No. 15

Dr. Radhamés Jiménez PeñaProcurador General de la República

Consejo EditorialÁngel Castillo Tejada

Rodolfo Espiñeira CeballosRoxanna Reyes Acosta

Pedro Féliz Montes De OcaMarisol Tobal WilliamsGladys Checo de Almonte

Henry GarridoJulieta Tejada

Fernando QuirozGermán Santiago

EditorGermán Santiago

CoordinadorFernando Quiroz

CorrecciónFior D’aliza Mejía

CuidadoMaría Mercedes Disla

Distribución:Víctor j. Quezada

RedacciónElvis ParedesSilvio CabreraLuisa Matos

!"#"$%&'(&Juan Carlos Reyes MorenoVíctor Acosta De León

AdministraciónÁngela Contreras

Firmas:Luis Henry MolinaSergio Sarita Valdez

Ana Mercedes Medos VelozIdelfonso Reyes

Arelis Ricourt GómezAntonio Ciriaco Cruz

Olivo A. Rodríguez HuertasHenry Garrido

Francisco García Rosa

Diseño y DiagramaciónRicardo Diplán809‐354‐4657

[email protected]

ImpresiónEditora Corripio C. Por A.

MINISTERIO PÚBLICOEs una publicación periódica de la Procuraduría General de la República.Prohibida su reproducción total o parcial conforme lo disponen las Leyes de Propiedad Intelectual (65‐00 sobre Derecho de Autor) y 20‐00 de Pro‐!"#$%$&'($)*+,"%-&&.&#(&-/&0)#&*#&,#1"#,#&%&,#2"*+,/&$#&3%,4%*&&$#&567,"4%*&8&nombres comerciales) de República Dominicana.

Av. Enrique Jiménez Moya Esq. Juan De Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Estero Hondo, Santo Domingo, D.N. Rep.Dom. Tels. (809) 5333522, Exts. 244 y 242; (809) 4808701. www.procuraduria.gov.do

8 Subero Isa afirma

gestión de Jiménez

Peña debe inscribirse

con letras indelebles

48 Procuraduría incauta

y destruye cientos de

máquinas

tragamonedas

68 Jueces conocen de

cerca Nuevo Modelo

Penitenciario

80 Posesionan a

Johanna Reyes

Hernández

como nueva fiscal de

La Vega

86 RD solicita a

EE.UU. conmutar

pena de muerte a

pelotero criollo

47 Pina Toribio dice

Gobierno trabaja por

una Ley de

Ministerios

62 Ponencia en

Barbados:

Del encarcelamiento

al sistema de

correccion

El término Constitución o Carta Magna hace referencia al conjunto de normas que determinan el ordenamiento jurí‐dico de un Estado, especialmente la organización de los po‐deres públicos y sus competencias, así como los deberes y derechos de los ciudadanos.

En ese sentido, es para nosotros de gran satisfacción que en nuestra Carta Magna se haya tomado especialmente en !"#$%&'&(')*$*+%#,*-'./0(*!-'1"#'2&'+*3-'3#4*$*3-'!-5-'#+6'el órgano del sistema de justicia responsable de la formu‐lación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.

Siempre insistimos en la necesidad de que el Ministerio Pú‐blico como órgano adquiriera un respaldo constitucional que le asegurara a sus miembros mayor independencia y #+%&0*(*3&3'7&,&'0#$#4*!*-'3#' (&' +-!*#3&3'1"#'3#0#'!-$%&,'!-$'8"$!*-$&,*-+'#+7#!*&(*9&3-+6'#4*!*#$%#+':'!&7&!*%&3-+;

<&' 4*=",&'3#(')*$*+%#,*-'./0(*!-6'7,#+#$%#'#$' %-3&'$"#+%,&'historia republicana, se ve en el nuevo marco constitucio‐$&(' !-$4*=",&3-'#$'+"+'&+7#!%-+'#+#$!*&(#+6' %&(#+' !-5->' (&'asignación de su misión institucional, el reconocimiento de un sistema de carrera que le proporciona estabilidad e in‐dependencia a sus miembros, la creación de un órgano de gobierno interno y consagración de su autonomía funcional y la de sus principios rectores.

El reconocimiento constitucional del Ministerio Público como protagonista del proceso penal y como responsable de la implementación de la política criminal del Estado, re‐&4*,5&'#('8-,%&(#!*5*#$%-'*$+%*%"!*-$&('#$'#('1"#'2#5-+'#+%&‐do inmersos y que hoy en día es una realidad palpable.

.-,'-%,&'7&,%#6'!-$'(&'*$%#=,&!*?$'3#'(&'4*=",&'3#('.,-!",&‐dor General de la República en el Consejo Nacional de la

)&=*+%,&%",&6' +#' 7-$#' 3#' 5&$*4*#+%-' (&' ,#7,#+#$%&%*@*3&3'del Ministerio Público y su posicionamiento como actor es‐telar del sistema de justicia, con lo cual me siento altamente complacido al cosechar los frutos del esfuerzo del equipo de hombres y mujeres que nos han acompañado en la tarea de dirigir esta Procuraduría General de la República.

Como toda transformación normativa, los avances que trae !-$+*=-' (&'$"#@&'A-$+%*%"!*?$'3#' (&'B#7/0(*!&'+*=$*4*!&$'&'su vez nuevos e importantes retos y compromisos para la institución, los cuales implican a una adecuación legal y or‐ganizacional del Ministerio Público, de modo que la pieza constitucional marca el punto de partida de una nueva y prometedora etapa de la historia del Ministerio Público en la República Dominicana.

rjimenez@procuraduría.gov.do

EL FORTALECIMIENTO

DEL MINISTERIO PÚBLICOA LA LUZ DE LA CONSTITUCIÓN

Doctor Radhamés Jiménez PeñaPROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

3Ministerio Público

CAPÍTULO VDEL MINISTERIO PÚBLICO

!"#$%&'() *+,-. Definición y fun‐ciones. El Ministerio Público es el órgano del sistema de justicia res‐ponsable de la formulación e imple‐mentación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la in‐vestigación penal y ejerce la acción pública en representación de la so‐ciedad.

Párrafo I. En el ejercicio de sus fun‐ciones, el Ministerio Público garanti‐zará los derechos fundamentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y defenderá el interés público tutelado por la ley.

Párrafo II.‐ La ley regulará el funcio‐namiento del sistema penitenciario bajo la dirección del Ministerio Pú‐blico u otro organismo que a tal efec‐to se constituya.

!"#$%&'() */0-. Autonomía y princi‐pios de actuación. El Ministerio Pú‐blico goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Ejerce sus funciones conforme a los principios de legalidad, objetividad, unidad de actuaciones, jerarquía, in‐divisibilidad y responsabilidad.

SECCIÓN IDE LA INTEGRACIÓN

!"#$%&'()*/*-. Designación y requi‐sitos. El Presidente de la República designará al Procurador General de la República y la mitad de sus procura‐dores adjuntos. Para ser Procurador General de la República o adjunto se requieren los mismos requisitos que para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. La ley dispondrá la forma de designación de los demás integran‐tes del Ministerio Público.

!"#$%&'()*/1-.)Integración e incom‐

patibilidades. El Ministerio Público está integrado por el Procurador Ge‐neral de la República, quien lo dirige, y por las y los demás representantes establecidos por la ley.

Párrafo I. El Ministerio Público es‐tará representado ante la Suprema Corte de Justicia por el Procurador General de la República y por las y los procuradores adjuntos, de conformi‐dad con la ley. Su representación ante las demás instancias judiciales será dispuesta por ley.

Párrafo II. La función de represen‐tante del Ministerio Público es incom‐patible con cualquier otra función pú‐blica o privada, excepto la docente y, mientras permanezcan en el ejercicio de sus funciones, no podrán optar por ningún cargo electivo público ni par‐ticipar en actividad político partidista.

SECCIÓN IIDE LA CARRERA

!"#$%&'()*/2-. Sistema de carrera. El Ministerio Público se organiza confor‐me a la ley, que regula su inamovili‐dad, régimen disciplinario y los demás preceptos que rigen su actuación, su escuela de formación y sus órganos de gobierno, garantizando la permanen‐cia de sus miembros de carrera hasta los setenta y cinco años.

SECCIÓN IIIDEL CONSEJO SUPERIOR

!"#$%&'()*/3-. Integración. El órgano de gobierno interno del Ministerio Pú‐blico es el Consejo Superior del Minis‐terio Público, el cual estará integrado 3#'(&'5&$#,&'+*="*#$%#>

1) El Procurador General de la Repú‐blica, quien lo presidirá;

2) Un Procurador Adjunto del Procu‐rador General de la República elegido por sus pares;

3) Un Procurador Ge‐neral de Corte de Ape‐lación elegido por sus pares;

4) Un Procurador Fis‐cal o su equivalente elegido por sus pares;

5) Un Fiscalizador ele‐gido por sus pares.

Párrafo.' <&' (#:'3#4*$*,C' #(' 8"$!*-$&‐miento y organización de este consejo.

!"#$%&'()*/4-‐ Funciones. Las funcio‐nes del Consejo Superior del Ministe‐,*-'./0(*!-'+-$'(&+'+*="*#$%#+>

1) Dirigir y administrar el sistema de la carrera del Ministerio Público;

DE'<&'&35*$*+%,&!*?$'4*$&$!*#,&':'7,#‐supuestaria del Ministerio Público;

3) Ejercer el control disciplinario so‐bre representantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público, con excepción del Procurador General de la República;

4) Formular y aplicar los instrumentos de evaluación de los representantes del Ministerio Público y del personal administrativo que lo integran;

5) Trasladar a representantes del Mi‐$*+%#,*-'./0(*!-6'7,-@*+*-$&('-'3#4*$*‐tivamente, de una jurisdicción a otra cuando sea necesario y útil al servicio, con las condiciones y garantías previs‐tas en la ley, con excepción de las y los procuradores adjuntos del Procurador General de la República;

6) Crear los cargos administrativos que sean necesarios para que el Minis‐terio Público pueda cumplir las atri‐0"!*-$#+' 1"#' (#' !-$4*#,#' #+%&' A-$+%*‐tución y las leyes;

FE'<&+'3#5C+'8"$!*-$#+'1"#'(#'!-$4*#‐ra la ley.

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN SOBRE EL MINISTERIO PÚBLICO

4 Ministerio Público

Funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en el país y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) va‐loraron el desarrollo que experimenta el sistema penitenciario dominicano, al tiempo de resaltar que el nuevo mo‐delo que implementan las autoridades, es un ejemplo para el mundo.

G%#72#$'H,&=#,6'-4*!*&('#$'I#5-!,&!*&6'Gobernabilidad y Oportunidades Eco‐nómicas de la USAID, y George P. Quin‐(&$6'&=,#=&3-'J",K3*!-'3#'(&'L4*!*$&'M#‐deral de Investigación de la Embajada de los Estados Unidos realizaron un recorrido junto al procurador Radha‐més Jiménez Peña, su adjunto Frank Soto, y el coordinador del Nuevo Mo‐delo Roberto Santana por los centros de corrección y rehabilitación de Moca y Rafey de Santiago.

Brager manifestó que no sólo se trata 3#'"$'$"#@-'5-3#(-'#$'#3*4*!*-+'#'*$‐8,&#+%,"!%",&+'4K+*!&+6'+*$-'"$'#+8"#,9-'especialmente dirigido a la regenera‐ción humana.

“Le damos las gracias por invitarnos a conocer este nuevo modelo peniten‐ciario”, agregó.

Mientras que George P. Quinlan dijo que en su país no existen programas penitenciarios como el nuevo modelo que se implanta en la República Domi‐nicana.

“Yo les felicito por dar esa oportuni‐dad, de empezar de nuevo y salir de aquí como personas que contribuyan a su sociedad y al país”,indicó Quinlan.

El magistrado Radhamés Jiménez re‐saltó el trato humano que ofrecen los

Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VPTs) a los internos en los diferentes centros del nuevo modelo, “quienes los tratan, como lo que son, seres humanos, respetándo‐les todos sus derechos”.

Dijo que todos esos programas pro‐curan dar una segunda oportunidad a las personas que le han fallado a la sociedad. Precisó que trabajan para rehabilitarlos y reinsertarlos como entes productivos a la sociedad.

FUNCIONARIOS DE USAID Y EMBAJADA EE.UU.

VALORAN DESARROLLO SISTEMA PENITENCIARIO DOMINICANORESALTAN RESPETO DERECHOS HUMANOS

Roberto Santana en compañía de los funcionarios de la Embajada de los EE.UU. y de la USAID, durante el recorrido por el CCR de Moca.

Funcionarios de la Embajada de los EE.UU. y la USAID reciben explicaciones de Rober‐to Santana y de Erickson Bobadilla en el CCR de Moca. En la mesa dos internos leen.


PARTICIPACIÓN CIUDADANA INAUGURA EN LA VEGA

CASA COMUNITARIA DE JUSTICIAOTRAS FUNCIONAN EN SANTO DOMINGO Y SANTIAGO

El movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) inauguró en el sector Villa Rosa, La Vega, la tercera Casa Co‐munitaria de Justicia, en un acto enca‐bezado por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, y Samir Chami Isa, coordinador de la #$%*3&3' ' &$4*%,*-$&6' ,#7,#+#$%&%*@&'3#'la sociedad civil.

Las demás casas comunitarias de Jus‐ticia funcionan en Herrera, Santo Do‐mingo Oeste, y en el barrio Cienfuegos, Santiago de los Caballeros. El coordi‐nador del proyecto es el líder comuni‐tario capitalino José Ceballos.

Al acto de inauguración asistieron el senador Euclides Sánchez; el síndico municipal, Fabio Ruiz; el procurador general de la Corte de Apelación, Víc‐%-,' N-$9C(#96' :' (&' 7,-!",&3-,&' 4*+!&(6'Johanna Reyes, todos de La Vega.

También, el comisionado de apoyo para la Reforma y Modernización de la Justicia, Lino Vásquez; el presidente

de la Asociación Pro Desarrollo de La Vega, Isaac Polanco, así como los pro‐!",&3-,#+' 4*+!&(#+' 3#' G&$%*&=-6' O#$*'Berenice Reynoso, y de Santo Domin‐go, Perfecto Acosta.

Al hablar, el magistrado Jiménez Peña planteó la necesidad de que la justi‐cia se acerque cada vez más al pueblo, tras indicar que la inmensa mayoría de 7-0,#+'%*#$#'3*4*!"(%&3#+'7&,&'&!!#3#,'a ella y que a veces no dispone ni si‐quiera del dinero para pagar un pasaje 2&+%&'(-+'%,*0"$&(#+'-'4*+!&(K&+;'

Sostuvo que esa realidad se da ma‐yormente en los campos apartados del país y hasta en los barrios de la capital y de las principales provincias.

“Necesitamos una justicia ágil, efecti‐va y transparente”, dijo el magistrado Jiménez Peña tras la inauguración de la Casa Comunitaria de Justicia que en La Vega estará coordinada por Rosa Núñez.

El máximo representante del Ministe‐,*-'./0(*!-'+-+%"@-'4*$&(5#$%#'1"#''(&',#+-("!*?$'3#'!-$4(*!%-+6'!-$'(&'5#3*&‐ción de personas entrenadas para esos 4*$#+'#$'!#$%,-+'!-5-'(&+'!&+&+'!-5"‐nitarias, sirven para descongestionar el sistema de justicia.

En nombre de Participación Ciudada‐na, Chami Isa resaltó el apoyo dado por la Procuraduría General de la Re‐pública para que el nuevo centro que‐dara en funcionamiento, al tiempo que #P7,#+?'+"'&=,&3#!*5*#$%-'&''(&'-4*!*$&'del senador Sánchez, al ayuntamiento municipal, y a instituciones privadas y organizaciones barriales de La Vega.

CEBALLOS OFRECE CIFRAS

José Ceballos destacó que durante el período enero‐octubre 2009 las Casas Comunitarias de Justicia han recibido a 21 mil ,949 usuarios.

De esta cifra, dijo, el porcentaje de mu‐J#,#+'0#$#4*!*&3&+'#+'3#'Q;RS;'

B#@#(?' 1"#' +#' 2&$' 0#$#4*!*&3-' *="&(‐mente 763 representantes de organi‐zaciones comunitarias, quienes han sido entrenadas en temas relacionados con sus derechos y deberes y sobre las leyes y herramientas que facilitan su acceso a la justicia. SERVICIOS

Dentro de los servicios que ofrecen las A&+&+' A-5"$*%&,*&+' 3#' T"+%*!*&' ' 4*="‐ran, mediación, conciliación, informa‐ción legal, orientación legal popular para el manejo de procedimientos y herramientas que faciliten el acceso ciudadano a la justicia y al gobierno (-!&(;' U&50*V$6' +#,@*!*-+' 3#' 4*+!&(K&6'asistencia psicológica, municipalidad y presupuesto participativo y desarrollo de red de promotores de justicia.

José Ceballos, coordinador de Casa Comunitaria de Justicia.


FISCALES DEL DN ACTUARÁN CONTRA MAFIAS DE GAS Y OTROS SERVICIOSNUEVA CONSTITUCIÓN Y LEY 358-05 PROTEGEN A CONSUMIDORES

EN COORDINACIÓN CON PROCONSUMIDOR

La Fiscalía del Distrito Nacional y el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (Procon‐sumidor), actuarán unidos para per‐seguir y procesar judicialmente a las estaciones de expendio de gas licuado de petróleo (GLP) y de otros combusti‐bles, bienes y servicios, que estafen a la ciudadanía.

W+K' (-' #+%&0(#!#' "$' !-$@#$*-' 4*,5&3-'7-,'#('4*+!&('!&7*%&(*$-6'W(#J&$3,-')-+‐coso Segarra, y la titular de Proconsu‐midor, Altagracia Paulino

)-+!-+-' G#=&,,&' &$"$!*?' 1"#' (&+' 4*+‐calías barriales se ponen desde ya al servicio de la ciudadanía para que de‐nuncien a los establecimientos comer‐ciales y estaciones de expendio de gas licuado de petróleo (GLP) y de otros combustibles que especulen

I*J-' 1"#' +#' 3#+*=$?' "$' 4*+!&(' &3J"$%-'para que realice los operativos de su‐pervisión, junto a Proconsumidor, en

cumplimiento de la Ley 358‐ 05 de protección a los derechos ciudadanos en la materia.

G-+%"@-''1"#'#$'(-'&3#(&$%#'(-+'4*+!&(#+'barriales serán agentes de recepción de denuncias contra comerciantes que violen las disposiciones legales.

X$3*!?'1"#'(&+'4*+!&(K&+'0&,,*&(#+'0,*$‐darán todo su apoyo a la labor de Proconsumidor para que supervise a todos los comerciantes y proceda a so‐meter a los tribunales a aquellos que,

usando mecanismos fraudulentos, es‐tafen a los consumidores.

DENUNCIAS

De su lado, Altagracia Paulino dijo que los consumidores pueden denunciar a los colmados, supermercados, ven‐dedores de tarjetas, los fraudes con tarjetas de crédito, los daños ocasiona‐dos por alto voltaje, alteraciones en la fecha de vencimiento del producto y a las estaciones de GLP y de gasolina.

Expresó que el objetivo del convenio es establecer mecanismos institu‐cionales para acercar a la ciudadanía la protección de sus derechos como consumidores y usuarios, a través de (&+'M*+!&(K&+'H&,,*&(#+':'3#' (-+' 4*+!&(*‐zadores que a diario luchan por cons‐truir una ciudad más libre, protectora y segura.

Manifestó que mediante el convenio también se busca propiciar jornadas 3#'!&7&!*%&!*?$'#8#!%*@&+'!-$'(&'4*$&(*‐dad de que el Ministerio Público pueda asumir su competencia legal de mane‐ra satisfactoria dentro de las atribucio‐$#+'1"#' (#' !-$4*#,#' (&'<#:'N#$#,&('3#'Protección a los Derechos del Consu‐midor y Usuario.

El artículo 53 de la nueva Constitución establece que “toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una información objetiva, veraz y oportu-na sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o con-

suma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser

compensadas o indemnizadas conforme a la ley”.

!"#$%&$'($)*$+"(,-).)!"/0$,1&-)2-3'-3-)4&5$,)/")'-,6/&,(-7


El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, aseguró que la gestión de Radhamés Jiménez Peña como procurador general de la Repú‐blica puede inscribirse en la historia de la justicia dominicana con letras indelebles por su gran entrega y sacri‐4*!*-'7&,&'(-=,&,'(&'*$+%*%"!*-$&(*3&3':'fortaleza del Ministerio Público.

“Pero sobre todo, por ser un hombre de bien, un hombre comprometido con su país, un hombre comprometido con un Ministerio Público que hace cuatro

o cinco años estaba realmente rezaga‐do”, puntualizó Subero Isa en visita al procurador en compañía de presiden‐tes de Cortes Supremas, Tribunales Supremos de Justicia y Consejos de la Judicatura de España, Centroamérica y el Caribe, quienes participaron en un #$!"#$%,-' 7&,&' &4*&$9&,' :' 7-%#$!*&,'los Poderes Judiciales de la región ibe‐roamericana celebrada en el hotel El Embajador de esta capital.

En la reunión, que se desarrolló los días 4 y 5 de febrero, participaron los

presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial del Reino de España, Carlos Divar, así como los presidentes de la Corte Su‐prema de Justicia de Panamá, Aníbal Salas; de Costa Rica, Luis Paulino Mora; de Guatemala, Erick Alfonso Álvarez Mancilla, y de Nicaragua, José Manuel Martínez Sevilla. También el presiden‐te del Tribunal Supremo de Justicia de Puerto Rico, Federico Hernández Den‐ton, y David Gonzalo Cabezas Flores, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura de El Salvador.

JORGE SUBERO ISA AFIRMA: GESTIÓN DE JIMÉNEZ PEÑA DEBE INSCRIBIRSE CON LETRAS INDELEBLES EN HISTORIA JUDICIAL

Los magistrados Radhamés Jiménez Peña y Jorge Subero Isa, junto a titulares de poderes judiciales iberoamericanos, quienes participaron en un encuentro regional en el país.


A modo de información a los juristas internacionales, Subero manifestó que en la gestión de Jiménez Peña, el Mi‐nisterio Público ha sido la entidad que mayor institucionalidad ha obtenido en la República Dominicana en los úl‐timos años, tras destacar la “armonía excelente” que ambos han mantenido.

El presidente de la SCJ agregó que esa relación se combina con una constante comunicación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público. “Nosotros hemos asumido el compromiso, tanto Radha‐més y yo, de que si en algún momento se producen diferencias, resolverlas institucionalmente antes de que llegue a la opinión pública”, destacó Subero.

También elogió el trabajo del director de la Escuela Nacional del Ministerio Público, Ramón Emilio Núñez, de quien dijo que es uno de los principales pro‐tagonistas del Código Procesal en la República Dominicana, “sin su entu‐

siasmo y el de otras personas no ten‐dríamos el código”.

Manifestó que Núñez es el responsable de ejecutar los programas de adiestra‐miento para capacitar técnicamente a los miembros del Ministerio Público, quienes tienen a su cargo la dirección

de la investigación en los casos penales.Finalmente, agradeció el gesto del pro‐curador de recibirlos en su despacho Y!-5-'&$4*%,*?$'3#'#+%&',#"$*?$6'&=,&‐dezco el que nos haya dedicado estos minutos en nombre de estos amigos, no mío, ni siquiera de la SCJ, sino del país”, dijo Subero Isa.

En la reunión, que se desarrolló los días 4 y 5 de febrero, partici-

paron los presidentes del Tribunal Supremo y del Consejo General

del Poder Judicial del Reino de España, Carlos Divar, así como los

presidentes de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, Aníbal

Salas; de Costa Rica, Luis Paulino Mora; de Guatemala, Erick

Alfonso Álvarez Mancilla, y de Nicaragua, José Manuel Martínez

Sevilla. También el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de

Puerto Rico, Federico Hernández Denton, y David Gonzalo Cabe-

zas Flores, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura de El

Salvador.


56'()78)7')100,)9:%#;<:86)1=10+)%;>(>)

DICTÁMENES Y LITIGIOS

DOS VERTIENTES EN DEFENSA DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO QUE LE IMPRIMEN VIDA Y OPERATIVIDAD A LA PROCURADURÍA

El Departamento de Dictámenes y Li‐tigios de la Procuraduría General de la República emitio 2,206 dictámenes, sólo en el 2009, de los cuales 1,752 corresponden a recursos de casación en materia civil e inmobiliaria y 374 a recursos de casación en asunto penal.

En jurisdicción penal Privilegiada se produjeron, de igual forma, tres dic‐támenes, 55 en materia disciplinaria, 15 en materia constitucional, tres en querellas contra jueces y dos en que‐rellas contra miembros del Ministerio Público, sobre el cual recayeron 8 re‐cusaciones.

Fue una labor intensa e ininterrumpi‐da en un promedio de 1800 audien‐

cias, representadas por abogados asis‐tentes del departamento que dirige el primer sustituto del procurador gene‐ral, Ángel Castillo Tejada.

El magistrado Castillo Tejada dijo que sólo en el área de litigios, ese depar‐tamento representó al Estado domini‐cano en un total de 605 casos, de los cuales 252 son en materia de amparo y 353 en materia civil.

DEPARTAMENTO COMPLEJO

Dictámenes y Litigios es un departa‐mento complejo que gravita también sobre áreas administrativas, por lo que tiene bajo supervisión a Control de Al‐quileres de Casas y Desahucios, órga‐

no creado en virtud del Decreto 4807 de 1959. Está dirigido por Ana Andrea Lara, junto a su personal de apoyo, *$%#=,&3-' 7-,' (&' +#!,#%&,*&' T-+#4*$&'

La Procuraduría General de la Repú‐blica es un órgano del sistema de jus‐ticia, dependiente del Poder Ejecuti‐vo, dotado de autonomía funcional, presupuestaria y administrativa.

En términos administrativos tiene a su cargo las funciones propias de lo que fuera la Secretaría de Estado o Ministerio de Justicia, a cargo de órganos y estructuras que sirven de soporte a las de carácter sustantivo.

Víctor Robustiano Peña, Ana Burgos, Ángel Castillo Tejada, Casilda Báez e Idelfonso Reyes, del equipo de procuradores generales adjuntos del Departamento de Dictámenes y Litigios.


Comprés y una auxiliar administrativa, María Adalgisa Cabrera.

Existe una Comisión de Apelaciones ante la que pueden recurrir los pro‐pietarios e inquilinos que no estén de acuerdo con las decisiones del Control de Alquileres de Casas y Desahucios, integrada por representantes del Pro‐curador General de la República, del Ministro de Interior y Policía y del Al‐calde del Distrito Nacional.

Durante el 2009 esta área manejó 374 solicitudes de desalojo, emitió 252 re‐soluciones y conoció 224 alegatos de las partes. Asimismo, recibió 254 ape‐laciones, propició 1,574 conciliaciones, realizó 145 avalúos, 140 inventarios, #5*%*?'FZ'!#,%*4*!&!*-$#+':'',#5*%*?'FD['telegramas a las partes involucradas en los asuntos de su competencia.

LABOR EN DOS VERTIENTES

El Departamento de Dictámenes y Li‐tigios constituye prácticamente el eje del accionar de la Procuraduría, pues su labor en la representación del inte‐rés social se desarrolla en dos vertien‐tes nodales, como bien lo explica el magistrado Castillo Tejada.

La primera, expone, se realiza a tra‐vés de los dictámenes, que recogen la opinión jurídica del Ministerio Público sobre los asuntos que en las diferentes

Su función sustantiva está íntimamen‐te relacionada con la función jurisdic‐cional, que consiste en aglutinar, su‐pervisar y coordinar la representación del interés social ante los diferentes tribunales del orden judicial. Esa labor la realiza a través de un cuerpo espe‐cializado y jerarquizado que se deno‐mina Ministerio Público, encabezado por el Procurador General de la Repú‐blica, quien lo representa ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia, y sus

diferentes cámaras, por sí mismo o por medio de sus adjuntos.

También integran el Ministerio Público los Procuradores Generales de Cortes de Apelación y sus similares ante los tribunales especiales de segundo gra‐do y los Procuradores Fiscales, ante los tribunales de primera instancia, todos con sus respectivos adjuntos, así como los Fiscalizadores, ante los Juzgados de Paz.

