectura local comienza con el Primer congreso lati-noamericano de arquitectura y urbanismo en Montevideo en 1920, luego en Quito en 1922 y en Santiago de Chile en 1923.


u objetos antropo-arqueológicos, paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio nacional o en la plata-forma submarina de sus aguas jurisdiccionales y cuya conservación interesa a la historia, al arte o a la ciencia . . .” (Ley de Monumentos Nacionales [4.02.1970]: art. 1).

Esta normalización nacional hace referencia a una monumentalización de patrimonios, en que la materialidad expresada en la dimensión física del patri-monio construido es prioritaria sobre la inmaterialidad contenida en los valores sociales. El criterio histórico de esta ley integra ruinas y objetos históricos en el registro del pasado, sin hacer referencia a criterios de valor artístico o estético. El nuevo concepto que se incorpora en la política patrimonial chilena es el de zona histórica, bajo una doble tutela del Ministerio de Educación y del CMN, poniendo de esta manera el acento sobre la importancia de aquellos inmuebles que son reflejo de una memoria histórica y que forman parte de la identidad nacional. En ciertos casos, la restauración está limitada a la conservación de fachadas y de lo que es visible desde la calle, pero en muchos casos al interior de estos mismos inmuebles encontramos construcciones demolidas que han dejado el espacio a nuevas y modernas construcciones.

Para ser protegidos por la normativa establecida por el CMN, los monu-mentos históricos, las zonas típicas y los santuarios naturales, deben demandar una declaración de protección firmada por el mismo CMN. Los monumentos arqueológicos, los monumentos paleontológicos y los monumentos públicos son declarados monumentos nacionales en forma automática con la mera aplicación de la ley. Para obtener la declaración de monumentos nacionales es necesario completar un dossier al Consejo de Monumentos Nacionales y pedir que el bien cultural o el sector sea declarado zona típica para conservar el genius loci. Este procedimiento ha generado una serie de conflictos entre los diversos actores que dan forma al tejido social y conflictual del patrimonio, sobre todo cuando el CMN protege bienes culturales que no integran su entorno, lo que tiene por consecuencia una desvaloración del bien y, en otros casos, una reactivación económica para el sector afectado.

La renovación designa todo mejoramiento aportado a uno o más inmuebles antiguos. No es como en Francia la connotación de una demolición antes de la reconstrucción. En 1987 la ley del Ministerio de Economía sobre la renovación urbana concede un rol activo al Estado en materia de rehabilitación de viejos inmuebles (Ley en materia de zonas de renovación urbana [27.01.1987]). La transferencia de esta responsabilidad al Ministerio de Economía no es anodina, ya que es una práctica que se inscribe dentro de la lógica neoliberal: posibilita el desarrollo del mercado inmobiliario, con el concurso de autoridades locales que elaboran el Plan de Recuperación de Zonas Urbanas. Lo que pone el acento a un nuevo plan de zonas, las zonas de Conservación Histórica bajo la tutela del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu).


A comienzos del año 2000 el Estado chileno comienza a intervenir, como práctica de conservación, el espacio residencial con el fin de desarrollar programas de crecimiento y desarrollo del mercado inmobiliario, con el Plan de Recupera-ción de Zonas Urbanas. Una práctica que desde 2001 ha sido acompañada con la renovación de fachadas en viejos inmuebles, práctica que pretende mejorar la imagen exterior disminuyendo la percepción de insalubridad del sector en zonas típicas, seleccionadas por el CMN y las zonas de conservación histórica seleccionadas por el Minvu.

