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Id. Cendoj: 35016370012013100156 Organo: Audiencia Provincial Sede: Las Palmas Sección: 1 Tipo de Resolución: Sentencia
Fecha de resolución: 28/06/2013
Nº Recurso: 10/2012
Ponente: IGNACIO MARRERO FRANCES
Procedimiento: PENAL - PROCEDIMIENTO ABREVIADO/SUMARIO
Idioma: Español
SENTENCIA
Presidente
D./Dª. MIGUEL ÁNGEL PARRAMON I BREGOLAT
Magistrados
D./Dª. SECUNDINO ALEMÁN ALMEIDA.
D./Dª. IGNACIO MARRERO FRANCÉS (Ponente)
En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de junio de 2013.
Vistos por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas, en juicio
oral, los presentes autos de SUMARIO seguidos con el número 1/2012 instruidos por el
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Puerto del Rosario, que ha
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dado lugar al Rollo de Sala número 10/2012, por un presunto DELITO DE ASESINATO
y un presunto DELITO DE ASESINATO EN GRADO DE TENTATIVA, frente a Abel,
mayor de edad, nacido el día NUM000 de 1991, natural de Vitoria-Gasteiz (Álava), de
nacionalidad española, hijo de Carlos y de Julia, con D.N.I. número NUM001, con
domicilio en la CALLE000 número NUM002, NUM003NUM004., Puerto del Rosario
(Fuerteventura-Las Palmas), con antecedentes penales, en prisión provisional por la
presente causa, quien actúa como parte acusada representado por la Procuradora de
los Tribunales doña Ana Teresa Kozlowski Betancor y bajo la dirección jurídica y
defensa del Letrado don Roberto Hernández Travieso; habiendo ejercitado la
acusación pública el MINISTERIO FISCAL, así como con la intervención de Isidoro, en
el ejercicio de la acusación particular, representado por la Procuradora de los
Tribunales doña Emma Crespo Ferrandiz y bajo la dirección jurídica de la Letrada doña
Carmen Oses Guergue; siendo ponente D. IGNACIO MARRERO FRANCÉS quien
expresa el parecer de la Sala.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Las presentes diligencias se iniciaron en el Juzgado de Instrucción
indicado en el encabezamiento de esta sentencia, tramitándose el procedimiento
correspondiente y habiéndose celebrado en esta Sección de la Audiencia Provincial de
Las Palmas, desplazada a tal efecto a Puerto del Rosario, la vista oral, los días
veintiocho y veintinueve de mayo de dos mil trece con el resultado que obra en el acta
levantada al efecto y que se encuentra unida a las actuaciones.
SEGUNDO.- El Ministerio Fiscal calificó definitivamente los hechos procesales
como constitutivos de un delito de asesinato, previsto y penado en el artículo 139.1º,
en relación con elartículo 22.1º, del Código Penal, y, de un delito de asesinato en grado
de tentativa, previsto y penado en los artículos 139.1º en relación con losartículos 62,
15 y 16 del Código Penal, de los que resulta criminalmente responsable en concepto de
autor el acusado Abel a tenor de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal,
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sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal,
interesando la imposición al acusado, en su consecuencia, de las siguientes penas, a
saber: 1.- Por el delito de asesinato, la pena de dieciocho años de prisión, con
inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Y, 2.- Por del delito de
asesinato en grado de tentativa, la pena de once años de prisión, con inhabilitación
absoluta durante el tiempo de la condena. Interesando, asimismo, que el tiempo de
prisión provisional sufrido provisionalmente sea abonado en su totalidad a la pena que
se imponga de conformidad con lo establecido en el artículo 58 del Código Penal, así
como la imposición de las costas procesales al acusado. En concepto de
responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal interesó que el acusado Abel, fuese
condenado a indemnizar a Ruth, en la cantidad de 62.805, 90 euros, desglosados de la
siguiente manera: a) 600 euros por los ocho días impeditivos de estancia hospitalaria;
b) 13.020 euros, por los ciento veintisiete días impeditivos; y, c) 49.185,90 euros por los
treinta puntos en que se valoran las secuelas, valorando cada punto en 1.639,53 euros.
Así mismo, interesó la condena al acusado a indemnizar a Isidoro, padre del fallecido,
en la cantidad de 137.930, 28 euros, interesando que en la sentencia que se dicte se
haga constar que dicha cantidad devengará el interés legal incrementado en dos
puntos, conforme a lo dispuesto en el artículo 576.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
TERCERO.- En igual trámite, la ACUSACIÓN PARTICULAR calificó
definitivamente los hechos procesales como constitutivos de un delito de asesinato,
previsto y penado en el artículo 139.1º, en relación con elartículo 22.1º, del Código
Penal, y, de un delito de asesinato en grado de tentativa, previsto y penado en los
artículos 139.1º en relación con losartículos 62, 15 y 16 del Código Penal, de los que
resulta criminalmente responsable en concepto de autor el acusado Abel a tenor de lo
dispuesto en los artículos 27 y 28 del Código Penal, con la concurrencia de la
circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de abuso de
confianza del artículo 22.6ª del Código Penal, interesando la imposición al acusado, en
su consecuencia, de las siguientes penas, a saber: 1.- Por el delito de asesinato, la
pena de dieciocho años de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la
condena. Y, 2.- Por del delito de asesinato en grado de tentativa, la pena de once años
de prisión, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. En concepto de
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responsabilidad civil, la Acusación Particular interesó que el acusado Abel, fuese
condenado a indemnizar a Ruth, en la cantidad de 62.805, 09 euros, y, a Isidoro, padre
del fallecido, en la cantidad de 137.930, 28 euros, procediendo imponer las costas al
acusado.
CUARTO.- Por su parte, el Letrado de la Defensa del acusado, en conclusiones
definitivas calificó los hechos procesales en los siguientes términos: 1.- Respecto de los
hechos concernientes a la víctima Higinio, en primer lugar, a) como constitutivos de un
delito de homicidio, previsto y penado en el artículo 138 del Código Penal, del que el
acusado es criminalmente responsable en concepto de autor, con la concurrencia de la
circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal eximente incompleta del
artículo 21.1 en relación con elartículo 20.2 del Código Penal, interesando la imposición
de una pena de diez años y un día de prisión; subsidiariamente, b) como constitutivos
de un delito de asesinato, previsto y penado en el artículo 139.1º del Código Penal, del
que resulta criminalmente responsable en concepto de autor el acusado, con la
concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal eximente
incompleta del artículo 21.1 en relación con elartículo 20.2 del Código Penal,
interesando la imposición de la pena de quince años de prisión. 2.- Respecto de los
hechos concernientes a Ruth, en primer lugar, a) como constitutivos de un delito de
lesiones previsto y penado en el artículo 148.1 del Código Penal, del que resulta
criminalmente responsable en concepto de autor el acusado, con la concurrencia de la
circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal eximente incompleta del
artículo 21.1 en relación con elartículo 20.2 del Código Penal, interesando la imposición
de la pena de prisión de cinco años y un día; y, subsidiariamente, como constitutivos de
un delito de homicidio en grado de tentativa previsto y penado en los artículos 138, 15y
16 del Código Penal, del que resulta criminalmente responsable en concepto de autor
el acusado, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad
criminal eximente incompleta del artículo 21.1 en relación con elartículo 20.2 del Código
Penal, interesando la imposición de la pena de prisión de cinco años y un día.
QUINTO.- Tras los informes finales y la última palabra del acusado quedaron los
autos vistos para sentencia, procediéndose a su deliberación y votación, siendo
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ponente el Ilmo. Sr. Don IGNACIO MARRERO FRANCÉS, quién expresa el parecer de
la Sala.
HECHOS PROBADOS
Sobre las 11:00 horas, aproximadamente, del día 13 de julio de 2011, el procesado
Abel con DNI NUM001, , mayor de edad, nacido el día NUM000 de 1991, de
nacionalidad española, con antecedentes penales no computables a efectos de
reincidencia en cuanto condenado ejecutoriamente por sentencia firme de 1 de julio de
2011, como autor criminalmente responsable de un delito de hurto, a la pena de 4
meses de prisión, a la sazón suspendida por plazo de dos años, se personó en el
domicilio de su amigo Higinio (nacido el día NUM005 de 1990), sito en la CALLE001,
NUM006, NUM007 de la localidad de Puerto del Rosario (Las Palmas), donde se
encontraba el mismo en compañía de su novia Ruth (nacia el día NUM008 de 1993),
sabedor de que el padre de Higinio, Isidoro, no se encontraba en la vivienda por
hallarse trabajando.
Una vez allí, el procesado Abel, quien conocía a Higinio desde la infancia, y,
mantenía con él una estrecha relación de amistad, habiendo acudido al domicilio de
Higinio en numerosas ocasiones anteriores, habiendo llegado a quedarse a dormir en
dicha vivienda, estuvo conversando con Higinio en el salón de la vivienda, con el que al
cabo de unos minutos se dirigió a su dormitorio, donde se encontraba la novia de
Higinio, Ruth, al tiempo que el procesado maniataba con fuerza a Higinio con cinta
aislante so pretexto de un falso juego. Cuando Higinio se encontraba sentado en la
cama del dormitorio tratando de deshacer la atadura que le había hecho el procesado,
quien cerró las cortinas de la estancia al penetrar en la misma, y, mientras Ruth se
encontraba acicalándose para marcharse, el acusado Abel, asiendo cuanto menos un
cuchillo que medía 23 cm de largo y con una hoja de 12 cm de largo y 1,3 cm de
anchura que Higinio tenía en su habitación, con la intención de acabar con su vida,
asumiendo que podía causar su muerte sin que tal previsión le hiciera desistir de ello,
de modo súbito y repentino se abalanzó, abordándola por la espalda, sobre Ruth, a
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quien comenzó a asestar cuchilladas por la espalda, el tórax, el abdomen y las
extremidades superiores.
Al intentar asistir Higinio a su novia, el procesado Abel, con la intención de acabar
con su vida, asumiendo que podía causar su muerte sin que tal previsión le hiciera
desistir de ello, se dirigió hacia él, que se encontraba sentado en la cama con las
manos atadas con cinta aislante, imposibilitado para defenderse, y le clavó un cuchillo
de 29,5 cm de largo total, con una hoja acabada en punta de 16,5 cm de largo y 2,3 cm
de ancha, con mango blanco con dibujo de una Calavera, y, que Higinio tenía en su
habitación, en numerosas ocasiones en el tórax y en ambas extremidades superiores,
llegándole a causarle treinta heridas, localizándose, al menos, una cuchillada en el
mentón, dos en la zona axilar, cinco en la región torácica y ocho en las extremidades
superiores, siendo algunas de esta heridas mortales de necesidad al provocar
hemorragia en cavidad torácica y neumotórax bilateral, en particular las siguientes:
Nº6- Herida situada a nivel torácico derecho, que atraviesa la piel y el tejido
subcutáneo, produciendo una fractura limpia, sin esquirlas, de la costilla nº7,
penetrando en la cavidad torácica. Afecta al vaso principal del hilio pulmonar, alcanza
la cara lateral externa de la tráquea, sin perforarla, teniendo una profundidad
aproximada de 18.5-19 cm. Esta herida provoca un neumotórax y un hemotórax
derecho con 900 cc de sangre.
Nº11- Herida con trayecto de izquerda a derecha, prácticamente transversal, de unos
8 cm de profundidad, pinchando directamente la cúpula diafragmática.
Nº12- Herida situada en la zona lateral del hipocondrio izquierdo, penetra en cavidad
torácica abdominal sin lesión de vísceras.
Nº13- Herida situada a nivel de la unión del hipocondrio-pericordio izquierdo, penetra
en cavidad abdominal, atravesando el pilar diafragmático anterior izquierdo y termina
en la parte posterior diafragmática, penetrando otra vez en el tórax y atravesando la
lengüeta del lóbulo inferior del pulmón izquierdo y tocando la pared posterior del tórax,
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determinando un ojal de 3.5 cm en la cara interna de de la pared posterior de la parrilla
costal izquierda. Se aprecia otro ojal contiguo al anterior y entrecruzado y otro en la
zona lateral de esta pared posterior. Profundidad aproximada de 14.5cm. Dentro de la
cavidad abdominal atraviesa la lengüeta hepática, cara externa del estómago y pilar
posterior diafragmático. Perfora el lóbulo inferior pulmonar en tres ocasiones
contactando con la cara interna de la pared posterior de la parrilla intercostal. Esta
herida provocó un neumotórax izquierdo y un hemotórax de 200cc.
Como consecuencia de estas heridas, Higinio falleció sobre las 12 horas del día 13
de julio de 2011, a causa de una parada cardio respiratoria por shock
hemorrágico/anoxia por neumotórax bilateral, consecuencia de las heridas infligidas
con el cuchillo en el tórax. El finado, al tiempo de su fallecimiento, sólo contaba con su
padre Isidoro, con quien convivía en el mismo domicilio.
El procesado, tras asestar las cuchilladas a Higinio, toda vez que Ruth trataba de
incorporarse, se dirigió nuevamente hacia ella y, con la intención de acabar con su vida
o a sabiendas que podía causar su muerte, continuó asestándole diversas cuchilladas
en la zona del tórax y del abdomen, hasta que Ruth, medio desvanecida, simuló estar
muerta para evitar que el procesado continuase asestándole cuchilladas.
El procesado Abel, llegó a asestar a Ruth un total de veinte cuchilladas, asestándole
cuatro en el tórax, siete en el abdomen, seis en el brazo izquierdo, dos en la espalda y
una en la región pubiana, causándole lesiones consistentes en hemoneumotórax
izquierdo, lesión de mama izquierda, hemoperitoneo, laceración hepática, laceración
esplénica, hematoma en retroperitoneo sin afectación de riñones ni de vías urinarias,
lesión neurológica del plexo lumbar derecho, perforación intestinal y de estómago,
deserosamiento del sigma y fractura del cuarto metacarpiano de la mano derecha.
Dichas lesiones comprometieron gravemente la vida de Ruth, habiendo precisado para
su sanidad de un inmediato ingreso hospitalario e intervención quirúrgica de urgencias,
sin los cuales habría fallecido, para hemostasia de las lesiones viscerales y sutura de
las heridas cutáneas, y, otras medidas tales como expansores de plasma,
transfusiones de concentrados de hematíes, exploraciones radiológicas y urológicas,
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tratamiento con analgésicos, antibióticos, reposo, rehabilitación, apoyo psicológico con
medicación sedante, e, inmovilización de fractura de la mano derecha.
Las lesiones de Ruth quedaron estabilizadas el 14/2/2012, habiendo estado impedida
para el ejercicio de sus tareas habituales durante 217 días, siendo 8 de ellos por
ingreso hospitalario, quedando secuelas consistentes en: 1.- Paresia del nervio femoral
derecho; 2.- Trastorno de estrés postraumático; y, 3.- daño estético por numerosas
cicatrices (19) repartidas por tronco y extremidad superior izquierda, cuyas
características son: · cicatriz en el cuadrante superointero de la mama derecha de 1,5
cm, muy notoria · dos cicatrices en zona periaerolar de la mama izquierda de 3 cm
cada una de ellas, muy notorias · cicatriz en cuadrante superointerno de la mama
izquierda de 2 cm, muy notoria · cicatriz en el tercio medio del borde externo del brazo
izquierdo de 4x2 cm, irregular en forma de "L" y muy notoria · cicatriz en el tercio medio
de la unión del borde externo con la cara anterior del brazo izquierdo de 2,5 cm, notoria
· cicatriz en el tercio proximal de la cara posterior del antebrazo izquierdo de 4,5 cm,
notoria · cicatriz contigua a la anterior de 2,5 cm, notoria · cicatriz en el tercio distal de
la cara anterior del antebrazo izquierdo de 4,5 cm, notoria e irregular · cicatriz en el
borde externo de la región tenar de la mano izquierda de 1,5 cm, notoria· cicatriz
quirúrgica por laparotomía media supraumbilical de 15 cm, muy notoria · dos cicatrices
paraumbilicales de 3 cm cada una de ellas· cicatriz en flanco derecho de 2,5 cm,
notoria· cicatriz en hipocondrio derecho de 1,5 cm, notoria· cicatriz en zona
paralumbar-flanco derecho de 2 cm, notoria· cicatriz en cadera derecha de 3,5 cm,
notoria· cicatriz en costado izquierdo inmediatamente por debajo del hueco axilar de 3
cm, notoria· cicatriz en flanco izquierdo de 3x1,5 cm, notoria· cicatriz en costado
izquierdo de 2 cm, notoria· cicatriz en región inginal izquierda de 2 cm, notoria
El procesado, quien en todo momento actuó con plena consciencia y en estado
sobrio, observando que ambos se encontraban inconscentes, abandonó de inmediato
el lugar.
El procesado Abel permanece privado provisionalmente de libertad por la presente
causa desde el día 13 de julio de 2011.
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FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.-Sobre los hechos . La valoración de la prueba ha sido realizada por
esta Sala conforme a lo dispuesto en el artículo 741 y concordantes de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal; apreciando, según su conciencia y conforme a las reglas del
criterio racional, las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, así como las razones
y argumentos expuestos por las partes intervinientes en el presente proceso.
En efecto, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 24.2 de la
Constitución se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado, el principio de libre
valoración de la prueba en el proceso penal que corresponde efectuar a los Jueces y
Tribunales por imperativo del artículo 117.3 de la Constitución; y, de otro, que la
sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba, y que la
actividad probatoria sea suficiente para desvirtuar esa presunción de inocencia, para lo
cual se hace necesario que la evidencia derivada de esa actividad probatoria lo sea
tanto con respecto a la existencia del hecho punible, como en todo lo atinente a la
participación que en él tuvo el acusado, pues el procedimiento probatorio ha de tener
lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en forma oral, se desarrolla ante
el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar Sentencia, de suerte que la convicción de
éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los medios
aportados a tal fin por las partes.
Pues bien, desde esta perspectiva, se ha de tener presente que el relato de hechos
declarado probado, apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del juicio,
bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, ha quedado acreditado,
fundamentalmente, por la declaración testifical en el acto del Juicio Oral de la víctima
superviviente doña Ruth, así como por la declaración testifical de don Carlos Jesús,
don Artemio, don Fructuoso, don Oscar , don Isidoro, y, la de los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía con números de identificación profesional NUM009, NUM010,
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NUM011, NUM012, NUM013, NUM014, NUM015, NUM016, NUM017 y NUM018, y la
de los agentes del Cuerpo de la Policía Local de Puerto del Rosario con números de
identificación profesional NUM019 y NUM020; por las manifestaciones efectuadas en el
plenario por el acusado, debidamente contrastadas con las efectuadas en el Juzgado
de Instrucción; por la documental obrante en las actuaciones incorporada al plenario a
instancia del Ministerio Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 726
LECRIM, particularmente, la diligencia de inspección ocular y levantamiento de cadáver
(folios 1 a 3), el atestado inicial instruido por la Brigada Local de la Policía Judicial de la
Comisaría de Puerto del Rosario (folios 4 a 39), debidamente ratificado por los agentes
del Cuerpo Nacional de Policía que depusieron en el acto del Juicio Oral, los análisis de
sangre y orina practicados al acusado el día de los hechos (folios 70 a 72), el acta de
inspección ocular técnico policial extendida por efectivos de la Brigada Local de la
Policía Científica de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Puerto del Rosario
(folios 76 a 101), debidamente ratificada en el plenario por los agentes que la
extendieron, la hoja histórico penal del acusado (folios 298 y 299), así como la
documentación médica obrante en los autos atinente a la sanidad de las lesiones de
doña Ruth (folios 143 a 148, 150-151, 155-158, 175 a 184), documentación toda ella
que no ha sido impugnada por ninguna de las partes intervinientes por lo que despliega
la eficacia probatoria que le es propia; y, finalmente por la prueba pericial practicada en
el acto del Juicio Oral, consistente, por un lado en la prueba pericial médico forense
obrante a los folios 187 a 294, debidamente ratificada y aclarada en el acto del Juicio
Oral por los Médicos Forenses don Aureliano y don Gerardo, por otro lado, en la
pericial médica de doña Emilia practicada en el plenario, y, por último, en los informes
periciales biológico forense obrante a los folios 121 a 127, químico obrante a los folios
134 a 138, ambos confeccionados por peritos adscritos al Instituto Nacional de
Toxicología y Ciencias Forenses, y, el informe técnico sobre análisis de restos
biológicos obrante a los folios 161 a 171, ninguno de ellos impugnado por ninguna de
las partes intervinientes, habiendo renunciado todas las partes a la ratificación en el
acto del Juicio Oral de estos tres últimos informes al no haberlos puesto en cuestión.
Como línea de principio, se hace preciso apuntar que en los procesos de
reconstrucción fáctica que incumbe a los jueces, mediante la valoración de los medios
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de prueba producidos en el acto del juicio oral en condiciones constitucionales
adecuadas, el objetivo pasa por el establecimiento de un modelo de correspondencia
suficientemente aproximativa entre la verdad histórica y la verdad procesal. Dicho
modelo de correspondencia, para que pueda servir como base de una sentencia de
condena, debe ser el resultado de la aplicación de reglas de racionalidad social,
exteriorizables, justificables y justificadas.
Toda reconstrucción histórica, y la judicial no es una excepción, no puede asentarse
en la idea o en el paradigma científico de la absoluta certeza - por lo demás, en crisis,
incluso, en el modelo epistemológico de las ciencias experimentales -. De ahí, que la
suficiencia de la verdad procesal se funde no tanto en la regla de la certeza entendida
como reproducción exacta, sino en la correspondencia aproximativa: esto es, que el
hecho declarado probado se ajuste, desde la lógica de lo razonable, a la manera en
que debió producirse el hecho histórico y, correlativamente, convierta a las otras
hipótesis fácticas en liza, en manifiestamente improbables, reduciéndolas a un grado
de mera posibilidad fenomenológica escasa o irrelevante.
Desde esta perspectiva, como pruebas que llevan a la narración de hechos
probados, se dispone, en primer término, de la declaración testifical en el acto del
Juicio Oral del sujeto pasivo del delito supérstite doña Ruth. Esta testigo, al igual que
hiciera en su declaración sumarial prestada en el Juzgado de Instrucción (folios 57 y
58), en el acto del Juicio Oral puso de manifiesto, en apretada síntesis, que mantenía
una relación sentimental con Higinio desde hacía unos días, razón por la que la noche
del doce al trece de julio de dos mil once, como ya hiciera en un par de ocasiones
precedentes, se quedó a dormir en el domicilio de su novio Higinio, sito en la
CALLE001 número NUM006, NUM007, de Puerto del Rosario, en donde Higinio
convivía con su padre; Ruth significó que en el decurso de dicha noche, sin saber
precisar la hora, un amigo de Higinio que creía que se trataba del hermano de Abel, fue
a buscar al domicilio a su novio pretextando que Abel le tenía una sorpresa, negándose
Higinio a ir en su compañía respondiéndole que no podía ir con él porque se
encontraba en su padre y su novia. A la mañana siguiente, prosiguió la testigo, entre
las 10 y las 11 horas, aproximadamente, cuando ella y su novio Higinio se encontraban
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durmiendo en la habitación de Higinio, les despertó el timbre de la puerta, de modo
que Higinio fue a abrir la puerta tratándose del acusado Abel. A decir de la Srta. Ruth,
mientras ella permanecía en la habitación de su novio preparándose para marcharse a
la autoescuela, Higinio y Abel permanecieron en el salón de la vivienda conversando a
lo largo de un rato cuya duración no sabría precisar; no escuchó de qué estaban
conversando ni tampoco que estuviesen discutiendo, cuanto menos de forma
acalorada, habiendo podido constatar, tan sólo, cuando en un momento dado se dirigió
hacia la cocina con la finalidad de beber un vaso de agua, que Higinio le había atado
las manos al acusado Abel quien consiguió despojarse de la cinta. Al cabo de unos
minutos de haber regresado a la habitación tras beber agua, puso de manifiesto la
testigo, Higinio y el acusado se introdujeron en la habitación en que ella se encontraba,
en donde recordaba vagamente que había un cuchillo encima de las torres del
ordenador, hallándose el acusado Abel atándole las manos a Higinio, quien se sentó
sobre la cama cruzando las piernas en tanto que el acusado le decía que le daría
treinta euros si lograba desatarse las manos; de repente, mientras ella se encontraba
aún acicalando para marcharse sin prestar mucha atención al acusado y a su novio, el
acusado Abel se abalanzó sobre ella abordándole por la espalda, tomando conciencia
ella de que el acusado le estaba asestado cuchilladas al verlo por el rabillo del ojo; la
testigo puso de manifiesto que todo sucedió con cierta rapidez y que por el aturdimiento
no recordaba todo el episodio con absoluta precisión y minuciosamente, si bien
recordaba cómo su novio le gritaba a Abel para que la dejase, y, cómo acto seguido el
acusado se dirigió hacia su novio a quien comenzó a asestarle varias cuchilladas
tratando Higinio de dirigirse hacia el baño, quedando ella aturdida y desconcertada,
cuando al poco regresó el acusado hacia donde ella se encontraba intentando
incorporarse para gritarle que se callase, al tiempo que continuaba asestándole
cuchilladas, cayendo ella nuevamente desvanecida, semiinconsciente, haciéndose en
la muerta con la finalidad de que el acusado dejase de agredirla, de modo que cuando
ella creyó que el acusado había abandonado la vivienda, intentó nuevamente
incorporarse, cayéndose al suelo al instante al fallarle las piernas, por lo que se
desplazó por la vivienda arrastrándose por el suelo pidiendo auxilio, tratando de buscar
el teléfono móvil para llamar a la policía, todo ello mientras se debatía en un continuo
duermevela, durmiéndose y volviendo a despertarse hasta que finalmente sintió voces
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y comenzó a gritar pidiendo ayuda, siendo socorrida por los servicios médicos de
urgencias. Ruth también puso de manifiesto que no recordaba cuántos cuchillos pudo
haber aprehendido el acusado, que recordaba uno que había encima de la torre del
ordenados cuyas características concretas no podría precisar, si bien se trataba de un
cuchillo que recordaba como "grandito"; así mismo, indicó que después de haberle
asestado varias cuchilladas el acusado a su novio, pensaba que éste podría estar en el
baño, pues le pareció verle caer hacia la puerta del baño, si bien no lo encontró
ignorando dónde se encontraba; y, finalmente, la testigo hizo notar que cuando el
acusado se introdujo en la habitación en compañía de su novio, corrió las cortinas de la
habitación, que a la sazón se encontraban abiertas, so pretexto de que no quería que le
viesen los vecinos, detalle que en aquel momento le pareció un poco extraño aunque
tampoco le prestó particular atención. Finalmente, la víctima describió sucintamente las
consecuencias de las múltiples heridas que sufrió a causa de las cuchilladas asestadas
por el acusado, indicando que amén de las veintitrés cicatrices que tenía a causa de las
cuchilladas y de las intervenciones quirúrgicas a que fue sometida a causa de ellas,
continuaba teniendo problemas en la pierna, así como que se encontraba muy afectada
psicológicamente.
Sentado lo anterior, se debe partir en el caso de autos de la reiterada doctrina
jurisprudencial a cuyo tenor el testimonio impropio de la sedicente víctima de la
infracción constituye prueba de cargo válida, y aun suficiente por sí sola, para enervar
la presunción constitucional de inocencia (por todas y como más recientes, sentencias
111/1999, de 30 de enero, 486/1999, de 26 de marzo, 711/1999, de 9 de julio, y
927/2000, de 24 de junio). A este respecto, la Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo
Penal), de 18 diciembre 1991, recurso núm. 1346/1987, pone de manifiesto "...El
tratamiento procesal penal del ofendido o perjudicado, ante una regulación específica
inexistente, se rige por las normas de la prueba testifical respecto a sus declaraciones.
Son, a veces, testigos cualificados, cuando fueron víctimas: violación, atracos, robos
con violencia o intimidación, etc. y en otras ocasiones sólo perjudicados, el dueño de
un establecimiento en el que se ha producido un robo del que ignora todos los datos el
dueño...La diferencia esencial entre el testigo, sin más adjetivos, y la víctima testigo es
que aquél es ajeno al proceso y ésta no. Pero existe un claro denominador común: se
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trata de juicios históricos sobre la vivencia o vivencias que tuvo el declarante...". Y así
la Sentencia Tribunal Supremo núm. 324/2002 (Sala de lo Penal), de 25 febrero,
recurso núm. 1054/2000, nos recuerda "... Vuelve a presentarse ante esta Sala el
tema del valor probatorio de la declaración de la víctima, siempre que esté prestada en
el juicio oral con las garantías de contradicción, oralidad e inmediación. Tanto la
doctrina del principal intérprete de nuestro texto fundamental - sentencias 201/1989
(RTC 1989\201), 173/1990 (RTC 1990\173), y 229/1991 ( RTC 1991\229) del
Tribunal Constitucional- como de este órgano de casación -sentencias de 21 de enero
(RJ 1988\410), 18 de marzo (RJ 1988\4042) y 25 de abril de 1988 (RJ 1988\2860),
16 (RJ 1991\118) y 17 de enero (RJ 1991\141), 29 de mayo (RJ 1991\3886) y 13 de
septiembre de 1991 (RJ 1991\6177), 10 de febrero (RJ 1992\1084), 17 de marzo (RJ
1992\2148), 2, 10 (RJ 1992\2951) y 13 de abril (RJ 1992\3039), 13 de mayo (RJ
1992\4019), 5 (RJ 1992\4857) y 30 de junio (RJ 1992\5695), 8 de julio (RJ 1992\6554),
9 (RJ 1992\7098), 18 (RJ 1992\7181) y 29 de septiembre (RJ 1992\7397) y 10 de
diciembre de 1992 (RJ 1992\10203), 1322/1993, de 26 de mayo (RJ 1993\4321),
847/1994, de 15 de abril (RJ 1994\3292), 1431/1994, de 7 de julio (RJ 1994\6254),
1745/1994, de 4 de octubre (RJ 1994\7620) y 2116/1994, de 5 de diciembre (RJ
1994\10066), 181/1995, de 15 de febrero (RJ 1995\863), 443/1995, de 22 de marzo (RJ
1995 \4562), 697/1995, de 23 de mayo (RJ 1995\3909)- han señalado que las
declaraciones de la víctima del delito tienen valor de prueba testifical siempre que se
practiquen con las debidas garantías, incluso tratándose de víctimas menores -
sentencias, por todas, 741/1994, de 5 de abril (RJ 1994\2878) y 27 de abril de 1994
(RJ 1994\3302)- siendo medios hábiles «per se» para la enervación de la presunción
de inocencia - sentencias de 19 y 23 de mayo de 1991, 26 de mayo y 10 de
diciembre de 1992 (RJ 1992\4487) y 10 de marzo de 1993 (RJ 1993\2132)-. La
víctima no es un testigo, pues característica de este medio de prueba es la declaración
de conocimiento prestada por una persona que no es parte en el proceso y el
perjudicado puede mostrarse parte en la causa como acusador particular o incluso con
sólo finalidad resarcitoria como actor civil, sin embargo, su declaración se equipara al
testimonio ...". En definitiva, como apunta la Sentencia Tribunal Supremo núm.
1137/2004 (Sala de lo Penal), de 15 octubre, recurso de casación núm. 1783/2003
"...Las víctimas tienen aptitud para declarar como testigos en el proceso penal, incluso
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aunque actúen ejerciendo la acusación, a diferencia de lo que ocurre en el proceso civil
en que ninguna de las partes puede actuar como testigo: (ha de hacerlo bajo la forma y
requisitos de la llamada prueba de confesión) ...".
El testimonio de la víctima, pues, se encuadra en la prueba testifical, y su valoración
corresponde al tribunal que con inmediación, oralidad, publicidad y contradicción
efectiva ha percibido directamente el contenido de cuanto expresa el testigo, esto es,
los hechos que vio personalmente. Elemento esencial para esa valoración es la
inmediación a través de la cual el tribunal de instancia forma su convicción, no sólo por
lo que el testigo ha dicho, sino también su disposición, las reacciones que sus
afirmaciones provocan en otras personas, la seguridad que transmite, en definitiva,
todo lo que rodea una declaración y que la hace creíble, o no, para formar una
convicción judicial. Así, el Tribunal Supremo ha señalado en multitud de resoluciones
que las declaraciones de la víctima o perjudicado tienen el valor de prueba testifical
siempre que se practiquen con las debidas garantías y se hayan introducido en el
proceso de acuerdo con los principios de publicidad, contradicción e inmediación,
siendo hábiles por sí solos para desvirtuar la presunción constitucional de inocencia,
incluso cuando su testimonio se enfrenta a varios que se expresan en dirección
opuesta, aunque en todo caso la resolución ha de ser motivada de acuerdo con el art.
120.3º de la Constitución, y por ello, el antiguo principio jurídico «testis unus», «testis
nulus», no tiene ya significación jurídica alguna, pues de no ser así, se llegaría a la más
absoluta impunidad en relación a aquellos delitos que se desenvuelven en el más
absoluto secreto, o situaciones solitarias. En este sentido, la reiterada jurisprudencia
del Tribunal Supremo ha venido admitiendo como prueba de cargo suficiente para
destruir o enervar la presunción de inocencia, la declaración testifical de las víctimas,
pero a la vez que sienta el aludido principio, dicho Tribunal atempera la credibilidad de
las declaraciones testificales a una serie de cautelas en orden a prevenir que tales
manifestaciones se efectuasen por ánimo de venganza o resentimiento,
autoexculpación de quien las efectúa, o, en definitiva, vengan presididas por otras
finalidades espurias diferentes de narrar verazmente la ocurrencia de un hecho. De
este modo la jurisprudencia viene otorgando valor probatorio al testimonio de la víctima
cuando concurren las siguientes notas (SSTC 201/89, 173/90 y 229/91; SSTS 5-11-94,
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21-3-95, 3-4-96, 24-5-96, 27-7-96 y 21-9-98): 1ª) Ausencia de incredibilidad subjetiva
derivada de las relaciones acusado-víctima que pudieron conducir a la deducción de
existencia de un móvil de resentimiento o enemistad que privase al testimonio de la
aptitud para generar ese estado subjetivo de certidumbre en que la convicción judicial
estriba esencialmente. 2ª) Verosimilitud: el testimonio que no es propiamente tal, en
cuanto que la víctima puede mostrarse parte en la causa, ha de estar rodeado de
ciertas corroboraciones periféricas de carácter objetivo que le doten de aptitud
probatoria. En definitiva, lo fundamental es la constatación de la real existencia de un
hecho. 3ª) Persistencia en la incriminación, la cual ha de ser prolongada en el tiempo,
plural, sin ambigüedades ni contradicciones de carácter sustancial, pues constituyendo
la única prueba enfrentada a la negativa del acusado, que proclama su inocencia,
prácticamente la única posibilidad de evitar la indefensión de éste es permitirle que
cuestione eficazmente dicha declaración, poniendo de relieve aquellas contradicciones
que señalen su inveracidad (Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, de 28
septiembre 1988, 26 mayo y 5 junio 1992, 8 noviembre 1994, 27 abril y 11 octubre
1995, 3 y 15 abril 1996, entre otras).
Bien entendido, que estas habituales exigencias han de tomarse como lo que
realmente son: reglas de la sana crítica que han de aplicarse en el caso concreto
ponderando todas las circunstancias concurrentes y sin erigirse a su vez en criterios de
valoración rígidos y tasados que permitan eludir el compromiso que implica la libre
apreciación de la prueba. En este sentido se pronuncian, además de la sentencia
1208/2000, de 7 de julio, con especial energía y claridad, la sentencia 2045/2000, de 3
de enero de 2001, y la sentencia 305/2001. En definitiva, como recuerda la sentencia
de 11 de marzo de 1992, el testimonio de la víctima constituye un válido medio
probatorio, sin perjuicio de que el juzgador deba ponderar y valorar con toda mesura y
discreción las concurrentes circunstancias del caso afectantes a su fuerza de
convicción; ya que lo contrario, en uno u otro sentido, significaría restaurar un añejo y
periclitado sistema de prueba legal, bien por vía de exclusión del testimonio de la
sedicente víctima, bien por su erección en una especie de nueva probatio
probantissima. Estas tres referencias, pues, no deben entenderse, ni mucho menos,
como exigencias cuasi normativas, de tal suerte que concurriendo todas, se deba
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concluir que las declaraciones de la víctima son veraces, o por el contrario, cuando no
se da ninguna o falta alguna de ellas, está abocado el Tribunal a descalificar tal
testimonio. En realidad lo que se pretende con tales recomendaciones, es dirigir una
llamada de atención a los juzgadores para que sean escrupulosos en la valoración de
esta prueba. La observación de tales cautelas, no cabe duda, que contribuirá a
reafirmar o desechar las impresiones, intuiciones o convicciones del Tribunal
enjuiciador.
En efecto, el medio testifical ha sido objeto de ciertas matizaciones y cautelas por
parte de la Jurisprudencia cuando se trata de un único testigo y, más aún, cuando es la
propia víctima. Sin embargo, el juicio correspondiente a la valoración de dicho
testimonio debe ser llevado a cabo y motivado por el Tribunal de instancia de
conformidad con lo dispuesto en el art. 741 LECRIM. Las cautelas señaladas no
constituyen, por ello, requisitos o condiciones determinantes de la existencia de la
prueba, sino reglas orientativas que deben ser tenidas en cuenta por el Tribunal de
instancia en su operación valorativa. Efectivamente, es ya una obviedad referirse a la
verificación de la credibilidad del testigo teniendo en cuenta las circunstancias o
relaciones existentes entre el mismo y el sujeto activo del delito, cuidando el Tribunal
de depurar las mismas, valorando en su debida medida posibles móviles espurios, de
resentimiento o venganza, es decir, la credibilidad, elemento subjetivo, debe ser
tamizada mediante la interposición de elementos objetivos; de la misma forma que la
versión ofrecida por el testigo-víctima necesita una suerte de objetivización para su
corroboración o refuerzo, bien de elementos objetivos o de versiones de otros testigos
o personas que coincidan en aportar indicios o hechos confluyentes con la versión
principal, lo que se denomina elementos periféricos o corroboradores; por último, la
llamada persistencia en la incriminación consiste en enfrentar entre si las propias
declaraciones del testigo, conforme se han ido produciendo a lo largo de la instrucción
y en el Plenario. Reglas, en síntesis, que tienen valor orientativo para la apreciación de
la prueba pero que no condicionan la existencia de la misma. En suma, lo anterior son
simplemente criterios proporcionados por la jurisprudencia del Alto Tribunal para
procurar la racionalidad en la valoración de la prueba conforme al art. 717 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, pero no suponen que el principio de valoración en conciencia y
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racional de la prueba (artículos 741 y 717 de la Ley procesal) sea sustituido por unas
reglas de valoración como las que se expresan; es decir, se trata de criterios
proporcionados por la Sala Segunda a fin de comprobar y ayudar a la racionalidad de la
valoración de la prueba pero que no sustituyen a la inmediación en la práctica de la
misma. En este sentido advierte la STS. 11-12-2006 " que tales tres elementos no han
de considerarse como requisitos, de modo que tuvieran que concurrir todos unidos para
que la Sala de instancia pudiera dar crédito a la testifical de la víctima como prueba de
cargo. A nadie se le escapa, dice la STS. 19- 3-2003 que cuando se comete un delito
en el que aparecen enemistados autor o víctima, en estas infracciones que
ordinariamente se comenten en la clandestinidad puede ocurrir que las declaraciones
de esta última tengan que resultar verosímiles por las concretas circunstancias del
caso. Es decir la concurrencia de alguna circunstancia de resentimiento, venganza o
cualquier otro motivo ético y moralmente inadmisible, es solamente una llamada de
atención para realizar un filtro cuidadoso de sus declaraciones, no pudiéndose
descartar aquellas, que aún teniendo esas características tienen solidez, firmeza y
veracidad objetiva ( STS. 29-1-2005) ". En el mismo sentido, las SSTS de 13 de junio
de 2005, de 30 de septiembre de 2005, y de 28 de septiembre de 2005, entre otras.
La STS, sala 2ª, de fecha 12 de mayo de 2009, a su vez indica que "... Como ya
apuntábamos en nuestra STS 850/2007, 18 de octubre, con cita de la STS
1137/2004, 15 de octubre, "las víctimas tienen aptitud para declarar como testigos en el
proceso penal, incluso aunque actúen ejerciendo la acusación, a diferencia de lo que
ocurre en el proceso civil en que ninguna de las partes puede actuar como testigo: ha
de hacerlo bajo la forma y requisitos de la llamada prueba de confesión". Con vocación
de síntesis, la STS 339/2007, 30 de abril, ha afirmado que la declaración de la víctima
no es prueba indiciaria sino prueba directa y ha sido admitida como prueba de cargo
tanto por la doctrina del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional (cfr. por
todas, SSTC 201/89, 173/90 y 229/91). Esto no quiere decir que la existencia de
esa declaración se convierta por sí misma y automáticamente en prueba de cargo
suficiente, pues, como todas, está sometida a la valoración del Tribunal sentenciador.
Así el Tribunal Supremo parte de que las declaraciones de la víctima no son
asimilables totalmente a las de un tercero, por ello cuando el Tribunal Constitucional
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respetando, con buen criterio, el ámbito de exclusividad de la potestad jurisdiccional
penal constitucionalmente atribuidos a jueces y tribunales ordinarios, señala que la
declaración de la víctima o denunciante puede ser prueba hábil para desvirtuar la
presunción de inocencia, incumbiendo su valoración al tribunal sentenciador, ello no
significa, desde luego, que con dicha declaración quede automáticamente desvirtuada
la presunción de inocencia, en el sentido de que se invierta la carga de la prueba,
dándose ya por probada la acusación e incumbiendo al acusado desvirtuar su presunta
presunción de certeza de la acusación formulada, sino únicamente que dicha prueba
no es inhábil a los efectos de su valoración como una prueba más, por el tribunal
sentenciador, el cual debe aplicar obviamente, en esta valoración, criterios de
razonabilidad que tengan en cuenta la especial naturaleza de la referida prueba. ..".
