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ENSAYOS

LAS DEFICIENCIAS DE QUE ADOLECE LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO:

UN ENORME REZAGO Y PROBLEMA ESTRUCTURAL QUE URGE ATENDER

The deficiencies of the lack of judicial investigation in Mexico: The enormous outdistance

and structural problem that urges to attend

Ángel Guillermo Ruiz Moreno

Investigador Nacional del CONACYT. Coordinador del Doctorado en Derecho de la Universidad de Guadalajara. Presidente Internacional de la «Asociación Iberoamericana

de Juristas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ‘Dr. Guillermo Cabanellas’» (AIJDTSSGC).

[email protected]

Palabras claveInvestigación jurídica, juristas, crisis, estudiosos y México

Key WordsLegal investigation, jurist, crisis, students and Mexico

Pp. 158-181

Recepción: Enero 19 de 2012Aceptación: Febrero 28 de 2012

ResumenEl ensayo versa sobre el tema específico de las deficiencias de que adolece la investigación jurídica en México, cuestión que no ha sido debidamente valorada, debiendo ser una alternativa para el desarrollo profesional de los estudiosos, mostrando un contexto actual del escenario nacional y la gran necesidad de incrementar dicha investigación en nuestro País.

Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual Instituto de Investigaciones Jurídicas

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AbstractThe essay is about the specific subject of the deficiencies of the lack of judicial investigation in Mexico, matter that has not been valued correctly, which should be a choice as the law students develop their carrier, showing an actual context of the national scenery and the great need to increase such research in our country.

INTRODUCCIÓN

Como docente e investigador dedicado desde hace más de un cuarto de siglo a la formación de profesionistas a nivel licenciatura y posgrados, la elaboración de planes de estudio, la redacción de artículos arbitrados y hasta la escritura

de libros especializados en diversas materias —especialmente en el rubro del Derecho Social—, me queda muy claro que en la enorme mayoría de las facultades de derecho de México y salvo las honrosas excepciones que confirman la regla general, se adolece de una actividad académica sustantiva que resulta crucial para el correcto desarrollo de la ciencia jurídica: la investigación.

Porque contrario a lo que muchas entidades educativas a nivel universitario piensan, no es suficiente el proceso de la docencia —sea en sistema presencial, semi presencial o vir-tual—; no basta con la aplicación del conocimiento ni las tutorías de los educandos. No se colma la labor educativa universitaria con simples tareas relativas a los quehaceres de difusión de la cultura y de extensión universitaria. En esta era híper-tecnologizada de la segunda década del siglo XXI, es absolutamente prioritario e indispensable poner en un sitio preferencial el quehacer de la investigación en todos sus ámbitos y perfiles; y obvio, en el caso específico de la ciencia del Derecho, comenzar por darle un lugar prioritario en las tareas sustantivas a la investigación jurídica1.

Hay que cambiar nuestra forma de ser y de pensar, cambiando estructuralmente para bien a las rebasadas universidades del siglo XX, que ya dieron lo que tenían que dar y que urge sean trasformadas e innovadas a fin de volverles pertinentes con nuestra realidad actual y las demandas de una colectividad que no aprecia los resultados de la inversión en educación que con tanto esfuerzo realiza2.

Hablamos aquí de innovación en las tareas educativas, rompiendo con viejos cartabones y paradigmas tradicionales que no empatan más con la sentida realidad actual; un enorme desafío que deberemos afrontar los académicos de carrera a la mayor brevedad, pues no basta con cambiar planes y programas de estudio a nivel licenciatura y posgrados, sino reorganizar el trabajo académico para fortalecer el complejo proceso de la enseñanza/

1.. Imposible crecer en la generación y difusión del conocimiento científico o tecnológico apoyados en “una mesa cuadrada de tan sólo tres patas”, para decirlo coloquialmente y para que mejor se entienda el punto. Porque sin investigación, el quehacer académico queda corto, se trunca y sin remedio apuntará hacia la obsolescencia del conocimiento científico.2.. El investigador de la Universidad de Guadalajara Ricardo Arechavala Vargas, dice al respecto: “Transformar a la Universidad es como reconstruir un avión en pleno vuelo. Se deben reconvertir los motores de hélice a turbina; se debe hacerlo volar a mayor velocidad sin aumentar el consumo de combustible; y todo debe hacerse sin aterrizar, con limitada cantidad de gasolina, sin que los pasajeros se inquieten y con terroristas a bordo.” ¡Totalmente de acuerdo, Dr. Arechavala!

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ENSAYOSLas deficiencias de que adolece la investigación jurídica en méxico: un enorme rezago y problema...

aprendizaje mediante una labor transdisciplinaria y tutorial que permita enfocar con objeti-vidad las problemáticas objeto de estudio, (digamos, por ejemplo, el proceso electoral mexi-cano), siempre intentando hacerlo desde las diversas ópticas: política, social, económica y naturalmente jurídica; pero además, observar su conjunto dentro de un área específica del conocimiento, (verbigracia, en el ámbito jurídico analizar los complicados procesos legis-lativos o bien el tema de administración de justicia que, de alguna manera, “judicializan” la elección y el voto ciudadano), en vez de limitarnos a estudiar este tema desde el ángulo teórico del Derecho Constitucional, o de los Derechos Electoral o Administrativo.

De tal forma, más que indagar acerca de aspectos teóricos, alentemos las investigaciones de caso, efectuadas de manera tal que no sólo hagan un diagnóstico del contexto histórico o situacional del tema-problema abordado, sino que además exploren diversas opciones de solución, viables y factibles, susceptibles pues de ser aplicadas en la práctica, convirtiendo así al sector universitario en un interlocutor social permanente. Dicho en dos palabras, hablamos de investigación aplicada.

Porque este tipo de investigaciones jurídicas de calidad hace falta en México; una labor que permita no nada más teorizar o re-conceptualizar, sino que vaya más allá y se materia-lice debido a la contundencia de los razonamientos crítico-propositivos que se viertan en el trabajo de investigación efectuado. Es decir, investigación aplicada de calidad, acerca de temas locales, nacionales e internacionales.

Empero, la gran interrogante a respondernos los juristas es fácil de formular pero muy complicada de responder: ¿cómo estamos en materia de investigación jurídica? Pues bien, existen indicadores en el país claves para conocer a fin de entender cuál es la problemática enfrentada por México en el rubro específico de la investigación científica:

1) El escaso número de investigadores de la plantilla de las facultades de derecho, en donde un porcentaje muy reducido de ellos se dedican de manera prioritaria a estas complicadas y poco reconocidas tareas;

2) El pobre o de plano nulo apoyo económico otorgado a esta labor, fundamental en los actuales procesos de enseñanza/aprendizaje de la ciencia del Derecho —espe-cíficamente en materia laboral y de la seguridad social, vista su incontenible evo-lución—, e incluso en el impacto y posicionamiento global que las Universidades tienen tanto dentro como fuera del territorio nacional, exhibiendo serias carencias debido en buena medida a las deficiencias estructurales de que adolecen, con las lógicas excepciones de los centros de investigación jurídica cuya tarea sustantiva primordial es precisamente ésa: la investigación3; y

3) Los pocos juristas en México, parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), rara vez se dedican

3. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es un claro ejemplo de ello y una referencia obligada en el país, si bien no es el único que se dedica a estos menesteres; en su seno aglutina con mucho a los más reconocidos investigadores de la ciencia del Derecho y se convierte así no sólo en una referencia nacional sino regional iberoamericana y hasta mundial.

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al cultivo del Derecho Social, provocando que la educación en este rubro se base en ideas y conceptos cuya notoria obsolescencia ante la realidad es evidente, con toda la problemática que ello representa en la formación de nuevas generaciones de profesionistas.

Los procesos de investigación en todos sus órdenes —y muy en especial el fomento de formación de las nuevas generaciones de investigadores—, devienen en una tarea funda-mental en las Universidades del siglo XXI; sin embargo, no se ha hecho énfasis alguno en la importancia y trascendencia que tienen los quehaceres de la investigación en el ámbito académico, ni se ha motivado la incorporación de forma consistente y permanente de los jóvenes estudiantes y recién egresados de nuestras Facultades o Escuelas de Derecho a esta noble tarea; ello pese a que las labores de asistencia a investigadores de tiempo com-pleto a corto plazo no es sólo una alternativa de empleo para ellos, sino que a mediano y largo plazos bien puede convertirse en una actividad permanente. Una cuestión que, en mi particular opinión, todavía no ha sido debidamente valorada como alternativa de vida profesional, cuando hay un enorme nicho de oportunidades de desarrollo.

Sobre este tema específico de la investigación y la formación de nuevos cuadros de inves-tigadores jurídicos que tanta falta hacen en México, versará este ensayo breve.

CONTEXTUALIZACIÓN DEL ACTUAL ESCENARIO NACIONAL EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN

Atendamos primero a los datos duros y las estadísticas sobre este espinoso tema. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la cual per-tenece México desde 1994, define la investigación de manera sencilla e ilustrativa como: “el trabajo creativo, realizado de manera sistemática, con el fin de incrementar el acervo de conocimiento del hombre, la cultura y la sociedad, y la utilización de ese acervo de conocimiento para desarrollar nuevas aplicaciones.”4.