Un hecho que ilustra la calidad y el crédito de este departamento fue el relacionado con el asesinato del periodista Orlando Martínez Howley, el 17 de marzo de 1975, cuyos autores fueron condenados en primera instancia en el año 2000, y tras recurrir en Hábeas Corpus el caso llegó a la Suprema Corte de Justicia. Los acusados alegaron

entonces que el caso había prescrito y que en su defecto merecían ser favorecidos con la Ley de Amnistía de 1978, lo cual fue rechazado mediante dictamen oral del procurador general adjunto, Ángel Cas‐tillo Tejada, por considerar irracional, absurda y carente de asidero legal dicha acción, cuyo dispositivo fue acogido en toda su parte por el pleno del más alto tribunal de justicia, que en tal sentido apoderó del caso a la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís, en donde a los acusados, Mariano Durán Cabrera, Rafael Alfredo Lluberes Ricart, Joaquín Antonio Pou Castro y Emilio de la Rosa Beras se les impusie‐ron penas de entre 30, 20 y 10 años. En el caso de Pou Castro, la pro‐pia suprema le aumentó de 20 a 30 años la condena en atención a un recurso de casación interpuesto luego por la familia Martínez Howley.

8")9&-'+&$1-&)$10+,#-):,%/");$3#(""-)0+,#-)$)$<-%$1-3)$3(3#/,#/3).)9/&3-,$")$15(,(3#&$#(6-)1/")=/9$&#$5/,#-)1/)=('#>5/,/3).)Litigios.


materias son conocidos por la Supre‐ma Corte de Justicia, como de casación, tribunal constitucional, tribunal penal de excepción y tribunal disciplinario.

La segunda, señala, atañen a la re‐presentación del Estado con ocasión 3#'(-+'7,-!#+-+'#$'(-+'1"#'V+%#'4*=",&'como demandado o querellado por ante los tribunales del orden judicial.

W4*,5&'1"#'+*'0*#$'(-+'3*!%C5#$#+'3#'(&'Procuraduría General de la República no ligan a la Suprema Corte de Justicia, este alto tribunal tiene que hacerlos contar en sus decisiones, a tal punto que el propio presidente del más alto tribunal judicial del país, Jorge Subero Isa, ha dicho que la Procuraduría dic‐tamina mucho y dictamina bueno.

En otra ocasión Subero Isa reconoció la calidad de las opiniones emanadas del Departamento de Dictámenes y Litigios, lo que a su juicio facilitaba el trabajo de los jueces a la hora de emitir sus sentencias.

COMPOSICION

El Departamento de Dictámenes y Li‐tigios fue creado durante la gestión de Francisco Domínguez Brito, como un cuerpo operativo especializado y ase‐sor del Procurador General.

En la actualidad está integrado por cinco procuradores generales adjun‐tos y dos procuradores adjuntos de Cortes de Apelación, asistidos por dos

4*+!&(#+' &3J"$%-+' :' !&%-,!#' &0-=&3-+6'así como por el personal de apoyo.

Actualmente forman parte del mismo los procuradores generales adjuntos, Ángel A. Castillo Tejada, quien lo diri‐ge; Casilda Báez Acosta, Ana Burgos Crisóstomo, Idelfonso Reyes y Víctor Robustiano Peña. Las procuradoras adjuntas de Cortes de Apelación son Irene Hernández y Adelaida de la Rosa, :'(&'4*+!&('&3J"$%&')&,*("9'W,*&+;'

Los abogados asistentes en el área de Dictámenes son Alfonsina Vicioso, Marlene Peña, Jacqueline Ceara, Vio‐leta Parra, Allen Reynoso, Karina Pau‐lino, Massiel Vásquez, Víctor Guerrero y Ricardo Tavera. Mientras que en liti‐gios ejercen esa labor Pedro Castillo, Leopoldo Pérez y Rafael Germán, junto

a Rosalía Mejía y Kenyi Brito. Ocasio‐nalmente abogados externos son apo‐3#,&3-+'&'(-+'5*+5-+'4*$#+;'

El personal de apoyo está integrado por Sandra Soriano, Ivanova Grate‐reaux, Liliana Gómez y José Guillermo Frías.

MARCO LEGAL

La base legal de la Procuraduría Gene‐ral de la República está regida por la Constitución de la República, y la in‐tegran los convenios internacionales, la Ley de Organización Judicial, la Ley de Casación, el Estatuto del Ministe‐rio Público, el Código Procesal Penal y un conjunto de leyes especiales. El marco normativo es la plataforma le‐gal de operatividad del Departamento de Dictámenes y Litigios junto con las directrices internas de carácter admi‐nistrativo.

El magistrado Castillo Tejada asegura que el Departamento que dirige está vinculado de forma indisoluble con el ejercicio de la función sustantiva de la Procuraduría General de la Repúbli‐ca como ente superior del Ministerio Público. A su juicio, esa vinculación le &%,*0":#'"$'7#,4*('3*+%*$%*@-'&'+"'(&0-,6'diferenciándolo, en el ámbito institu‐cional, de las demás estructuras inter‐nas, lo que le ha permitido ensayar la 3#4*$*!*?$'3#'"$&'5*+*?$':'"$&'@*+*?$'propias en el marco general de las que +#' ,#4*#,#$' &' (&' .,-!",&3",K&'N#$#,&('de la República.

Ángel Castillo Tejada.

Adelaida de la Rosa en compañía de otras empleadas del departamento.


ESCUELA DEL MINISTERIO PÚBLICO

<-+' FQ' 4*+!&(*9&3-,#+' #+!-=*3-+' 3#('concurso de oposición para cubrir pla‐zas en 22 distritos judiciales del país, fueron presentados públicamente por el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, y el director de la Escuela Nacional del Ministerio Público (ENMP), Ramón Núñez.

<-+' 4*+!&(*9&3-,#+' !"57(*#,-$' (-+' ,#‐quisitos de rigor establecidos en el “Concurso de Oposición para Aspi‐rantes a Fiscalizadores 2009”, que fue realizado con el propósito de cubrir plazas vacantes en los distritos judicia‐les de Azua, Barahona, Constanza, Da‐jabón, Duarte, El Seibo, Espaillat, Hato Mayor, Independencia, La Romana, La Vega y Las Matas de Farfán.

También de María Trinidad Sánchez, Montecristi, Pedernales, Peravia, Sa‐maná, San Cristóbal, Elías Piña, San Juan de la Maguana, Santiago Rodrí‐guez y Valverde.

I#' (-+' 4*+!&(*9&3-,#+' =&$&3-,#+6' D\'tienen edades comprendidas entre los 23‐25 años; 25 tienen entre 26‐29, 11 entre 30‐32, 6 entre 33‐35, 8 entre 36‐[]':'['3#'QZ'-'5C+;'^('_FS'#+'3#'+#P-'8#5#$*$-':'#('Q[S'5&+!"(*$-;

Son egresados de las universidades Autónoma de Santo Domingo (UASD), de donde obtuvieron título 34 de ellos; 11 de la Central del Este, 8 de Organi‐zación y Método (O&M), 6 de la Tec‐nológica de Santiago, 9 de la Católica

PRESENTA 74 NUEVOS FISCALIZADORESFUERON SELECCIONADOS POR CONCURSO PARA TRABAJAR EN DISTRITOS JUDICIALES

Ramón Núñez.

?+/6-3)@(3'$"(A$1-&/37

13Ministerio Público 13Ministerio Público

Nordestana, de la Madre y Maestra y de la Católica del Cibao, 2 del Caribe y 4 del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, la Católica de Santo Domingo, la Experimental Féliz Adam y la Fede‐rico Henríquez y Carvajal, respectiva‐mente.

La ENMP recibió 988 solicitudes que cumplieron con los requerimientos de las bases del concurso, de los cuales en la fase de evaluación académica apro‐baron un total de 521 participantes, quienes recibieron una evaluación psi‐cométrica y de personalidad, pasando 217 de éstos a la fase de evaluación de competencias.

Luego se consolidaron los resultados de las diferentes evaluaciones agota‐3&+'7-,'(-+'D\F'4*$&(*+%&+'3#('!-$!",+-'y en función de los mismos se seleccio‐$&,-$'(-+'FQ'$"#@-+'4*+!&(*9&3-,#+;

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

A-$'(&'#(#!!*?$'3#'#+-+'$"#@-+'4*+!&(*‐zadores el Ministerio Público continúa &@&$9&$3-'3#'5&$#,&'4*,5#;'W'#+&'&!‐tividad se suma también la instalación de la Carrera del Ministerio Público con la presentación el pasado año de (-+' RR`' 4*+!&(#+' 1"#' 8-,5&$' 7&,%#' 3#'ésta, los cuales sólo cesarán en sus fun‐ciones por la comisión de faltas graves,

mayoría de 75 años, muerte o proble‐5&+'3#'+&("36'#@&("&!*?$'3#4*!*#$%#'3#('desempeñó, renuncia y abandono del cargo, según lo establecido en el artí‐culo 45 del Estatuto del Ministerio Pú‐blico (LEY 78‐03).

Igualmente, forma parte del desarrollo institucional, la reciente designación 3#'(-+'4*+!&(#+'3#'A&,,#,&6'O#$*'H#,#$*‐ce Reynoso Gómez, en el Distrito Judi‐cial de Santiago; Juan Medina De Los Santos, en Samaná, y Johanna Isabel Reyes Hernández, en La Vega, los cua‐les fueron designados en esas funcio‐nes tomando en cuenta el escalafón de la Carrera del Ministerio Público.

EL CONCURSO

La Procuraduría y la ENMP convo‐

caron el pasado año al “Concurso de Oposición para aspirantes a Fiscaliza‐dores 2009”, donde establecieron que podían participar del proceso todos los abogados mayores de 23 años de edad con permiso legal para ejercer la profesión, que no hubieren sido con‐3#$&3-+'&'7#$&+'&4(*!%*@&+'-' *$8&5&$‐tes, que tuvieran una conducta moral intachable y que residieran en el de‐partamento judicial donde se localiza la vacante.

El concurso contó con hasta 50 parti‐cipantes en varios Distritos Judiciales. De las 90 plazas que contemplaba cu‐brir, 16 quedaron desiertas en (Elías Piña, Pedernales, Independencia, Mon‐tecristi y San Juan de la Maguana), ya que los participantes no reunieron los requisitos exigidos.

2$%(3#&$1-3B)C+,'(-,$&(-3)1/)"$)*&-'+&$1+&D$B)43'$"(A$1-&/3)/)(,6(#$1-3)/39/'($"/3)9$&#('(9$,)1/")$'#-7

*$&#/)1/)"$3)5+0/&/3)43'$"(A$1-&$3)1/")%&+9-)3/"/''(-,$1-7

14 Ministerio Público14 Ministerio Público

Con apoyo del Comisionado de Justicia

CIRCULA NUEVO DIRECTORIO

La Dirección Nacional de Atención a Víctimas (DNAV), con el apoyo del Comisionado para la Reforma y Mo‐dernización de la Justicia, puso en cir‐culación un directorio que contiene números telefónicos y ubicación exac‐ta de las entidades que brindan servi‐cio a personas que han sido agredidas y que necesitan asesoría para saber dónde dirigirse a plantear sus recla‐mos.

Las personas interesadas en adquirir un ejemplar del Directorio Nacional de Atención a Víctimas pueden llamar al teléfono 809‐548‐3198, o enviar su so‐licitud al correo electrónico [email protected]. El documento comenzó a circular durante la celebración del Pri‐mer Seminario Internacional de Vic‐timología que desarrolló el Comisio‐nado de Justicia y que fue presentado por Glorianna Montás, directora de la DNAV.

El documento es una guía de refe‐rimiento de amplitud nacional en‐caminado a apoyar las labores de

orientación y acompañamiento de las personas que prestan servicios a víctimas de violencia en las diversas instancias gubernamentales y no gu‐bernamentales.

Contiene una recopilación de aproxi‐madamente 385 instituciones clasi‐4*!&3&+'3#'&!"#,3-'!-$'+"'"0*!&!*?$6'áreas de especialización y tipo de ser‐vicios, y simboliza la consolidación de los esfuerzos institucionales en torno a la optimización del sistema nacional de atención y a las atribu‐ciones consignadas por la Dirección Nacional de Atención a Víctimas.

Con el directorio, se podrá acceder a las informaciones a través de tres 5-3&(*3&3#+'3#'0/+1"#3&>'&(8&0V%*!&6'provincial y de servicios. Tomando en cuenta la variedad de problemáticas que pueden presentar las personas víctimas de violencia, éste incluye servicios de especialización para la violencia intrafamiliar y contra la mujer, abuso sexual, maltrato de ni‐a-+6'$*a&+':'&3-(#+!#$%#+6' %,C4*!-' *(K‐

cito y trata de personas, entre otros.

Fue elaborado por todo el personal de la Dirección Nacional de Atención a Víctimas y el aporte de personas e ins‐tituciones que facilitaron informacio‐nes de su propia base de datos, explicó Glorianna Montás.

NUEVAS OFICINAS

La Dirección Nacional de Atención a Víctimas y el Centro de Atención a Niños, Niñas, Adolescentes y Familia 7&,&' !&+-+' 3#'5&(%,&%-+' 4K+*!-+' :' 7+*‐cológicos, anunciaron que trasladaron +"+'-4*!*$&+'&'(&'!&((#')#,!#3#+'W5*&‐ma No. 41 del sector San Gerónimo, próximo a la Núñez de Cáceres, en el tramo comprendido entre las aveni‐das 27 de Febrero y John F. Kennedy de esta capital, para brindar un mejor servicio a la ciudadanía.

La DNAV informó que su traslado res‐ponde a una mayor disponibilidad de #+7&!*-'4K+*!-6'&+K'!-5-'&'(&'&=*(*3&3':'modernización en los servicios espe‐cializados que brinda a la ciudadanía.

Glorianna Montás directora de la DNAV. Comisionado de Justicia, Lino Vásquez.

DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS


La República Dominicana cuenta desde el pasado 26 de enero con una Constitución moderna cual

la tienen las naciones desarrolladas. Tras su fundación el 27 de Febrero de 1844, la nación dominicana hubo de aguardar 165 años para disfrutar de una Ley de Leyes que garantizará un estado de derecho integral y el desa‐rrollo de las capacidades humanas. Su proclamación se produjo en la Asam‐blea Nacional en un acto solemne en‐cabezado por el presidente Leonel Fernández y en ocasión del natalicio de Juan Pablo Duarte, padre de la pa‐tria. La Constitución dominicana cuen‐ta por primera vez con un Preámbulo 1"#' 3#4*$#' &' (&' $&!*?$' :' #+%&0(#!#' #('modelo de sociedad que somos y al que aspiramos. La ceremonia en que fue puesta en vigencia la renovada Carta Magna fue dirigida por el presi‐dente y vicepresidente de la Asamblea Nacional Revisora, Reinaldo Pared Pérez y Julio César Valentín, y contó con la presencia del vicepresidente de la República, Rafael Alburquerque; el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, y el procura‐dor general de la República, Radhamés Jiménez Peña.

PALABRAS DEL PRESIDENTE

En su discurso en el salón de la Asam‐blea Nacional, el presidente Leonel Fernández aseguró que la nueva Cons‐titución garantiza para siempre la pre‐valencia en la República Dominicana de “la democracia, la libertad, la paz, la soberanía, la independencia y el respe‐to a la dignidad de los hombres y mu‐jeres, que fue lo que desde el principio

soñaron nuestros padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Me‐lla y Francisco del Rosario Sánchez”.

El jefe del Estado dijo que la nueva Car‐ta Sustantiva erige un muro de conten‐ción a los que intenten hacer zozobrar (&'3#5-!,&!*&6'7-,'(-'1"#'#$'3#4*$*%*@&'en el país jamás se producirá un golpe de Estado.(ver discurso completo en pag. 28)

PARED PÉREZ

El presidente de la Asamblea Nacional Revisora, Reinaldo Pared Pérez, desta‐có que a partir de la proclamación de la nueva Constitución, el país cuenta con mayores garantías ciudadanas, nuevos mecanismos de participación, órganos e instancias judiciales.

X$8-,5?'1"#'#$'#('%#P%-'4*=",&$'3*+7-‐siciones para concretar el ejercicio de una función pública más transparente y digna.

Agregó que también contempla me‐canismos de participación ciudadana como el referendo y la iniciativa po‐pular, así como el recurso de amparo y habeas data. Destacó la creación del Tribunal Constitucional, el Tribunal

LA NACIÓN DOMINICANA Y LOS DERECHOS CIUDADANOS

NUEVA CONSTITUCIÓN

Leonel Fernández. Reinaldo Pared Pérez


Superior Electoral y el Consejo del Po‐der Judicial.

Y^$' 4*$6' "$&' ,#*$=#$*#,K&' !-$+%*%"!*-‐nal y por demás legal, que deberá ha‐cer del Estado dominicano un aparato estatal más adecuado, funcional y mo‐derno”, enfatizó.

El también presidente del Senado re‐saltó que la elaboración, discusión y aprobación de la Constitución no se hizo acompañar de la prisa y la ur‐gencia para procurar una salida a una crisis político‐comicial ni fue presa de la coyuntura electoral del momento, como ocurrió en las reformas de 1994 y 2002.

PERSONALIDADES RESALTAN

Nuncio Apóstolico

“Yo pienso que es una Constitución basada sobre los principios modernos, particularmente el valor de la mujer, también la importancia de la oportu‐nidad de estudiar”, expresó el nuncio apostólico, Joseph Wesolowsky.

Agripino Núñez

“Yo creo que es una buena Constitu‐ción. Todo lo humano es perfectible,

pero en sentido general creo que el país gana porque hay muchas cosas que son de la Constitución del año 1963. Hay nuevos derechos que sig‐$*4*!&$'!-$1"*+%&+'7&,&'(&'!*"3&3&$K&b6'estimó.

Radhamés Jiménez

“Esta Constitución tiende a consolidar, tal y como lo expresó el Presidente de

la República, el Estado social y demo‐crático de derecho y sobre todo por‐1"#'%*#$3#'&'&4*&$9&,'*$+%*%"!*-$#+'1"#'son claves y fundamentales en el siste‐ma de Justicia como lo es el Ministerio Público y el Poder Judicial”, manifestó.

?7@$8)A("":@:(

El empresario Jose Luis Corripio (Pe‐pín) consideró que el éxito de esta

Radhamés Jiménez Peña Jorge Subero Isa.


Constitución radicará en la de‐posición de la sociedad y del go‐bierno a su cumplimiento. Dijo que el sector empresarial debe de estar abierto a las leyes y a las normas que se establezcan para competir y desarrollar sus labores en la sociedad.

Alejandro Moscoso

^(' 4*+!&(' 3#(' I*+%,*%-' c&‐cional, Alejandro Mosco‐+-' G#=&,,&6' &4*,5&' 1"#'tras esta reforma las autoridades judiciales salen fortalecidas por la creación de nuevos órganos como los tri‐bunales Constitucio‐nal y Electoral, ade‐más del Recurso de Amparo.

Sacerdote

El sacerdote Nelson Clark Vásquez,

cura párroco de la Iglesia La Altagra‐cia, llamó a los dominicanos a defen‐der la nueva Constitución y luchar por la consolidación de los ideales patrios como forma de rendir honor a Duarte, Sánchez y Mella.

El presidente Leonel Fernández destacó que además de consolidar

las libertades individuales, el nuevo texto consagra los derechos a la

intimidad y al honor de las perso-nas, a la propiedad intelectual, el

de los consumidores, de seguridad alimentaria, de familia; el derecho de los jóvenes, de las personas de la tercera edad y discapacitados.

Consideró de vital importancia las nuevas disposiciones constitucio-

nales que consagran el secreto pro-fesional y la cláusula de conciencia del periodista, lo cual, dijo, ofrece a los comunicadores la oportunidad

de hacer su trabajo con sentido ético e independencia de criterio.

El presidente Fernández confió que con la nueva Carta Magna el país avanzará en la dirección de una auténtica y genuina revolución

democrática institucional.

Agripino Núñez Collado


W4*,5?' 1"#' (&' $"#@&' A-$+%*%"!*?$' #+'una oportunidad que tienen todos para empezar de nuevo, comenzando por el presidente Leonel Fernández y los ciudadanos.

dC+1"#96''-4*!*?'"$&'#"!&,*+%K&'#$'(&'@#‐cina iglesia de Las Mercedes, en la que la Comisión Asesora Permanente para la Separación del Carnaval de la Fecha Patria y la Cuaresma, reiteró su solici‐tud de que la conmemoración religiosa esté fuera de los festejos de máscara y bullicio que tiene la población.

Algunos Pormenores

El acto de proclamación de la Constitu‐!*?$'+#'*$*!*?'&'(&+']>[Z'3#'(&'5&a&$&'con la aprobación del orden del día y las actas pendientes.

Luego se entonaron las notas del Him‐no Nacional y se dispararon salvas de 21 cañonazos para dar inicio a la lec‐tura del texto constitucional, a cargo de los secretarios del bufete directivo de la Asamblea Nacional, Rubén Darío Cruz, Dionis Sánchez, Teodoro Ursino B#:#+':'N(&3*+'G-4K&'W9!-$&;'

La lectura del preámbulo, los 277 ar‐tículos y las 19 disposiciones transito‐rias concluyó a las 2 de la tarde, cuando el presidente de la Asamblea Nacional -,3#$?'"$',#!#+-'2&+%&' (&+'_>ZZ'7;5;6'

hora en que llegó el presidente Leonel M#,$C$3#9'7&,&'*$*!*&,'#('&!%-'4*$&(;

La Democracia

Una nota discordante propia de la democracia que consagra la misma Constitución, fue la manifestación de protesta que montaron varias organi‐zaciones sociales y populares frente al Congreso para objetar parte del conte‐nido de la nueva Carta Sustantiva.

Integradas en la llamada Coordinado‐ra de Resistencia Contra el Retroceso Constitucional, las entidades conside‐ran que la nueva ley sustantiva “colo‐ca en altísimo riesgo de desaparición las áreas naturales protegidas; niega derechos a las mujeres y presenta vi‐!*-+'#$'+"'#+%,"!%",&!*?$'1"#'(&'3#+4*‐guran”.

Bajo vigilancia policial, la protesta transcurrió en orden.

José Luis Corripo.

Manifestantes frente al Congreso Nacional.


DEFENSOR DEL PUEBLO Y TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

DISPOSICIONES DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Reglamenta Carrera del Ministerio Públicoe Integra al Procurador General de la República al Consejo Nacional de la Magistratura


La Constitución proclamada el día del natalicio de Juan Pablo Duarte

renueva el estado de derecho, el régi‐men del Ministerio Público y el siste‐ma de Justicia de la República Domini‐cana.

Entre sus novedades se destacan la creación del Tribunal Constitucional y la inclusión del Procurador General de la República al Consejo Nacional de la Magistratura. Deja resuelto además el asunto del Defensor del Pueblo cuya 3#5-,&'7&,&'+"'3#4*$*!*?$'2&0K&'=#$#‐,&3-'"$'7,-(-$=&3-'!-$4(*!%-'#$'(&'+-‐ciedad dominicana.

De igual manera, establece que el Pre‐sidente de la República designará al Procurador, la mitad de los procurado‐res adjuntos que le asisten y remite a la ley la forma de designar a los demás integrantes del Ministerio Público.

<&'$"#@&'A-$+%*%"!*?$'4*J&'#$'F_'&a-+'la edad de retiro de los jueces de la Suprema Corte de Justicia y establece que la escogencia y estatus de los res‐tantes miembros de la judicatura estén determinados por la ley que rige en la materia.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Con la creación del Tribunal Consti‐tucional se garantiza la supremacía de la Constitución, la defensa del or‐den constitucional y la protección de los derechos fundamentales, que por igual serán defendidos por el defensor del pueblo.

Las decisiones del Tribunal Constitu‐!*-$&(' +#,C$' Y3#4*$*%*@&+' #' *,,#@-!&‐bles”, en única instancia, que conocerá sobre acciones directas de inconstitu‐cionalidad contra leyes, decretos, re‐glamentos, resoluciones y ordenanzas a instancia del Presidente de la Repú‐blica.

El Tribunal Constitucional “estará integrado por trece miembros y sus decisiones se adoptarán con una ma‐:-,K&'!&(*4*!&3&'3#'$"#@#'-'5C+'3#'+"+'miembros”.

CONSEJO MAGISTRATURA

En lo adelante el Consejo Nacional de

la Magistratura lo integrarán el presi‐dente de la República, quien lo presi‐dirá, y en su ausencia el vicepresidente de la República; el presidente del Se‐nado, un senador o senadora que per‐tenezca al partido o bloque de partido diferente al presidente y que ostente la representación de la segunda mayoría, y el máximo representante del Minis‐terio Público. Además, el presidente de la Cámara de Diputados, un diputado o diputada que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al presi‐dente y que ostente la representación de la segunda mayoría; el presidente de la Suprema Corte de Justicia y un juez del Poder Judicial.

MINISTERIO PÚBLICO

Asimismo, establece que el presidente de la República designará al procura‐dor general, a la mitad de los procu‐radores adjuntos, y remitirá a la ley la forma de designar a los demás inte‐grantes del Ministerio Público. Quedó consagrado también el Consejo Supe‐rior del Ministerio Público, que en lo adelante será el órgano de gobierno interno de ese cuerpo pilar del sistema de justicia.

Este consejo superior estará integrado por el procurador general de la Repú‐blica, quien lo presidirá; un procura‐dor adjunto elegido por sus pares; un procurador general de Cortes de Ape‐lación elegido de igual forma, al igual 1"#'"$'7,-!",&3-,'4*+!&('-'+"'#1"*@&‐(#$%#':'"$'4*+!&(*9&3-,;''

EL PROCURADOR AL CNM

Además de integrar al procurador, el nuevo Consejo Nacional de la Magis‐tratura designará los jueces de la Su‐prema Corte de Justicia y evaluará su desempeño junto a los jueces del Tri‐bunal Superior Electoral y sus suplen‐tes.

DEFENSOR DEL PUEBLO

La Constitución da rango como tal al Defensor del Pueblo, que tendrá como funciones salvaguardar los derechos fundamentales de las personas y los intereses colectivos y difusos estable‐cidos en la Carta Magna y las leyes, en caso de que sean violados por funcio‐

La nueva Constitución cuenta

XIV títulos, 277 artículos y 19

disposiciones transitorias, a

diferencia de la Constitución

anterior que sólo cuenta con

122 artículos y el mismo número

de títulos. Agrega el Tribunal

Constitucional, el Defensor del

Pueblo e integra al Procurador

General de la República al Consejo

Nacional de la Magistratura. Tendrá

la misma estructura y el mismo

orden que la vigente, e incluye por

primera vez un preámbulo.


narios, prestadores de servicios públi‐cos o particulares.

El Defensor del Pueblo y sus adjuntos serán nombrados por el Senado por un período de seis años, de ternas pro‐puestas por la Cámara de Diputados.

Vencidos los plazos sin que la Cámara de Diputados hubiere escogido y pre‐sentado las ternas, las mismas serán escogidas y presentadas al Senado por el pleno de la Suprema Corte de Justi‐cia. Si es el Senado el que no efectuare la elección en el plazo previsto, la Su‐prema Corte de Justicia lo elegirá de las ternas presentadas por la Cámara de Diputados.

TRIBUNAL ELECTORAL

Otra de las reformas importantes de la Nueva Constitución impacta sobre la Junta Central Electoral (JCE), redu‐ciendo sus miembros a cinco y crean‐do el Tribunal Supremo Electoral.

Actualmente la JCE tiene 9 miembros y dos cámaras, la Administrativa y la Contenciosa, con sus respectivos pre‐sidentes.

Con la reforma constitucional devuel‐ve al presidente titular de ese orga‐nismo los poderes que tenía antes de que fuera modificada la Ley 275‐97 que crea el tribunal electoral.

Así se establece que el máximo or‐ganismo electoral estará conforma‐do por un presidente y cuatro miem‐bros y sus suplentes, los cuales serán elegidos por un período de cuatro años por el Senado de la República, con el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.

OTROS DERECHOS

Los derechos fundamentales del pueblo y de cada ciudadano que de‐berán encontrar respaldo en el Tri‐bunal Constitucional y el Ombuds‐man están celosamente consagrados en la nueva Constitución. Entre ellos se destacan el derecho a la vida, la igualdad, la dignidad humana, la li‐bertad y la seguridad y la integridad personal.

Otro muy novedoso es el derecho a la iniciativa legislativa popular, me‐diante la cual un número de ciudada‐

nos y ciudadanas, no menor del dos por ciento de inscritos en el registro de electores, podrá presentar pro‐yectos de ley ante el Congreso.

Tienen categoría constitucional el ha‐beas corpus. la acción de amparo, el plebiscito y el referendo, además del “referendo aprobatorio”, para los casos en que las futuras reformas constitu‐cionales versen sobre derechos, garan‐tías fundamentales y deberes, el or‐denamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución.

Se consagró la Defensa Pública y la asistencia legal gratuita, como órgano del sistema de justicia para garantizar la tutela efectiva del derecho funda‐mental a la defensa.

NUEVAS NOMENCLATURAS

En lo adelante, las Secretarías de Es‐tado pasan a ser Ministerios y los se‐cretarios y subsecretarios ministros o ministras y vice ministros o vice minis‐tras, además de que los síndicos pasan a ser alcaldes o alcaldesas.

