1 INTERPONE ACCIÓN DE HABEAS CORPUS COLECTIVO Y PREVENTIVO. SOLICITA MEDIDAS. Sr/a. Juez/a: HORACIO PIETRAGALLA CORTI, en mi carácter de Secretario de Derechos Humanos de la Nación según Decreto de designación N° 70/2019 que se adjunta, conjuntamente con el Dr. MARIANO PRZYBYLSKI, Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional según la Decisión Administrativa N° 163/2020 que se adjunta, con el patrocinio letrado del Dr. Eduardo Raúl Hualpa (CPATw N° 1138), constituyendo domicilio en la calle Sarmiento 493 de la ciudad de Rawson, provincia de Chubut y domicilio electrónico en [email protected]y [email protected], nos presentamos ante Ud. y respetuosamente decimos: I- OBJETO. De conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 43 de la Constitución Nacional y la ley 23.098, venimos a promover acción de habeas corpus preventivo y colectivo en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chubut, por los graves hechos que se vienen denunciando a partir de la aplicación del Decreto N° 297/2020 por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia, avaladas expresa o tácitamente por las autoridades políticas. En particular, y tal como desarrollaremos en los siguientes puntos, esta SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN viene recibiendo numerosas denuncias sobre detenciones ilegales a ciudadanos que realizan actividades habilitadas por el Decreto 297/2020; apremios ilegales por parte de agentes de la policía al momento de las detenciones; secuestros de vehículos que estaban habilitados para circular; amenazas; hostigamientos; propagación del Covid-19 a raíz de las detenciones ilegales; y hasta incluso la orden de una autoridad policial solicitando a sus subordinados que salieran “a detener gente” porque así se lo pedían sus superiores políticos.
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INTERPONE ACCIÓN DE HABEAS CORPUS COLECTIVO Y PREVENTIVO.
SOLICITA MEDIDAS.
Sr/a. Juez/a:
HORACIO PIETRAGALLA CORTI, en mi carácter de Secretario de Derechos
Humanos de la Nación según Decreto de designación N° 70/2019 que se adjunta,
conjuntamente con el Dr. MARIANO PRZYBYLSKI, Director Nacional de Políticas
contra la Violencia Institucional según la Decisión Administrativa N° 163/2020 que se
adjunta, con el patrocinio letrado del Dr. Eduardo Raúl Hualpa (CPATw N° 1138),
constituyendo domicilio en la calle Sarmiento 493 de la ciudad de Rawson, provincia de
[email protected], nos presentamos ante Ud. y respetuosamente decimos:
I- OBJETO.
De conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 43 de la Constitución
Nacional y la ley 23.098, venimos a promover acción de habeas corpus preventivo y
colectivo en favor de todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chubut, por los
graves hechos que se vienen denunciando a partir de la aplicación del Decreto N° 297/2020
por parte de las fuerzas de seguridad de la provincia, avaladas expresa o tácitamente por las
autoridades políticas.
En particular, y tal como desarrollaremos en los siguientes puntos, esta
SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN viene recibiendo
numerosas denuncias sobre detenciones ilegales a ciudadanos que realizan actividades
habilitadas por el Decreto 297/2020; apremios ilegales por parte de agentes de la policía al
momento de las detenciones; secuestros de vehículos que estaban habilitados para circular;
amenazas; hostigamientos; propagación del Covid-19 a raíz de las detenciones ilegales; y
hasta incluso la orden de una autoridad policial solicitando a sus subordinados que salieran
“a detener gente” porque así se lo pedían sus superiores políticos.
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Asimismo, se han recibido denuncias acerca de resoluciones del Ministerio de
Seguridad de la provincia, que resultan más restrictivas de la libertad ambulatoria que el
Decreto Nacional 297/2020, sirviendo las mismas como supuesta justificación para detener
gente.
Todas estas conductas que detallaremos a continuación, resultan una clara
evidencia de la constante amenaza que sufren todos los ciudadanos de la provincia de
Chubut, de ser ilegalmente detenidos por las fuerzas de seguridad, lo que motiva esta
presentación en razón del artículo 3° inciso 1° de la Ley 23.098.
Por eso es que venimos a solicitar de manera urgente la intervención judicial a los
fines que se ordene al Gobierno de la provincia de Chubut a adecuarse a las normas
nacionales y abstenerse de cercenar aún más la libertad ambulatoria de los ciudadanos.