Y, por su parte, con vocación de síntesis, la reciente STS de fecha 17 de octubre de
2012, expone en igual sentido que: "...esta Sala en STS. 625/2010 de 6.7 tiene
declarado, recogiendo reiterada jurisprudencia que: "La declaración de la víctima es
una actividad probatoria hábil en principio, para enervar el derecho fundamental a la
presunción de inocencia. Encuadrable en la prueba testifical, su valoración corresponde
al Tribunal de instancia que con creencia de los principios que rigen la realización del
juicio y la práctica de la prueba oye lo que los testigos deponen sobre hechos
percibidos sensorialmente. Elemento esencial para esa valoración es la inmediación a
través de la cual el tribunal de instancia forma su convicción, no sólo por lo que el
testigo ha dicho, sino también su disposición, las reacciones que sus afirmaciones
provocan en otras personas, la seguridad que transmite, en definitiva, todo lo que rodea
una declaración y que la hace creíble, o no, para formar una convicción judicial.
La credibilidad de la víctima es una apartado difícil de valorar por la Sala de
casación, pues no ha presenciado esa prueba pero en su función revisora de la
valoración de la prueba puede valorar la suficiencia de la misma y el sentido de cargo
que tiene, así como sobre la racionalidad de la convicción manifestada por el tribunal
sentenciador de instancia. Por ello el testimonio de la víctima cuando se erige en
prueba de cargo, como normalmente sucede en hechos como el enjuiciado, está sujeto
a la hora de su valoración a unos criterios, que no exigencias ( STS. 15.4.2004), como
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son los de ausencia de incredibilidad, verosimilitud del testimonio y persistencia en la
incriminación.
a) Respecto al criterio de la credibilidad tiene, como señala la sentencia de 23 de
septiembre de 2004 dos aspectos subjetivos relevantes: a) Las propias características
físicas o psicoorgánicas, en las que se ha de valorar su grado de desarrollo y madurez,
y la incidencia que en la credibilidad de sus afirmaciones pueden tener algunas veces
ciertos trastornos mentales o enfermedades como el alcoholismo o la drogadicción. b)
La inexistencia de móviles espurios que pudieran resultar bien de las tendencias
fantasiosas o fabuladoras de la víctima, como un posible motivo impulsor de sus
declaraciones, o bien de las previas relaciones acusado-víctima, denotativas de
móviles de odio o de resentimiento, venganza o enemistad, que enturbien la sinceridad
de la declaración haciendo dudosa su credibilidad, y creando un estado de
incertidumbre y fundada sospecha incompatible con la formación de una convicción
inculpatoria sobre bases firmes ; pero sin olvidar también que aunque todo denunciante
puede tener interés en la condena del denunciado, no por ello se elimina de manera
categórica el valor de sus afirmaciones , pues a nadie se le escapa, dicen las SSTS.
19.12.2005 y 23.5.2006, que cuando se comete un delito en el que aparecen
enemistados autor y víctima, puede ocurrir que las declaraciones de esta última tengan
que resultar verosímiles por las concretas circunstancias del caso. Es decir la
concurrencia de alguna circunstancia de resentimiento, venganza, enemistad o
cualquier otro motivo ético y moralmente inadmisible es solamente una llamada de
atención para realizar un filtro cuidadoso de sus declaraciones, no pudiéndose
descartar aquellas que, aún teniendo estas características, tienen solidez, firmeza y
veracidad objetiva. Es por cuanto si bien el principio de presunción de inocencia
impone en todo análisis fáctico partir de la inocencia del acusado, que debe ser
desvirtuada fuera de toda duda razonable por la prueba aportada por la acusación, si
dicha prueba consiste en el propio testimonio de la víctima, una máxima común de
experiencia le otorga validez cuando no existe razón alguna que pudiese explicar la
formulación de la denuncia contra persona determinada, ajena al denunciante, que no
sea la realidad de lo denunciado.
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b) Por lo que a la verosimilitud del testimonio se refiere y siguiendo las pautas de la
citada sentencia de 23 de septiembre de 2004, aquella, la verosimilitud, debe estar
basada en la lógica de su declaración y el suplementario apoyo de datos objetivos.
Esto supone: a) La declaración de la víctima ha de ser lógica en sí misma, o sea no
contraria a las reglas de la lógica vulgar o de la común experiencia, lo que exige valorar
si su versión es o no insólita, u objetivamente inverosímil por su propio contenido. b) La
declaración de la víctima ha de estar rodeada de corroboraciones periféricas de
carácter objetivo obrantes en el proceso; lo que significa que el propio hecho de la
existencia del delito esté apoyado en algún dato añadido a la pura manifestación
subjetiva de la víctima ( Sentencias de 5 de junio de 1992; 11 de octubre de 1995;
17 de abril y 13 de mayo de 1996 ; y 29 de diciembre de 199 ). Exigencia que, sin
embargo habrá de ponderarse adecuadamente en delitos que no dejan huellas o
vestigios materiales de su perpetración ( art. 330 LECrim.), puesto que, como señala la
sentencia de 12 de julio de 1996, el hecho de que en ocasiones el dato corroborante no
pueda ser contrastado no desvirtúa el testimonio si la imposibilidad de la comprobación
se justifica en virtud de las circunstancias concurrentes en el hecho. Los datos objetivos
de corroboración pueden ser muy diversos: lesiones en delitos que ordinariamente las
producen; manifestaciones de otras personas sobre hechos o datos que sin ser
propiamente el hecho delictivo atañen a algún aspecto fáctico cuya comprobación
contribuya a la verosimilitud del testimonio de la víctima; periciales sobre extremos o
aspectos de igual valor corroborante; etcétera.
c) Por último, en lo que se refiere a la persistencia en la incriminación, y siguiendo la
doctrina de la repetida sentencia, supone: a) Ausencia de modificaciones esenciales en
las sucesivas declaraciones prestadas por la víctima sin contradecirse ni desdecirse.
Se trata de una persistencia material en la incriminación, valorable «no en un aspecto
meramente formal de repetición de un disco o lección aprendida, sino en su constancia
sustancial de las diversas declaraciones » ( Sentencia de 18 de junio de 1998). b)
Concreción en la declaración que ha de hacerse sin ambigüedades, generalidades o
vaguedades. Es valorable que especifique y concrete con precisión los hechos
narrándolos con las particularidades y detalles que cualquier persona en sus mismas
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circunstancias sería capaz de relatar. c) Coherencia o ausencia de contradicciones,
manteniendo el relato la necesaria conexión lógica entre sus diversas partes.
En todo caso los indicados criterios no son condiciones objetivas de validez de la
prueba sino parámetros a que ha de someterse la valoración del testimonio de la
víctima, delimitando el cauce por el que ha de discurrir una valoración verdaderamente
razonable y controlable así casacionalmente a la luz de las exigencias que estos
factores de razonabilidad valorativos representen. Por ello -como decíamos en las
SSTS. 10.7.2007 Y 20.7.2006 - la continuidad, coherencia y persistencia en la
aportación de datos o elementos inculpatorios, no exige que los diversos testimonios
sean absolutamente coincidentes, bastando con que se ajusten a una línea uniforme de
la que se pueda extraer, al margen de posibles matizaciones e imprecisiones, una base
sólida y homogénea que constituye un referente reiterado y constante que esté
presente en todas las manifestaciones. Por tanto, los indicados criterios, no son
condiciones objetivas de validez de la prueba sino parámetros mínimos de contraste a
que ha de someterse la declaración de la víctima. Por tanto -dice la STS 1313/2005,
de 9-11 - como se deduce de lo expuesto tales tres elementos no han de considerarse
como requisitos, de modo que tuvieran que concurrir todos unidos para que la Sala de
instancia pudiera dar crédito a la testifical de la víctima como prueba de cargo. A nadie
se la escapa que cuando se comete un delito en el que aparecen enemistados autor y
víctima, en estas infracciones que ordinariamente se cometen en la clandestinidad,
puede ocurrir que las declaraciones de esta última tengan que resultar verosímiles por
las concretas circunstancias del caso. Es decir la concurrencia de alguna circunstancia
de resentimiento, venganza o cualquier otro motivo ético y moralmente inadmisible, es
solamente una llamada de atención para realizar un filtro cuidadoso de sus
declaraciones, no pudiéndose descartar aquellas que, aun teniendo esas
características tienen solidez, firmeza y veracidad objetiva ...".
Sentado lo anterior, en el presente supuesto considera este Tribunal que la
declaración de la víctima, Ruth, es suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia
que ampara al procesado y fundamentar una sentencia condenatoria.
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En este sentido, debe tenerse presente que Ruth, mayor de edad y en pleno uso de
sus facultades mentales, declaró de forma suficientemente circunstanciada, uniforme y
continuada, sobre los hechos procesales, con suficiente detalle y sin vacilaciones ni
titubeos, firme y segura, resultando perfectamente comprensible que la víctima no
recordase con absoluta precisión todos y cada uno de los detalles de lo acontecido el
día de autos habida cuenta de la importante carga ansiógena de los hechos
procesales, de lo sorpresivo, inopinado y rápido de la agresión, y, de la importancia y
gravedad de las lesiones que la víctima sufría que le causaron momentáneos
desvanecimientos o pérdidas de conciencia mientras se debatía entre la vida y la
muerte, como se verá más adelante, circunstancias todas ellas que, sin duda, afectaron
a la capacidad de la perjudicada de retener la experiencia pasada, esto es, a su
memoria, particularmente en la fase de codificación o registro de la información recibida
dado el contexto en que los hechos tuvieron lugar. De la misma manera, no se puede
obviar que el relato dado por la joven Ruth es objetivamente verosímil por su propio
contenido, lógico, no hay nada en él que sea ilógico en sí mismo, contrario a la lógica
vulgar o a la común experiencia, es decir su narración no es insólita en cuanto no
resulta inverosímil en su propio contenido, siendo un relato coherente, suficientemente
circunstanciado y substancialmente persistente, sin contradicciones ni ambigüedades
de carácter substancial, habiendo efectuado una narración razonablemente ordenada
temporal y espacialmente, con suficiente detalle y, como se ha señalado, persistente en
el tiempo y uniforme, esencialmente, en las diversas declaraciones prestadas a lo largo
de la causa (la testigo ha sido firme, constante, reiterativa, clara y contundente en sus
distintas declaraciones, tanto en el Juzgado instructor, como ante los Médicos
Forenses, como ante este Tribunal). De esta manera, este Tribunal tuvo ocasión de
apreciar la fiabilidad del testimonio de Ruth, la firmeza y coherencia en su exposición.
Desde el punto de vista de la persistencia en la incriminación, pues, el examen de sus
sucesivas declaraciones pone de relieve las exigencias citadas anteriormente: fueron
concretas y precisas, con suficiente detalle y sin generalizaciones. Por otra parte, el
relato es internamente coherente porque no contiene en sí mismo elementos
contradictorios o incompatibles entre sí. Y fue mantenido y persistente en las
declaraciones sumariales y en la prestada en Juicio Oral.
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Sobre este aspecto de la necesaria persistencia, la Sentencia de 5 de diciembre de
2008 del Tribunal Supremoy reiterado en la de 9 de febrero de 2009, recuerda que la
persistencia no exige una repetición mimética, idéntica o literal de lo mismo sino la
ausencia de contradicciones en lo sustancial y en lo relevante. No es falta de
persistencia: a) cambiar el orden de las afirmaciones cuando ello no afecta a la
significación sustancial de lo narrado; b) ni modificar el vocabulario o la sintaxis, es
decir la forma expresiva de lo que, con una u otra forma, sigue siendo lo mismo; c) los
cambios en lo anecdótico o secundario cuando tan sólo expresan falta de certeza en lo
accesorio pero no en lo principal, que es lo que por su impacto psicológico permanece
en la mente de la víctima; salvo que los cambios en lo secundario evidencien en el
caso concreto tendencia a la fabulación imaginativa, de posible valor en la credibilidad
subjetiva. La STS de fecha 26 de septiembre de 2006, recuerda que "... la reiteración
mimética en los testimonios inculpatorios no es un signo de credibilidad, sino que
puede ser todo lo contrario. La persona decidida a imputar un hecho delictivo a otra,
cuanto más falsa sea la acusación, más cuidado tendrá en mantener una versión
uniforme que no se vea alterada por circunstancias tan naturales como el transcurso
del tiempo y su influencia sobre la percepción, cada vez más lejana, de los hechos ...".
Y, la STS de fecha 27 de mayo de 2010, significa que "...Debe existir una persistencia
en la incriminación, lo que puede ser compatible con que el relato no haya sido siempre
y en todo momento idéntico milimétricamente, ya que es normal que existan
modificaciones y alteraciones, lo relevante es que el núcleo central sea mantenido. En
tal sentido, SSTS 1845/2000, 104/2002 de 29 de Enero, 1046/2004 de 5 de
Octubre. En definitiva con este triple examen o perspectiva de la declaración de la
víctima, lo que se persigue es verificar la credibilidad del testimonio, porque como
acredita la psicología del testimonio, un acontecimiento del que alguien ha sido testigo,
y en mayor medida, si ha sido víctima, puede sufrir una reelaboración en su mente con
el paso del tiempo, y ello, partiendo de una sinceridad inicial, ya que la memoria puede
sufrir cambios en el recuerdo de lo vivido y la fantasía lo ha podido trasformar. Por eso,
la credibilidad de un testigo --y en mayor medida, de una víctima-- debe verificarse
desde una doble perspectiva: a) La capacidad de transmitir la veracidad que se
desprende del relato que haga la persona concernida, es decir, capacidad de transmitir
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veracidad y b) El grado de verdad que la narración merezca objetivamente, lo que
dependerá de las fuentes de prueba del testigo ...".
Partiendo de lo anterior, este Tribunal tiene el pleno convencimiento de que el
testimonio de Ruth ha sido persistente y por ello creíble, pese a la existencia de
algunas inexactitudes o imprecisiones en algunos de los detalles relatados que no
desmerece a criterio de este Tribunal el crédito y la fiabilidad del testimonio de la
víctima que, con el posible añadido u olvido de algún detalle, o la presencia de alguna
inexactitud o imprecisión en sus diversas manifestaciones, que son normales por el
transcurso del tiempo y, como antes se indicó, por las circunstancias que afectaron a
la capacidad de la perjudicada de retener la experiencia pasada, esto es, a su
memoria, particularmente en la fase de codificación o registro de la información recibida
dado el contexto en que los hechos tuvieron lugar, son coincidentes en lo fundamental.
En efecto, en el caso presente no se aprecian contradicciones substanciales ni falta de
persistencia en las informaciones aportadas por la víctima respecto a la parte
sustancial de las mismas, respecto a su núcleo central. Las modificaciones apreciables
o bien afectan a lo intranscendente, o son expresiones distintas pero no contradictorias,
o no pasan de ser precisiones o matizaciones de lo mismo, en declaraciones
complementarias entre sí que no invalidan la persistencia de lo manifestado. Los
elementos en los que existe contradicción son periféricos al núcleo esencial de los
hechos; son datos que no se presentan esenciales y cuya percepción secundaria los
hace más fáciles de desdibujar por el paso del tiempo. La persistencia en la
incriminación es por tanto evidente, porque no hay cambios en lo sustancial ni se
desdijo nunca la víctima en lo principal de su versión, debiendo insistirse en que la
perjudicada aportó informaciones relevantes que se ajustan a una línea uniforme de la
que se puede extraer, al margen de posibles matizaciones e imprecisiones, una base
sólida y homogénea que constituye un referente reiterado y constante que está
presente en todas las manifestaciones.
Así mismo, se ha de hacer notar que no consta la existencia de animadversión
alguna entre tal testigo y el acusado, pues fuera de los hechos que ahora nos ocupan,
no ha sido alegada ni probada la existencia de circunstancias reveladoras de móviles
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espurios denotativos de odio o de resentimiento, venganza o enemistad, que enturbien
la sinceridad de la declaración de la perjudicada haciendo dudosa su credibilidad o
creando un estado de incertidumbre y fundada sospecha incompatible con la formación
de una convicción inculpatoria sobre bases firmes, no pudiendo perderse de vista que
una máxima común de experiencia otorga validez al testimonio de la víctima cuando no
existe razón alguna que pudiese explicar la formulación de la denuncia contra persona
determinada, ajena al denunciante, que no sea la realidad de lo denunciado, como es
el caso. En este punto no es ocioso recordar como pone de manifiesto la STS de 11 de
mayo de 1994, que "t odo denunciante tiene, por regla general interés en la condena
del denunciado, pero ello no elimina de manera categórica el valor de sus dichos ", y es
que no se puede considerar como un móvil espurio el hecho de declarar como víctima
o perjudicado de un delito contra el acusado. Bien es verdad que el hecho de ser
perjudicado del delito conlleva una animadversión contra el acusado. Pero esto va
implícito en cualquier delito, y no por ser la víctima o perjudicado del delito queda una
persona automáticamente inhabilitada para declarar. Sólo cuando se advierta que el
perjudicado o la víctima trata de abusar maliciosamente de su posición y de perjudicar
al acusado más allá de lo que por ley le corresponde, procederá descartar dicho
testimonio. Pero el simple hecho de ser el perjudicado del delito no inhabilita a nadie
para declarar. Es interesante, a este respecto, lo declarado por la Sentencia del
Tribunal Supremo 1168/2001, de 15 de junio (Sr. Delgado García): "Dice el recurrente
que nos encontramos ante un caso de motivación espuria que habría de invalidar el
testimonio de la víctima como prueba de cargo, pues Maximiliano. fue detenido,
juzgado y condenado por un delito de resistencia a agente de la autoridad como consta
acreditado en la causa. Replica muy bien el Ministerio Fiscal en esta alegación. Tal
posible motivación espuria está basada en los mismos hechos de autos. Si valiera para
la finalidad aquí pretendida por el recurrente, en la práctica, en la mayoría de los casos,
esta tacha del testimonio podría utilizarse, pues ha de considerarse normal el que la
víctima de un delito tenga alguna clase de aversión a su autor. Entendemos que, al
menos como regla general, la motivación bastarda, apta para tener en cuenta como
criterio a la hora de valorar la suficiencia de su testimonio, ha de medirse con referencia
a las relaciones, entre el ofendido y el responsable del delito, existentes con
anterioridad al hecho concreto que se enjuicia ". Al respecto de este extremo, se ha de
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indicar que con anterioridad a los hechos que ahora nos ocupan, ni la víctima Ruth ni el
acusado tenían especial relación, siendo significativas las manifestaciones efectuadas
al respecto por el propio acusado en el plenario, donde aseguró que no tenían
problemas previos con ella, a la que prácticamente no conocía, extremo en el que
convino igualmente la testigo Ruth, quien puntualizó que si bien conocía al acusado
con anterioridad a penas había tenido relación de ningún tipo con él, y, de hecho, lo
volvió a ver con motivo de la relación iniciada con Higinio, a raíz de la cual el acusado
le pidió un día disculpas por un incidente habido hacía más de un año atrás, no
habiendo sido alegada ni probada la existencia, a lo largo de este prolongado período
de tiempo, de ningún tipo de incidente o desencuentro entre la perjudicada y el
acusado que permita advertir siquiera el más mínimo atisbo de animadversión o la
concurrencia de móviles espurios.
Por tanto, desde el punto de vista de la credibilidad subjetiva no constan factores o
datos contrarios a ésta: no se detectan posibles motivos espurios de resentimiento o de
venganza realmente serios procedentes de hechos distintos de los que ahora nos
ocupan; no se advierte ninguna motivación utilitaria en el relato de la perjudicada ni su
inducción a contar una mentira por parte de su entorno familiar o de personas más
cercanas, no apreciándose animadversión hacia el acusado ni ganancias secundarias
para una denuncia falsa; ni tampoco existen datos que permitan suponer en la testigo
personal inclinación a la fabulación o la mendacidad.
Finalmente, en orden a este testimonio, no puede perderse de vista que las
manifestaciones de la testigo se hallan rodeadas de numerosas corroboraciones de
carácter objetivo que le dotan de aptitud probatoria, esto es, de corroboraciones
objetivas que ratifican las conductas objeto de la acusación.
- Así, en este sentido, se cuenta con las declaraciones del propio acusado Abel en el
acto del Juicio Oral, donde, en esencia, admitió la realidad de los hechos por los que
viene siendo acusado, si bien introdujo en su relato, con una finalidad claramente
exculpatoria, diversos extremos que los restantes medios de prueba, como se verá acto
seguido, revelan ser objetivamente inverosímiles. En efecto, el acusado puso de
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manifiesto en el plenario, en síntesis, que conocía a Higinio desde la infancia, en tanto
que a Ruth tan sólo la conocía de vista, teniendo con él una estrecha relación de
amistad. Por este motivo, significó el acusado, el día de autos fue a la casa de Higinio
para estar con él un rato, a cuyo efecto le había avisado previamente, siendo así que
cuando llegó a la vivienda le abrió la puerta Higinio, quien le dijo que su novia Ruth
estaba en la habitación, por lo que permanecieron durante un largo rato en el salón de
la vivienda solos, tomando pastillas (tranquimazín) y bebiendo entre ambos un barril
pequeño de cerveza. El acusado puntualizó que tan sólo pretendía estar un rato con su
amigo Higinio, no siendo cierto que le exigiera en momento alguno a Higinio que le
debía pagar una deuda que tenía con él, como tampoco el que dijese a nadie que
Higinio le debía dinero. A decir del procesado, en un momento dado le propuso a
Higinio el juego consistente, en esencia, en comprobar quién lograba desatarse las
manos, de modo que primero le ató Higinio logrando él soltarse con cierta facilidad, y,
acto seguido, él ató a Higinio con bastante fuerza; a continuación, según puso de
manifiesto el acusado, pasaron a la habitación donde estaba Ruth y, una vez allí, vio un
cuchillo en la pared y se le "piró la pinza", comenzando a acuchillarlos a los dos. El
acusado significó que el juego de las ataduras lo había hecho en ocasiones anteriores,
si bien nunca había jugado antes al mismo con Higinio; puntualizó que antes de acudir
a la casa de Higinio también había estado tomando a lo largo de la noche alcohol y
pastillas tranquilizantes, así como puso de manifiesto que si bien recordaba el haber
comenzado a asestar cuchilladas a Ruth y a Higinio, sin embargo, no recordaba a
quien agredió primero, ni que persiguiese a Higinio hacia el baño, ni el número de
cuchilladas que pudo haber asestado a cada uno de ellos. A su decir, paró que
acuchillarlos cuando se dio cuenta de lo que estaba haciendo, momento en que bajó
las escaleras para marcharse, encontrándose en dicho instante a Higinio en el rellano
de las escaleras, marchándose del lugar asustado, no pensando que los hubiese
matado. El acusado Abel significó, así mismo, que al llegar a su casa siguió
consumiendo alcohol y tranquimazín,, que cuando la policía llegó esa tarde a su casa
no recuerda haberle dado la ropa de forma voluntaria, ni haberles dicho que había
acuchillado a Higinio por una deuda de droga; de igual modo, el acusado puso de
manifiesto que creía que había cogido dos cuchillos para cometer los hechos,
encontrándose ambos en la habitación de Higinio, así como que creía que los había
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tirado en la calle cerca de la casa de Higinio; así mismo, ignoraba el número de
cuchilladas que pudo haber asestado a las víctimas, creyendo que le habría asestado
tres a Higinio y dos a Ruth, no recordando haber cerrado las cortinas de la habitación
de Higinio cuando ambos se introdujeron en ella.
En consecuencia, el acusado cuanto menos admitió el haber acudido el día de autos
al domicilio de Higinio, a quien conocía desde la infancia y con quien mantenía una
estrecha relación de amistad, de suerte que en numerosas ocasiones anteriores había
acudido a dicha vivienda e incluso había llegado a quedarse a dormir en alguna
ocasión, donde Higinio se encontraba con su novia Ruth, así como admitió el haber
procedido a asestarles varias cuchilladas a ambos en un momento dado y cuando
Higinio se encontraba maniatado, para marcharse acto seguido del lugar de los hechos.
Sentado lo anterior, la Sentencia del Tribunal Supremo, sala 2ª, de 27 de noviembre
de 2007, señala al respecto de la confesión de los acusados "... Pues bien, respecto al
valor de la confesión es doctrina reiterada y constante la de que obtenida con las
debidas garantías legales, constituye prueba idónea y suficiente para estimar enervada
la presunción de inocencia (entre otras, Sentencias 7.10.82, 27.9.83, 25.6.84),
25.6.85, 23.12.86, 9.10.95, 27.1.97, 2.2.98, 4.5.98, 8.7.2002, 12.5.2003). Es
cierto que son numerosas las sentencias en la que el Tribunal Supremo exige la
necesidad de practicar otras pruebas distintas de la confesión que corroboren la
veracidad de la misma (Sentencia 26.12.89), pero ello no significa que la confesión por
si sola, carezca de valor probatorio y que deba acreditarse por medio de otras pruebas
distintas. Es significativa al respecto la STS. 18.1.89, que distingue entre la prueba de
la existencia del delito (cuerpo del delito), y la prueba de la autoría y en la que se afirma
expresamente que "si la Ley impone al Juez el deber de verificar la existencia del delito
confesado para adquirir la convicción respecto de la verdad de la confesión, es porque
sola (la confesión) no es prueba suficiente de la existencia misma del delito... (...). El
art. 406 LECrim . exige distinguir entre la prueba de la existencia del delito (cuerpo del
delito) y de la prueba de la autoría. Solo la primera no puede ser probada
exclusivamente por la confesión. Con respecto a la autoría, por el contrario, la
confesión es por si misma suficiente". Igualmente la Sentencia del Tribunal Supremo
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20 de diciembre de 1991 recuerda cierto que el art. 406 LECrim . establece que la
mera confesión del procesado no dispensará al Juez Instructor de practicar todas las
diligencias necesarias para adquirir el convencimiento de la verdad de la confesión y de
la existencia del delito", pero la STS. 30.4.90 precisa el valor pleno de las
declaraciones de los acusados, acreditada la existencia del delito o falta, la confesión
del acusado puede ser prueba suficiente de su autoría. ..En efecto el art. 406 LECrim.
no puede ser interpretado como una negación del carácter del medio de prueba que a
la confesión indudablemente corresponde, sino como una afirmación del mismo. Por
tanto, la confesión, en un correcto entendimiento de dicho precepto, no será idónea, en
principio para probar el cuerpo del delito que no consta por otros medios de prueba.
Pero constando el cuerpo del delito la confesión puede, por sí misma, ser prueba
suficiente de la autoría...En este sentido el Auto de 15 de octubre de 2005 recordó
que se cuenta como prueba de cargo la propia confesión del recurrente efectuada en el
juicio oral. Dicha prueba es suficiente para enervar el derecho a la presunción de
inocencia por resultar lógico dotar de suficiente verosimilitud a esta declaración (en
similar dirección Sentencia de 14 de abril de 2005)...Igualmente la Sentencia del
Tribunal Constitucional 86/95 y también en relación a la prueba de confesión del
imputado, declaró la aptitud de tal declaración una vez verificado que se prestó con
respecto a las garantías de todo imputado, declarando que la validez de tal confesión y
su aptitud como prueba de cargo capaz de provocar el decaimiento de la presunción de
inocencia no puede hacerse depender de los motivos internos del confesante, sino de
las condiciones externas objetivas en las que se obtuvo. Doctrina reiterada en la
Sentencia del Tribunal Constitucional 161/49 al afirmar; "de lo que se trata es de
garantizar una prueba como es la confesión, que por su propia naturaleza es
independiente de cualquier otra circunstancia del proceso ya que su contenido es
disponible para el acusado y depende únicamente de su voluntad, no responde a un
acto de inducción fraudulenta o intimidación... ". Doctrina reiterada, entre otras, por la
Sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo de fecha 21 de diciembre de 2007,
significando la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de fecha 5 de junio de 2008,
que "...debemos destacar igualmente como el Tribunal Constitucional ha estimado que
la declaración en sede judicial del imputado, con todas las garantías asistido de letrado,
que confiesa y reconoce su intervención en el hecho delictivo, debe ser estimada como
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prueba autónoma y no derivada, ni por tanto, contaminada de nulidades de otras
pruebas. En este sentido la STC 86/95, declaró la aptitud de tal declaración una vez
verificado que se prestó con respeto a las garantías de todo imputado, declarando que
la validez de tal confesión y su aptitud como prueba de cargo capaz de provocar el
decaimiento de la presunción de inocencia no puede hacerse depender de los motivos
internos del confesante, sino de las condiciones externas objetivas en las que se
obtuvo. Doctrina reiterada en la STC. 161/99 al afirmar: "de lo que se trata es de
garantizar una prueba como es la confesión que por su propia naturaleza es
independiente de cualquier otra circunstancia del proceso ya que su contenido es
disponible para el acusado y depende únicamente de su voluntad, no responde a un
acto de inducción fraudulenta o intimidación"...Más recientemente la STC. 8.5.2006,
vuelve a reiterar esta doctrina en los siguientes términos: declarando la autonomía
jurídica y la legitimidad constitucional de la valoración de la prueba de confesión, esto
es, de las declaraciones de los imputados, al entender que los derechos a no declarar
contra sí mismo, a no confesarse culpable y a que las declaraciones se presten con
asistencia letrada son garantías constitucionales que constituyen medio eficaz de
protección frente a cualquier tipo de coerción o compulsión ilegítima, por lo que el
contenido de las declaraciones del acusado puede ser valorado siempre como prueba
válida. ..".
El ATS de fecha 28.10.2009, significa en igual sentido que "... Es doctrina reiterada
de esta Sala la de que la confesión del imputado obtenida con las debidas garantías
legales, constituye prueba idónea y suficiente para estimar enervada la presunción de
inocencia (entre otras SSTS. 23.12.86, 27.1.97, 2.2.98, 6.4.98, 4.5.98). Es cierto
que son numerosas las sentencias en las que el Tribunal Supremo exige la necesidad
de practicar otras pruebas distintas de la confesión que corroboren la veracidad de la
misma ( STS. 26.12.89), pero ello no significa que la confesión por sí sola, carezca de
valor probatorio y que deba acreditarse por medio de otras pruebas distintas. Es
significativa al respecto la STS. 18.1.89, que distingue entre la prueba de la existencia
del delito (cuerpo del delito), y la prueba de la autoría y en la que se afirma
expresamente que "si la Ley impone al Juez el deber de verificar la existencia del delito
confesado para adquirir la convicción respecto de la verdad de la confesión, es porque
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sola (la confesión) no es prueba suficiente de la existencia misma del delito...(...). El
art. 406 LECrim. exige distinguir entre la prueba de la existencia del delito (cuerpo del
delito) y de la prueba de la autoría. Solo la primera no puede ser probada
exclusivamente por la confesión. Con respecto a la autoría por el contrario, la confesión
es por sí misma suficiente". Igualmente la STS. 20.12.91 recuerda que es cierto que el
art. 406 LECrim., establece que la mera confesión del procesado no dispensará al Juez
Instructor de practicar todas las diligencias necesarias para adquirir el convencimiento
de la verdad de la confesión y de la existencia del delito, pero la STS. 30.4.90precisa
el valor pleno de las declaraciones de los acusados, señalando que acreditada la
existencia del delito, la confesión del acusado puede ser prueba suficiente de su
autoría...En el mismo sentido, la STC. 86/95y también en relación a la prueba de
confesión del imputado, declaró la aptitud de tal declaración una vez verificado que se
prestó con respeto a las garantías de todo imputado, declarando que la validez de tal
confesión y su aptitud como prueba de cargo capaz de provocar el decaimiento de la
presunción de inocencia no puede hacerse depender de los motivos internos del
confesante, sino de las condiciones externas objetivas en las que se obtuvo. Doctrina
reiterada la STC. 161/99 al afirmar: "de lo que se trata es de garantizar una prueba
como es la confesión, que por su propia naturaleza es independiente de cualquier otra
circunstancia del proceso ya que su contenido es disponible para el acusado y depende
únicamente de su voluntad, no responde a un acto de ... inducción fraudulenta o
intimidación" ...".
Pudiendo citar, finalmente, la más reciente STS, sala 2ª, de fecha 31.3.2010, al
significar que "... En efecto respecto al valor de la confesión es doctrina reiterada y
constante de esta Sala la de que, obtenida con las debidas garantías legales,
constituye prueba idónea y suficiente para estimar enervada la presunción de
inocencia( SSTS. 8.7.2002, 12.5.2003)...Es cierto como hemos recordado en STS.
1105/2007 de 21.12, que son numerosas las sentencias en la que el Tribunal Supremo
exige la necesidad de practicar otras pruebas distintas de la confesión que corroboren
la veracidad de la misma ( STS. 26.12.89), pero ello no significa que la confesión por si
sola, carezca de valor probatorio y que deba acreditarse por medio de otras pruebas
distintas. Es significativa al respecto la STS. 18.1.89, que distingue entre la prueba de
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la existencia del delito (cuerpo del delito), y la prueba de la autoría y en la que se afirma
expresamente que "si la Ley impone al Juez el deber de verificar la existencia del delito
confesado para adquirir la convicción respecto de la verdad de la confesión, es porque
sola (la confesión) no es prueba suficiente de la existencia misma del delito... (...). El
art. 406 LECrim. exige distinguir entre la prueba de la existencia del delito (cuerpo del
delito) y de la prueba de la autoría. Solo la primera no puede ser probada
exclusivamente por la confesión. Con respecto a la autoría, por el contrario, la
confesión es por si misma suficiente". Igualmente la STS. 20.12.91recuerda cierto que
el art. 406 LECrim. establece que la mera confesión del procesado no dispensará al
Juez Instructor de practicar todas las diligencias necesarias para adquirir el
convencimiento de la verdad de la confesión y de la existencia del delito", pero la
STS. 30.4.90precisa el valor pleno de las declaraciones de los acusados, acreditada la
existencia del delito o falta, la confesión del acusado puede ser prueba suficiente de su
autoría...En efecto el art. 406 LECrim. no puede ser interpretado como una negación
del carácter del medio de prueba que a la confesión indudablemente corresponde, sino
como una afirmación del mismo. Por tanto, la confesión, en un correcto entendimiento
de dicho precepto, no será idónea, en principio para probar el cuerpo del delito que no
consta por otros medios de prueba. Pero constando el cuerpo del delito, la confesión
puede, por sí misma, ser prueba suficiente de la autoría...En este sentido el ATS.
15.10.2005 recordó que se cuenta como prueba de cargo la propia confesión del
recurrente efectuada en el juicio oral. Dicha prueba es suficiente para enervar el
derecho a la presunción de inocencia por resultar lógico dotar de suficiente
verosimilitud a esta declaración (en similar dirección STS. 14.4.2005)...Igualmente la
STC. 86/95y también en relación a la prueba de confesión del imputado, declaró la
aptitud de tal declaración una vez verificado que se prestó con respecto a las garantías
de todo imputado, declarando que la validez de tal confesión y su aptitud como prueba
de cargo capaz de provocar el decaimiento de la presunción de inocencia no puede
hacerse depender de los motivos internos del confesante, sino de las condiciones
externas objetivas en las que se obtuvo. Doctrina reiterada en la STC. 161/49al afirmar;
" de lo que se trata es de garantizar una prueba como es la confesión, que por su
propia naturaleza es independiente de cualquier otra circunstancia del proceso ya que
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su contenido es disponible para el acusado y depende únicamente de su voluntad, no
responde a un acto de ... inducción fraudulenta o intimidación" ...".
En efecto, la sentencia del Tribunal Supremo 498/2003 de 24 de abril y las en ella
citadas, entre las que se recoge la doctrina del Tribunal Constitucional en la sentencia
86/95 de 6 de junio, declara la validez de la confesión del imputado y su aptitud para
provocar el decaimiento de la presunción de inocencia cuando tal confesión se ha
efectuado, comprobadamente, con respeto a las garantías del proceso, y por tanto con
independencia de los motivos internos que tuviera el confesante para tal proceder,
doctrina que se reitera en las SSTC 49/99, 8/2000, 136/2000, 299/2000, 14/2001 y
138/2001, entre otras, y de esta Sala, SSTS 550/2001, 676/2001, 998/2002, 1011/2000
y 1989/2000, entre otras. En términos de la STC 8/2000, de 18 de febrero, " la
independencia jurídica de esta prueba se sustenta, de un lado, en que las propias
garantías constitucionales que rodean su práctica- derecho a no declarar contra uno
mismo, a no confesarse culpable y asistencia letrada- constituyen un medio eficaz de
protección frente a cualquier tipo de coerción o compulsión ilegítima; de otro lado, en
que el respeto a esas garantías permite afirmar la espontaneidad y voluntariedad de la
declaración ...". En el mismo sentido la STC de 29 de octubre de 2003, reitera la
autonomía jurídica y la legitimidad constitucional de la valoración de la prueba de
confesión, al entender que los derechos a no declarar contra sí mismo, a no confesarse
culpable y a que las declaraciones se presten con asistencia letrada son garantías
constitucionales que constituyen medio eficaz de protección frente a cualquier medio de
coacción o compulsión ilegítima, por lo que el contenido de las declaraciones pueden
ser valorado.
En consecuencia, la confesión, aún parcial, del procesado Abel en el acto del Juicio
Oral que, pudiendo negarse a declarar o limitarse a negar los hechos, admitió
paladinamente el haber sido la persona que el día de autos asestó las cuchilladas a
Higinio y a Ruth, en el domicilio del primero, no puede ser desoída por este Tribunal,
sin que la validez de la confesión pueda hacerse depender de los motivos internos del
confesante, sino de las condiciones externas y objetivas de su obtención, siendo así
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que en este sentido las declaraciones han sido prestadas por el acusado libremente,
siendo informado previamente de sus derechos y asistido de su Letrado.
- Coadyuvan igualmente a la reconstrucción fáctica de los hechos procesales, amén
de la declaración de la víctima sobreviviente doña Ruth y de las manifestaciones del
propio acusado Abel, los datos objetivos contenidos en la diligencia de inspección
ocular y levantamiento de cadáver (folios 1 a 3), y, en el acta de inspección ocular
técnico policial (folios 76 a 101), complementados por la declaración testifical en el acto
del Juicio Oral de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que extendieron esta
última acta (con números de identificación profesional NUM017 y NUM018), así como
la de los restantes agentes del Cuerpo Nacional de Policía que se personaron en el
lugar de los hechos (números NUM009, NUM010, NUM011, NUM012, NUM013 y
NUM014), así como la de los sanitarios que acudieron al lugar de los hechos en primer
lugar (don Artemio y don Fructuoso).
En efecto, en torno al valor probatorio del atestado la Sentencia del Tribunal
Supremo, Sala 2ª, de fecha 5 de junio de 2008, nos recuerda que "... Pues bien en
relación a los atestados, debemos significar que las diligencias sumariales no carecen
en absoluto de eficacia probatoria, ya que pueden tener dicho valor cuando se cumple
el requisito de su reproducción en el juicio oral, no como simple formula de estilo, sino
en condiciones que permitan someterlas a contradicción. Las diligencias sumariales
son actos de investigación encaminados a la averiguación del delito e identificación del
delincuente, no siendo prueba de cargo, pues su finalidad específica no es la fijación
definitiva de unos hechos sino la de preparar el juicio oral. En tal sentido, las diligencias
sumariales sólo son eficaces cuando bajo los principios de oralidad, publicidad,
inmediación y contradicción lleguen al juicio oral o, en casos imprescindibles se
ratifiquen aunque fuera por la fórmula del art. 730 LECrim. Por ello si bien únicamente
pueden considerarse auténticas pruebas que vinculen a los órganos de la justicia penal
en el momento de dictar sentencia las practicadas en el juicio oral, esta regla no puede
ser entendida en un sentido tan radical que conduzca a negar toda eficacia probatoria a
las diligencias policiales o sumariales practicadas con las formalidades que la
Constitución y el ordenamiento procesal establecen siempre que las mismas sean
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reproducidas en el juicio oral en condiciones que permitan a la defensa del acusado
someterlas a contradicción ( SSTC. 15.4.91, 28.5.92 ).
La prueba efectiva y válida debe estar rodeada de las garantías que proporciona la
publicidad, inmediación y contradicción de las sesiones del juicio oral, pero ello no
impide que algunas actuaciones de la fase previa de la investigación se consoliden
como instrumentos probatorios si se someten al contraste necesario que se deriva de
su reproducción publica y oral. Cuando se produce una diferencia entre testimonios
probatorios sumariales y las y los manifestados ante el Tribunal sentenciador se puede
someter a contraste su contenido y depurar las discordancias para obtener de manera
directa una conclusión válida sobre la veracidad de unas u otras. El Tribunal
sentenciador no puede caprichosamente optar por el material probatorio existente en el
sumario sino que debe explicar y argumentar las razones que se han llevado a
considerarlo verosímil y fiable. Solo con estas cautelas se puede dar paso a pruebas
obtenidas en la fase de investigación, al margen de la publicidad y fuera de la
presencia de los órganos juzgadores.
En definitiva la doctrina constitucional relativa al valor probatorio del atestado policial
se resume en los siguientes puntos:
1) Solo puede concederse al atestado valor de autentico elemento probatorio si es
reiterado y ratificado en el juicio oral, normalmente mediante la declaración testifical de
los agentes de Policía firmantes del mismo ( SSTC. 100/85, 101/85, 173/85, 49/86,
145/87, 5/89, 182/89, 24/91, 138/92, 301/93, 51/95 y 157/95). En
consecuencia, vulnera el derecho a la presunción de inocencia la sentencia
condenatoria que se dicte sobre la única base del atestado policial no ratificado (
SSTC. 173/85, 182/89, 303/93).
2) No obstante lo anterior, el atestado tiene virtualidad probatoria propia cuando
contiene datos objetivos y verificables, pues hay partes del atestado, como pueden ser
planos, croquis, huellas, fotografías que, sin estar dentro del perímetro de las pruebas
preconstituidas o anticipadas, pueden ser utilizadas como elementos de juicio
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coadyuvantes, siempre que sean introducidos en el juicio oral como prueba documental
a fin de posibilitar su efectiva contradicción por las partes ( SSTC. 132/92, 157/95 ).
Asimismo cuando los atestados contienen determinadas pericias técnicas realizadas
por los agentes policiales -por ejemplo, el test alcoholímetro- y que no pueden ser
reproducidas en el acto del juicio oral, es posible considerar dichas pericias como
actividad probatoria, a titulo de prueba pericial preconstituida, siempre y cuando el
atestado se incorpore al proceso y sea debidamente ratificado ( SSTC. 100/85, 145/85
y 5/89).
3) Por último, en cuanto al carácter de prueba documental del atestado policial cabe
precisar que el atestado, con independencia de su consideración material de
documento, no tiene, como regla general, el carácter de prueba documental, pues
incluso en los supuestos en los que los agentes policiales que intervinieron en el
atestado presten declaración en el juicio oral, las declaraciones tienen la consideración
de prueba testifical ( STC. 217/89, SSTS. 2.4.96, 2.12.98, 10.10.2005, 27.9.2006).