E-3)5$%(3#&$1-3)F$1G$5H3)I(5H,/A)*/J$B):,%/");$3#(""-)K/0$1$).)!"/0$,1&-)2-3'-3-)L/%$&&$B)/,'$</A$,)+,$)-C&/,1$)M-&$")/,)/")2$+3-"/-)1/)"-3)C+,1$1-&/3)1/)"$)F/9N<"('$)'-,)5-#(6-)1/")2/3)1/)"$)*$#&($7


PROHIBICIONES

La nueva Constitución prohíbe la rein‐tegración de militares y policías, el re‐ferendo revocatorio o aprobatorio de mandatos de ninguna autoridad electa o designada.

SOBRE LAS REDADAS POLICIALES

Dentro del artículo 40 sobre el derecho a la libertad y seguridad personal, el numeral seis establece que “toda per‐sona privada de su libertad, sin causa o sin las formalidades legales o fuera de los casos previstos por las leyes, será puesta de inmediato en libertad a requerimiento suyo o de cualquier per‐sona”.

DERECHO DEL CONSUMIDOR

El artículo 53 establece que “toda persona tiene derecho a disponer de bienes y servicios de calidad, a una in‐formación objetiva, veraz y oportuna sobre el contenido y las características de los productos y servicios que use o consuma, bajo las previsiones y normas establecidas por la ley. Las personas que resulten lesionadas o perjudicadas por bienes y servicios de mala calidad, tienen derecho a ser compensadas o in‐demnizadas conforme a la ley”.

EL PREÁMBULO

Estas decisiones importantes e his‐tóricas forman parte de la Reforma a la Constitución introducidas por la Asamblea Nacional Revisora a instan‐cia del proyecto que en ese sentido le propuso el presidente de la República, Leonel Fernández Reyna, para adap‐tar la Carta Magna dominicana a los 3#+&4K-+':'#P7#!%&%*@&+'3#('+*=(-'eeX;'

Junto a los nuevos articulados, la Cons‐titución tendrá por primera vez un .,#C50"(-6'1"#',#9&>

“Nosotros, el pueblo de la Nación Dominicana, reuni-

dos en consulta popular y referida la potestad a la Asamblea Revisora de la

Constitución por voluntad y representación de todas las

provincias, con el objetivo de crear una Carta Fundamen-tal Humana, para exaltar la

dignidad humana, promover la justicia social, la democra-

cia, el bienestar general, la globalización ante la comuni-dad internacional, mediante el desarrollado de los valores

universales de los derechos inviolables e inalienables de

la persona humana, establecidos en los Principios Fundamentales de los Derechos Humanos, la igualdad, la

libertad y el Estado de Derecho, para el progreso, la prosperidad y por el bien

de todos los dominicanos, nuestros descendientes y para todos los hombres de buena voluntad que quieran convivir

con los dominicanos, invocando el amparo de Dios para que los altos fines por ella perseguidos sean cabalmente

alcanzados y mantenidos, mandamos y establecemos la siguiente Constitución

de la República Dominicana.”

Rafael Alburquerque. Alejandro Moscoso. Julio César Valetin.


REFORMA CONSTITUCIONALLA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

EN EL NUEVO ORDEN CONSTITUCIONAL

Aspectos reformados son tanto de conceptos como de estructura y organización

Uno de los temas que más atención re‐cibió durante el proceso de reforma de la Constitución realizado por la Asam‐blea Revisora recientemente conclui‐da, fue el de las reformas al sistema de administración de justicia. Estas ,#8-,5&+'-!"7&$'"$'\_S'fQ[E'3#' (-+'277 artículos del nuevo texto constitu‐cional que las presenta en los artículos que van del 149 hasta el 192, inclusi‐ve, y que se organizan en los Títulos V “Del Poder Judicial”, VI “Del Consejo Nacional de la Magistratura”, VII “Del

Control Constitucional” y VIII “Del De‐fensor del Pueblo”.

ASPECTOS REFORMADOS

Entre los cambios en los aspectos dog‐5C%*!-+6'(-'8"$3&5#$%&('+#',#4*#,#'&'(&'3#4*$*!*?$'!-$!#7%"&('f%&50*V$'((&5&‐da dogmática) de la función del siste‐ma de administración de justicia y de sus actores e instancias; mientras que en los aspectos orgánicos se producen desarrollo del marco institucional que

pudieran resultar en un fortalecimien‐to de la independencia, la autonomía del sistema de justicia, así como de la calidad del proceso de administración de justicia y sus resultados.

<&'8"$!*?$'3#('+*+%#5&6'#$'"$&'3#4*$*‐ción dogmática básica, consiste en “ad‐ministrar justicia para decidir sobre (-+'!-$4(*!%-+'#$%,#'7#,+-$&+' 4K+*!&+'-'morales, en derecho privado o público, en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado" por par‐

LUIS HENRY MOLINADirector Escuela Nacional de la [email protected]


te de la Suprema Corte de Justicia y los demás tribunales creados por la Cons‐titución y las leyes.

EL ROL DE LA SUPREMA

Los cambios, en cuanto a lo orgánico, son más sustanciales. La nueva Consti‐tución no ha variado el rol de la Supre‐ma Corte de Justicia en cuanto órgano jurisdiccional superior del sistema, pero ha creado un órgano administrati‐vo nuevo, el Consejo del Poder Judicial, con lo que desglosa las funciones ad‐

ministrativas y de control disciplinario de los funcionarios del Poder Judicial y de los jueces, excepto los miembros de la Suprema Corte, cuya evaluación y control disciplinario se asignan al Con‐sejo Nacional de la Magistratura.

Este concentra el trabajo de la SCJ en los aspectos jurisdiccionales, en el es‐tablecimiento de la jurisprudencia y

la vigilancia de la calidad del proceso judicial. Pero las funciones administra‐tivas y disciplinarias que le han sido adjudicadas al Consejo, siguen estando dentro del ámbito del Poder Judicial, pues aunque la elección de los inte‐grantes del Consejo del Poder Judicial es una atribución del Consejo Nacional de la Magistratura, la Constitución li‐mita su composición a jueces de las di‐

CIFRA

15% del total de la reforma constitucio-nal corresponde al sistema de adminis-tración de justicia del país, que ocupan 43 de los 277 artículos votados por la Asamblea Nacional durante todo el

proceso.

Jorge Subero Isa, presidente de la SCJ, habla en la Audiencia Solemne del Día del Po‐der Judicial. Se destacan, el presidente Leonel Fernández y Rafael Luciano Pichardo, 6('/9&/3(1/,#/)1/)"$)L;I7


versas instancias ‐desde los Juzgados de Paz hasta las Cortes de Apelación‐ y la designación de éstos jueces en sus cargos sigue siendo una atribución de la Suprema Corte de Justicia.

<&' #4*!&!*&' :' (&' !,#&!*?$' 3#(' A-$+#J-'del Poder Judicial es una apuesta im‐portante, cuyo proceso de implemen‐tación y sus resultados deberemos observar atentamente en los años por venir. El Consejo del Poder Judicial tendrá el reto de hacer una adminis‐tración y control de la justicia como servicio orientado al ciudadano.

Sin embargo, este órgano administra‐tivo superior se verá expuesto al ries‐go de caer en la administración endo‐gámica que viene predominando en los entes públicos dominicanos en los últimos años. Una tendencia en la que entes públicos (tanto representativos, es decir, electos directamente, como designados para salvaguardar intere‐ses generales) en lugar de actuar en !-$+-$&$!*&' !-$' +"' 4*$&(*3&3' *$+%*%"‐cional de garantes del interés general, administran los recursos a su dispo‐sición con un espíritu corporativo, de sindicato, velando antes por los intere‐ses particulares de sus integrantes que por el mandato constitucional o legal que les ha conferido autoridad sobre recursos y medios.

Otros cambios orgánicos y dogmáticos *57-,%&$%#+' +#' @#,*4*!&$' #$' !"&$%-' &'las atribuciones, funciones, caracte‐rísticas y autonomía del Poder Judi‐cial, del Ministerio Público, las de la Defensa Pública y la Asistencia Legal Gratuita, así como el establecimiento del rango constitucional del Defensor del Pueblo, que fortalecen la indepen‐dencia y autonomía de la administra‐ción de justicia, en términos generales, &"$1"#' &(="$-+' &+7#!%-+' #+7#!K4*!-+'de la reforma introducen rasgos con‐

tradictorios, especialmente en lo que ,#+7#!%&'&' (&'3#+*=$&!*?$'3#('_ZS'3#'los integrantes del Ministerio Público por parte del Poder Ejecutivo.

La nueva Constitución recoge, respec‐%-'3#'%-3&+'#+%&+'*$+%&$!*&+6'(&+'3#4*$*‐ciones conceptuales, dogmáticas, que se habían avanzado en las leyes adje‐

tivas con las que se habían ido incor‐porando paulatinamente al sistema de administración de Justicia.

La depuración y el desarrollo del per‐sonal responsable de la administración de justicia se fortalecen al conferir ran‐go constitucional al sistema de carrera del poder judicial y del ministerio pú‐blico, consagrando sus escuelas como los órganos responsables en calidad y desarrollo de los recursos humanos de los respectivos subsistemas a través de la formación inicial en el proceso de entrada y de la formación continua o educación continuada orientada a me‐jorar la calidad permanentemente. Se echa en falta una disposición respecto de los miembros de la Defensa Públi‐ca y la Asistencia Legal Gratuita, sobre cuya idoneidad la nueva Constitución no diseña un mecanismo de asegura‐miento y garantía de calidad.

En términos de correspondencia de‐mocrática de funcionarios no electos, pero con grandes responsabilidades y autoridad en la toma de decisiones de impacto en la calidad de la convivencia ciudadana, los mecanismos de control, evaluación y aseguramiento de calidad tanto de los procesos puestos a su car‐go como de la idoneidad de los propios 8"$!*-$&,*-+6' +-$' *57,#+!*$3*0(#+>' #$'este sentido, el establecimiento del sis‐tema de carrera para ambos estamen‐tos de la administración de justicia ha sido un acierto que podría redundar #$' 0#$#4*!*-+' *57-,%&$%#+' 7&,&' $"#+‐tra sociedad, y si además la Suprema Corte de Justicia continúa ejerciendo y profundiza su rol como garante de la calidad del proceso judicial y del apego al derecho de sus resultados, veremos mejoras sustanciales en los años por venir.

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA El fortalecimiento del Consejo Nacio‐nal de la Magistratura, un órgano de carácter fundamentalmente político, añadiéndole funciones de evaluación y control sobre la idoneidad de los inte‐grantes de la Suprema Corte de Justi‐cia, también puede ser visto como una

“La movilidad de la composición de la Suprema

Corte será efectivamente una mejora”


oportunidad. En primer lugar, obliga a una mirada de conjunto de la adminis‐tración pública, menos rígida, al reunir en una misma instancia de decisión al órgano jurisdiccional superior con los representantes de los otros poderes del Estado.

Por otra parte, el nuevo texto constitu‐cional puede haber abierto un proceso que limitaría la politización excesiva de las decisiones de los representantes políticos dentro del Consejo Nacional de la Magistratura al restringir tanto la magnitud de los cambios en la compo‐sición del ente superior del Poder Ju‐dicial que puede hacer en un período dado, como la fuente de los recursos humanos o candidatos a ser parte de la Suprema Corte, estableciendo caracte‐

rísticas y criterios parecidos a los que %*#$#'1"#'@#,*4*!&,' (&'7,-7*&'G"7,#5&'Corte en cuanto a la composición de los tribunales de los diversos niveles e instancias.

LA MOVILIDAD

La dinamización y movilidad de la composición de la Suprema Corte será efectivamente una mejora, si el Conse‐J-' c&!*-$&(' 3#' (&')&=*+%,&%",&' #+' 4*#('al espíritu de esta reforma y si inte‐gra como criterios para la evaluación de los jueces de la Suprema Corte, los

mismos principios, procedimientos y criterios que rigen para las instancias inferiores del Poder Judicial.

Nos parece que no puede ser de otro modo y que corresponderá a los repre‐sentantes del Poder Judicial en ese ór‐gano velar porque así sea.

En lo que respecta al Defensor del Pueblo, sus atribuciones tienden a la salvaguarda de derechos colectivos fundamentales y a la acción adminis‐trativa previa a los tribunales, para &1"#((-+'&+"$%-+'1"#'+#',#4*#,#$'&'3#‐rechos colectivos y difusos.

Estas atribuciones, ahora con rango constitucional, junto con las que las le‐yes, especialmente el Código Procesal Penal le asignan al Ministerio Público, son la base para que la acción preven‐tiva y administrativa de resolución 3#' !-$4(*!%-+' 7"#3&' +#,' 3#+&,,-((&3&'conforme los parámetros que en esta materia se han ido construyendo en sociedades donde la administración 3#'(-+'!-$4(*!%-+'+-!*&(#+'7-,'(&'@K&'3#('derecho han logrado consolidar la cul‐tura democrática y sus instituciones.

Los cambios estructurales y de orga‐nización deberán traducirse en una mejora importante de las funciones jurisdiccionales y de administración de justicia, que son una expresión de la soberanía de la nación dominica‐na emanada del pueblo, tal como se expresa en el preámbulo de la propia Constitución, y que es la que otorga la potestad jurisdiccional.

La calidad del proceso judicial, el ape‐go de las decisiones de fondo al dere‐cho como expresión de esa facultad atribuida de administrar justicia debe‐rá verse fortalecida. Estos cambios po‐drán convertirse en una oportunidad, a pesar de algunos de sus aspectos contradictorios, para relanzar la refor‐ma judicial, para apuntalar una nueva ola de cambios en la administración de justicia, que fortalezca el estado de derecho como condición indispensa‐0(#'7&,&'#('&4*&$9&5*#$%-'3#'(&'!"(%",&'democrática y el desarrollo integral de nuestro pueblo.

El nuevo texto puede haber abierto un proceso que limitaría la politización de

las decisiones


DISCURSO DEL PRESIDENTE LEONEL FERNÁNDEZ REYNA CON MOTIVO

SALÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL

DE LA PROCLAMACIÓN DE LA NUEVA CONSTITUCIÓN

Señoras y Señores:

Originalmente esta solemne ce‐remonia de proclamación de la nueva Constitución de la Repú‐

blica estaba pautada para ser celebra‐da en una fecha anterior.

Sin embargo, consideramos que eso habría sido inapropiado. En realidad, la única ocasión válida para la celebra‐ción de un acto de esta naturaleza, te‐nía necesariamente que coincidir con una de las fechas gloriosas de nuestra 2*+%-,*&>'(&'3#('$&%&(*!*-'3#('.&3,#'3#'(&'Patria, Juan Pablo Duarte.

Consideramos que no podíamos ha‐!#,'5#J-,' %,*0"%-'&'1"*#$'+&!,*4*!?'+"'vida y no escatimó esfuerzo alguno en brindarnos este hogar común a todos los dominicanos, que precisamente proclamar en su día esta nueva Consti‐tución de la República Dominicana, la A-$+%*%"!*?$'3#('G*=(-'eeX6'(&'!"&('+#,C'la garantía de la paz, la democracia, la libertad, la justicia social, el bienestar y la prosperidad de la familia domini‐cana.

Y es que, justamente, aun antes de na‐cer la República, ya el Patricio había concebido un proyecto de Constitu‐

ción, el cual representaba un aval con‐tra la arbitrariedad, el abuso, el atro‐pello y el despotismo en el ejercicio del poder.

Por eso, esta nueva Constitución no aspira más que a ser una continuación de la labor en favor del respeto a la dignidad humana, iniciada por el genio creador de nuestra nacionalidad.

Esta nueva Constitución no aspira más que a ser una continuación de la

labor en favor del respeto a la dignidad humana, ini-

ciada por el genio creador de nuestra nacionalidad.Constituye una gran pa-radoja del destino que la República Dominicana

proclamase su indepen-dencia, no en lucha contra un poder colonial europeo, sino contra el vecino país

de Haití.


Constituye una gran paradoja del des‐tino que la República Dominicana pro‐clamase su independencia, no en lucha contra un poder colonial europeo, sino contra el vecino país de Haití.

Ese acto de separación e independen‐cia nos condujo a una guerra con nues‐tro vecino que se extendería durante cerca de diecisiete años, lo cual, tal vez, haya sido la causa más profunda y re‐mota de algunas de nuestras históricas desavenencias e incomprensiones.

Hoy, sin embargo, como consecuencia del devastador terremoto que le sacu‐diese hace exactamente dos semanas, el hermano pueblo haitiano se encuen‐tra sepultado en las ruinas, sumido en el llanto y abatido por el dolor.

Ante esta trágica situación, el senti‐miento de solidaridad y de espíritu humanitario del pueblo dominicano se ha expresado de forma auténtica y generosa, y es por eso, que en estos instantes quisiera extender mi más profundo reconocimiento a todas las personas, organizaciones e institu‐ciones, tanto de la vida pública como del sector privado, que por medio de sus desvelos, su ayuda y cooperación,

pusieron de relieve ante el mundo los más nobles sentimientos de que es ca‐paz el pueblo dominicano.

Quisiera, también, en estos momentos, expresar mis congratulaciones a todos los Senadores y Diputados, integrantes de esta Asamblea Nacional Revisora, por la forma ardua, entusiasta y patrió‐tica con que asumieron la discusión, el debate y la aprobación de este nuevo texto constitucional que ha de regir el futuro de las reglas del sistema demo‐crático de la República Dominicana.

A todos ustedes, nuestro más profun‐do reconocimiento.

De igual manera, quisiera reiterar mi valoración y aprecio al trabajo de alto nivel profesional desplegado por un conjunto de notables juristas nacio‐nales, que aportaron lo mejor de sus talentos para que pudiésemos diseñar un texto constitucional con la calidad técnica comparable con las mejores de su género a nivel internacional.

^+-+'J",*+%&+'+-$>'#('I,;'AV+&,'.*$&'U-‐ribio, el Dr. Eduardo Jorge Prats, el Dr. Flavio Darío Espinal, el Dr. Milton Ray Guevara, la Dra. Aura Celeste Fernán‐

dez, el Dr. Adriano Miguel Tejada, el Dr. José Darío Suárez, el Dr. Julio César Castaños Guzmán, la Dr. Leyda Piña, la Dra. Licelotte Marte, el Dr. Pelegrín Castillo, el Dr. Raymundo Amaro Guz‐mán y el Dr. Luis Gómez Pérez.

A"&$3-'&' 4*$&(#+'3#('&a-'DZZR'+#' *$*‐ciaron los preparativos para una Con‐sulta Popular que hiciese posible la actual reforma a la Constitución de la República, en algunos sectores de la vida nacional se suscitaba la siguiente *$%#,,-=&$%#>' g7&,&' 1"V' +*,@#' #+&' ,#‐forma?

Se entendía que lo que el país necesi‐taba no era una reforma de sus insti‐tuciones democráticas, empezando por su Ley Sustantiva, sino más bien la adopción de políticas y medidas orientadas a reducir la pobreza, gene‐rar empleos, solucionar la sempiterna crisis eléctrica nacional y proteger de 5&$#,&'5C+'#4*!&9'&'(&'!*"3&3&$K&'3#('$&,!-%,C4*!-6' (&' @*-(#$!*&' :' #(' !,*5#$'organizado.

Era nuestro humilde criterio, sin em‐bargo, que no había necesidad de esta‐blecer una separación entre una cosa y la otra. Proponer una reforma consti‐

Reinaldo Pared Pérez lee texto de la Constitución.


tucional no tenía por qué implicar un abandono de las demás obligaciones y tareas del Estado, sino más bien, un factor de complementación.

W('4*$':'&('!&0-6'#('!-$!#7%-'3#'3#+&,,-‐llo tiene también una dimensión insti‐tucional, sin la cual todo lo relacionado a la economía, la sociedad, la educa‐ción, la cultura, la ciencia, la tecnología o el medio ambiente, no podría operar de manera adecuada.

La importancia de la Constitución en cualquier país del mundo, radica en que establece una limitación al ejerci‐!*-'3#('7-3#,':'4*J&'(&+',#=(&+'3#('J"#=-'para el funcionamiento de la demo‐cracia y la convivencia civilizada entre los integrantes de un conglomerado social.

En ausencia de esas reglas de juego, asumidas y respetadas por todos, nin‐guna nación podría sobrevivir, ni nin‐gún pueblo podría aspirar al progreso y al bienestar, por la sencilla razón de que lo que reinaría sería el caos, la inestabilidad, el abuso y la desprotec‐ción de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos.

Por consiguiente, dotar a un país de una Constitución no es un acto capri‐choso. Es el resultado de la necesidad que exige la creación de un orden, de unas determinadas normas de con‐3"!%&':'3#' (&' 4*J&!*?$'3#' (-+'3#,#!2-+'correspondientes a la ciudadanía.No pierdo de vista de que tal vez con

la excepción de Venezuela, la Repúbli‐ca Dominicana sea el país de América Latina con mayor número de textos constitucionales. Ésta que estamos proclamando en el día de hoy, es la nú‐mero 38.

Eso, por supuesto, contrasta con la Constitución de los Estados Unidos, la cual desde su promulgación en el 1787 $-'2&'#P7#,*5#$%&3-'5-3*4*!&!*?$'&(‐guna, aunque sí 27 enmiendas añadi‐das a lo largo de más de 200 años.

La razón por la cual ha habido tantas reformas constitucionales en nuestro país se ha debido a una razón funda‐5#$%&(>' (&' 8&(%&6' &' (-' (&,=-'3#'$"#+%,-'discurrir histórico, de estabilidad polí‐tica, fruto, a su vez, de la debilidad de nuestro sistema democrático y de la falta de desarrollo económico y social.

Desde la elaboración de nuestra pri‐mera Constitución, la de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844, aspi‐ramos a convertirnos en una nación regida por un sistema democrático – liberal en que imperasen los valores supremos de la libertad, la justicia, la separación de poderes y el respeto a la dignidad de los ciudadanos.

Diseñamos nuestro primer texto cons‐titucional conforme a los modelos de la Constitución Norteamericana, co‐nocida como la Constitución de Fila‐3#(4*&6' (&'I#!(&,&!*?$'h$*@#,+&('3#' (-+'Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1789, emanada de la Revolución

Francesa; y la Constitución de Cádiz 3#'\`\D6'*3#$%*4*!&3&'%&50*V$'!-5-'<&'Pepa, por haber sido aprobada el día de San José.

Todas esas constituciones, que fueron las primeras del mundo moderno, te‐nían un carácter democrático – liberal; y esto así, porque representaban, por ejemplo, en el caso de Europa, la su‐peración del régimen de la monarquía absoluta y de la aristocracia; y en el de los Estados Unidos, la fundación de una República, la creación de un Esta‐do federal y el establecimiento, por vez primera en la historia, de la institución de la Presidencia.

En ambos modelos, se tenía como objetivo promover la soberanía de la nación, las libertades públicas, la inde‐pendencia de los jueces, la realización de elecciones, la existencia de parla‐mentos y la pluralidad de las ideas po‐líticas.

Pero, además, en sentido general, todas las Constituciones, tanto las elabora‐das por los distintos países de América Latina, al proclamar su independencia, como las de las naciones europeas, al (-=,&,' +"' "$*4*!&!*?$' %#,,*%-,*&(' #$' #('+*=(-' eXe6' %#$K&$' %&50*V$' "$' !&,C!%#,'democrático – liberal.

Desafortunadamente, en el caso de la República Dominicana, nuestra prime‐ra Ley Sustantiva se vio rápidamente ensombrecida por la incorporación del nefasto artículo 210, por medio del cual le resultó posible al General Pedro Santana ordenar la realización de un crimen que todavía a estas altu‐,&+6'#$'(&'7,*5#,&'3V!&3&'3#('+*=(-'eeX6'#+%,#5#!#'(&+'4*0,&+'3#('7"#0(-'3-5*‐$*!&$->'(&'#J#!"!*?$'3#')&,K&'U,*$*3&3'Sánchez.

En virtud del escaso desarrollo ma‐terial e institucional de nuestro país 3",&$%#'#('+*=(-'eXe':'0"#$&'7&,%#'3#('+*=(-'ee6'&'(&'&"+#$!*&'#$'3#4*$*%*@&'3#'un verdadero sistema democrático, los distintos textos constitucionales que se fueron adoptando no hacían más que responder, en términos generales, a los intereses particulares de los go‐bernantes de turno y no así a las ver‐

Diputados reunidos el día de la proclamación.


daderas necesidades del pueblo domi‐nicano.

Un cambio radical, sin embargo, se produjo en la década de los años 60 del siglo pasado. La larga dictadura de Rafael Leonidas Trujillo se había des‐plomado. Elecciones libres e indepen‐dientes fueron celebradas, y un desta‐cado luchador antitrujillista del exilio, notable escritor y pensador resultó vencedor con el apoyo abrumador del 7"#0(->'#('.,-8#+-,'T"&$'H-+!2;

Durante su breve gestión de gobierno se aprobó una nueva Constitución, la llamada Constitución de 1963, la cual aspiraba a redimirnos del oprobio, los vejámenes y atropellos de la tiranía, así como de la falta de estabilidad y de orden político – democrático que, como hemos dicho, había afectado al país desde la fundación de la Repúbli‐ca.

Pero además, siguiendo la tradición de la Constitución de Querétaro, Méjico, de 1917, y la Constitución de Cuba de 1940, introdujo un nuevo elemento en #('-,3#$'!-$+%*%"!*-$&('3-5*$*!&$->'#('constitucionalismo social.

A partir de ahí no solamente queda‐ba garantizado el derecho a la vida, a la libertad, al libre tránsito, a la libre asociación, a la libertad de expresión y difusión de las ideas y a la libertad de conciencia y cultos, sino además, el

derecho a la educación, a la salud, a la vivienda y a un sistema de protección social, de jubilaciones y pensiones.

Pero de repente, todo eso colapsó. El golpe de Estado del 25 de septiembre 3#' \]R[' 7"+-' 4*$6' 3#'5&$#,&' 0,"+!&6'a los anhelos, sueños e ilusiones de la sociedad dominicana por construir una verdadera democracia, en libertad y en respeto, de las ruinas de lo que ha‐bía sido una cruel satrapía.

He aquí, sin embargo, que de ese he‐cho luctuoso emergió uno de los mo‐mentos más gloriosos y luminosos de la historia contemporánea de la B#7/0(*!&' I-5*$*!&$&>' (&' B#@-("!*?$'de Abril de 1965, encabezada por ese gran héroe nacional, Francisco Alberto Caamaño Deñó.

La Revolución de Abril de 1965 se hizo bajo la consigna de retorno a la Cons‐titución de 1963; y ciertamente tenía que ser un acontecimiento conmove‐dor ver a un pueblo lanzado a las ca‐lles, enfrentándose hasta a una ocupa‐ción militar extranjera, reclamando su derecho a la democracia, a la libertad y al cumplimiento de sus prerrogativas constitucionales conculcadas.

¡Qué hermoso espectáculo, qué gran acontecimiento! El pueblo dominica‐no, heroicamente volcado a las calles, reclamando el reconocimiento y exi‐giendo la aplicación de la Constitución

que por vía democrática se había apro‐bado y por un acto de usurpación ha‐bía sido desconocida.

¡Qué viva la Constitución de 1963! ¡Qué viva la Revolución de Abril de 1965!

Luego de esos acontecimientos, pasa‐mos a la Constitución de 1966, la cual debemos indicar, ha sido el texto cons‐titucional de más larga duración en la historia del país. Sólo vino a ser modi‐4*!&3&'#$'#('\]]Q6'!-5-'!-$+#!"#$!*&'de la crisis electoral experimentada ese año.

El hecho de que la Constitución apro‐bada en el 1966 se extendiese por un período de 28 años, es una prueba irrefutable de que por primera vez en la historia nacional íbamos alcanzando el nivel de estabilidad y de continuidad del que habíamos carecido desde la proclamación de la Independencia.

Sin embargo, el que la reforma de 1994 se realizase en un contexto de crisis política, esto es, que no fuese consecuencia de un proyecto previa‐5#$%#' ,#4(#P*-$&3-6' 3#%#,5*$?' 1"#'se creasen algunas incongruencias, vacíos y divergencias en varios de sus enunciados.

Así, por ejemplo, en el artículo 64 se establece que los jueces de la Suprema Corte de Justicia serán designados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

De igual forma, el artículo 67 inciso Q6' !-$4*#,#' (&' +*="*#$%#' &%,*0"!*?$' &'(&' G"7,#5&' A-,%#' 3#' T"+%*!*&>' Y^(#=*,'los jueces de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzga‐dos de Primera Instancia, los jueces de Instrucción, los Jueces de Paz y sus suplentes, los jueces del Tribunal Con‐tencioso Tributario y los jueces de cua‐lesquiera otros tribunales del orden judicial creados por la Ley”.