II.- ADMISIBILIDAD Y COMPETENCIA
El presente remedio colectivo resulta admisible en virtud de las expresas
disposiciones de nuestra carta magna nacional, que protege a las personas que se
encontraran amenazadas en su libertad física (art. 43in fine) y habilita para esos fines una
acción “expedita y rápida” que “el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia
del estado de sitio”.
Asimismo, y a nivel convencional, el art. 7.6 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos dispone que “En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda
persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un
juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza,
dicho recurso no puede ser restringido ni abolido”.
A nivel legal, la Ley Nacional 23.098 establece que “corresponderá el
procedimiento de hábeas corpus cuando se denuncie un acto u omisión de autoridad
pública que implique: 1° Limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria sin orden
escrita de autoridad competente” (Art. 3°).
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En ese sentido, el habeas corpus preventivo es el que se ocupa de la amenaza sobre
la libertad ambulatoria. Es decir, previene futuros posibles hechos lesivos, a diferencia del
habeas corpus tradicional o correctivo que funciona para reparar detenciones ilegales ya
sucedidas.
Por su parte, se trata de una acción colectiva porque, como explica Sagües,
“involucra a una categoría indeterminada de personas” (Sagües, Néstor, Habeas Corpus,
Ed. Astrea, pág. 243, 4ta ed.), que en este caso son todos los ciudadanos y ciudadanas de la
provincia de Chubut que se ven amenazadas en su libertad física cada vez que deben salir
de sus viviendas para realizar cualquiera de las acciones legalmente admitidas por el
Decreto 297/2020, como ser ir a comprar alimentos, pasear mascotas, sacar efectivo del
cajero, asistir a un adulto mayor, etc.
En cuanto a la competencia, toda vez que la amenaza a la libertad ambulatoria
proviene de acciones emanadas de las autoridades de la provincia de Chubut, la
competencia corresponde a los tribunales ordinarios de dicha provincia (art. 2° Ley
23.098).
III.- LEGITIMACIÓN.
La SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN tiene entre sus
funciones el seguimiento sobre el cumplimiento de los derechos civiles, políticos,
económicos, sociales, culturales, comunitarios y los derechos de incidencia colectiva en
general. Asimismo, tiene especialmente encomendada coordinar acciones para la
protección de los derechos humanos con el Poder Judicial (Cfr. Decreto N° 50/2019).
A su vez, la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS ejerce la representación
del ESTADO NACIONAL ante los Organismos Internacionales de Derechos Humanos, por
lo que debe defender internacionalmente el cumplimiento por parte del Estado argentino de
los compromisos asumidos a través de los tratados internacionales de derechos humanos.
Demás está decir que para el derecho internacional, el Estado argentino es uno sólo,
independientemente de su organización federal interna, por lo que el Estado Nacional-a
través de esta SECRETARÍA- responde por las acciones de cada una de las provincias.
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Dada esas funciones es que esta SECRETARÍA tiene especial interés en que se
respeten las garantías y la libertad ambulatoria de las personas, incluso dentro del marco
excepcional de la pandemia que dio origen al Decreto 297/2020.
En ese sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha
sancionado la Resolución 1/2020 en la cual advirtió que “aún en los casos más extremos y
excepcionales donde pueda ser necesaria la suspensión de determinados derechos, el
derecho internacional impone una serie de requisitos –tales como el de legalidad,
necesidad, proporcionalidad y temporalidad– dirigidos a evitar que medidas como el
estado de excepción o emergencia sean utilizadas de manera ilegal, abusiva y
desproporcionada, ocasionando violaciones a derechos humanos o afectaciones del
sistema democrático de gobierno” (Art. 3.g).
Asimismo, la CIDH exhortó a los Estados parte a “garantizar que no se realicen
detenciones arbitrarias durante la vigencia de estados de emergencia o restricciones a la
circulación de las personas, y que toda detención cuente con el debido control judicial, de
conformidad con los estándares” (Art. 37).
Por consiguiente, es función de esta SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS
DE LA NACIÓN llevar adelante todas las acciones necesarias a los fines de proteger los
derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas, y de esta forma evitar sanciones
internacionales por incumplimientos del derecho internacional de los derechos humanos. Y
de dicha obligación surge la legitimación procesal para interponer el presente habeas corpus
colectivo.