El punto a considerar aquí, en aras de intentar “medir” el grado de avance nacional en ma-teria de investigación científica, es que estadísticamente Suecia es la nación de la OCDE que más asigna a este rubro: el 3.8% de su Producto Interno Bruto (PIB); en tanto, Méxi-co invierte en un año el equivalente a 0.4% del PIB en investigación y desarrollo, ubicado lamentablemente lo ubica en el último sitio entre las naciones pertenecientes a dicho organismo internacional, magro porcentaje que expresado a precios de 2009 equivalen a 51,450 millones de pesos (unos 3 mil 958 millones de dólares norteamericanos), indica el Informe de la OCDE denominado: “Regiones de un Vistazo-2009”5.

4. Fundada en 1961, la OCDE agrupa a 34 países miembros comprometidos con la democracia y con una economía de mer-cado cuya finalidad es perfectamente delimitada: apoyar el desarrollo económico sostenible; incrementar el empleo; elevar los niveles de vida; mantener la estabilidad financiera; apoyar el desarrollo económico de otros países; y contribuir al crecimiento del comercio mundial. Hoy día, la OCDE la preside un mexicano —el ex Secretario de Hacienda y Crédito Público del país: Ángel Gurría, por cierto recién relecto por otro periodo más al frente de dicho organismo—. Para mayores datos ver la página web: http://www.oecd.org.5. Dato consultable en el Informe: “OCED, Regions at a glance 2009”, en: http://www.oecd.org

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Nuestro país también ocupa el último puesto en cuanto a personal desempeñado en las áreas científicas y tecnológicas, así como en materia de registro de patentes, de acuerdo con el citado organismo internacional. En este punto, para tener un dato comparativo confiable que dimensione de mejor manera la inversión —que no gasto— efectuado en el rubro específico de la investigación por parte del Estado mexicano, diremos que tan sólo el pago de intereses de la deuda pública nacional significó, en 2009, una erogación de recursos públicos por 23,596 millones de pesos, cantidad cubierta por “servicio de deuda” (cuya utilidad no está justificada debido a que hoy más que nunca se tienen altas reservas financieras guardadas por el Estado mexicano), y es una cifra que cuadruplica los recursos destinados por el país a investigación y desarrollo. Tal cantidad no incluye los 30 mil millones de pesos empleados cada año para financiar el costo del rescate bancario (FOBAPROA) de 1995, el cual se sigue pagando con fondos públicos; todo ello según datos consolidados provenientes de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público, difundidos por diversos medios de comunicación masiva6.

En otro terreno relacionado también con la ciencia y la innovación, como lo es el registro de patentes, aquí para no variar el país es colero, en promedio en México se registran anual-mente dos patentes por cada millón de habitantes; mientras en Polonia o Turquía se registran tres patentes, y siete en la República Eslovaca —por citar los países hallados en la parte más baja de la clasificación de la OCDE en materia de registros de patentes—. Los punteros en este rubro son: Finlandia, con 271 patentes anuales por cada millón de habitantes; Suecia, con 270, y Suiza con 265, siempre de acuerdo con los reportes publicados por la OCDE y difundidos públicamente, lo cual nos permite de alguna manera compararnos con otros países del planeta y comprueba la patética situación padecida hoy en día por los mexicanos, en el rubro de la investigación, lo cual nos vuelve irremediablemente un país dependiente de los logros ajenos7. Ante estos ilustrativos datos, sobra efectuar cualquier comentario, excepto preguntar: ¿y dónde quedó el mítico ingenio de los mexicanos? Pues en eso, en un mito más de los muchos que abundan en nuestra amada patria.

Un dato más nos será muy útil para redondear el escenario y contextualizar de mejor ma-nera nuestra situación actual en el rubro de la investigación. Consultando la página web del CONACYT de México, se intentan buscar datos contundentes acerca de este tema —pon-gamos por ejemplo: ¿cuántos juristas forman parte del SNI del CONACYT?—, en realidad no podremos conseguir la información confiable y actualizada, pues hay un desglose de los nombres, área, institución o Universidad de adscripción y nivel, pero no existe disponible al usuario un desglose del perfil profesional del investigador como dato útil de retroalimentación a los Centros de Estudios Superiores, a fin de mejorar su desempeño, tratando de equilibrar la oferta educativa; para colmo de males, la información se halla desfasada pues las cifras manejadas en la página electrónica del CONACYT, si bien en algunos aspectos está actua-lizada hasta 2011, en otros rubros ofrece datos consolidados hasta el año 2004.8

6. http://www.jornada.unam.mx/2009/05/10/index.php?section=economia&article=028n1eco7. http://www.jornada.unam.mx/2010/05/18/index.php?section=ciencias&article=a02n1cie8. Informe Nacional de Investigación Científica - 2005. Dicho Informe es consultable en el sitio web: www.concyt.gob.mx/rendi-cióncuentas/documentos/SistemaNacionaldeInvestigadores-2005.pdf

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Así, en el rubro de las Ciencias Sociales del SNI-CONACYT (área V) —a la cual el autor de esto pertenece—, sólo se dedican a este rubro específico un 13% del total de los inves-tigadores del país reconocidos como tales; lo cual abarca obviamente a todas las ciencias sociales sin excepción, en las cuales muy probablemente los científicos del Derecho son minoría, proporcionalmente considerando el enorme el número de abogados o licencia-dos en Derecho en el país. ¿Conclusión de todo esto? Que los juristas somos una minoría insignificante en cuanto atañe a las tareas sustantivas de la investigación científica en el país9.

Por otra parte, a partir de las Convocatorias de los años 2009 y 2010, el SNI, sin explica-ción alguna, comenzó un recorte importante en el rubro de investigadores de la ciencia del Derecho y de forma especial de los Derechos Sociales, hoy en día arrojados sin pudor ni rubor al arcón del olvido (primordialmente cultores de las disciplinas jurídicas laboral y de seguridad social), hasta el punto de que muchos de mis pares académicos de diversas instituciones universitarias de todas partes del país, o no fueron aceptados para ingresar, o no se les renovó su nombramiento, o peor todavía: fueron degradados de nivel, resultan-do afectados marcadamente los investigadores de provincia. Es de suponerse, porque no hay explicación racional posible al respecto, que ello sucedió por alguna de dos razones:

a) La falta de recursos presupuestales para el CONACYT debido al regateo de la clase política en turno a elevar el gasto en investigación nacional hasta el 1% del PIB, lo cual condujo irremisiblemente a la adopción de rigurosas posturas de ingreso y/o promoción que terminaron excluyendo a la postre a un buen número de los investigadores del SNI; o bien,

b) A una evaluación deficiente de los méritos de los aspirantes, atribuible a la Comisión Dictaminadora del área V del SNI, pues así no se diga ni reconozca abiertamente, no sólo en México sino en Latinoamérica existe la percepción generalizada y pre-juiciosa del gremio jurídico considerar a este tipo de especialidades del Derecho Social como “disciplinas menores” (sic)10.

Ahora bien, la primera de tales hipótesis debería descartarse porque, de acuerdo al «Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social» (CONEVAL), se aumentó ligeramente el presupuesto del CONACYT para el año 2010, llegando en números redondos al 0.50% del PIB —muy lejos todavía del 1% prometido pero ligera-mente superior a la cantidad presupuestada para años anteriores—. Empero, pese a dicho incremento presupuestal, en el ranking de “percepción de la calidad de instituciones de investigación científica”, que abarca a 133 de todo el planeta, México está a duras penas

9. En términos generales las llamadas Ciencias Sociales se integran por una decena de ciencias al menos, dependiendo siempre de su aplicación social y sin que exista un consenso académico al respecto. Usualmente al Derecho se le ha clasificado como una ciencia social, si bien no son pocos quienes le consideran una disciplina propia de las Humanidades.10. Lo afirmado aquí no es gratuito. El que esto escribe tiene ya 8 años fungiendo como Presidente de la Junta Directiva In-ternacional de la Asociación Iberoamericana de Juristas de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ‘Dr. Guillermo Cabanellas’ (AIJDTSSGC), y en los diversos eventos académicos y Congresos Latinoamericanos en que participamos, hemos constatado esa especie de prejuicio, digamos que casi de repudio absoluto, respecto de los temas sociales, que es mostrado abiertamente sin pudor ni rubor incluso por todo tipo de profesionales del Derecho. Desde luego comprendemos que hay múltiples intereses en juego, pero en cualquier caso ello explica, que no justifica ese tipo de actitudes asumidas.

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a media tabla, pues ocupa el lugar 65, por debajo de países como Costa Rica (sitio 30), Brasil (sitio 41), Chile (sitio 57) y Argentina (sitio 59), de acuerdo a estadísticas consoli-dadas del Foro Económico Mundial11.