Sin embargo, el inciso 9 del artículo 55 le otorga al Presidente de la República #(' +*="*#$%#' 3#,#!2->' Y<(#$&,' *$%#,*‐namente las vacantes entre los jueces de la Suprema Corte de Justicia, de las Cortes de Apelación, del Tribunal de Tierras, de los Juzgados de Primera

8") 6('/9&/3(1/,#/) 1/) "$) !3$5<"/$) ?$'(-,$"B) I+"(-) ;H3$&) O$"/,#D,B) $'-59$J$1-) 1/)otros diputados.


Instancia, de los jueces de Paz, del Pre‐sidente y demás miembros de la Junta Central Electoral”.

En otras palabras, como consecuencia de las contradicciones en los conte‐nidos del propio texto constitucional están dadas las condiciones para una grave situación de crisis institucional, 3#'+#,*-+'!-$4(*!%-+'7-(K%*!-+':'3#'8&(%&'de gobernabilidad.Pero, más aún, al Poder Ejecutivo se (#' !-$4*#,#$' &%,*0"!*-$#+' 1"#' $-' 3#‐berían ser de su competencia, como ocurre, por ejemplo, en el inciso 25 del ya citado artículo 55, en el que se se‐ñala que el Presidente de la República puede anular por decreto los arbitrios establecidos por los ayuntamientos.

Eso, en realidad, ha debido ser siem‐pre de la competencia jurisdiccional del Tribunal de lo Contencioso Admi‐nistrativo.

^$'#('*$!*+-'\\'+#'*$3*!&'1"#>'YA"&$3-'ocurran vacantes en los cargos de re‐gidores o síndicos municipales o del Distrito Nacional, y se haya agotado el número de suplentes elegidos, el Po‐der Ejecutivo escogerá el sustituto de la terna que le someterá el partido que postuló el regidor o síndico que origi‐nó la vacante.”

gG#'*5&=*$&$'"+%#3#+'&('.,#+*3#$%#'3#'la República sustituyendo a regidores y síndicos de los partidos de oposi‐ción?

¡A Dios gracias que no me ha corres‐pondido tener que hacerlo!

Son esas y diversas otras disposiciones a lo largo de la Constitución de 1994, lo que hacía impostergable, entre otras razones, la necesidad de elaborar una nueva Constitución de la República más en consonancia con los nuevos tiempos.

Hoy ya tenemos esa nueva Constitu‐ción. Hela aquí. Es un nuevo texto del cual debemos sentirnos profundamen‐%#'-,="((-+-+6'7-,1"#'&'4*$'3#'!"#$%&+'es el producto de la inteligencia colec‐tiva del pueblo dominicano.

Esta nueva Constitución forma parte de una moderna tendencia constitu‐cionalista que ha ido ganando fuerza en el ámbito iberoamericano durante las últimas tres décadas, como conse‐cuencia directa del proceso de tran‐sición de regímenes dictatoriales y gobiernos autoritarios a sistemas de‐mocráticos.

El moderno constitucionalismo ibero‐americano se ha nutrido, a su vez, de los cambios en el diseño constitucional ocurrido en Europa en el período pos‐terior a la Segunda Guerra Mundial, y que se evidencia en la Constitución de Italia de 1947, la Constitución de Alemania de 1949, la Constitución de Francia de 1958, la cual dio inicio a la V República y la vuelta al poder del Ge‐neral Charles De Gaulle.

En tiempos más recientes, en su cali‐dad de pioneros de lo que se ha dado en llamar la Tercera Ola Democrática a nivel mundial, habría que considerar también la Constitución de Portugal de 1976 y la Constitución de España de 1978.

Luego de esas reformas al orden cons‐titucional de cada uno de esos países, ha habido en las últimas tres décadas en América Latina, Europa Oriental y África, por encima del centenar de re‐

formas a la Carta Sustantiva de las na‐ciones integrantes de cada una de esas regiones del mundo.

Algunos autores hablan incluso de un neo – constitucionalismo a escala in‐ternacional, pero lo cierto es que este es un fenómeno que se ha producido debido fundamentalmente a la expan‐sión de la democracia como sistema político, en una dimensión nunca an‐tes conocida en la historia de la huma‐nidad.

Siguiendo la corriente progresista del constitucionalismo moderno, la nue‐va Constitución que hoy entregamos a la sociedad dominicana, empieza por consignar en su artículo 7 que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, lo !"&('+*=$*4*!&'1"#'+#'8"$3&'#$'#(',#+7#‐to de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independen‐cia de los poderes públicos.

Un elemento básico del nuevo texto constitucional es que erige un muro de contención frente a aquellos que por las razones que fuesen intentasen hacer zozobrar nuestra democracia, !"&$3-'#$'+"'&,%K!"(-'F['&4*,5&'(-'1"#'+*="#>


“Son nulos de pleno derecho los ac‐tos emanados de autoridad usurpada, las acciones o decisiones de los pode‐res públicos, e instituciones o perso‐nas que alteren o subviertan el orden constitucional y toda decisión acorda‐da por requisición de fuerza armada.”

En otras palabras, lo que ese texto esta indicando es que en la República Do‐minicana nunca más volverá a repetir‐se la amarga y trágica experiencia de septiembre de 1963 o por la que en es‐tos momentos ha tenido que atravesar la hermana República de Honduras.

^$'3#4*$*%*@&6'#$'(&'B#7/0(*!&'I-5*$*‐cana jamás se producirá un golpe de Estado.

En la República Dominicana prevale‐cerá para siempre la democracia, la libertad, la paz, la soberanía, la inde‐pendencia y el respeto a la dignidad de nuestros hombres y mujeres, que fue lo que desde un principio soña‐ron nuestros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Ramón Matías Mella y Francisco del Rosario Sánchez.

Para garantizar en el tiempo el que nuestra democracia permanezca in‐quebrantable, resulta imprescindible el que nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional queden al margen de las disputas políticas, razón por la cual desde hoy mismo queda prohi‐0*3-'#(' ,#*$%#=,-'3#'-4*!*&(#+':'&(*+%&‐dos a nuestros institutos castrenses y policiales, a menos que el retiro haya sido realizado en violación a la Ley Or‐gánica de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional.

En la nueva Constitución se produce un salto cualitativo al introducirse ele‐mentos propios de una democracia di‐recta o participativa.

En la nueva Constitución se consagra la iniciativa popular para presentación de proyectos de leyes ante el Congreso.

En la nueva Constitución se consagra #(',#8#,#$3-'&'(-+'4*$#+'3#'1"#'#('7"#‐blo decida de manera soberana sobre cualquier asunto que sea sometido a su consideración.

En la Ley Suprema que hoy proclama‐mos ante el mundo, en este acto histó‐rico y solemne, se produce una amplia‐ción de los derechos fundamentales de los ciudadanos como nunca antes había ocurrido en la historia nacional.

De entrada, es la primera vez que en la Carta Sustantiva del Estado se con‐signa la igualdad de género, cuando en el artículo 39, inciso 4, se dice lo que +*="#>

“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Se prohíbe cualquier acto que tenga como objetivo o resultado menoscabar o anular el reconocimien‐to, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos fundamen‐tales de mujeres y hombres. Se pro‐moverán las medidas necesarias para garantizar la erradicación de las des‐igualdades y la discriminación de gé‐nero.”

Pero inmediatamente, en el inciso 5, ,#&4*,5&'+"'!-$!#7!*?$'3#'#1"*3&3'&('7,#+!,*0*,'(&+'+*="*#$%#+'5#3*3&+>

“El Estado debe promover y garantizar la participación equilibrada de muje‐res y hombres en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, en la administra‐ción de justicia y en los organismos de control del Es‐tado.”

Sólo por haber esta‐blecido esas disposi‐ciones, que consignan constitucionalmente la igualdad entre hom‐bres y mujeres en la República Dominicana, valía el esfuerzo de ha‐ber llevado a cabo esta reforma a la Constitu‐ción.En la nueva Constitución se reconoce el fenómeno de la transnacionalización en el mundo moderno, al aprobar la representación legislativa de los dominica‐

nos residentes en el exterior, así como la representación nacional en parla‐mentos de carácter internacional.

Además de consolidar las libertades individuales, en el nuevo texto se con‐sagra el derecho a la intimidad y al honor de las personas, el derecho a la propiedad intelectual, el derecho de los consumidores, el de la seguridad alimentaria, el de los derechos de la familia, de los jóvenes, de las personas de la tercera edad y de los discapaci‐tados.

Un rasgo verdaderamente innovador que emana de las nuevas disposicio‐nes constitucionales lo representa la consagración del secreto profesional y la cláusula de conciencia del perio‐dista, lo cual ofrece a los profesionales de la comunicación la oportunidad de realizar sus trabajos con sentido ético e independencia de criterio.

Fueron enfáticos ustedes, Señores Miembros de la Asamblea Revisora, en establecer mecanismos especiales de seguridad al desarrollo de la frontera y de protección a nuestros recursos na‐turales no renovables y a nuestro sis‐tema nacional de áreas protegidas.


Pero donde verdaderamente el nuevo texto constitucional alcanza las alturas de cualquier otro de su misma natu‐raleza en cualquier lugar del mundo, es cuando consigna la existencia de derechos colectivos y difusos, lo cual permite la acción jurisdiccional direc‐ta de los ciudadanos para obtener la conservación del equilibrio ecológico, la protección del medio ambiente, así como la preservación del patrimonio cultural, histórico, urbanístico, artísti‐co, arquitectónico y arqueológico.

Todos esos derechos establecidos ca‐recerían, sin embargo, de sentido, si no dispusiesen de garantías para su pleno ejercicio o de protección en caso de vulneración o violación de los mismos.

Es por eso que cobra particular rele‐vancia el régimen de garantías a los derechos fundamentales estipulado en el nuevo ordenamiento constitucional, #('!"&('#$%,#'-%,&+'4*=",&+6'!-$+&=,&'(&'tutela judicial efectiva, el habeas data y la acción de amparo.

Respecto de esta última, se señala en #('&,%K!"(-'FD6'1"#>'YU-3&'7#,+-$&'%*#‐ne derecho a una acción de amparo para reclamar ante los tribunales, por sí o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales, no protegidos por el habeas corpus, cuando resulten vul‐nerados o amenazados por la acción o la omisión de toda autoridad pública o de particulares, para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o acto ad‐ministrativo, para garantizar los dere‐chos e intereses colectivos y difusos.”

La constitucionalización de esa última disposición es la mejor garantía y pro‐tección que jamás haya tenido un ciu‐dadano de este país contra el abuso de poder, el despotismo y el atropello.Hagamos del recurso de amparo una verdadera institución democrática y popular al servicio de los mejores inte‐reses del pueblo dominicano.

Señores Miembros de la Asamblea Na‐!*-$&('B#@*+-,&6'X("+%,#+'X$@*%&3-+>

En algunos círculos de la opinión pú‐blica a veces se aduce que la actual

reforma a la Constitución se ha lleva‐do a cabo con el propósito esencial de ampliar las prerrogativas en favor del Poder Ejecutivo.

Nada más incierto. Es todo lo contra‐rio, pues, además de no adicionar nin‐guna nueva potestad en su favor, lo que verdaderamente ha ocurrido con la entrada en vigencia de la nueva Carta Magna, es una disminución de algunos poderes tradicionalmente otorgados al titular del Ejecutivo.

Por ejemplo, la elección de los miem‐bros de la Cámara de Cuentas ya no queda en manos del Presidente de la República, sino de la Cámara de Dipu‐tados y del Senado de la República.

De ahora en adelante, el Presidente de la República ya no dispondrá de la pre‐rrogativa para autorizar la presencia de tropas extranjeras en ejercicios mi‐litares en el territorio de la República, ni de aprobar el envío al extranjero de tropas nacionales en misiones de paz.

De igual manera, al Presidente de la República se le ha despojado de la facultad concedida para anular los arbitrios municipales, como antes ha‐bíamos dicho, así como de llenar inte‐rinamente las vacantes de Síndicos y Regidores.

Así pues, como puede observarse, de continuar por la ruta trazada en el nuevo orden constitucional, del Pre‐sidente de la República se dirá lo que +#'&4*,5&'3#'(-+',#:#+'#$'(-+',#=K5#$#+'5-$C,1"*!-+>'1"#',#*$&$6'7#,-'$-'=-‐biernan.

Ahora bien, donde se han efectuado algunos de los cambios más profundos y radicales ha sido en el ámbito del Po‐der Judicial.

Conforme al artículo 155, se crea el Consejo del Poder Judicial, un organis‐mo enteramente nuevo, el cual repre‐senta el órgano permanente de admi‐nistración y disciplina de dicho poder.

Asimismo, se crea el Consejo Superior del Ministerio Público, el cual constitu‐ye su órgano interno de gobierno, cu‐yas funciones son las de dirigir y admi‐nistrar el sistema de carrera y ejercer el control disciplinario sobre represen‐tantes, funcionarios y empleados del Ministerio Público.

Se instituye la defensa pública y asis‐tencia legal gratuita y se amplían las funciones tradicionales del Consejo Nacional de la Magistratura.

Ahora bien, Señoras y Señores, la ver‐dadera gran novedad del actual texto de nuestra Ley Suprema es la creación del


Tribunal Constitucional, el cual viene a sustituir a la Suprema Corte de Justicia en las atribuciones que se le conferían de conocer de las acciones directas de inconstitucionalidad de las leyes.

Según lo consagra el artículo 185, el Tribunal Constitucional será compe‐tente para conocer en única instancia de las acciones directas de inconstitu‐cionalidad contra las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones y ordenan‐zas, a instancia del Presidente de la República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de Diputados y de cualquier persona

con interés legítimo, jurídicamente protegido.

De igual forma, es competente para conocer del control preventivo de los tratados internacionales antes de su ,&%*4*!&!*?$'7-,'#('?,=&$-'(#=*+(&%*@-6':'3#'(-+'!-$4(*!%-+'3#'!-57#%#$!*&'#$%,#'los poderes públicos.

No cabe dudas que hay mayor claridad conceptual en el contenido del nuevo texto constitucional que el que preva‐lecía en el inciso 1 del artículo 67 de la Carta Sustantiva que hoy queda de‐rogada.

En efecto, de acuerdo con la antigua disposición, correspondía a la Supre‐ma Corte de Justicia conocer única‐mente de la inconstitucionalidad de las leyes, y no fue sino por interpretación analógica del artículo 46 que declara la nulidad de pleno derecho de toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrario a la misma Constitución, que se interpretó la noción de ley no en sentido estricto, como debe ser toda interpretación de carácter constitu‐!*-$&(6'+*$-'!-5-'1"#,*#$3-'+*=$*4*!&,'norma, en sentido general, lo cual, por vía de consecuencia, le confería com‐petencia para conocer de la nulidad de los decretos, resoluciones y reglamen‐tos.

Ese tipo de interpretación analógica podía generar un quebrantamiento del principio de la separación de poderes, por lo cual resultaba más conveniente seguir la experiencia europea de crear tribunales constitucionales, indepen‐dientes del Poder Judicial, para ejercer el control de la constitucionalidad de las leyes y de las demás normas del or‐den jurídico.

Albergamos la esperanza de que este nuevo órgano del Estado dominicano pueda cumplir a plenitud sus funcio‐nes y disponer, con el tiempo, del mis‐mo prestigio y autoridad de nuestra actual Suprema Corte de Justicia.

Señores Miembros de la Asamblea Na‐!*-$&('B#@*+-,&>

W('#$%,&,'#$'#(' +*=(-'eeX6' (&'B#7/0(*!&'Dominicana estaba urgida de reali‐zar una profunda reforma a la Carta Sustantiva del Estado, que permitiese consolidar su democracia mediante el fortalecimiento del Estado de Derecho.

Es mi convicción de que el nuevo tex‐to constitucional aprobado por esta Asamblea Revisora cumple con esos propósitos. No se trata, obviamente, de una obra perfecta, ni de un trabajo que esté exento de disidencias o dis‐crepancias.

En sentido general, ninguna Constitu‐

Juan Pablo Duarte y Díez.


ción está al margen de esas circunstan‐cias. Sólo basta recordar que la Consti‐%"!*?$'3#'M*(&3#(4*&'3#'\F`F'#+%&0(#!K&'que un esclavo era equivalente a las 3/5 partes de un hombre libre; y su debate y discusión, en sentido general, dio origen a dos facciones, los Federa‐listas y Antifederalistas.

Lo mismo ocurrió en Francia, cuando la pasión suscitada en torno a la apro‐bación de la Constitución de 1791, di‐vidió al país en dos bandos irreconci‐(*&0(#+>'(-+'T&!-0*$-+':'(-+'N*,-$3*$-+;

En la República Dominicana, hemos aprobado la actual Constitución por consenso. Aquí, en este recinto, están

representadas las fuerzas mayorita‐rias del escenario político nacional, y fueron ustedes, los portavoces de esas fuer‐zas, los que con vehemencia , con pasión y entusiasmo, discutieron cada concep‐to, cada cri‐terio, cada juicio ver‐tido, con la 4 *$&(*3&3'de que la nue‐va Carta S u s ‐tantiva fuese el me j o r instru‐mento posi‐b l e pa ra la de‐

fensa de la libertad y la de‐

mocracia en la República Dominicana.

Ese espíritu de consenso se expresa de manera clara en los valores y prin‐!*7*-+'1"#'+#'5&$*4*#+%&$'#$'#('7,#C5‐bulo del nuevo texto, de la siguiente 5&$#,&>

“Nosotros, representantes del pueblo dominicano, libre y democráticamente elegidos, reunidos en Asamblea Nacio‐nal Revisora; invocando el nombre de Dios; guiados por el ideario de nues‐tros Padres de la Patria, Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francis‐co del Rosario Sánchez, y de los Pró‐ceres de la Restauración de establecer una República libre, independiente, soberana y democrática; inspirados #$'(-+'#J#57(-+'3#'("!2&+':'+&!,*4*!*-+'de nuestros héroes y heroínas inmor‐tales; estimulados por el trabajo abne‐gado de nuestros hombres y mujeres; regidos por los valores supremos y los

principios fundamentales de la digni‐dad humana, la libertad, la igualdad, el imperio de la ley, la justicia, la solida‐ridad, la convivencia fraterna, el bien‐estar social, el equilibrio ecológico, el progreso y la paz, factores esenciales para la cohesión social; declaramos nuestra voluntad de promover la uni‐dad de la Nacional dominicana, por lo que en ejercicio de nuestra libre deter‐minación adoptamos y proclamamos la siguiente Constitución”.

Pero aún antes de que el proyecto de Reforma Constitucional fuese conoci‐do en esta Augusta Asamblea Nacional, fue estudiado, examinado y debatido, en forma de Consulta Popular, en todo el ámbito del territorio nacional por las diferentes organizaciones sindica‐les, empresariales, comunitarias, cam‐pesinas, estudiantiles y barriales, que consideraron que era su deber cívico contribuir y aportar al alumbramiento de una nueva forma de la democracia, más justa, más directa, más equitativa, más participativa y más responsable.

Ahora nos queda un inmenso trabajo por delante, que es el de elaborar y ajustar un conjunto de leyes que pue‐dan estar en armonía con las disposi‐ciones de la nueva Constitución.

Estoy seguro que con la misma tenaci‐dad, el mismo espíritu patriótico y el mismo compromiso con las mejores causas nacionales, avanzaremos en esa dirección, en la dirección de una auténtica, genuina y verdadera Revo‐lución Democrática Institucional, que es la gran herencia que dejaremos a las futuras generaciones para que pue‐dan vivir en un país del que puedan sentirse profundamente orgullosos, en razón de que será el lugar donde per‐manentemente reinará la paz, prevale‐!#,C'(&'&,5-$K&':'4(-,#!#,C'(&'J"+%*!*&;'

Queda formalmente proclamada la nueva Constitución de la República.

¡Qué viva la República Dominicana!¡Qué viva la nueva Constitución!Una vez más lo digo, Dominicanas y I-5*$*!&$-+>'i^j'7&j(&$%#'1"#'@&5-+k

¡Muchas gracias!


ANTONIO CIRIACO CRUZ=(&/'#-&)1/")P,3#(#+#-)1/)P,6/3#(%$'(-,/3)

Socioeconómicas (UASD) [email protected]

ECONOMÍA Y CONSTITUCIÓN

Las constituciones juegan un papel determinante en el desarrollo econó‐mico y social de los países. Solo basta con observar la experiencia española de los últimos 32 años (la Constitución de 1978). La Constitución española de 1978, fue fruto del consenso de todos los parlamentarios españoles de ese momento, excepto los diputados del Partido Nacionalista Vasco (PNV), que aunque participaron en la elaboración 3#'(-+'.&!%-+'3#'<&')-$!(-&'$-'4*,5&‐ron a la postre el texto constitucional. Sin embargo, estos lo aceptarían ple‐namente de facto y también de iure, al apoyar el Estatuto de autonomía de Guernica.

Hasta la fecha la Constitución españo‐(&6' !-$'3-+'5-3*4*!&!*-$#+' ,#&(*9&3&+6'ha recogido las aspiraciones y las de‐mandas de la mayoría de la sociedad española, incorporando no sólo las demandas económicas y sociales, sino también, en buena medida, los pro‐blemas de los espacios territoriales, regiones y nacionalidades que tiene España.

Uno de los aspectos más trascendentes de la actual Constitución española es que fue el fruto de un consenso entre todas las fuerzas políticas de ese mo‐mento. Desde el Partido Comunista Es‐pañol (PCE), los Catalanes, los Vascos, la Alianza Popular y Unión de Centro Democrático (UCD), sentaron las bases no sólo de un sólido sistema jurídico, sino de la más importante etapa de

crecimiento y desarrollo económico y social de las últimas tres décadas en ese país.

El pasado 26 de enero de 2010, día del natalicio de Juan Pablo Duarte, el presidente de la República proclamó la nueva Constitución de la Repúbli‐ca. Después de un largo debate sobre la conveniencia o no de una Asamblea Constituyente o como se hizo a través de Consultas Populares, ya es un hecho que la nueva carta magna se ha procla‐mado. Y creo que lo más importante a partir de este momento, es que se cumpla para que dicha carta sea efec‐tiva y se pueda aprovechar y potencial su contenido.

Una constitución es la base fundamen‐tal del sistema jurídico de una nación, y en ella puede explicitarse más o me‐$-+' (&' *$4("#$!*&'3#'3#%#,5*$&3&+'!-‐rrientes ideológicas, por eso se habla de Constituciones progresistas o con‐servadoras.

Pensamos que la nueva Constitución proclamada no es la ideal ni la más completa, pero sí es necesario recono‐cer que incorpora Derechos Económi‐cos y Sociales positivos, superando la anterior Constitución de 1966.

La nueva Carta Magna constitucionali‐za el derecho a la Seguridad Alimenta‐ria en el Artículo 54; el Artículo 140 incorpora regulaciones a los incre‐mentos en las Remuneraciones de los

Funcionarios de la Administración Pública; el Articulo 145 protege al Ser‐vidor Público para que no sea separa‐do de su puesto de trabajo por causas políticas; el Artículo 194 ordena como prioridad la formulación y ejecución de un Plan de Ordenamiento Territo‐rial; el Artículo 200 facilita la consecu‐ción de mayores Recursos Financieros a los Municipios; el Artículo 206 cons‐titucionaliza el Presupuesto Participa‐tivo en los Municipios; el Artículo 241 constitucionaliza la elaboración de una Estrategia Nacional de Desarrollo; entre otros artículos.

Recuerdo una expresión muy usada por algunos profesores españoles en la Universidad Autónoma de Madrid fhW)E' &(' ,#8#,*,+#' &' +"'7&K+>' Y^+7&a&'es un país serio”, expresando con esto que España es un país que respeta su Constitución y donde se cumple lo que está plasmado en ese documento sus‐tantivo.

Pienso que el gran reto de los domini‐canos en lo adelante, y en especial de nuestra clase política, es respetar y ha‐cer cumplir todos los artículos conte‐nidos en la principal pieza jurídica de nuestro país. No importa que la Consti‐tución sea catalogada de buena o como dijo el Presidente de la República “la A-$+%*%"!*?$'3#(' +*=(-' eeXb6' +*' #+%&' $-'se cumple nunca se podrá potenciar el desarrollo económico y social de la na‐ción; ojalá que emulemos la experien‐cia española de los últimos 32 años.

Una constitución es la base fundamental del sistema jurídico de una nación, y en ella puede explicitarse más o menos la in!uencia de determinadas corrientes ideológicas, por eso se habla de constituciones progresistas o conservadoras.


IDELFONSO REYESProcurador General [email protected]

LA CONSTITUCIÓN Y LOS LÍMITES

TERRITORIALES DE LA JURISDICCIÓN PENAL

El Estado es la entidad jurídica política integrada por la unidad de territorio, población, soberanía y gobierno, que ,#+"(%&' 3#' (&' &4*$*3&3' 3#' "$' -,3#$&‐5*#$%-'(#=&(6'1"#'*3#$%*4*!&'&'"$'=,"7-'3#' 7#,+-$&+;' I#+3#' #(' +*=(-' ed' 2&+%&'$"#+%,-+' 3K&+6' @&,*-+' 2&$' +*3-' (-+' 4*‐lósofos que han escrito sobre la con‐cepción del Estado, empezando por el 4(-,#$%*$-' c*!-(C+' )&1"*&@#(-6' !-$+*‐derado el padre de la Teoría del Estado, seguido por los ingleses Thomas Hob‐bes y John Locke; los franceses Carlos Secondar Barón de Montesquieu y Juan Jacobo Rousseau. Rousseau nació en Ginebra y se estableció en París a los 29 años hasta su muerte en 1817; así como los alemanes Inmanuel Kant, Juan Amadeo Fichte y Jorge Guillermo Hegel, y Hans Kelsen, este último na‐cido en Praga, entre otros pensadores.

La República Dominicana se encuen‐tra entre los países donde se respeta el sistema democrático de derecho, esta‐blecido en la Constitución como norma sustantiva del Estado. Existen varias 3#4*$*!*-$#+'3#' (&'A-$+%*%"!*?$;'U,&3*‐!*-$&(5#$%#'2&' +*3-'3#4*$*3&' !-5-'#('conjunto de reglas fundamentales que regulan la organización y las relacio‐nes de los poderes públicos, determi‐nando la forma del Estado y el ejerci‐!*-'3#('7-3#,;'l&$+'m#(+#$6'(&'3#4*$#'$-'sólo como la fuente de validez formal de las demás normas, sino una norma jurídica en sí misma susceptible de aplicación directa. En ese mismo te‐nor nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia, en funciones de Tribunal Constitucional, en fecha 14 de diciem‐bre de 2005, estableció “que el hecho de ser la Constitución la norma supre‐

ma de un Estado, no la hace suscepti‐ble de interpretación”, dándole aplica‐ción al pensamiento de Kelsen.

LÍMITES TERRITORIALES

Estos límites los determinan la Cons‐titución, los Tratados Internacionales ,&%*4*!&3-+'7-,'#('A-$=,#+-':'(&+'<#:#+;'Es por ello, que la República Domini‐cana se encuentra entre los Estados que le otorgan competencia tanto a la Corte Penal Internacional, como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos; también existen tratados bilaterales con otros Estados, los más !-5"$#+'+-$>'(-+'3#'#P%,&3*!*?$':'#('3#'cumplimiento de la condena en el te‐rritorio del país del interno.

COMPETENCIAS PENALES

Territorial Universal

Esta competencia es ejercida por la Corte Penal Internacional (CPI), y se

encuentra establecida en el Estatuto de Roma del 17 de julio del 1998, que en su artículo 4 numeral 2 establece “La Corte podrá ejercer sus funciones y atribuciones de conformidad con lo dispuesto en el presente Estatuto en el territorio de cualquier Estado Parte y, por acuerdo especial, en el territorio de cualquier otro Estado”, dándole la facultad a la Corte de ejercer la compe‐tencia universal para crímenes concre‐tos cometidos en el territorio de un Es‐tado no Parte, a través de un acuerdo especial; o en caso de que el crimen se hubiere cometido a bordo de un buque o de una aeronave, si su matrícula fue‐ra la de uno de esos Estados, artículo \D;D;W6'#$'#+#'5*+5-'%#$-,'+#',#4*#,#$'los artículos 12.3 y 87.5, del referido Estatuto.

Es preciso establecer que la Corte Penal Internacional, ejerce su com‐petencia solo en los crímenes de tras‐cendencia universal cometidos por las personas naturales mayores de

Los límites territoriales para el ejercicio de la jurisdicción penal en la República Do-minicana se encuentran establecidos en la Constitución de la República, en los Trata-

dos Internacionales y en las Leyes adjetivas.


dieciocho años Arts. 25.1 y 26, y que dichos crímenes constituyan delitos de genocidio, lesa humanidad, guerra :'&=,#+*?$'W,%;'_6'!-$8-,5#'&'(&'3#4*$*‐ción establecida en los artículos 6, 7 y 8, pero ocurridos dentro de los límites territoriales establecidos en el párrafo anterior.