IV.- EL CARÁCTER COLECTIVO DE LA ACCIÓN
Los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chubut conforman un colectivo
que vive constantemente expuesto a la amenaza de ser detenido u hostigado por las fuerzas
de seguridad de la provincia, de acuerdo a los hechos denunciados ante esta SECRETARÍA
que expondremos en el siguiente acápite.
Por tal razón, la resolución de la presente acción requiere de un pronunciamiento
que proteja a todo el colectivo amenazado y marque pautas de acción generales para las
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fuerzas de seguridad, de modo de prevenir futuras detenciones ilegales. Estas pautas
generales de acción no podrían ser abordadas de manera eficiente en acciones individuales.
Sólo una solución de tipo colectivo puede satisfacer el interés del conjunto y prevenir
detenciones masivas e indiscriminadas.
Esta fue la inteligencia que inspiró la doctrina de la Corte Suprema en los casos
“Rivera Vaca”1 y “Verbitsky”2, que significaron un gran avance al establecer que las
posibilidades a las que alude el art. 43 de la CN comprenden también aquella de interponer
acción de habeas corpus de carácter colectivo. Así, el presente caso constituye un claro
ejemplo de afectación global de derechos individuales que, como tales, requieren de una
tutela judicial inmediata.
En los antecedentes mencionados, la Corte Suprema sostuvo que “pese a que la
Constitución no menciona en forma expresa el hábeas corpus como instrumento deducible
también en forma colectiva (…) es lógico suponer que si se reconoce la tutela colectiva de
los derechos citados en el párrafo segundo, con igual o mayor razón la Constitución
otorga las mismas herramientas a un bien jurídico de valor prioritario y del que se ocupa
en especial, no precisamente para reducir o acotar su tutela sino para privilegiarla”
(“Verbitsky”, consid. 16 del voto de la mayoría). Agregó a lo anterior: “…Debido a la
condición de los sujetos afectados y a la categoría del derecho infringido, la defensa de
derechos de incidencia colectiva puede tener lugar más allá del nomenjuris específico de la
acción intentada, conforme lo sostenido reiteradamente por esta Corte en materia de
interpretación jurídica, en el sentido de que debe tenerse en cuenta, además de la letra de
la norma, la finalidad perseguida y la dinámica de la realidad …” (consid. 17).
Ha señalado nuestra doctrina que una de las hipótesis que plantean la necesidad de
tutela judicial colectiva son los casos de afectaciones colectivas a derechos individuales por
razones de escala. Puede decirse que existen razones de escala cuando la solución
1 CSJN, 16/11/09, “Rivera Vaca, Marcelo Antonio s/ Habeas Corpus”, R. 860. XLIV. 2 2CSJN, 3/05/05, “Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus”, V. 856. XXXVIII.
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individual de la afectación resulta inviable por su alto costo o por generar excepciones ad
hoc a un régimen que requiere una disciplina o planificación colectiva3.
Asimismo, se ha destacado que además de razones de escala hay otro motivo que
plantea igual necesidad de tutela judicial colectiva, y que también se configura en el
presente caso. Se trata de supuestos de afectaciones colectivas a derechos individuales que
requieren un remedio colectivo. Este supuesto se caracteriza por dos rasgos: primero, un
mismo hecho, acto u omisión ilícitos que afecta a una pluralidad de individuos; segundo,
los remedios individuales resultarían insuficientes y, por ende, la afectación requiere un
remedio necesariamente colectivo –o, en términos empleados por la doctrina procesal
contemporánea, la inter comunicabilidad de resultados de la decisión judicial adoptada. Es
decir, los miembros del grupo o clase de los afectados ven menoscabado un derecho
individual, pero el remedio para evitar, hacer cesar o reparar esa afectación supone una
medida de alcance colectivo y no individual, de modo que nadie puede exigir un remedio
individual sin que trascienda o afecte a otros en la misma situación4.
Todas estas cuestiones que habilitan la acción colectiva se encuentran presentes en
la situación de las detenciones arbitrarias de las fuerzas policiales en la provincia de
Chubut.