Por lo tanto, todo apunta a que el trato discriminatorio mostrado hacia nuestros pares académicos, se debió más a un endurecimiento de las políticas de ingreso y permanencia en el SNI, aplicadas en el caso concreto por la Comisión Dictaminadora que a razones económicas. ¡De por sí somos pocos y aparte se niega el reconocimiento solicitado, pues México sirve más como un aliciente que como un apoyo efectivo a la investigación! Con-clusión del punto: éramos pocos y ahora somos menos.

Y entonces, ante este escenario poco alentador, la evidente falta de investigación original, reconocida, apreciable y consistente en materia jurídica, que coadyuve a la actualización entre nuestra acuciante realidad actual que padecemos con respecto de los paradigmas científico-jurídicos manejados, media pues un desfasamiento notable. Lo cual de alguna manera explica por qué no podemos efectuar reformas estructurales del Estado mexicano en materia laboral o las reformas tan desastrosas en materia de seguridad social de 1997 y 2007 fueron tan desastrosas.

No es sólo una notoria obsolescencia de los marcos jurídicos vigentes, rebasados sin remedio por la dura realidad —una realidad, habrá que recordarlo siempre, que suele ser más sabia que el Derecho—, sino también la incidencia de un desfasamiento en el pro-ceso de la enseñanza / aprendizaje de la ciencia jurídica, hasta el punto de que seguimos enseñando lecciones en base a viejos textos que sin duda fueron útiles en otras épocas y en otras circunstancias, pero que ya no lo son más, porque la realidad es radicalmente distinta.

El siglo XXI llegó con nuevos retos y enormes desafíos, pero muchas Universidades y no pocos de sus profesores todavía se hallan mentalmente ubicados en el siglo XX, sin enterarse de los cambios, sin leer las nuevas investigaciones o las nuevas teorías jurídicas, aferrados a su confortable legislación vigente como si fuera ésta “la Biblia” y la última palabra. Botón de muestra lo es la figura jurídica del outsourcing, que data desde 1980 y que más de tres décadas después todavía no regulamos siquiera en nuestra legislación laboral mexicana.

De manera entonces que, por lo general llegamos tarde y mal a la búsqueda de soluciones a los problemas nacionales, pues si no es mediante modificaciones legales pertinentes —porque los legisladores no se ponen de acuerdo en las reformas a implementar—, lo cierto es que podríamos contribuir los investigadores jurídicos para despejar las dudas existentes respecto de ésa figura jurídica y otras nuevas formas laborales tercerizadas

11. Datos tomados del Informe 2009-2010 del CONEVAL, del 24 de junio de 2010, p. 5; y del World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2009-2010”, que contiene dicho ranking pre referido, consultable en: http//www.coneval.gob.mx/evaluaciones/conacyt

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y contratación atípica del trabajo, como lo son, entre algunas otras: el teletrabajo, las empresas suministradoras de mano de obra temporal o permanente, el staff leasing , el pay-rolling, las cooperativas de trabajo asociado, el franchising , el crowdsourcing , el down sizing , y otras más.

Acaso ése sea precisamente el mayor error que comete un docente cuando imparte mate-rias tan evolutivas como lo son el Derecho del Trabajo o el de la Seguridad Social en casi todas las Facultades de Derecho de nuestra “América morena”, (léase América Latina): tratar de enseñar la ciencia jurídica en base sólo a la norma legal vigente, como si la ley fuese la única expresión válida de la ciencia del Derecho y no una de sus varias manifestaciones; de acuerdo en que la norma legal es la más visible y la más conocida de todas las expresiones de la ciencia jurídica, pero definitivamente que no es la única; por lo tanto, el complicado proceso de la enseñanza / aprendizaje del Derecho —el cual se enriquece al través de la discusión, refutación y conciliación de ideas—, no se obsequia a cabalidad en las aulas, pues al alumno no se le educa para pensar ni para indagar por su cuenta, sino más bien éste “aprende” (sic) a memorizar teorías y paradigmas que son para colmo ya obsoletas.

Dicho en otras palabras: se pretende enseñar la ciencia del Derecho “con la ley en la mano”, y a todo lo demás del proceso educativo, acaso ante la carencia de bibliografía actualizada de apoyo, se le resta importancia. Por lo tanto, a los educandos se les enseña a leer la norma, no a entenderla, y mucho menos se les enseña a compararla con normativas similares de otros países que regulan figuras e instituciones jurídicas análogas.

Aplíquese al caso laboral anteriormente tratado al aspecto electoral en Jalisco o en Méxi-co, y se constatará que se repite el fenómeno explicado, acaso por un exceso de regulación normativa que por desgracia, ya en la práctica, se vuelve más un obstáculo que una ayuda y tiene a la par efectos perversos, pues en vez de agilizar y transparentar los procesos elec-torales frente a la sociedad, facilitándole a la autoridad su control, más bien lo enrarecen y opacan, dejándole luego un serio compromiso a los Tribunales Electorales federal o locales en el complicado proceso de administrar justicia

Es así como seguimos forjando simples técnicos, que no científicos del Derecho, y eso es una verdadera desgracia, no sólo por ellos y las Universidades que les otorgan el grado académico, sino por el país entero. Porque sin aprender a efectuar investigación científica pertinente, actual, metodológica y sistemáticamente estructurada, será imposible efec-tuar diagnósticos situacionales correctos que nos motiven a indagar acerca de posibles fórmulas legales para regular o resolver problemas, debiendo entonces afrontar inermes un mundo globalizado e híper tecnologizado que nos impone nuevos retos qué afrontar en el siglo XXI, lo que nos pilla por sorpresa y sin capacidad alguna de respuesta a tan enormes desafíos.

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LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA EN MÉXICO

A menudo se nos olvida que hacer ciencia consiste básicamente en romper paradigmas preexistentes, en no dar las cosas por sentadas y hacerlas de manera distinta a fin de obte-ner resultados diferentes; para ello hay que pensar, meditar serena y objetivamente, sacar a relucir el ingenio, ser imaginativos soñando que las cosas siempre pueden ser mejoradas. Así, teoría y práctica no siempre empatan, pues la capacitación y el adiestramiento son complementarios, pero nunca iguales.

Las clases teóricas e históricas no necesariamente deben ser aburridas o áridas, como prejuiciosamente se supone; todo depende de la manera en como el profesor exponga el tema y provoque la participación activa y proactiva de los alumnos en la exposición del temario, sin dejar de lado la actualización y la pertinencia de éste. Este asunto es clave, pues se refiere al cómo enseñamos. ¿Acaso alguna vez nos hemos puesto a pensar que de nosotros, los profesores de la materia depende en gran medida si el educando ama, odia, o se vuelve indiferente hacia una disciplina jurídica? ¿Quién de nosotros se ha cuestionado con absoluta sinceridad qué tipo de profesor es? ¿De verdad alguna vez nos hemos dete-nido en preguntárnoslo y en respondérnoslo con toda objetividad?

Sin duda, lo que más debiera importar en el ejercicio docente de la ciencia del Derecho es que el educando entienda los porqués de las cosas, esto es: las razones de ser y existir de los entes, las figuras y las instituciones jurídicas —en el caso que ahora nos ocupa, específica-mente del Derecho Social—. Porqué si el alumno no capta las razones, el por qué hubo necesidad de crearse una especialidad que nace a la vida jurídica para volverle obligatoria, entonces jamás será capaz de entender las razones de su existencia, la importancia y tras-cendencia de su eventual exigibilidad.

Estoy convencido, el investigador no nace, se hace. Se tiene, eso sí, una curiosidad innata que le vuelve a uno proclive a la investigación, pero como todo don personal, debe nutrirse, pulirse, perfeccionarse. Y esta cualidad implica no limitarse exclusivamente a saber el qué, el cómo, el cuándo o el cuánto de la norma legal; ello no es suficiente, pues los verdaderos científicos del Derecho deben entender los porqués de los fenómenos jurídicos y explicárselos a cabalidad, indagando a fondo en aras de poder dominar la ciencia respecto de la cual tienen licencia del Estado para cultivarla, ejercerla y enseñarla, tanto a nivel licenciatura como en posgrados.

Aquí subyace a nuestro entender el quid del problema en comentario. Quienes ejercemos la docencia y a la vez tenemos la elevada responsabilidad de formar a las futuras genera-ciones de profesionistas o posgraduados, sea por las prisas del mundo de hoy, sea porque los estándares que “miden” el trabajo desarrollado por parte de las autoridades educativas se han relajado, o sea porque la llamada “eficiencia terminal” obliga a una laxitud peligrosa para incrementar nuestra productividad, las instituciones educativas instruyen a decenas

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de miles de estudiantes por semestre, pero en el fondo no les educan. Por lo tanto, educar e instruir no son sinónimos. Se ha dicho con justificada razón, que no por el hecho de aumentar el gasto en programas educativos se obtienen mejores resultados; éstos deben medirse en cuanto a su efectividad, lo cual implica evaluar y monitorear el quehacer acadé-mico cotidiano.