Territorial Regional

Es ejercida por la Corte Interameri‐cana de Derechos Humanos con sede en Costa Rica, y que conforme a la convención del 22 de noviembre del 1969, en su artículo 1.1 establece “Los Estados partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su juris‐dicción”, complementado con los artí‐culos 61 y 62 del Estatuto y el artículo D_'3#('B#=(&5#$%-6':'+#',#4*#,#$'&('+-‐metimiento y cumplimiento en todos los casos, de las decisiones emitidas por la Corte y que las violaciones ha‐yan ocurrido dentro del territorio de un Estado Parte, ya sea para su inter‐pretación o aplicación.

En Europa el artículo 56 de la con‐vención, delimita la aplicación de la competencia territorial de la Corte Europea de Derechos Humanos, para conocer de las demandas realizadas 7-,' 7#,+-$&+' 4K+*!&+6' -,=&$*9&!*-$#+'no gubernamentales o de grupos, en ese sentido la jurisprudencia ha ido más lejos al establecer que “el prin‐cipio ratione loci, requiere que la ale‐gada violación a la Convención haya

ocurrido dentro de la jurisdicción del Estado o en territorio controlado por el Estado”, utilizado este principio en varias sentencias, siendo a mi enten‐der las más relevantes la Sentencia No. 25781‐94 entre (Cyprus v. Turkey), así como la sentencia del 26 de junio del 1992, entre Drizd y Janousek v. Francia y España.

Territorial Bilateral

En materia penal los tratados bilatera‐les de los cuales la República Domini‐cana ha convenido con otros Estados, %-3-+' +#' ,#4*#,#$' &(' !"57(*5*#$%-' 3#'decisiones jurisdiccionales, las más comunes son la extradición y el cum‐plimiento de condenas en el país del imputado o interno; ya que en la ac‐tualidad no existe tratado, ni ley que le otorgue la personería jurídica a otro Estado, para juzgar en su territorio a un ciudadano que haya cometido una infracción penal en el otro Estado.

Territorial Nacional

Los límites territoriales para el ejerci‐cio de la jurisdicción penal en la Re‐pública Dominicana, se encuentran establecidos en la Constitución de la República; en los Tratados Interna‐cionales y en las Leyes adjetivas. Con relación a los límites territoriales de nuestra Honorable Suprema Corte de Justicia, se encuentran establecidos en el artículo 9 de la Constitución (Art.

5 de la Constitución de 2002), que es‐tablece los límites terrestres, aéreos y marítimos; también los artículos 157, 160 y 162 de la Constitución (Arts. 68, 73 y 76, de la Constitución de 2002), ,#4*#,#$' &' (&' <#:' (-+' (K5*%#+' %#,,*%-‐riales de los tribunales inferiores en materia penal, para el conocimiento y decisión de las infracciones cometidas dentro de sus jurisdicciones.

Con la implementación del Código Procesal Penal, el Legislador intro‐dujo nuevas herramientas tanto para los Jueces, como para el Ministerio Público, aunque existen los artículos 49, 56 y 62, del CPP, que pueden ser erróneamente interpretados para su aplicación por los Tribunales Naciona‐les, ya que si no ha ocurrido un crimen de trascendencia universal de los es‐tablecidos en el artículo 49 del CPP y 5 del Estatuto de Roma, y se le juzga a una persona, por una infracción de trascendencia menor, se violarían los límites externos del espacio estableci‐do en el artículo 9 de la Constitución Dominicana (Art. 5 de la Constitución de 2002), y además se violaría la so‐beranía del otro Estado y el tribunal actuaría excediendo los límites territo‐riales de su competencia.

Sobre la competencia territorial penal nacional, un Secretario de Estado, fue sometido por ante la Procuraduría Ge‐neral de la República (PGR), de un he‐cho que aconteció supuestamente en

?('-">3)2$Q+($6/"-7 Barón de Montesquieu.


(-+'^+%&3-+'h$*3-+6':'+-0,#'#('!&+->'&E'la PGR se declaró incompetente para iniciar la investigación del caso; b) la parte querellante objetó la decisión ante el Honorable Magistrado Juez Presidente de la Honorable Supre‐ma Corte de Justicia y mediante Auto No.007‐2008, fue designado un Juez de la Instrucción Especial, para cono‐cer y decidir sobre la objeción someti‐da; c) que mediante Sentencia No. 252, el Honorable Juez de la Instrucción Es‐pecial de la Jurisdicción Privilegiada, declaró la competencia por el territo‐rio y en razón de la persona y de la Ley; y ordenó la continuación de la investi‐gación del caso que nos ocupa a cargo del Ministerio Público; d) la Sentencia No.252, fue recurrida en apelación por los imputados y por el Ministerio ./0(*!-' f).E6' #(').'!-$!(":?'ncXAL>'Revocar la Sentencia No. 252, de fecha 9 de julio de 2008, emanada del Hono‐rable Juez de la Instrucción Especial de la Jurisdicción Privilegiada, por las ,&9-$#+'#P7"#+%&+6':'#$'!-$+#!"#$!*&>'A-$4*,5&,' (&' X$!-57#%#$!*&' #$' ,&9?$'del territorio o ratione loci, de los tri‐bunales dominicanos, para el conoci‐miento y decisión de la querella con constitución en actor civil interpues‐ta por el querellante, toda vez que la supuesta infracción fue cometida en territorio de los Estados Unidos de Norte América, y que la incompeten‐cia de esta Honorable Suprema Corte de Justicia, está establecida de confor‐midad con lo establecido en el artículo 5 de la Constitución de la República (Constitución de 2002); el artículo 6 de la Convención Interamericana so‐bre Restitución Internacional de Me‐nores del 1989, y el artículo 90 de la Ley 136‐03, que crea el Código para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y adolescentes; toda vez que el artículo 66, (error de la sentencia es el Art. 62), combinado con el 49 y el 56 del Código Procesal Penal, no es aplicable al caso de la especie, en razón de que el delito !-5#%*3-'$-'+#'7"#3#'%*7*4*!&,6'3#' (-+'llamados “Competencia Universal” que son Genocidio, Crimen de Guerra o de Lesa Humanidad, como por las razo‐nes expuestas en el presente recurso; e) sobre el recurso del Ministerio Pú‐blico, la Honorable Cámara Penal de la

Suprema Corte de Justicia, mediante Sentencia No. 423 del 16 de diciem‐bre de 2009, en las páginas 13, 14 y 15 estableció lo siguiente “Considerando, que el Ministerio Público en su dicta‐men solicitó la incompetencia de los tribunales dominicanos para conocer de la infracción de la que estamos apo‐derados, en razón de que los hechos a que se contrae la querella consistieron en que el Ing. Carlos Morales Troncoso y su hija Michelle Marie Morales in‐currieron en sustracción de menor al desplazar al hijo menor de esta última, sin consentimiento o autorización del 7&3,#' 3#(' $*a-6' 3#' "$' ("=&,' =#-=,C4*‐co a otro; lo cual ocurrió en Estados Unidos de América; que, en cuanto a la jurisdicción y competencia de los tribunales penales dominicanos, el artículo 56 del Código Procesal Penal otorga capacidad legal a nuestros tri‐bunales sólo para conocer y juzgar los hechos punibles imputados a personas dominicanas o extranjeras cometidos total o parcialmente en el territorio nacional, o cuyos efectos se produzcan en él; que el caso de que se trata ocu‐rrió en territorio de Estados Unidos de América y por tanto escapa a la com‐petencia ordinaria de los tribunales represivos nacionales” y más adelante establece “Considerando, por otra par‐te, que el Código Procesal Penal, en su artículo 62 establece la posibilidad de

que los tribunales dominicanos conoz‐can hechos punibles cometidos fuera del territorio nacional; lo cual señala bajo el epígrafe de “competencia uni‐versal”, y aunque en el referido texto $-'+#'#+7#!*4*!&'!"C(#+'+-$'#+-+'!&+-+6'es evidente que se trata de asuntos de gran trascendencia, como sería el ge‐nocidio, delitos contra la humanidad, #('(&@&3-'3#'&!%*@-+6'#('%,C4*!-'*$%#,$&‐cional de drogas, etc. que no es el de la especie”, revocando en todas sus par‐tes la referida decisión y declarando la incompetencia de la jurisdicción penal dominicana para conocer de la impu‐tación formulada.

Esta decisión de la Honorable Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia, no sólo fortalece el estado de derecho, sino que como consecuencia se incre‐5#$%&' (&' !-$4*&$9&' :' (&' *$@#,+*?$' #$'la República Dominicana. Es bueno resaltar que para la obtención de la misma el suscrito se mantuvo bajo la dirección del Procurador General de la República, Dr. Radhamés Jimenez Peña, por especio de dos años, obte‐niendo una sentencia de principio so‐bre la incompetencia penal territorial de los tribunales nacionales, sobre una infracción ocurrida fuera del espacio establecido en el artículo 9 de la Cons‐titución Dominicana (Art. 5 de la Cons‐titución de 2002).


DEL DEFENSOR DEL PUEBLO

Para hablar del Defensor del Pueblo, necesariamente tenemos que acudir &(' %V,5*$-' -,*=*$&(>' L)HhIG)Wc6''voz sueca que traducida del inglés al #+7&a-(' +*=$*4*!&' 5#3*&3-,' -' ,#7,#‐sentante, procurador, comisionado o mandatario del pueblo, designado por el parlamento para supervisar la ac‐tuación de la Administración Pública.

W'*$*!*-+'3#('+*=(-'eXe6'G"#!*&':'B"+*&6'4*,5&,-$'#('%,&%&3-'3#'.&9'3#'M,*#3,*o+‐hann, lo que da origen a la Constitución sueca del año 1809, que estableció en su artículo 96, que el parlamento de‐bía designar en cada sesión ordinaria un “Jurisconsulto de probada ciencia y de especial integridad, en calidad de mandatario”, que no fue más que la evolución del Justitiekansler de épocas &$%#,*-,#+;'W+K' +",=#' (&' 4*=",&'!-$' (-+'7#,4*(#+' 1"#' #$' (&' &!%"&(*3&3'5&$%*#‐ne. Años más tarde, Finlandia acoge (&'4*=",&'#$'+"'A-$+%*%"!*?$6'+*#$3-'#('primer país en la historia cercana en incluirla con ese rango, dadas sus cir‐cunstancias históricas.

Luego de un lento proceso, por la dis‐tancia de los pueblos escandinavos, a partir de la Segunda Guerra Mundial la institución se expande por toda Euro‐pa, llegando a Portugal en el año 1976, luego a España en el año 1978.

Es importante señalar que la mayoría de los países que la acogen, le dan rango constitucional, como es el caso especial de la Unión Europea, creada mediante el Tratado de Maastricht en #('&a-'\]]D6' *$!(":#' ' (&' 4*=",&' '!-$' (&''denominación en español de Defensor del Pueblo, el primero en el mundo con carácter supranacional, nombrado

por el Parlamento, por un período de cinco años.

Como se puede apreciar, el Ombuds‐man es sin duda alguna, la institución de alcance mundial más importante de las últimas décadas, no sólo por tener la responsabilidad de salvaguardar los derechos humanos, sino también por servir de órgano de control democrá‐tico.

En el proceso denominado "ombuds‐manía", esta renovada institución, a partir del año 1985, llega a los países de América Latina, donde la voluntad de sus ciudadanos era débil para ven‐cer los obstáculos y avanzar conforme a sus deseos y necesidades, por la baja autoestima generada mediante proce‐sos antidemocráticos. Guatemala, es el primer país en este lado del mundo en acogerla en su Constitución. En la ac‐tualidad muy pocos países no cuentan !-$'"$&'-4*!*$&'3#'L50"3+‐man, como es el caso de Chile.

La República Dominicana no se ha quedado atrás y desde el año 2001 incorporó a su “Catálogo Legislativo” la ins‐titución, con el nombre de Defensor del Pueblo, como en España.

La nueva Constitución domi‐nicana, proclamada por la Asamblea Nacional, en fun‐ciones de Asamblea Revisora, otorgó rango constitucional al Defensor del Pueblo, autoridad independiente funcionalmente, con autonomía administrativa y

presupuestaria, cuyo objetivo esencial es contribuir a salvaguardar los dere‐chos fundamentales de los individuos y las prerrogativas colectivas estable‐cidas en la Constitución y las leyes, en caso de que sean violadas por funcio‐narios u órganos del Estado.

Esta novedosa institución jurídica, vieja ya en todo el mundo, constituye un excelente instrumento de garantías ciudadanas, que aunque no tiene po‐der coercitivo, su autoridad moral le da la fortaleza necesaria para osten‐tar el rango que el mundo entero le ha -%-,=&3->'<&'3#8#$+&'3#' (-+'3#,#!2-+'humanos en todas sus facetas. De ahí, la importancia para los dominicanos de contar con una institución de tan alto nivel que de manera indiscutible va a contribuir con el fortalecimiento y desarrollo democrático de nuestra nación.

ANA MEDOS VELOZ!<-%$1$)=(6(3(R,)E/%$")Dirección de Prisiones

[email protected]

RANGO CONSTITUCIONAL


La Constitución del año 2010 fue votada y proclamada el 26 del mes enero de este año, sin em‐

bargo, las consultas, las discusiones, los debates y las vistas públicas en el Congreso Nacional, constituido en Asamblea Nacional Revisora, tuvieron lugar durante todo el transcurrir del segundo semestre del año 2009. Pre‐vio a de todo ello, es decir, antes del formal apoderamiento del Ejecutivo al Legislativo y su puesta en agenda por parte de este último, ya una comisión de juristas especializados en derecho constitucional designada por el pre‐sidente Leonel Fernández había ago‐tado, después de presentar su ante‐proyecto, una jornada superior a tres años, pues los comisionados no sólo le dieron forma al documento que en‐

tregaron al Ejecutivo, sino que, al ha‐cerlo escucharon y tomaron muy en cuenta la participación popular y ciu‐dadana que se expresó a través de un sin número de charlas, seminarios, ta‐lleres, simposios y paneles en toda la =#-=,&4K&'$&!*-$&(;

Se trata, la actual Constitución, del tex‐to sustantivo más debatido y consen‐suado en la República Dominicana y quizás uno de los más debatidos y con‐sensuados en el mundo. Cuatro años de afanes y esfuerzos de todo el cuer‐po social dominicano fueron necesa‐rios para que la ley sustantiva que hoy exhibimos, se presente muy superior a las constituciones del 1966, del 1994 y del 2002. La llamada Constitución bos‐

chista de 1963 fue en su tiempo y hasta la mañana del 26 del mes de enero del año en cur‐so, la más moderna, avanzada y liberal de las constituciones dominicanas, que ya suman treinta y ocho.

Por razones obvias y de épo‐cas, pero sobre todo por la voluntad mayoritaria de todas las fuerzas políti‐cas e instituciones de la sociedad civil de todo el país, el pacto fundamen‐tal de hoy contempla novedades, órganos, ins‐tituciones y derechos fundamentales que no contemplaba la Consti‐tución del “63”, lo cual lleva a algunos a con‐siderarla más avan‐zada y moderna que

ésta, lo cual es mucho decir.

No sólo se crearon nuevos órganos e instituciones, también se ampliaron otras y las designaciones de sus titu‐lares han pasado a ser más plural y democrática. Órganos e instituciones contemplados en leyes adjetivas, es‐peciales u orgánicas, fueron llevados a la ley sustantiva, por eso ya decimos que han sido constitucionalizados o que, sencillamente, tienen un rango constitucional, lo cual, junto con otros elementos, ha servido para consagrar el llamado “Estado social y democrá‐tico de derecho”, que desde el punto de vista político, abre paso a una de‐mocracia, no sólo representativa, sino participativa. Una prueba de ello es el referendo, previsto por el legislador constitucional como una consulta po‐pular, y que es una forma de democra‐cia indirecta.

No hay espacio ni tiempo para hablar de todas las novedades y bondades de la Carta Magna que hoy es orgullo de todos, sólo se hace preciso destacar un aspecto muy importante y que pocos han tomado en cuenta, y es que todo el articulado constitucional, es decir, to‐dos los artículos (277 en total) que ella contiene son encabezados con un epí‐grafe. En ninguna de las constituciones anteriores o en ninguna de las treinta y siete reformas o enmiendas como se quiera, tales epígrafes no aparecen.

Que los artículos de un texto consti‐tucional sean encabezados con títulos no es ocioso ni casual, eso responde a todo un proceso universal dirigido a facilitar la lectura y entendimiento, no

FRANCISCO GARCÍA ROSAProcurador Adjunto Corte de Apelación del [email protected]

EPÍGRAFES EN LA CONSTITUCIÓN

Y MONOPOLIO DE LA INVESTIGACIÓN


sólo de la Constitución de una nación, sino también las demás leyes adjetivas, sean éstas materiales o procesales. Obsérvense la Ley No. 76‐02 o Código Procesal Penal, la Ley No. 78‐03 o Es‐tatuto del Ministerio Público y la Ley No. 183‐02 o Monetaria y Financiera y su Reglamento, para sólo citar tres ca‐sos. En el pasado reciente sólo los ca‐pítulos y las secciones tenían títulos o epígrafes que le encabezaban y en esta ocasión ni siquiera los comisionados previeron tal situación, sí los asam‐bleístas.

Así, por ejemplo, el título V, corres‐pondiente al Poder Judicial (que debió denominarse Del Sistema de Justicia), contiene VI capítulos. El primero de esos capítulos, corresponde a la Su‐prema Corte de Justicia, el cual sí de‐bió denominarse “Del poder Judicial”. El capítulo cinco de ese gran título VI, relativo al sistema de justicia, corres‐ponde al Ministerio Público, el cual comienza con el artículo 169 que tiene !-5-'#7K=,&8#>'YI#4*$*!*-$#+':'M"$!*-‐nes”.

Veamos como el legislador constitu‐!*-$&('3#4*$#''#$'#+#'&,%K!"(-'&(')*$*+‐%#,*-'./0(*!->'Y^+'#('?,=&$-'3#('+*+%#5&'de justicia responsable de la formula‐ción e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, di‐rige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”. (Debió decir “y ejerce la acción penal o la acción penal pública en representación de la sociedad). (Pa‐réntesis nuestro). “Párrafo I.‐ En ejer‐cicio de sus funciones, el Ministerio Público garantizará los derechos fun‐damentales que asisten a ciudadanos y ciudadanas, promoverá la resolución alternativa de disputas, dispondrá la protección de víctimas y testigos y de‐fenderá el interés público tutelado por la ley”.

En el artículo 159 del proyecto some‐tido por el Poder Ejecutivo a la Asam‐blea Nacional, constituida en revisora, aunque no tiene epígrafe, es el equiva‐lente al 169, que sí lo tiene, de la actual A-$+%*%"!*?$' :' 3#4*$K&' &(' )*$*+%#,*-'./0(*!-'!-$'#+%&+'7&(&0,&+>'Y^+'"$'?,‐gano del sistema de justicia, que dirige

la política del Estado contra el delito, ejer‐ce la acción pública, garantiza los derechos fundamentales y liberta‐des ciudadanas que asiste a las víctimas y testigos y protege el interés público tutelado por la ley”.

La primera versión o redacción, tal como quedó consagrado en la Constitución que hoy impera y nos rige, técnica‐mente hablan‐do, es más útil y razonable que el cita‐do proyecto por varias ,&9-$#+>'

Primero, es cierto que el Ministerio Público no es parte del Poder Ju‐dicial, sino un órgano del Sistema de Justicia, al cual, tanto él, como el Poder Judicial y otros órganos pertenecen, aunque algunos de ellos constituyan órganos extra‐poder o estén adscri‐tos al Poder Ejecutivo. Aunque el Mi‐nisterio Público parezca un órgano extra‐poder, realmente no lo es, forma parte o está adscrito al Poder Ejecuti‐vo, quien dirige la política del Estado contra la criminalidad y, en el día a día, el Ministerio Público la fórmula y la implementa. Así como formula e implementa la política penitenciaria, pues el penitenciario es un sistema que está bajo la dirección del Ministe‐rio Público.

Segundo, es cierto que en el ejercicio de sus funciones el Ministerio Público garantiza los derechos fundamentales (constitucionales) que asisten a los !*"3&3&$-+6'3#4*#$3#'#(' *$%#,V+'7/0(*‐co y protege a víctimas y testigos, pero algo que agrega la actual Constitución, que no fue previstos por los juristas comisionados, fue la obligación por parte del Ministerio Público de promo‐ver la resolución alternativa de dispu‐%&+'f!-$4(*!%-+E6'&(=-'1"#'$-'7"#3#'+#,'desdeñado.

Las razones y motivos por las cuales la expresión “dirige la investigación pe‐nal” aparece en cursiva, en subrayado :'#$'$#=,*%&'#+'(-'+"4*!*#$%#5#$%#'!(&‐ra y es el segundo aspecto que quere‐mos resaltar. En ese artículo 169 de la Constitución, si el legislador no le hu‐biese dado ese rango constitucional a la condición de director y coordinador de la investigación penal al Ministerio Público, otras instituciones u órganos del Estado pudieran pensar o verse tentado a pensar, que sí lo tienen. No sólo a nivel de ciertas instituciones como la Policía Nacional, la Dirección Nacional Control de Drogas y otras agencias ejecutivas del gobierno, sino desde el mismísimo Poder Judicial, pues respectos de los primeros (PN, DNCD y AEG) el Código Procesal Penal y el Estatuto del Ministerio Público son (-+'+"4*!*#$%#+'!(&,-+':'(&',#3&!!*?$'3#'sus textos en ese sentido se bastan a sí mismo.

El segundo aspecto a resaltar, es el es‐collo que quedaba pendiente relativo a si los jueces pueden hacer labores de


instrucción, es decir, dirigir una inves‐tigación o ser parte de ella. Tal parece que ese asunto estaba totalmente re‐suelto y deslindado, conforme al pre‐dicamento del artículo 22 del Código Procesal Penal, que crea el principio de separación de funciones. En él se 2&!#' !-$+%&,' 1"#>' Y<&+' 8"$!*-$#+' 3#'investigación y de persecución están SEPARADAS de la función jurisdiccio‐nal. El juez no puede realizar actos que impliquen el ejercicio de la acción pe‐nal ni el Ministerio Público actos juris‐diccionales…”. También, en ese mismo !"#,7-'(#=&(6'2&:'3*+7-+*!*-$#+'(-'+"4*‐cientemente claras sobre las funciones del ministerio público, nos referimos &('&,%K!"(-'``6'#('!"&('#+%&%":#'1"#>'Y^('ministerio público dirige la investiga‐ción y práctica u ordena practicar las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia del hecho punible y sus responsable”. Si el minis‐terio público dirige y coordina la inves‐tigación es porque tiene auxiliares que, como se sabe, no son los jueces. Amén de todo cuanto pueda decir y dice el Có‐digo Procesal Penal está el mismísimo Estatuto del Ministerio Público, el cual #$'+"'&,%K!"(-'R'#+%&0(#!#'1"#'V+%#>'Yp'es el encargado de dirigir la investiga‐ción de los hechos de carácter penal en representación de la sociedad…”.

El problema radica en una ley especial, del puño y la prosa del distinguido ju‐rista y decano Dr. Ramón Pina Acevedo y Martínez, la Ley No. 25‐91, de fecha 15 del mes de octubre del año 1991, conocida como la Ley Orgánica de la G"7,#5&'A-,%#'3#'T"+%*!*&6'5-3*4*!&3&'por la Ley No. 157‐97 de fecha 10 del 5#+'3#'J"(*-'3#('&a-'\]]F6'1"#'5-3*4*‐có los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 13 y derogó los artículos 11 y 12, de‐jando intacto los demás artículos, in‐cluyendo el artículo 24, que nos ocupa.

El artículo 24 de la Ley No. 25‐91, que algunos juristas y la Suprema Corte de Justicia, reclaman como vigente, esta‐0(#!#'(-'+*="*#$%#>'Y^$'%-3-+'(-+'!&+-+'en que la Suprema Corte de Justicia en pleno conozca de los casos que le son deferidos por la Constitución en materia Penal, si el asunto asume los caracteres de crimen, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia designará de su seno un Magistrado que actuará cono Juez de Instrucción. La Cámara de A&(*4*!&!*?$'#$'%&('!&+-'+#,C'3#+*=$&3&'por el mismo Presidente. En caso de recurso contra la decisión de la Cáma‐,&'3#'A&(*4*!&!*?$6'#('5*+5-'+#,C'!-$-‐cido por una Cámara que designarán de común acuerdo el Presidente de la Suprema Corte de Justicia y los Presi‐

dentes de cada una de las Cámaras”.

Los casos que le son deferidos por la Constitución en materia penal a la Su‐prema Corte de Justicia, son las causas que le puedan ser perseguidas al Pre‐sidente y Vicepresidente de la Repú‐blica, los legisladores, los ministros y otros funcionarios del más alto nivel en el Estado. Los defensores de la vi‐gencia del referido artículo argumen‐tan que contra esos funcionarios es posible un apoderamiento directo de la Suprema Corte de Justicia por que‐rellamiento, sin necesidad del pase previo por ante el representante del ministerio público ante ese alto tribu‐nal, que lo es el Procurador General de la República. Parten del criterio de que el Presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene facultad para designar un juez de instrucción especial y la la‐bor de un Juez de Instrucción es la de investigar.

Con la entrada en vigencia del Código Procesal Penal y el Estatuto del Minis‐terio Público, a partir de los textos ya citados y otros no citados, el juez in‐vestigador ya ha desaparecido; el de la instrucción es un juez de garantías, solo juzga y hace ejecutar lo juzgado, el ministerio público investiga, persi‐gue y acusa, de manera, pues que no hay apoderamiento directo en ninguna instancia, los órganos jurisdiccionales sólo podrán ser apoderado por el mi‐nisterio público, a no ser que se trate de acción penal pura y enteramente privada, que no es el caso.

Aunque ya ese artículo 24 de la Ley No. 25‐91 había sido derogada al entrar en vigencia la Ley Orgánica del Ministerio Público y El Código Procesal Penal, el artículo 169 de la Constitución de la República termina poniéndole la tapa &('7-5->'^('5*$*+%#,*-'7/0(*!-'%*#$#'#('monopolio de la investigación y tiene el monopolio, como órgano receptor, de los querellamientos. Nadie puede querellarse en otro sitio que no sea ante el ministerio público, sólo él pue‐de apoderar los tribunales aunque el investigado o el imputado tengan pri‐vilegio de jurisdicción o le correspon‐da una jurisdicción especial. Así lo dis‐pone la Constitución y punto.


El ministro de la Presidencia, César Pina Toribio, anunció que el gobierno trabaja en la elaboración de un proyec‐to de Ley General de Ministerios, para adecuar esas instituciones a lo que es‐tablece la nueva Constitución de la Re‐pública, de cambiar el nombre a las Se‐cretarías de Estado y a los secretarios que la dirigen, para que en lo adelante se denominen ministros y ministerios.

Pina Toribio dijo que ese proyecto sería sometido al Congreso Nacional en los 7,?P*5-+'3K&+;'W4*,5?'1"#' (&' G#!,#%&‐ría de la Administración Pública traba‐J&'!-$'(&'4*$&(*3&3'3#'7,*5#,-'#(&0-,&,'una Ley General de Ministerios y luego otras leyes particulares propias del pa‐quete.

PROYECTOS

Pina Toribio precisó que a pesar de que la Constitución establece un plazo para

el cambio de nombre de secretaría a ministerio y de secretario a ministro, ya la Secretaría de la Administración Pública tenía los proyectos avanzados.

“Se está trabajando en la Secretaría de la Administración Pública para hacer, primero, la Ley General de Ministerios

y luego hacer las leyes particulares propias de cada ministerio”, sostuvo el ministro de la Presidencia.

CONSEJO DE MINISTROS

Pina Toribio adelantó además, que el presidente Leonel Fernández someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley para la creación del Consejo de Mi‐nistros, en virtud de lo que dispone la nueva Constitución.

.&,&'%&(#+' 4*$#+6'#(' T#8#'3#('^+%&3-'!,#?'mediante decreto una comisión que tra‐bajará en la redacción de la indicada ini‐ciativa y también empezó la conversión de las 19 secretarías creadas por ley en ministerios.

El decreto 56‐10 dispone que en lo suce‐sivo las secretarías de Estado se deno‐minen ministerios, como lo establece la nueva Constitución de la República.

GOBIERNO TRABAJA POR UNA LEY DE MINISTERIOS

César Pina Toribio.