Sólo en los casos antes citados -planos, croquis, fotografías, etc.... el atestado policial
puede tener la consideración de prueba documental, siempre y cuando, como hemos
subrayado, se incorpore al proceso respetando en la medida de lo posible los principios
de inmediación, oralidad y contradicción ( STC. 173/97 de 14.10) ...".
En suma, se ha de tener presente que es reiterada la doctrina jurisprudencial que
declara que si bien el atestado equivale, en principio a una denuncia, también tiene
virtualidad probatoria propia cuando contiene datos objetivos de imposible reproducción
en el plenario, los cuales pueden ser aprovechables como elementos de juicio
coadyuvantes (STC 157/95); otorgándose valor de prueba preconstituida a todas
aquellas diligencias que se limitan a reflejar fielmente determinados datos o elementos
fácticos de la realidad externa (SSTC. 107/83, 201/89, 138/92), de manera que si bien
el atestado equivale a una denuncia, debe tener virtualidad propia cuando contiene
datos objetivos y verificables, y que encajan por definición en el concepto de prueba
preconstituida o anticipada, como pueden ser la constancia del cuerpo, los efectos o
instrumentos del delito, el hallazgo de droga, armas, documentos o cualquier otro
objeto, los croquis sobre el terreno, huellas, localización de desperfectos en vehículos,
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las fotografías en él obtenidas y la comprobación de la alcoholemia, entre otras, que se
limitan a reflejar fielmente determinados datos o elementos fácticos de la realidad
externa (SSTC 107/83 y 201/89, entre otras); admitiéndose el valor documental del acta
que refleja la diligencia de inspección ocular en cuanto a los datos objetivos que en ella
se contienen (SSTS 4.3.86, 17.1.92, 22.7.96, 23.1.98); diligencias como son, en el
presente caso, todos los datos relativos a las circunstancias espaciales y temporales en
que se produjo la intervención policial, así como los documentos fotográficos, en los
que se puede apreciar con claridad meridiana las circunstancias espaciales en que fue
hallado el cadáver de Higinio y las condiciones en que se encontraba, los vestigios y
regueros de sangre existentes en las escaleras del inmueble y en el interior del
inmueble, los restos y vestigios de los que se obtuvieron muestras biológicas, así como
el estado en que se encontraba la vivienda. Datos todos ellos, plasmados en el
contenido documental del atestado que, amén de ser el fruto de diligencias practicadas
por miembros de una institución oficial (por lo que gozan, prima facie, de la garantía de
imparcialidad, objetividad y solvencia), han sido introducidos en el acto del juicio,
debatiéndose sobre sus extremos, habiendo sido dicho atestado ratificado en el acto
del juicio oral por los agentes en aquél momento actuantes, particularmente por los
agentes del Cuerpo Nacional de Policía con números NUM017 y NUM018, que
ratificaron en el plenario el acta de inspección ocular técnico policial, puntualizando
ambos, que en el momento de proceder a la inspección ocular de la vivienda tuvieron
que abrir las cortinas para poder realizar las fotografías pues se encontraban cerradas
y no había buena iluminación.
Así mismo, en relación con lo anterior, se ha de tener presente que según una
reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo (SSTS de 14 de
febrero de 2006, 20 de marzo de 2006, y 4 de octubre de 2006) es de aplicación la
decisión del Pleno no Jurisdiccional de fecha 31 de enero de 2006 que estableció que: "
La Policía Judicial puede recoger restos genéticos o muestras biológicas abandonadas
por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial ". Conforme a tal doctrina
resulta que en la recogida de muestras sin necesidad de intervención corporal para la
práctica de análisis sobre ADN, conforme al artículo 326 LECrim., la competencia la
tendrá tanto el juez como la policía, dada su obligación constitucional común de
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investigar y descubrir delitos y sus autores. En supuestos como el enjuiciado no es
necesaria autorización judicial para la recogida de muestras de la vivienda en que
tuvieron lugar los hechos, ya que no se ha producido ninguna intervención corporal, en
cuyo caso si sería preceptiva aquella por suponer una injerencia en la intimidad o
integridad del sujeto afectado (STC 49/1999). La correspondiente muestra de sangre se
convierte así en una "res nullius" y por ende accesible a la fuerza policial y sí puede
constituir un instrumento de investigación de los delitos. Así sucede en los casos de
saliva arrojada, colillas abandonadas, o similares. La STS de 14 de febrero de 2006, ya
citada dice: "Ni la autoridad judicial ni la policial que investiga a sus órdenes ha de pedir
permiso a un ciudadano para cumplir sus obligaciones. Cosa distinta es que el fluido
biológico deba obtenerse de su propio cuerpo o invadiendo otros derechos
fundamentales, que haría precisa la autorización judicial .".
La STS de 4 de octubre de 2006, indica: " ...La doctrina sentada en la sentencia
501/2005de 19.4, ha sido sometida a revisión por esta Sala, a raíz de la posterior
sentencia 1311/2005de 14.10, que distinguió entre la obtención de muestras corporales
realizada de forma directa sobre el sospechoso, y la toma subrepticia derivada de un
acto voluntario de expulsión de materia orgánica realizada por el sujeto objeto de
investigación, sin intervención de métodos o prácticas incisivas sobre la integridad
corporal, precisando que en estos casos, no entra en juego la doctrina consolidada de
la necesaria intervención judicial para autorizar, en determinados casos, una posible
intervención banal y no agresiva. La toma de muestras para el control, se lleva a cabo
por razones de puro azar y a la vista de unos sucesos totalmente imprevisibles. Los
restos de saliva en las colillas de los cigarrillos o en un vaso se convierten así en
objetos procedentes del cuerpo de los sospechosos pero obtenidos de forma
totalmente inesperada. El problema que pudiera suscitarse es el relativo a la
demostración de que la muestra había sido producida por el acusado, a quien se le
imputa...Sobre la ausencia de consentimiento de los acusados, en la toma de las
muestras, la STS. 179/2006 de 14.2, precisa que ni la autorización judicial ni la policial
que investiga a sus órdenes ha de pedir permiso a un ciudadano para cumplir con sus
obligaciones. Cosa distinta es que el fluido biológico deba obtenerse de su propio
cuerpo o invadiendo otros derechos fundamentales, que haría precisa la autorización
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judicial...En el caso de autos las colillas arrojadas por los recurrentes se convierten en
"res nullius" y por ende accesibles a las fuerzas policiales pudiendo constituir
instrumento de investigación del delito...Tampoco resulta acorde con la estructura y
finalidad del proceso penal la afirmación de que en ausencia de regulación legal sobre
recogida de vestigios, éstos no puedan ser recogidos, analizados y sometidos al
dictamen pericial...Nos hallaríamos ante una prueba pericial legítima de la que pueden
servirse tanto las partes acusadoras, como acusadas, sin perjuicio de que merezca
mayor o menor credibilidad en atención a las garantías de su práctica, en ausencia de
disposiciones legales que la regulen con suficiencia...Análisis separado debe merecer
el argumento, que encuentra apoyo jurisprudencial en la sentencia de esta Sala,
(501/2005), sobre la necesidad de la iniciativa judicial en la práctica de la prueba como
condición de licitud o validez de la misma.... Dicha sentencia contiene un argumento
central, condicionante del fallo, que asegura su corrección legal. Cuando declara la
invalidez de la pericia practicada fue porque faltaban toda clase de garantías en su
realización, particularmente porque no se aseguraba la cadena de custodia, si
atendíamos al desarrollo de la actuación policial. Ante la irregularidad descalificante de
la diligencia la causa quedó huérfana de prueba de cargo suficiente para asentar una
condena...Junto a esa idea, con carácter de refuerzo argumental, se realizaron en la
propia sentencia algunas manifestaciones, exacerbando la intervención judicial para
atribuir validez a la práctica de la prueba...En nuestro panorama legislativo actual
-continua diciendo la sentencia precitada 179/2006-, quedan bien diferenciadas la
obtención de muestras para la práctica de la prueba de ADN del cuerpo del
sospechoso, de aquéllas otras en la que no se precisa incidir en la esfera privada con
afectación a derechos fundamentales personales...En el primer caso contamos con el
art. 363 L.E.Cr. y para el segundo el 326 L.E.Cr., ambos reformados por la Ley
Orgánica 15 de 25 de noviembre de 2003...En el 363, párrafo 2º se dice: "Siempre que
concurran acreditadas razones que lo justifiquen, el Juez de instrucción podrá acordar,
en resolución motivada, la obtención de muestras biológicas del sospechoso que
resulten indispensables para la determinación de su perfil de ADN. A tal fin, podrá
decidir la práctica de aquellos actos de inspección, reconocimiento o intervención
corporal que resulten adecuados a los principios de proporcionalidad y
razonabilidad"...El art. 326, párrafo 3º, se pronuncia en los siguientes términos:
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"Cuando se pusiera de manifiesto la existencia de huellas o vestigios cuyo análisis
biológico pudiera contribuir al esclarecimiento del hecho investigado, el Juez de
Instrucción adoptará u ordenará a la Policía Judicial o al médico forense que adopte las
medidas necesarias para que la recogida, custodia y examen de aquéllas muestras se
verifique en condiciones que garanticen su autenticidad sin perjuicio de lo establecido
en el artículo 282"...La precitada sentencia 501/2005 ante el raquitismo normativo
existente en el momento de ocurrir los hechos ensayó una interpretación posible pero
rigurosa, con apoyo en el párrafo 1º del art. 363 L.E.Cr. vigente a la sazón,
sosteniendo que "sin resolución judicial que ordenara o autorizara la prueba de ADN",
nos hallamos ante una prueba irregular, ilícitamente obtenida y por tanto sin ningún
valor probatorio...Es claro que la resolución judicial es necesaria bajo pena de nulidad
radical, cuando la materia biológica de contraste se ha de extraer del cuerpo del
acusado y éste se opone a ello. En tal hipótesis es esencial la autorización
judicial...Pero el supuesto que nos concierne es otro. Será el art. 326 L.E.Cr.
sistemáticamente incluido dentro de la inspección ocular a practicar en el sumario, el
aplicable, en el cual dando por supuesta la intervención del juez, se establece un
mecanismo para dotar del mayor grado de garantía posible a la diligencia que atribuye
el control de la misma a la autoridad judicial en los casos usuales y al sólo objeto de
"garantizar la autenticidad" de la recogida de la muestra y posterior análisis...Pero lo
cierto es que después de la reforma de 2003, y como criterio asumible antes y después
de la misma, se puede concluir que la intervención del juez, salvo en supuestos de
afectación de derechos fundamentales, no debe impedir la posibilidad de actuación de
la policía, en el ámbito de la investigación y averiguación de los delitos en los que
posee espacios de actuación autónoma. ..Esa ha sido la decisión de la Sala 2ª, del
Pleno no jurisdiccional que tuvo lugar el 31 de enero del corriente año que estableció:
"La Policía Judicial puede recoger restos genéticos o muestras biológicas abandonadas
por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial". Acuerdo que ha sido
recogido en las SSTS. 179/2006 de 14.2, 20.3.2006 y 701/2006de 27.6...Conforme
a tal doctrina resulta que en la recogida de muestras sin necesidad de intervención
corporal para la práctica de análisis sobre ADN, conforme al art. 326 L.E.Cr., la
competencia la tendrá tanto el juez como la policía, dada su obligación común de
investigar y descubrir delitos y delincuentes. Las medidas de garantía para la
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autenticidad de la diligencia deberán adoptarlas, según el orden preferencial siguiente:
- el juez de instrucción en los casos normales. - en supuestos de peligro de
desaparición de la prueba también la policía judicial en atención a la remisión que el
art. 326 hace al 282...No obstante, esta Sala estima oportuno interpretar de forma
flexible las facultades atribuidas a la policía, dada la vetustez del párrafo 1º del
mentado art. 282 al que remite el art. 326, que debe verse enriquecido con una
interpretación armónica en sintonía con el contexto legislativo actual, en atención a las
más amplias facultades concedidas a una policía científica especializada y mejor
preparada, con funciones relevantes en la investigación de los delitos (véase Ley
Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado de 13 de marzo de 1986,
art. 11.1.g; y Real Decreto de Policía Judicial de 19 de junio de 1987, art. 4º)...Todavía
habría que plantearse los supuestos en que sin ordenarlo el juez instructor y sin existir
riesgo de que la prueba se pierda o desaparezca, intervenga la policía y conforme a
sus protocolos proceda a la recogida y práctica documentada de la diligencia,
poniéndola en conocimiento del juez y aportando a la causa sus resultados...En estos
casos nos hallaríamos ante una infracción procesal, que no viciaría de nulidad la
diligencia, sin perjuicio de la devaluación garantista de autenticidad provocada por el
déficit formal que podría llegar hasta la descalificación total de la pericia si la cadena de
custodia no ofrece ninguna garantía, como fue el caso contemplado por la reseñada
sentencia de esta Sala nº 501 de 19 de abril de 2005...En efecto la policía judicial tiene
como imperativo constitucional, art. 126, la averiguación del delito y el descubrimiento
del delincuente, esto es, le corresponde la práctica de los actos de investigación
pertinentes para el descubrimiento del hecho punible y su autoría, instrumentos o
pruebas que acrediten su perpetración, como se recoge en el art. 282 que
expresamente faculta a la Policía Judicial para recoger los efectos, instrumentos o
pruebas del delito de cuya desaparición hubiera peligro, poniéndolos a disposición de la
autoridad judicial. Se trata, en todo caso, de actos de investigación policial. En este
sentido puede citarse las SSTS. 7.10.94, 9.5.97, 26.2.99, 26.1.2000que precisan
que los arts. 326 y ss. LECrim. se han de poner en relación con los arts. 282 y
786.2 (actual 770.3), del mismo Texto Legal y con el Real Decreto 769/87 de 17.6,
regulador de la Policía Judicial, de cuya combinada aplicación se puede llegar a
establecer que la misión de los funcionarios policiales se extiende a la recogida de
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todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiera
peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial...Estimación que no
quebranta el art. 326 LECrim. ni se causa indefensión por el hecho de que los
vestigios obtenidos sean remitidos a los respectivos Gabinetes Científicos para su
identificación ...". (En igual sentido, la sentencia del Tribunal Supremo Sala 2ª,
2-12-2008, nº 813/2008, rec. 10136/2008).
La STS de fecha 3 de diciembre de 2009, nos recuerda que "... Como ya dijimos en
SSTS. 1337/2005 de 26.12 y 1281/2006 de 27.12 no es precisa la intervención de
Secretario judicial en la inspección ocular realizada por la Guardia Civil. La Policía
Judicial tiene por imperativo constitucional, art. 126, la averiguación del delito y el
descubrimiento del delincuente, esto es, le corresponde la práctica de los actos de
investigación pertinentes para el descubrimiento del hecho punible y de su autoría, y
para la efectividad de este cometido está facultada para la recogida de efectos,
instrumentos o pruebas que acrediten su perpetración como expresamente se recoge
en el art. 282 de la Le criminal que expresamente faculta a la PolicíaJudicial para "
recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere
peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial". Se trata en todo caso, de
actos de investigación policial que los arts. 282 y 770.3 LECrim. atribuyen a la
Policial Judicial y el art. 11.1 g de la LO. 2/86 otorga a los Cuerpos y Fuerzas de
seguridad. El descubrimiento y recogida de objetos para su ulterior examen en busca
de huellas, perfiles genéticos, restos de sangre, etc... son tareas que exigen una
especialización técnica de la que gozan los funcionarios de la Policía científica a los
que compete la realización de tales investigaciones, sin perjuicio de que las
conclusiones de las mismas habrán de acceder al Juzgador y al Tribunal sentenciador
para que, sometidas a contradicción puedan alcanzar el valor de pruebas. En tal
sentido pueden citarse las sentencias de esta Sala de 7.10.94, 9.5.97 y 26.2.99,
26.1.2000, que recuerdan que los arts. 326 y 22. LECrim. se han de poner en
relación con los arts 282 y 786.2(actual art. 770.3) del mismo Texto Legal y con el
Real Decreto 769/87 de 17.6, regulador de la PolicíaJudicial, de cuya combinada
aplicación se puede llegar a establecer que la misión de los funcionarios policiales se
extiende a la recogida de todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya
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desaparición hubiera peligro, poniéndolos a disposición de la autoridad judicial.
Estimación que no quebranta el art. 326 LECrim. ni se causa indefensión, por el
hecho de que los vestigios hallados por los especialistas en identificación, sean
remitidos a los respectivos Gabinetes científicos. En cuanto que no se levantara acta
de la diligencia de ocupación de la lata y no estuviera presente secretario judicial,
carece de relevancia, toda vez que la prueba del hecho no radica en el acta de
ocupación, sino en el testimonio prestado por los funcionarios en el juicio oral con todas
las garantías relatando las circunstancias y resultado del registro practicado. En efecto,
el acta levantada por el secretario judicial constituye el único vehículo que permite la
valoración de la diligencia como prueba preconstituida en cuanto a su contenido y la
reseña de los efectos hallados, sin que precise de ratificación alguna por parte de las
personas que hubieran intervenido, derivando su función acreditativa a la propia
naturaleza de la función orgánica atribuida al Secretario Judicial. Por tanto la presencia
del secretario es requisito necesario para la validez de esta actuación como prueba
preconstituida, pero no para la validez de una diligencia policial como mero acto de
investigación y así al tratarse de meras diligencias de investigación carecen en sí
mismas de valor probatorio, aunque se reflejen documentalmente en un atestado
policial, por lo que los elementos probatorios que de ellas pudiesen derivarse deben
incorporarse al juicio oral, mediante un medio probatorio aceptable en derecho: por
ejemplo, la declaración testifical de los agentes intervinientes debidamente practicada
en juicio con las garantías de la contradicción y la inmediación. Pues bien en el caso
presente el informe técnico-policial NUM001 del Laboratorio de Criminalística de la
Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Comandancia de la Guardia Civil de
Zaragoza en relación a la inspección ocular escenario del hecho fallecimiento de Carlos
Miguel (folio 243 a 269) detalla como en el cuarto-cocina del domicilio de la víctima, en
el cubo de basura que se encontraba en el armario situado en el lateral izquierdo, bajo
la poza, se localizó una lata de cerveza, marca San Miguel 0,0, abierta y consumida
(ver fotografía nº 07, folio 250). En el acto del juicio oral compareció el instructor de tal
informe Guardia Civil NUM002 , responsable de Criminalística de la Guardia Civil de
Zaragoza quien ratificó dicho informe, manifestando que ene. cubo de basura había
una lata consumida. Se fijó en los bordes para localizar el ADN. Al detenido se le
reseñó y se le tomaron muestras por el medico forense. La muestra que se toma de los
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objetos es la que se remite al laboratorio de Madrid. De la casa del fallecido se
recogieron dos latas y de la vivienda del detenido se recogió una. El perfil genético del
acusado coincide con las muestras tomadas en la lata del cubo de basura. Solo eran
de un donante. Generalmente no hay márgenes de error en este tipo de muestras. Dan
un 99% de fiabilidad. Asimismo el Guardia Civil nº NUM003 declaró en el plenario que
en la inspección ocular apareció en la bolsa de basura una lata de cerveza que había
sido consumida. Que estuvieron en la vivienda hasta que llegó la policía científica. Que
en el primer registro en el domicilio del acusado le pidió a la secretaria que hiciera
constar una lata de cerveza que se intervino. El Guardia Civil con carnet profesional
NUM004 relató en el juicio oral que en el piso del fallecido encontraron dos latas, una
de ellas en el cubo de basura. En el domicilio del acusado se encontró una lata de
cerveza, marca San Miguel 0,0 como la encontrada en la casa del fallecido. En el
mismo sentido el Guardia Civil NUM005 indicó que en el domicilio de la víctima había
una lata de cerveza en el cubo de la basura y otra en la cocina. Consecuentemente ha
existido prueba constituida por la testifical de los guardias civiles intervinientes
practicada ante el tribunal "a quo" con las debidas condiciones de inmediación y
contradicción acreditativa de la ocupación en el cubo de basura del domicilio de la
víctima de una lata de cerveza San Miguel ...".
Pudiendo citarse, así mismo, la STS de fecha 7 de julio de 2010 , que con vocación
de síntesis pone de manifiesto que "... la controversia inicial acerca del alcance
gramatical de los arts. 326, párrafo 3 y 363, párrafo 2 de la LECrim, ha sido ya
resuelta por la jurisprudencia de esta misma Sala y definitivamente clarificada a raíz de
la publicación de la LO 10/2007, 8 de octubre, reguladora de la base de datos policial
sobre identificadores obtenidos a partir de ADN.
En efecto, el acuerdo del Pleno no jurisdiccional que tuvo lugar el 31 de enero 2006,
proclamó que "la Policía Judicial puede recoger restos genéticos o muestras biológicas
abandonadas por el sospechoso sin necesidad de autorización judicial". Esta idea fue
ratificada por numerosos precedentes, de los que las SSTS 1190/2009, 3 de
diciembre, 701/2006, 27 de junio, 949/20064 de octubre y 1267/2006, 20 de
diciembre, son sólo muestras más que significativas. Esta tesis era plenamente
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congruente con el art. 126 de la CE, que impone a la PolicíaJudicial la averiguación
del delito y el descubrimiento del delincuente, esto es, le atribuye la práctica de los
actos de investigación pertinentes para el descubrimiento del hecho punible y de su
autoría. Y precisamente para la efectividad de este cometido está facultada para la
recogida de efectos, instrumentos o pruebas que acrediten su perpetración, como
expresamente se recoge en el art. 282 de la LECrim, que faculta a la PolicíaJudicial
para "...recoger los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición
hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial". Se trata, en
definitiva, de actos de investigación policial que los arts. 282 y 770.3 LECrim
atribuyen a la Policial Judicial y que el art 11.1.g de la LO. 2/1986, 13 de marzo,
otorga a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. En suma, el descubrimiento y
recogida de objetos para su ulterior examen en busca de huellas, perfiles genéticos,
restos de sangre u otras actuaciones de similar naturaleza, son tareas que exigen una
especialización técnica de la que gozan los funcionarios de la Policía científica a los
que compete la realización de tales investigaciones, sin perjuicio de que las
conclusiones de las mismas habrán de acceder al Juzgador y al Tribunal sentenciador
para que, sometidas a contradicción puedan alcanzar el valor de pruebas.
Esta interpretación jurisprudencial, que buscaba integrar la estricta literalidad de los
arts. 326 y 363 de la LECrim con los principios constitucionales que informan nuestro
sistema de investigación y enjuiciamiento, se ha visto confirmada por la ya citada LO
10/2007, 8 de octubre. En su Disposición Adicional 3ª -a la que el propio texto adjudica
el carácter de ley orgánica- se establece que "...para la investigación de los delitos
enumerados en la letra a) del apartado 1 del artículo 3, la policía judicial procederá a la
toma de muestras y fluidos del sospechoso, detenido o imputado, así como del lugar
del delito. La toma de muestras que requieran inspecciones, reconocimientos o
intervenciones corporales, sin consentimiento del afectado, requerirá en todo caso
autorización judicial mediante auto motivado, de acuerdo con lo establecido en la Ley
de Enjuiciamiento Criminal".
Este precepto, pese a que deja sin resolver algunas cuestiones todavía pendientes
y decididamente abordadas en el derecho comparado, tiene la virtud de clarificar,
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acogiendo el criterio ya proclamado por esta Sala, el régimen jurídico de la toma de
muestras para la obtención del ADN. De acuerdo con su contenido, resultará
indispensable distinguir varios supuestos claramente diferenciados.a) En primer lugar,
cuando se trate de la recogida de huellas, vestigios o restos biológicos abandonados
en el lugar del delito, la Policía Judicial, por propia iniciativa, podrá recoger tales signos,
describiéndolos y adoptando las prevenciones necesarias para su conservación y
puesta a disposición judicial. A la misma conclusión habrá de llegarse respecto de las
muestras que pudiendo pertenecer a la víctima se hallaren localizadas en objetos
personales del acusado. b) Cuando, por el contrario, se trate de muestras y fluidos
cuya obtención requiera un acto de intervención corporal y, por tanto, la colaboración
del imputado, el consentimiento de éste actuará como verdadera fuente de legitimación
de la injerencia estatal que representa la toma de tales muestras. En estos casos, si el
imputado se hallare detenido, ese consentimiento precisará la asistencia letrada. Esta
garantía no será exigible, aun detenido, cuando la toma de muestras se obtenga, no a
partir de un acto de intervención que reclame el consentimiento del afectado, sino
valiéndose de restos o excrecencias abandonadas por el propio imputado. c) En
aquellas ocasiones en que la policía no cuente con la colaboración del acusado o éste
niegue su consentimiento para la práctica de los actos de inspección, reconocimiento o
intervención corporal que resulten precisos para la obtención de las muestras, será
indispensable la autorización judicial. Esta resolución habilitante no podrá legitimar la
práctica de actos violentos o de compulsión personal, sometida a una reserva legal
explícita -hoy por hoy, inexistente- que legitime la intervención, sin que pueda
entenderse que la cláusula abierta prevista en el art. 549.1.c) de la LOPJ, colma la
exigencia constitucional impuesta para el sacrificio de los derechos afectados ...".
En el supuesto de autos la policía judicial en labores de investigación descubrió en el
interior de la vivienda diversas muestras de lo que parecía ser sangre, que
necesariamente debió recoger de inmediato, dado el riesgo de pérdida o devaluación
de los fluidos que contenía para proceder al inmediato análisis, evitando el peligro de
desaparición de esa fuente de prueba. Actuó por tanto de conformidad a los arts. 326,
282 y 770.3 LECRIM, ya que es perfectamente posible que la policía recoja o el juez
ordene la recogida para su custodia y examen de las muestras halladas en el locus
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delicti o en cualquier otro lugar para su examen biológico, que es precisamente como
se hizo en el caso que nos afecta, siendo así que las muestras así obtenidas de
carácter dubitado fueron cotejadas, en lo que atañe al acusado Abel, con otra de
carácter indubitado del mismo sujeto obtenidas con su consentimiento en una causa
diferente, como se verá más adelante.
En este punto, se ha de significar que amén del acta de inspección ocular técnico
policial debidamente ratificada en el plenario, se dispone de la inicial diligencia judicial
de inspección ocular y levantamiento de cadáver, que concluye con las instrucciones
dadas por el Juez Instructor a los agentes de la policía judicial presente en la diligencia
de inspección ocular, y, principia efectuando una breve descripción del lugar de los
hechos y del cadáver, pudiendo destacarse de la ponderación conjunta de ambas actas
(la judicial y la técnico policial), y, la declaración de los agentes del Cuerpo Nacional de
Policía antes citados que efectuaron el acta técnico policial, que el cadáver fue hallado
en el rellano de la escalera con las extremidades superiores semiflexionadas con las
manos sobre la cabeza, atadas a nivel de las muñecas con cinta negra, vistiendo una
camiseta sin mangas y calzoncillos; que en las escaleras del inmueble había regueros
de sangre y paredes salpicadas con sangre; que en el interior de la vivienda, amén de
los restos de una cinta negra, había restos de sangre por todo el suelo y a lo largo de la
escalera hasta la casa, en pared y suelo, que había un charco de sangre en el baño y,
en el dormitorio de la víctima restos de sangre en el suelo, en el colchón y en la
almohada, así como en las paredes y en las zonas adyacentes al dormitorio. Estos
datos objetivos, por lo demás, no hacen más que abonar y corroborar la declaración
testifical de la víctima supérstite, por cuanto evidencian que la agresión se desarrolló
principalmente en el dormitorio de Higinio, cuyos restos de sangre en el baño y a lo
largo de las escaleras y el rellano, permiten inferir con fluidez que tras la agresión
perpetrada en su dormitorio y en el baño, trató de huir por las escaleras hasta
finalmente desplomarse fallecido en el rellano de la escalera. Por otra parte, amén de
los resultados de los informes biológicos y químicos, se ha de destacar el dato de que
en el interior de la vivienda se encontraba un teléfono móvil cuyo número era utilizado
habitualmente por el acusado, lo que abunda en su presencia en el domicilio en el día
de autos, así como dos cuchillos en la habitación del fallecido, sobre la torre del
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ordenar, uno con el emblema del Fútbol Club Barcelona que mide 23 cm de largo con
una hoja de 12 cm y otro con el mango blanco con relieve de una calavera que mide 29
cm de largo, con una hoja de 16 cm.
- En relación a las circunstancias en que fueron hallados el cadáver de Higinio y la
víctima Ruth, se cuenta principalmente con la declaración testifical de los sanitarios que
se personaron en el lugar en primer término, don Artemio y don Fructuoso, quienes
pusieron de manifiesto en el plenario, en síntesis, que cuando se personaron en el
lugar se encontraron al chico tendido en el suelo del rellano de la escalera con un gran
charco de sangre; el cuerpo se encontraba de cúbito prono, por lo que el Sr. Artemio le
dio la vuelta con la finalidad de tomarle las constantes vitales comprobando que no
tenía, momento en que el Sr. Fructuoso le indica que estaba oyendo voces
provenientes arriba pidiendo ayuda, de modo que mientras el primero permanece con
el chico, el segundo sube precipitadamente al piso superior donde halló a Ruth bañada
en sangre y con numerosas heridas; el Sr. Artemio, tras considerar que el chico había
fallecido, como así fue realmente, decidió acudir junto con su compañero en auxilio de
la chica, quien, como queda dicho, se encontraba bañada en sangre y tenía numerosas
heridas, encontrándose en un estado grave, por lo que la atendieron hasta que llegó la
ambulancia medicalizada.
Así mismo, las condiciones en que fue hallado el cuerpo sin vida de Higinio fueron
descritas sucintamente por los testigos don Carlos Jesús y don Oscar, vecinos ambos
del inmueble, habiendo sido el segundo, a la sazón presidente de la comunidad de
propietarios, quien efectuó la llamada al 112, así como por los agentes del Cuerpo
Nacional de Policía que se personaron en el lugar de los hechos, quienes efectuaron
una breve descripción del lugar de los hechos en términos que en esencia se
corresponden con los datos objetivados en sendas actas de inspección ocular,
pudiendo destacarse que el agente número NUM021 significó, además, que al acudir
en compañía de Ruth en el lugar de los hechos y preguntarle por el autor de los
hechos, le dijo que había sido un tal Abel, Abel, si bien no pudo dar mayor detalle pues
se encontraba prácticamente desmayada, habiendo incidido igualmente el agente
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número NUM011, que si bien él no llegó a hablar con la chica, los sanitarios le refirieron
que había nombrado a un tal Abel.
Cabe reseñar que la declaración de dichos testigos ofrece plena garantía de
credibilidad y verosimilitud, toda vez que, primero, no consta ningún elemento de
incredibilidad subjetiva que permita dudar de su aptitud probatoria, que pudiera
conducir a la deducción de existencia de un móvil de resentimiento o enemistad que
privase a su testimonio de la aptitud para generar ese estado subjetivo de certidumbre
en que la convicción judicial estriba esencialmente. En efecto, desde el punto de vista
de la credibilidad subjetiva del mentado testigo no constan factores o datos contrarios a
ésta: no se detectan posibles motivos espurios de resentimiento o de venganza
realmente serios procedentes de hechos distintos de los hechos enjuiciados, debiendo
recordarse que la motivación bastarda, apta para tener en cuenta como criterio a la
hora de valorar la suficiencia de su testimonio, ha de medirse con referencia a las
relaciones, entre los testigos y el responsable del delito, existentes con anterioridad al
hecho concreto que se enjuicia - -STS 1168/2001, de 15 de junio--, siendo así que en el
caso que nos ocupa no concurre en los testigos tacha objetiva o subjetiva alguna, no
existiendo constancia de ningún tipo de circunstancia que permita advertir atisbo
alguno de incredibilidad subjetiva. Segundo, sus manifestaciones han sido, en esencia,
suficientemente circunstanciadas, siendo substancialmente persistentes todas las
declaraciones prestadas a lo largo del procedimiento, sin ninguna contradicción ni
ambigüedad de carácter substancial, habiendo depuesto con seguridad y firmeza, sin
vacilaciones ni titubeos, coincidiendo substancialmente con las declaraciones
prestadas en el decurso de las actuaciones. Y, finalmente, sus manifestaciones se
corroboran recíprocamente, amén de hallarse abonadas por la declaración de la
víctima, la de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que depusieron en el
plenario, así como por los datos objetivos y verificables constatados en las diligencias
de inspección ocular.
- Por otra parte, al margen de las circunstancias espaciales y temporales en que
fueron halladas las víctimas, la situación en que se encontraban, el estado del inmueble
y la vivienda en que los hechos sucedieron, y, los vestigios, restos y muestras que
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fueron hallados y tomados, en relación a las circunstancias de la detención del
acusado, la extracción de sangre y la obtención de las ropas del mismo de su domicilio,
se cuenta principalmente con la declaración de los agentes del Cuerpo Nacional de
Policía con números de identificación profesional NUM011, NUM012, NUM013,
NUM014, NUM015, NUM016, NUM017 y NUM018, y la de los agentes del Cuerpo de la
Policía Local de Puerto del Rosario con números de identificación profesional NUM019
y NUM020, quienes, en apretada síntesis, narraron cómo en el decurso de las
diligencias de averiguación del paradero del acusado, sobre las 17 horas,
aproximadamente, del día de autos, recibieron una llamada anónima al 091
comunicando que el acusado se encontraba en el Centro Comercial "Las Rotondas",
comprando un bate de béisbol y que se dirigía hacia su domicilio, de modo que se
desplazaron hasta su domicilio en donde tras llamar a la puerta en reiteradas
ocasiones, finalmente les respondió el acusado, quien se encontraba solo en el
domicilio; a partir de dicho instante, a decir del agente del CNP número NUM014 y de
los referidos agentes de la Policía Local, se inició una conversación entre el mentado
agente del CNP y el acusado, quien portaba consigo un bate de béisbol, un cuchillo y
un cigarro porro, tratando el agente de convencer al acusado de que les acompañase a
las dependencias policiales, llegando el acusado a invitar al referido agente a acceder
al interior de su domicilio, en donde le puso de manifiesto que había apuñalado a un
chico varias veces, a la vez que se interesaba por su estado y afirmaba que había sido
por una deuda de drogas, siendo así que cuando el acusado dejó el cuchillo encima de
la mesa, el agente aprovechó para abalanzarse sobre él y reducirle, siendo auxiliado
por los restantes agentes. Por otra parte, tanto el agente número NUM014 como los
agentes de la Policía Local que acudieron a la detención del acusado, aseguraron que
el acusado se encontraba lúcido, en su sano juicio, normal aunque un poco nervioso.
Por lo demás, el agente número NUM012, aseguró que la extracción de sangre del
acusado se realizó en el hospital y en presencia del abogado del acusado, quien
consintió a ello, así como los restantes agentes del CNP antes se significados
abundaron en el hecho de que el acusado, tras su declaración prestada en
dependencias policiales en presencia de su abogado, autorizó, estando presente su
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abogado, la entrada en su domicilio así como procedió a la entrega voluntaria de sus
prendas de vestir a los funcionarios policiales.
Pues bien, las manifestaciones de los referidos agentes del Cuerpo Nacional de
Policía y del Cuerpo de la Policía Local de Puerto del Rosario realizadas en el acto del
juicio han sido contestes, coherentes, suficientemente circunstanciadas y
substancialmente persistentes, coincidiendo con exactitud entre sí y, en esencia, con lo
plasmado en su día en el atestado que dio origen a las presentes actuaciones, por lo
que junto a la circunstancia de gozar su testimonio, a priori, de una imparcialidad,
profesionalidad y objetividad que no se ha visto empañada por la presencia de ningún
elemento de incredibilidad subjetiva derivada de las relaciones con el acusado que
pudieran conducir a la deducción de existencia de un móvil de resentimiento o
enemistad que privase a sus respectivos testimonios de la aptitud para generar ese
estado subjetivo de certidumbre en que la convicción judicial estriba esencialmente, así
como a la circunstancia de resultar sus declaraciones en el plenario veraces y creíbles
atendiendo la concurrencia de suficientes elementos indicativos de veracidad, pues a la
pluralidad de declaraciones coincidentes se añade su ponderación desde la óptica de la
actuación profesional de dichos agentes, que actuaron desinteresadamente, en
exclusivo ejercicio de su función de velar por la seguridad pública, se erige en prueba
de cargo suficiente capaz de destruir el principio de presunción de inocencia que, como
verdad interina, amparaba inicialmente al acusado.
En este punto, conviene recordar que los miembros del Cuerpo Nacional de Policía o
de los distintos Cuerpos de Seguridad, cuando deponen en el Juicio Oral sobre datos
de hechos que conocen de ciencia propia y han visto y percibido con sus propios ojos,
los hace testigos hábiles y su testimonio constituye prueba de cargo suficiente para
enervar la presunción de inocencia. Una constante doctrina jurisprudencial del Tribunal
Supremo ha venido declarando que las declaraciones testificales de los agentes en
Juicio Oral con garantías de publicidad, oralidad, contradicción efectiva de las partes e
inmediación del Tribunal, puede estimarse prueba de cargo bastante para enervar la
presunción de inocencia.
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En este sentido, la STS 16-VII-2009, pone de manifiesto "... Con referencia al valor
de estos testimonios la STS. 1227/2006 de 15.12, recuerda que el art. 717 LECrim.
dispone que las declaraciones de las autoridades y funcionarios de la Policía Judicial
tendrán el valor de declaraciones testificales apreciables, como éstas, según las reglas
del criterio racional. Así tiene declarado esta Sala, STS. 2.4.96, que las declaraciones
testificales en el plenario de los agentes de la Policía sobre hechos de conocimiento
propio, al estar prestadas con las garantías procesales del acto, constituyen prueba de
cargo, apta y suficiente, para enervar la presunción de inocencia; STS. 2.12.98, que la
declaración de los Agentes de Policía prestadas con las garantías propias de la
inmediación, contradicción y publicidad, es prueba hábil y suficiente para desvirtuar la
presunción de inocencia, correspondiente su valoración, en contraste con las demás
pruebas, al Tribunal de instancia, por cuanto la relevancia del juicio oral reside en la
posibilidad que tiene el Juez de percibir directamente las pruebas que se desarrollan,
que en el caso de la prueba testifical adquiere una mayor importancia, al poder
discernir las condiciones del testigo el origen de su conocimiento, su capacidad de
comprensión de la realidad, lo que, en definitiva, se resume en la fuerza de convicción
de sus testimonios; y en STS. 10.10.2005 que precisa que las declaraciones de
autoridades y funcionarios de la Policía Judicial tendrán el valor de declaraciones
testificales, apreciables como éstas, según las reglas del criterio racional. Estos
funcionarios llevan a cabo sus declaraciones de forma imparcial y profesional, en el
sentido de que no existe razón alguna para dudar de su veracidad, cuando realizan sus
cometidos profesionales, teniendo las manifestaciones que prestan un alto poder
convictivo, en cuanto no existe elemento subjetivo alguno para dudar de su veracidad,
precisamente en función de la profesionalidad que caracteriza su cometido profesional,
la formación con la que cuentan y la inserción de la policía judicial en un estado social y
democrático de Derecho, como es el nuestro, todo ello de conformidad con los arts.
104 y 126 CE...". Lo que reitera la reciente STS de fecha 12 de diciembre de 2011, al
significar que. "...En reiteradas ocasiones, esta Sala ha sentado la doctrina de que las
declaraciones de los agentes de la Policía Nacional, Autónoma o Local o miembros de
la Guardia Civil pueden servir de prueba de cargo bastante para desvirtuar la
presunción de inocencia cuando se practican en el acto de la vista oral con
sometimiento a los principios de contradicción, oralidad e inmediación ( SSTS
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1086/2004, de 27 de septiembre y 1366/2004, de 29 de diciembre), conforme a lo
previsto en el art. 717 LECrím...".
- Finalmente, junto a la prueba personal y documental relacionada, se cuenta con la
prueba pericial practicada en el acto del Juicio Oral, consistente, por un lado en la
prueba pericial médico forense obrante a los folios 187 a 294, debidamente ratificada y
aclarada en el acto del Juicio Oral por los Médicos Forenses don Aureliano y don
Gerardo, por otro lado, en la pericial médica de doña Emilia practicada en el plenario, y,
por último, en los informes periciales biológico forense obrante a los folios 121 a 127,
químico obrante a los folios 134 a 138, ambos confeccionados por peritos adscritos al
Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y, el informe técnico sobre
análisis de restos biológicos obrante a los folios 161 a 171, ninguno de ellos impugnado
por ninguna de las partes intervinientes, habiendo renunciado todas las partes a la
ratificación en el acto del Juicio Oral de estos tres últimos informes al no haberlos
puesto en cuestión.