Así, ante la ausencia de hábitos de lectura pertinente, la falta de una metodología básica y de una orientación adecuada acorde al perfil de cada cuál, en realidad es muy difícil formar a nuevos investigadores jurídicos; por simple comodidad, los profesores, muchas de las veces con la complacencia de los propios alumnos, deciden acotar prejuiciosamente la comprensión de la ciencia del Derecho básicamente al marco legal o reglamentario vigente, en un peligroso ‘reduccionismo’ de lo medular que nada bueno nos augura como sociedad en un futuro mediato por la sencilla razón de que se ignoran las razones de la existencia de las figuras e instituciones jurídicas existentes, así como su natural evolución o involución.

En este punto, pareciera una obviedad decirlo pero no lo es tanto: para comenzar a re-solver la problemática planteada será necesario empezar primero por educarnos nosotros mismos, los propios docentes, actualizándonos permanentemente y entendiendo que el eje rector que atraviesa la actual problemática del Derecho Laboral o el de la Seguridad Social contemporánea, con respecto de nuestras sociedades del futuro, bien puede resumirse en una sola palabra: educación.

Educación es aquí la palabra clave, la llave que nos abrirá la puerta de un futuro mejor. Sólo educándonos primero los educadores, podremos formar luego a nuestros educan-dos —que serán algún día los legisladores, gobernantes, jueces, y profesores del futuro—; para eso, en este mundo global que habitamos y en plena era de las comunicaciones, más que informarles habrá que hacer énfasis en formarles, enseñándoles a manejar, procesar y comprender la abundante cuanto dispersa y no siempre confiable información disponi-ble, sobre todo si ésta proviene de internet, una fuente tan veloz como poco confiable12.

Para ello se requiere actitud más que aptitud, un indeclinable compromiso para con las generaciones futuras y una responsabilidad ética para con la universidad para la que la-boramos y nos permite ejercer este bellísimo apostolado. Siempre teniendo en cuenta que todo lo científico es flexible y renovable, pues aquí no hay dogmas ni verdades absolutas, partiendo de la premisa básica de que nadie tiene razón a la fuerza ni la fuerza de una razón única.

12. El que escribe esto, a lo largo de la última década, al revisar trabajos de investigación que he dejado como tareas a mis alum-nos, incluso en grupos interdisciplinarios, la fuente más usual en que ellos indagan es “Wikipedia, la enciclopedia libre”, que ya sabemos no es una fuente de información confiable. Pero el llamado “Dios Google” —sin duda el buscador de datos en internet más utilizado hoy día—, para los jóvenes es una alternativa rápida pues instantáneamente les ubica en ella y localizan el dato que buscan. Véase la misma en: http://es.wikipedia.org/wiki/WikiLeaks.

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Por lo tanto, la ciencia está siempre en la búsqueda de la mejor explicación posible, rom-piendo paradigmas y descartando mitos; pero sobre todo, cuando uno se equivoca, debe reconocerlo y seguir buscando para corregir los errores cometidos. Para ello, un verdade-ro científico nunca debe dar nada por sentado y cuestionarse en todo momento acerca de la realidad actual, pues la búsqueda de la verdad científica debe ser permanente, no aislada u ocasional.

La clave del complejo proceso de la enseñanza/aprendizaje del Derecho se basa pues en la abierta discusión de ideas, en su refutación y eventual conciliación ideológica que permita a cada cual obtener sus propias conclusiones; si bien en la medida de lo posible habrá que arribar siempre, grupalmente, a conclusiones generales, válidas para todos. Así las cosas, discusión, refutación y conciliación de ideas —se insiste de nuevo en esto—, es la clave de la enseñanza efectiva y de la estructuración sistemática del conocimiento científico.

En este punto no olvidemos como académicos que somos, que la idea central consiste en cultivar para cautivar alumnos y detectar los buenos discípulos, haciendo énfasis en las cuestiones fundamentales que a ellos, a los suyos y a la sociedad entera debieran ocupar-les y preocuparles. Sin embargo, convendría efectuar aquí una acotación pertinente: si provocamos “lluvias de ideas” en clase, habrá también que puntualizar las ideas-fuerza necesarias para que el educando no se confunda, pues el Derecho es una ciencia inte-grada por un conjunto de conocimientos metodológicamente obtenidos mediante el uso de razonamientos lógicos, los cuales a su vez han sido sistemáticamente construidos o estructurados y de los que se deducen principios jurídicos y reglas generales de validez universal.

Un buen método consiste en formular en clase preguntas inquietantes, a cuya respuesta se avoquen, grupalmente efectuándose la reflexión serena tanto grupal como individual de cada una de ellas para hacer el natural proceso de descarte y reconfirmación. El listado de lo que podríamos didácticamente llamar “temas clave” —ésos asuntos paradigmáticos que mueven a pensar al alumno y le obligan a razonar para entender a cabalidad el punto medular de las cosas—, es crucial para capturar la atención del educando interesado en aprender, máxime que el conocimiento científico no es inmutable y no está “hecho” sino que se renueva y transforma día con día. Después de todo, siempre habrá algo novedoso qué descubrir en él y qué proponer para mejorarlo, a condición obviamente de poner todos a trabajar nuestro cerebro.

Pese a lo incuestionable de todo ello, resulta lamentable que al seno de nuestras propias universidades se siga todavía pensando erróneamente que lo único importante de enten-der, de considerar o de analizar en clase, lo es la ley, como si todo se resumiese al simple texto legal; o que confundiendo al todo con la parte se le diga al alumno que “la ley es el Derecho” (sic). Suponemos que quienes así piensan no ponderan que la ley —esto es, la normativa legal expedida por el Poder Legislativo de cada país—, es sólo una de las diver-sas manifestaciones de la propia ciencia del Derecho; porque bien sabemos que la ciencia

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Adrián Joaquín Miranda CamarenaSoledad Rizo Orozco

jurídica es mucho más que la ley, e incluso más todavía que la coloquialmente llamada “Ley de Leyes”, la popular manera de nombrar a la Constitución Política de cada nación.

Hoy día, uno de los parámetros más fiables para saber cómo trabaja una universidad, sea ésta pública o privada, es saber la cantidad y calidad de sus publicaciones a partir de la investigación efectuada por su plantilla académica. ¡Cuidado aquí con las confusiones!, porque el factor clave a considera no es la cantidad de libros que cada universidad sea capaz de costear su edición a sus propios investigadores, sino más bien de cuántos libros o artículos arbitrados publicados en revistas indexadas tiene su núcleo docente.

Éste es el verdadero punto de inflexión en este tema: calidad sobre cantidad, cuando en el ámbito académico se pronuncia la conocida conseja: “dime cuántos investigadores y pu-blicaciones tienen tus docentes, y te diré qué tipo de universidad eres”; por lo tanto, como en la vida real, muy rara vez surgirán espontáneamente investigadores sin estar vinculados a una universidad, tocará a éstas el quehacer cotidiano de la generación de conocimiento y la innovación educativa. Lo saben todas las universidades del país, desde luego, pero no terminan todavía de entenderlo a cabalidad, ni ellas ni la Secretaría de Educación Pública federal o locales.

¿CÓMO INCULCAR EN EL AULA EL INTERÉS POR LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA?

Al ejercer la noble tarea de educar, adquirimos un compromiso que va más allá de lo pro-piamente científico; en el fondo dicha responsabilidad es un compromiso ético e incluso moral. Ello sin dejar de lado que más que aptitud se requiere actitud para “conectar” con los educandos a nuestro cargo. Educar es una tarea mucho más complicada que la simple trasmisión de información, de datos, de conocimiento.

Por lo tanto seamos objetivos en vez de auto complacientes. Quien adolezca de este perfil, mejor que no intente ocuparse en la enseñanza, no basta saber mucho, si no se logra la tarea fundamental de educar; después de todo recordemos que los alumnos no son bo-tellas vacías que rellenar de ideas, sino lámparas que encender, pues cada cual trae ya su propia luz, hasta el punto que algún educando aprende a pesar del profesor que le tocó en suerte… y a veces hasta sin maestro, de forma autodidacta.

Se ha sostenido por los entendidos de las cuestiones educativas, algo sobre lo cual debe-ríamos reflexionar ahora muy seriamente: el hogar forma, la escuela informa. Así, los padres educan y el profesor enseña. Entonces, si la materia prima —el educando en este caso con-creto— carece de valores, de principios y de bases mínimas para afrontar la problemática de la vida, al alumno le será muy complicado alcanzar sus propias metas.

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En este complicado siglo XXI que nos ha tocado vivir, sucede con frecuencia que inten-tamos vanamente educar en las aulas a los futuros profesionales que, por multitud de razones imposibles de abordar aquí por razones de espacio y pertinencia metodológica, adolecen de verdadero sentido crítico-constructivo de su propia realidad y de su entorno social. Son jóvenes que no tienen valores porque no se los han inculcado en casa; almas solitarias extraviadas en un mundo híper tecnologizado que al ser incapaces de procesar tanta información con la que son constantemente bombardeados y a la que acceden con suma facilidad, adolecen de métodos para procesarlo y determinar qué es importante y qué no lo es; carecen así de sentido de pertenencia al grupo social, de conciencia de clase y de clase en la conciencia.