CÁNDIDO BIDÓENSEÑARÁ PINTURA A INTERNOS CCR DE MOCAEl reconocido artista dominicano Cán‐dido Bidó impartirá clases de pintura a los internos del recién inaugurado Centro de Corrección y Rehabilitación La Isleta de Moca, como un aporte al nuevo modelo penitenciario que im‐plementa la Procuraduría General de la República en el país.

El maestro Bidó recorrió las instala‐ciones del nuevo recinto penitenciario acompañado del procurador Radha‐més Jiménez Peña, con quien coordinó los trabajos de enseñanza de pintura para las personas privadas de libertad.

Dijo que nunca había visitado un cen‐tro penitenciario tan moderno y con tantos programas de formación como el de Moca.

El artista resaltó que el país necesita que las personas que guardan prisión puedan rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad de manera positiva luego de cumplir condenas, como una mane‐

ra de reducir la delincuencia.

Felicitó el trabajo que ha desarrollado el procurador Jiménez Peña para llevar dignidad a las cárceles del país.

Bidó observó los trabajos de produc‐ción de los internos penitenciarios en las granjas de gallinas ponedoras, crianza de cerdos y cultivos agrícolas. Asimismo, alfabetización y cursos de informática.

“El que no sabe nada, aquí aprende de todo”, expresó el artista de la plástica.

El magistrado Jiménez Peña estuvo acompañado durante el recorrido del síndico de Moca, Guarocuya Cabral, y del director del CCR, Erickson Bobadilla.

Cándido Bidó


ELIGEN A RADHAMÉS JIMÉNEZ PEÑA

PRESIDENTE DE GUATEMALA, ÁLVARO COLOM, PIDE SU ASESORÍA PARA CAPACITACIÓN DE FISCALES Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO PENITENCIARIO

VICEPRESIDENTE ASOCIACIÓN IBEROAMERICANA DE MINISTERIOS PÚBLICOS

ANTIGUA, Guatemala.‐ El procura‐dor general de la República Domi‐nicana, Radhamés Jiménez Peña, fue escogido vicepresidente de la Aso‐ciación Iberoamericana de Ministe‐rios Públicos, que agrupa a los fisca‐les generales de todos los países de América Latina, España y Portugal.

La elección de Jiménez Peña, quien acompañará al reelecto presidente de la AIMP, el fiscal general de España, Cándido Conde‐Pumpido, fue unáni‐5#'3",&$%#'(&'edXX'&+&50(#&'=#$#,&('

3#('-,=&$*+5-6'1"#'!"(5*$?'!-$'"$'4*,‐me llamado a renovar el compromiso de cooperación entre las Fiscalías de Ibero‐américa para combatir la delincuencia trasnacional.

Esta asamblea estuvo secundada por el Seminario Iberoamericano “Lucha Con‐tra la Delincuencia Organizada” en el !"&('4*+!&(#+'=#$#,&(#+':'&(%-+',#7,#+#$‐tantes de las Fiscalías de Bolivia, España, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Paraguay, Perú y República Do‐5*$*!&$&'&$&(*9&,-$'#+#'4(&=#(-;

Esa asamblea estuvo secundada por el Seminario

Iberoamericano “Lucha Contra la Delincuencia Organizada” en el cual !scales generales y altos representantes de las Fiscalías de Bolivia, España, Chile, Colombia, Costa Rica,

Guatemala, México, Paraguay, Perú y República Dominicana,

analizaron ese "agelo.

8")9&/3(1/,#/)1/)S+$#/5$"$B)!"6$&-);-"-5)T$")'/,#&-UB)0+,#-)$)"-3)9&-'+&$1-&/3).)43'$"/3)%/,/&$"/3)Q+/)9$&#('(9$&-,)/,)"$)N"#(5$)Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos.


El organismo continuará trabajando para dar cumplimiento al nuevo plan bianual orientado a incrementar la

cooperación y coordinación en la per‐+#!"!*?$' #8#!%*@&' 3#(' %,C4*!-' *(K!*%-' 3#'drogas.

Para la escogencia del procurador Ji‐ménez se valoró la destacada labor realizada en su país tendente al forta‐lecimiento, institucionalización y pro‐fesionalización del Ministerio Público, colocándolo en uno de los primeros lugares en América como institución que tiene a cargo la persecución penal. También, sus esfuerzos para la imple‐mentación del modelo penitenciario que es elogiado internacionalmente.

Se comprometió a seguir desplegando todos los esfuerzos necesarios para el

fortalecimiento de la AIAMP, y sobre todo, contribuir a la efectividad de la cooperación jurídica internacional, “que cada día se hace más necesaria, ante la transnacionalización del cri‐men organizado”.

Resaltó que a través de la Escuela del Ministerio Público de su país han reci‐0*3-'8-,5&!*?$'5C+'3#'RZ'4*+!&(#+'3#'(&'mayoría países de América Latina.

Jiménez Peña estuvo acompañado del director de la ENMP, Ramón Núñez; el 4*+!&('3#'(&'7,-@*$!*&'<&'W(%&=,&!*&'fl*‐güey), Lucas Pérez, y la encargada de asuntos internacionales de la Procura‐duría, Danissa Cruz Taveras.

Durante el evento el presiden-

te de la República de Guate-

mala, Álvaro Colom, solicitó al

ministro dominicano colabo-

ración para la formación de

fiscales de su país en la escuela

dominicana del Ministerio

Público.

Igualmente, destacó, y pidió

asesoramiento, con relación

a la implementación del

nuevo modelo penitenciario

dominicano, declarado por la

Organización de las Naciones

Unidas (ONU) como centro de

excelencia de la reforma peni-

tenciaria en América Latina.

Guatemala tomará en cuenta

el modelo de reforma peni-

tenciaria dominicana para

hacer los cambios carcelarios

en su país, dijo el mandatario

guatemalteco.

Fiscal general de España, Cándido Con‐de‐Pumpido.

!"6$&-);-"-5B)9&/3(1/,#/)1/)S+$#/5$"$7

*&-'+&$1-&/3).)43'$"/3)%/,/&$"/3)1/)P</&-$5H&('$)&/+,(1-3)/,)S+$#/5$"$7


La coordinadora nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia, magis‐trada Marisol Tobal, representó a la Procuraduría General de la República en la primera reunión piloto de la Red Interamericana de Cooperación Jurí‐dica y Asistencia Mutua celebrada en Washington, Estados Unidos, con el interés de formular recomendaciones de carácter general sobre los derechos de la niñez.

La Red Interamericana de Cooperación Jurídica y Asistencia Mutua en Materia de Derecho de Familia y Niñez se re‐unió en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El en‐cuentro fue coordinado aquí en el país a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En la reunión se acordó que los Es‐

tados tomen las medidas necesarias para facilitar la cooperación interna‐cional en materia de familia y niñez en las Américas, incluyendo su par‐ticipación plena y activa en la Red de Cooperación Jurídica Internacional en Materia de Familia y Niñez.

Igualmente, que los países que aún no (-'2&:&$'2#!2-' !-$+*3#,#$' (&' 4*,5&':'

MARISOL TOBAL ASISTE A ENCUENTRO EN EE.UU.

EVENTO EN SEDE DE LA OEA FUE PARA TRATAR DERECHOS DE LA NIÑEZ

EN OPERATIVOS DIRIGIDOS POR MARISOL TOBAL

La Coordinación Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia de la Procuraduría General de la República destruyó unas 74 máquinas tragamo‐nedas que fueron incautadas en col‐mados de diferentes puntos del país.La magistrada Marisol Tobal, coor‐dinadora nacional de NNA, estuvo al

frente de la demolición que se llevó a cabo en los Astilleros Navales Domini‐canos, sede de la Marina de Guerra, en Santo Domingo. Tobal, procuradora general adjunta, informó que desde el pasado mes de agosto hasta la fecha se han incautado 218 máquinas en operativos que se le‐

vantan de manera periódica en el Dis‐trito Nacional y provincias del interior del país, cumpliendo con la resolución No. 0000025 que instruye a los procu‐radores generales de Cortes de Apela‐!*?$':'3#'ccW6'&'4*+!&(#+':'4*+!&(*9&3-‐res, al igual que a todos sus adjuntos, a incautar las máquinas tragamonedas

PROCURADURÍA INCAUTA Y DESTRUYE CIENTOS DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

Marisol Tobal.


que no estén debidamente autoriza‐das por el Ministerio de Hacienda.

La resolución emitida el pasado 24 3#'&0,*('#+%&0(#!#'(&'!-$4*+!&!*?$'3#'los equipos que estén operando de manera ilegal o en aquellos lugares y/o establecimientos en los que se encuentren menores de edad.

La magistrada Tobal advirtió a aquellas personas interesadas en ese negocio, abstenerse de invertir en esos equipos ya que la Procura‐duría General de la República con‐tinuará con los operativos.

“Nuestro compromiso es con la socie‐dad y, en ese sentido, trabajamos por la integridad de la familia dominica‐na; que los niños, niñas y adolescen‐tes crezcan en un ambiente decente y tranquilo porque serán nuestros representantes en el futuro”, aseguró Tobal.

De igual forma, agradeció la colabora‐ción de la Marina de Guerra por man‐

tener siempre su disposición de alma‐cenar, vigilar y destruir los equipos.

En el operativo participaron además, el encargado del Departamento de Fis‐

calización del Ministerio de Hacienda, Orlando Franjul, y el director de los Astilleros Navales Dominicanos de la Marina de Guerra, contralmirante Luis Manolo Félix Roa.

,&%*4*!&!*?$' -' &32#+*?$6' +#=/$' +#&' #('caso, de los tratados aplicables en ma‐teria de familia y niñez, en particular las convenciones interamericanas, con #('4*$'3#'&=*(*9&,'7,-!#3*5*#$%-+'3#'!-‐operación.

Además, que la participación en la red sea lo más amplia posible, incluyendo a todos los Estados miembros de la or‐ganización y a España, y que se consi‐dere la posibilidad de posteriormente ampliar el uso de la red a otras áreas del Derecho Civil y Comercial.

W+*5*+5-6'1"#'+#' ,#&4*,5#' (&'"%*(*3&3'de las herramientas de la red, inclu‐

yendo comunicación electrónica que sirva como enlace de información en‐tre los Estados miembros.

Y que los Estados consideren, una vez concluido el proceso piloto, la institu‐cionalización de la Red mediante las Reuniones de Ministros de Justicia u otros Ministros, Procuradores o Fisca‐les Generales de las Américas (REMJA).

En la reunión se acordó que los Estados tomen las medidas necesarias para facilitar la cooperación internacional en materia de familia y niñez en las Américas, incluyendo su

participación plena y activa en la Red de Cooperación Jurídica Internacional en Materia de Familia y Niñez.

Marisol Tobal habla durante trituración de tragamonedas.


II CAMINATA CONTRA VIOLENCIA A LA MUJER CONCENTRA CIENTOS DE PERSONAS

Como una manifestación contunden‐te de que el Ministerio Público man‐%#$3,C' +"' 4*,5#9&' #$' (&' 7,-!",&' 3#'sanciones en los casos de violencia de género, la Procuraduría General de la República realizó con gran éxito su se‐="$3&'!&5*$&%&'!-$%,&'#('5&(%,&%-'4K+*‐co, verbal y psicólogico a las mujeres.

“Tolerancia Cero hacia la Violencia contra las Mujeres” fue el lema de la actividad que partió desde el kilóme‐tro 0 del Mirador Sur, y estuvo encabe‐zada por el máximo representante del Ministerio Público, Radhamés Jiménez Peña, y la secretaria de la Mujer, Ale‐jandrina Germán.

También, por el secretario de Trabajo, Max Puig; el comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la T"+%*!*&6'<*$-'dC+1"#9q' (-+' 4*+!&(#+'3#('Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, Alejandro Moscoso Segarra y Perfecto Acosta.

Asimismo, la senadora de la provincia Santo Domingo, Cristina Lizardo; la diputada Minou Távarez Mirabal; el di‐rector de la Autoridad Metropolitana de Transporte, general Rafael Bencos‐me Candelier, y la procuradora gene‐ral adjunta para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes, esta última responsa‐ble de la organización del evento junto al Ministerio de la Mujer.

La caminata se desarrolló de manera simultánea en todos los municipios para enviar un mensaje conjunto de la sociedad de que ya en el país no se per‐mitirán más abusos contra la mujer.

En la actividad participaron además, funcionarios y empleados de la Pro‐curaduría General de la República y la Secretaría de la Mujer, así como representantes de la sociedad, clubes, asociaciones y otras entidades vincu‐ladas con el tema de la violencia de género.

La caminata recorrió la avenida Ji‐ménez Moya y concluyó con un acto de cierre frente al Palacio de Justicia del Centro de los Héroes, con la actua‐ción de los artistas, Eddy Herrera y El Jeffrey.

Como presenta‐dores en la activi‐dad estuvieron los comunicadores Milagros Germán, Lidia Ariza, J.M. Hidalgo y Sergio Carlos. De igual forma, estuvie‐ron presentes la 7,*5#,&' 4*$&(*+%&'de Miss Universo 2009, Ada Aimee De La Cruz, y la c omun i c a do ra Nikauly de la Mota

El evento se rea‐lizó en ocasión de la conmemoración, el pasado 25 de noviembre, del “Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres”. En el 2008, la Procuraduría General de la República organizó, en ese mismo mes, una actividad similar.

PALABRAS DEL PROCURADOR

El magistrado Jiménez Peña dijo que la meta del Ministerio Público para el

año 2010 es llegar a instalar 22 Unidades de Atención a Vícti‐mas de Violencia en adición a las 14 que tiene a nivel nacio‐nal.

Dijo que el Ministe‐rio Público solicitará 30 años de reclusión en los casos contra hombres abusado‐res que han asesi‐nado a sus compa‐ñeras. Agregó que llegó el momento de 7-$#,' "$' 7&,-' 3#4*‐nitivo a los maltratos contra las mujeres.

“Las mujeres no son propiedad de na‐die”, enfatizó. Roxanna Reyes.

Al citar los logros alcanzados en el año 7&+&3-'3*J-'1"#'=,&!*&+'&'(&'!-$4*&$9&'

Roxanna Reyes.


y el trabajo que se realiza, las estadís‐ticas del 2009 en comparación con igual período del 2008, presentan una ,#3"!!*?$'3#'"$'[DS'3#'(-+'8#5*$*!*‐dios por causa de la violencia domés‐tica. Mientras se registran de manera

considerable denuncias por esos ca‐sos, ocupando el primer lugar la vio‐(#$!*&'7+*!-(?=*!&6'+#="*3&'3#'(&'4K+*!&'y luego la patrimonial, lo que revela que las mujeres están más empode‐radas procurando acudir al Ministerio

Público en la fase inicial del ciclo de la violencia.

Igualmente, citó el acuerdo suscrito con las universidades Iberoamericana (UNIBE) y la de Salamanca, España, para que sus estudiantes de Master en Psicología realicen como prácticas, investigaciones y estudios para la Pro‐curaduría de Asuntos de la Mujer en esta materia.

Además, el fortalecimiento de las di‐ferentes Unidades de Atención a Vícti‐mas que tiene la Procuraduría General de la República instaladas a nivel na‐cional, con la readecuación de planta 4K+*!&' :' (&' ,#&(*9&!*?$' 3#' J-,$&3&+' 3#'capacitación al personal del Ministerio Público que labora en esa área, con el apoyo del Patronato de Casos de Ayu‐da a Mujeres Maltratadas ( PACAM).

Agradeció el apoyo de empresas, me‐dios de comunicación, asociaciones y personal de la Procuraduría para la organización y realización de la acti‐vidad.Funcionarios de la Procuraduría y otras instituciones del gobierno participan de la

caminata.


MAGISTRADA ARELIS RICOURT GÓMEZI+/A)*&/3(1/,#/)1/)"$);>5$&$);(6(").);-5/&'($")1/)"$);-&#/)1/)!9/"$'(R,)1/")

Departamento Judicial de La Vega y Coordinadora de los Centros de Mediación del Poder Judicial.

[email protected]

Los Poderes Judiciales de los países latinoamericanos se han enfrentado en las últimas dos

décadas a la preocupante situación generada por los altos índices de liti‐=*-+*3&36'3#+&4K-'1"#'2&'=#$#,&3-'"$'congestionamiento en los tribunales, obligando en consecuencia a cambios y mejoras en la prestación de servicios, que han dado nacimiento a novedosos procesos de reformas y moderniza‐!*?$6'&'4*$'3#'3&,',#+7"#+%&+'&'(-+'$"#‐vos retos y exigencias de una sociedad más dinámica y compleja.

Como parte de las estrategias para poder resolver la saturación del siste‐ma, los poderes judiciales latinoame‐ricanos han adoptado la Resolución W(%#,$&'3#'A-$4(*!%-+'fBWAE'!-5-'"$&'herramienta idónea para acercar la justicia a toda la población, promo‐viendo e impulsando diferentes for‐mas de ofrecer soluciones mas rápidas y satisfactorias a los usuarios del sis‐tema judicial para la solución de sus !-$4(*!%-+;\

La República Dominicana pese a ha‐berse insertado en el proceso de re‐forma de su sistema judicial como los demás pueblos latinoamericanos, a la fecha no cuenta con una ley de reso‐("!*?$' &(%#,$&' 3#' !-$4(*!%-+' !-5-' :&'tienen implementada casi todos los países del área.

El Poder Judicialde la República Dominicana).)"$))))))))1/30+1($"(A$'(R,)1/)"-3)'-,M('#-3


El Poder Judicial).)"$))))))))1/30+1($"(A$'(R,)1/)"-3)'-,M('#-3


No tenemos una ley que nos ofrezca el soporte legal necesario para regu‐lar todo lo referente a la conciliación, mediación, arbitraje o cualquier otro de los muchos métodos alternos de so‐("!*?$'3#' !-$4(*!%-+q' +*$' #50&,=-6' 3#('estudio de nuestra legislación vigente, encontramos que los Mecanismos Al‐%#,$&%*@-+'3#'B#+-("!*?$'3#'A-$4(*!%-+'(MARC’s) no son un elemento nuevo en nuestro derecho positivo, ya que en algunas leyes están previstos como cuestiones prejudiciales, es decir, de‐ben agotarse antes de incoarse la de‐manda judicial, en otras, están previs‐tos como cuestiones previas, es decir, una fase del proceso judicial que debe ser agotada antes del conocimiento del fondo de la litis. Más aún, casi todas las legislaciones aprobadas en los últimos 10 años por nuestro Congreso Nacio‐nal consagran disposiciones, mecanis‐mos u órganos colegiados para la solu‐ción de controversias entre entidades gubernamentales o no y los usuarios.

Lamentablemente, tampoco contamos en la RD con una conciencia nacional de que también puede darse la justicia sin la presencia del Derecho. En cam‐bio, persiste la percepción equivocada, en la comunidad jurídica nacional, de que la justicia que proveen las partes mismas a través de la RAC, es de menos categoría que la que impone el opera‐dor jurídico, percepción alimentada por una sociedad enamorada de las

formas autoritarias de re‐+-(@#,'(-+'!-$4(*!%-+;'

(1) Por ello, se han efec

tuado cambios tendentes

a desjudicializar los asun

tos que conoce el sistema

judicial. Esta “desjudiciali

zacion” se ha entendido no

sólo como la posibilidad

de que los asuntos sean

resueltos por personas o

instancias distintas a jue

ces, sino también, como

la posibilidad de entregar

a los jueces facultades en

caminadas a promover

que se lleve a juicio sólo

los asuntos que realmen

te lo requieran, teniendo

cuidado de no generar

incentivos perversos que

devengan en la denegación de justicia.

Aunque en algunos países estos me‐canismos no son nuevos, la reforma ha consistido en ampliar la cantidad de asuntos que se tramitan a través de ellos. En otros países, en cambio, la re‐forma ha consistido en incorporarlos a través de leyes generales de media‐ción, conciliación y arbitraje.

Estudio comparativo AVANCE EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE DE LA REFORMA A LA JUSTICIA CIVIL, ela‐borado por Carolina Villadiego con la coordinación y supervisión de Cristian Hernández.

Los profesionales del derecho, que se #$!&,=&$'3#('5&$#J-'3#' (-+'!-$4(*!%-+'través de su saber legal, han converti‐do la conciliación en un trámite jurí‐dico adicional al proceso. En materia laboral por ejemplo, la mayor parte de las solicitudes de celebración de au‐diencia de conciliación se hacen con la 4*$&(*3&3'3#'&=-%&,'#(',#1"*+*%-':'$-'3#'+-("!*-$&,'#(' !-$4(*!%-'#$'#+%&' *$+%&$‐cia, haciendo perder tiempo, y, en mu‐chos casos dinero, a los usuarios obli‐gatorios del sistema de administración de justicia.2

Es importante reconocer que si bien la actividad que realizamos los jueces dictando sentencias es quizás lo mas trascendental de la función jurisdic‐

cional, no se puede ignorar que frente &'&(="$-+'!-$4(*!%-+'3#'K$3-(#'+-!*&('#'individual, la heterocomposición no siempre resulta ser la vía más adecua‐da. La visión debe ser la de un siste‐ma más abierto, que en primer lugar brinde a los ciudadanos la posibilidad de acceder a la tutela judicial, y en se‐gundo lugar, le proporcione acceder con el menor costo posible a un proce‐dimiento efectivo de tutela de sus de‐rechos, que permita al usuario percibir el sistema judicial como el que real‐mente le ofrece soluciones viables, que se interesa por el ser humano detrás de cada expediente, y que le oferte la oportunidad de expresar sus intereses :'3#',#+-(@#,'+"+'!-$4(*!%-+'3#'5&$#,&'4(#P*0(#':'-7-,%"$&;

Como operadores del derecho tene‐mos un deber que es facilitar y am‐7(*&,' #(' &!!#+-' &' J"+%*!*&>' "$' 3#,#!2-'humano básico. Acceso a justicia y no al sistema judicial, ya que justicia no es sólo lo que los jueces deciden, sino también, y sobre todo, lo que la gente puede decidir por si misma.3

Nuestra arraigada tradición legalista unida a una cultura que promueve el litigio, ha motivado que cada vez que +#' 7,#+#$%&' "$' !-$4(*!%-6' +#' ,#!",,&' &'los tribunales en lugar de solucionar‐lo mediante el diálogo, la negociación, la conciliación, u otro método similar. Esta actitud ha provocado que nues‐tros tribunales estén saturados y mu‐chas veces deban dedicar su tiempo a resolver asuntos triviales que podrían


solucionarse mediante formas más adecuadas que permiten el libre ejer‐cicio de la voluntad de los ciudadanos.

La última solución a la que debe llegar un ciudadano es a la judicial. El liti‐gio judicial debe constituir el último recurso cuando todas las formas de consenso, en cuanto a resolución de divergencias, se agotaron hasta lo ra‐9-$&0(#;'U#$=-'(&'4*,5#'!-$@*!!*?$'3#'que en la República Dominicana con‐tamos con todos los elementos necesa‐rios para la promoción de esta nueva cultura del diálogo, tan solo nos falta promover desde el Poder Judicial la +-("!*?$'&(%#,$&%*@&'3#'!-$4(*!%-+'5#‐diante mecanismos como la concilia‐ción, la mediación, el arbitraje, etc.

(2) Como en nuestro ordenamiento

laboral la conciliación esta inmersa

dentro del proceso jurisdiccional, por

lo general, los jueces ni los vocales tie

nen una idea correcta de cómo llevar

un verdadero proceso de conciliación,

en la práctica, se limitan a preguntarle

a las partes si tienen alguna propuesta

de arreglo, ante la negativa dan por ce

rrada la etapa conciliatoria levantando

acta de no acuerdo. En la audiencia de

conciliación el juez continúa con su rol

de juzgador y como no conoce las técni

cas que informan este proceso no tiene

por que asumir el rol de conciliador.

Lo mismo acontece con la conciliación penal. La audiencia de conciliación se ha convertido en un mero trámite, el juez considera ser su protoganista por‐que es el que ejerce el control del pro‐ceso y es él quien tiene la “autoridad”, coartándole a las partes el derecho de ventilar su emociones, sentimientos y demás aspectos relacionados con el !-$4(*!%-;'

(3) Álvarez, Gladis S, hacia un cambio

de paradigma cultural en Resolución

Alternativa de Disputas. Arbitraje y Me

diación en las Américas. CEJA – JSCA,

UANL.

Estos mecanismos tienen claras ven‐tajas frente al proceso jurisdiccional, 7-,'+"'0&J-'!-+%-6',&7*3#96'4(#P*0*(*3&36'!-$4*3#$!*&(*3&36' *57&,!*&(*3&36' 5&‐yor nivel de satisfacción de las partes, percepción de justicia, mejora las rela‐

ciones entre las partes, son autocom‐positivos pues son las partes las que +-("!*-$&$' 7-,' +*' +-(&+' #(' !-$4(*!%-' :'tiene un carácter educativo y formador de una nueva cultura de paz.

^('!-$4(*!%-'#+'"$&',#&(*3&3'!-$+"+%&$‐cial de nuestra vida y seguirá estan‐do con nosotros hasta la extinción de nuestro planeta. Nuestra sociedad no puede seguir dándose el lujo de consi‐derar el litigio como norma. La socie‐dad moderna genera demasiados con‐4(*!%-+' :' 7,-0(#5&+' 7&,&' 1"#' 7"#3&$'resolverse todos adversarialmente.

Conciente de esta realidad, el pleno de nuestra Suprema Corte de Justicia mediante resolución núm. 886 de fe‐cha 20 del mes de abril del año 2006, dio nacimiento al primer Centro de Mediación Familiar, experiencia mo‐delo que en sus tres años de existencia ha demostrado que cientos de parejas #$8,#$%&3&+'#$'@&,*&3-+'!-$4(*!%-+'1"#'afectan sus familias han logrado cam‐biar la imagen que una tenía de la otra y poner sobre la mesa la posibilidad de salidas no violentas, canalizando el diálogo entre ellas para promover la búsqueda de una solución distinta, ayudadas por un tercero imparcial, que no es juez, sino un mediador pro‐fesional del área social debidamente capacitado y entrenado para facilitar (&' !-5"$*!&!*?$' &' 4*$' 3#' 2&!#,' !#+&,'#(' !-$4(*!%-6'7,-5-@*#$3-'"$'&!"#,3-'

que surja del diálogo entre las partes, acuerdo decidido y diseñado exclusi‐vamente por ellas.

Con la implementación de esta exitosa experiencia auspiciada por el Poder Judicial dominicano, no sólo se ha de‐mostrado que la mediación es un insti‐tuto que resulta más satisfactorio para la resolución de desavenencias familia‐res que el proceso jurisdiccional, sino que a través de ella hemos brindado a nuestros usuarios un medio satisfacto‐rio para ser escuchado, ventilar todas sus emociones, percepciones y angus‐%*&+' 1"#' (-' &1"#J&$q' #$' 4*$6' "$' $"#@-'modelo de comunicación que los edu‐!&'7&,&'@#,'#('!-$4(*!%-'!-5-'"$'*$+%,"‐mento de cambio positivo para la vida en sociedad y no como algo negativo, contribuyendo así con el fomento de la autodeterminación y los valores demo‐cráticos, resaltando la dignidad de las personas.

A la luz de estos resultados, necesita‐mos replicar este modelo en toda la =#-=,&4K&'$&!*-$&(6':'((#@&,'&'!&0-'"$&'verdadera cruzada para educar y orien‐tar a los usuarios y potenciales usua‐rios del sistema, acerca de las ventajas que estos medios alternativos ofrecen frente al proceso judicial, que de se‐guro producirá un cambio de cultura y mentalidad a corto o mediano plazo, !":-'0#$#4*!*-'+#,C'"$&'&35*$*+%,&!*?$'3#'J"+%*!*&'5C+'2"5&$&6',C7*3&':'#4*!&9;


JUSTICIA ADMINISTRATIVA Y ESTADO DE DERECHO

OLIVO RODRÍGUEZ HUERTASAbogado Constitucionalista y Especialista en Seguridad Social &-1&(%+/A-"(6-V%5$("7'-5

El control jurisdiccional de la actuación de los poderes públicos, y en especial de la Administración del Estado, es una pieza fundamental, es un presupuesto indispensable, para la existencia del Estado de Derecho, ya que de nada

valdría la sumisión de la Administra‐ción al ordenamiento jurídico, si no se cuenta con instrumentos jurisdicciona‐les que garanticen la efectividad de los derechos de las personas cuando sean transgredidos por la autoridad pública.En la República Domini‐

cana es a partir del año 1947 que se establece un órgano jurisdiccional de alcance nacional e instan‐cia única, denominado Tribunal Superior Admi‐,(3#&$#(6-B)/,'$&%$1-)de conocer las contro‐6/&3($3)Q+/)3+&0$,)/,#&/)las personas y la

administración, por los actos administrati‐6-3)Q+/)/5(#$)y los contratos $15(,(3#&$#(6-3)

que suscriba.