En efecto, en primer término, el informe pericial biológico forense obrante a los folios
121 a 127, concluye que se encontraron restos de sangre en los hisopos, el raspado de
uñas, las muestras tomadas de la cinta aislante (que se encontraba en el interior de la
vivienda) y el pelo (que se encontraba en el cadáver de Higinio), así como en los
hisopos, el raspado de uñas, la cinta aislante, el lavado del pelo, así como la hoja y el
mango del cuchillo número 1 (esto es, el de mango blanco con una forma de calavera)
se ha obtenido un perfil de ADN autosómico que coincide con la muestra indubitada de
la víctima Higinio, siendo así que en el caso del mango del cuchillo número 2 se ha
obtenido un perfil autosómico compatible con una mezcla de ADN de al menos tres
personas, tratándose de una mezcla muy balanceada en la cual no se observan todos
los alelos de la víctima ni del presunto agresor, por lo que no se pueda afirmar una
contribución con restos biológicos por parte de estas personas a dicha mezcla. Por su
parte, el informe químico obrante a los folios 134 a 138, que tiene por objeto el examen
y análisis de las muestras procedentes del cadáver de Higinio, concluye que la
determinación de alcohol se efectuó por técnicas de cromatografía de gases, con
detector de ionización a la llama (FDI), en la fracción de vapor en equilibrio con la
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muestra siendo el resultado negativo; posteriormente se llevaron a cabo sistemáticas
toxicológicas generales encaminadas a la determinación de otros compuestos
orgánicos, siendo así que los extractos obtenidos se analizaron por cromatografía de
gases acoplada a espectrometría de masas, detectándose los siguientes compuestos:
cocaína, benzoilecgonina y ecgonina metil ester, estos últimos metabolitos de la
cocaína. Finalmente, el informe técnico sobre análisis de restos biológicos obrante a los
folios 161 a 171, llega a las siguientes conclusiones: 1.- En la sangre que fue recogida
en diversas partes del domicilio de la víctima Higinio, tales como las paredes de las
escaleras del edificio, la cerradura de la puerta, así como también del suelo del baño
del domicilio; los restos biológicos de saliva de una colilla encontrada en el cenicero de
la cocina y de varios de los que se encontraban en el cenicero de color rojo localizado
en la cama del fallecido; los restos de sangre hallados en la ropa del fallecido; así como
en las manchas de sangre localizadas en las ropas del acusado Abel, tanto en su
camiseta como en las zapatillas; se encontró un perfil genético que coincide con el
perfil genético encontrado en la sangre indubitada del fallecido Higinio. 2.- Se encontró
el perfil genético de Ruth, en en los restos de sangre recogida de una mancha
localizada en el interruptor de la luz que se encuentra en la pared entre las dos
habitaciones del domicilio, los restos biológicos recogidos de los bordes de dos vasos,
así como también de los restos de saliva de alguno de los cigarrillos que se
encontraban en el cenicero localizado sobre la cama de la víctima, y, en las ropas de
Ruth. 3.- Así mismo, se concluye que se encontró el perfil genético coincidente con el
del acusado Abel, en los restos localizados en los cigarrillos del cenicero que se
encontraba en el salón de la vivienda, en la habitación del fallecido y en el de la cocina.
4.- Se encontró una mezcla de perfiles genéticos en las muestras de sangre localizadas
en las zapatillas del acusado, compatible con la mezcla del perfil genético encontrado
en la muestra indubitada del acusado y de Higinio. 5.- En la muestra de sangre de una
mancha localizada en la parte superior de la puntera de la zapatilla del pie izquierdo
del acusado, se encontró una mezcla de perfiles genéticos compatible con las del
acusado y la víctima Ruth. 6.- Finalmente, se encontró una tercera mezcla de perfiles
genéticos coincidente con la mezcla de perfiles genéticos de ambas víctimas, en los
restos biológicos de los cigarrillos que se encontraban en los ceniceros de la habitación
del fallecido y de la cocina.
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Las conclusiones de estos tres informes, por una parte, no hacen más que abundar y
corroborar la autoría del acusado de los hechos que se le imputan, a tenor de los restos
biológicos del mismo hallados en el domicilio de la víctima, así como los restos de
sangre de las víctimas hallados en sus prendas de vestir (en su camiseta y en las
zapatillas); por otra parte, permiten inferir razonablemente que uno de los cuchillos que
fue empleado por el acusado para perpetrar los hechos fue el cuchillo de mango blanco
con la imagen de una calavera, de 29 cm de largo siendo 16 cm de hoja, habida cuenta
de los restos de sangre de la víctima Higinio hallados en el mismo, sin descartar el
empleo del otro cuchillo, dado el hallazgo de restos de sangre correspondientes a tres
perfiles genéticos distintos; y, finalmente, coadyuvan a desvirtuar las manifestaciones
de carácter exculpatorio que fueron efectuadas por el acusado en el acto del juicio oral,
por cuanto tienden a descartar la versión dada por el acusado en el plenario de que
tanto la víctima, Higinio, como él mismo, habían estado bebiendo cerveza y tomando
pastillas tranquilizantes, toda vez que el informe químico de las muestras obtenidas del
cadáver de Higinio arroja un resultado negativo en alcohol y en lo que atañe a las
sustancias estupefacientes arrojan un resultado positivo tan sólo en cocaína y no en
otras sustancias estupefacientes como pudieran ser las benzodiazepinas, datos que
han de ponderarse con la circunstancia de que en el lugar de los hechos no fueron
hallados vestigios ni restos de benzodiacepinas, como tampoco fue localizado ningún
barril de cerveza de la marca Heineken.
El valor probatorio de dicho informe resulta patente si se tiene presente que amén de
haber sido emitido por centros oficiales especializados, ha sido aceptado por todas las
partes intervinientes, no habiendo sido impugnado en ningún momento en el curso de
las actuaciones, y, no habiendo sido desvirtuado por ningún otro medio de prueba en
contrario, habiendo renunciado por ello tanto el Ministerio Fiscal como la acusación
particular, y, la defensa del acusado, a la ratificación de dicho informe en el plenario al
no ser cuestionados sus resultados.
En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de fecha 31-1-2008,
significa: " Pues bien la jurisprudencia de esta Sala (STS. 475/2006 de 2.5) tiene
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declarado que si la prueba pericial no ha sido expresamente impugnada por la defensa,
en principio no necesita su ratificación en el acto del juicio oral. Por ejemplo la STS
31.1.2002 afirma que: "La doctrina de esta Sala, nos viene diciendo que los dictámenes
y pericias emitidas por Organismos o Entidades oficiales, dada la imparcialidad,
objetividad y competencia técnica de los miembros integrantes, ofrecen toda clase de
garantías técnicas y de imparcialidad para atribuirles, "prima facie", validez plena
SSTS 10.6.99, 23.2.2000, 28.6.2000, 18.1.2002)". Igualmente en el Pleno no
jurisdiccional de esta Sala de 21.5.99, se acordó (punto 2º) la innecesariedad de
ratificación del dictamen de los peritos integrados en organismos públicos, salvo que la
parte a quien perjudique impugne el dictamen o interese su presencia para someterlos
a contradicción en el plenario y lo hiciera en momento procesal oportuno,..., En el
mismo sentido la STS. 16.4.2001 citando jurisprudencia anterior, afirma con carácter
general que: "... como se expresa en sentencia de esta Sala 1642/2000 de 23.10, son
numerosos, reiterados y concordes los precedentes jurisprudenciales de este Tribunal
de casación que declaran la validez y eficacia de los informes científicos realizados por
los especialistas de los Laboratorios Oficiales del Estado, que, caracterizados por las
condiciones de funcionarios públicos, sin interés en el caso concreto, con altos niveles
de especialización técnica y adscritos a organismos dotados de los costosos y
sofisticados medios propios en las modernas técnicas de análisis, viene
concediéndoseles unas notas de objetividad, imparcialidad e independencia que les
otorga "prima facie" eficacia probatoria sin contradicción procesal, a no ser que las
partes hubiesen manifestado su disconformidad con el resultado de la pericia o la
competencia o imparcialidad de los peritos, es decir, que el Informe Pericial haya sido
impugnado de uno u otro modo, en cuyo caso será preciso la comparecencia de los
peritos al juicio oral para ratificar, aclarar o complementar su dictamen sometiéndose
así la prueba a la contradicción de las partes, para que sólo entonces, el Tribunal
pueda otorgar validez y eficacia a la misma y servirse de ella para formar su convicción.
Pero cuando la parte acusada no expresa en su escrito de calificación provisional su
oposición o discrepancia con el dictamen pericial practicado, ni solicita ampliación o
aclaración alguna de ésta, debe entenderse que dicho informe oficial adquiere el
carácter de prueba preconstituida, aceptada y consentida como tal de forma implícita
SSTS 1.12.95, 15.1 y 6.6.96 entre otras muchas),..., Este criterio ha sido avalado por
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el Tribunal Constitucional (SS. 127/90, 24/91) al declarar la validez como elemento
probatorio de los informes practicados en la fase previa al juicio, basados en
conocimientos especializados y que aparezcan documentados en las actuaciones que
permitan su valoración y contradicción, sin que sea necesaria la presencia de sus
emisores, y ha sido seguido en multitud de sentencias de esta Sala que, al abordar el
mismo problema suscitado ahora, ha dejado dicho que si bien la prueba pericial y
cuasipericial en principio, como es norma general en toda clase de prueba, ha de ser
practicada en el juicio oral, quedando así sometida a las garantías propias de la
oralidad, publicidad, contradicción e inmediación que rigen tal acto, puede ocurrir que,
practicada en trámite de instrucción, nadie propusiera al respecto prueba alguna para el
acto del juicio, en cuyo caso, por estimarse que hubo una aceptación tácita, ha de
reconocerse aptitud a esas diligencias periciales o "cuasi periciales" para ser valoradas
como verdaderas pruebas, máxime si han sido realizadas por un órgano de carácter
público u oficial SSTS 5.5, 30.11.95, 23.11 y 11.11.96)"... ".
-Por último, otro dato de especial relevancia que permite dotar de crédito y
verosimilitud a la versión de la víctima Ruth, y, que como se verá en el Fundamento
Jurídico siguiente evidencia el ánimo de matar del acusado, viene representado por la
constatación objetiva de lesiones tanto en la persona del fallecido Higinio como de la
víctima superviviente Ruth, perfectamente compatibles con la narración de los hechos
efectuada por esta última en el acto del juicio oral y en sus precedentes declaraciones
sumariales y en un momento temporal eminentemente próximo a aquél en que tuvieron
lugar los hechos, según se desprende tanto de la documentación médica relativa a la
asistencia dispensada a Ruth tanto en el servicio de urgencias hospitalarias como en el
decurso de la evolución de sus lesiones (folios 143 a 148, 150-151, 155-158, 175 a
184), como del informe médico forense confeccionado por los Médicos Forenses don
Aureliano y don Gerardo, a la sazón obrante a los folios 250 a 281, como, así mismo,
del informe médico forense de autopsia relativo al fallecido Higinio confeccionado por
dichos médicos forenses, obrante a los folios 187 a 249, debiendo destacarse que ni
dicha documentación médica ni dichos informes médico forenses han sido impugnados
por ninguna de las partes intervinientes, así como que los mismos han sido
incorporados al plenario a instancia de la acusación pública y la particular de
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 726 LECRIM, amén de haber sido
ratificados debidamente los informes médico forenses por los médicos forenses que los
emitieron en el acto del Juicio Oral no habiendo sido desvirtuada dicha documentación
médica por ningún medio de prueba en contrario.
A este respecto, se ha de tener presente en relación a los partes de asistencia
médica del servicio de urgencias, que en relación a los certificados médicos relativos a
la asistencia dispensada a Ruth tanto en el servicio de urgencias hospitalarias como en
el decurso de la evolución de sus lesiones y que no pierden por ello su propio carácter
de prueba pericial, la sentencia del T.C. 24/1991, de 11 de febrero, les atribuye la
naturaleza de prueba pericial documentada, pues, debido a la necesaria práctica de
dichas pericias con anterioridad a la celebración del juicio, alcanzan a constituir
pruebas preconstituidas que despliegan toda su validez si no son impugnadas por
ninguna de las partes y son aportadas al acervo de diligencias, entendiendo que el
único modo de desvirtuar la fuerza de convicción que las pruebas preconstituidas
periciales puedan tener es interrogando al perito en el acto del juicio oral, lo que deberá
ser reclamado por la parte que pretende impugnar el mismo. Así, la citada sentencia
TC 24/1991, 11-2, pone de manifiesto en relación a dicha documentación médica que "
...Considerar como se hace en la demanda, que tal declaración de ciencia tiene el valor
de atestado pugna con la propia naturaleza del certificado en cuestión que es una
pericia técnica, que se adjunta al atestado ( arts. 284, 292, 293 L.E.Crim.). Tal
pericia no pierde su propio carácter por el hecho de que se adjunte, incluya, mencione
o relacione en un atestado. Sólo éste tiene consideración de denuncia, tal como
estatuye el centenario art. 297, I, L.E.Crim. (así, desde STC 31/1981) (RTC
1981\31). El atestado, tal como cabe entender rectamente del citado precepto, se
refiere a las manifestaciones que se contienen vertidas por los funcionarios de Policía
Judicial en el curso de sus averiguaciones. Y un examen médico, es decir, una
determinada pericia, no es averiguación alguna. Este Tribunal ya ha tenido ocasión de
recordar la precedente distinción entre atestados y otros elementos que lo acompañan
o complementan, en especial en relación a los tests de alcoholemia [por ejemplo,
SSTC 100/1985 (RTC 1985\100), fundamento jurídico 1. º, o 147/1987 (RTC
1987\147), fundamento jurídico 2.º, entre otras]. Estas pericias practicadas,
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necesariamente con anterioridad a la celebración del juicio, e incluso con antelación al
inicio del proceso latu sensu entendido constituyen pruebas preconstituidas que
despliegan toda su validez si no son impugnadas por ninguna de las partes y son
aportadas al acervo de diligencias.... En los presentes Autos resulta innegable la
condición de prueba preconstituida que el certificado médico inicial y los posteriores
forenses incorporan, dado que la determinación de las lesiones sufridas sólo pueden
acreditarse en el momento de producirse y mientras éstas pueden ser observadas, es
decir, mientras duran sus efectos o secuelas. El único modo de desvirtuar la fuerza de
convicción que pruebas preconstituidas periciales puedan tener es interrogar al Perito
en el acto del juicio oral, para lo cual deberá ser reclamado por la parte que pretende o
ratificar su dictamen o como podía haber sido aquí el caso, impugnar el mismo. No
haber puesto en duda la corrección científica del citado certificado lleva aparejado
como consecuencia que, en tanto que prueba documentada, que no documental, el
órgano judicial, tal como estatuye el art. 726 L.E.Crim., haya examinado «por sí
mismo los libros, documentos, papeles y demás piezas de convicción que puedan
contribuir al esclarecimiento de los hechos o a la más segura investigación de la
verdad». No ha de olvidarse que este precepto encabeza la regulación de la prueba
documental y de la inspección ocular y que, por tanto, de no efectuarse tacha alguna
sobre los citados elementos, el Tribunal dispone libremente de ellos y puede formarse
su pertinente convicción legítimamente... ".
En la línea expuesta, la sentencia del T.S., de fecha 24-6-1991, viene a declarar que
cuando se trata de informes periciales o cuasi periciales sobre circunstancias de hecho
fundamentales en la causa penal concreta que se tramite, practicados durante el
sumario o diligencias previas, máxime cuando son realizadas por organismos oficiales
o por funcionarios públicos especializados al respecto, y ninguna de las partes propone
prueba alguna sobre ese extremo, lo que motiva que en el acto del juicio oral nada se
practique sobre el particular, ha de entenderse que hay una aceptación tácita por todas
las partes sobre la mencionada pericia, y ello permite que el Juzgado o Tribunal en la
instancia pueda considerar como probado el hecho al que se refieren esas diligencias
realizadas durante la fase de instancia, señalando la sentencia del T.S., de fecha
11-3-1991, el que "... no es conforme con la buena fe procesal impugnar en casación
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aquello que tácitamente admitido en la instancia, pues la parte pudo proponer prueba
sobre dicho extremo, y si pudo hacerlo y no lo hizo es porque aceptaba su realidad
como hecho no discutido ".
En desarrollo de esta cuestión, la STS de fecha 25.5.2010, pone de manifiesto "... En
efecto es doctrina de esta Sala -por ejemplo SSTS. 1601/2005 de 22.12, 1058/2006
de 2.11, entre otras muchas, que si la prueba pericial procedente de la actividad de los
Laboratorios Oficiales del Estado no ha sido expresamente impugnada por la defensa,
en principio no necesita su ratificación en el acto del juicio oral. En otros términos le
posibilita la consideración como prueba pericial preconstituida en los dictámenes
periciales emitidos por Gabinetes y Laboratorios Oficiales, debidamente documentados,
siempre que sus conclusiones no sean impugnadas por las partes del enjuiciamiento,
en cuyo caso la eficacia probatoria de los dictámenes requiere la contradicción de toda
actividad probatoria ( SSTS. 151/2000 de 7.3, 625/2001 de 16.4, 1293/2003 de 7.10,
990/2004 de 25.9). Por ejemplo la STS. 31.1.2002afirma que: "la doctrina de esta Sala
nos viene diciendo que los dictámenes y pericias emitidos por Organismos o Entidades
Oficiales, dada la imparcialidad, objetividad y competencia técnica de sus miembros
integrantes, ofrecen toda clase de garantías técnicas y de imparcialidad, para atribuirles
"prima facie" validez plena", siempre que, además de su documentación en el
procedimiento con cabal conocimiento de las partes, éstas no lo impugnen en sus
escritos de conclusiones, mientras que en caso contrario han de ser sometidos a
contradicción en el juicio oral como requisito para su eficacia probatoria. Y es que tales
dictámenes no están exentos de la posibilidad de error, por lo que la parte, instruida de
su contenido convenientemente, tiene reservada la posibilidad de someter dicho
informe a debate contradictorio mediante cita de los peritos al juicio oral o articular
contraprueba en su escrito de calificación provisional y si no lo hace debe entenderse
que acepta su contenido, siendo entonces medio idóneo para formar la convicción
judicial ( STS. 1007/2007 de 23.11).
Por tanto, nada impide -decíamos en la STS. 56/2009 de 3.2-, que la defensa
pueda proponer la práctica de cuantas pruebas considere procedentes a la defensa de
sus tesis, orientadas a completar, a precisar o a contradecir los resultados de tales
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análisis, especialmente en los casos de mayor complejidad o que presenten
características extraordinarias, aunque su admisión quede condicionada a las reglas
generales de pertinencia y necesidad. Tampoco impide que la defensa censure a
través de sus argumentaciones y planteamientos determinados aspectos del análisis
que pudieran ser considerados por el Tribunal en el momento de valorar las pruebas
disponibles.
En la sentencia 647/2006 de 16.6, se declara que el casuismo que la realidad
ofrece nos permite verificar tres supuestos:
a) que la impugnación se produzca en el trámite de conclusiones definitivas, de
forma oral y sorpresiva, o incluso en el cauce de un recurso de casación. En tal caso ha
de estarse por la aceptación tácita del resultado de la pericia así cuestionado, ya que la
impugnación resulta totalmente extemporánea, pudiendo valorar la Sala sentenciadora
dicho informe, máxime si se trata de dictámenes efectuados por organismos oficiales.
En tal sentido, pueden citarse las SSTS de 5 de junio de 2000, nº 996/2000 de 30 de
mayo, 1101/2000 de 23 de junio y 1297/2000.
b) un segundo supuesto, sólo en parte diferente al anterior, se producirá cuando
durante toda la instrucción del sumario se mantiene un silencio respecto al contenido
de la pericia de la que se ha tenido conocimiento y luego en el trámite de conclusiones
provisionales se efectúa una genérica impugnación. En tal caso, en una interpretación
del acuerdo del Pleno no jurisdiccional de esta Sala de 25.5.2005, se ha estimado que
tal impugnación formal del informe emitido por un organismo oficial no se puede sic et
simpliciter privarle de validez ni eliminar su fuerza probatoria, aunque no haya
comparecido al plenario su autor para ratificarlo. En tal sentido se pueden citar las
SSTS nº 652/2001 de 16 de abril y 1521/2000 de 3 de octubre.
c) el tercer supuesto tendría lugar cuando en fase de instrucción se produce la
impugnación con o sin petición de nuevo examen, y tal impugnación se reproduce en el
trámite de conclusiones provisionales, pero argumentando con un mínimo de
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consistencia los extremos de tal disidencia, en cuyo caso devendría en necesaria la
ratificación del informe en el plenario con la presencia del perito.
Pero como hemos precisado en STS. 1271/2006 de 19.12, para que la
impugnación no se convierta en una mera exigencia formal de ratificación de estos
informes -carente de fundamento-, o que incluso llegue a constituir un manifiesto abuso
de derecho o un fraude procesal (v. art. 11 LOPJ), la jurisprudencia viene exigiendo
que la parte que impugne el informe pericial precise oportunamente -de conformidad
con los principios de la lealtad y buena fe procesales- los extremos y las razones de su
impugnación, interpretación ésta asentada en la jurisprudencia tras la entrada en vigor
de la Ley 38/2002 de 24.10, añadiendo un segundo párrafo el art. 788.2LECrim. y el
Pleno no jurisdiccional de 25.5.2005( SSTS. 1115/2006 de 8.11, 1601/2005 de
22.12)... ".
En el caso de autos se dispone de los correspondientes partes médicos facultativos
confeccionados por galenos en su mayor parte adscritos a un organismo público como
lo es el Servicio Canario de Salud, cuya profesionalidad y capacitación, objetividad e
imparcialidad, en todo caso, no ha sido cuestionada en momento alguno por ninguna
de las partes intervinientes, no habiendo sido impugnados dichos partes médicos
facultativos en momento alguna por la defensa del acusado, quien tampoco ha
interesado la declaración de los facultativos autores de los mismos en el acto del Juicio
Oral, por lo que dicha prueba pericial documentada adquiere plena eficacia probatoria.
Junto a dicha documentación médica se dispone, como queda dicho, del informe
médico forense confeccionado por los Médicos Forenses don Aureliano y don Gerardo,
a la sazón obrante a los folios 250 a 281, como, así mismo, del informe médico forense
de autopsia relativo al fallecido Higinio confeccionado por dichos médicos forenses,
obrante a los folios 187 a 249, ratificados debidamente por los médicos forenses que
los emitieron en el acto del Juicio Oral no habiendo sido desvirtuada dicha prueba
pericial médica por ningún medio de prueba en contrario.
En dicho informe, por lo demás, además de constatar lesiones tanto en el fallecido
como en Ruth perfectamente compatibles en características, intensidad y tiempo de
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producción con la narración de los hechos efectuada por la testigo y en un momento
temporal eminentemente próximo a aquél en que tuvieron lugar los hechos, se
concreta, así mismo, en lo que atañe a Ruth, el alcance y entidad de las lesiones
padecidas por la misma. En este sentido, debe tenerse presente que la pericial
médico-forense obrante en las actuaciones ha sido emitida por el organismo público
competente (forenses pertenecientes a la Clínica Médico Forense) y no ha sido
cuestionado en ningún momento ni su resultado ni la neutralidad y competencia de los
profesionales que los han emitido y, además, han sido debidamente ratificados y
aclarados por los Médicos Forenses autores de los mismos en el plenario, por lo que
resulta incuestionable que tales dictámenes adquieren valor de prueba de cargo,
debiendo asumirse sus conclusiones en atención a la credibilidad que merecen
teniendo en cuenta el contenido de los mismos, el hecho de haber sido emitidos por
sendos médicos forenses, a quienes, obviamente, ninguna razón hay para considerar
parciales, el no haber sido desvirtuados por ninguna otra prueba en contrario, y,
finalmente, por corresponderse con los informes médicos del servicio de urgencias
hospitalarias que objetivaron las lesiones al poco de haber tenido lugar los hechos, los
informes médicos de evolución de la lesionada, y, en lo que respecta al fallecido
Higinio, con los datos objetivos dimanantes de las actas de inspección ocular y
levantamiento de cadáver.
En consecuencia, por un lado, tanto por los informes médicos de la lesionada como
por el Médico Forense, la realidad, entidad y tratamiento de las lesiones de la víctima
están plenamente probadas, y, por otro lado, el extenso, exhaustivo y minucioso
informe de autopsia médico forense permite constatar las lesiones sufridas por el
fallecido y las causas de su muerte.
Finalmente, a la consistencia de la prueba de cargo relacionada se ha de añadir la
inconsistencia e inverosimilitud de la versión del acusado en relación a la concreta
forma en que se desarrollaron los hechos demostrándose inveraz y falsa por
contradictoria con el desarrollo de los acontecimientos y además por repeler lo creíble
según las enseñanzas de la común experiencia (SSTS 22 de abril y 22 de junio de
1988, 19 de enero y 10 de marzo de 1989). En efecto, la versión dada por el procesado
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en el plenario en orden a su posible afectación a causa del consumo de drogas y
alcohol, ha sido contundentemente desvirtuada por los restantes medios de prueba
pracitados en el plenario. En este sentido, no se puede pasar por alto que a pesar de
haber asegurado el acusado que el día de autos permaneció junto con Higinio un largo
rato consumiendo pastillas de tranquimazín y cerveza de un barril de la marca
Heineken, sin embargo, así como se hallaron en el interior de la vivienda de la víctima
numerosos cigarrillos dispersos en tres ceniceros distintos (salón, cocina y habitación
de la víctima), no fue localizado en la vivienda vestigio alguno de benzodiacepinas ni
del barril de cerveza que el procesado asevera haber consumido, siendo así, además,
que a tenor del informe químico de las muestras obtenidas del cadáver de la víctima,
éste arrojó un resultado negativo a alcohol y un resultado positivo tan solo a cocaína,
circunstancias ambas (ausencia de vestigios de un consumo prolongado de alcohol y
de benzodiacepinas, y, resultados del informe químico) que tienden a desvirtuar la
versión dada por el acusado en el plenario en el sentido de haber estado ambos
consumiendo desmedidamente dichas sustancias. Por otra parte, se ha de resaltar la
circunstancia de que los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y de la Policía Local
de Puerto de Rosario que acudieron al domicilio del acusado en el momento de la
detención convergieron todos ellos de forma conteste y contundente en el dato de que
el procesado se encontraba a su juicio perfectamente lúcido y normal, no pudiendo
obviarse que el parte del centro de salud en el que fue asistido tras la detención se
limita a consignar los datos proporcionados por el propio acusado, y que el informe de
alta de urgencias constata la realización de la analítica y da el alta al procesado por no
presentar patología clínica. Finalmente, se ha de tener presente que las sustancias
ingeridas por el procesado son todas ellas de naturaleza psico-drepresora, que de
ordinario actúan sobre el sistema nervioso central con efectos sedantes, tranquilizantes
y relajantes, habiendo puesto de manifiesto en tal sentido los Médicos Forenses en el
acto del Juicio Oral que la combinación de dichas sustancias, principalmente, de las
benzodiacepinas con el alcohol, no hace más que potenciar los efectos depresores del
sistema nervioso central, sus efectos tranquilizantes, determinando un comportamiento
presidido por movimientos torpes, tambaleantes y una mayor somnolencia,
comportamiento que en nada se compadece con la virulencia, ímpetu, intensidad y
fuerza con la que el acusado perpetró la agresión contra ambas víctimas, agresión que,
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por lo demás, ejecutó tras tomar ciertas precauciones reveladoras de su previa
ideación y premeditación incompatible con un estado de intoxicación etílica o tóxica por
sustancias estupefacientes, como el haber acudido al domicilio de la víctima en una
franja horaria en que sabía que no estaría su padre en la vivienda, el juego propuesto
para privarle de la aptitud de defenderse ante la agresión proyectada, el perfecto
conocimiento que el acusado tenía de la afición de la víctima por las armas blancas y
de la existencia de varias en su habitación, o, finalmente, el haber tomado la
precaución de cerrar las cortinas de la habitación antes de ejecutar la agresión.
Así, hay que recordar que es conocida la guía valorativa y de razonamiento ofrecida
por la doctrina jurisprudencial cuando en referencia a la coartada fallida (entre otras,
SSTS de 22 de junio de 1988, 19 de enero, 10 y 29 de marzo y 9 y 27 de junio de 1989,
8 de julio de 1991, 19 de febrero de 1993, 11 de marzo de 1994, etc.) señala que nunca
será "irrelevante o intrascendente" (vid. STS 14 de octubre y 20 de diciembre de 1986 y
7 de febrero de 1987), entendiendo que si bien el acusado en modo alguno ha de
soportar la intolerable carga de probar su inocencia, sí puede no obstante padecer las
negativas consecuencias de que se demuestre la inveracidad o falsedad de sus
alegatos exculpatorios, ya que, tal evento, "acaso sirva para corroborar ciertos indicios
de culpabilidad" (STS 22 de julio de 1987), en el caso de autos para corroborar las
contundentes manifestaciones de la víctima y de los agentes policiales, así como los
datos objetivos incriminatorios dimanantes de la prueba documental y pericial que se
acaba de relacionar. En este sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid,
sección 27ª, de fecha 3 de abril de 2008, nos recuerda: "...Pues bien, esta declaración
del acusado constituye un elemento o indicio más que refuerza la convicción, tal como
se indica en la sentencia impugnada, siendo de aplicación la jurisprudencia ( SSTS
9.6.99, 17.11.2000) que precisa que si el acusado, que carece de la carga probatoria,
introduce defensivamente un dato en el proceso y tal dato se revela falso, su simple
resultado negativo no puede ser representado irrelevante o intranscendente, ya que
indudablemente la convicción judicial sobre la culpabilidad del reo se verá corroborado
con tal importante dato... La STS 5.6.92 es particularmente explícita al señalar que los
contraindicios pueden cobrar singular relieve si se demuestran falsos o inexistentes,
insistiendo en que la versión que de los hechos proporciona el acusado cuando se
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enfrenta con determinados indicios suficientemente acreditativos y significativos habría
de ser examinada cuidadosamente, toda vez que explicaciones no convincentes o
contradictorias, aunque, por si solas no son suficientes para declarar culpable a quien
las profesa, si pueden ser un dato más a tener en cuenta en la indagación rigurosa de
los hechos ocurridos y personas que en ellos han intervenido...Es decir que la
manifiesta inverosimilitud de las manifestaciones exculpatorias del acusado, no implica
invertir la carga de la prueba, ni vulnera el principio "nemo tenetur", cuando existan
otros indicios relevantes de cargo que, por si mismos, permitan deducir racionalmente
su intervención en los hechos. En estos casos se trata únicamente de constatar que
existiendo prueba directa de los elementos objetivos del tipo delictivo y una prueba
indiciaria constitucionalmente valida, suficiente y concurrente, acerca de la participación
en el hecho del acusado, como ya hemos analizado en este caso, a dicha prueba no se
le contrapone una explicación racional y mínimamente verosímil, sino que por el
contrario las manifestaciones del acusado por su total ausencia de explicación
alternativa plausible refuerzan la convicción racionalmente deducida de la prueba
practicada... Así se pronuncia la STS 15.3.2002 "es cierto que no recae sobre el
acusado la carga de probar su inocencia, pero cuando existen pruebas de cargo serias
de la realización de un acto delictivo ... la ausencia de una explicación alternativa por
parte del acusado, explicación "reclamada" por la prueba de cargo y que solamente
éste se encuentra en condiciones de proporcionar, puede permitir obtener la conclusión
por un simple razonamiento de sentido común, de que no existe explicación alternativa
alguna ...".
En suma, este conjunto probatorio se erige en prueba de cargo suficiente capaz de
destruir el principio de presunción de inocencia, permitiendo tener por plenamente
acreditados los hechos motivadores de la acusación, en los términos recogidos en el
relato de hechos probados, y la intervención y participación en ellos del acusado, y en
tal sentido dice la STS de 12 de Diciembre de 2002: " Las reglas básicas, y
consolidadas jurisprudencialmente por su reiteración, para analizar el ámbito y
operabilidad del derecho a la presunción de inocencia pueden resumirse de acuerdo
con múltiples pronunciamientos de esta Sala, como las Sentencias de 4 de octubre de
1996 y 26 de junio de 1998 entre otras, en el sentido de que para poder apreciar en el
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proceso penal una vulneración del derecho fundamental a la presunción de inocencia
se requiere que en la causa exista un vacío probatorio sobre los hechos que sean
objeto del proceso o sobre alguno de los elementos esenciales de los delitos
enjuiciados, pese a lo cual se dicta una sentencia condenatoria. Si, por el contrario, se
ha practicado en relación con tales hechos o elementos, actividad probatoria revestida
de los requisitos propios de la prueba de cargo, con sometimiento a los principios
procesales de oralidad, contradicción e inmediación, no puede estimarse la violación
constitucional basada en la presunción de inocencia, pues las pruebas así obtenidas
son aptas para destruir dicha presunción, quedando sometidas a la libre y razonada
valoración del Tribunal de instancia, a quien por ministerio de la Ley corresponde con
exclusividad dicha función ( artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y 117.3
de la Constitución Española) ".
TERCERO.- Calificación jurídica de los hechos . Los hechos declarados
probados son constitutivos de un delito de asesinato previsto y penado en el art.139.1º
del Código Penal, en relación a Higinio, y, de un delito de asesinato en grado de
tentativa previsto y penado en los artículo 139.1º y 16 del Código Penal, respecto de
Ruth, de los que resulta criminalmente responsable en concepto de autor el acusado
Abel por haber ejecutado tales hechos material, directa y voluntariamente, no siendo
acogibles, por ende, las calificaciones alternativas de homicidio y lesiones propuestas
por la defensa del acusado.
Así, establece el artículo 139 del Código Penal que "S erá castigado con la pena de
prisión de quince a veinte años, como reo de asesinato, el que matare a otro
concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1. ª Con alevosía.2.ªPor precio,
recompensa o promesa. 3.ªCon ensañamiento, aumentando deliberada e
inhumanamente el dolor del ofendido . ".
El hecho básico es la acción de matar a otra persona, precisando por tanto la
concurrencia de los siguientes elementos: a) Una conducta del sujeto activo del delito
que haya dirigido a privar de la vida a otra persona. b) Un resultado de muerte del
sujeto pasivo de la acción. c) Una relación de causalidad entre acción y resultado, y, d)
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Ánimo de matar en el sujeto activo -o "animus necandi"-que concurre tanto en el
supuesto de dolo directo como eventual.
I.-Ánimo de matar . Señala al respecto la STS de fecha 19 de octubre de 2006 que
"... los juicios de valor sobre intenciones y los elementos subjetivos del delito
pertenecen a la esfera del sujeto, y salvo confesión del acusado en tal sentido ( STS.
22.5.2001), solo pueden ser perceptibles mediante juicio inductivo a partir de datos
objetivos y materiales probados... En efecto esta Sala considera juicios de inferencia
las proposiciones en que se afirma o eventualmente se niega, la concurrencia de un
hecho subjetivo, es decir de un hecho de conciencia que, por su propia naturaleza no
es perceptible u observable de manera inmediata o directa -en este caso el ánimo
homicida.
(...) la determinación del ánimo homicida constituye uno de los problemas mas
clásicos del derecho penal, habiendo elaborado esta Sala una serie de criterios
complementarios, no excluyentes para en cada caso, en un juicio individualizado
riguroso, se puede estimar concurrente o por el contrario, "el animus laedendi o
vulnerandi", en una labor inductiva, pues se trata de que el Tribunal pueda recrear, ex
post facti, la intención que albergara el agente hacia la víctima, juicio de intenciones
que por su propia naturaleza subjetiva solo puede alcanzarlo por vía indirecta, a través
de una inferencia inductiva que debe estar suficientemente razonada.
En efecto debemos recordar que en este sentido el elemento subjetivo de la
voluntad del agente, substrato espiritual de la culpabilidad, ha de jugar un papel
decisivo al respecto llevando a la estimación, como factor primordial, del elemento
psicológico por encima del meramente fáctico, deducido naturalmente, de una serie de
datos empíricos, muchos de ellos de raigambre material o física, de los que habría que
descubrir el animo del culpable y ello a pesar de su relatividad y de advertencia de las
dificultades derivadas de la circunstancia de la igualdad objetiva y equivalencia del bien
jurídico vulnerado en las lesiones consumadas y el homicidio que no transcendió en su
ejecución de la forma imperfecta. Las hipótesis de disociación entre el elemento
culpabilístico y el resultado objetivamente producido, dolo de matar, por un lado, y mera
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originación de lesiones, por otro, ha de resolverse llegando a la determinación de si
realmente hubo dolo de matar, dolo definido en alguna de sus formas, aún el
meramente eventual -que surge cuando el sujeto activo se representa como probable la
eventualidad en que la acción produzca la muerte del sujeto pasivo, aunque este
resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción que obra como
causa del resultado producido-, o la intención del individuo no fue mas lejos del "animus
laedendi o vulnerandi", sin representación de eventuales consecuencias letales.
El delito de homicidio exige en el agente conciencia del alcance de sus actos,
voluntad en su acción dirigida hacia la meta propuesta de acabar con la vida de una
persona, dolo de matar que, por pertenecer a la esfera intima del sujeto, solo puede
inferirse atendiendo a los elementos del mundo sensible circundante a la realización del
hecho y que según reiterada jurisprudencia ( ss. 4.5.94, 29.11.95, 23.3.99,
11.11.2002, 3.10.2003, 21.11.2003, 9.2.2004, 11.3.2004), podemos señalar como
criterios de inferencia: 1) Las relaciones que ligan al autor y la víctima, "también están
las circunstancias personales de toda índole, familiares, económicas, profesionales,
sentimientos y pasionales" ( sTS. 17.1.94). 2) La personalidad del agresor, "decidida
personalidad del agente y el agredido" ( sTS. 12.3.87). 3) Las actitudes o incidencias
observadas o acaecidas en momentos procedentes al hecho, si mediaron actos
provocativos, palabras insultantes, amenazas de males y repetición en su
pronunciamiento. 4) Manifestaciones de los intervinientes durante la contienda,
"palabras que acompañaron a la agresión ( sTS. 3.12.90) y del agente causante tras la
perpetración de la acción criminal. 5) Dimensiones y características del arma empleada
y su idoneidad para matar o lesionar, "medios e instrumentos empleados en la
agresión" ( sTS. 21.2.87). 6) Lugar o zona del cuerpo hacia donde se dirigió la acción
ofensiva, con apreciación de su vulnerabilidad y de su carácter más o menos letal, "las
modalidades de ataque, el ímpetu del mismo y las regiones contra las que se dirige, no
todas ellas ostentan la misma fuerza de convicción, y así la naturaleza del arma y la
zona anatómica sobre la que se ejercita la acción tienen al igual que la potencialidad
del resultado letal un valor de primer grado" ( sTS. 13.2.93). Pero si bien la mayoría de
la jurisprudencia esta circunstancia de las zonas de las heridas coinciden en
considerarlo el argumento más concluyente del ánimo que mueve al agresor, "las
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zonas sobre las que se produce la incisión ponían en riesgo la vida de la víctima y
revelaban un ímpetu homicida más allá del simple propósito de causar lesiones" ( sTS.
9.6.93) no son extrañas otras de signo contrario, "el hecho de que las heridas fuesen
susceptibles de causar la muerte no quiere decir que nos encontramos ante un
inequívoco e indiscutible "animo de matar" ( ss. 13.6.92 y 30.11.93). g) Insistencia y
reiteración de los actos atacantes, "duración, número y violencia de los golpes" ( ss.
6.11.92, 13.2.93), continuación del acometimiento hasta la propia vía pública ( s.
28.3.95); pero que es matizado por la misma jurisprudencia en el sentido de poderse
inferir la existencia de ánimo de matar en el caso de herida poco profunda, pero como
recuerdan las ss. 14.7.88 y 30.6.94, cuando el autor realiza un comportamiento que
por si mismo es idóneo para producir el resultado, no cabe sino delito de homicidio
frustrado. h) Conducta posterior observada por el infractor, ya procurando atender a la
víctima, ya desatendiéndose del alcance de sus actos, alejándose del lugar, persuadido
de la gravedad y transcendencia de los mismos ( s. 4.6.92).
Estos criterios que "ad exemplum" se describen no constituyen un sistema cerrado o
"numerus clausus", sino que se ponderan entre si para evitar los riesgos del
automatismo y a su vez, se contrastan con menos elementos que puedan ayudar a
informar un sólido juicio de valor, como garantía de una más segura inducción del
elemento subjetivo. Esto es, cada uno de tales criterios de inferencia no presentan
carácter excluyente sino complementario en orden a determinar el conocimiento de la
actitud psicológica del infractor y de la auténtica voluntad impetuosa de sus actos. ..".
En igual sentido, la STS de fecha 2 de abril de 2009, que "... Sobre este particular
una reiterada jurisprudencia, por todas STS 1199/2006 de 11 de diciembre, ha
destacado que el cuestionamiento de la concurrencia del ánimo que guía la conducta
del acusado en la realización de los hechos es un hecho de carácter subjetivo que
pertenece al ámbito interno de la conciencia del sujeto, el cual generalmente solo
pueden acreditarse a través de una inferencia realizada por el tribunal sobre la base de
aspectos objetivos previamente acreditados ( STS. 1228/2005 de 24.10). Por ello el
elemento subjetivo de la voluntad del agente, substrato espiritual de la culpabilidad, ha
de jugar un papel decisivo al respecto llevando a la estimación, como factor primordial,
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del elemento psicológico por encima del meramente fáctico, deducido naturalmente, de
una serie de datos empíricos, muchos de ellos de raigambre material o física, de los
que habría que descubrir el ánimo del culpable y ello a pesar de su relatividad y de
advertencia de las dificultades derivadas de la circunstancia de la igualdad objetiva y
equivalencia del bien jurídico vulnerado en las lesiones consumadas y el homicidio
imperfecto en su consecución. Las hipótesis de disociación entre el elemento
culpabilístico y el resultado objetivamente producido, dolo de matar, por un lado, y mera
originación de lesiones, por otro, ha de resolverse llegando a la determinación de si
realmente hubo dolo de matar, dolo definido en alguna de sus formas, aún el
meramente eventual -que surge cuando el sujeto activo se representa como probable la
eventualidad en que la acción produzca la muerte del sujeto pasivo, aunque este
resultado no sea el deseado-; o la intención del individuo no fué mas lejos del "animus
laedendi o vulnerandi", sin representación de eventuales consecuencias letales.
El delito de homicidio exige en el agente conciencia del alcance de sus actos,
voluntad en su acción dirigida hacia la meta propuesta de acabar con la vida de una
persona, dolo de matar que, por pertenecer a la esfera íntima del sujeto, solo puede
inferirse atendiendo a los elementos del mundo sensible circundante a la realización del
hecho y que según reiterada jurisprudencia ( ss. 4.5.94, 29.11.95, 23.3.99,
11.11.2002, 3.10.2003, 21.11.2003, 9.2.2004, 11.3.2004), podemos señalar como
criterios de inferencia: 1) Las relaciones que ligan al autor y la víctima, "también están
las circunstancias personales de toda índole, familiares, económicas, profesionales,
sentimientos y pasionales" ( STS. 17.1.94). 2) La personalidad del agresor, "decidida
personalidad del agente y el agredido" ( STS. 12.3.87).3) Las actitudes o incidencias
observadas o acaecidas en momentos procedentes al hecho, si mediaron actos
provocativos, palabras insultantes, amenazas de males y repetición en su
pronunciamiento.4) Manifestaciones de los intervinientes durante la contienda,
"palabras que acompañaron a la agresión ( STS. 3.12.90) y del agente causante tras la
perpetración de la acción criminal. 5) Dimensiones y características del arma empleada
y su idoneidad para matar o lesionar, "medios e instrumentos empleados en la
agresión" ( STS. 21.2.87).6) Lugar o zona del cuerpo hacia donde se dirigió la acción
ofensiva, con apreciación de su vulnerabilidad y de su carácter más o menos letal, "las
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modalidades de ataque, el ímpetu del mismo y las regiones contra las que se dirige, no
todas ellas ostentan la misma fuerza de convicción, y así la naturaleza del arma y la
zona anatómica sobre la que se ejercita la acción tienen al igual que la potencialidad
del resultado letal un valor de primer grado" ( STS. 13.2.93). Pero si bien la mayoría de
la jurisprudencia esta circunstancia de las zonas de las heridas coinciden en
considerado el argumento más concluyente del animo que mueve al agresor, "las
zonas sobre las que se produce la incisión ponían en riesgo la vida de la víctima y
revelaban un ímpetu homicida más allá del simple propósito de causar lesiones" ( STS.