No es de extrañar, porque viéndolo bien son seres humanos que no han sido realmente formados sino a lo sumo informados, lo que es muy distinto. No es raro que piensen que es más confiable la información que brinda el Internet o las redes sociales, que un libro jurí-dico o su plantilla académica, máxime si a tal escenario se le suma que en las Facultades de Derecho a la que asisten han sido entrenados sólo “a leer la ley”, no para entenderla, por lo que no la acatan ni la respetan, buscando entonces la manera de burlarla ante la total falta de credibilidad de las instituciones encargadas de administrar justicia.

Indiferencia y apatía son dos cuestiones claves a vencer frente a un grupo en clase. Porque los alumnos allí están: sentados, pasivos, distraídos o completamente aburridos, con la mente en cualquier otro lado menos en el tema de la clase, desinteresados de su reali-dad al ser esclavos de la prisa y la indecisión —dos grandes males de nuestra era—, y no pocas veces aburridos o hasta enfadados con una materia por la que no sienten ninguna atracción, porque no son capaces de captar su trascendencia, lidiando a diario con un profesor que lejos de inspirarles les ha provocado una abierta aversión a la disciplina que aquél quiere meterles a la fuerza con calzador. La única idea en su mente es que el curso y la tortura terminen pronto para largarse de allí, hasta que terminan casi por de faul una carrera que terminó por desencantarles.

En resumen, es una verdad incontrovertible que las Facultades de Derecho Mexicanas y muchas Latinoamericanas, mandan a las calles semestre a semestre, año con año, con una gran desventaja formativa (¿deformativa?), a millares de nóveles licenciados del Derecho mal instruidos, condenados a pelear en su vida profesional batallas perdidas de antemano.

Aquí, dejando de lado algunos otros aspectos importantes como lo son las tareas sustan-tivas a acometer, la estructuración de los planes de estudio, o la elección del profesorado, la gran interrogante a responder desde la óptica académico-científica sería: ¿qué sucederá si tales alumnos son luego, por azares del destino, profesores de la misma materia que aprendieron a odiar durante su carrera, o si la rueda del destino les ubica en el ámbito universitario como autoridades?

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La antes planteada es una cuestión harto inquietante, sin duda, como lo es también la pre-gunta crucial formulada como título del presente apartado: ¿cómo inculcar en los alumnos en las aulas el interés por la investigación jurídica? La inclinación y entrega se logra una vez ése algo se conoce, pues no se puede querer lo que no se conoce ni se comprende; por lo tanto, con independencia de la simple inclinación natural hacia algo, del don con el cual se nace, faltará todavía un largo trecho para volver realidad esa expectativa, es decir, para poder materializarla.

Habiendo llegado a este punto y para que mejor se entiendan las ideas que importan ex-presar ahora, con su venia contaré mi historia personal como investigador, la que creo es un ejemplo que merece la pena considerar porque —aunque suene demasiado fuerte de-cirlo, sobre todo cuando tenemos éxito en nuestras tareas— algunos somos investigadores por mera casualidad, provocados más por la necesidad y la tenacidad de tratar de saber o entender el porqué de las cosas, que por enamoramiento al quehacer académico. Y pienso además que servirá también para de una buena vez, acabar con las medias verdades o los mitos que con frecuencia pululan acerca de esta noble actividad académico-universitaria, tan poco comprendida y tan mal valorada, como lo es el quehacer investigativo.

En efecto, al menos en mi caso, mi actividad como investigador fue más bien producto de las circunstancias. Cuando ingresé a la Facultad de Derecho de la Universidad de Guada-lajara, mi idea original era laborar en el servicio exterior mexicano, pero no tuve recursos para costarme la carrera. Ante lo azaroso que resulta ser litigante y para sostener a mi familia de mejor manera, porque me encantan los retos, acepté ser abogado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), sin jamás haber estudiado la materia en la Facultad de Derecho, por la sencilla razón de que no estaba entonces en el mapa curricular de la carrera.

Yo estaba obligado por simples razones éticas de índole profesional a aprender de prisa acerca del abigarrado cuanto evolutivo tema de la seguridad social, pues si bien era una materia inédita para mí en lo individual, resultaba fundamental para la vida en sociedad, pues en el centro de ella está el individuo y su inalienable derecho a protección por parte del Estado.

Como jurista, servidor público, no podía darme el lujo de equivocarme, ni cabía margen de error en mi actuar; hacerlo traería perjuicio al ente asegurador nacional que pagaba mi salario, pero sobre todo a una persona humana —fuese ésta el asegurado, sus depen-dientes económicos, o bien empleador, sujeto obligado al pago de contribuciones de este servicio público—. Pienso que allí, ante esa encrucijada existencial, fue que la puerta de la investigación me eligió a mí y yo no elegí la puerta.

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Para empezar, en México no había casi bibliografía actualizada disponible, ni había in-vestigación jurídica pertinente acerca del tema. De suyo no había disponibles más que abogados civilistas como yo, puestos a manejar una disciplina prácticamente abandonada por los juristas y dejada por simples razones prácticas en manos de contadores públicos, administradores de empresas, economistas, matemáticos, actuarios, ingenieros o médi-cos, etc.

Entonces creí mi deber paliar tan sentidas ausencias jurídicas y me dediqué como pude a ver y a escuchar, a observar y analizar razonadamente las cosas que ocurrían a mi alrede-dor, tomando nota puntual de todo en mis horas laborales, para luego, ya en casa, meditar tratando de encontrar respuestas razonables a las múltiples dudas existentes que como moscas tenaces zumbaban en mi cabeza. Y entonces me puse a escribir. Poner por escrito mis pensamientos, hilando ideas y buscando respuestas a tantas interrogantes, fueron una especie de bálsamo espiritual para encontrarle sentido a una experiencia vital que marcó mi vida profesional. Iba a trabajar sólo por un mes a prueba en el IMSS y me quedé allí diez años, recorriendo todo el escalafón en el área jurídica.

Para que nadie se equivoque en el diagnóstico situacional, diré que no fue una vocación, ni sentí un “llamado celestial”, ni tampoco una inspiración vital; lo único que quería era saber, para cumplir con mi deber. Deseaba entender a fondo qué era la seguridad social, para qué servía, a quiénes protegía, quién debía gestionarla y quién debía financiarla, es decir, todas las cosas fundamentales de tan fascinante disciplina, que no entendían los de adentro y menos lo hacían los de afuera.

Así fue como se me abrió un horizonte que he cultivado desde hace más de un cuarto de siglo, un quehacer que me ha llenado la vida de satisfacciones personales, que me ha llevado a viajar casi todo el planeta como una especie de “embajador” de México en el mundo, y que me trajo hasta aquí como invitado a este encuentro académico para com-partir mi experiencia entre investigadores expertos; un éxito logrado como tantos otros mexicanos que aprendimos a trabajador solos mediante la clásica fórmula de invertir un 99% de transpiración y 1% de inspiración.

Por lo tanto, como profesor de Derecho desde hace tres décadas en la Universidad de Guadalajara, autor de innumerables libros y artículos arbitrados publicados en diversos idiomas; desde 2002 miembro del SNI del CONACYT y en la actualidad Coordinador del Doctorado en Derecho en mi Alma Mater, la Universidad de Guadalajara, digo sin pudor ni rubor mi verdad: nadie me enseñó a investigar, nadie me orientó ni me dijo cómo hacerlo ni por qué hacerlo. No sé si lo he hecho bien o no, pero lo que sí sé es que ésta es mi labor cotidiana y que he logrado trascender nacional e internacionalmente. Punto.

Hoy, viendo todo en retrospectiva, entiendo que somos simples instrumentos del desti-no, pues con el único objetivo en mente de que los alumnos tuviesen una guía, un asidero

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que de alguna manera les facilitaría el camino hacia la comprensión del fascinante mundo jurídico que les esperaría en el mundo real —y para lo cual las leyes o los códigos no sirven—, a la fecha he escrito múltiples libros jurídicos que son utilizados como texto en todo el país y como referencia en Latinoamérica. Tenía razón entonces Albert Einstein cuando afirmaba categórico que: “en épocas de crisis sólo la imaginación es más importante que el conocimiento”13.

La diferencia fue que tuve imaginación y la tenacidad suficiente de soñar un sueño que contra todo pronóstico pude materializar. Naturalmente que aprendí a hacerlo todo a mi manera, sin contar con una base metodológica ortodoxa, sin consejos de expertos en la investigación, ni guías prácticas de profesores que me allanaran el camino con base a su experiencia hacia estos menesteres (al igual a como le ocurrió a tantos y tantos investi-gadores que conozco, con quienes he compartido luego estas vivencias personales). Lo único bueno, para no desalentarme anticipadamente de este quehacer investigativo, fue que nadie me advirtió que estas tareas académicas vestían mucho, sí, pero daban poco para comer, al menos en México… salvo, claro, que uno decidiera marcharse a otro país en donde se apreciara este enorme esfuerzo académico, más allá de la relativa fama logra-da y las habituales palmadas en el hombro que suelo recibir14.