Finalmente, cabe destacar que, tal como lo ha señalado la Corte Suprema en
“Rivera Vaca”, el grupo amparado trasciende a las personas que pueden integrarlo en un
momento determinado. En efecto, la Corte señala que lo que le otorga actualidad a la
cuestión sometida a su decisión es la subsistencia del problema estructural denunciado y no
la identidad de los sujetos amparados. Más aún, tratándose de problemas estructurales que
producen vulneración de derechos, la tutela judicial se justifica en la medida en que la
situación no haya sido reparada definitivamente y no pueda garantizarse en forma razonable
su no repetición. En la visión de la Corte, el problema debe atacarse judicialmente, incluso
con indiferencia de la identidad concreta de los afectados actuales. Otros afectados, incluso
otros potenciales afectados por la misma posibilidad de restricción de derechos y privación
arbitraria de la libertad habilitan, para la Corte, una intervención de la justicia que es
3 Christian Courtis. El caso "Verbitsky": ¿nuevos rumbos en el control judicial de la actividad de los poderes políticos? en CELS, Temasparapensar la crisis: Colapso del Sistema carcelario, Siglo XXI, Argentina, 2005. 4Christian Courtis. Op. cit.
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correctiva, pero en un sentido prospectivo, respecto de cualquier otra persona que pueda ser
detenida en el mismo lugar y bajo las mismas condiciones5.
V- HECHOS.
La presente acción se impulsa como consecuencia de las diversas denuncias
recibidas ante la DIRECCIÓN NACIONAL DE POLÍTICAS CONTRA LA VIOLENCIA
INSTITUCIONAL de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS DE LA NACIÓN,
desde el comienzo del Aislamiento Obligatorio (Decreto 297/2020) a través de las vías de
denuncias telefónicas, de whatsapp y correo electrónico.
En ellas, se han recibido numerosas denuncias concordantes acerca del accionar
arbitrario e ilegal de miembros de las fuerzas de seguridad de la provincia de Chubut, lo
que impulsó la interposición de la presente acción.
En el presente acápite, destacaremos sólo algunas de esas denuncias, a modo de
ejemplo de lo que está sucediendo de forma reiterada.
1) En una de las presentaciones recibidas, se nos puso en conocimiento que el
Ministerio de Seguridad provincial había dispuesto la prohibición de circular después de las
20 horas, estando a cargo de los bomberos hacer sonar una sirena para que toda la
población permanezca en sus domicilios. Esta decisión se ha tomado sin basamento legal
alguno, toda vez que el Decreto 297/2020 no dispone en absoluto la prohibición de salir a
comprar o pasear a las mascotas después de un determinado horario, por lo que la
resolución ministerial agrava la restricción ambulatoria dispuesta por el decreto nacional.
En igual sentido, se nos ha remitido copia de la Resolución N° 28/2020 del
Ministerio de Seguridad de la provincia, de fecha 24 de marzo del 2020, a través de la cual
el Ministro de Seguridad dispone de días en los cuales la gente no puede salir a realizar las
actividades permitidas por el Decreto Nacional 297/2020 en razón del número de
terminación de su DNI. Nuevamente, nos encontramos con una resolución ministerial que
5 FILIPPINI, Leonardo, “La acción de hábeas corpus correctivo”, en “Jurisprudencia Penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, tomo8, Editorial: Hammurabi, Buenos Aires, 2010, págs. 199/225.
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agrava las restricciones a la libertad ambulatoria impuesta por el Decreto Nacional, de
forma inconstitucional. (Se adjunta copia de la resolución)
2) En otro caso denunciado, en Comodoro Rivadavia, relatan que un domingo,
siendo las 19:35,una persona venía caminando por calle 556 cerca del tabernáculo cuando
fue interceptada por la policía en motos. Eran seis motos con dos oficiales cada una. Le
pidieron los datos, por lo que les fue exhibido el DNI. Todo esto sucedió a cinco minutos
de la vivienda de la persona denunciante. La persona manifiesta que le requisaron todo sin
orden judicial alguna, y le sacaron los 800 pesos que llevaba encima. Luego, uno de los
oficiales le disparó en el tobillo y le dijo que “se le había escapado” el tiro. Luego del
disparo, levantó el cartucho de color verde y se fueron dejando a la persona tirada en el
piso. El denunciante es repartidor de comida (actividad permitida) y ahora se ve
imposibilitado de trabajar por la herida recibida.