9.6.93) no son extrañas otras de signo contrario, "el hecho de que las heridas fuesen
susceptibles de causar la muerte no quiere decir que nos encontramos ante un
inequívoco e indiscutible "animo de matar" ( SS. 13.6.92 y 30.11.93). 7) Insistencia y
reiteración de los actos atacantes, "duración, número y violencia de los golpes" ( SS.
6.11.92, 13.2.93), continuación del acometimiento hasta la propia vía pública (S.
28.3.95); pero que es matizado por la misma jurisprudencia en el sentido de poderse
inferir la existencia de ánimo de matar en el caso de herida poco profunda, pero como
recuerdan las SS. 14.7.88 y 30.6.94, cuando el autor realiza un comportamiento que
por si mismo es idóneo para producir el resultado, no cabe sino delito de homicidio
frustrado.8) Conducta posterior observada por el infractor, ya procurando atender a la
víctima, ya desatendiéndose del alcance de sus actos, alejándose del lugar, persuadido
de la gravedad y transcendencia de los mismos (S. 4.6.92). Estos criterios que "ad
exemplum" se describen no constituyen un sistema cerrado o "numerus clausus", sino
que se ponderan entre si para evitar los riesgos del automatismo y a su vez, se
contrastan con otros elementos que puedan ayudar a informar un sólido juicio de valor,
como garantía de una más segura deducción del elemento subjetivo. Esto es, cada uno
de tales criterios de inferencia no presentan carácter excluyente sino complementario
en orden a determinar el conocimiento de la actitud psicológica del infractor y de la
auténtica voluntad de sus actos ...".
« La jurisprudencia de esta Sala viene sosteniendo invariablemente que el tipo
subjetivo, es decir la existencia de una voluntad de matar se infiere de la dirección dada
por el autor al golpe dirigido contra la víctima. De esta manera, cuando el autor dirigió
el golpe con un arma a una parte del cuerpo, que de haber tenido éxito el ataque,
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podría haber producido la muerte, se considera acreditado que obró con el dolo propio
del delito de homicidio. La Defensa argumenta sin tener en cuenta que lo decisivo es la
dirección del golpe, no el éxito del golpe. El éxito es evidentemente necesario para la
consumación, pero irrelevante para la tentativa, por la que ha sido condenado el
recurrente. Tampoco tiene en cuenta la Defensa que carece de relevancia que el
recurrente no haya empleado la fuerza necesaria para producir la muerte. La causa por
la que una acción que comenzó la ejecución del delito no ha logrado la consumación no
es tampoco relevante para la calificación del hecho como tentativa. Toda tentativa es
consecuencia de una acción incapaz de lograr el propósito del autor. En consecuencia,
la herida producida en la cara ha sido causada por un golpe dirigido a una zona donde
hubiera sido peligrosa para la vida de la víctima, dada la cercanía del cuello. Lo mismo
ocurre con la herida dirigida al hemitorax » (STS
2ª-25/05/2009-1717/2008-EDJ2009/150942-; y STS
2ª-27/04/2009-11603/2008-EDJ2009/82810 -).
"... Los datos o indicios que normalmente, según la doctrina de esta Sala,
-evidenciarían el "animus necandi"-, son entre otros: a) La clase, dimensiones y
características del arma empleada y su idoneidad para matar o lesionar. b) Lugar o
zona del cuerpo al que se dirige la acción ofensiva, con apreciación de su
vulnerabilidad y su carácter más o menos vital, teniendo en cuenta la violencia del
golpe. c) Conducta posterior observada por el infractor, ya procurando atender a la
víctima, ya desentendiéndose del alcance de sus actos y alejándose del lugar en clara
actitud de huída. d) Relaciones del autor y la víctima. e) Condiciones de espacio, lugar
y tiempo, etc. Los datos de mayor relevancia para la apreciación del "animus necandi"
son el arma empleada, la zona del cuerpo afectada y la naturaleza o intensidad de los
golpes ..." (STS de fecha 14 de noviembre de 2012).
El ATS de fecha 17 de enero de 2013, reitera que "... La jurisprudencia de esta
Sala ha entendido que, para afirmar la existencia del ánimo de matar propio del delito
de homicidio o de asesinato, deben tenerse en cuenta los datos existentes acerca de
las relaciones previas entre agresor y agredido; del comportamiento del autor antes,
durante y después de la agresión, lo que comprende las frases amenazantes, las
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expresiones proferidas, la prestación de ayuda a la víctima y cualquier otro dato
relevante; del arma o de los instrumentos empleados; de la zona del cuerpo a la que se
dirige el ataque; de la intensidad del golpe o golpes en que consiste la agresión, así
como de las demás características de ésta; de la repetición o reiteración de los golpes;
de la forma en que finaliza la secuencia agresiva; y, en general de cualquier otro dato
que pueda resultar de interés en función de las peculiaridades del caso concreto. Si el
análisis de estos datos y de los demás concurrentes permiten afirmar que el autor
actuó con conciencia del riesgo que creaba para la vida de la víctima, y a pesar de ello
ejecutó su acción, la conclusión correcta es que estamos ante un delito de homicidio. (
SSTS 13-02-2002 y 16-5-04).
C) La cuestión suscitada gira en torno a la corrección o no del juicio de inferencia
alcanzado por el Tribunal de instancia, respecto a la concurrencia que se declara del
"animus necandi".
En el caso los datos objetivos tenidos en cuenta por el Tribunal a quo para concluir
el ánimo de matar y no simplemente el de herir, son suficientes para razonablemente
afirmar que su intención era efectivamente la de acabar con la vida de Adelaida: utiliza
una navaja de 15 centímetros de hoja, apta sin duda para causar heridas mortales;
elige una zona vital como lo es el hemitorax; el golpe es intenso como lo demuestra la
profundidad de la herida al penetrar en la cavidad torácica, produciendo el seccionado
de la arteria mamaria y perforando también el pericardio, habiendo quedado la herida a
tan solo un centímetro del corazón; causó un hemotorax a la víctima y un sangrado
masivo que hubieran determinado su muerte de no recibir asistencia médica y
quirúrgica de urgencia; el acusado había amenazado con matar a la víctima al no
acceder a casarse con él; el día de la agresión le dijo "este es tu fin", conforme
manifestó la madre de Adelaida y ésta misma.
Con todos esos datos queda patentizado un irrefutable "animus necandi", pues no
puede pretenderse que el despliegue de una conducta de tal entidad, como la llevada a
cabo por el acusado, pueda excluir como resultado la muerte de la agredida. Muy al
contrario, las características y condiciones de la acción agresora permitían augurar, con
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alto grado de probabilidad, el resultado letal, lo que no impidió llevar a término la acción
emprendida con aceptación de sus consecuencias.
La intención homicida, por tanto, es imputable a título de dolo, pues aunque el
recurrente diga que su voluntad era simplemente la de herir, es claro que teniendo en
cuenta el instrumento, modo y lugar de efectuar la agresión, que según los dictámenes
periciales, eran aptos para producir la muerte, ese resultado mortal fue eventualmente
esperado, asumido y aceptado por su autor. ..".
Significando la STS de fecha 29 de abril de 2013, que "... Como hemos dicho (
Sentencia de 28 de febrero de 2005), cuando se realiza un ataque con arma blanca de
una persona contra otra ( STS 1281/2004, de 10 de noviembre), son tres los elementos
de los que cabe inferir esta voluntad de matar: 1º. La clase de arma (blanca) utilizada
en el ataque. El mismo concepto de arma blanca (navaja, cuchillo, puñal, espada u
otros objetos con alguna clase de filo o punta que tienen aptitud para introducirse
dentro del cuerpo humano, como un destornillador), ya nos conduce a este primer
elemento. La capacidad de penetración en la anatomía del agredido es elemento del
que partimos en la hipótesis que estamos examinando.2º. La zona del cuerpo a la que
se dirige el golpe contra la víctima. Ha de ser una zona vital para que pueda afirmarse
ese ánimo de matar. Ordinariamente, cuando se trata de agresiones con arma blanca y
se quiere matar, éstas se dirigen hacia el tórax, el abdomen o el cuello, que es donde
se puede producir esa penetración y donde existen órganos cuya afectación puede
derivar en la pérdida de la vida humana. 3º. La intensidad del golpe, de modo que éste
sea apto para introducirse en el cuerpo de la persona atacada y alcanzar esa zona
vital. Una vez producida la penetración en esta parte del cuerpo, siempre que ésta
alcance (o pueda alcanzar) cierta profundidad, podemos afirmar que hay ánimo de
matar, es decir, un dolo directo de primer grado, o intención; pero para la tentativa es
válido también el dolo eventual. La intensidad fue tan grave, que la víctima perdió casi
dos litros de sangre. Véanse las sentencias de esta sala 2127/2002, 405/2003,
280/2003 y 1508/2003...".
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II.- Dolo directo, dolo eventual e imputación objetiva. El delito de homicidio
requiere, pues, un elemento objetivo, el resultado de muerte del sujeto pasivo de la
acción, un elemento subjetivo, consistente en el dolo homicida, tanto si ello es
directamente querido por el agente, como si este se ha representado la posibilidad del
resultado y la ha aceptado de algún modo (Dolo-eventual), y por último que exista
relación de causalidad en la acción y el resultado. Al respecto, ha señalado la
jurisprudencia del Tribunal Supremo, que sólo es admisible establecer dicha relación,
cuando la conducta haya creado un peligro no permitido, es decir jurídicamente
desaprobado y el resultado producido haya sido la concreción de dicho peligro (STS
1670/2002 de 16/10). Reitera dicho Tribunal que quien conoce suficientemente el
peligro concreto generado por su acción, que pone en riesgo específico a otro, y sin
embargo actúa conscientemente, obra con dolo pues sabe lo que hace, y de dicho
conocimiento y actuación puede inferirse racionalmente su aceptación del resultado,
que constituye consecuencia natural, adecuada y altamente probable de la situación de
riesgo en que deliberadamente ha colocado a la víctima. (Entre otras SS. 1160/2000,
de 30 de junio; 439/2000, de 26 de julio; 1715/2001, de 19 de octubre y 20/2002, de 22
de eneroque citan la de 27-12-1982 caso Bultó y 23 de abril de 1992-caso del síndrome
tóxico-).
A este respecto, la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de octubre de 2.001 ha
establecido que "... la jurisprudencia de esta Sala más reciente, en relación con este
tema, ha declarado: "En la medida en que dicha jurisprudencia ha adoptado para la
caracterización del tipo objetivo (al menos en los delitos de resultado) la teoría de la
imputación objetiva, será condición de la adecuación del comportamiento a dicho tipo
objetivo que el autor haya ejecutado una acción generadora de un peligro jurídicamente
desaprobado. Consecuentemente, obrará con dolo el autor que haya tenido
conocimiento de dicho peligro concreto jurídicamente desaprobado para los bienes
jurídicos, pues habrá tenido el conocimiento de los elementos del tipo objetivo, que
caracterizan, precisamente, al dolo. Por lo que se entiende que quien actúa no obstante
tal conocimiento está ratificando con su decisión la producción del resultado.
Aseverando que la aceptación del resultado existe cuando el autor ha preferido la
ejecución de la acción peligrosa a la evitación de sus posibles consecuencias, con lo
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que en ella no se rompe del todo con la teoría del consentimiento, aunque se atenúen
sus exigencias al darlo por presunto desde el momento que el autor actúa conociendo
los peligros de su acción. Con ello la jurisprudencia de esta Sala, en su propósito de
acomodarse a los casos concretos, ha llegado a una situación ecléctica y próxima a las
últimas posiciones de la dogmática, que conjugan la tesis de la probabilidad con la del
consentimiento, considerando que el dolo eventual exige la doble condición de que el
sujeto conozca o se represente la existencia en su acción de un peligro serio e
inmediato de que se produzca el resultado y que, además, se conforme con tal
producción y decida ejecutar la acción asumiendo la eventualidad de que aquel
resultado se produzca. Pero, en todo caso, y como se dijo, es exigible la consciencia o
conocimiento por el autor del riesgo elevado de producción del resultado que su acción
contiene" ( Tribunal Supremo sentencias de 20 de febrero de 1.993, 11 de febrero de
1.998 y 16 de marzo de 1.998)... ". O la más reciente sentencia de la Sala 2ª del
Tribunal Supremo de fecha 30 de mayo de 2007 pone de manifiesto: "..., no solamente
queda comprendido en nuestro sistema penal el actuar mediante dolo directo, sino en
muchos delitos,..., el dolo eventual, entendiendo por dolo el conocimiento por parte del
sujeto activo del peligro concreto, jurídicamente desaprobado, de infringir la norma, y a
pesar de ello, proseguir con la consecución de su actuar, o de su omisión. Obra con
dolo quien sabe lo que hace, y de dicho conocimiento y actuación puede inferirse
racionalmente la aceptación del resultado, que constituye la consecuencia natural,
adecuada y altamente probable de la situación de riesgo en que deliberadamente ha
colocado a la víctima...Como hemos dicho recientemente ( STS 21/2007, de 19 de
enero), debemos recordar que según la teoría de la imputación objetiva, obrará con
dolo de autor en los delitos de resultado quien haya creado un riesgo jurídicamente
desaprobado habiéndose producido el resultado lesivo que no es más que la
concreción de dicho peligro, con conocimiento de los elementos del tipo
objetivo...Recuerda la STS núm. 194/1998, de 10 de febrero (citada por la STS de
17 de mayo de 2005), que "como ya puso de relieve la sentencia de 23 de abril de
1992, conocida vulgarmente como de la colza, el conocimiento del peligro propio de
una acción que supera el límite de riesgo permitido es suficiente para acreditar el
carácter doloso del comportamiento. La jurisprudencia de esta Sala, permite admitir el
dolo cuando el autor somete a la víctima a situaciones peligrosas que no tiene
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seguridad de controlar, aunque no persigue el resultado típico, no excluyéndose la
categoría del dolo eventual simplemente por la esperanza de que no se producirá el
resultado o porque éste no haya sido deseado por el autor - sentencia del 27 de
diciembre de 1982, conocida como caso Bultó- que reputó existente esta clase de dolo,
cuando el autor toma medidas poco serias para la eliminación del peligro, que como tal
conoce...En tales supuestos, su acción no es sino una manifestación de su indiferencia
respecto a unos resultados, cuya producción se ha representado como no improbable -
sentencias de 30 de octubre y 26 de diciembre de 1987, 6 de junio y 24 de octubre
de 1989 -. En definitiva, en la medida que la jurisprudencia ha adoptado, al menos para
los delitos de resultado, la teoría de imputación objetiva, será condición de la
adecuación del comportamiento a dicho tipo objetivo, el que el autor haya ejecutado
una acción generadora de un peligro jurídicamente desaprobado. Así, obrará con dolo
el que haya tenido conocimiento de dicho peligro concreto y desaprobado
jurídicamente, pues habría tenido conocimiento de los elementos del tipo objetivo, que
caracterizan precisamente al dolo. La aceptación del resultado existe cuando el agente
ha preferido la ejecución de la acción peligrosa a la evitación de sus posibles
consecuencias...De modo que volviendo a la ya citada Sentencia 348/1993, de 20 de
febrero, la jurisprudencia de esta Sala, ha llegado a una situación ecléctica, conjugando
las tesis de la probabilidad con la del consentimiento, estimando que el dolo eventual
exige la doble condición de que el sujeto conozca o se represente la existencia en su
acción de un peligro serio e inmediato de que se produzca el resultado y que, además,
se conforme con tal producción y decida ejecutar la acción pretendida asumiendo la
eventualidad de que aquel resultado se produzca, pero en todo caso, es exigible la
consciencia por el autor del riesgo elevado de producción del resultado que su acción
contiene". ..Todo según recuerda la más reciente Sentencia 1028/2004, de 21 de
septiembre...Tiene declarado también esta Sala como es exponente la Sentencia
1611/2000, de 19 de octubre, que la teoría de la imputación objetiva es la que se sigue
en la jurisprudencia para explicar la relación que debe mediar entre acción y resultado y
vino a reemplazar una relación de causalidad sobre bases exclusivamente naturales
introduciendo consideraciones jurídicas, siguiendo las pautas marcadas por la teoría de
la relevancia. En este marco la verificación de la causalidad natural será un límite
mínimo, pero no suficiente para la atribución del resultado...Conforme a estos
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postulados, comprobada la necesaria causalidad natural, la imputación del resultado
requiere además verificar: 1º. Si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente
desaprobado para la producción del resultado; 2º. Si el resultado producido por dicha
acción es la realización del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado por la
acción ...".
« El tema relativo a la imputación objetiva o relación de causalidad ha sido analizado
en sentencias de esta Sala, como las 30/2001 y 1210/2003 en los siguientes
términos: "En los delitos de resultado, para solucionar los problemas de la llamada
relación de causalidad, la doctrina actual acude al concepto de imputación objetiva,
entendiendo que hay tal relación de causalidad siempre que la conducta activa u
omisiva del acusado se pueda considerar como condición sin la cual el resultado no se
habría producido conforme a la tradicional doctrina de la equivalencia de condiciones o
'condicio sine qua non', relación que se establece conforme a criterios naturales que
proporcionan las reglas de la ciencia o de la experiencia, estableciéndose después,
mediante un juicio de valor, las necesarias restricciones acudiendo a la llamada
imputación objetiva, que existe cuando el sujeto, cuya responsabilidad se examina, con
su comportamiento origina un riesgo no permitido, o aumenta ilícitamente un riesgo
permitido, y es precisamente en el ámbito de ese riesgo donde el resultado se produce,
entendiéndose que no se ha rebasado ese ámbito cuando dicho resultado se estima
como una consecuencia normal o adecuada conforme a un juicio de previsibilidad o
probabilidad, porque debe estimarse que normalmente ese concreto resultado se
corresponde con esa determinada acción u omisión sin que pueda achacarse a otra
causa diferente, imprevisible o ajena al comportamiento del acusado ( sentencias de
esta Sala de 20-5-81-EDJ1981/4520-, 5-4-83, 1-7-91, y más recientemente la de 19
de octubre de 2000). Cuando se producen cursos causales complejos, esto es, cuando
contribuyen a un resultado típico la conducta del acusado y además otra u otras causas
atribuibles a persona distinta o a un suceso fortuito, suele estimarse que, si esta última
concausa existía con anterioridad a la conducta del acusado, como pudiera ser una
determinada enfermedad de la víctima, ello no interfiere la posibilidad de la imputación
objetiva, y, si es posterior, puede impedir tal imputación cuando esta causa
sobrevenida sea algo totalmente anómalo, imprevisible y extraño al comportamiento del
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inculpado, como sucedería en caso de accidente de tráfico ocurrido al trasladar en
ambulancia a la víctima de un evento anterior, pero no en aquellos supuestos en que el
suceso posterior se encuentra dentro de la misma esfera del riesgo creado o
aumentado por el propio acusado con su comportamiento". Véanse también la
sentencias nuestras de 4.7.2003 y 26.9.2005 y 1026/2007 de 10.12, que precisa que
en general es posible afirmar que sin causalidad (en el sentido de una Ley natural de
causalidad) no se puede sostener la imputación objetiva, así como que ésta no coincide
necesariamente con la causalidad natural. De esta manera, sólo es admisible
establecer la relación entre la acción y el resultado cuando la conducta haya creado un
peligro no permitido, es decir, jurídicamente desaprobado y el resultado producido haya
sido la concreción de dicho peligro. Por tanto, lo primero que debe ser comprobado,
antes de imputar un determinado resultado a una acción agresiva es si ésta es idónea,
en virtud de una Ley natural científica, para producirlo. Naturalmente se trata de una
cuestión cuya solución, como cualquier otra de hecho, queda confiada a la conciencia
del Tribunal pero éste no puede formar juicio al respecto sino sobre la base de una
constatación pericial garantizada por conocimientos especializados. En el presente
caso, la cuestión de la causalidad natural no ofrece duda y es admitida por la sentencia
de instancia (FJ. 1º) que concluye, que la causa principal, directa y eficaz del
fallecimiento del perjudicado fue la agresión y múltiples golpes que el acusado le
propicio en la cara y cabeza (...) pues este tipo de agresiones en la cabeza son aptas
para provocar incluso con debut tardío el surgimiento de hematomas en el cerebro en
lo que se conoce como lesiones de contragolpe ». (STS 2ª-26/11/2008).
La STS de fecha 17 de julio de 2008, razona que "... es cierto que no toda relación
de causalidad entre una acción y un resultado es suficiente para que quede integrado
el tipo. La doctrina científica y jurisprudencial han establecido mecanismos correctores.
Esta funcionalidad correctora tienen en la actualidad teorías como la de la causalidad
adecuada, la relevancia típica o la imputación objetiva, teoría ésta última que está
también detrás del criterio adoptado por la jurisprudencia de la llamada
preterintencionalidad, y que permite calificar los hechos en concurso ideal entre el
hecho doloso y el imprudente en casos en los que el autor crea un riesgo doloso y otro
imprudente, y cada uno de ellos se realiza en un resultado diferente, que es el
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imputado. Línea jurisprudencial expresada en la STS. 887/2006 de 25.9 y 168/2008
de 29.4, que casan las sentencias de instancia afirmando que el resultado más grave
producido no era imputable al riesgo doloso creado por el autor. Ausencia de dolo
respecto de éste que no puede subsumirse en el riesgo imprudente, dado que existe
una conducta previa dolosa que debería castigarse por separado. Ahora bien esta
doctrina no resulta aplicable al caso sometido a nuestra revisión casacional, en el que
en su relato fáctico -cuyo respeto escrupuloso exige la vía casacional del art. 849.1
LECrim.- se hace constar que: " Juan Luis dio alcance a Ismael y le agredió con un
arma blanca que portaba. A pesar de que Ismael intentó defenderse con las manos no
pudo evitar que Juan Luis , sabiendo que atacaba partes vitales y que con ello podía
causar la muerte, le clavase el arma dos veces en la espalda, dos en el brazo derecho
y dos en el tórax....". De todos estos datos la inferencia del animo homicida que realizó
el Tribunal del Jurado debe entenderse correcta y razonable. En efecto es necesario
subrayar -como decíamos en las STS. 210/2007 de 15.3 y 172/2008 de 30.4que el
elemento subjetivo del delito de homicidio no solo es el "animus necandi" o intención
especifica de causar la muerte de una persona, sino el "dolo homicida", el cual tiene
dos modalidades: el dolo directo o de primer grado constituido por el deseo y la
voluntad del agente de matar, a cuyo concreto objetivo se proyecta la acción agresiva,
y el dolo eventual que surge cuando el sujeto activo se representa como probable la
eventualidad de que la acción produzca la muerte del sujeto pasivo, aunque este
resultado no sea el deseado, a pesar de lo cual persiste en dicha acción que obra como
causa del resultado producido ( STS. 8.3.2004). Como se argumenta en la STS. de
16.6.2004 el dolo, según la definición más clásica, significa conocer y querer los
elementos objetivos del tipo penal. En realidad, la voluntad de conseguir el resultado no
es mas que una manifestación de la modalidad mas frecuente del dolo en el que el
autor persigue la realización de un resultado, pero no impide que puedan ser tenidas
por igualmente dolosas aquellas conductas en las que el autor quiere realizar la acción
típica que lleva a la producción del resultado o que realiza la acción típica,
representándose la posibilidad de la producción del resultado. Lo relevante para afirmar
la existencia del dolo penal es, en esta construcción clásica del dolo, la constancia de
una voluntad dirigida a la realización de la acción típica, empleando medios capaces
para su realización. Esa voluntad se concreta en la acreditación de la existencia de una
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decisión dirigida al conocimiento de la potencialidad de los medios para la producción
del resultado y en la decisión de utilizarlos. Si además, resulta acreditada la intención
de conseguir el resultado, nos encontraremos ante la modalidad dolosa intencional en
la que el autor persigue el resultado previsto en el tipo, en los delitos de resultado. Pero
ello no excluye un concepto normativo del dolo basado en el conocimiento de que la
conducta que se realiza pone en concreto peligro el bien jurídico protegido, de manera
que en esta segunda modalidad el dolo radica en el conocimiento del peligro concreto
que la conducta desarrollada supone para el bien jurídico, en este caso, la vida, pues,
en efecto, "para poder imputar un tipo de homicidio a título doloso basta con que una
persona tenga información de que va a realizar lo suficiente para poder explicar un
resultado de muerte y, por ende, que prevea el resultado como una consecuencia de
ese riesgo. Es decir, que abarque intelectualmente el riesgo que permite identificar
normativamente el posterior resultado. En el conocimiento del riesgo se encuentra
implícito el conocimiento del resultado y desde luego la decisión del autor está
vinculada a dicho resultado" (véase STS de 1 de diciembre de 2.004, entre otras
muchas). Así pues, y como concluye la sentencia de esta Sala de 3.7.2006, bajo la
expresión "ánimo de matar" se comprenden generalmente en la jurisprudencia tanto el
dolo directo como el eventual. Así como en el primero la acción viene guiada por la
intención de causar la muerte, en el segundo caso tal intención no puede ser afirmada,
si bien el autor conoce los elementos del tipo objetivo, de manera que sabe el peligro
concreto que crea con su conducta para el bien jurídico protegido, a pesar de lo cual
continúa su ejecución, bien porque acepta el resultado probable o bien porque su
producción le resulta indiferente. En cualquiera de los casos, el conocimiento de ese
riesgo no impide la acción. En otras palabras, se estima que obra con dolo quien,
conociendo que genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, no obstante
actúa y continua realizando la conducta que somete a la víctima a riesgos que el
agente no tiene la seguridad de poder controlar y aunque no persiga directamente la
causación del resultado, del que no obstante ha de comprender que hay un elevado
índice de probabilidad de que se produzca. Entran aquí en la valoración de la conducta
individual parámetros de razonabilidad de tipo general que no puede haber omitido
considerar el agente, sin que sean admisibles por irrazonables, vanas e infundadas
esperanzas de que el resultado no se producirá, sin peso frente al más lógico resultado
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de actualización de los riesgos por el agente generados. En similar dirección la STS.
4.6.2001dice el dolo supone que el agente se representa un resultado dañoso, de
posible y no necesaria originación y no directamente querido, a pesar de lo cual se
acepta, también conscientemente, porque no se renuncia a la ejecución de los actos
pensados. Lo que significa que, en todo caso, es exigible en el autor la consciencia o
conocimiento del riesgo elevado de producción del resultado que su acción contiene.
En definitiva, el conocimiento del peligro propio de una acción que supera el límite de
riesgo permitido es suficiente para acreditar el carácter doloso del comportamiento, al
permitir admitir el dolo cuando el autor somete a la víctima a situaciones peligrosas que
no tiene seguridad de controlar, aunque no persigue el resultado típico. Condiciones
que concurren en el supuesto enjuiciado, pues con su acción, el acusado atacando con
un arma blanca y dirigiendo los golpes a partes vitales, - pues aunque no se expresen
en el relato fáctico que partes vitales resultaron afectadas, como razona el Tribunal del
Jurado "casi todas las puñaladas estaban localizadas ene. Tórax de Ismael , zona del
cuerpo, como cualquier persona conoce, que se encuentran todos los órganos vitales"-
no podía descartar el riesgo de muerte subsiguiente a tal acción concreta de peligro,
siendo adecuada para causarla, lo que permite que, al menos, por dolo eventual, la
posibilidad o probabilidad de la muerte de la víctima, fue asumida por el acusado quien
no obstante no desistió de su conducta. ..".
En efecto, téngase presente que el dolo va enraizado en la psiquis de la persona por
medio de dos circunstancias distintas, una el requisito intelectual o capacidad
cognoscitiva, y otra el requisito volitivo, de la voluntad, como desencadenante de todos
los deseos y tendencias que se esconden en lo más profundo del alma humana. El dolo
directo (Sentencia 29 de enero de 1992) existe cuando, de mano consciente y querida,
la voluntad del sujeto se dirige directamente al resultado propuesto incluidas las
consecuencias necesarias del acto que se asumen, en tanto que el denominado dolo
eventual concurre si habiéndose representado el agente un resultado dañoso de
posible, no directamente querido y deseado, se acepta ello no obstante, sin renunciar a
la ejecución de los actos pensados. En cualquier caso ambas modalidades carecen de
trascendencia diferencial a la hora de calibrar distintas responsabilidades, criminales. El
conocimiento del acto y sus consecuencias, así como la probabilidad del resultado
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dañoso, aunque directamente no se deseare, comportan conforme a la más estricta
legalidad la posibilidad de llegar a la imputación criminal.
A este respecto, la sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de fecha 29 de
septiembre de 2005, pone de manifiesto: "... Tiene declarado esta Sala, como son
exponente las SS. 1611/2000 de 19.10 y 1484/2003 de 10.11, y 470/2005 de 14.4,
que la teoría de la imputación objetiva la que se sigue en la jurisprudencia de esta Sala
para explicar la relación que debe mediar entre acción y resultado y vino a reemplazar
una relación de causalidad sobre bases exclusivamente naturales introduciendo
consecuencias jurídicas, siguiendo las pautas marcadas por la teoría de la relevancia.
En este marco la verificación de la causalidad natural será un límite mínimo, pero no
suficiente para la atribución del resultado. Conforme a estos postulados, comprobada la
necesaria causalidad natural, la imputación del resultado requiere además verificar: 1º.
Si la acción del autor ha creado un peligro jurídicamente desaprobado para la
producción del resultado. 2º. Si el resultado producido por dicha acción es la realización
del mismo peligro (jurídicamente desaprobado) creado por la acción. Caso de faltar
algunos de estos dos condicionantes complementarios de la causalidad natural, se
eliminaría la tipicidad de la conducta y, por consiguiente, su relevancia para el derecho
penal. La creación de un peligro jurídicamente desaprobado está ausente cuando se
trate de riesgos permitidos, que excluyen la tipicidad de la conducta que los crea, y
próximos a estos los casos de disminución del riesgo, en los que el autor obra
causalmente respecto de un resultado realmente ocurrido, pero evitando a la vez la
producción de un resultado más perjudicial. Son de mencionar igualmente otros
supuestos de ruptura de la imputación objetiva entre los que se pueden incluir los
abarcados por el principio de confianza, conforme al cual no se imputarán
objetivamente los resultados producidos por quien ha obrado confiando en que otros se
mantendrán dentro de los límites del peligro permitido, así como las exclusiones
motivadas por lo que doctrinalmente se denomina la prohibición de regreso, referidas a
condiciones previas a las realmente causales, puestas por quien no es garante de la
evitación de un resultado. El segundo requisito al que antes hacíamos referencia exige
que el riesgo (no permitido) creado por la acción sea el que se realiza en el resultado.
Es en este segundo condicionante de la imputación objetiva en el que se plantea la
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presencia de riesgos concurrentes para la producción del resultado, cuestión en la que
habrá que estar al riesgo que decididamente lo realiza, como aquellos otros casos en
los que no podrá sostenerse la realización del riesgo en el resultado cuando la víctima
se expone a un peligro que proviene directamente de su propia acción, en cuyo caso el
resultado producido se imputará según el principio de la "autopuesta en peligro" o
"principio de la propia responsabilidad". Se trata de establecer los casos en los que la
realización del resultado es concreción de la peligrosa conducta de la propia víctima
que ha tenido una intervención decisiva. Ciertamente, la jurisprudencia de esta Sala
(SSTS de 12 de febrero de 1993; 26 de junio de 1995; 28 de octubre de 1996,
1311/1997, de 28 de octubre; 1256/1999, de 17 de septiembre; 1611/2000, de 19 de
octubre y 448/2003, de 28 de marzo) viene sosteniendo que la relación entre la acción
y el resultado en delitos cuyo tipo penal incluye la lesión del objeto de la acción no se
limita a la comprobación de la causalidad natural, sino que dependerá de la posibilidad
de la imputación objetiva del resultado de la acción. En general es posible afirmar que
sin causalidad (en el sentido de una ley natural de causalidad) no se puede sostener la
imputación objetiva, así como que ésta no coincide necesariamente con la causalidad
natural. De esta manera, sólo es admisible establecer la relación entre la acción y el
resultado cuando la conducta haya creado un peligro no permitido, es decir,
jurídicamente desaprobado y el resultado producido haya sido la concreción de dicho
peligro ...".
Más recientemente, la Sentencia del Tribunal Supremo, sala 2ª, de fecha 12 de mayo
de 2009, pone de manifiesto al respecto del dolo eventual "... 3. - La doctrina de esta
Sala sobre el dolo eventual ha sido resumida en reciente Sentencia 706/2008 de 11
de noviembre y en Sentencia 181/2009 de 23 de febrero en los siguientes términos:
En el dolo eventual la realización de los elementos del tipo -en este caso la muerte de
una persona- es considerada o percibida por el sujeto como un resultado de producción
posible junto a la consecución del fin propuesto, de modo tal que queda abarcado por
lo querido aquello mismo que el autor asume. Mas exactamente concurre dolo eventual
cuando el sujeto, conociendo la probabilidad de producción de los elementos de otro
tipo delictivo -distinto de aquél que pretende cometer-, pese a ello actúa, asumiéndolos
junto a la consecución del fin propuesto. La distinción entonces con la culpa consciente
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o culpa con representación exige introducir un criterio diferenciador, que permita
separar los limites de uno y otra... A) Para la teoría del consentimiento o de la
aceptación en el dolo eventual el sujeto aunque no persigue la realización del hecho
típico como un fin, ni lo acepta como de necesario advenimiento junto a la consecución
del objetivo propuesto, sí "consiente", "acepta", "asume" o "se conforma" -según la
terminología de los distintos autores- con su eventual producción; mientras que en la
culpa consciente el sujeto la rechaza, no se conforma con ello o confía en su no
realización. La formula para discernir uno u otro supuesto sería no un juicio hipotético
de lo que hubiese hecho el sujeto de conocer anticipadamente la certeza del resultado,
sino el que atiende a la actuación concreta observada por el sujeto, una vez se ha
representado lo eventualmente acaecible: si actuó a toda costa independientemente de
la ocurrencia del evento típico hay dolo, pero si actuó tratando de eludir su ocurrencia
habría imprudencia consciente... B) Para la teoría de la probabilidad, el dolo eventual
no requiere ningún elemento volitivo sino sólo el intelectivo o cognoscitivo de la
representación del resultado típico como acaecimiento eventual, de modo que si el
sujeto actúa considerando ese resultado, no solo como posible sino además como
probable, es decir con determinado grado elevado de posibilidad, lo hará con dolo
eventual, y si sólo lo considera meramente posible pero improbable, actuará con culpa
consciente o con representación, entendiendo como probabilidad algo más que la mera
posibilidad aunque menos que probabilidad predominante... C) Aunque la doctrina de
esta Sala ha seguido una y otra teoría en distintos momentos de su evolución,
actualmente su posición es favorable a una postura ecléctica. En efecto, por una parte,
una vez adoptada para la caracterización del tipo objetivo la teoría de la imputación
objetiva y ser condición de la adecuación del comportamiento a dicho tipo objetivo el
que el autor haya ejecutado una acción generadora de un peligro jurídicamente
desaprobado, obrará consecuentemente con dolo el autor que haya tenido
conocimiento de dicho peligro concreto jurídicamente desaprobado para los bienes
jurídicos, pues habrá tenido entonces el conocimiento de los elementos del tipo
objetivo. Pero por otra parte quien actúa, no obstante tal conocimiento, asume con su
decisión la producción del resultado, pues en definitiva la aceptación de éste se
encuentra implícita en el hecho de haber preferido la ejecución de la acción peligrosa a
la evitación de sus posibles consecuencias. Como señala la Sentencia de 17 de
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octubre de2001 " no se rompe del todo con la teoría del consentimiento aunque se
atenúen sus exigencias al darlo por presunto desde el momento que el autor actúa
conociendo los peligros de su acción". La posición ecléctica de esta Sala conjuga la
tesis de la probabilidad con la del consentimiento considerando que el dolo eventual
exige la doble condición de que el sujeto conozca o se represente la alta probabilidad o
riesgo serio y elevado de producción del resultado, que su acción contiene, y además
que se conforme, asuma, o acepte esa eventualidad decidiendo ejecutar la acción.
Esta orientación ecléctica ha sido recogida en numerosas Sentencias como la de
10 de febrero de 1998, 14 de mayo de 1998, 21 de junio de 1999, 21 de octubre de
2.002, 24 de mayo de 2.004 y 28 de febrero de 2.005 entre otras" ...".
Doctrina que recoge igualmente la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 2ª, de fecha
19 de octubre de 2009, al significar con vocación de síntesis: "... El conocimiento de la
posibilidad de que se produzca el resultado y la conciencia del alto grado de
probabilidad de que realmente se produzca, caracteriza la figura del dolo eventual
desde el prisma de la doctrina de la probabilidad o representación, frente a la teoría del
consentimiento que centra en el elemento volitivo, asentimiento, consentimiento,
aceptación, conformidad, o en definitiva «querer» el resultado, el signo de distinción
respecto la culpa consciente. Ambas constituyen las dos principales posiciones
fundamentadoras del dolo eventual. Esta Sala, en su evolución, ofrece un punto
evidente de inflexión en la Sentencia de 23 de abril de 1992(conocida como «caso de
la colza»), en la que se afirma que «si el autor conocía el peligro concreto jurídicamente
desaprobado y si, no obstante ello, obró en la forma en que lo hizo, su decisión
equivale a la ratificación del resultado que con diversas intensidades ha exigido la
jurisprudencia para la configuración del dolo eventual». Añade dicha sentencia que «la
jurisprudencia de esta Sala, sin embargo, permite admitir la existencia del dolo cuando
el autor somete a la víctima a situaciones peligrosas que no tiene la seguridad de
controlar, aunque no persiga el resultado típico. El dolo eventual, por lo tanto, no se
excluye simplemente por la esperanza de que no se producirá el resultado o porque
éste no haya sido deseado por el autor»... Por medio del dolo eventual, el agente se
representa un resultado dañoso, de posible y no necesaria originación y no
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directamente querido, a pesar de lo cual se acepta, también conscientemente, porque
no se renuncia a la ejecución de los actos pensados. La misma imputación deviene,
conocido el acto y sus consecuencias, con la voluntad de realizarlo y con la
probabilidad del daño directamente no deseado. Por tanto, el dolo eventual exige la
doble condición de que el sujeto conozca o se represente la existencia en su acción de
un peligro serio e inmediato de que se produzca el resultado y que, además, se
conforme con tal producción y decida ejecutar la acción asumiendo la eventualidadde
que aquel resultado se produzca. Lo que significa que, en todo caso, es exigible en el
autor la conciencia o conocimiento del riesgo elevado de producción del resultado que
su acción contiene ( SSTS 20-2-1993, 20-10-1997 y 11-2 y 18-3-1998, entre
otras)... Esta Sala ya expresó en Sentencia de 21-1-1997, que el conocimiento y la
voluntad -componentes esenciales del dolo como actitud consciente y deliberadamente
finalística de producción de un resultado dañoso o lesivo- son determinantes por su
intensidad del nivel de consentimiento que su titular presta a la acción; mas, no siempre
corren parejos con la objetiva probabilidad del resultado o con el alcance de la
actuación exterior. De ahí que quepa hablar de varias clases de dolo, efecto
clasificatorio que, si bien sirve con eficacia para discernir matices de la cromatografía
culpabilística, en modo alguno rebaja la dosis de responsabilidad que ofrece tal
espectro en la zona que no se identifica con la imprudencia ( STS de 21-6-1999).
Partiendo de tal concepción, que -por su fórmula sincrética- trata de excluir
posicionamientos monopolísticos en favor de tendencias afines al consentimiento, la
probabilidad o al sentimiento (todos ellos presentes en el campo doctrinal), debe
destacarse que la doctrina de esta Sala apunta definitivamente hacia una conformación
ecléctica de la figura del dolo eventual en la que se consignan elementos de
probabilidad y actitudes de consentimiento, conocimiento y representación que
permiten una aproximación más exacta a los últimos estímulos desencadenantes de la
actuación del agente o, lo que es lo mismo, al soporte intencional y volitivo de su acción
...".