¡Cuánto lamento ahora no haber recibido ni apoyos técnicos ni ayudas económicas en este difícil trayecto de investigador jurídico! Porque si pude lograr ser exitoso sin ayuda al-guna o ayudas muy limitadas que eran como gotas de agua en el desierto, me imagino qué hubiera podido hacer si alguien, alguna institución pública o privada, alguna Universidad con visión de futuro, o algún investigador de carrera —¿es que de veras hay investigadores de carrera o es tan sólo una falacia?—, me hubiese apoyado cuando más lo necesitaba.

Lamento si todo esto que he narrado suena egocéntrico. Entiendo perfecto que la Acade-mia reúne a las mentes más brillantes, cierto, pero los mezcla casi siempre con los peores sentimientos: envidias, rencores, venganzas, etc. El éxito muy rara vez se reconoce pero nunca se perdona y es siempre más complicado “ser profeta en su tierra”.

13. Cita tomada del proemio del libro: Seguridad Social obligatoria para trabajadores migrantes e informales, de Ángel Guillermo Ruiz Moreno (prólogo del Dr. Néstor de Buen Lozano), Editorial Porrúa, México, 2011.14. La fuga de cerebros (brain drain) de México hacia el extranjero, es un tema que debe ser tratado aparte del tema migratorio. Por citar un ejemplo claro e ilustrativo: el Dr. Mario Molina Enríquez, Premio Nobel de Química en 1995, es mexicano por nacimiento, pero debió irse del país para colmar sus aspiraciones e incluso luego optó por la ciudadanía estadounidense por obvias razones; de no haberlo hecho así, sencillamente no hubiera alcanzado tan elevado reconocimiento mundial a su talento. Por otra parte, es inquietante el tema de la “fuga de talentos” pues en promedio son más de 4 los mexicanos valiosos que diaria-mente se van del país para encontrar en otros lares mejores expectativas a sus inquietudes académicas y crecimiento personal. Para mayores datos al respecto, en donde ese aborda con prolijidad este enorme problema especifico, se recomienda la lectura del libro aludido en el pie de página anterior, pp. 241 y sigs.

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El punto de inflexión aquí, es que he debido compartir mi experiencia vital con los alum-nos más brillantes e inquietos que he tenido, a quienes les interesaba sobremanera saber por qué había escrito algún libro jurídico. Les hablo del complejo cuanto demandante proceso de investigar, el colosal desafío que representa la hoja en blanco, la necesidad de disponer de trucos y secretos en una tarea que por lo general se realiza en completa solitud y que enseña a valerse por uno mismo, a atenerse y ajustarse a lo que hay y a lo que nos es posible hacer como seres humanos falibles que somos —sin pensar demasiado en que seremos luego sometidos pública y cotidianamente a las ácidas críticas de nuestros pares académicos, que ni saben ni quieren saber del proceso de escribir porque de plano no les interesa—, me liberó por completo en una especie de catarsis que me convenció de que no me equivoqué en mi decisión15.

Ha sido ese reducido grupo de jóvenes interesados en estos quehaceres por genuina vo-cación, a quienes me interesó alentar y tenderles una mano en reciprocidad, ayudarles a decidir su futuro e inculcarles el amor a la actividad académica y a la investigación cientí-fico-jurídica. Algunos de ellos que se acercaron y confiaron en mí, quienes me alentaron indirectamente por su genuino interés de una u otra forma en este complejo proceso de la investigación jurídica son ahora, lo digo sin vanidad pero con legítimo orgullo, destacados profesores, acuciosos investigadores y prolíficos autores de artículos publicados en revis-tas arbitradas, e incluso ya autores de libros.

Cierto, de alguna manera, bien podría afirmarse que ése era su destino, pero en realidad, intentando ser objetivo en el análisis, son los menos los que lo consiguieron materializar; porque la gran mayoría de esos jóvenes con vocación e inquietudes investigativas que conocí y traté —esto es lo que debería a todos conmovernos y a movernos a pensar en soluciones integrales del problema de fondo— acaso se quedaron en el camino por falta de apoyos económicos o de alicientes para dedicarse a tales labores académicos. Porque la verdad sea dicha, algunos de ellos tenían talento innato para la investigación, pero lo gastaron en menesteres menos trascedentes.

¡Lástima! En el fondo no es éste un asunto individual, sino una verdadera tragedia nacional.

LA CRISIS EN LA INVESTIGACIÓN JURÍDICA Y UNA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN FUTURA A DICHA PROBLEMÁTICA

Si partimos de la premisa de que nadie sabe todo, ni todo lo que sabe es para siempre en el ámbito jurídico por más que sepamos, por más que estudiemos y nos actualicemos, lo cierto es que todos seremos ignorantes de algo cuando cultivamos una materia tan evolu-tiva como lo es la temática especifica del Derecho Laboral, de las Relaciones Industriales y de la protección social que suelen acompañarles a ambas disciplinas.

15. A mi entender, hablar acerca de qué hay detrás de un libro, de esa especie de “obra negra” que nadie ve y nadie aprecia una vez concluido el libro, ha resultado de enorme utilidad a mis alumnos; ello ya saben que escribir es fruto del hurto del tiempo libre, con los consabidos daños colaterales causados a nuestra propia familia, con quienes convivimos menos de lo que quisiéramos.

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Pero además hay un factor a considerar, si observamos con objetividad la cruda realidad: muchos de los juristas asumen con frecuencia una actitud prejuiciosa respecto de tales temas pues consideran que cultivar el Derecho Constitucional, el Civil o el Penal, son quehaceres prestigiosos que corresponden a los verdaderos juristas; en tanto que el res-to —el caso de los juslaboralistas y los segurólogos sociales—16 somos considerados la mayor de las veces como cultivadores de una “disciplina menor”.

Hay una razón sencilla para explicarnos esa actitud a menudo soberbia asumida incluso por los propios investigadores jurídicos, la que explicaría aunque jamás justificaría tal arrogancia: porque es cierto —mea culpa obligada pues— que los estudiosos del Derecho Social no evolucionamos a la par de la realidad. Si lo analizamos, quizá sea porque per-mitimos que la realidad nos rebase; o tal vez porque nos hemos quedado estáticos, por simple comodidad, refugiados en principios y valores jurídicos que si bien eran válidos a medidos siglo XX, en el XXI ya han sido totalmente rebasados; o acaso sucede que nuestros pares profesionales y la sociedad entera nos prejuzgan durísimo porque vivimos siempre en eternas indefiniciones doctrinarias y conceptuales, sin atrevernos nunca a asumir posturas ni a tomar partido respecto a su natural evolución en un entorno mundial.

Concentrémonos en esto último. Las confusiones conceptuales del Derecho Social, al no ser abordadas ni resueltas al seno de las Universidades o en foros temáticos especializados que reúnen a académicos expertos, se convierten en la vida real en problemas jurídicos mayúsculos.

Efectivamente, uno de los problemas más sentidos en esta disciplina consiste en que las llamadas fuentes formales de la ciencia del Derecho —fuentes de las cuales surge o nace el propio Derecho, y de paso le nutren e informan permanentemente—, no son tomadas en cuenta.

A manera de claros ejemplos diremos que la doctrina jurídica (es decir, la teoría u opinión de los tratadistas), los principios generales del Derecho (que son las ideas fundamentales no escritas, pero evidentes, los cuales son inmutables salvo algunos casos verdaderamente excepcionales), o bien la jurisprudencia (esto es, los criterios de interpretación de las nor-mas que elaboran los Tribunales judiciales competentes para ello), así como los Acuerdos o Tratados Internacionales suscritos por México en los términos que estatuye el artículo 133 de nuestra Constitución Política (por ejemplo, los Convenios emanados de la OIT, los que aún ratificados son en la práctica ignorados en México por autoridades, interlo-cutores sociales y postulantes); todos ellos, ya se sabe, son fuentes del Derecho Laboral y el de la Seguridad Social. No obstante, pese a también formar parte integrante de la

16. Segurólogo Social es un anglicismo con el cual se conoce y reconoce a quien se dedica de manera preferente al estudio y cul-tivo del Derecho de la Seguridad Social, como disciplina autónoma hoy día prácticamente desligado del Derecho del Trabajo. Cabe apuntar que para manejar adecuadamente esta compleja disciplina jurídica, deben tenerse conocimientos múltiples, sobre todo, por los perfiles que se manejan, del Derecho Administrativo, Fiscal, Laboral o Burocrático, Económico y Financiero.

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llamada ciencia jurídica, muy pocas veces ya en la práctica, son considerados, analizados y comprendidas a cabalidad17.