3) Otro denunciante relató que tiene una pizzería y que están haciendo delivery
para subsistir. La tarde del 7 de abril, a las 19.30, luego de cerrar su comercio, estaba
retornando a su casa con la moto que usa para repartir los pedidos y fue interceptado por un
operativo policial. Los policías lo detuvieron, entre cuatro policías lo sacaron de la moto, lo
pusieron contra la pared, le pusieron las manos atrás y se las ataron con precintos. La moto
fue cargada en una camioneta y lo llevaron a la comisaria primera de Trelew, en donde lo
pusieron en un patio con veinte personas más, a menos de un metro de distancia una de otra
y sin barbijos. Lo tuvieron en esas condiciones demorado más de dos horas y lo liberaron
sin su vehículo, obligándolo a volverse caminando más de veinte cuadras hacia su hogar y
dejándolo sin su medio de trabajo, que es la moto que le secuestraron. En este caso –como
observamos- sin perjuicio de que la persona realizaba reparto de comida, actividad
permitida por el Decreto 297/2020, la situación es más grave aún porque acumulando
gente detenida en un patio a menos de un metro de distancia cada una, lo que hacen
las fuerzas de seguridad de la provincia es ayudar a la propagación del virus,
justamente lo que busca evitar el mencionado Decreto.
4) Otro hecho nos llegó desde Paraje Rincón de Lobos, Éjido de El Hoyo, cerca
del límite con la provincia de Río Negro. Según nos relata la persona denunciante, el
Ministro de Seguridad de Chubut restringió el tránsito entre esa provincia y Río Negro,
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afectando el paso de ciudadanos chubutenses a la localidad de El Bolsón, que es el centro
de servicios generales de toda la “comarca andina”. En ese contexto, el día 6 de abril una
ciudadana de Lago Puelo debía cruzar hacia El Bolsón para adquirir medicación oncológica
para una persona enferma que se encontraba a su cuidado. Aclara la denunciante que dicha
medicación sólo podía conseguirse en El Bolsón dentro de la zona. Los agentes de
seguridad que se encontraban e n el límite entre ambas provincias le manifestaron que solo
podía pasar la persona que figuraba en la receta, cosa imposible debido –justamente- a su
delicado estado de salud.
5) Otra situación denunciada en ese mismo cruce entre Chubut y Río Negro se dio
también el 6 de abril cuando una persona de un laboratorio clínico con sede en El Bolsón
debía pasar de una provincia a la otra llevando muestras de extracciones de las localidades
de El Hoyo, Maitén y Epuyen y en el retén policial no la dejaron pasar, pese a tener la
documentación que acreditaba que trabajaba en el laboratorio del El Bolsón y ver los
policías que llevaba muestras de extracciones de sangre.
Ante la inflexibilidad de la Policía de Chubut de dejar pasar a la persona con las
muestras –pese a que en la Argentina están constitucionalmente prohibidas las fronteras
entre provincias- tuvo que acercarse al lugar otra persona del lado de la provincia de Río
Negro para recoger las extracciones y llevarlas hacia El Bolsón.
6) Otra denuncia nos llega a través del envío de una noticia periodística con un
video en donde se observa a personal de la Policía de Chubut golpeando a un detenido en el
Gimnasio Municipal N° 1, en Trelew. Al igual que expresáramos en otro de los hechos,
aquí observamos tanto los apremios ilegales a los que son sometidos los detenidos, como
así también la acumulación de personas detenidas en un Gimnasio, propiciando la
Que el Servicio Jurídico permanente del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS ha tomado la
intervención que le compete.
Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones emergentes del artículo 100 inciso 3 de la
CONSTITUCIÓN NACIONAL y del artículo 2º del Decreto Nº 355 de fecha 22 de mayo de 2017.
Por ello,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
DECIDE:
ARTÍCULO 1º.- Dáse por designado transitoriamente, a partir del 19 de diciembre de 2019 y por el término de
CIENTO OCHENTA (180) días hábiles contados desde la fecha de la presente medida, al doctor Mariano Ariel
PRZYBYLSKI (D.N.I. Nº 27.729.962) en el cargo de Director Nacional de Políticas Contra la Violencia Institucional
dependiente de la SECRETARÍA DE DERECHOS HUMANOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS
HUMANOS, Nivel A - Grado 0 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL
DE EMPLEO PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08.