La ley de 2004 sobre planes reguladores, bajo la responsabilidad del Min-vu, concede la responsabilidad a las autoridades locales para disponer de una normativa marco que fije los inmuebles y sectores de conservación histórica, es decir, un Plan Regulador que dé precisión y orden a los diversos usos de suelos que se contemplan en una comuna17. El Minvu controla el Plan Regu-lador para facilitar, por ejemplo, la aplicación de políticas patrimoniales y los programas de revitalización de espacios públicos que puedan producir efectos sociales y económicos en la diversidad de barrios históricos (Minvu 2004). En ciertos inmuebles declarados Inmuebles de Conservación Histórica (ICH), se protege la fachada, pero se puede, por ejemplo, reestructurar el espacio interior en dúplex, si se trata de un espacio residencial, o en boutiques de lujo, si se trata de un espacio comercial.

Actualmente existen subvenciones para la rehabilitación patrimonial que apuntan a barrios considerados históricos en Santiago y Valparaíso. En este contexto, el patrimonio arquitectónico representa un elemento clave en la estruc-turación del espacio y la producción de territorio. Esta producción se desarrolla gracias a los procesos de puesta en valor al interior de dichos barrios, es decir donde la patrimonialización y la museificación han ido tomando terreno, pero también en nuevas formas de apropiación ligadas a organizaciones endógenas llevadas a cabo por los mismos habitantes. Es el caso de la Población Obrera de La Unión, un inmueble de fines del siglo XIX, que ha sido restaurado-rehabili-tado por iniciativa y acción de sus propios residentes (Núñez 2010; Soto 2011).

En Chile el patrimonio es asumido por intereses económicos que en muchas ocasiones se contradicen. El Estado neoliberal chileno es un Estado de derecho donde el rol y los poderes están al servicio del mercado (Soto y Blanc 2013). En este contexto la patrimonialización como proceso de puesta en valor, produce conflictos y paradojas entre la rentabilidad inmediata de un bien cultural, que es visible en su dimensión física y la revaloración sociocultural de un modo de vida y/o de una habilidad cotidiana que puede quedar expresada en prácticas culturales de los habitantes de un lugar.

17 Ley en materia de caducidad declaratoria de utilidad pública contenida en planes reguladores (13.02.2004).


Conclusión

Las paradojas de la puesta en valor de un bien cultural se estructuran desde el orden del discurso patrimonial en el seno de una experticia internacional, dejando en evidencia que la noción de patrimonio es un concepto occidental que se reproduce para una comprensión hegemónica de la conservación y de las prácticas culturales en la protección de monumentos, sitios y paisajes. Es al interior de esta construcción semántica que el valor universal excepcional, como autenticidad y originalidad, es producido por normas y reglas de una experticia internacional de arquitectos, conservadores y museólogos; incorporando en varios casos iniciativas de autoridades locales que no aseguran la inclusión de habitantes y de la experticia popular.

El gusto por el pasado se reconfigura como un sentimiento que se origina en el valor de antigüedad de un bien cultural que contiene signos de otra época, transmitiendo un valor histórico contenido generalmente en su materialidad. Por ejemplo, la rehabilitación de viejos inmuebles puede configurarse como práctica de conservación capaz de activar intereses económicos y comerciales, y valores identitarios contenidos en la imagen de barrio histórico. Así los barrios centrales, y en algunos casos pericentrales, posibilitan una cohabitación entre aquellos que comparten el deseo de vivir en un pasado reinventado, confortable, auténtico y que a la vez marca la diferencia con los acelerados ritmos modernos. “Vivir en el pasado”, a pocos pasos del centro y en un departamento rehabilitado es una búsqueda de sentido identitario en reacción al uniformismo de la globalización, pese a lo cual forma parte de su lógica de homogenización. El culto del patrimonio representa una reescritura del pasado, un ejercicio de normalización que traduce “pasiones identitarias” (Le Goff 1988) para integrar las particularidades del patrimonio revalorándolas como valores universales de excepción. Una universalización de lo particular que deviene una práctica homogeneizante de diferencias socioculturales, al imponer normas y reglas estrictas en la producción patrimonial.