Por lo tanto, como persiste por falta de investigaciones jurídicas sólidas y estudios consis-tentes en la materia una enorme confusión —por no decir anarquía conceptual—, debido en gran medida a la notoria obsolescencia de nuestro marco Constitucional que data del año 1917 y de la Ley Federal del Trabajo de 1970, con respecto de las nuevas formas laborales del siglo XXI, ése caos jurídico pre referido es perjudicial para todos; entonces, mientras vivamos en la academia en una permanente indefinición de criterios sobre cada tema específico, la sociedad en general la padecerá.

En ese hilo de ideas, recordemos la ley es una de las diversas expresiones de la ciencia del Derecho, sin duda la más conocida y reconocida de todas las manifestaciones, pero no la única; de tal manera que no todo lo que esté plasmado en ley es estrictamente jurídico, y prue-ba de ello es que las normas legales pueden ser consideradas como inconstitucionales en Jurisprudencia definida de nuestra Suprema Corte de Justicia.

Así las cosas, si ni siquiera los profesores nos atrevemos a asumir en las aulas la respon-sabilidad de explicar al educando que el Derecho es ante todo una ciencia, y que no necesariamente lo legal tiene, por el simple hecho de serlo, un genuino sustento jurídico y una legitimación social auténtica, jamás los alumnos entenderán el punto fino del tema-problema al no comprender a cabalidad los “porqués” de las cosas. Y si no lo entienden ellos es precisamente porque no se las explicamos nosotros, debido a que en ocasiones ni siquiera los profesores entendemos de qué se trata el asunto de marras.

Siendo muy francos en este punto, esas actitudes ausentes de compromiso del binomio profesor / alumno (claro, ante el silencio cómplice de las propias autoridades Universita-rias que no eligen el perfil adecuado del profesor o no le exigen que cumpla con sus tareas), son la constante en nuestras Facultades de Derecho en México, Centro y Sudamérica, así como en el Caribe Latino, lo cual ha vuelto el tema jurídico en un verdadero “galimatías”, una maraña de temas y normatividad legal o reglamentaria que de suyo somos incapaces de comenzar a desenredar al no contar con las herramientas científicas necesarias para acometer con eficacia tales tareas. Pero aún, si ni siquiera hacemos un buen diagnóstico para corregir y actualizar los actuales Planes o Programas de Estudio —junto con la elec-ción de un buen nivel del profesorado—, menos podremos resolver la problemática que padecemos todos como sociedad.

Más todavía, para poner de una buena vez el dedo en la llaga —que para eso deben servir estos Congresos y eventos académicos de expertos: para reconocer y diagnosticar proble-

17. Hay una clara diferencia entre las fuentes formales generales de la ciencia del Derecho, con respecto a las fuentes del Derecho Laboral o el de la Seguridad Social. Para mayor claridad en estos aspectos conceptuales, nos remitimos a lo expresado en el capítulo V del libro de nuestra autoría: Nuevo Derecho de la Seguridad Social, 14ª edición, primera reimpresión, Editorial Porrúa, México, 2011, pp. 139-164.

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mas para luego buscar soluciones—: los Abogados hemos fallado a la sociedad en general debido a nuestra pasividad e indiferencia acerca de temas cruciales, acaso para evitar ser cuestionados o criticados por nuestros pares en las opiniones académicas vertidas. Reconozcamos también que muy rara vez nos atrevemos a poner los puntos sobre las íes, dando por descontado que el resto de la sociedad sabe, entiende o capta las sutiles dife-rencias terminológicas —a veces simple cuestión de énfasis entre un concepto u otro—, diferencias que no pocas veces somos incapaces de percibir hasta los propios jurisperitos.

Entonces habrá qué decir las cosas muy claras, para que no queden dudas ni se dé cabida a interpretaciones interesadas. Verbigracia, decir que en tratándose de asuntos laborales, si bien cualquiera puede hablar acerca del trabajo visto y entendido éste como un fenómeno social al ser un deber y un derecho socialmente útil —máxime que subordinadamente o no, lo cierto es que todo mundo trabaja—, en realidad sólo los Abogados podríamos hablar calificadamente acerca del Derecho del Trabajo, en razón de nuestro perfil profesional y como expertos en la ciencia jurídica. Por lo tanto, a menos que sean juristas nuestros legisladores, gobernantes, líderes sindicales, periodistas, etc., que hablen del trabajo, sí, pero no del Derecho del Trabajo, lo que es muy distinto18.

Empero, pareciera que nadie es capaz de decirles de frente a nuestra clase política o a los periodistas —quienes salvo que sean juristas, carecen de los conocimientos y de los métodos de interpretación de las normas e instituciones laborales—, que se abstengan de hacer juicios a priori acerca del Derecho del Trabajo o del Derecho de la Seguridad Social, pues emiten sus juicios como si en realidad fuesen expertos juristas. De suyo, nadie podría hacerlo mejor que nosotros, los académicos e investigadores nacionales, aunque en la práctica guardemos a veces un silencio cómplice que es vergonzante para quienes hemos tenido la fortuna de haber sido instruidos, dándole así la espalda a nuestra función natural de educadores —una responsabilidad que, valdría la pena recordarlo siempre—, desde luego no se agota en el salón de clases.19

Después de todo, ¿quién de nosotros les va a explicar a la clase política, a los periodistas y medios de comunicación masiva, o a la sociedad en su conjunto, que no es lo mismo la asistencia social, la previsión social, la seguridad social, o los esquemas complementarios de índole voluntario? Claro está, todas ellas son formas distintas de un sistema global de la protección social nacional, aunque cada cual tiene sus propias características, origen y cometido; hay sutiles diferencias entre ellas, pero diferencias que les distinguen al fin y al cabo.

Y tras de ello, debemos obligarnos a nosotros mismos, los juristas y académicos, a respon-der estas nuevas cuestiones que nos plantea la ominosa realidad del siglo XXI:

18. Aunque parecen lo mismo, lejos está de serlo, pues una cosa es el concepto “trabajo” y otra muy diferente “Derecho del Trabajo”, porque trabajo y empleo no son sinónimos. Pero eso hay que decirlo claro y fuerte, sin temores, al fin que si nos equi-vocamos tendremos siempre la oportunidad de rectificar.19. Acaso por eso mismo no se nos valora a los profesores, investigadores, ni a las Universidades de cuya plantilla docente for-man parte: porque guardamos siempre conveniente silencio cuando deberíamos exigir ser tomados en cuenta.

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¿Quién de nosotros entiende acerca de la nueva conceptualización de soberanía nacional, o de las normas supranacionales?

¿Quién viene a explicar a sus pares o a sus alumnos lo que es la subordinación en las nuevas relaciones laborales del siglo XXI?

¿Quién es capaz de desentrañar el enigma jurídico existente entre los conceptos derechos humanos y derechos sociales, que obviamente no son ni significan lo mismo?

¿Quién de nosotros sigue pensando aún que los Derechos del Trabajo y el de la Se-guridad Social continúan ineluctablemente unidos, ligados entre sí cual siameses imposibles de separar?

¿Quiénes piensan todavía que ambas disciplinas jurídicas son en realidad verdade-ros Derechos Sociales exigibles al Estado?

Porque las diferencias conceptuales pre aludidas pueden ser tan sutiles como se quiera, pero lo cierto es que existen y es nuestro deber puntualizarlas científicamente, siempre con estricto rigor académico para no confundirnos jamás en una ciencia social que a todos debiera interesar no hubiesen jamás errores, lagunas u obscuridades —y por el contrario: que fuese siempre clara, nítida, prístina y transparente como el agua limpia, que algunos sin querer y otros interesadamente terminan por enturbiar—. Porque si los llamados “puntos finos” de la ciencia del Derecho no los sabe ni entiende un jurista, o finge no hacerlo interesadamente, entonces el problema se amplifica de manera tal que llega a afectar no sólo a la sociedad en general, sino a la propia ciencia jurídica al propiciar errores fatales20.

En ese mismo hilo de ideas: siendo el Derecho la ciencia del “deber ser”, debería entonces ser preocupación fundamental del Estado educar acerca del tema para que nada ni nadie —mucho menos nuestros gobernantes, legisladores y administradores de justicia—, se pongan por encima del Derecho; para que, como debe ser en un “Estado de Derecho” como se supone lo es el nuestro, todos los habitantes del país, en cualquier nivel o posición en donde se encuentren, se sujeten y se sometan a él, sublimando siempre sus intereses personales al interés general nacional.

Sin embargo, por desgracia, a diario hay pruebas irrefutables de que las cosas no son exac-tamente como las planteamos aquí, aunque los numerosos ejemplos que lo confirman sea imposible plasmarlos ahora por simples razones de tiempo y pertinencia.

Por todo lo antes expuesto, la crisis en la investigación jurídica es un hecho evidente y a mi entender sólo una alternativa de solución a dicha problemática: alentar con Programas integrales desde el ámbito universitario, que es donde se genera ciencia, la investigación jurídica.