Se autoriza el correspondiente pago del Suplemento por Función Ejecutiva Nivel I del citado Convenio Colectivo de
Trabajo Sectorial y se efectúa la presente designación con autorización excepcional por no reunir el doctor
PRZYBYLSKI los requisitos mínimos establecidos en el artículo 14 de dicho Convenio.
ARTÍCULO 2º.- El cargo involucrado en el artículo 1º de la presente medida deberá ser cubierto conforme los
requisitos y sistemas de selección vigentes según lo establecido, respectivamente, en los Títulos II, Capítulos III, IV
y VIII, y IV del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial del Personal del SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO
PÚBLICO (SINEP), homologado por el Decreto Nº 2098/08 dentro del plazo de CIENTO OCHENTA (180) días
hábiles, contados a partir de la fecha de la presente medida.
ARTÍCULO 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será atendido con cargo a las
partidas específicas de la Jurisdicción 40 - MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y
archívese. Santiago Andrés Cafiero - Marcela Miriam Losardo
e. 20/02/2020 N° 9114/20 v. 20/02/2020
Fecha de publicación 20/02/2020
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional2020 - Año del General Manuel Belgrano
Nota
Número:
Referencia: Recomendaciones en el marco del control del cumplimiento del Decreto 297/2020 A: Juan Carlos Hernandez (J#PFA), Mario Ruben Farinon (PNA#MSG), ANDRES SEVERINO (DINALGEN#GNA), Jose Alejandro Glinski (PSA#MSG), Con Copia A: Eduardo Alfredo Villalba (SSYPC#MSG), Claudio Suarez (SSYPC#MSG),
De mi mayor consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted, en mi carácter de Subsecretario de Control y Transparencia Institucional, a fin de llevar a su conocimiento una serie de recomendaciones en el marco del cumplimiento de tareas de control del aislamiento preventivo obligatorio, establecido por Decreto N° 297/2020.
En atención a lo allí dispuesto, las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales se encuentran cumpliendo tareas de control en la vía pública, situación que puede provocar conflictos entre los/as ciudadanos/as y los agentes policiales. A fin de disminuir al mínimo estas circunstancias, solicito tenga a bien comunicar a todo el personal de la fuerza a su cargo, cada uno de los puntos detallados a continuación:
Es importante, en principio recordar que el objetivo del aislamiento preventivo obligatorio es la reducción de circulación de personas en la vía pública, evitando a su vez la concentración de personas en las comisarías y dependencias de las fuerzas policiales y de seguridad. En tal sentido, la principal tarea que tiene el personal policial es garantizar que las personas que se encuentran circulando sin estar debidamente autorizadas, retornen inmediatamente a sus hogares para cumplir con lo establecido en el decreto.
Por otro lado y en relación a la posible identificación de personas que se encuentren en infracción a la norma, deberá recordar a todo el personal que deberá primar el buen trato y respeto, propiciando el diálogo. En tal sentido,
el personal policial y de las fuerzas de seguridad deberá:
Contar con gafete de identificación personal.•Identificarse y explicar el motivo de la presencia en el lugar.•Consultar sobre los motivos por los que la persona está circulando. Debe tenerse presente que existen numerosas excepciones al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que permiten el tránsito de personas que cumplan trabajos y/o brinden servicios en determinados rubros.
•
Si la persona que se encuentra en la vía pública dice estar alcanzada por algunas de las excepciones, se solicitará que acredite dicha circunstancia. Debe contemplarse que mucha de la gente que se encuentre dentro de los rubros que habilitan la circulación, realiza la tarea por su propia cuenta, por lo que la validez del certificado que presenten deberá ser interpretada de manera razonablemente amplia.
•
Si la persona se encuentra transitando el espacio público y acredita vivir por la zona, el personal policial puede acompañarla hasta su domicilio y asegurarse que ingrese al mismo.
•
En caso de que se compruebe que la persona está violando la cuarentena, transitando una zona alejada de su domicilio y sin estar contemplado en las excepciones legalmente previstas, se comunicará a la justicia penal para que se evalúe la pertinencia o no de iniciar acciones en función del posible incumplimiento al art. 205 y 239 del Código Penal Argentino. Al mismo tiempo, deberá informarse a la persona acusada el juzgado, fiscalía y defensoría interviniente.