Pudiendo citarse, finalmente, la reciente STS de fecha 25 de septiembre de 2012,
que al respecto expone: "... Como se dice en SSTS. 599/2012 de 11.7, 93/2012
de 16.2, 632/2011 de 28.6, 172/2008 de 30.4, el elemento subjetivo del delito de
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homicidio -o asesinato- no sólo es el "animus necandi" o intención específica de causar
la muerte de una persona, sino el "dolo homicida", el cual tiene dos modalidades: el
dolo directo o de primer grado constituido por el deseo y la voluntad del agente de
matar, a cuyo concreto objetivo se proyecta la acción agresiva, y el dolo eventual que
surge cuando el sujeto activo se representa como probable la eventualidad de que la
acción produzca la muerte del sujeto pasivo, aunque este resultado no sea el deseado,
a pesar de lo cual persiste en dicha acción que obra como causa del resultado
producido ( STS 415/2004, de 25-3; 210/2007, de 15-3)... Como se argumenta en la
STS de 16-6-2004, el dolo, según la definición más clásica, significa conocer y querer
los elementos objetivos del tipo penal. En realidad, la voluntad de conseguir el
resultado no es más que una manifestación de la modalidad más frecuente del dolo en
el que el autor persigue la realización de un resultado, pero no impide que puedan ser
tenidas por igualmente dolosas aquellas conductas en las que el autor quiere realizar la
acción típica, representándose la posibilidad de la producción del resultado. Lo
relevante para afirmar la existencia del dolo penal es, en esta construcción clásica del
dolo, la constancia de una voluntad dirigida a la realización de la acción típica,
empleando medios capaces para su realización. Esa voluntad se conecta en la
acreditación de la existencia de una decisión dirigida al conocimiento de la
potencialidad de los medios para la producción del resultado y en la decisión de
utilizarlos. Si además, resulta acreditada la intención de conseguir el resultado, nos
encontraremos ante la modalidad dolosa intencional en la que el autor persigue el
resultado previsto en el tipo en los delitos de resultado... Pero ello no excluye un
concepto normativo del dolo basado en el conocimiento de que la conducta que se
realiza pone en concreto peligro el bien jurídico protegido, de manera que en esta
segunda modalidad el dolo radica en el conocimiento del peligro concreto que la
conducta desarrollada supone para el bien jurídico, en este caso, la vida, pues, en
efecto "para poder imputar un tipo de homicidio a título doloso basta con que una
persona tenga información de que va a realizar lo suficiente para poder explicar un
resultado de muerte y, por ende, que prevea el resultado como una consecuencia de
ese riesgo. Es decir, que abarque intelectualmente el riesgo que permite identificar
normativamente el conocimiento del resultado y desde luego la decisión del autor está
vinculada a dicho resultado". (véase STS 1-12-2004, entre otras muchas)... Así pues,
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y como concluye la sentencia de esta Sala de 3-7-2006, bajo la expresión "ánimo de
matar" se comprenden generalmente en la jurisprudencia el dolo directo como el
eventual. Así como en el primero la acción vine guiada por la intención de causar la
muerte, en el segundo caso tal intención no puede ser afirmada, si bien en el autor
conoce los elementos del tipo objetivo, de manera que sobre el peligro concreto que
crea con su conducta para el bien jurídico protegido, a pesar de lo cual contenía su
ejecución, bien porque acepta el resultado probable o bien porque su producción le
resulta indiferente. En cualquiera de los casos, el conocimiento de ese riesgo no impide
la acción... En otras palabras, se estima que obra con dolo quien, conociendo que
genera un peligro concreto jurídicamente desaprobado, no obstante actúa y continua
realizado la conducta que somete a la víctima a riesgos que el agente no tiene la
seguridad de poder controlar y aunque no persiga directamente la causación del
resultado, del que no obstante ha de comprender que hay un elevado índice de
probabilidad de que se produzca. Entran aquí en la valoración de la conducta individual
parámetros de razonabilidad de tipo general que no puede haber omitido considerar el
agente, sin que sean admisibles por irrazonables, vanas e infundadas esperanzas de
que el resultado no se produzca, sin peso frente al más lógico resultado de
actualización de los riesgos por el agente generador... En similar dirección la STS
4-6-2011dice que el dolo supone que el agente se representa en resultado dañoso, de
posible y no necesaria originación y no directamente querido, a pesar de lo cual se
acepta, también conscientemente, porque no se renuncia a la ejecución de los actos
pensados. Lo que significa que, en todo caso, es exigible en el autor la conciencia o
conocimiento del riesgo elevado de producción del resultado que su acción contiene...
En definitiva, el conocimiento del peligro propio de una acción que supera el límite de
riesgo permitido es suficiente para acreditar el carácter doloso del comportamiento, al
permitir admitir el dolo cuando el autor somete a la víctima a situaciones que no tiene
seguridad de controlar, aunque no persigue el resultado típico... En el caso presente en
el factum se recoge que el recurrente cogió una botella de cristal y golpeó a la víctima
con ella en la cabeza de arriba hacia abajo, para acto seguido y con la misma botella
de abajo hacia arriba, realizar un giro de muñeca sobre el cuello de la víctima con tal
fuerza que le seccionó la yugular derecha, llegando incluso a dejar impreso un arañazo
con la uña de sus dedos... Resulta evidente que el acusado actuó con intención de
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matar. La previsión del resultado de muerte, elemento esencial para determinar la
concurrencia del dolo de matar, no abarca la previsión del mecanismo causal concreto
en que produjo el óbito. Basta conocer la peligrosidad de la agresión cualquiera que
sea luego la incidencia en el cuerpo humano que ocasiona directamente la muerte,
para que haya que entender que el ánimo homicida existió. Cualquier persona ha de
saber y sabe que realizar con una botella un giro de muñeca impactando de abajo a
arriba en el cuello de una persona con gran violencia puede seccionar la yugular y
producir la muerte, y si se actúa así es porque se quiere matar -dolo de primer grado- o
al menos, aceptar ese resultado para el caso de que pudiera producirse -dolo
eventual-. El ánimo de matar es un elemento interno del sujeto que, como
perteneciente a su conciencia solo puede ser acreditado generalmente mediante la
inferencia construida sobre hechos objetivos debidamente acreditados... En el caso
presente, el instrumento utilizado en la agresión, su localización o intensidad, impiden
considerar la posibilidad de su causación casual o imprudente, siendo clara la
intencionalidad de la conducta y, por tanto, su animo de matar ( STS. 319/2007 de
18.4) ...".
III.- Alevosía. Por lo que se refiere a la concreta cualificación por alevosía del nº 1
del artículo 139 , establece el citado precepto que "Será castigado con la pena de
prisión de quince a veinte años, como reo de asesinato, el que matare a otro
concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: 1.ª Con alevosía," consagrando
el artículo 22.1ª como agravante dicha circunstancia y estableciendo que "Hay alevosía
cuando el culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en
la ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla,
sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del
ofendido."
La sentencia del Tribunal Supremo de 21 de abril de 2004 ha venido a señalar que: "
Dispone el artículo 139 del Código Penal que será castigado como reo de asesinato el
que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: "1ª Con
alevosía". Y dispone el artículo 22.1ª del mismo Código que hay alevosía "cuando el
culpable comete cualquiera de los delitos contra las personas empleando en la
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ejecución medios, modos o formas que tiendan directa o especialmente a asegurarla,
sin el riesgo que para su persona pudiera proceder de la defensa por parte del ofendido
".
Continúa diciendo esta sentencia que " Decíamos en la STS nº 1214/2003, de 24
de setiembre, que "de acuerdo con esta definición legal, para apreciar la alevosía es
necesario, en primer lugar, un elemento normativo consistente en que se trate de un
delito contra las personas. En segundo lugar, que el autor utilice en la ejecución
medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para asegurarla
mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea suficiente el
convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. En tercer lugar, que el dolo del autor
se proyecte no sólo sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino
también sobre su tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la
defensa del ofendido, eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera
suponer para su persona una eventual reacción defensiva de aquél. Y en cuarto lugar,
que se aprecie una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del
modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades ( STS nº
1866/2002, de 7 noviembre )." Así" De lo antes expuesto se entiende que la esencia de
la alevosía se encuentra en la existencia de una conducta agresora que tienda
objetivamente a la eliminación de la defensa. Como señalábamos en la STS nº
1890/2001, de 19 de octubre , el núcleo de la alevosía se encuentra en el
aniquilamiento de las posibilidades de defensa; o bien en el aprovechamiento de una
situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes ( STS nº 178/2001, de 13 de
febrero ). Una de las modalidades de ataque alevoso es el realizado por sorpresa, de
modo súbito e inopinado, imprevisto, fulgurante y repentino ( STS nº 382/2001, de 13
de marzo y las que se citan en ella). En estos casos es precisamente el carácter
sorpresivo de la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no
espera el ataque difícilmente puede prepararse contra él, al menos en la medida de lo
posible. Esta modalidad de la alevosía es apreciable en los casos en los que se ataca
sin previo aviso. También reviste este carácter cuando, aun habiendo mediado un
enfrentamiento, se produce un cambio cualitativo en la situación ( STS nº 178/2001,
de 13 de febrero , ya citada), de modo que esa última fase de la agresión, con sus
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propias características, no podía ser esperada por la víctima en modo alguno en
función de las concretas circunstancias del hecho ".
También señala dicha resolución que " ha de recordarse que la alevosía no requiere
que la eliminación sea efectiva, bastando la idoneidad objetiva de los medios, modos o
formas utilizados y la tendencia a conseguir tal eliminación. Y finalmente, respecto a la
intención del acusado acerca de la indefensión, nada indica que no fuera
suficientemente consciente de las características de su acción, de su naturaleza
sorpresiva y de los efectos que tal forma de proceder producían en las posibilidades de
defensa de la víctima ".
Y la de 20 de diciembre de 2006 que: "El asesinato, palabra cuyo origen
etimológico está curiosamente ligado al término árabe "haschís", tan de actualidad
ahora porque con él se designa uno de los modos de preparación de la droga derivada
del cáñamo indico o "Cannabis Sativa", tiene precisamente su más caracterizada
modalidad en la llamada muerte aleve o a traición, recogida ya de antiguo en diversos
fueros municipales, en el Fuero Real y luego en Las Partidas, apareciendo ligada a la
tradición caballeresca de la Edad Media como la modalidad más grave del homicidio en
contraposición a aquel que se producía cara a cara y en desafío .".
Continúa diciendo la citada resolución que " El asesinato en su modalidad alevosa se
encuentra presente en todos nuestros Códigos Penales, desde el primero de 1.822
hasta el texto ahora vigente, aunque extrañamente desapareció la palabra asesinato
del de 1.848 ".
Y que " En el Código Penal vigente, en el art. 22.1º, la alevosía se encuentra
expresamente delimitada en su ámbito de aplicación a los delitos contra las personas,
concretándose como la primera de las circunstancias que cualifican el asesinato en el
art. 139 de dicho código. Aparece definida por la utilización de medios, modos o formas
de ejecución que aseguran la realización del delito porque no existe riesgo para el
sujeto activo del hecho que procediera de la defensa que pudiera hacer el ofendido. Es
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decir, el núcleo del concepto de alevosía se halla en una conducta que tiene por
finalidad eliminar las posibilidades de defensa por parte del sujeto pasivo.
Tal eliminación de posibilidades de defensa puede derivarse de la manera de
realizarse la agresión, bien de forma proditoria o aleve, cuando se obra en emboscada
o al acecho a través de una actuación preparada para que el que va a ser la víctima no
pueda apercibirse de la presencia del atacante o atacantes hasta el momento mismo
del hecho, bien de modo súbito o por sorpresa, cuando el agredido, que se encuentra
confiado con el agresor, se ve atacado de forma rápida e inesperada. También puede
haber alevosía como consecuencia de la particular situación de la víctima, ya por
tratarse de persona indefensa por su propia condición (niño, anciano, inválido, ciego,
etc.), ya por hallarse accidentalmente privada de aptitud para defenderse (dormida,
drogada, sin conocimiento, anonadada, etc.). "
Así " En todos estos supuestos existe una mayor peligrosidad y culpabilidad en el
autor del hecho, que revela en este modo de actuar un ánimo particularmente ruin,
perverso, cobarde o traicionero (fundamento subjetivo) y también una mayor
antijuridicidad por estimarse más graves y más lesivos para la sociedad este tipo de
comportamientos en que no hay riesgos para quien delinque (fundamento objetivo).
Asimismo, ha de ponerse de relieve la particular significación que tiene el dolo en
esta forma peculiar de asesinato, al ser necesario que el conocimiento y la voluntad del
autor del delito abarque no sólo el hecho de la muerte, sino también el particular modo
en que la alevosía se manifiesta, pues el sujeto ha de querer el homicidio y ha de
querer también realizarlo con la concreta indefensión de que se trate, requisito que ha
de concurrir en este delito como en cualquier otro de carácter doloso, que aparece
recogido en el texto legal con la expresión "tiendan directa y especialmente a
asegurarla".
En estos términos se viene manifestando con reiteración la doctrina de esta Sala
(Sentencias de 9-2-89 , 19-4-89 , 26-10-89 , 24- 11-89, 23-1-90 , 28-2-90 ,
29-6-90 , 22-9-90 , 15-10-90 , 19-1-91 , 15-4-91 , 22-7-91 y 18-10-91 , 15-2-93
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, 8-3-94 , 10-6-94 , 3-2- 95 , 6-4- 95 , 6.5.1996 , 7.2.1997 , 17.9.98 ,
24.9.1999 , 19.5.2000 , 31.12.2001 , 9.12.2002 , 26.9.2003 , 24.2.2004 ,
13.10.2004 , 2.11.2004 , 7.12.2005 y 19.5.2006 , entre otras muchas) ."
Por otra parte, la reciente STS de fecha 11 de julio de 2012, nos recuerda que: "...
Respecto a la concurrencia de la alevosía en STS 632/2011, de 28-6, explica que el
TS viene aplicando la alevosía a todos aquellos supuestos en los que el modo de
practicarse la agresión queda de manifiesto la intención del agresor o agresores de
conectar el delito eliminando el riesgo que pudiera proceder de la defensa que pudiera
hacer el agredido, es decir, la esencia de la alevosía como circunstancia constitutiva
del delito asesinato (art. 139-1) o como agravante ordinaria en otros delitos contra las
personas (art. 22-1), radica en la inexistencia de probabilidades de defensa por parte
de la persona atacada... En cuanto a su naturaleza, aunque esta Sala unas veces ha
destacado su carácter subjetivo, lo que supone mayor culpabilidad, y otras su carácter
objetivo, lo que implica mayor antijuricidad, en los últimos tiempos, aun admitiendo su
carácter mixto, ha destacado su aspecto predominante objetivo pero exigiendo el plus
de culpabilidad, al precisar una previa escogitación de medios disponibles, siendo
imprescindible que el infractor se haya representado su modus operandi suprime todo
eventual riesgo y toda posibilidad de defensa procedente del ofendido y desea el
agente obrar de modo consecuencia a la proyectado y representado... En definitiva, en
síntesis, puede decirse que la alevosía es una circunstancia de carácter
predominantemente objetivo que incorpora un especial elemento subjetivo, que dota a
la acción de una mayor antijuricidad, denotando todo riesgo personal, de modo que el
lado de la antijuricidad ha de apreciarse y valorarse la culpabilidad ( STS 16-10-96) lo
que conduce a su consideración como mixta ( STS 28-12-2000)... En cuanto a la
"eliminación de toda posibilidad de defensa de la víctima debe ser considerada desde
la perspectiva de su real eficacia, siendo compatible con intentos defensivos ínsitos en
el propio instinto de conservación" ( STS. 13.3.2000). Por ello, esta Sala arrancando de
la definición legal de la alevosía, refiere invariablemente la concurrencia de los
siguientes elementos ( SSTS. 155/2005 de 15.2, 375/2005 de 22.3):
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a) En primer lugar, un elemento normativo. La alevosía solo puede proyectarse a los
delitos contra las personas.
b) En segundo lugar, un elemento objetivo que radica en el "modus operandi", que
el autor utilice en la ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente
adecuados para asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin
que sea suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad.
c) En tercer lugar, un elemento subjetivo, que el dolo del autor se proyecte no sólo
sobre la utilización de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su
tendencia a asegurar la ejecución y su orientación a impedir la defensa del ofendido,
eliminando así conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona
una eventual reacción defensiva de aquél. Es decir el agente ha de haber buscado
intencionadamente la producción de la muerte a través de los medios indicados, o
cuando menos, aprovechar la situación de aseguramiento del resultado, sin riesgo.
d) Y en cuarto lugar, un elemento teleológico, que impone la comprobación de si en
realidad, en el caso concreto, se produjo una situación de total indefensión, siendo
necesario que se aprecie una mayor antijuricidad en la conducta derivada precisamente
del modus operandi, conscientemente orientado a aquellas finalidades ( STS.
1866/2002 de 7.11).
De lo antes expuesto se entiende que la esencia de la alevosía se encuentra en el
aniquilamiento de las posibilidades de defensa; o bien en el aprovechamiento de una
situación de indefensión, cuyos orígenes son indiferentes ( STS. 178/2001 de 13.2).
Entre las distintas modalidades ejecutivas de naturaleza alevosa, esta Sala por
ejemplo S. 49/2004 de 22.1, viene distinguiendo: a) alevosía proditoria, equivalente a la
traición y que incluye la asechanza, insidia, emboscada o celada, situaciones en que el
sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima en momento y lugar que aquélla no
espera. b) alevosía súbita o inopinada, llamada también "sorpresiva", en la que el
sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no descubre sus intenciones y
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aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma imprevista, fulgurante y
repentina. En estos casos es precisamente el carácter sorpresivo de la agresión lo que
suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque difícilmente puede
prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la medida de lo
posible. c) alevosía de desvalimiento, que consiste en el aprovechamiento de una
especial situación de desamparo de la víctima, como acontece en los casos de niños
de corta edad, ancianos debilitados, enfermos graves o personas invalidas, o por
hallarse accidentalmente privada de aptitud para defenderse (dormidas, drogada o
ebria en la fase letárgica o comatosa). En estos casos, hay una mayor peligrosidad y
culpabilidad en el autor del hecho, que revela con estos comportamientos un animo
particularmente ruin, perverso, cobarde o traicionero (fundamento subjetivo) y también
una mayor antijuricidad por estimarse más graves y más lesivas para la sociedad este
tipo de conductas en que no hay riesgo para quien delinque (fundamento objetivo). De
lo antes expuesto, se entiende que la esencia de la alevosía se encuentra en la
existencia de una conducta agresiva, que tienda objetivamente a la eliminación de la
defensa. Como señala la STS. 19.10.2001, es precisamente el carácter sorpresivo de
la agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque
difícilmente puede prepararse contra él, al menos en la medida de lo posible. Esta
modalidad de la alevosía es apreciable en los casos en los que se ataca sin previo
aviso.
(...) Hay alevosía, en su modalidad de sobrevenida en al acción de seguir golpeando
a la víctima ya en el suelo semiinconsciente, y por tanto, totalmente desvalida. El
acusado golpeó y tiró a un colchón a la víctima, continuando pegándole patadas en la
cabeza, cuando estaba totalmente a su merced. La alevosía sobrevenida aparece en al
acción de seguir golpeando estando inconsciente y sin oportunidad de respuesta
defensiva -hay aplicación individualizada de la agravante -dice la STS 1346/2005, de
21-10- a un segmento de la agresión, aquella que comienza con la pérdida de
conocimiento de la víctima... La conducta ha de ser alevosa desde el momento mismo
de la acción, sin embargo ello no obsta a que, iniciada una acción delictiva con carácter
alevoso, se inicie después otra distinta contra el mismo sujeto en que puede apreciarse
una alevosía sobrevenida ( STS 147/2007, de 19-2). La alevosía puede aparecer en el
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desarrollo del ataque si éste es capaz de alguna forma de individualizase en un nuevo
contexto de indefensión creada o buscada por el agresor. Hay alevosía en supuestos
de indefensión sobrevenida, que reproduce en ciertos casos aun cuando en el
comienzo de la agresión no se halla presente esta agravante, siempre que en una
segunda secuencia de la actuación del autor, el ataque se reanuda aprovechando éste
la indefensión en que se encuentra la víctima ( STS 243/2004, de 24-2; 306/2005, de
8-3; 880/2007, de 2- 11; 550/2008, de 18-9; 640/2008, de 8-10; 790/2008, de
18-11) ...".
« En el presente caso, más allá de la etiqueta con la que la alevosía pueda resultar
calificada -el Tribunal a quo se refiere a la modalidad proditoria-, lo cierto es que el
carácter inesperado, súbito, sin capacidad de reacción para la víctima, está
inequívocamente presente en esa descripción fáctica. Incluso, los momentos previos al
ataque son descritos sin referencia alguna a discusiones ni tensión que pudieran
anticipar la tragedia. No faltan precedentes en esta Sala en los que la significación
alevosa de la agresión se enriquece a la vista de la existencia de una especial relación
de confianza proveniente de la convivencia, generadora para la víctima de su total
despreocupación respecto de un eventual ataque que pudiera tener su origen en
acciones del acusado (cfr. SSTS 1284/2009, 10 de diciembre y 86/1998, 15 de abril).
Concurrió alevosía, el delito fue certeramente calificado por los Jueces de instancia y,
por tanto, procede la desestimación de los motivos primero y segundo ( arts. 884.3 y 4
y 885.1 LECrim). » (STS 2ª-08/07/2011).
Finalmente, en relación a la compatibilidad del dolo eventual y la alevosía, la STS
2ª-12/05/2009 , nos recuerda que "... No es obstáculo que la muerte lo fuese con dolo
eventual: esta Sala se pronunció por la incompatibilidad con la alevosía en algunas
Sentencias como las Sentencias 1245/95 de 5 de diciembre, 219/96, de 15 de
marzo; 1043/96 de 19 de diciembre y 861/97 de 11 de junio. Posteriormente, sin
embargo, ha consolidado la doctrina de la compatibilidad entre la intención dolosa
meramente eventual y la alevosía: concretamente la Sentencia 466/2007 de 24 de
mayo citada por la acusación particular en su recurso declara que la incompatibilidad
entre alevosía y dolo eventual ya no es el criterio que viene manteniendo
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reiteradamente la más reciente jurisprudencia de esta Sala. Y añade, con referencia a
Sentencias anteriores que en la Sentencia 119/2004, de 2 de febrero se declara que
no hay ninguna incompatibilidad ni conceptual ni ontológica en que el agente trate de
asegurar la ejecución evitando la reacción de la víctima -aseguramiento de la
ejecución- y que al mismo tiempo continúe con la acción que puede tener como
resultado de alta probabilidad la muerte de la víctima, la que acepta en la medida que
no renuncia a los actos efectuados. En esa misma línea se pronuncian las Sentencias
415/2004, de 25 de marzo, 514/2004, de 19 de abril y 653/2004 24 de mayo. Esta
última declara que de los hechos probados no se deduce con racional certeza la
intención directa de matar, pero se infiere con lógica que el acusado conocía
suficientemente el grandísimo peligro generado por su acción, que ponía en grave
riesgo la vida de dos personas, prefiriendo de manera consciente la ejecución peligrosa
del incendio a la evitación de sus posibles consecuencias, y añade que la agravante
específica de alevosía, 1ª del artículo 139 del Código Penal, es compatible con el dolo
eventual, de acuerdo con una jurisprudencia amplia y constante de esta Sala sostenida
por sentencias recientes, aunque la cuestión es ardua y ha sido debatida y cuestionada
en algunos pronunciamientos de la propia Sala. Ha afirmado la compatibilidad, entre
otras, las sentencias 2615/93 de 20 de diciembre, 975/96 de 21 de enero de 1997,
1006/99 de 21 de junio, 1011/2001 de 4 de junio, 1804/2002 de 31 de octubre y
71/2003 de 20 de enero, citando las dos últimas a las cuatro primeras. En la misma
línea la sentencia 1010/2002 de 3 de junio estableció que "en el delito de asesinato
alevoso el dolo eventual respecto del resultado es suficiente para la realización del tipo"
(F.J. 2º). La definición legal de la alevosía, tanto en el Código actual como en el
derogado, hace referencia a asegurar la indefensión como recordaba la sentencia
citada de 21 de junio de 1999 que estimó la existencia de la agravante con
independencia de que el autor tuviera intención directa de matar o, simplemente, la
aceptara como consecuencia de su acción. Y en la más reciente sentencia
1007/2006, de 10 de octubre), igualmente se pronuncia por la compatibilidad.. .", en
igual sentido, entre otras, las SSTS de fecha 10 de junio de 2009, o, la de fecha 4 de
julio de 2012.
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IV.- Delito consumado de asesinato, previsto y penado en el artículo 139.1º del
Código Penal. Sentadas las anteriores consideraciones, en el presente caso, y, con
relación a la víctima don Higinio, concurren los anteriores elementos, a la vista de los
datos recogidos en el apartado relativo a la valoración fáctica, toda vez que la acción
ejecutada por el acusado en la forma que se ha explicitado iba dirigida a causar la
muerte de Higinio, existiendo, por ello tanto la acción de matar, el resultado de muerte,
la relación de causalidad entre la acción y el resultado, como el elemento subjetivo o
"animus necandi".
En efecto, en el presente caso concurren todos los elementos conformadores del
citado tipo penal:
1.- Elemento dinámico, consistente en una acción de matar a una persona, en el
caso de autos, la agresión consistente en asestar diversas cuchilladas el acusado en
diversas y múltiples partes de la anatomía de la víctima, don Higinio, interesando sobre
todo al tórax y ambas extremidades superiores.
2.- La existencia de un resultado de muerte: en este sentido, según se deduce de los
datos obtenidos de la pericial médico forense practicada en el acto del Juicio Oral, se
trata de una muerte violenta cuya causa inmediata fue la parada cardio respiratoria por
Shock Hemorrágico/Anoxia por Neumotórax Bilateral, resultando su causa fundamental
la agresión física/heridas torácicas por arma blanca.
3.- Relación de causalidad entre la acción comisiva y el resultado dañoso, en cuanto
que la muerte de Higinio trae su causa directa de la agresión de que fue objeto por el
acusado Sr. Abel, de modo que el resultado de muerte causado es objetivamente
imputable a la conducta ilícita del acusado, puesto que con ella generó un riesgo para
el bien jurídico tutelado por la norma penal (la vida de la víctima) que finalmente se
materializó en la muerte causada.
En efecto, el ataque dirigido contra la víctima por parte del acusado era eficaz para
ocasionar la muerte, según se desprende de los datos obtenidos de la pericial médico
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forense practicada en el acto del Juicio Oral, explicada con precisión, claridad y
contundencia por los médicos forenses autores de la misma, atendida la cantidad y
características de las heridas, así como de la región corporal en la que las mismas se
encuentran. A este respecto, se ha de tener presente que el acusado le clavó el
cuchillo a la víctima en numerosas ocasiones, debiendo puntualizarse que los datos
objetivos obrantes en la causa permiten inferir razonablemente que el acusado perpetró
la agresión mediante un cuchillo de 29,5 cm de largo total, con una hoja acabada en
punta de 16,5 cm de largo y 2,3 cm de ancha, con mango blanco con dibujo de una
Calavera, pues en el mismo fueron hallados restos de sangre pertenecientes a la
víctima, no pudiendo descartarse que el acusado emplease también el cuchillo con el
escudo del FC Barcelona, de 23 cm de largo total, y, hoja de sierra de 12 cm de largo y
1,3 cm de ancha, pues en el mismo fueron objetivados restos de sangre con un perfil
autosómico compatible con una mezcla de ADN de al menos tres personas, siendo así
que ambos cuchillos fueron localizados en el lugar de los hechos y que la víctima
presentaba numerosas heridas por arma blanca de diversa naturaleza y en ambos
lados de la anatomía de la víctima, a quien el acusado llegó a causar hasta treinta
lesiones, localizándose, cuanto menos, una cuchillada en el mentón, dos en la zona
axilar, cinco en la región torácica y ocho en las extremidades superiores, siendo
algunas de estas heridas mortales de necesidad al provocar las causas inmediatas de
la muerte, esto es, la hemorragia en la cavidad torácica, causante del shock
hemorrágico, y, el neumotórax bilateral causante de la anoxia.
Así, los forenses significaron que las heridas localizadas en las extremidades
superiores, eran claramente de defensa, tanto para esquivar cuchilladas como para
intentar asir el arma blanca, e, incluso, como para intentar anteponer sus ligaduras y
que fueran cortadas en algunas de la puñaladas recibidas. Sin embargo, las heridas
que penetraron en ambas cavidades torácicas produjeron lesiones que en definitiva
fueron mortales de necesidad, tales como la lesión nº11: consistente en una herida
con trayecto de izquierda a derecha, prácticamente transversal, de unos 8 cm de
profundidad, pinchando directamente la cúpula diafragmática; y, la nº 12: consistente
en herida situada en la zona lateral del hipocondrio izquierdo, penetra en cavidad
torácica abdominal sin lesión de vísceras. Y, particularmente, la lesión número 6,
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consistente en una herida situada a nivel torácico derecho, que atraviesa la piel y el
tejido subcutáneo, produciendo una fractura limpia, sin esquirlas, de la costilla nº7,
penetrando en la cavidad torácica, afectando al vaso principal del hilio pulmonar,
llegando a alcanzar la cara lateral externa de la tráquea, sin perforarla, teniendo una
profundidad aproximada de 18.5-19 cm., herida ésta que provocó un neumotórax y un
hemotórax derecho con 900 cc de sangre; y, la lesión número 13, consistente en una
herida situada a nivel de la unión del hipocondrio-pericordio izquierdo, que penetró en
cavidad abdominal, atravesando el pilar diafragmático anterior izquierdo y terminó en la
parte posterior diafragmática, penetrando otra vez en el tórax y atravesando la lengüeta
del lóbulo inferior del pulmón izquierdo y tocando la pared posterior del tórax,
determinando un ojal de 3.5 cm en la cara interna de la pared posterior de la parrilla
costal izquierda, si bien se aprecia otro ojal contiguo al anterior y entrecruzado y otro en
la zona lateral de esta pared posterior, todo ello con una profundidad aproximada de
14.5cm. Dentro de la cavidad abdominal la herida atraviesa la lengüeta hepática, cara
externa del estómago y pilar posterior diafragmático, perfora el lóbulo inferior pulmonar
en tres ocasiones contactando con la cara interna de la pared posterior de la parrilla
intercostal, provocando un neumotórax izquierdo y un hemotórax de 200cc. Es de
resaltar que los forenses encontraron en la cavidad torácica unas cantidades de sangre
bastante voluminosas, que conjuntamente superaron los mil cc de sangre, a la que
habría de adirse la importante cantidad de sangre que la víctima perdió en el lugar de
los hechos, siendo así que a la hemorragia de ambas cavidades, se aúna el
neumotórax bilateral, esto es, el colapso de los pulmones cuando se produce una
entrada de aire en la cavidad pleural. Ambos fenómenos, hemorragia en la cavidad
torácica y neumotórax bilateral, produjeron efectos mortales en la víctima por
compromiso de las funciones vitales tanto cardio circulatorias como respiratorias,
siendo dichas lesiones mortales de necesidad, siendo muestra evidente de la eficacia
del ataque perpetrado por el acusado la inmediata muerte de la víctima en el lugar de
los hechos, pues cuando los primeros vecinos y sanitarios se personaron en el rellano
de la escalera, Higinio ya yacía muerto. A este respecto, los médicos forenses
destacaron la virulencia y la gravedad de la lesión número seis, por cuanto la misma
tocó un vaso importantísimo, el hilio pulmonar, lo que supone la muerte segura, siendo
muestra de la violencia con la que se clavó el cuchillo el que se produjese la fractura
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limpia de la costilla número siete, evidenciando, por lo demás, la lesión número trece,
que con el cuchillo dentro del cuerpo, se sacó y se volvió a introducir hasta en tres
ocasiones, denotando el propósito del agresor de asegurar la muerte de la víctima
como se verá acto seguido.
4.- Elemento subjetivo o "animus necandi", elemento que indudablemente concurre
en el caso enjuiciado, pues en una agresión como la descrita en la narración fáctica de
la presente sentencia, producida de un modo consciente e intencional, la adecuación
entre la culpabilidad del agente y el resultado mortal es evidente, en cuanto que la
causación de tal resultado entra dentro de los términos de la probabilidad del acto y fue
cuando menos aceptado por el autor al elegir el medio empleado para la agresión y la
zona del cuerpo contra la que dirigió el ataque; ninguna duda cabe, pues, de que con
su actuación el acusado ha creado, consciente y voluntariamente, un riesgo
jurídicamente desaprobado que se concreta en el resultado producido del que debe
responder el autor de la acción que directa y causalmente ha generado dicho resultado.
En efecto, de todas las circunstancias expuestas se puede deducir, como conclusión
lógica y razonable, que el autor del hecho pretendió causar la muerte de Higinio, tanto
porque esa fuera su intención directa, como porque aceptara la posibilidad de que ello
ocurriera por la gravedad de las heridas que pudiera causar, de forma que el sujeto
activo actuó guiado al menos por un dolo eventual, desde el momento en que
necesariamente tuvo que representarse el resultado mortal como algo probable,
consecuencia del alto riesgo creado con su acción, además consentido y asumido. Esto
es el acusado, con "animus necandi" practicó los actos de ejecución que objetivamente
deberían producir como resultado la muerte de Higinio, como así fue, ánimo de matar
que se infiere razonablemente de una pluralidad de datos objetivos como lo son, a
saber: 1.- El empleo de un arma apta para causar heridas mortales, pues, como antes
se dijo, los datos objetivos obrantes en la causa permiten inferir razonablemente que el
acusado perpetró la agresión mediante un cuchillo de 29,5 cm de largo total, con una
hoja acabada en punta de 16,5 cm de largo y 2,3 cm de ancha, con mango blanco con
dibujo de una Calavera, pues en el mismo fueron hallados restos de sangre
pertenecientes a la víctima, no pudiendo descartarse que el acusado emplease también
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el cuchillo con el escudo del FC Barcelona, de 23 cm de largo total, y, hoja de sierra de
12 cm de largo y 1,3 cm de ancha, pues en el mismo fueron objetivados restos de
sangre con un perfil autosómico compatible con una mezcla de ADN de al menos tres
personas, siendo así que ambos cuchillos fueron localizados en el lugar de los hechos
y que la víctima presentaba numerosas heridas por arma blanca de diversa naturaleza
y en ambos lados de la anatomía de la víctima; en cualquier caso, ambos cuchillos,
aisladamente considerados, son aptos, sin duda, para causar heridas mortales. 2.- El
lugar o zona del cuerpo hacia donde se dirigió la acción ofensiva, por cuanto el
acusado eligió zonas vitales, pues al margen de las heridas de naturaleza defensiva
localizadas en las extremidades superiores, la acción ofensiva se dirigió hacia la zona
torácica, habiendo causado cuanto menos dos heridas en la zona axilar y cinco en la
región torácica. 3.-La insistencia y reiteración de los actos atacantes, el número y
violencia e intensidad de los golpes, pues el acusado llegó a asestar cuchilladas a la
víctima que le causaron treinta lesiones, debiendo destacarse las causadas en la
cavidad torácica, y, de entre ellas, como antes se dijo, la lesión número 6 y la lesión
número 13, revelando ambas la intensidad y virulencia de las cuchilladas asestadas
pues la primera llegó a causar una fractura limpia, sin esquirlas, de la costilla nº7, y,
penetró en la cavidad torácica, afectando al vaso principal del hilio pulmonar, llegando
a alcanzar la cara lateral externa de la tráquea, sin perforarla, teniendo una profundidad
aproximada de 18.5-19 cm., y, la segunda, amén de la profundidad (14,5 cm) y
pluralidad de zonas afectadas, presentaba tres ojales distintos, de modo que con el
cuchillo dentro del cuerpo, se sacó y se volvió a introducir hasta en tres ocasiones,
denotando ello el propósito del agresor de asegurar la muerte de la víctima. Y, 4.- La
conducta posterior observada por el acusado desatendiéndose del alcance de sus
actos, alejándose del lugar, persuadido de la gravedad y transcendencia de los
mismos, pues el acusado lejos de procurar atender a la víctima se marchó del lugar de
los hechos, desentendiéndose del mismo.
A estos cuatro principales datos, cabría añadir la concurrencia de otros que
evidencian el inicial propósito del acusado, cuales son, el dato de que la noche
inmediatamente anterior a los hechos uno de sus hermanos se dirigiese al domicilio de
la víctima para comunicarle que el acusado le tenía una sorpresa, lo que denota la
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ideación precedente de la agresión por parte del acusado; así mismo, las
circunstancias espacio temporales en que los hechos acontecieron, por cuanto el
acusado tenía una especial relación de confianza y amistad con la víctima, hasta el
punto de haber acudido en numerosas ocasiones anteriores a su domicilio llegando a
haber pernoctado en alguna ocasión, de modo que el acusado era sabedor de que la
víctima convivía con su padre, don Isidoro, así como que éste trabaja desde temprana
hora de la mañana, habiendo acudido el acusado al domicilio de la víctima
precisamente en horas de la mañana sabedor, pues, de que en el domicilio no se
encontraría el padre de Cristhian; en relación con lo anterior se ha de tener presente el
perfecto conocimiento que el acusado tenía de la afición de la víctima por las armas
blancas y de la existencia de varias en su habitación; denota igualmente el propósito
del acusado, el juego propuesto a la víctima, juego al que él había jugado en
numerosas ocasiones anteriores, según él mismo reconoció, y, nunca antes con la
víctima, y en cuyo decurso ató con fuerza las manos a la víctima, sin duda, buscando
con ello una situación de desvalimiento que le impidiese del inminente ataque que
pretendía efectuar tanto a su novia como a él mismo; y, por último, no se puede obviar
que el acusado, una vez en el interior de la habitación en que se encontraba junto con
las dos víctimas, una de ellas con las manos atadas, corrió las cortinas cerrándolas,
todo ello con la finalidad de evitar ser visto por la ventana por posibles vecinos.
Con todos esos datos queda patentizado un irrefutable "animus necandi", pues las
características y condiciones de la acción agresora permitían augurar, con alto grado
de probabilidad, el resultado letal, lo que no impidió llevar a término la acción
emprendida con aceptación de sus consecuencias. La intención homicida, por tanto, es
imputable a título de dolo, pues es claro que teniendo en cuenta el instrumento, modo y
lugar de efectuar la agresión, que según los dictámenes periciales, eran aptos para
producir la muerte, ese resultado mortal fue eventualmente esperado, asumido y
aceptado por su autor.
Por lo demás, también concurre la alevosía. En efecto, se ha de tener presente que
los hechos se desenvuelven en el marco de la existencia de una especial relación de
confianza proveniente de la duradera relación de amistad que unía a la víctima con su
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agresor, generadora para la víctima de su total despreocupación respecto de un
eventual ataque que pudiera tener su origen en acciones del acusado. Muestra de ello
es que la víctima deja entrar al acusado a su domicilio, lo recibe en ropa interior y
conversa con él amigablemente durante un rato, y, señaladamente, accede a participar
en el juego que el acusado le propone, dejándose atar con fuerza las manos, maniobra
mediante la cual el acusado, por lo demás, crea una situación de desamparo de la
víctima, de desvalimiento, por hallarse prácticamente privado de aptitud para
defenderse a sí mismo y a su novia. Y estas circunstancias, especial relación de
confianza generadora para la víctima de su total despreocupación respecto de un
eventual ataque que pudiera tener su origen en acciones del acusado y privación de la
víctima de la aptitud para defenderse al encontrarse fuertemente maniatado, lo que el
acusado logró precisamente a tenor de dicha confianza, el acusado las aprovecha para
abalanzarse sorpresivamente, de forma repentina e inopinada, cuando se encontraba
de espaldas, sobre la novia de la víctima, aprovechando además, la ventaja que le
proporcionaba su propia constitución física y fortaleza que junto a la sorpresa de su
inesperado asalto impidió cualquier reacción evasiva o de huída de la víctima Ruth,
cercenando de tal modo cualquier posibilidad de auxilio a la víctima Higinio, contra el
que el acusado se abalanza a continuación, aprovechando la sorpresa de su asalto
inesperado y la imposibilidad de defenderse al hallarse fuertemente maniatado, para
propinarle múltiples cuchilladas, siendo muestra evidente de la situación de
desvalimiento en que se encontraba la víctima la constatación de diversas heridas de
carácter defensivo reveladoras de la futilidad de los vanos intentos de la víctima de
defenderse de su agresor.
La forma de ataque así definida tiene perfecto encuadre en la circunstancia
agravante de alevosía, ya que el acusado aprovechó una situación de evidente
indefensión de su víctima, quien no podía esperar el sorpresivo ataque, circunstancia
ésta conocida y querida por el agresor, que inició inmediatamente la agresión,
consciente de la ventaja que la situación le ofrecía.
V.- Delito de asesinato en grado de tentativa, previsto y penado en los
artículos 139.1º y 16 del Código Penal. Así mismo, en el presente caso, y, con
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relación a la víctima doña Ruth, concurren los anteriores elementos, a la vista de los
datos recogidos en el apartado relativo a la valoración fáctica, toda vez que la acción
ejecutada por el acusado en la forma que se ha explicitado iba dirigida a causar la
muerte de Ruth.
En efecto, en el presente caso concurren todos los elementos conformadores del
citado tipo penal, por cuanto, primero, concurre un elemento dinámico consistente en
una acción que daña o menoscaba la integridad física o la salud física o psíquica de
una persona, en el caso de autos, la agresión consistente en asestar diversas
cuchilladas el acusado en diversas y múltiples partes de la anatomía de la víctima,
doña Ruth, dispersas por tórax y abdomen y en el miembro superior izquierdo.
Segundo, se constata la existencia de un resultado lesivo: a consecuencia de estos
hechos Ruth sufrió lesiones consistentes en hemoneumotórax izquierdo, lesión de
mama izquierda, hemoperitoneo, laceración hepática, laceración esplénica, hematoma
en retroperitoneo sin afectación de riñones ni de vías urinarias, lesión neurológica del
plexo lumbar derecho, perforación intestinal y de estómago, deserosamiento del sigma
y fractura del cuarto metacarpiano de la mano derecha. Dichas lesiones
comprometieron gravemente la vida de Ruth, habiendo precisado para su sanidad de
un inmediato ingreso hospitalario, intervención quirúrgica de urgencias para hemostasia
de las lesiones viscerales y sutura de las heridas cutáneas, y, otras medidas tales
como expansores de plasma, transfusiones de concentrados de hematíes,
exploraciones radiológicas y urológicas, tratamiento con analgésicos, antibióticos,
reposo, rehabilitación, apoyo psicológico con medicación sedante, e, inmovilización de
fractura de la mano derecha. Las lesiones de Ruth quedaron estabilizadas el
14/2/2012, habiendo estado impedida para el ejercicio de sus tareas habituales durante
217 días, siendo 8 de ellos por ingreso hospitalario, quedando secuelas consistentes
en:
-paresia del nervio femoral derecho
-trastorno de estrés postraumático
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-daño estético por numerosas cicatrices (19) repartidas por tronco y extremidad
superior izquierda, cuyas características son:
· cicatriz en el cuadrante superointero de la mama derecha de 1,5 cm, muy notoria
· dos cicatrices en zona periaerolar de la mama izquierda de 3 cm cada una de ellas,
muy notorias
· cicatriz en cuadrante superointerno de la mama izquierda de 2 cm, muy notoria
· cicatriz en el tercio medio del borde externo del brazo izquierdo de 4x2 cm, irregular
en forma de "L" y muy notoria
· cicatriz en el tercio medio de la unión del borde externo con la cara anterior del
brazo izquierdo de 2,5 cm, notoria
· cicatriz en el tercio proximal de la cara posterior del antebrazo izquierdo de 4,5 cm,
notoria
· cicatriz contigua a la anterior de 2,5 cm, notoria
· cicatriz en el tercio distal de la cara anterior del antebrazo izquierdo de 4,5 cm,
notoria e irregular
· cicatriz en el borde externo de la región tenar de la mano izquierda de 1,5 cm,
notoria
· cicatriz quirúrgica por laparotomía media supraumbilical de 15 cm, muy notoria
· dos cicatrices paraumbilicales de 3 cm cada una de ellas
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· cicatriz en flanco derecho de 2,5 cm, notoria
· cicatriz en hipocondrio derecho de 1,5 cm, notoria
· cicatriz en zona paralumbar-flanco derecho de 2 cm, notoria
· cicatriz en cadera derecha de 3,5 cm, notoria
· cicatriz en costado izquierdo inmediatamente por debajo del hueco axilar de 3 cm,
notoria
· cicatriz en flanco izquierdo de 3x1,5 cm, notoria
· cicatriz en costado izquierdo de 2 cm, notoria
· cicatriz en región inginal izquierda de 2 cm, notoria
Finalmente, concurre la relación de causalidad entre la acción comisiva y el resultado
dañoso, en cuanto las lesiones sufridas por Ruth traen su causa directa de la agresión
de que fue objeto por el acusado Abel, siendo el resultado lesivo causado
objetivamente imputable a la conducta ilícita del acusado, puesto que con ella generó
un riesgo para el bien jurídico tutelado por la norma penal (la vida, la salud e integridad
física de la víctima) que finalmente se materializó en las lesiones causadas, debiendo
concluirse que también concurre el elemento subjetivo o "animus necandi", elemento
que indudablemente concurre en el caso enjuiciado.