Existen varios modelos de control de la &!%*@*3&3'&35*$*+%,&%*@&'3#('^+%&3->'#('de separación jurisdiccional de origen francés, que pone a cargo de tribunales fuera del Poder Judicial el control de la Administración; el que pone a cargo de los tribunales ordinarios ese control; y el que instituye tribunales especiales ubicados institucionalmente dentro de la órbita del Poder Judicial el control contencioso administrativo. Este últi‐mo sistema es el que prevalece en la mayor parte de los países que siguen la tradición continental europea de derecho administrativo, entre los que 4*=",&6' #$' (&' &!%"&(*3&36' (&' B#7/0(*!&'Dominicana.

I. ORIGEN DE LA JUSTICIA ADMINISTRATIVA

La propuesta de Reforma Constitu‐cional presentada por ante el Poder Legislativo por el Presidente Leonel Fernández, ha desempolvado un viejo mito surgido en la Revolución France‐sa, el de la justicia administrativa y la separación de poderes, a propósito de

crear una jurisdicción administrativa paralela y sin vínculo alguno con el más alto órgano del Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, para el juz‐gamiento de los actos del “Poder”.

El origen de ese mito se sustentó, en el temor que los revolucionarios france‐ses tuvieron respecto del papel jugado 7-,'(-+'.&,(&5#$%-+'T"3*!*&(#+'&('4*$&('del ancien regime, no por el ejercicio de la función jurisdiccional, sino por‐que estos, como ha señalado Jacques Chevalier, además de su función natu‐ral, participaban de la función legislati‐va a través del registro de las ordenan‐zas reales, se atribuyeron el derecho de hacer reglamentos en materias que interesaban al orden público, y citaban a los agentes administrativos del Rey para darles instrucciones.

La manera en que los revolucionarios reaccionaron frente a esa desnaturali‐zación del Poder Judicial por parte de los Parlamentos Judiciales se plasmó en la famosa Ley del 16‐24 de agosto de 1790, que dispuso que “las funcio‐nes judiciales son distintas y se man‐

tendrán siempre separadas de las fun‐ciones administrativas; los jueces no podrán bajo pena de abuso de funcio‐nes, obstaculizar en modo alguno la ac‐tividad de los cuerpos administrativos, ni convocar ante sí a los administrado‐res por causa de sus funciones”, dando surgimiento al principio de la separa‐ción de las autoridades administra‐tivas y jurisdiccionales, que como ha señalado la respetable doctrina fran‐cesa de ninguna manera prohibía a los tribunales conocer el contencioso de la administración, sino solamente con‐4*&,' (&+'8"$!*-$#+'J"3*!*&(#+'&'?,=&$-+'ejecutivos o legislativos y las funciones ejecutivas al legislador o a los órganos judiciales.

En una impresionante obra denomina‐da “La autoridad judicial y el conten‐cioso de la administración. Vicisitudes de una ambición”, el administrativista francés Gregoire Bigot indica que la desnaturalización del principio de se‐paración de las autoridades adminis‐trativas y jurisdiccionales, y la exclu‐+*?$' 4*$&(' 3#' (-+' %,*0"$&(#+' J"3*!*&(#+'en el contencioso de la administración, es el producto de la ambición política y el autoritarismo de la Administración napoleónica que, bajo el pretexto de Y4*$*,' (&'Br@-("%*-$b'$#!#+*%&0&' &3-7‐tar un conjunto de medidas, como la de posibilitar las ventas de los bienes nacionales, impedir la revisión de las medidas sancionatorias impuestas a (-+' #5*=,&3-+6' !-$4*,5&,' (&' $&!*-$&‐lización revolucionaria de las deudas adscritas a los bienes de fundaciones, iglesias y municipios que fueron con‐4*+!&3-+' &(' *$*!*-' 3#' (&' B#@-("!*?$6'emprender la realización de grandes obras públicas, todo sin sufrir “a los ojos del poder, de la intervención de los tribunales” (Bigot), dando surgi‐miento así a la justicia administrativa, primero en forma de justicia retenida, y posteriormente como justicia dele‐gada en 1872, a cargo del Consejo de Estado.

De ahí que, el administrativista francés Jean Rivero, con precisión de maes‐


%,-'2&' #+!,*%-6' ,#4*,*V$3-+#' &('5-3#(-'de separación jurisdiccional que “la jurisdicción administrativa no es una necesidad; hay países que no la tienen.En Francia ella nació de un conjunto de circunstancias históricas; y ha so‐brevivido por razones prácticas”. Y el decano George Vedel no se ha quedado &%,C+>'Y^$'#('%#,,#$-'3#'(&'(?=*!&6'#('2#‐cho de que en un proceso en que estu‐viera implicado el poder ejecutivo (es decir, la Administración desde el punto de vista que nos interesa) fuese juzga‐do por un tribunal judicial no consti‐tuiría en modo alguno una intromisión del poder judicial en el ejercicio del poder ejecutivo. El juez está encargado de declarar el Derecho y de asegurar la aplicación de la ley, y su intervención no tendría el carácter de una invasión, siempre que se atuviese a los términos de su misión”.

En la mayor parte de los países del mundo, y en América Latina, con ex‐cepción de Colombia y Uruguay, la justicia administrativa constituye una jurisdicción especializada ubicada ins‐titucionalmente dentro del Poder Judi‐cial y sujeto a la casación a cargo de la Suprema Corte de Justicia.

La introducción de este viejo anacro‐nismo en una Constitución del Siglo eeX6'+?(-'+#'#P7(*!&'3#$%,-'3#'"$'!-$‐texto que procura debilitar el Poder del

Estado que ha tenido mayores avances institucionales en la última década, entre los que se encuentra el control jurisdiccional de la Administración, a través del contencioso administrativo, de las acciones de amparo y del control concentrado de constitucionalidad.

II. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Las Constituciones Dominicanas, des‐de 1844 hasta la fecha, han tratado el tema del control de la actuación admi‐nistrativa del Estado, responsabilidad que ha sido compartida entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo.

Desde la Constitución de 1844, hasta la Reforma Constitucional de 1872, correspondía a la Suprema Corte de Justicia conocer las controversias que se suscitaran en ocasión de los contra‐tos suscritos por el Poder Ejecutivo y sus agentes. Asimismo, en ese mismo período, los litigios interadministrati‐vos, entre el Estado y las reparticiones territoriales como las Comunas, eran dirimidas por el Poder Legislativo. Las Constituciones de febrero de 1852 y la de 1872, conferían además al Poder Legislativo la potestad de resolver to‐3&+'(&+'3*4*!"(%&3#+'-'!"#+%*-$#+'3#'3#‐recho público que se suscitaran en la marcha de la Administración.

Desde la Constitución de 1875 hasta la Constitución de 1907, los litigios contencioso administrativo eran de la competencia del Poder Legislativo, y cuando éste estuviera en receso, esa competencia la ejercía la Suprema Corte de Justicia. Las Constituciones de 1924, 192, 1929 y 1934, otorgaron competencia a la Suprema Corte de Justicia para dirimir los litigios inte‐radministrativos.

A partir de la Reforma Constitucional de 1942, y hasta la fecha, las Constitu‐ciones que nos han regido han estable‐cido que es facultad del Congreso crear o suprimir tribunales para conocer de los asuntos contencioso administra‐%*@-6'(-'1"#'$-'+*=$*4*!&'1"#'(&'A-$+%*‐tución dominicana consagre el modelo francés de separación jurisdiccional, como algunos han sostenido, sino que por el contrario esa previsión se corresponde con la necesidad de que sean tribunales especiales, y no los tri‐bunales ordinarios, los que conozcan las controversias contencioso‐admi‐nistrativa, pero ubicados éstos, en el único Poder del Estado con facultad jurisdiccional, que es el Poder Judicial.

III. TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO En la República Dominicana, es a partir del año 1947 que se establece un órga‐no jurisdiccional de alcance nacional e instancia única, denominado Tribunal Superior Administrativo, encargado de conocer las controversias que surjan entre las personas y la administración, por los actos administrativos que emi‐ta y los contratos administrativos que suscriba.

El modelo de justicia administrativa contenido en la Ley 1494, de 1947, es el de justicia retenida, ya que los jueces del Tribunal Superior Administrativo serían designados por el Poder Ejecu‐tivo, y sus decisiones no se encontra‐ban sujetas al control de casación por parte de la Suprema Corte de Justicia. En otras palabras, el Tribunal Superior Administrativo no era un tribunal del


orden judicial[1], por lo que es a par‐tir del pasado año 2007[2], con la pro‐mulgación de la Ley 13‐07, cuando la universalidad de las actuaciones de la administración pública son controla‐das por un órgano jurisdiccional ubi‐cado institucionalmente en el ámbito del Poder Judicial, como lo es el Tribu‐nal Contencioso Tributario y Adminis‐trativo.

La Ley 1494, de 1947, siguiendo el modelo de la Ley Española de Santa‐maría de Paredes de 1888, establece los requisitos para que las personas puedan interponer los recursos con‐tenciosos administrativos por ante el Tribunal Superior Administrativo, con excepción de la impugnación de los actos discrecionales, por desviación de poder, que el régimen dominicano, a diferencia del español, consagró de forma expresa.

La Ley 13‐07, denominada “Ley de Transición hacia el Control Jurisdic‐cional de la Administración”, ha consti‐tuido una reforma trascendental para la efectiva protección de los derechos de las personas y el fortalecimiento del Estado de Derecho en la Repúbli‐ca Dominicana, ya que pone a cargo de órganos jurisdiccionales ubicados en el Poder Judicial el control contencioso administrativo[3], y de los recursos de amparo frente a los actos de las autori‐dades públicas que vulneren derechos fundamentales[4]; elimina el requisito de la obligatoriedad de agotar la vía administrativa para acceder a la jus‐ticia administrativa, convirtiendo los recursos administrativos en potesta‐tivos para el ciudadano afectado[5]; y ampliando el radio de competencia de la jurisdicción contenciosa admi‐nistrativa, para extenderla a las ac‐ciones en materia de responsabilidad patrimonial de las entidades públicas y sus funcionarios, los casos de vías de hecho administrativa, de expropia‐ción forzosa, así como del control de los actos de las personas públicas no #+%&%&(#+6'3#'5&$#,&'#+7#!K4*!&6'3#'(&+'Corporaciones Profesionales cuando actúen investidas de prerrogativas de

poder público[6].

Es importante resaltar que esta recien‐te reforma legislativa, procura, ade‐más, la efectividad de las decisiones de la justicia contenciosa administra‐tiva[7], haciendo efectivo el derecho fundamental a la tutela cautelar, esta‐bleciendo un adecuado sistema de me‐didas cautelares[8] a cargo del Presi‐dente del Tribunal, las que pueden ser solicitadas aún antes de la interposi‐ción del recurso contencioso adminis‐trativo[9]; las solicitudes de adopción de medidas cautelares que sean inter‐puestas frente a los actos administra‐tivos de naturaleza sancionadora pro‐ducen un efecto suspensivo sobre el acto sancionador; y, en adición, la de‐manda en suspensión de ejecución de sentencia interpuesta ante la Suprema Corte de Justicia, contra las decisiones adoptadas por el Tribunal Contencioso Tributario y Administrativo o del Pre‐sidente o de una de sus salas en ma‐teria de medidas cautelares, no tienen efecto suspensivo[10].

Un aporte importante realizado por la jurisprudencia, mucho antes de ser dictada la Ley 13‐07, lo constituyó la declaratoria de inconstitucionalidad

del solve et repete, como requisito de admisibilidad del recurso contencioso administrativo. El primero en pronun‐ciarse al respecto, por vía de excep‐ción, lo fue el Tribunal Contencioso Tributario[11]. Posteriormente, la Su‐prema Corte de Justicia, en funciones de control concentrado de constitu‐cionalidad expulsó del ordenamiento jurídico los artículos del Código Tri‐butario que contenían la exigencia del previo pago[12].

En adición al control jurisdiccional de la administración, a través del conten‐cioso administrativo y de los recursos de amparo, a cargo del Tribunal Con‐tencioso Tributario y Administrativo, los actos normativos del Poder Ejecu‐tivo y de las demás autoridades públi‐cas, se encuentran sujetos al control concentrado de constitucionalidad a cargo de la Suprema Corte de Justicia, en virtud de la interpretación que la justicia constitucional[13] ha realiza‐do del Artículo 67, numeral 1, parte in 4*$#'3#'(&'A-$+%*%"!*?$'3#'(&'B#7/0(*!&;

[1] Estas funciones jurisdiccionales les

fueron traspasadas en el año 1954, a

la Cámara de Cuentas de la República,

que es el órgano constitucional de con


!"#$%&'()(*'+"#%+,!+"(#%-+$%./!)-#0%*12#/%miembros propone al órgano que desig

na, que es el Senado de la República.

[2] Es importante aclarar varias co

sas. Desde el año 1954, las decisiones

de la Cámara de Cuentas, en funciones

de Tribunal Superior Administrativo,

eran susceptibles de Recurso de Casa

ción ante la Suprema Corte de Justicia.

Asimismo, el Código Tributario con

tenido en la Ley 1192, creó el Tribu

nal Contencioso Tributario, que forma

parte del Poder Judicial, encargado de

conocer las controversias entre los con

tribuyentes y los órganos de la adminis

tración tributaria. Asimismo, mediante

una sentencia de la Suprema Corte de

Justicia del año 1999, se otorgó compe

tencia a los juzgados de primera instan

cia, para conocer de los recursos de am

paro frente a actos de la administración

que vulneren derechos fundamentales

de las personas, constituyendo este re

curso un mecanismo a través del cual se

obtenían las medidas cautelares frente

a la administración.

[3] Estos órganos jurisdiccionales son el

Tribunal Contencioso Tributario y Ad

ministrativo, y los Juzgado de Primera

Instancia, que conocen del contencioso

administrativo municipal.

[4] Artículo 1. Traspaso de Competen

cias. Se dispone que en lo sucesivo las

competencias del Tribunal Superior

Administrativo atribuidas en la Ley

No. 1494, de 1947, y en otras leyes, así

como las del Tribunal Contencioso Ad

ministrativo de lo Monetario y Finan

ciero, sean ejercidas por el Tribunal

Contencioso Tributario instituido en la

Ley 1192, de 1992, el que a partir de la

entrada en vigencia de la presente ley

se denominará Tribunal Contencioso

Tributario y Administrativo.

[5] Artículo 4. Agotamiento facultativo

vía Administrativa. El agotamiento de

la vía administrativa será facultativo

para la interposición de los recursos,

contencioso administrativo y conten

cioso tributario, contra los actos admi

nistrativos dictados por los órganos y

entidades de la administración pública,

+,*+3!#%+(%4)!+"')%-+%/+"5'*'#%*'5'$%2%*)rrera administrativa.

[6] Párrafo del Artículo 1 de la Ley 13

07.

[7] Hay que reconocer que la Cámara

de Cuentas en funciones de Tribunal Su

perior Administrativo otorgó medidas

cautelares en el curso de la instrucción

de procedimientos contencioso admi

('/!")!'5#0% )% 3+/)"% -+% 61+% (#% +,'/!7)%1(%!+,!#%61+%-+%8#"4)%+,3"+/)%$)/%3"+viera. En una sentencia del 10 de sep

tiembre del año 2002, señaló que “es de

principio que para que la suspensión

provisional de la ejecución de un acto

administrativo tenga lugar es nece

sario la reunión de los siguientes ele

mentos: 1) que el acto impugnado sea

ejecutorio por su propia naturaleza;

2) que su ejecución sea susceptible de

causar al solicitante de la suspensión

perjuicios graves; 3) que los motivos en

que se apoya la solicitud de suspensión

tengan carácter de seriedad”.

[8] Artículo 7. Medidas Cautelares. El

recurrente podrá solicitar, en cualquier

momento del proceso, por ante el Pre

sidente del Tribunal Contencioso Tri

butario y Administrativo, la adopción

de cuantas medidas cautelares sean

necesarias para asegurar la efectividad

de una eventual sentencia que acoja el

recurso contencioso administrativo o

contencioso tributario. Esta petición se

someterá mediante instancia separada

del recurso principal. Una vez recibida,

el Presidente del Tribunal, o el de una

de sus Salas que designe mediante auto,

convocará a las partes a una audiencia

pública que celebrará dentro de los cin

*#%9:;%-7)/%/'<1'+(!+/0%)%$#/%&'(+/%-+%+/cuchar sus argumentos y conclusiones,

debiendo fallar el asunto en un plazo no

mayor de cinco (5) días.

Párrafo I. Requisitos para la adopción de Medidas Cautelares. El Presidente

del Tribunal Contencioso Tributario y

Administrativo, o el de una de sus Salas,

adoptará la medida cautelar idónea

siempre que: (a) Pudieran producirse

/'!1)*'#(+/% 61+% '43'-'+"+(%#% -'&'*1$!)ren la efectividad de la tutela que pudie

ra otorgarse en la sentencia; (b) De las

alegaciones y documentos aportados

por el solicitante, sin prejuzgar el fondo

del asunto, parezca fundada la preten

sión; y (c) No perturbare gravemente el

interés público o de terceros que sean

parte en el proceso. Si de la medida


cautelar pudieran derivarse perjuicios

3#-"=% +,'<'"/+% $)% *#(/!'!1*'>(% -+% 1()%garantía o acordarse las medidas que

sean adecuadas para evitar o paliar di

chos perjuicios. En este caso la medida

cautelar adoptada no se llevará a efecto

hasta que se acredite el cumplimiento

de la garantía.

[9] Párrafo IV, del Artículo 7. Medidas

cautelares anticipadas. Las medidas

cautelares podrán ser solicitadas al

Presidente del Tribunal Contencioso

Tributario y Administrativo, antes de

iniciarse el proceso contencioso admi

nistrativo. En caso de que la medida

cautelar sea concedida, el recurso con

tencioso administrativo o contencio

so tributario deberá presentarse en el

plazo previsto en esta ley; de lo contra

rio, se ordenará su levantamiento y se

condenará a la parte solicitante al pago

de las costas. En caso de que el adminis

trado haya interpuesto recurso en vía

administrativa el plazo para interponer

el recurso contencioso administrativo

#%*#(!+(*'#/#% !"'?1!)"'#0%)% $#/% &'(+/%-+%este párrafo, se computa a partir del

momento en que se haya agotado la vía

administrativa.

[10] En la práctica judicial dominica

na esta previsión de la Ley 1307, ha

sido de capital importancia, ya que el

Tribunal Contencioso Tributario y Ad

ministrativo juzga en instancia única,

y un mecanismo al que con frecuencia

acudía la autoridad para hacer inefec

tiva la tutela judicial conferida al bene

&'*')"'#% -+% $)% -+*'/'>(0% +")% "+*1""'"% -+%manera inmediata, en casación, la sen

tencia y demandar, al mismo tiempo,

la suspensión de la ejecución, con cuya

(#!'&'*)*'>(%)1!#4=!'*)4+(!+%61+-)?)%suspendida en virtud del artículo 12 de

la Ley de Procedimiento de Casación do

minicana.

[11] Sentencia del 9 de enero de 1988.

[12] Sentencia del 10 de mayo de 2006.

[13] “Considerando, que si bien es cierto

que el artículo 67, inciso 1, de la Cons

titución de la República menciona sólo

a las leyes como el objeto de la acción

en inconstitucionalidad por vía directa

ante la Suprema Corte de Justicia, lo

que ha servido de base para la posición

hasta ahora mantenida, restringida a

los actos propiamente legislativos del

Congreso Nacional, no es menos va

ledero que cuando el artículo 46 de la

misma Constitución proclama que son

nulos de pleno derecho toda ley, de

creto, resolución o acto contrarios a

esta Constitución, está dando apertura

indudablemente al sistema de control

difuso de la constitucionalidad, o sea,

+$%61+%#3+")%4+-')(!+% $)%+,*+3*'>(%-+%inconstitucionalidad en el curso de una

controversia judicial entre partes, como

medio de defensa; que al consagrar la

Asamblea Revisora de la Carta Magna

en 1994, el sistema del control concen

trado de la constitucionalidad, al abrir

la posibilidad de que el Poder Ejecutivo,

los Presidentes de las Cámaras del Con

greso Nacional o una parte interesada,

pudieran apoderar directamente a la

Suprema Corte de Justicia, para conocer

de la constitucionalidad de las leyes, es

evidente que no está aludiendo a la ley

en sentido estricto, esto es, a las disposi

ciones de carácter general y abstracto

aprobadas por el Congreso Nacional y

promulgadas por el Poder Ejecutivo,

sino a la norma social obligatoria que

emane de cualquier órgano de poder re

conocido por la Constitución y las leyes

pues, aparte de que el artículo 46 de la

@#(/!'!1*'>(% (#% A)*+% +,*+3*'>(% ('% -'/tinción al citar los actos de los poderes

públicos que pueden ser objeto de una

acción en nulidad o inconstitucionali

dad, la Suprema Corte de Justicia, como

guardiana de la Constitución de la Re

pública y del respeto de los derechos

individuales y sociales consagrados en

ella, está en el deber de garantizar, a

toda persona, a través de la acción di

recta, su derecho a erigirse en centinela

de la conformidad de las leyes, decretos,

resoluciones y actos en virtud del prin

cipio de la supremacía de la Constitu

ción”. Sentencia de la Suprema Corte de

Justicia del 6 de agosto de 1988.

Aspectos tratados por Olivo A. Rodríguez Huer‐tas en el Foro FINJUS‐HOY. 5 noviembre 08


Exposición de República Dominicana ante XI CONFERENCIA DE LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE PRISIONES Y CORRECCIONES, ICPA. BARBADOS

DEL ENCARCELAMIENTOAL SISTEMA DE CORRECCIÓN

HENRY GARRIDOInspector General de Prisiones

ROBERTO SANTANADirector del Modelo Gestión Penitenciaria y de la Escuela Nacional Penitenciaria

MANUEL DE JESÚS PÉREZ SÁNCHEZDirector General de Prisiones

La autoridad máxima del sistema peni‐tenciario dominicano es el procurador general de la República, doctor Rad‐hames Jiménez Peña. El inspector ge‐neral de prisiones, es independiente, y solo se reporta al Procurador gene‐ral. El director del Modelo de Gestión Penitenciaria, MGP, llamado el Nuevo Modelo o sistema correccional, y el di‐rector general de prisiones, dependen

directamente del despacho del procu‐rador general.

OBJETIVO GENERAL: Completar el proceso de transformar las viejas pri‐siones militares y policiales en Centros de Corrección y Rehabilitación, mane‐jada por personal civil, en los próximos cuatro años.

GENERALIDADES

B>#;9$>#:%;>: población penitenciaria de 19,100 internos.

Nuevos CCR’s: 13 (3 de ellos femeni‐nos con área infantil).

Preventivos:'RDS;'G#$%#$!*&3-+>'[FS;''''

Henry Garrido Manuel de Jesús Pérez Sánchez. Roberto Santana


s$3*!#' 3#' B#*$!*3#$!*&' #$' AABt+>'[u\ZS;' fB#&,,#+%&3-+' :' ,##$!&,!#(&‐dos. criterios)

Número de establecimientos del sistema: 42 (masculino 32, femeni‐nos, 9 menores, juveniles 7).

Internos extranjeros:'R;Q'SA;@;%:9;9)(C:%:;')del sistema: 10,159Nivel de ocupación:'\``SFemeninas: [;Z'SJuveniles/menores:'D;[S'

I. NUEVO MODELO

Hace cinco años, comenzamos el pro‐ceso de transformar el sistema de encarcelamiento al correccional. Por decreto del presidente, Leonel Fernán‐dez, las viejas instalaciones militares y de policía con internos en prisión (el encarcelamiento) comenzaron a +#,' %,&$+8-,5&3-+' 4K+*!&5#$%#6' :' #('nuevo personal civil, fue traído para proteger a los internos y para traba‐jar sobre programas de rehabilitación. Este personal es graduado en la Es‐cuela Nacional Penitenciaria, después de un año de cursos intensivos sobre diferentes materias. Ellos tienen que estar graduados de bachillerato, no te‐

ner más de 25 años, ningún historial militar o policial, y ellos son examina‐dos en diferentes pruebas psicológi‐cas. Los nuevos Centros son llamados Centros de Corrección y Rehabilitación (CCR’S).

II.NUEVOS CCR’s

Hemos convertido doce cárceles tra‐

3*!*-$&(#+' #$' AABjG;' G"+' $-50,#+' :'fechas de apertura aparecen a conti‐$"&!*?$>

1. San Felipe de Puerto Plata (4 /4/ 04)2. Najayo Mujeres (21‐3‐05), 3. Elías Piña (8‐ Feb.‐ 06),4. Haras Nacionales (11‐Dic ‐05),5. Dajabón (19‐12‐05),

Delegación dominicana ante la XI Conferencia de la ICPA en Barbados, encabezada por el procurador Radhamés Jiménez, Manuel de Jesús Pérez Sánchez, Roberto Santana; Abraham Selman y Fray Arístides Jiménez Richardson, del Patronato Nacional Peniten‐ciario; Henry Garrido; Jenny Tiburcio, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos; Lino Vásquez, comisionado de Justicia; !1-"C-)L/&&$#$B)1(&/'#-&);;F)O(3#$)$")O$""/W)X35$/")*$,($%+$B)3+<)1(&/'#-&)1/")2S*B)/,#&/)-#&-3B)0+,#-)$)I$6(/&)Y+3#$5$,#/B)6('/9&/‐sidente para América Latina de la ICPA

81)Z-A,($[B)1(&/'#-&)/0/'+#(6-)1/)"$)P;*!B).)\/,&.)S$&&(1-7


6. Rafey Mujeres (6‐ Feb‐06), 7. Rafey Hombres (31‐7‐06)8. Mao (6‐ 6 ‐06)9. Monte Plata (8‐Agosto‐ 06)10. Vista al Valle, SFM (17‐6‐ 08).11. San Pedro Macorís (25‐06‐09)12. Moca, La Isleta (a inaugurarse

Nov. 5, 2009)13. Bani Femenino (a inaugurarse

feb., 2010)

Nuestro plan estratégico establece que las prisiones tradicionales restantes, (23 establecimientos), serán trans‐formadas en CCR’S en los próximos cuatro años. El experto británico en prisiones, Nicholas Brooke, ha esta‐do aconsejando desde el principio de todo el proceso de transformación.

II. JUSTICIA RESTAURATIVA

Tenemos un sistema de ayuda judicial apoyada por la vía del Estado para ayudar a los internos, a los cuales se les llama Defensores Públicos, creados por la ley 277‐04. Tenemos más de 200 defensores públicos.

Se espera que se ampliará este núme‐,-;' <&' -4*!*$&' 3#(' 7,-!",&3-,' =#$#,&('2&'!,#&3-'(&'L4*!*$&'3#'W%#$!*?$'&'(&+''Víctimas para ayudar a víctimas, don‐de un equipo multidisciplinario profe‐sional es responsable a esto.

III. CONDICIONES DE CCR’s

Ningún hacinamiento, pero regíme‐nes útiles, respeto para los individuos y sus derechos humanos. Las normas

de decencia, ningún prisionero analfa‐beto, la tasa de reincidencia de (3–10 S6' &7(*!&$3-' !,*%#,*-+' 3#' ,#&,,#+%-' :'de reencarcelacion), habilidades de trabajo, el contacto con familia. Pro‐gramas de educación conectados con -4*!*$&+' 3#(' ^+%&3-' :' "$*@#,+*3&3#+;'Ampliamos los sistemas de liberación limitada, tenemos libertad condicional a cargo del juez ejecutor de la pena, vamos a presentar proyecto de ley para la libertad bajo parole.

IV. OBJETIVO ENCARCELAMIENTO

Nelson Mandela dijo “Que para real‐

mente conocer un país uno tiene que conocer sus prisiones”.

El objetivo es de ofrecer al individuo las oportunidades de cambiar, adqui‐rir habilidades, cambiar su comporta‐miento y acciones.

“En la mayoría de las sociedades, las personas son enviados a la prisión como un castigo no para el castigo “ (Nicholas Brooke, R.D, 98).

V. NORMAS INTERNACIONALES,

Somos signatarios de tratados de las Naciones Unidas para proteger los De‐rechos Humanos de aquellos encarce‐lados, asegurar que ellos no son abu‐sados, y que la tortura está proscrita, como las Normas Mínimas de las Na‐ciones Unidas para el Tratamiento de los privados de Libertad, y las normas son sujetadas al escrutinio público de defensores públicos, periodistas, abo‐gados, asociación de psicólogos, jueces de ejecución de la pena, visitantes in‐ternacionales, iglesias, etc.

El Gran Patronato, creado por el Pro‐curador General, en 2007, es integrado por el Cardenal de la Iglesia Católica, empresarios, periodistas, medios de


comunicación nos acompañan en es‐tos procesos.