En el culto del patrimonio la conservación del pasado es una conservación de excepciones y rarezas que representan una diversidad destinada a ser reco-nocida por el mercado mundial de la cultura. El culto actual del patrimonio se apoya en tres elementos contradictorios que estructuran las políticas locales del patrimonio: la legitimidad de huellas particulares de antiguas construcciones dentro de la historia urbana oficial; la homogeneización de prácticas patrimo-niales en función de la nostalgia del pasado; y un consumo de bienes culturales orientado por los dispositivos del turismo cultural. Por ejemplo, el patrimonio construido es abordado por las políticas patrimoniales locales de conservación como “medio de defensa eficaz frente a una situación de crisis y de angustia” (Choay 1992: 189; traducción propia). La marca histórica que es instituida por la experticia internacional del patrimonio quiere conservar intereses económicos del bien cultural a largo plazo, pero donde los actores locales, ya sean funcionarios municipales o asociaciones de barrios, prefieren pensar en un corto y mediano


plazo de retribución, sin considerar en muchos casos los efectos perversos que pueden estar contenidos en el proceso de revaloración.

Individuos que buscan una identificación colectiva creen encontrarla en el culto del patrimonio universal, apropiándose de bienes patrimoniales a través de prácticas individuales, por ejemplo, en la rehabilitación de antiguos inmuebles. El culto del patrimonio, dentro de una lógica de revaloración, produce vínculos con un pasado idealizado: un barrio antiguo e histórico que reúne el hábitat, el trabajo y el esparcimiento dentro de un mismo espacio deviene algo atractivo capaz de producir nuevas formas de apropiación en inmuebles rehabilitados, en un comercio exótico a escala de barrio y en boutiques de luxe.

Existen paradojas, tanto en Francia como en Chile, donde la condición pa-trimonial reside en el hecho de articular la dinamización económica en torno a una sobrevaloración de bienes culturales, donde la materialidad rehabilitada se funcionaliza desde el mercado inmobiliario y/o turístico. La revaloración de bienes culturales no asegura un consenso entre el objeto y el simbolismo, entre el material y el ideal (Godelier 1984) o entre la materialidad e inmaterialidad, dos formas patrimoniales que forman parte de todo proceso de puesta en valor. Los bienes culturales no debieran ser considerados solamente en su materialidad, excluyendo las identidades y símbolos que favorecen las interacciones entre los diferentes actores que componen el tejido sociourbano. Una vez que el bien se concentra en su materialidad se configura como objeto-signo limitando la reac-tivación del valor social que reside en los bienes culturales (Baudrillard 1972). De hecho, producto de esta paradoja las formas materiales patrimoniales se configuran meramente como objetos patrimoniales restaurados y/o rehabilitados para poner en valor el patrimonio construido de un barrio antiguo.

El debate cultural se concentra actualmente en la protección, la gestión y la defensa del patrimonio, tanto como bien cultural de consumo y que alimenta la nostalgia del pasado, como una reivindicación identitaria o toma de conciencia de la diversidad cultural (Choay 1992). La puesta en valor del patrimonio deviene paradojal si los objetivos de las políticas y acciones se concentran solamente sobre lo construido, produciendo en la mayor parte de los casos museificaciones de barrios completos con fines comerciales, ya sean inmobiliarios y/o turísticos. Una práctica de conservación que se deja orientar por un orden discursivo sustentado en los criterios establecidos por la experticia internacional del patrimonio, una voluntad de saber que opera como sistema de exclusión de experticias populares ligadas al saber cotidiano que se base en apropiaciones y prácticas rutinarias del espacio vivido y conocido.

Para cerrar de forma momentánea esta argumentación quisiéramos terminar con una frase que llama a la reflexión y que ayuda a dimensionar el poder de la voluntad de saber que se sitúa en el centro del orden del discurso patrimonial: “el que controla el pasado controla el futuro, el que controla el presente controla el pasado” (Orwell 1948: 53-54; traducción propia).


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Recepción: octubre de 2013Aceptación: noviembre de 2013

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