En efecto, de todas las circunstancias concurrentes se puede deducir, como
conclusión lógica y razonable, que el autor del hecho pretendió causar la muerte de
Ruth, tanto porque esa fuera su intención directa, como porque aceptara la posibilidad
de que ello ocurriera por la gravedad de las heridas que pudiera causar, de forma que
el sujeto activo actuó guiado al menos por un dolo eventual, desde el momento en que
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necesariamente tuvo que representarse el resultado mortal como algo probable,
consecuencia del alto riesgo creado con su acción, además consentido y asumido. Esto
es el acusado, con "animus necandi" practicó los actos de ejecución que objetivamente
deberían producir como resultado la muerte de Ruth, resultado que finalmente no tuvo
lugar por causas ajenas a la voluntad del acusado, ánimo de matar que se infiere
razonablemente de los siguientes datos objetivo:
1.- El empleo de un arma apta para causar heridas mortales, pues, el acusado
cuanto menos empleó el cuchillo con el escudo del FC Barcelona, de 23 cm de largo
total, y, hoja de sierra de 12 cm de largo y 1,3 cm de ancha, en que fueron objetivados
restos de sangre con un perfil autosómico compatible con una mezcla de ADN de al
menos tres personas, siendo así que dicho cuchillo fue localizado en el lugar de los
hechos, tratándose de un arma apta, sin duda, para causar heridas mortales.
2.- El lugar o zona del cuerpo hacia donde se dirigió la acción ofensiva, por cuanto el
acusado eligió zonas vitales. En este punto conviene tener presente que la víctima
ingresó el día de autos en el Hospital General de Fuerteventura en un estado crítico por
shock hipovolémico, habiendo sufrido veinte heridas por arma blanca, dispersas en
zonas vitales como el tórax y el abdomen, con afectaciones de especial gravedad como
hemoneumotorax izquierdo y laceraciones en hígado, bazo, intestinos, retroperitoneo y
lesiones neurológicas en raíces del plexo lumbar derecho, encontrándose localizadas la
mayoría de las heridas del tronco, en el plano anterior tanto del tórax como del
abdomen, habiendo afectado varias a la mama izquierda, tratándose de lesiones que, a
decir de los forenses, comprometieron seriamente la vida de Ruth al localizarse
algunas de ellas en zonas vitales, habiendo significado los forenses en el acto del juicio
oral que dichas heridas pudieron haberle causado la muerte que no tuvo lugar por la
rápida intervención de los sanitarios, quienes le salvaron la vida.
3.-La insistencia y reiteración de los actos atacantes, la duración, el número y
violencia de los golpes, pues el acusado llegó a asestar cuchilladas a la víctima que le
causaron veinte lesiones, en tórax y abdomen, amén de algunas lesiones defensivas
localizadas en el antebrazo izquierdo de la víctima, habiendo perpetrado el acusado el
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ataque en dos momentos, pues tras abalanzarse sobre ella de forma sorpresiva y
repentina, asestándole diversas cuchilladas, el acusado arremetió contra el fallecido
Higinio, y, acto seguido, regresó al lugar en que se hallaba Ruth a la que conminó a
callarse al tiempo que continuaba asestándole cuchilladas hasta que la víctima cayó al
suelo entre desvanecida y simulando estar muerta, a decir de la víctima en el plenario.
Por lo demás, las afectaciones causadas por las cuchilladas asestadas en el tórax y en
el abdomen, como hemoneumotorax izquierdo y laceraciones en hígado, bazo,
intestinos, retroperitoneo y lesiones neurológicas en raíces del plexo lumbar derecho,
son muestra palmaria de la intensidad de los golpes ejecutados por el acusado.
4.- El acusado con su acción causó lesiones consistentes en hemoneumotórax
izquierdo, lesión de mama izquierda, hemoperitoneo, laceración hepática, laceración
esplénica, hematoma en retroperitoneo sin afectación de riñones ni de vías urinarias,
lesión neurológica del plexo lumbar derecho, perforación intestinal y de estómago,
deserosamiento del sigma y fractura del cuarto metacarpiano de la mano derecha, con
un sangrado masivo que hubieran determinado su muerte de no recibir asistencia
médica y quirúrgica de urgencia, como significaron con contundencia en el plenario los
médicos forenses.
5.- La conducta posterior observada por el acusado desatendiéndose del alcance de
sus actos, alejándose del lugar, persuadido de la gravedad y transcendencia de los
mismos, pues el acusado lejos de procurar atender a la víctima se marchó del lugar de
los hechos, desentendiéndose de la misma precisamente cuando ésta cayó
desvanecida simulando estar ya muerta.
Y, por último, no se puede obviar que el acusado, una vez en el interior de la
habitación en que se encontraba junto con las dos víctimas, una de ellas con las manos
atadas, corrió las cortinas cerrándolas, todo ello con la finalidad de evitar ser visto por
la ventana por posibles vecinos.
Con todos esos datos queda patentizado un irrefutable "animus necandi", pues no
puede pretenderse que el despliegue de una conducta de tal entidad, como la llevada a
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cabo por el acusado, pueda excluir como resultado la muerte de la agredida. Muy al
contrario, las características y condiciones de la acción agresora permitían augurar, con
alto grado de probabilidad, el resultado letal, lo que no impidió llevar a término la acción
emprendida con aceptación de sus consecuencias. La intención homicida, por tanto, es
imputable a título de dolo, pues aunque por la defensa del acusado se sostenga que su
voluntad era simplemente la de herir, es claro que teniendo en cuenta el instrumento,
modo y lugar de efectuar la agresión, que según los dictámenes periciales, eran aptos
para producir la muerte, ese resultado mortal fue eventualmente esperado, asumido y
aceptado por su autor.
Por lo demás, también concurre la alevosía. En efecto, si bien es cierto que entre el
acusado y la víctima Ruth no había una especial relación de amistad, sin embargo, no
se puede perder de vista que la víctima participa de la relación de confianza que unía al
agresor con su novio, Higinio, de modo que al igual que Higinio, Ruth se hallaba
totalmente despreocupada respecto de un eventual ataque que pudiera tener su origen
en acciones del acusado, siendo muestra de ello el que se estuviese dedicando
despreocupadamente a sus quehaceres (preparándose para marcharse a la
autoescuela), en tanto su novio Higinio y el acusado conversaban primero en el salón y
luego en la habitación en la que ella se encontraba acicalándose. Esa despreocupación
se evidencia igualmente, al percatarse de que su novio se encuentra maniatado, en lo
que ella pensaba que se trataba simplemente de un juego, sin esperar de modo alguno
un eventual ataque del acusado ni reparar en que ello privaba a su novio de la
posibilidad de defenderse o de defenderla respecto de un ataque que ninguno de ellos
se podía siquiera imaginar. Estas circunstancias vertebradas en torno al clima de
confianza reinante en la vivienda y la privación de Higinio de la aptitud para defenderse
o defender a su novia Ruth al encontrarse fuertemente maniatado, el acusado las
aprovecha para abalanzarse sorpresivamente, de forma repentina e inopinada, cuando
se encontraba de espaldas, sobre Ruth, aprovechando además, la ventaja que le
proporcionaba su propia constitución física y fortaleza que junto a la sorpresa de su
inesperado asalto impidió cualquier reacción evasiva o de huída de la víctima Ruth,
contra la que el acusado reiteró su ataque después de la primera sorpresiva acometida,
continuando asestando cuchilladas a una víctima que carecía de la más mínima aptitud
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para defenderse del ataque recibido, siendo imposible recibir ayuda alguna de su novio
Higinio.
La forma de ataque así definida tiene perfecto encuadre en la circunstancia
agravante de alevosía, ya que el acusado aprovechó una situación de evidente
indefensión de su víctima, quien no podía esperar el sorpresivo ataque, circunstancia
ésta conocida y querida por el agresor, que inició inmediatamente la agresión,
consciente de la ventaja que la situación le ofrecía.
Finalmente, el delito se ha ejecutado en grado de tentativa por cuanto el procesado
inició la ejecución del delito directamente por hechos exteriores, practicando todos los
actos que objetivamente deberían producir el resultado perseguido y deseado, no
produciéndose éste por causas ajenas a la voluntad del autor, por cuanto el acusado,
quien se marchó de lugar desentendiéndose de ambas víctimas, infligió a Ruth lesiones
que, como queda dicho, de no haber recibido la asistencia médica y quirúrgica de
urgencia inmediata que se le dispensó, hubieran determinado sin duda el fallecimiento
de la víctima tal como destacaron en el plenario los Médicos Forenses ya reseñados.
Los actos que ejecutó el proceso eran por sí mismos suficientes para producir el
resultado que persiguió con ellos --acabar con la vida de Ruth--, tanto desde un punto
de vista objetivo como desde la valoración subjetiva del autor eran idóneos para causar
la muerte de quien resultó agredido. Desde la óptica del autor se hizo lo que debía, de
acuerdo con el plan que trazó, para conseguir aquello que perseguía y que no era sino
la muerte de la víctima. Se agotaron todos los actos ejecutivos que deberían producir el
resultado querido, estándose pues ante un supuesto de tentativa acabada .
CUARTO .- Autoría. Por su participación voluntaria, directa y material en los
hechos relatados en esta sentencia se considera al acusado Abel autor criminalmente
responsable de los delitos antes definidos de acuerdo con el art. 28 pfo.1º del CP.
QUINTO.- No concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal . En este sentido, en relación a las circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal agravantes y atenuantes aducidas por la acusación particular y
Page 115
la defensa del acusado, respectivamente, se han de efectuar las siguientes
consideraciones, a saber:
1.-/Circunstancia agravante de abuso de confianza . En lo que respecta a la
circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal agravante de abuso de
confianza, la STS de 11 de diciembre de 2000, define y describe que el abuso de
confianza exige, como circunstancia agravante, una relación especial subjetiva y
anímica, entre el ofensor y la víctima, relación de confianza que ha de encontrar su
razón o causa en una serie de circunstancias distintas, nacidas de diversas
motivaciones, bien sean relaciones laborales, amistosas, convivencia de vecindad,
razones familiares o cualquier otra, que genere una especial confianza en virtud de la
cual se inhibe la sospecha o la desconfianza. La agravante requiere además que el
autor se aproveche de las facilidades que para la comisión del delito implican los
referidos vínculos, lo que significa una mayor posibilidad en la ejecución del mismo. Y
esa confianza ultrajada se manifiesta como un plus de culpabilidad, al revelar una
mayor perversión en la ejecución de unos actos constitutivos de unos delitos que no la
llevan implícita...". Según la doctrina jurisprudencial representada entre otras por las
Sentencias Sala 2ª del T.S., de 20-10-88, 28-6-89 y 4-6-90, tiene en cuenta la
confianza que el sujeto pasivo de la acción antijurídica enjuiciada otorgó a la acusada
con acceso a los bienes jurídicos lesionados por ésta depositando en ella su confianza,
quien se aprovechó de ella faltando a los deberes de lealtad y fidelidad, cometiendo los
hechos con mayor facilidad y éxito en su propósito criminal. La Sentencia del TS de
28-10-00 establece que: "La esencia de esta agravante es el mayor grado de
antijuridicidad que comporta un plus de culpabilidad que supone la lealtad quebrantada
entre personas vinculadas por una relación de confianza , de la que se aprovecha el
autor faltando los deberes de fidelidad que le impone esa relación. En el ámbito de las
relaciones laborales, no basta la existencia de este vínculo para la aplicación de la
agravante "aunque puede derivar de las mismas" (STS de 9 de octubre de 1989),
limitándose a aquéllas que se mueven dentro de una específica situación laboral que
implicaba confianza de la empresa para manejar caudales, efectos, documentos...
(STS de 23 de octubre de 1993)." Declara la SAP de Barcelona, de 3-12-2002 que:
"Concurren en el acusado/a circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal,
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la agravante de abuso de confianza del art. 22.6 del CP y ello por concurrir en la
conducta del acusado los elementos característicos de dicha agravación tales como: a)
Uno subjetivo integrado por la relación de confianza entre sujeto activo y perjudicado
caracterizada dicha relación por razones de convivencia social, laboral o profesional, de
hospedaje o de amistad a través de los que surgen recíprocamente deberes -no
necesariamente jurídicos- de lealtad. Y b) Otro objetivo consistente en la captación de
cierta facilidad para cometer el delito, derivada de la situación creada a consecuencia
de esos deberes recíprocos entre el agente y el sujeto pasivo con aprovechamiento de
las facilidades que proporciona la confianza ofrecida por el sujeto pasivo autor del delito
(ATS 1 febrero 1995)." Por su parte la AP Madrid en su sentencia de 17-9-2002: "Hay
abuso de confianza, TS 2ª 21-04-1999, cuando se quebranta la lealtad puesta en el
agente en el curso de relaciones humanas de variadas clases: convivencia, amistad, de
servicio o dependencia o laborales y profesionales. Como el prevalecimiento del abuso
de confianza depositada en el culpable facilita la comisión del hecho quien, consciente
de ello, asegura el resultado de su acción muestra un plus de perversidad y
culpabilidad que aumentó su reprobabilidad", entre otras muchas.
En suma, la esencia de esta agravante es el mayor grado de antijuridicidad que
comporta un plus de culpabilidad que supone la lealtad quebrantada entre personas
vinculadas por una relación de confianza, de la que se aprovecha el autor faltando a los
deberes de fidelidad que le impone esa relación. Enseñando la sentencia del Tribunal
Supremo núm. 768/2004 de 18 de junio, que la circunstancia agravante de "obrar con
abuso de confianza ", como literalmente dice el art. 22.6 CP, reproducción literal de lo
que disponía el núm. 9º del art. 10 CP anterior artículo.10 .9 D 3096/1973 de 14
septiembre 1973, requiere para su aplicación dos elementos: 1º. Una especial relación
entre el sujeto activo y el pasivo del delito de que se trate, por razones profesionales,
laborales, de dependencia o servicio, familiares, de comunidad de intereses o de vida,
amistad, compañerismo, que originan un específico deber de lealtad entre ambos
sujetos. 2º. Un aprovechamiento de esa particular relación que permite una mayor
facilidad para la comisión del delito de que se trate con la consiguiente infracción de
ese deber de lealtad.
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Sentado lo anterior, se ha de tener presente que la condena producida lo es por
asesinato por expresa apreciación de la alevosía, atendidas las circunstancias del
acometimiento causante de la muerte de la víctima, y esta permitiría subsumir en la
configuración de la alevosía el abuso de confianza en los términos en que se plantea
en el presente caso, so pena de incurrir en un bis in idem en cuanto a las
circunstancias agravantes la alevosía, que lleva a la calificación delictiva de asesinato,
y el abuso de confianza, atendido lo que señala la sentencia de la Sala 2ª del Tribunal
Supremo, nº 479/2001, de veinte de marzo (rec. 524/2000 ) , en su fundamento de
derecho cuarto, "... Se combate la aplicación de la agravante de abuso de confianza en
la muerte de María Antonieta. Este motivo, que es apoyado por el Ministerio Fiscal,
debe ser estimado. El Tribunal de instancia ha apreciado tanto la agravante de alevosía
como la de abuso de confianza en la muerte de María Antonieta.
Tiene declarado esta Sala (Cfr. sentencia de 22 de junio de 1993 ) que la alevosía
requiere de un elemento normativo que se cumple si acompaña a cualquiera de los
delitos contra las personas; de un elemento instrumental que puede afirmarse si la
conducta del agente se enmarca, en un actuar que asegure el resultado, sin riego para
su persona, en algunas de las modalidades que doctrina y jurisprudencia distingue en
el asesinato alevoso; y de un elemento culpabilístico, consistente en el ánimo de
conseguir la muerte sin ofrecer a la víctima posibilidad alguna de defensa. En cuanto a
los modos, situaciones o instrumentos de que se valga el agente para asegurar el
resultado excluyendo toda defensa y consiguiente riesgo para su persona, la doctrina
de esta Sala distingue tres supuestos de asesinato alevoso. La alevosía llamada
proditoria o traicionera, si concurre celada, trampa o emboscada; la alevosía
sorpresiva, que se materializa en un ataque súbito o inesperado; y la alevosía por
desvalimiento, en la que el agente se aprovecha de una especial situación de
desamparo de la víctima que impide cualquier manifestación de defensa.
Y es asimismo doctrina de esta Sala, como es exponente la Sentencia de 11 de
diciembre de 2000, que el abuso de confianza exige, como circunstancia agravante,
una relación especial subjetiva y anímica, entre el ofensor y la víctima, relación de
confianza que ha de encontrar su razón o causa en una serie de circunstancias
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distintas, nacidas de diversas motivaciones, bien sean relaciones laborales, amistosas,
convivencia de vecindad, razones familiares o cualquier otra, que genere una especial
confianza en virtud de la cual se inhibe la sospecha o la desconfianza. La agravante
requiere además que el autor se aproveche de las facilidades que para la comisión del
delito implican los referidos vínculos, lo que significa una mayor posibilidad en la
ejecución del mismo. Y esa confianza ultrajada se manifiesta como un plus de
culpabilidad, al revelar una mayor perversión en la ejecución de unos actos
constitutivos de unos delitos que no llevan implícita el abuso de la confianza como
elemento esencial o constitutivo de la figura delictiva de que se trate.
Esta Sala igualmente ha examinado la compatibilidad o no de la agravante de
alevosía con la de abuso de confianza. Así en la sentencia de 31 de marzo de 1990
se inclina por la incompatibilidad, aunque otras sentencias ven necesario precisar la
modalidad alevosa que se ha tenido en cuenta antes de pronunciarse sobre esa
compatibilidad. Con ese criterio, la Sentencia de esta Sala 1443/2000, de 20 de
septiembre, señala que la alevosía proditoria o a traición destaca como elemento
esencial el abuso de confianza con el que actúa el sujeto activo respecto al pasivo que
no teme, dada la relación de confianza existente, una agresión como la efectuada, y
nos recuerda otra, la 210/96, de 11 de marzo en que se declara que "la alevosía
requiere esencialmente más el aprovechamiento de la confianza de la víctima,
generadora de la situación de indefensión, que una superioridad física y material del
autor". En el mismo sentido la STS 343/2000, de 7 de marzo, en la que se afirma que
la modalidad de alevosía proditoria "requiere traición y éste presupone una especial
relación de confianza que ha sido defraudada por el autor".
En el caso que examinamos en el presente recurso, indudablemente existía una
relación afectiva entre el acusado y María Antonieta , con la que había tenido el hijo
cuya muerte violenta igualmente causó, y la convivencia que ambos mantenían es lo
que a juicio del Tribunal del Jurado y del Tribunal Superior de Justicia justifica la
agravante de abuso de confianza por haberse aprovechado, se dice por este último, de
los lazos de lealtad y confianza que tenía con la víctima. Sin embargo, conforme a la
doctrina jurisprudencial antes expresada, hay que destacar que la apreciación de la
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agravante de alevosía , según razona el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, surge
por la inexistencia de reacción defensiva al encontrarse la víctima durmiendo o que al
menos hubo una agresión súbita e inesperada que impide la reacción y permite rematar
a la víctima, actuación alevosa en cuanto se aprovecha la sorpresa para asegurar el
resultado y eliminar el riesgo de una eventual defensa de la ofendida. Y estos
razonamientos de la sentencia recurrida en casación permiten sostener que, en este
caso, ha sido esa especial relación personal y de convivencia que la víctima mantenía
con su agresor la que le indujo a quedarse dormida o mantener una actitud de
confianza que fue aprovechada por su agresor para causar la muerte sin ofrecerle
posibilidad alguna de defensa.
Así las cosas, apreciada la agravante de alevosía , en este caso no puede aplicarse,
asimismo, la de abuso de confianza en cuanto responde a una mayor facilidad comisiva
que está implícita en aquella, y la apreciación de ambas supondría penar dos veces el
aprovechamiento por el agresor de la ausencia de reacción defensiva basada en una
relación de confianza que inhibe la sospecha frente a una posible agresión ...".
En similar sentido, expone sintéticamente la STS de fecha 7 de junio de 2007, que
"... Respecto a la agravante de abuso de confianza , el Ministerio Fiscal ha apoyado el
motivo. Dice el Fiscal que toda la acción desde su inicio tiende a asegurar la ejecución
del delito como medio de comisión alevosa, lo que conlleva que el aprovechamiento de
la relación de confianza quede embebido en la alevosía. La Sala comparte ese criterio.
En la mayor parte de los casos, especialmente en los ataques sorpresivos y a traición,
la alevosía implica el aprovechamiento por el autor de un cierto grado de confianza de
la víctima, que no espera la agresión. En el caso, es precisamente el aprovechamiento
de la confianza de la víctima lo que permite a la recurrente ejecutar el hecho de la
forma alevosa en que lo hizo. ..".
Esto último es lo que ocurre en el supuesto que nos ocupa, por cuanto es
precisamente el aprovechamiento de la confianza de la víctima lo que permitió al
acusado ejecutar el hecho de la forma alevosa en que lo hizo, pues ésta se vertebra,
principalmente, en torno a la confianza existente entre la víctima y el acusado,
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generadora para la víctima de su total despreocupación respecto de un eventual ataque
que pudiera tener su origen en acciones del acusado, confianza y despreocupación que
es la que facilita al acusado el maniatar con fuerza a la víctima, disminuyendo sino
eliminando cualquier capacidad de defensa ante el sorpresivo e inesperado ataque
perpetrado, de modo que no es de apreciar la circunstancia modificativa de la
responsabilidad criminal aducida por la acusación particular.
2.- Circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal atenuantes.
Como línea de principio debe tenerse presente que, como tiene reiterado la Sala
Segunda del Tribunal Supremo -por todas S. 9.10.99- la carga de la prueba obliga a
cada parte a probar aquello que expresamente alegue, por lo que, así como sobre la
acusación recae el onus de probar el hecho ilícito imputado y la participación en él del
acusado, éste viene obligado, una vez admitida o se estime como probada la alegación
de la acusación, a probar aquellos hechos impeditivos de la responsabilidad que para
él se deriven de lo imputado y probado, hechos impeditivos que es insuficiente invocar
sino que debe acreditar probatoriamente el que los alegue, pues no están cubiertos por
la presunción de inocencia, ya que de otro modo se impondría a las acusaciones la
carga indebida, y hasta imposible, de tener que probar además de los hechos positivos
integrantes del tipo penal imputado, y de la participación del acusado, los hechos
negativos de la no concurrencia de las distintas causas de exención de responsabilidad
incluidas en el catálogo legal de las mismas, ya que la prueba de su existencia recae
sobre el acusado, de acuerdo con los principios procesales "onus probandi incumbit qui
decit non qui negat" y "afirmati non neganti incumbit probatio, negativa non sinut
probanda", STS. 18.11.87, 29.2.88, en las que se afirma que la presunción de
inocencia no puede recaer sobre algo en principio anormal, cual es una circunstancia
de imputabilidad, siendo igualmente doctrina jurisprudencial la de que las
circunstancias modificativas han de surgir de la declaración de hechos probados y han
de tener tan notoria claridad y evidencia como el hecho mismo, sin que puedan
fundarse en conjeturas y presunciones (SSTS. 12.4.95, 23.10.96).
Como dice el Auto del Tribunal Supremo de 13 de junio de 2003, rec. 2777/2002, "
esta Sala tiene establecido en constante doctrina que la carga de la prueba obliga a
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probar a cada parte aquello que expresamente alegue, por lo que, así como sobre la
acusación recae el "onus" de probar el hecho ilícito imputado y la participación en él del
acusado, éste viene obligado, una vez admitida o se estime como probada la alegación
de la acusación, a probar aquellos hechos impeditivos de la responsabilidad que para
él se deriven de lo imputado y probado, hechos impeditivos que es insuficiente invocar
sino que debe acreditar probatoriamente el que los alegue, pues no están cubiertos por
la presunción de inocencia, ya que de otro modo se impondría a las acusaciones la
carga indebida, y hasta imposible, de tener que probar además de los hechos positivos
integrantes del tipo penal imputado y de la participación del acusado, los hechos
negativos de la no concurrencia de las distintas causas de extinción de responsabilidad
incluidas en el catálogo legal de las mismas ". Se requiere, en definitiva, la prueba clara
de la eximente o de la atenuante en la misma intensidad que la prueba del hecho
mismo.
2.1 . Sentado lo anterior, en cuanto a las consecuencias penológicas de la
drogadicción, la reciente sentencia del Tribunal Supremo, sala 2ª, de fecha 22 de
noviembre de 2012, expone profusamente: "...Como hemos dicho en recientes
sentencias 347/2012 de 25-4, 312/"011 de 29-4; 129/2011 de 10-3, 11/2010, de
24-2, según la Organización Mundial de la Salud, por droga ha de entenderse
"cualquier sustancia, terapéutica o no, que introducida en el organismo por cualquier
mecanismo (ingestión, inhalación, administración, intramuscular o intravenosa, etc.) es
capaz de actuar sobre el sistema nervioso central del consumidor provocando un
cambio en su comportamiento, ya sea una alteración física o intelectual, una
experimentación de nuevas sensaciones o una modificación de su estado psíquico,
caracterizado por: 1º) El deseo abrumador o necesidad de continuar consumiendo
(dependencia psíquica). 2º) Necesidad de aumentar la dosis para aumentar los mismos
efectos (tolerancia). 3º) La dependencia física u orgánica de los efectos de la sustancia
(que hace verdaderamente necesarias su uso prolongado, para evitar el síndrome de
abstinencia).
La OMS define la toxicomanía en su informe técnico NUM022 como "el estado de
intoxicación periódica o crónica producido por el consumo reiterado de una droga
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natural o sintética", y la dependencia como "el estado de sumisión física o psicológico
respecto de una determinada droga resultado de la absorción periódica o repetitiva de
la misma".
En cuanto a su incidencia en la responsabilidad penal hemos dicho en sentencias
de esta Sala 16/2009 de 27.1; 672/2007 de 19.7; 145/2007 de 28.2; 1071/2006 de
9.11, 282/2004 de 1.4, las consecuencias penológicas de la drogadicción pueden ser
encuadradas, dentro de la esfera de la imputabilidad, bien excluyendo total o
parcialmente la responsabilidad penal, ( arts. 20.2y 21.1 CP), o bien actuando como
mera atenuante de la responsabilidad penal, por la vía del art. 21.2ª del Código penal,
propia atenuante de drogadicción, o como atenuante analógica, por el camino del art.
21.6º.
Los requisitos generales para que se produzca dicho tratamiento penológico en la
esfera penal, podemos sintetizarles del siguiente modo:
1) Requisito biopatológico, esto es, que nos encontremos en presencia de un
toxicómano, cuya drogodependencia exigirá a su vez estos otros dos requisitos: a') que
se trate de una intoxicación grave, pues no cualquier adicción a la droga sino
únicamente la que sea grave puede originar la circunstancia modificativa o exonerativa
de la responsabilidad criminal, y b') que tenga cierta antigüedad, pues sabido es que
este tipo de situaciones patológicas no se producen de forma instantánea, sino que
requieren un consumo más o menos prolongado en el tiempo, dependiendo de la
sustancia estupefaciente ingerida o consumida. El Código penal se refiere a ellas
realizando una enumeración que por su función integradora puede considerarse
completa, tomando como tales las drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias
psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos.
2) Requisito psicológico, o sea, que produzcan en el sujeto una afectación de las
facultades mentales del mismo. En efecto, la Sentencia 616/1996, de 30 septiembre,
ya declaró que "no es suficiente ser adicto o drogadicto para merecer una atenuación,
si la droga no ha afectado a los elementos intelectivos y volitivos del sujeto". Cierto es
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que la actual atenuante de drogadicción sólo exige que el sujeto actúe a causa de su
grave adicción a las sustancias anteriormente referidas, lo cual no permitirá prescindir
absolutamente de este requisito, ya que es obvio que la razón que impera en dicha
norma es la disminución de su imputabilidad, consecuencia presumida legalmente, ya
que tan grave adicción producirá necesariamente ese comportamiento, por el efecto
compulsivo que le llevarán a la comisión de ciertos delitos, generalmente aptos para
procurarse las sustancias expresadas ( STS. 21.12.99), que declaró que siendo el
robo para obtener dinero con el que sufragar la droga una de las manifestaciones más
típicas de la delincuencia funcional asociada a la droga, la relación entre adicción y
delito puede ser inferida racionalmente sin que precise una prueba específica.
3) Requisito temporal o cronológico, en el sentido que la afectación psicológica tiene
que concurrir en el momento mismo de la comisión delictiva, o actuar el culpable bajo
los efectos del síndrome de abstinencia, requisito éste que, aún siendo necesario, cabe
deducirse de la grave adicción a las sustancias estupefacientes, como más adelante
veremos. Dentro del mismo, cabrá analizar todas aquellas conductas en las cuales el
sujeto se habrá determinado bajo el efecto de la grave adicción a sustancias
estupefacientes, siempre que tal estado no haya sido buscado con el propósito de
cometer la infracción delictiva o no se hubiere previsto o debido prever su comisión (en
correspondencia con la doctrina de las "actiones liberae in causa").
4) Requisito normativo, o sea la intensidad o influencia en los resortes mentales del
sujeto, lo cual nos llevará a su apreciación como eximente completa, incompleta o
meramente como atenuante de la responsabilidad penal, sin que generalmente haya de
recurrirse a construcciones de atenuantes muy cualificadas, como cuarto grado de
encuadramiento de dicha problemática, por cuanto, como ha declarado la Sentencia
de 14 de julio de 1999, hoy no resulta aconsejable pues los supuestos de especial
intensidad que pudieran justificarla tienen un encaje más adecuado en la eximente
incompleta, con idénticos efectos penológicos.
A) Pues bien la doctrina de esta Sala ha establecido que la aplicación de la
eximente completa del art. 20.1 será sólo posible cuando se haya acreditado que el
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sujeto padece una anomalía o alteración psíquica que le impida comprender la ilicitud
de su conducta o de actuar conforme a esa comprensión ( STS. 21/2005 de 19.1). La
jurisprudencia ha considerado que la drogadicción produce efectos exculpatorios
cuando se anula totalmente la capacidad de culpabilidad, lo que puede acontecer bien
cuando el drogodependiente actúa bajo la influencia directa del alucinógeno que anula
de manera absoluta el psiquismo del agente, bien cuando el drogodependiente actúa
bajo la influencia de la droga dentro del ámbito del síndrome de abstinencia, en el que
el entendimiento y el querer desaparecen a impulsos de una conducta incontrolada,
peligrosa y desproporcionada, nacida del trauma físico y psíquico que en el organismo
humano produce la brusca interrupción del consumo o la brusca interrupción del
tratamiento deshabituador a que se encontrare sometido ( Sentencia de 22 de
septiembre de 1999).A ambas situaciones se refiere el art. 20-2º del Código penal,
cuando requiere bien una intoxicación plena por el consumo de tales sustancias,
impidiéndole, en todo caso, comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa
comprensión.
B) La eximente incompleta, precisa de una profunda perturbación que, sin anularlas,
disminuya sensiblemente aquella capacidad culpabilística aun conservando la
apreciación sobre la antijuricidad del hecho que ejecuta. No cabe duda de que también
en la eximente incompleta, la influencia de la droga, en un plano técnicamente jurídico,
puede manifestarse directamente por la ingestión inmediata de la misma, o
indirectamente porque el hábito generado con su consumo lleve a la ansiedad, a la
irritabilidad o a la vehemencia incontrolada como manifestaciones de una personalidad
conflictiva ( art. 21.1ª CP). Esta afectación profunda podrá apreciarse también cuando
la drogodependencia grave se asocia a otras causas deficitarias del psiquismo del
agente, como pueden ser leves oligofrenias, psicopatías y trastornos de la
personalidad, o bien cuando se constata que en el acto enjuiciado incide una situación
próxima al síndrome de abstinencia, momento en el que la compulsión hacia los actos
destinados a la consecución de la droga se hace más intensa, disminuyendo
profundamente la capacidad del agente para determinar su voluntad ( STS de 31 de
marzo de 1997), aunque en estos últimos casos solo deberá apreciarse en relación con
Page 125
aquellos delitos relacionados con la obtención de medios orientados a la adquisición de
drogas.
C) Respecto a la atenuante del art. 21.2 CP, se configura la misma por la
incidencia de la adicción en la motivación de la conducta criminal en cuanto es
realizada a causa de aquella. El beneficio de la atenuación sólo tiene aplicación cuando
exista una relación entre el delito cometido y la carencia de drogas que padece el
sujeto. Esta adicción grave debe condicionar su conocimiento de la ilicitud (conciencia)
o su capacidad de actuar conforme a ese conocimiento (voluntad).
Las SSTS. 22.5.98y 5.6.2003, insisten en que la circunstancia que como
atenuante describe en el art. 21.2 CP. es apreciable cuando el culpable actúe a causa
de su grave adicción a las sustancias anteriormente mencionadas, de modo que al
margen de la intoxicación o del síndrome de abstinencia, y sin considerar las
alteraciones de la adicción en la capacidad intelectiva o volitiva del sujeto, se configura
la atenuación por la incidencia de la adicción en la motivación de la conducta criminal
en cuanto realizada "a causa" de aquélla ( SSTS. 4.12.2000y 29.5.2003). Se trataría
así con esta atenuación de dar respuesta penal a lo que criminológicamente se ha
denominado "delincuencia funcional" ( STS. 23.2.99). Lo básico es la relevancia
motivacional de la adicción, a diferencia del art. 20.2 CP. y su correlativa atenuante
21.1 CP, en que el acento se pone más bien en la afectación a las facultades anímicas.
La STS. de 28.5.2000declara que lo característico de la drogadicción, a efectos
penales, es que incida como un elemento desencadenante del delito, de tal manera
que el sujeto activo actúe impulsado por la dependencia de los hábitos de consumo y
cometa el hecho, bien para procurarse dinero suficiente para satisfacer sus
necesidades de ingestión inmediata o trafique con drogas con objeto de alcanzar
posibilidades de consumo a corto plazo y al mismo tiempo conseguir beneficios
económicos que le permitan seguir con sus costumbres e inclinaciones. Esta
compulsión que busca salida a través de la comisión de diversos hechos delictivos, es
la que merece la atención del legislador y de los tribunales, valorando minuciosamente
las circunstancias concurrentes en el autor y en el hecho punible.
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Respecto a su apreciación como muy cualificada, en STS. 817/2006 de 26.7,
recordábamos que la referida atenuante es aquella que alcanza una intensidad superior
a la normal de la respectiva circunstancia, teniendo en cuenta las condiciones del
culpable, antecedentes del hecho y cuantos elementos o datos puedan destacarse y
ser reveladoras del merecimiento y punición de la conducta del penado, SSTS.
30.5.91, y en igual sentido 147/98de 26.3, y que no es aconsejable acudir en casos de
drogadicción a la atenuante muy cualificada, pues los supuestos de especial intensidad
que pudieran justificarla tienen un encaje más apropiado en la eximente incompleta.
D) Por último, cuando la incidencia en la adicción sobre el conocimiento y la
voluntad del agente es más bien escasa, sea porque se trata de sustancias de efectos
menos devastadores, sea por la menor antigüedad o intensidad de la adicción, más
bien mero abuso de la sustancia lo procedente es la aplicación de la atenuante
analógica, art. 21.6 CP.
Es asimismo doctrina reiterada de esa Sala SS. 27.9.99y 5.5.98, que el consumo
de sustancias estupefacientes, aunque sea habitual, no permite por sí solo la aplicación
de una atenuación, no se puede, pues solicitar la modificación de la responsabilidad
criminal por el simple hábito de consumo de drogas, ni basta con ser drogadicto en una
u otra escala, de uno u otro orden para pretender la aplicación de circunstancias
atenuantes, porque la exclusión total o parcial o la simple atenuación de estos
toxicómanos, ha de resolverse en función de la imputabilidad, o sea de la evidencia de
la influencia de la droga en las facultades intelectivas y volitivas del Sujeto. En
consecuencia, los supuestos de adicción a las drogas que puedan ser calificados como
menos graves o leves no constituyen atenuación, ya que la adición grave es el
supuesto límite para la atenuación de la pena por la dependencia de drogas.
Es decir, para poder apreciarse la drogadicción sea como una circunstancia
atenuante, sea como eximente, aún incompleta, es imprescindible que conste
acreditada la concreta e individualizada situación del sujeto en el momento comisivo,
tanto en lo concerniente a la adición a las drogas tóxicas o sustancias estupefacientes
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como al periodo de dependencia y singularizada alteración en el momento de los
hechos y la influencia que de ello pueda declararse, sobre las facultades intelectivas y
volitivas, sin que la simple y genérica expresión narradora de que el acusado era adicto
a las drogas, sin mayores especificaciones y detalles pueda autorizar o configurar
circunstancia atenuante de la responsabilidad criminal en ninguna de sus variadas
manifestaciones SSTS 16.10.00, 6.2, 6.3y 25.4.01, 19.6 y 12.7.02).
En la STS. 21.3.01se señala que aunque la atenuante de drogadicción ha sido en
ciertos aspectos "objetivada" en el nuevo CP, no cabe prescindir de que la actuación
del culpable sea causada, aunque solo sea ab initio, por su adicción grave el consumo
de droga. La citada doctrina no es sino afirmación del reiterado criterio jurisprudencial
de que las circunstancias modificativas de la responsabilidad han de estar acreditadas
como el hecho típico de que dependen ( SSTS 15.9.98, 17.9.98, 19.12.98,
29.11.99, 23.4.2001, STS. 2.2.200, que cita STS. 6.10.98, en igual línea SSTS.
21.1.2002, 2.7.2002, 4.11.2002y 20.5.2003, que añaden que no es aplicable
respecto de las circunstancias modificativas el principio in dubio pro reo.
En el caso presente, la independencia de que en el relato de hechos probados
-cuyo respeto exige la vía casacional (del art. 849.1 LECrim, solo se recoge que "
Gabino era consumidor de cocaína en la fecha de los hechos en una frecuencia de 1 a
2 veces por semana" -dato fáctico insuficiente para sustentar la concurrencia de la
circunstancia del art. 21.1 CP, lo cierto es que el informe del Centro Alborada,
informes forenses y testificales, solo confirmarían ese consumo de cocaína, pero no
consta esa disminución de su capacidad de culpabilidad ni un deterioro psicosomático
asociado a un consumo prolongado, ni una afectación profunda asociada o otras
causas deficitarias del psiquismo, como leves oligofrénicas o psicopatías, ni que los
actos enjuiciados incidan en una situación próxima al síndrome de abstinencia,
momento en que la compulsión hacia los actos destinados a la consecución de droga
se hace más intensa, disminuyendo profundamente la capacidad del agente para
determinar su voluntad, por lo que la eximente incompleta no puede ser apreciada.
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En efecto, la ofensa al bien jurídico no es el resultado de un acto irreflexivo,
impulsado por la adicción a las drogas o el deterioro psicosomático asociado al
consumo prolongado de estupefacientes. Es cierto que la jurisprudencia del TS, ss.
201/2008, de 28- 4, y 457/2007, de 12-6, ha llevado a cabo una renovada
interpretación del régimen jurídico-penal de las toxicomanías adaptada a la verdadera
influencia de aquellas en la capacidad de culpabilidad de quien la padece ( STS
28/2004, de 1-3). Pero por más flexibilidad que quiera atribuirse a la aplicación, no ya
de la inviable eximente incompleta, sino de la atenuante de drogodependencia, su
marco jurídico no puede desconectarse de una exigencia clave que se desprende del
art. 21.2 CP, a saber su significación causal, su perturbadora influencia en la voluntad
del acusado.
Como recuerdan las SSTS 343/2003, de 7-3y 507/2010, de 21-5, lo característico
de la drogadicción a efectos penales es la relación funcional con el delito, es decir, que
actúe como un elemento desencadenante del mismo, de tal manera que el sujeto activo
impulsado por la dependencia de los hábitos de consumo y conecta al hecho delictivo,
hace para procurarse dinero suficiente para satisfacer sus necesidades de ingestión
inmediata o trafique con drogas con objeto de alcanzar sus posibilidades de consumo a
corto plazo y al mismo tiempo continuar con sus costumbres e inclinaciones, no
bastando por ello, con la mera condición de consumidor de sustancias estupefacientes,
aunque el consumo sea habitual.
Por todo ello, todo apunta a que la aplicación de la atenuación de Gabino supondría
conferir a aquélla un carácter puramente objetivo, ligado a la simple constatación de la
presencia de droga en el organismo, al margen de su verdadera influencia en la
capacidad de culpabilidad, propugnándose así una concepción de la atenuación de
aplicación aritmética, ligada al segmento de la población que en uno u otro momento ha
podido tener contacto con alguna sustancia estupefaciente. Y ello implica, desde luego,
apartar la atenuación del fundamento que le es propio ...".