•
Si la persona es trasladada a la comisaría, deben hacerle conocer sus derechos de forma que sea comprensible. El personal policial y de las fuerzas de seguridad deberá informar sobre:
•
- La razón concreta de la privación de libertad.
- El derecho a realizar una llamada telefónica a fin de informar del hecho de la detención y el lugar donde se encuentra detenido/a.
- El derecho a designar abogado o abogada de confianza o un representante de la defensa pública y a solicitar su presencia inmediata para asistencia en las diligencias policiales o judiciales que correspondieren.
- El derecho que le asiste a que se realice un reconocimiento médico que verifique el estado psicofísico y, en caso de ser necesario, a recibir en forma inmediata asistencia médica.
Por último, solicito tenga a bien indicar a todo el personal que, en el marco del cumplimiento de las tareas asignadas, no podrá:
Alejarse de los principios fijados en los protocolos de actuación que regulan el uso racional de la fuerza, esto es: legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad.
•
Realizar tareas de dispersión masiva a bordo de motocicletas o vehículos, de grupos de personas que se encuentren en la vía pública, recordando que el abordaje debe ser personal (con excepción de indicarse medidas de contención de tumultos para las cuales se impartirán órdenes específicas de las jefaturas de cada Fuerza).
•
Proceder a la detención de manera compulsiva sin antes recabar los motivos por los que la persona se encuentra fuera de su domicilio.
•
Realizar detenciones sin informar inmediatamente a la autoridad judicial interviniente.•Realizar traslados a comisarías o dependencias de las fuerzas de seguridad sin la intervención del Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal
•
En caso que otra persona se encuentre tomando registro fílmico de la intervención policial, no podrá impedirse dicha actividad.
•
Sin otro particular saluda atte.
Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE Date: 2020.03.25 17:15:56 -03:00
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REPÚBLICA ARGENTINA PROVINCIA DEL CHUBUT
MINISTERIO DE SEGURIDAD
RAWSON, 24 MAR 2020
VISTO: La Resolución Nro. 26/2020-Mseg, y los D.N.U Nº 260/20-PEN y 297/20-PEN y;
CONSIDERANDO: Que mediante la Resolución citada en el Visto se verá limitado el ingreso a los
locales comerciales (supermercados mayoristas y minoristas y comercios minoristas de proximidad, farmacias, kioscos y panaderías) a una persona por grupo familiar;
Que resulta necesario ampliar la medidas en los locales alimenticios, para lo cual se deberá establecer un cronograma de atención al público, el cual será el siguiente:
- LUNES - MIERCOLES - VIERNES: solo podrán ingresar a los establecimientos comerciales, aquellas personas cuyos documentos terminen en numero O y números par.
- MARTES - JUEVES - SABADO: solo podrán ingresar a los establecimientos comerciales aquellas personas cuyos documentos terminen en números impar.
- DOMIGOS: los establecimientos comerciales deberán permanecer cerrados obligados a una desinfección integral y al abastecimiento de los mismos;
Que las medidas que se establecen en la presente Resolución resultan las imprescindibles, razonables y proporcionadas con relación a la amenaza y al riesgo sanitario que enfrentamos; POR ELLO:
EL MINISTRO DE SEGURIDAD RESUELVE:
Artículo 1°.- Establézcase un cronograma de atención al publico en los establecimientos comerciales, el cual quedará de la siguiente manera:
o LUNES - MIERCOLES - VIERNES: solo podrán ingresar a los establecimientos comerciales, aquellas personas cuyos documentos terminen en numero O y números par.
o MARTES - JUEVES - SABADO: solo podrán ingresar a los establecimientos comerciales aquellas personas cuyos documentos terminen en números impar.
o DOMINGOS: los establecimientos comerciales deberán permanecer cerrados obligados a una desinfección integral y al abastecimiento de los mismos.
Artículo 2°. - La presente Resolución será refrendada por el Señor bsecretario de Seguridad Informática e Inteligencia Criminal del Minist o de Seguridad.
Artículo 3º.- Regístrese, comuníquese, notifíquese, dese al Boletín Oficial y cumplido, ARCHIVESE.
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