20. Un claro ejemplo de lo que afirmamos: en México, el denominado Seguro Popular de Salud, ha sido considerado sin más como seguridad social, pero en realidad es asistencia social; al no serlo, no se trata entonces de un derecho social exigible al Estado. Para encontrar las diferencias terminológicas entre tales esquemas, sugerimos la lectura del Capítulo II: “Concepto de seguridad social y otras precisiones terminológicas”, del libro de nuestra autoría Nuevo Derecho de la Seguridad Social, aludido ya en pies de página anteriores, pp. 27-54; así como la Adenda 3: “La protección social y sus componentes básicos”, que está basada en los conceptos que maneja la OIT, y es consultable a pp. 931-937 de la citada obra.

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Las Universidades —sean éstas públicas o privadas, que en ello no habría una diferen-cia sustancial—, deben tener muy en claro las problemáticas actuales que afrontamos, mismas que no se resolverán si no somos capaces de cada quien hacer el tramo de tareas que nos compete, siempre a partir de diagnósticos situacionales serios y responsables en la búsqueda de las anheladas propuestas de solución que la clase política, por sí misma, es incapaz de encontrar sin nuestra colaboración. Y esa ingente tarea nos corresponde obviamente a nosotros los académicos.

Porque si bien es cierto que estatutariamente el SNI ya contempla el nombramiento de “ayudantes de Investigador Nacional Nivel III” (sólo para el Nivel III, que es el más alto salvo la excepción del nombramiento de Investigador Emérito que sólo unos cuantos llegan alcanzar en este singular Sistema cuyos ascensos y distinciones son de alguna ma-nera discrecionales por su peculiar evaluación), debe destacarse que el objetivo de tales nombramientos es promover la incorporación de jóvenes a dicho Sistema y crear vínculos más estrechos entre los estudiantes y los investigadores de gran trayectoria y experiencia, lo cierto es que es notoriamente insuficiente como para verdaderamente alentar la inves-tigación jurídica en México21.

Así las cosas, frente a la carencia de investigadores jurídicos en México, las Universidades deben hacer su parte, específicamente en el caso de existir dentro de su plantilla docente nombramientos de profesores e investigadores. Porque sin duda alguien debería al seno intra-universitario dedicarse de lleno al quehacer sustantivo de investigación, aunque natural-mente sin dejar de estar vinculados a la docencia, pues también a los educandos puede comenzar a inculcárseles el interés y el amor por indagar.

Y mejor todavía será, que por cada disciplina que existan en dichas Casas de Estudios —si en verdad tienen vocación científica y cultural, y no sólo de lucro—, en cada Facultad existan unidades, departamentos, institutos o como la normativa universitaria respectiva quiera denominarles, que sean verdaderos centros de investigación ex profeso, instituidos para tales fines, siempre autónomos que no independientes del área del conocimiento respectivo, así éste sea pequeño e integrado por un mínimo de personas en tanto exista de verdad dedicación a ello de tiempo completo; estando dentro de sus tareas cotidianas la orientación de sus pares y de los alumnos interesados en este rubro, que siempre los habrá.

21. Un Investigador Nivel III puede designar entre uno y tres ayudantes en sus tareas de investigación, mismos que serán bene-ficiarios de un estímulo económico, todos ellos estudiantes de por lo menos los dos últimos años de licenciatura y tener menos de 35 años de edad. En el área V, de “Derechos Sociales”, estadísticamente, según los últimos Informes publicados por el SNI-CONACYT sólo fueron nombrados un 10% del total de ayudantes de investigadores; de lo cual se colige que en el rubro jurídico fueron relativamente muy pocos, si se ponderan dos factores: 1) que tal porcentaje abarca todo el área de los Derechos Sociales, en donde la ciencia del Derecho está poco representada; y, 2) que de entre los Investigadores jurídicos por obvias razones los del Nivel III son pocos los que alcanzan ese grado, ya que el propio SNI informa que por disciplina destacan los investigadores dedicados al estudio de la física, biología, historia, química, antropología y matemáticas. Para mayores datos véase el sitio web: http://www.conacyt.mx/SNI/Paginas/default.aspx.

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No puede entenderse en la segunda década del siglo XXI y con miras al futuro, un posgra-do en cualesquier disciplina y nivel —especialidad, maestría, doctorado o estudios pos-doctorales—, sin estar vinculado al mismo un centro de investigación que paralelamente le retroalimente, revise y actualice los planes de estudios, planifique estratégicamente sus orientaciones, se involucre en la dirección de algunos de los trabajos de grado, verifique la calidad de la investigación en los trabajos de tesis de los posgraduados, incluso proponga temas de investigación a manera de una “bolsa temática” a los cuales deberían avocarse los alumnos debido a su evidente interés contemporáneo, pero sin constituir una imposición sino una sugerencia.

Porque la investigación es y será, a lo largo de este siglo XXI, una necesidad y no un lujo; por lo tanto sencillamente no puede argumentarse falta de presupuesto para ello, pues más bien se trata de utilizar el ingenio para adecuarse a las nuevas realidades impuestas por el mundo.

Las tareas a acometer pueden ser duras, pero no imposibles de realizar: se debe reestruc-turar la plantilla docente universitaria y distribuirla mejor; buscar a las personas idóneas para darles tal responsabilidad investigativa, apoyándoles en sus tareas; y entender la importancia de esta tarea sustantiva universitaria, buscando los mejores perfiles para obtener los resultados apetecidos. En otras palabras: todo es cuestión de saber jerarquizar y priorizar objetivos, en lo cual la gestión y la política universitaria debe jugar un rol protagónico.

Y es aquí donde se sustenta una propuesta, efectuada ahora a manera de colofón.

Ante un mundo en abierto desempleo, no sólo los profesores asistentes y en su caso los asociados al titular, sino de manera específica los jóvenes estudiantes y recién egresados de la licenciatura, o bien los propios estudiantes de especialidades, maestría y doctorados, pueden y deben encontrar en la investigación jurídica una alternativa contractual para jóvenes juristas hasta ahora poco aprovechada, con miras a hacerse cargo en el futuro de estas no-bles tareas que resultan cruciales a mediano y largo plazos.

La propuesta efectuada es simple de enunciar, siendo viable y factible:

En el caso de los profesores dedicados a esta clase de quehaceres, los estímulos acadé-micos de índole económico, abiertos a todos y concedidos con absoluta transparencia y no discrecionalmente por las autoridades universitarias, mediante comisiones mixtas de directivos y docentes, sin duda serán un incentivo que alentaría la tarea a acometer, pues ellos buscarían participar no sólo para mejorar sus ingresos, sino para lograr ascensos con base en méritos académicos constatables.

En el caso específico de los alumnos destacados de penúltimo y último año de la carrera, sería una alternativa laboral efectiva contar con un Contrato de Trabajo por Tiempo u Obra Determinada, nombrados por un investigador de casa al cual

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quedarían adscritos bajo su responsabilidad, para tener no sólo un empleo fijo sino también —y esto es muy importante—, para aprender a investigar cuando la incli-nación del educando sea ésa, pues se buscarían mecanismos de concurso de plazas para los aspirantes con base a calificaciones obtenidas en clases, las recomendacio-nes de sus mentores, y la calidad de las tareas realizadas a lo largo de la carrera.

Y en tratándose de los alumnos de posgrados, ya titulados en especialidades, maestrías o doctorados, o bien a los jóvenes profesionistas titulados recién egresados, podrán concedérseles Contratos de Prestación de Servicios Profesionales por Honorarios, para que adjuntos a un investigador, ellos mismos comiencen a realizar investiga-ción jurídica de calidad, hasta el punto de poder ser Contratados laboralmente de manera indefinida como investigadores por la propia Universidad para la cual están adscritos o por otra nacional o extranjera, una vez que demuestren que han aprendido bien a hacer sus tareas investigativas y sus productos sean considerados originales, apreciables, reconocidos, consistentes y por ello publicables; hasta el punto de poder aspirar a ingresar ya al SNI.

Porque viéndolo bien, el tema de la notoria ausencia de investigación jurídica original, que sea también de calidad reconocida, consistente y apreciable —factores con los que califica el SNI del CONACYT a sus miembros y a quienes pretenden ingresar a esta élite de investigadores nacionales—, no es sólo un problema del Estado mexicano o de las uni-versidades, sino también de todos nosotros los académicos juristas, en una insoslayable responsabilidad individual conjunta, creativa y solidaria, para que estos proyectos —que se asientan en el presente pero intentan tocar el futuro— puedan materializarse pronto con voluntad política, imaginación e ingenio, en beneficio de todos los mexicanos sin distingo.

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DE CONSULTA:

Ruiz Moreno, Ángel Guillermo, (2011). Seguridad Social Obligatoria para trabajadores migrantes e infor-

males, Porrúa, México.

Ruiz Moreno, Ángel Guillermo, (2011). Nuevo Derecho de la Seguridad Social, Porrúa, México.

PÁGINAS WEB:

http://www.oecd.org

http://www.jornada.unam.mx

http://www.jornada.unam.mx

www.concyt.gob.mx

http//www.coneval.gob.mx

Date post:	14-Mar-2020
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