2.2 Por otra parte, en cuanto a la incidencia del alcohol, la sentencia del Tribunal
Supremo de 28 de enero de 2002 (reiterando las de 2- 21990, 12-7-1991, 14-4-1992,
Page 129
16-2-1993, 31-10-1994 y 11-11-1996) estima como válida la doctrina sentada con
anterioridad al Código Penal de 1995, y así reconoce a la intoxicación etílica efectos
exoneradores de la responsabilidad criminal, de acuerdo con el art. 20.2º CP, cuando
impida comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión -la
embriaguez anteriormente llamada plena por la profunda alteración que produce en las
facultades cognoscitivas y volitivas- y siempre que no haya sido buscada de propósito
para cometer la infracción criminal y que ésta no hubiese sido prevista o se hubiera
debido prever, presupuestos que coinciden con el clásico requisito de la embriaguez
fortuita o casual, ahora más clarificado con la expresa exclusión de la embriaguez
culposa. Por otra parte, la eximente será incompleta, a tenor de lo dispuesto en el art.
21.1º CP, cuando la embriaguez no impida pero dificulte de forma importante la
comprensión de la ilicitud del hecho cometido bajo sus efectos o la actuación acorde
con esa comprensión, quedando excluida la eximente, aun como incompleta, en los
supuestos de embriaguez preordenada o culposa, del mismo modo que en el pasado
se exigía que fuese fortuita para integrar la eximente incompleta de trastorno mental
transitorio. Así, al examinar los efectos del alcohol sobre el organismo se pueden
distinguir diversos grados, desde la simple excitación nerviosa que no perturba la
conciencia y todo lo más revela el fondo del carácter, pasándose a un período de
embriaguez incompleta que altera parcialmente las facultades mentales, seguido de
otro de total perturbación de la conciencia para concluir en un estado letárgico. Para
que la eximente sea plena se exige que sea fortuita en cuanto a su origen, que sea
plena en cuanto a su grado y que sea total en cuanto a los efectos sobre la conciencia
del agente, no admitiendo mayor grado de embriaguez; en tanto que para que la
eximente sea incompleta, se exige que siendo plena no sea fortuita o siendo fortuita no
sea plena (Ss. TS 11 Feb. 1981, 18 Ene. 1994, SAP Madrid 25 Sep. 1995), y para la
atenuante, que no sea habitual ni preordenada y tenga un grado bastante para
perturbar la inteligencia y limitar la voluntad, y con diferente valor de cualificada o
simple según el grado de intensidad de sus efectos (Ss. TS. 31 Oct. 1994, 19 Abr.
1995).
La sentencia de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, de fecha 5 de diciembre de 2005,
resume la doctrina jurisprudencial de la siguiente manera: "... debemos distinguir entre
Page 130
alcoholismo y embriaguez, en cuanto que el primero implica una intoxicación crónica y
la segunda una intoxicación aguda, con encaje jurídico ya en la enajenación mental, ya
en el trastorno mental transitorio, exigiéndose en todo caso una afectación de las bases
de imputabilidad -intelecto y voluntad- de modo que será la intensidad de la alteración
la que nos dará la pauta para graduar la imputabilidad, desde la inoperancia de la
responsabilidad hasta la exoneración completa e incompleta de la misma.
Por otra parte el alcoholismo crónico es una toxifrenia que puede determinar una
demenciación acreedora a ser recogida como circunstancia eximente de enajenación
mental o, al menos, como atenuante eximente incompleta cuando se ha producido un
notable deterioro de las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto a consecuencia
de su patología de origen alcohólico generalmente determinada por la ingestión
reiterada frecuentemente y a lo largo de un tiempo de cierta duración de bebidas
alcohólicas.
La jurisprudencia al tratar estas cuestiones, ha declarado que el alcoholismo crónico
y la psicosis tóxicas pueden ser acogidas como circunstancias eximentes o como
alternativas de exención incompleta "cuando se ha producido un notable deterioro a las
capacidades intelectivas y volitivas del sujeto a consecuencia de su patología ( STS.
11.4.93) poniendo de relieve también "para apreciar la psicosis de origen alcohólico con
efecto de eximente incompleta es preciso no solo la presencia de la enfermedad, sino
también la afectación real de las facultades intelectuales y volitivas de quién la sufre, de
tal modo que la intensidad de la alteración habrá de ser el criterio determinante para
graduar la imputabilidad ( STS. 31.10.94). Ello es así porque el alcoholismo crónico
puede presentar diversos cuadros de alteraciones extramuros lógicas y neurológicas y
desde el punto de vista psíquico puede provocar alteraciones varias ya en el orden
evolutivo, ya en el de su permanencia caracterizados por su duración o por su tono
episódico.
La jurisprudencia al tratar estas cuestiones ha declarado ( STS. 18.9.2003), que el
alcoholismo y las psicosis tóxicas puede ser acogidas como circunstancias eximentes o
como atenuantes de exención incompleta, "cuando se ha producido un notable
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deterioro de las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto a consecuencia de su
patología"; poniendo de relieve también que: "para apreciar la psicosis de origen
alcohólico con efecto de eximente incompleta es preciso no sólo la enfermedad, sino
también la afectación real de las facultades intelectivas y volitivas de quien la sufre, de
tal modo que la intensidad de la alteración habrá de ser el criterio determinante para
graduar la imputabilidad", ya que: "el simple alcoholismo crónico, y controlado, no
causa alteración alguna en la capacidad de obrar y discernir" ( SSTS. 27.4.2000,
28.9.95).
Para considerar el alcoholismo crónico como sustrato de una circunstancia que
exima o aminore la imputabilidad del sujeto, es preciso no sólo la presencia de la
enfermedad, sino también la constatación de la afectación real de las facultades
intelectivas y volitivas de quien la sufre, de tal modo que la intensidad de la alteración
habrá de ser el criterio determinante para graduar la imputabilidad, ya que, fuera de las
acreditadas situaciones graves que pueden llegar a la "locura alcohólica" que origina la
irresponsabilidad del sujeto, o las situaciones menos graves en las que no se anula la
personalidad pero sí se disminuyen las facultades de inteligencia y voluntad, fuera de
esas situaciones, -se reitera- el simple alcoholismo crónico y controlado, no causa
alteración alguna en la capacidad de obrar y discernir ( STS de 2.5.2001).
Lo verdaderamente importante, a los efectos de valorar su capacidad de
imputabilidad o culpabilidad, es el estado mental y sus padecimientos patológicos que
es lo que nos permite establecer los grados de conocimiento y su nivel, para considerar
que el acusado estaba con su capacidad de culpabilidad, notoriamente disminuida,
hasta el punto de considerar que se puede calificar como una eximente incompleta de
enajenación mental ( STS. 5.3.2003).
(...)Con relación a la embriaguez conlleva situaciones diferentes en el ámbito penal
que es necesario distinguir y analizar:
Así la STS. 19.6.2000, con cita de la de 7.10.98, recuerda:
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a) cuando la embriaguez es plena y fortuita se está ante una eximente completa por
trastorno mental transitorio ( art. 20.1 CP). Eximente ampliamente abordada por la
jurisprudencia que la considera como reacción anormal tan enérgica y avasalladora
para la mente del sujeto que le priva de toca capacidad de raciocinio eliminando y
anulando su capacidad compresiva y volitiva, en expresión de la S. 15.4.98 "
fulminación de conciencia tan intensa y profunda que impide al agente conocer el
alcance antijurídico de su conducta despojándole del libre arbitrio que debe presidir
cualquier proceder humano responsable".
b) cuando la embriaguez es fortuita pero no plena se puede llegar a la eximente
incompleta si las facultades intelectivas y volitivas se encuentra seriamente disminuidas
cuando la ejecución de los hechos ( art. 21.1 CP).
c) no siendo habitual ni provocada con el propósito de delinquir, que determine o
influya en la realización del hecho delictivo, se estará ante una atenuante del art. 21.2
CP, incluso como muy cualificada si sus efectos han sido especialmente intensos; y
d) cuando la diminución de la voluntad y de la capacidad de entender ha sido leve,
cualesquiera que sean las circunstancias alcohólicas que las motivan, únicamente
puede ser apreciada la atenuante analógica, art. 21.6 CP ( STS. 20/2002 de 28.1).
La STS. 21.9.2000 , interpretando el actual art. 20 CP , matiza estas categorías
indicando que en supuestos de adicción acreditada del sujeto a las bebidas alcohólicas,
dicha dependencia por sí sola será relevante si además concurren alguna de las
siguientes condiciones: o bien la existencia de anomalías o alteraciones psíquicas que
tengan su causa en dicha adicción, lo que podrá constituir también base para estimar la
eximente completa o incompleta según el grado de afectación del entendimiento o la
voluntad; o, en segundo lugar, por la vía de la atenuante del artículo 21.2 C.P .,
atendida su relevancia motivacional, supuesta la gravedad de la adicción, debiendo
constatarse una relación causal o motivacional entre dependencia y perpetración del
delito.
Page 133
Ahora bien, no basta el consumo de bebidas alcohólicas para que se entienda
siempre disminuida la imputabilidad y la responsabilidad penal del sujeto, pues en
cualquier caso, en el actual sistema del Código Penal se trata de circunstancias que
afectan a las capacidades del sujeto, no es suficiente con determinar la causa que las
origina, sino que es preciso además especificar los efectos producidos en el caso
concreto. En particular, cuando se trata de la ingesta de bebidas alcohólicas, es
necesario determinar de alguna forma los líquidos ingeridos o al menos la existencia
del consumo junto con datos que permitan su valoración, y además precisar
suficientemente los efectos que ha causado en la capacidad del sujeto para entender la
ilicitud del hecho o para actuar conforme a esa comprensión ...".
La STS de fecha 4.3.2010, sintetiza la doctrina jurisprudencial significando "... Como
hemos señalado en numerosas resoluciones (Cfr. SSTS de 17-7-2007, núm. 683/2007;
de 12-11-2008, nº 750/2008), no caben dudas acerca de la capacidad del alcohol para
influir en la capacidad del sujeto, a la hora de valorar adecuadamente la ilicitud de un
hecho y para ajustar su conducta a esa valoración. Sin embargo, aun partiendo de
presupuestos generalmente aplicables, la ingestión de alcohol no afecta a todas las
personas de la misma forma ni tampoco lo hace por igual a la misma persona en todas
las ocasiones. La actual regulación del Código Penal contempla como eximente la
intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas, junto a la producida por drogas
u otras sustancias que produzcan efectos análogos, siempre que impida al sujeto
comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión, exigiendo
además como requisitos que tal estado no haya sido buscado con el propósito de
cometer la infracción penal y que no se hubiese previsto o debido prever su comisión.
Cuando la intoxicación no es plena, pero la perturbación es muy importante, sin llegar a
anular la mencionada capacidad de comprensión o de actuación conforme a ella, la
embriaguez dará lugar a una eximente incompleta. Y, en los casos en los que pueda
constatarse una afectación de la capacidad del sujeto debida al consumo de alcohol de
menor intensidad, debería reconducirse a la atenuante analógica del artículo 21.6ª,
pues no es imaginable que la voluntad legislativa de 1995 haya sido negar todo efecto
atenuatorio de la responsabilidad penal a una situación que supone un mayor o menor
aminoramiento de la imputabilidad, pues es evidente que existe analogía -no identidad-
Page 134
entre una cierta alteración de las facultades cognoscitivas y/o volitivas producida por
una embriaguez voluntaria o culposa y una perturbación de mayor intensidad que es
consecuencia, además, de una embriaguez adquirida sin previsión ni deber de prever
sus eventuales efectos, que es la contemplada como eximente incompleta en el núm.
1º del art. 21 puesto en relación con el núm. 2ºdelart. 20, ambos del Código Penal( STS
núm. 60/2002, de 28 de enero) ...".
2.3. Sentadas las anteriores consideraciones, en el caso de autos fuera de las
manifestaciones del acusado no concurre ningún medio de prueba que acredite que el
acusado actuase bajo la influencia directa del alucinógeno de modo que anulase de
manera absoluta su psiquismo, ni tampoco que el acusado actuase bajo la influencia
indirecta de la droga dentro del ámbito del síndrome de abstinencia, de manera que no
pudiese comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión;
tampoco consta que el acusado padeciese una profunda perturbación que, sin
anularlas, disminuyese sensiblemente aquella capacidad culpabilística aun
conservando la apreciación sobre la antijuridicidad del hecho que ejecuta, como
tampoco se ha practicado prueba alguna de la que pueda inferirse que el acusado en el
momento de cometer los hechos se encontrase con sus capacidades volitivas y/o
cognoscitivas alteradas por la previa ingestión de alcohol, ni de la influencia de esa
supuesta intoxicación por consumo de drogas. Ninguna acreditación objetiva existe de
que en el momento de perpetrar los hechos las capacidades de entender y querer del
procesado Abel se encontrasen minoradas y menos aun hasta qué punto tales
capacidades se encontraban alteradas, al no existir prueba médica alguna al respecto.
Así mismo, no se dispone de ningún tipo de informe atinente a la eventual existencia de
una base morbosa o patológica en el acusado, pues no consta que padezca
enfermedad mental alguna asociada a un consumo prologando y grave de sustancias
estupefacientes ni que sufra alcoholismo crónico--ni menos aun la objetivación de la
presencia de sintomatología psicótica alucinatoria o delirante, no pudiendo perderse de
vista la doctrina sentada en la STS. 908/2002 de 25.5 en el sentido de que "el
alcoholismo por sí mismo o la alcoholización del autor no opera automáticamente como
eximente o en su caso, como atenuante"--.
Page 135
El único dato de que se dispone, pues, es el informe de análisis de sangre efectuado
al procesado el mismo día de los hechos con motivo de su detención (folios 38 y 39),
que arrojó un resultado positivo en cannabis, benzodiacepinas y etanol. No obstante,
dichos resultados tan solo permiten entender probado el consumo anterior a la
extracción de sustancias estupefacientes y de bebidas alcohólicas, pero no la
antigüedad del consumo ni la incidencia del mismo en las facultades volitivas e
intelectivas del sujeto, en definitiva de su capacidad de culpabilidad.
Repárese a este respecto, que la extracción de las muestras de sangre objeto del
mentado análisis tiene lugar a raíz del ingreso del acusado en el centro hospitalario tras
su detención por efectivos policiales, lo que aconteció en torno a las 20:00 horas,
aproximadamente, del día 13 de julio de 2011, según es de ver del informe de alta de
urgencias obrante a los folios 36 y 37, esto es, cerca de nueve horas más tarde a la
comisión de los hechos procesales, habiendo tenido lugar la detención del procesado
por efectivos policiales entre las 17:00 horas y las 17:30 horas del día de autos, por
ende, entre seis horas y seis horas y media más tarde de la ejecución de los hechos
procesales por parte del acusado, de modo que entre la comisión de los hechos y la
detención del procesado medió un lapso de tiempo lo suficientemente amplio como
para que hubiese podido ingerir bebidas alcohólicas, consumir cannabis e ingerir
benzodiacepinas, sustancias todas ellas de naturaleza psico-drepresora, que de
ordinario actúan sobre el sistema nervioso central con efectos sedantes, tranquilizantes
y relajantes, efectos que, por tanto, parece razonable y lógico que el procesado
buscase tras la excitación nerviosa propia de la ejecución de hechos de la naturaleza y
características de los ejecutados. Así mismo, junto al amplio margen de tiempo
existente entre la comisión de los hechos y la detención del procesado algunas horas
antes de la extracción de las correspondientes muestras de sangre, no se puede obviar
la concurrencia en las actuaciones de diversos datos que, como se ha expuesto en
fundamentos anteriores, coadyuva a desvirtuar la versión de cariz exculpatorio
efectuada por el procesado en el acto del Juicio Oral. En este sentido, no se puede
pasar por alto que a pesar de haber asegurado el acusado que el día de autos
permaneció junto con Cristhian un largo rato consumiendo pastillas de tranquimazín y
cerveza de un barril de la marca Heineken, sin embargo, así como se hallaron en el
Page 136
interior de la vivienda de la víctima numerosos cigarrillos dispersos en tres ceniceros
distintos (salón, cocina y habitación de la víctima), no fue localizado en la vivienda
vestigio alguno de benzodiacepinas ni del barril de cerveza que el procesado asevera
haber consumido, siendo así, además, que a tenor del informe químico de las muestras
obtenidas del cadáver de la víctima, éste arrojó un resultado negativo a alcohol y un
resultado positivo tan solo a cocaína, circunstancias ambas (ausencia de vestigios de
un consumo prolongado de alcohol y de benzodiacepinas, y, resultados del informe
químico) que tienden a desvirtuar la versión dada por el acusado en el plenario en el
sentido de haber estado ambos consumiendo desmedidamente dichas sustancias. Por
otra parte, se ha de resaltar la circunstancia de que los agentes del Cuerpo Nacional de
Policía y de la Policía Local de Puerto de Rosario que acudieron al domicilio del
acusado en el momento de la detención convergieron todos ellos de forma conteste y
contundente en el dato de que el procesado se encontraba a su juicio perfectamente
lúcido y normal, no pudiendo obviarse que el parte del centro de salud en el que fue
asistido tras la detención se limita a consignar los datos proporcionados por el propio
acusado, y que el informe de alta de urgencias constata la realización de la analítica y
da el alta al procesado por no presentar patología clínica. Finalmente, se ha de tener
presente que las sustancias ingeridas por el procesado son todas ellas de naturaleza
psico-drepresora, que de ordinario actúan sobre el sistema nervioso central con efectos
sedantes, tranquilizantes y relajantes, habiendo puesto de manifiesto en tal sentido los
Médicos Forenses en el acto del Juicio Oral que la combinación de dichas sustancias,
principalmente, de las benzodiacepinas con el alcohol, no hace más que potenciar los
efectos depresores del sistema nervioso central, sus efectos tranquilizantes,
determinando un comportamiento presidido por movimientos torpes, tambaleantes y
una mayor somnolencia, comportamiento que en nada se compadece con la virulencia,
ímpetu, intensidad y fuerza con la que el acusado perpetró la agresión contra ambas
víctimas, agresión que, por lo demás, ejecutó tras tomar ciertas precauciones
reveladoras de su previa ideación y premeditación incompatible con un estado de
intoxicación etílica o tóxica por sustancias estupefacientes, como el haber acudido al
domicilio de la víctima en una franja horaria en que sabía que no estaría su padre en la
vivienda, el juego propuesto para privarle de la aptitud de defenderse ante la agresión
proyectada, el perfecto conocimiento que el acusado tenía de la afición de la víctima
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por las armas blancas y de la existencia de varias en su habitación, o, finalmente, el
haber tomado la precaución de cerrar las cortinas de la habitación antes de ejecutar la
agresión.
Así pues, fuera de las manifestaciones interesadas del acusado, no ha quedado
acreditado que el mismo en el momento de la comisión de los hechos tuviera
mermadas sus capacidades cognitivas o volitivas como consecuencia de la ingesta de
bebidas alcohólicas y de sustancias estupefacientes, no obrando ningún dato revelador
de esa disminución de la capacidad de culpabilidad del acusado, ni de la influencia de
esa supuesta intoxicación por consumo de drogas o de alcohol, y es reiterada la
jurisprudencia -por todas STS 1125/2001, de 2-11 - que recuerda que el principio
constitucional de presunción de inocencia no sirve de cobertura a las circunstancias
eximentes y atenuantes, por cuanto a la concurrencia y prueba de las mismas no
corresponde a la acusación sino a la defensa que las alegan. Es decir, que el acusado
viene obligado a probar los hechos impeditivos de la responsabilidad penal que para él
derive de lo imputado y probado.
La citada doctrina no es sino afirmación del reiterado criterio jurisprudencial de que
las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal han de estar acreditadas
como el hecho típico de que dependen, STS 19-12-98 , 29-11-99 , 2-2 - 200, 21-1-
2002 , 4-11-2002 y 20-5-2003 , que añaden que no es aplicable respecto a las
circunstancias modificativas el principio in dubio pro reo, por mucha amplitud que
quiera dársele no puede dar cobertura a su apreciación. La STS 493/2005, de 2-4,
recuerda que " compete a la acusación o acusaciones probar la existencia del hecho
delictivo, la participación en él del acusado y las modificaciones o agravaciones que se
postulan así como la producción de daños y perjuicios que se interesase. Pero en lo
concerniente a las atenuaciones o causas de exención de responsabilidad criminal, es
el acusado quien debe acreditarlas. Nuestro Código parte de la plena imputabilidad del
sujeto activo del delito. Cualquier anomalía o déficit en tal sentido debe acreditarlo la
defensa, que no es lo mismo que probar su inocencia ", en igual sentido STS 139/2008,
de 28-2 .
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SEXTO.- Penalidad. En orden a la determinación de la pena, de conformidad con
lo dispuesto en los artículos 139.1 y 66.1 6ª del Código Penal, no concurriendo
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, ha de considerarse la pena
privativa de libertad más adecuada a la peligrosidad criminal que se desprende de los
hechos acaecidos, dada la gravedad de los mismos denotada por el arma empleada, el
número y características de las lesiones causadas, habiendo asestado el acusado a la
víctima hasta un total de treinta cuchilladas en diversas partes de su anatomía,
localizadas principalmente en el tórax y en las extremidades superiores, llegando a
fracturar una de las costillas de la víctima, lo que evidencia la energía criminal del
acusado y la intensidad y violencia con que perpetró los hechos, así como denotada
por el carácter particularmente alevoso observado en su ejecución, toda vez que el
acusado aprovechó la confianza existente con la víctima no sólo para dirigir un ataque
sorpresivo, repentino e inopinado, sino para mermar previamente su capacidad de
defensa al lograr maniatarle con fuerza so pretexto de un juego, así como principiando
la agresión cercenando cualquier posibilidad de auxilio al abalanzarse previamente
sobre la novia de la víctima, datos a lo que se aúna la circunstancia de contar el
acusado con antecedentes penales previos a la ejecución de los hechos, no habiendo
el mismo interiorizado la norma penal, por lo que, ponderando dichas circunstancias
cumple imponer al acusado, por el delito consumado de asesinato, la pena de prisión
de DIECIOCHO AÑOS, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 41 y 55 del Código Penal.
En lo que atañe al delito de asesinato en grado de tentativa, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 139.1, 16, 62 y 66.1 6ª del Código Penal, no concurriendo
circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, ha de considerarse la pena
privativa de libertad más adecuada a la peligrosidad criminal que se desprende de los
hechos acaecidos, atendida la circunstancia de que nos encontramos en el marco de
una tentativa acabada, toda vez que el procesado inició la ejecución del delito
directamente por hechos exteriores, practicando todos los actos que objetivamente
deberían producir el resultado perseguido y deseado, no produciéndose éste por
causas ajenas a la voluntad del autor, por cuanto el acusado, quien se marchó de lugar
desentendiéndose de ambas víctimas, infligió a Ruth lesiones que de no haber recibido
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la asistencia médica y quirúrgica de urgencia inmediata que se le dispensó, hubieran
determinado sin duda el fallecimiento de la víctima, la gravedad de la agresión
denotada por el arma empleada, el número y características de las lesiones causadas,
habiendo asestado el acusado a la víctima hasta veinte cuchilladas en zonas tan vitales
como el tórax y el abdomen, lo que evidencia la energía criminal del acusado y la
intensidad y violencia con que perpetró los hechos, así como a tenor de la entidad de
las lesiones infligidas y de las secuelas que le han restado a la víctima, a lo que se
aúna, como antes se indicó, la circunstancia de contar el acusado con antecedentes
penales previos a la ejecución de los hechos, no habiendo el mismo interiorizado la
norma penal, por lo que, ponderando dichas circunstancias cumple imponer al
acusado, por el delito de asesinato en grado de tentativa, la pena de prisión de ONCE
AÑOS, con inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 41 y 55 del Código Penal.
No obstante, el máximo de cumplimiento efectivo de condena del procesado será de
veinticinco años de prisión, a tenor del art. 76.1 a) del CP .
SÉPTIMO.- Responsabilidad civil. Conforme a los artículos 109.1 y 116.1 del
Código Penal, la ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a
reparar en los términos previstos por las Leyes los daños y perjuicios por él causados,
de modo que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también
civilmente, si del hecho se derivaren daños y perjuicios, devengando, en tal caso, las
indemnizaciones pecuniarias que se fijen, el interés legal previsto en el art. 576.1 de la
Ley de Enjuiciamiento Civil; quedando conferida la determinación cuantitativa de los
daños e indemnizaciones al razonado arbitrio judicial por el artículo 115 del propio
Código, sin perder de vista, en cualquier caso, que la acción civil aún cuando se
ejercita dentro del procedimiento penal no pierde su naturaleza propia, rigiéndose por
los principios que le son innatos entre los que se encuentran el dispositivo, el de
aportación de parte y el de rogación, que implican que para poder otorgar una
indemnización por daños y perjuicios lo primero que se exige es que sean reclamados
bien por el perjudicado (artículo 110 LECRIM), bien por el Ministerio Fiscal en nombre
de aquél (artículo 108 LECRIM), sin que en cualquier caso el juzgador pueda otorgar
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más de lo pedido ni cosa distinta de la solicitada. A este respecto enseña TS Sala 2ª, S
25-1-1990 "Es importante destacar, dados los términos de la denuncia analizada, que
la acción civil ex delicto no pierde su especial naturaleza por el hecho de ser deducida
en el proceso penal (vid. art. 117 del Código Penal) por lo cual la misma debe quedar
sometida a los principios de rogación y de congruencia, lo cual implica la necesidad de
determinar su cuantía y la exigencia de no condenar por mayor responsabilidad civil de
la pedida (vid. Sentencia de 24 de marzo y 6 de abril de 1984).".
Sobre esta base normativa, y para cuantificar la indemnización por lesiones o por
causa de fallecimiento, razones de igualdad y seguridad jurídica aconsejan racionalizar
el arbitrio judicial en la materia acudiendo a la aplicación analógica del sistema de
valoración de los daños personales instaurado por la Ley 30/1995 en el ámbito de la
responsabilidad civil automovilística y actualmente regulado en el Real Decreto
Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley
sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, en sus
cuantías actualizadas para el año 2012 en lo que atañe a la víctima Ruth, dada la fecha
de alta médica de la perjudicada, según criterio adoptado por el Tribunal Supremo, Sala
1ª, Pleno, de fecha 17-4-2007, (rec.2598/2002. Pte: Roca Trías, Encarnación), y, para
el año 2011 por el fallecimiento de la víctima don Higinio, momento en que quedó
concretado el luctuoso resultado de muerte. La posibilidad de aplicación orientativa del
llamado baremo del automóvil al daño corporal derivado de delitos dolosos, con las
matizaciones y peculiaridades que sean del caso, ha sido legitimada como práctica
correcta por la Sala Segunda del Tribunal Supremo en sentencias como la 2076/2002,
de 23 de enero de 2003 (sic) y la 601/2003, de 25 de abril.
A tenor de lo expuesto, corresponde al padre de la víctima fallecida, don Isidoro,
quien convivía con su único hijo, Higinio, en el domicilio en que los hechos
acontecieron, como puso de manifiesto el Sr. Isidoro en el plenario, teniendo su hijo
veintiún años de edad en el momento del fallecimiento, no teniendo la víctima relación
ninguna con su madre, una indemnización de 99.775,96 euros, al que ha de sumarse,
un factor corrector por hijo único menor de veinticinco años, del 40 %, a tenor de la
aflictivadad psicológica dimanante de la violenta muerte de la víctima, lo que arroja un
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importe total de 139.686,34 euros, que ha de reducirse al máximo interesado por las
acusaciones personadas, esto es, 137.930,28 euros.
En lo que respecta a Ruth, debiendo significarse, como línea de principio, que para
ello adquiere especial relevancia e importancia la prueba de peritos. A este respecto,
no resulta ocioso recordar que en la prueba pericial lo que el perito aporta al Juzgador
no son hechos, sino conocimientos técnicos sobre los mismos que puedan resultar
necesarios para su correcta apreciación; se trata, de una prueba de auxilio judicial para
suplir o completar la ausencia o insuficiencia de determinados conocimientos científicos
o técnicos de Jueces y Tribunales, constatando con la máxima objetividad una realidad
no perceptible directamente por los sentidos. Por ello, la prueba pericial, como todas
las demás pruebas, se halla sometida al principio de libre valoración (art. 741 LeCrim.)
y no tiene carácter vinculante para el juzgador, esto es, que los Jueces y Tribunales
gozan de absoluta libertad para apreciar o valorar la prueba pericial, sin que en ningún
caso se hallen vinculados por el resultado de la misma, puesto que al perito le
corresponde el asesoramiento técnico y al juzgador la valoración de los datos que la
pericia le suministra (SSTS. de 18 de enero de 1993, 20 de abril de 1994 y 18 de mayo
de 1996), pues los mismos "no son en sí mismos manifestación de una verdad
incontrovertible" (ATC 868/1986), sino que constituyen "sólo un asesoramiento práctico
y científico para mejor comprenderla realidad" (SSTS de 22 de junio de 1993, 28 de
marzo de 1994, 14 de octubre de 1994, 27 de octubre de 1995 y 7 de junio de 1995).
Desde esta perspectiva, de conformidad con las reglas de la sana crítica, atendiendo
a los convincentes, acertados y exhaustivos argumentos, apreciados en relación al
conjunto de la actividad probatoria practicada en el acto del juicio, esta Sala acoge
plenamente las conclusiones a que llegan los Médicos Forenses, quienes en el acto del
Juicio Oral efectuaron unas explicaciones claras, concisas y contundentes, debiendo
asumirse, en el prudente ejercicio de la libre valoración de la prueba pericial practicada,
en la forma declarada probada, las conclusiones emitidas por los Médicos Forenses,
cuyo informe se estima correcto y ajustado a la realidad, amén de por las razones
sucintamente expuestas, en primer lugar, porque se trata de un informe médico al que
ya en una primera aproximación cabe otorgar un superior valor probatorio habida
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cuenta de que en los mismos no concurre riesgo ninguno de parcialidad, pues participa
a priori de una imparcialidad, profesionalidad y objetividad que no se ha visto
empañada por la presencia de ningún elemento de incredibilidad subjetiva derivada de
las relaciones con ninguna de las partes litigantes, de modo que su informe debe
prevalecer, tratándose de un informe médico pericial emitido por sendos médicos
forenses ajenos a los intereses partidistas de las partes, pues dicho informe
pericial-forense consta y se halla dotado de los principios de objetividad e imparcialidad
en sus conclusiones; y segundo, porque sus conclusiones se corresponden con la
naturaleza de las lesiones padecidas por la perjudicada según es de ver de los partes
de asistencia médica y de los informes médicos de evolución.
En consecuencia, corresponde por los ocho días de hospitalización, la cantidad de
556, 88 euros. Por los restantes doscientos nueve días de carácter impeditivo en que
tardó en estabilizar sus lesiones, la cantidad de 11.829,40 euros. Lo que arroja un
importe total de 12.386, 28 euros. La cantidad así determinada por lesiones ha de
experimentar un incremento adicional del diez por ciento en concepto de indemnización
complementaria por perjuicios económicos presuntivos, como permiten la tabla V-B del
sistema legal aplicado. Resulta así, salvo error aritmético o de cifra en alguno de los
pasos, una indemnización en concepto de lesiones de 13624, 90 euros, cantidad que
ha de reducirse a la de 13620 euros que en este concepto ha sido peticionada por las
acusaciones.
En concepto de secuelas, en lo se refiere a la paresia del nervio femoral derecho,
ponderando que a tenor de las manifestaciones efectuadas en el plenario por los
médicos forenses y la doctora doña Emilia, la misma ha evolucionado favorablemente y
con considerable mejoría, más al tiempo que aún sigue ocasionando limitaciones
relevantes para la realización de esfuerzos especiales o para correr, estima esta Sala
adecuado valorarla en un término medio de ocho puntos. Por lo que respecta a la
secuela de trastorno por estrés postraumático, en tres puntos, a tenor de la importante
aflictividad psicológica de los hechos procesales. Y, finalmente, en lo que respecta al
daño estético, a tenor del número de cicatrices, su localización en diversas partes de la
anatomía de la víctima, muchos de ellos visibles a simple vista, se estima adecuado,
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considerando el perjuicio estético importante, valorarlo en diecinueve puntos de
secuela. Todo ello arroja una indemnización en concepto de secuelas por importe de
33.173, 06 euros. La cantidad así determinada por lesiones ha de experimentar un
incremento adicional del diez por ciento en concepto de indemnización complementaria
por perjuicios económicos presuntivos, como permiten la tabla V-B del sistema legal
aplicado, y además un factor corrector por la mayor aflictividad psíquica de las lesiones
dolosas, que se puede fijar en un treinta por ciento. Resulta así, salvo error aritmético o
de cifra en alguno de los pasos, una indemnización en concepto de secuelas por
importe de 47.437,47 euros, que sumado el atinente a las lesiones temporales arroja
una cifra indemnizatoria total por todos los conceptos de 61.057, 47 euros,
incrementada en su caso con los intereses prevenidos en el art. 576 LEC.
OCTAVO.- Costas procesales. Han de imponerse las costas procesales
causadas a quienes se han declarado como autores de un delito o de una falta, y ello
por imperativo del artículo 123 del Código Penal, no siendo ocioso recordar la STS de
18 de marzo de 2004 cuando expone que "...la doctrina de esta Sala Casacional
mantiene con reiteración que en materia de costas procesales de la acusación
particular se ha prescindido del carácter relevante o no de su actuación para justificar la
imposición al condenado de las costas por ellas causadas y, conforme a los arts. 123
y 124 del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por el contrario
se entiende que rige la "procedencia intrínseca" de la inclusión en las costas de la
acusación particular, salvo cuando ésta haya formulado peticiones absolutamente
heterogéneas de las mantenidas por el Ministerio Fiscal, de las que se separa
cualitativamente y que se evidencien como inviables, inútiles o perturbadoras...",
doctrina que ha sido reiterada, por ejemplo, en la STS de fecha 26 de octubre de
2009, que expone "...La imposición de costas procesales de la acusación particular, se
fundamenta en nuestra doctrina legal. En efecto, es doctrina mantenida por esta Sala
Casacional que, conforme a los artículos 123 del Código Penal y 240 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, ha de entenderse que rige la «procedencia intrínseca» de la
inclusión en las costas de las de la acusación particular, salvo cuando ésta haya
formulado peticiones no aceptadas y absolutamente heterogéneas con las del
Ministerio Fiscal (Cfr. SSTS de 6 abril 1988; 2 noviembre 1989; 9 marzo 1991; 22
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enero y 27 noviembre 1992; 8 febrero 1995; y 12-7-2009, nº 773/2009). En este
caso, la acusación no ha sido perturbadora, ha sido homogénea con la acusación
pública, y sus pretensiones han sido acogidas en su mayor parte por la sentencia...", en
la STS de fecha 22 de enero de 2010, que pone de manifiesto "...Finalmente, en el
motivo 14º, reprocha la imposición de costas procesales de la acusación particular,
siendo así que la doctrina de esta Sala Casacional, ha declarado con reiteración que ha
superado el criterio de la "relevancia" de actuación, y atiende al más objetivo de la
homogeneidad. Es doctrina generalmente admitida que, conforme a los artículos 123
(antes 109) del Código Penal y 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ha de
entenderse que rige la «procedencia intrínseca» de la inclusión en las costas de las de
la acusación particular, salvo cuando ésta haya formulado peticiones no aceptadas y
absolutamente heterogéneas con las del Ministerio Fiscal (cfr., entre muchas,
Sentencias de 6 abril 1988, 2 noviembre 1989, 9 marzo 1991, 22 enero y 27
noviembre 1992 y 8 febrero 1995, y más recientemente 1980/2000, de 25 de enero
de 2001, 1731/1999, de 9 de diciembre o la sentencia núm. 1414/1997, de 26 de
noviembre). El motivo no puede prosperar ...", o, finalmente, la STS de fecha 30 de
marzo de 2010, con cita de la STS de 18 de marzo de 2004.
Por otra parte, resulta ilustrativa, la STS de fecha 25 de octubre de 2012, al significar:
"... La inclusión en la condena en costas de las originadas a la víctima o perjudicado
por el delito, que se persona en las actuaciones en defensa de sus intereses y en
ejercicio de los derechos constitucionales a la tutela judicial efectiva ( art. 24.1 C.E ) y
a la asistencia letrada ( art. 24.2 C.E ), constituye, en consecuencia, la aplicación
última al proceso penal del principio de la causalidad, como destaca la doctrina
procesal. El efecto de este principio es el resarcimiento por el condenado, declarado
culpable del acto delictivo que causó el perjuicio, del gasto procesal hecho por la
víctima en defensa de sus intereses...Junto a esta dimensión constitucional de las
costas, como resarcimiento de los gastos procesales originados a los perjudicados por
un comportamiento antijurídico, destacada por el Tribunal Constitucional en diversas
resoluciones, no ha de olvidarse que a través del proceso penal también se ejercitan
acumuladamente acciones civiles de reparación de daños, que no resulta congruente
someter a criterios procesales antagónicos con los que rigen en el proceso civil.
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Constituiría un supuesto de diferenciación irrazonable, y por ende discriminatorio, que
quien ejercite en el propio proceso penal sus acciones civiles para la reparación de un
daño derivado de un ilícito penal sea obligado a soportar sus propios costes procesales
pese a obtener el pleno reconocimiento de su derecho, mientras que si se reserva las
mismas acciones para ejercitarlas separadamente a un proceso civil la norma procesal
civil aplicable imponga las costas al condenado como responsable del daño, salvo
supuestos excepcionales...En definitiva la doctrina jurisprudencial de esta Sala en
materia de imposición de las costas de la acusación particular, puede resumirse en los
siguientes criterios: 1) La condena en costas por delitos sólo perseguibles a instancia
de parte incluyen siempre las de la acusación particular ( art. 124 C.Penal ). 2) La
condena en costas por el resto de los delitos incluyen como regla general las costas
devengadas por la acusación particular o acción civil. 3) La exclusión de las costas de
la acusación particular únicamente procederá cuando su actuación haya resultado
notoriamente inútil o superflua o bien haya formulado peticiones absolutamente
heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la sentencia. 4) Es el
apartamiento de la regla general citada el que debe ser especialmente motivado, en
cuanto que hace recaer las costas del proceso sobre el perjudicado y no sobre el
condenado. 5) La condena en costas no incluye las de la acción popular ( SSTS.
464/2007 de 30.5 , 717/2007 de 17.9 , 750/2008 de 12.11 ).
Ahora bien, no sería preciso interesar la condena en costas para que el Tribunal las
concediera, en supuestos del condenado (costas causadas en juicio) porque las
impone la Ley ( art. 123 CP .), ni tampoco las de la acusación particular en los delitos
sólo perseguibles a instancia de parte, por igual razón ( art. 124 CP .). Sin embargo, si
debería imperativamente mediar previa petición cuando se trate de incluir dentro de las
costas del acusado o acusados las de la acusación particular en los demás delitos y
también las que pudieran imponerse a los querellantes por haber sostenido
pretensiones temerarias frente al acusado, pues de lo contrario el Tribunal incurriría en
un exceso sobre lo solicitado o extra petita ( SSTS. 1784/2000 de 20.1 , 1845/2000
de 5.12 , 560/2002 de 28.3 , 1571/2003 de 25.11 ). Téngase presente que las costas
se hallan reguladas dentro del titulo que reza: "De la responsabilidad civil derivada de
los delitos y faltas y de las costas procesales", poniendo al mismo nivel normativo
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conceptos que justifica la similar naturaleza resarcitoria o compensatoria. Las costas ya
no tienen el carácter de sanción o penalización, sino de compensación indemnizatoria
por los gastos que se ha visto obligada a soportar una parte, a quien el derecho
ampara, por lo que debe aplicárseles los principios de postulación y contradicción.
En similar sentido la STS. 1455/2004 de 13.12, considera necesaria la petición
expresa no bastando con la alusión genérica a costas, razonando sobre su naturaleza
privada y la exigencia de petición de parte; y la STS. 449/2009 de 6.5 incide en que es
doctrina reiterada de este tribunal que tal reclamación es presupuesto ineludible de
dicha imposición, cuando se trata de las costas causadas por el ejercicio de la
acusación que han de diferenciarse de las costas atribuibles al proceso mismo, de
automática imposición conforme al artículo 123 del Código Penal. Tanto por regir, en
cuanto a la de la acusación, el principio de rogación, al tratarse de materia diferenciada
del derecho penal material, cuanto porque sin preceder dicha expresa petición la parte
condenada no habría tenido ocasión de aprestarse a la defensa frente a la misma ...".
En consecuencia, procede imponer al acusado las costas procesales, incluidas las
de la acusación particular, que interesó la expresa condena en costas en conclusiones
definitivas.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación y observancia,
en nombre de S.M. el Rey y por la Autoridad que me confiere la Constitución de la
Nación Española.
FALLO
1.-/ Que debemos condenar y CONDENAMOS al procesado Abel como autor
criminalmente responsable de un delito consumado de asesinato, ya definido, sin la
concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena
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de DIECIOCHO AÑOS de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el
tiempo de la condena.
2.-/ Que debemos condenar y CONDENAMOS al procesado Abel como autor
criminalmente responsable de un delito de asesinato en grado de tentativa, ya definido,
sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la
pena de ONCE AÑOS de prisión, con la accesoria de inhabilitación absoluta durante el
tiempo de la condena.
3.-/ Que debemos condenar y condenamos al procesado Abel, a que indemnice a
don Isidoro, en la cantidad de 137.930,28 euros, y, a Ruth, en la cantidad de 61.057, 47
euros, devengando tales cantidades un interés anual igual al del legal del dinero,
incrementado en dos puntos, desde la fecha de la presente resolución hasta la de su
total cumplimiento.
4.-/ Se impone al acusado el abono de las costas procesales, incluidas las de la
acusación particular.
5.-/ El máximo de cumplimiento efectivo de condena del procesado será de
veinticinco años de prisión.
Para el cumplimiento de la pena de prisión impuesta le será abonada al condenado
el tiempo que hubiere permanecido privado de libertad por esta causa si no le hubiese
sido aplicado a otra.
Notifíquese al Ministerio Fiscal y a la partes advirtiéndoles que contra esta resolución
pueden interponer RECURSO DE CASACIÓN, que deberá anunciarse en la forma
establecida en los arts. 855 y 856 de la LECRIM ante este mismo Tribunal en el plazo
de CINCO DÍAS a contar desde la última notificación de la presente.
Líbrese testimonio de esta resolución para su unión a los autos de su razón.
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Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