VI. INSPECTOR DE PRISIONES

^+%&'-4*!*$&'8"#'!,#&3&''7-,'"$'3#!,#%-'del Presidente, Leonel Fernández, en Noviembre 2006, por la recomenda‐ción del Procurador General, doctor Radhamés Jiménez Peña. Los proce‐

dimientos de inspección protegen los derechos de prisioneros y sus familias, ellos aseguran que los procedimientos apropiados existen y que ellos son ob‐servados por el personal y las autori‐dades apropiadas. La inspección tam‐bién salvaguarda el personal, tratando con las alegaciones de maltrato o el comportamiento impropio.

Las inspecciones son realizadas por un cuerpo de cuatro profesionales (abogado, psicólogo, educador, administrador). El inspectorado es independiente del sistema de la prisión y de las autoridades que controlan las prisiones. Los inspec‐tores se reportan al Procurador General de la Republica. Tienen el acceso libre y sin trabas a la institu‐ción, permiso para hablar y escu‐char a los prisioneros y personal '-,41/,'($"5/,#/B)1/</,)G$'/&)un informe sobre todo lo qué

-<3/&6$,).)/,'+/,#&$,B)&/9-&#$,)las buenas y las malas, los informes 3-,)/,6($1-3)9-&)'-&&/-)/"/'#&R,(‐co a todo el sistema penitenciario, .))+3#/1)9+/1/)6/&)'-,)5$3)1/#$""/)"$3)$'#(6(1$1/3)1/3$&&-""$1$3B)Q+/)son publicadas en la Web de la Procuraduría General (www.pro‐'+&$1+&($7%-671-B)"(,[)P,39/'#-&D$)General de Prisiones, de reciente

creación.

El procurador general vía la inspec‐toría de prisiones, ha integrado al sistema penitenciario al Colegio de Psicólogos y a los defensores públi‐cos. Ellos están autorizados a visitar los centros penitenciarios cualquier día y trabajar junto a los operadores

NUEVO MODELO VIEJO MODELO

Población % Población %

Hombres 2,469 `F;[S 15,225 ]`;FSMujeres 360 \D;FS 197 \;[SPreventivos 1,490 _D;FS 9,783 R[;QSCondenados 1,339 QF;[S 5,639 [R;RSTotal 2,829 \_;_S 15,422 `Q;_SPorcentajes de los totales por sexo y condición jurídica

Hombres Mujeres Preventivos Condenados

N. Modelo \Q;ZS RQ;RS \[;DS \];DSV. Modelo `R;ZS [_;QS `R;`S `Z;`STotal \ZZ;ZS \ZZ;ZS \ZZ;ZS \ZZ;ZS

Sistema Correccional Vs. Sistema Encarcelamiento


del sistema. Ellos pueden expresar sugerencias, quejas, colaboraciones, y les prestamos las atenciones debidas e inmediatas, para mejorar cualquier as‐pecto. Estamos abiertos a la sociedad civil y las asociaciones de derechos humanos, a la prensa nacional e inter‐nacional, etc., quienes pueden visitar cualquier establecimiento y reportar y grabar. La independencia, transparen‐cia, objetividad, la ética son principios rectores de la inspectoría.

EL PATRONATO NACIONAL PENITENCIARIO. Creado por el procurador general de la República, doctor Radhamés Jiménez Peña, en 2007, está integrado por el Cardenal de la iglesia católica, monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, empresarios, comunicadores sociales y medios de comunicación, quienes patrocinan y vigilan el proceso correccional.

Pero existe libertad de cultos en el sis‐tema, pues así lo consagra la Constitu‐ción.

VII. SISTEMA DE JUSTICIA CRIMINAL

La policía, está involucrada en la pro‐tección del público, la detección de crimen y la detención de aquellos sos‐pechados de crimen; la agencia de pro‐cesamiento, la judicatura, los defenso‐res públicos, los ministerios públicos, para persecución del crimen, y el ser‐vicio penitenciario, para custodiar. Todos estos componentes trabajan juntos aún con un grado de indepen‐dencia el uno del otro; sus papeles son diferentes. Todas las partes del siste‐ma trabajan juntos, profesionalmente.

VIII. PERSONAL PROFESIONAL DE PRISIÓN

El personal del CCR es profesional, ellos son reclutados y desplegados con entrenamientos continuos, ellos cono‐cen sus responsabilidades, sus debe‐res y los límites de su autoridad.

Ellos no son guardias, su papel es man‐tener la seguridad de la prisión y sus internos.

Los trabajadores sociales forman un

elemento de su trabajo, ellos tienen el conocimiento de psicólogos. Ellos tie‐nen que entender la ley y los límites de su autoridad y los estatutos conforme a los cuales ellos funcionan.

IX. DEL ENCARCELAMIENTO AL SISTEMA CORRECCIONAL

La privación de libertad, en su forma más simple es el encarcelamiento, no hace a la gente mejor. Los dominica‐nos comenzamos a movernos hacia los centros de Corrección, reconociendo que muchos prisioneros realmente de‐sean hacer algo mejor y aprovecharán oportunidades, de mejorar su educa‐ción, empleo y habilidades de trabajo, realmente desean liberarse del apre‐%?$'3#'&4*!*?$':'#$'!*#,%-+'!&+-+'2&!#$'reparaciones para sus actos pasados tiene un registro bueno de éxito.

“Se debe recordar que la noción de en‐carcelamiento es básicamente un eu‐ropeo, la mayor parte de sociedades en África y las Américas no tenían ningún concepto de encarcelamiento hasta el advenimiento de colonialismo “ (Ni‐cholas Brooke, D.R. 98).

Un modelo Correccional implica que

hay respeto para un individuo, que los derechos humanos serán respetados y esto proporcionarán oportunidades para el cambio. Los japoneses tiene "$&' 4*(-+-4K&' 3#!(&,&3&' YW0-,,#!#,' #('crimen, no al criminal”. (Nicholas Bro‐oke, R. D, 98).

X. CASAS DE REHABILITACIÓN

Seguimos el proceso correccional des‐pués de la liberación. Nuestro sistema Correccional está basado en los prin‐cipios de seguridad y rehabilitación, donde varias agencias, tanto el trabajo estatal como voluntarios juntos para un objetivo común, que es la reducción de comportamiento criminal. Después la asistencia penitenciaria por Casas Redentor (12) manejado por la iglesia :'&7-:&3&'7-,' (&' -4*!*$&'3#('.,-!",&‐dor General.

El Jefe del sistema penitenciario es el Procurador General, teniendo como una de las prioridades principales; la reducción de la población de la prisión.

“El trabajo de un servicio Correccional debe pre

parar a la gente para la libertad “. (Nicholas Bro

oke, D.R., 98).

El procurador Radhamés Jiménez Peña, Tony Cameron, presidente de la ICPA; Ed Z-A,($'[B)1(&/'#-&)/0/'+#(6-)P;*!W)!<&$G$5)L/"5$,B)1/")*$#&-,$#-)?$'(-,$")*/,(#/,‐ciario; Manuel de Jesús Pérez Sánchez, Henry Garrido, Lino Vásquez Sámuel e Ysmael Paniagua.


Desde principios de febrero, mes de la patria, circulan varias versiones de la nueva Constitución, mientras el Mi‐nisterio de Educación anuncia que edi‐tará una versión escolar de esa carta para que los estudiantes puedan cono‐cer los principios y derechos de cada ciudadano.

El titular de Educación, Melanio Pa‐,#3#+6' 3*J-' 1"#' !-$' #+&' 4*$&(*3&3' +#'contrató un cuerpo de especialistas en materia constitucional para elaborar lo que han denominado “la Cons‐titución co‐

mentada para escolares”, para ser difundida entre los estudiantes del sector público.

Reveló que será una Constitución co‐mentada por especialistas, que es como debe ser conocida por los estu‐diantes. El texto recogerá los princi‐pales principios y derechos que tiene cada ciudadano, para que puedan ser conocidos por los niños y jóvenes desde temprana edad. “Esa Consti‐tución comentada la vamos a editar en un ejemplar popular, que pueda ser difundido en las escuelas y lo llamaremos la Constitución para Escolares”.

Paredes indicó que la Constitu‐ción para Escolares formará parte del currículo como eje %,&$+@#,+&(6'7&,&'#3*4*!&,'&'(-+'ciudadanos desde temprana edad sobre los alcances de la

nueva Carta Magna. El ministro de Edu‐cación agregó que el equipo de espe‐cialistas contratados ya está trabajan‐do en ese proyecto, y dentro de un mes

espera que esté listo el ejemplar popular.

EDITARÁN VERSIÓN ESCOLAR

DE NUEVA CONSTITUCIÓNEntre esas publicaciones se desta‐ca la del Colegio de Abogados de la Republica Dominicana, que ya circula, de 500 mil ejemplares de distribución gratuita. El plan es, según el presidente de la entidad, Diego José García, que la pobla‐ción tenga acceso al contenido de la Constitución y conozca los derechos y deberes que de ella se

1/&(6$,7


MocaSantiago.El sol abrazante del Cibao dio la primera bienvenida. Des‐cendieron de un autobús de la Procu‐raduría General de la República y de vehículos privados para conocer de cerca una experiencia que está cam‐biando vidas.

Tan pronto recibieron el carné de in‐vitados para ingresar al recinto con‐templaban las diferencias positivas de la revolución penitenciaria que se im‐planta en el país bajo un nuevo modelo de gestión, con visión humana.

Jueces, protagonistas de la delicada tarea de impartir justicia,procedentes

de diferentes jurisdicciones del Distri‐to Nacional, la provincia Santo Domin‐go, Santiago y Valverde, recorrieron los modernos centros de corrección y rehabilitación La Isleta, de Moca; y de Rafey,en Santiago, en su versión Hom‐bres‐Mujeres.

<-+'&$4*%,*-$#+6'#('7,-!",&3-,'=#$#,&('de la República, Radhamés Jiménez Peña, y el director de la Escuela Na‐cional Penitenciaria, Roberto Santa‐na, guiaron a sus invitados por todas las instalaciones mientras recibían las explicaciones de Erickson Bobadilla y de Yeny Olga Hernández, directores del nuevo centro de Moca, y de Rafaey

Mujeres, respectivamente.

“La verdad es que estamos sorpren‐didos al ver la atención humana que se brinda a las personas privadas de libertad. Es un verdadero cambio radi‐cal, que esperamos sea implementado en todo el país”, expresó el juez Ignacio Camacho, presidente de la Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

L0+#,@&,-$' (-+' #3*4*!*-+' 3#' !#(3&+'donde cada recluso tiene su cama en un espacio digno, área común de re‐creación con acceso a televisión y una batería con doce duchas por bloque.

FERNANDO QUIROZEncargado Departamento de Prensa CQ+(&-AV9&-'+&$1+&($7%-671-

JUECES CONOCEN DE CERCA una experiencia que cambia vidas:

NUEVO MODELO DE GESTIÓN PENITENCIARIA

Jueces y funcionarios del Ministerio Público durante su recorrido por el CCR de Moca.


Se le explicó que los internos peniten‐ciarios son sometidos a un régimen 3*+!*7(*$&,*-'1"#'*$!(":#'#$%,#'R>ZZ'3#'(&'5&a&$&':'\Z>ZZ'3#'(&'$-!2#'(-+'2-‐rarios para levantarse, comer, trabajar, estudiar, descansar, recrearse, hacer 3#7-,%#+':'#J#,!*!*-+'4K+*!-+':'3-,5*,;

“Aquí no hay espacio para el ocio ni la vagancia. Estamos desarrollando una serie de programas formativos, con te‐rapias ocupacionales para lograr reha‐bilitar a las personas que le han fallado a la sociedad, y poder reintegrarlas de manera productiva y de bien”, dijo el procurador Jiménez.

^(' #$!"#$%,-' 8"#' *$*!*&3-' &' (&+' \\>[Z'de la mañana. Antes y después del almuerzo les fueron mostrados a los jueces todos los proyectos implemen‐tados por la Procuraduría dentro del nuevo sistema, como un aporte al res‐peto de los derechos humanos de las personas privadas de libertad, y como !-$%,*0"!*?$' 7&,&' ,#3"!*,' +*=$*4*!&‐tivamente la reincidencia delictiva, y con ello, los altos índices de crimina‐lidad.

La juez Esther Agelán Casasnovas, de la Sala Penal del Distrito Nacional, ma‐nifestó que se sentía impresionada con el proceso de reforma y de lo mucho que se ha avanzado en tan poco tiem‐po, con la esperanza que desde estos

centros se devolverá a personas reha‐bilitadas a la sociedad.

Junto al procurador también estuvie‐ron los jueces Modesto Martínez, de la Sala Penal; Eduardo Sánchez Ortiz, de la Cuarta Sala; Manuel del Socorro Pérez García, Corte de Apelación; Dory Pujols, Corte Penal del DN; Mariana Danneira Garcia, juez Novena Sala; Saulo Isabel Díaz, juez de ejecución de la pena del DN, y Rafael Báez, juez de ejecución de la pena de la provincia Santo Domingo.

Del Cibao participaron los jueces Rubén Dario Uceta, Luis Nobel Gómez, Juan Antonio Reyes y Henry Liberato.

Un punto de coincidencia entre los magistrados jueces fue el resaltar, ade‐más, la humanización, la higiene, buen trato, capacitación y asistencia que se brinda a los internos e internas en los centros del nuevo modelo peniten‐ciario. “Esto representa un hecho sin precedentes en la administración de justicia del país”, coincidieron muchos de ellos.

El procurador Jiménez resaltó la im‐portancia de que las autoridades de la judicatura tengan mayor conocimiento de la reforma carcelaria con visión hu‐manista que implantan en el país. En‐cabezó el recorrido por todas las áreas

de los recintos, mostrando en cada una de ellas los trabajos que realizan los internos.

Les enseñó a los jueces, modernos edi‐4*!*-+'3#'!#(3&+6'%&((#,#+':'=,&$J&+'!-$'gallinas ponedoras. En Moca se cons‐truye un gigante invernadero. En Rafey Mujeres pudieron presenciar la pro‐ducción agrícola de berenjenas, lechu‐gas, batatas, rábanos, cebollas y maíz.

En Rafey hombres los talleres de eba‐nistería donde se fabrican diversos muebles del hogar; de herrería, donde hacen todas las camas que necesita el nuevo modelo y reparan butacas de las escuelas públicas.

En este recorrido también participó el comisionado para la reforma y moder‐nización de la de Justicia, doctor Lino Vásquez, y el supervisor general de Prisiones, doctor Henry Garrido, quien tuvo a su cargo la coordinación del en‐cuentro.

También, la procuradora de la Corte de Apelación de Santiago, Vielka Cal‐3#,?$6' &+K' !-5-' (-+' 4*+!&(#+' 3#' )-!&'y La Vega, Práxedes Jacobo Marchena Acevedo y Johanna Reyes Hernández, ,#+7#!%*@&5#$%#;'W('4*$&('3#(',#!-,,*3-'a los visitantes le fue ofrecida una pre‐sentación artística a cargo de grupos teatrales y artísticos de los centr

Saulo Isabel Díaz, juez de Ejecución de la Pena del DN.

El juez de Ejecución de la Pena de la pro‐6(,'($)L$,#-)=-5(,%-B)F$C$/")Y>/A7

Esther Agelán, juez de la Sala Penal del DN.


FRASES DE ADMIRACIÓN

El magistrado Uceta, de Mao, expresó que una de las cosas más admirables del nuevo modelo penitenciario, de lo que daba testimonio,es que no existen privilegios. “Aquí se tratan a todos de manera igual”, puntualizó.

De su lado, el juez de Ejecución de la Pena de la provincia Santo Domingo, Rafael Báez, dijo que está convencido de que el nuevo modelo penitenciario ha transformado la vida de los inter‐nos, debido a que en esos centros se respetan los derechos humanos y los acuerdos internacionales.

Destacó, también, la higiene y organi‐zación, así como la infraestructura de los nuevos recintos.

El juez Eduardo Sánchez Ortiz, de la Cuarta Sala, felicitó a la Procuraduría General de la República por la aten‐ción y el interés mostrado en la reha‐bilitación de las personas privadas de libertad.

Dijo que es la sociedad, en sentido =#$#,&(6' (&' 1"#' +&(3,C'0#$#4*!*&3&'3#('gran aporte del nuevo sistema.

Mientras que el magistrado Saulo Isa‐bel Díaz, juez de Ejecución de la Pena

del Distrito Nacional, reconoció que se ha avanzado bastante y está seguro que se logrará el objetivo de rehabili‐tar a las personas privadas de libertad.

Por sus buenas prácticas, el Modelo de Gestión Penitenciaria ha sido recono‐cido por la Organización de las Nacio‐nes Unidas(ONU), así como por otros organismos internacionales como la Organización de los Estados America‐nos (OEA) y expertos en la materia que han visitado el país y que han resalta‐3-' +"+'0#$#4*!*-+' #$' (&' ,#2&0*(*%&!*?$'de los internos.

VISIÓN GENERAL

El procurador Jiménez Peña mostró a los jueces de las jurisdicciones penal y civil, las actividades productivas y multidisciplinarias que desarrollan dentro del Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria para la rehabilitación y reinserción social de los internos, el staff de profesionales que le ofrece asistencia, así como los nuevos Agen‐tes de Vigilancia y Tratamiento Peni‐tenciario (VTPs), egresados de la Es‐cuela Nacional Penitenciaria y quienes están encargados de la custodia de los nuevos centros en sustitución de guar‐dias y policías.

El CCR La Isleta, de Moca, fue inaugu‐rado el cinco de noviembre del pasado

año. Se trata del centro más grande del Modelo Penitenciario, construido con un monto de más de RD$260 millones, para 1,000 internos, quienes cumplen un horario regimental obligatorio, que les permite su rehabilitación en espa‐cios dignos, con programas terapéuti‐cos especiales.

El nuevo sistema cuenta con áreas de trabajo social, asistencia médica, odontológica y psicológica.

En el aspecto educativo, los internos del Modelo de Gestión reciben progra‐mas de alfabetización, cursos de infor‐mática, tapicería, electricidad, costura y peluquería, impartidos por facilitado‐res del Instituto de Formación Técnico Profesional (INFOTEP), de idiomas, im‐partidos por internos, y entrenamiento en producción agrícola e industrial. Los programas de tratamiento tam‐bién incluyen actividades artísticas, deportivas y de recreación. El Modelo Penitenciario presenta una tasa de reincidencia que oscila entre un tres a un diez por ciento en contras‐te con el modelo tradicional, de aproxi‐madamente un treinta por ciento. La media internacional de reincidencia se estima de un cuarenta a un cincuenta por ciento.

El nuevo modelo de gestión ya funcio‐na en 12 de los 37 centros peniten‐ciarios del país. Próximamente será integrado el centro de Baní Mujeres. Se construye en Higüey y Salcedo, y se programa comenzar otro recinto en La Romana, para terminar con la arraba‐lización actual de la cárcel instalada en la entrada de esa ciudad, la cual pro‐yecta una mala imagen hacia los turis‐tas y el público en general.

Los otros centros inaugurados fun‐cionan en San Francisco de Macorís, Puerto Plata, Elías Piña, Femenino de Najayo, en San Cristóbal; Dajabón, Mao, Monte Plata, Haras Nacionales, en San‐to Domingo, y San Pedro de Macorís (SPM), en su primera etapa. Se avanza además en la construcción de la segun‐da etapa de SPM.

Eduardo Sánchez Ortiz, Doris Pujols e Ignacio Camacho.


La Procuraduría General de la Repú‐blica dejó inaugurado en Samaná el Nuevo Modelo de Gestión de Fiscalía &'(-+'4*$#+'3#'*57,*5*,(#'3*$&5*+5-':'modernidad al Ministerio Público de esa provincia del Nordeste.

La iniciativa incluyó la reparación de la 7(&$%&'4K+*!&':'+"'#1"*7&5*#$%-6'7-,'(-'1"#''!&3&'4*+!&('8"#'3-%&3-'3#'"$'5-‐derno equipo de computadora.

Conjuntamente con el nuevo modelo 3#'4*+!&(K&'8"#'3#J&3-'#$'8"$!*-$&5*#$‐%-'#('G*+%#5&'3#'T"+%*!*&'G*=(-'eeX6'1"#'es un software que permite el control permanente de los casos, ya que sus procesos se pueden consultar desde cualquier parte del país.

La incorporación de la Fiscalía de Sa‐maná al nuevo modelo de gestión se realizó durante un acto encabezado por el procurador general de la Repú‐blica, Radahamés Jiménez Peña y el gobernador, Miguel Bezi.

La mesa de honor la integraron tam‐bién, el director nacional del Ministe‐rio Público Rodolfo Espinera; la procu‐radora general adjunta para Asuntos de la Mujer, Roxanna Reyes; el director de la Escuela Nacional del Ministerio

Público, Ramón Núñez; el procurador de la Corte de Apelación de San Fran‐cisco de Macorís, Amado José Rosa, la directora del Nuevo Modelo de Ges‐tión, Thalía Goldberg y el procurador 4*+!&('3#' (&'7,-@*$!*&6' T"&$')#3*$&'3#'los Santos

La bendición del acto estuvo a cargo del diácono de la parroquia de esta provincia, Emilio Rosario.

La Procuraduría trabaja arduamente 7&,&' *$%#=,&,' &' %-3&+' (&+' 4*+!&(K&+' 3#('país al Nuevo Modelo de Gestión y al +*+%#5&'3#'T"+%*!*&'eeX6' '3#$%,-'3#'(-+'cuales, el Ministerio Público opera a través de diferentes unidades de ser‐

vicio entre ellas atención a las vícti‐mas. De sistema forman parte ya del Distrito Nacional, Santo Domingo, La Romana, San Pedro de Macorís, Azua, Elías Piña, La Vega, San Francisco de Macorís, Espaillat y Santiago, entre otras provincias.

Este nuevo modelo fue diseñado acor‐de a la misión institucional del Minis‐terio Público en su rol de institución responsable de ejercer la acción penal pública, la investigación de los hechos punibles, la representación y defensa del interés público y social, así como la vigilancia y el cumplimiento de las normas del debido proceso legal.

Hicieron uso de las palabras el magis‐%,&3-'T*5V$#9'.#a&':'#(' 4*+!&(')#3*$&'de los Santos.

El acto tuvo lugar en la calle María Tri‐nidad Sánchez, próximo al Palacio de Justicia, donde funcionará la Fiscalía.

El nuevo modelo de gestión anima a (-+'4*+!&(#+''&!#,!&,+#'5C+'&'(&'!-5"$*‐dad, ofreciendo un mejor servicio a las víctimas de violencia y fortaleciendo su lucha contra el crimen organizado y el delito. Garantiza también mayor %,&$+7&,#$!*&6'#4*!&!*&':',&7*3#9'#$'#('procesamiento de los casos, funciona #$' 5C+' 3#' "$' ]ZS' 3#' #$%*3&3#+' 3#('Ministerio Público de igual naturaleza.

INAUGURAN EN SAMANÁNUEVO MODELO DE GESTIÓN DE FISCALÍAFISCALES ESTARÁN MÁS CERCA DE LA COMUNIDAD

Jimenéz Peña, Amado José Rosa, Juan Medina de los Santos y Miguel Bezi, cortan la '(,#$)Q+/)1/0$)(,3#$"$1$3)"$3),+/6$3)-4'(,$3)/,)L$5$,>7))))

859"/$1$3)1/)"$)@(3'$"D$)1/)L$5$,>B)+#("(A$,)"-3),+/6-3)/Q+(9-37


Y LA SOLIDARIDAD SIN FRONTERA

El terremoto que en enero 12 devastó a Haití, ha servido para medir el alto grado de solidaridad y cooperación de la comunidad internacional. Se destaca el rol desempeñado por la República Dominicana, cuyo pueblo y gobierno se han engrandecido en medio de la peor catástrofe sufrida por el pueblo haitiano.

La secuela del sismo de una magnitud de 7,3 grados en la Escala de Richter superan las 300 mil personas muertas y unas 300 mil heridas, según cifras ofrecidas por el primer ministro de Haití, Jean Max Bellerive, durante una comparecencia en el Senado de ese país a principios de este mes.

Para cuando se escribe esta nota, fe‐brero 02, sólo en la capital haitiana se había contabilizado 150 mil muertos

y cerca de un 1 millón de personas +*$' %#!2-' f3&$$*4*!&3-+E;' ^$' ."#,%-'.,K$!*7#'!&+*'#('%-%&('3#'(&+'#3*4*!&!*-‐nes, incluyendo el imponente Palacio .,#+*3#$!*&(':'#('#3*4*!*-'3#'(&'Lch6'+#'desplomaron, dejando a una población y sus autoridades en el completo des‐amparo.

YI#+&8-,%"$&3&5#$%#'#('#3*4*!*-'3#' (&'ONU se derrumbó y al parecer, todos aquellos que estaban dentro, entre éstos mi amigo Annabi, enviado espe‐cial del secretario general de Naciones Unidas, y quienes le acompañaban, es‐tarían muertos”, declaró compungido el canciller francés Bernard Kouchner.

El presidente dominicano, Leonel Fernández, fue el primer mandatario extranjero que pisó suelo haitiano lle‐vando el mensaje de solidaridad del pueblo dominicano después de la ca‐

tástrofe. “Leonel tocó la puerta de mi despacho” declaró el presidente de Haití, René Preval, para destacar el grado de solidaridad del mandatario dominicano, quien realizó su viaje en la mañana del viernes 15 de enero. “Yo estaba trabajando esta mañana y me anunciaron que el presidente Leo‐nel Fernández estaba en la puerta del despacho. No me avisaron antes”, dijo Preval, quien explicó que él se estaba preparando para visitar la República Dominicana antes de que ocurriera el sismo.

Preval agradeció la presencia, la soli‐daridad y el apoyo recibido por parte del presidente dominicano y expresó que quedó gratamente sorprendido cuando le tocaron la puerta de su des‐pacho para decirle que el mandatario dominicano le buscaba. Para el sábado 23 de enero, la República Dominicana había realizado 293 misiones aéreas

GERMÁN [email protected]

HAITÍ REPÚBLICA DOMINICANA

Poco después del terremoto que azotó al país, la ayuda humanitaria no se hizo esperar, tanto como los Estados Unidos, países lati-noamericanos y europeos, la Cruz Roja Internacional, la Secretaría General Iberoamericana, el Banco Interamericano de Desarrollo

(BID), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) entre otros, anunciaron el envío de dinero, alimentos, voluntarios, bomberos, expertos y hasta perros especializados en búsquedas para asistir al país caribeño.


de ayuda humanitaria en Haití, entre‐gado 3 millones de raciones secas y distribuido 3 mil 336 unidades de san‐gre, informaba el Centro de Operacio‐nes de Emergencia (COE) que indicó que 19 cocinas móviles enviadas por el Gobierno dominicano habían repar‐tido 190 mil raciones cocidas. Los hos‐pitales dominicanos se abrieron para asistir a los heridos, entre los que se destacan los 4 principales en la fronte‐ra, los cuales siguen abarrotados.

Empresarios, personas adineradas e instituciones privadas, aportan re‐cursos en efectivo para la asistencia que se necesita. El martes 12, en ho‐

ras de la noche, cuando se sabía ya de las dimensiones de la catástrofe, el Presidente Leonel Fernández emitió el decreto declarando ese día y el si‐guiente de Duelo Nacional, por lo que las banderas debieron ser colocadas y permanecer a media asta en todos (-+' #3*4*!*-+' :' !#$%,-+' -4*!*&(#+6' %&$‐to nacionales como municipales. Quedaron suspendidas, ade‐más, todas las actividades -4*!*&(#+' 3#' !&,C!%#,'festivo.

D i feren‐tes aso‐ciacio‐

Haití es el país más pobre de América, caracterizado por tener cerca del 80% de su población por debajo de la línea de pobre‐za (el 54% viven en la pobreza extrema), una economía de subsistencia, es decir, viven

prácticamente para alimentarse; las remesas recibidas de migran‐tes representan el 40 % de su PBI !"#"$%&'#()*'*+)%)*,-.*("*/00*

mil familias.


nes que conforman el sector privado y del Estado unieron sus esfuerzos de colaboración con alimentos, agua, me‐dicinas, materiales y maquinarias para la recuperación del pueblo haitiano. El viernes 15 de enero se reunieron para %&(#+' 4*$#+' ,#7,#+#$%&$%#+' 3#' (&' A,"9'Roja Dominicana, Industrias Naciona‐les, Grupo Vicini, la Asociación Domi‐nicana de Zonas Francas (ADOZONA), la Secretaría de Trabajo y la Corpora‐ción Dominicana de Empresas Eléctri‐cas Estatales (CDEEE), el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), entre otras entida‐des. El presidente de CONEP, Lisandro Macarrulla, anunció la conformación de un plan a mediano plazo para el acopio de ayuda que será destinada a las víctimas del sismo. “Exhortamos a todo el empresariado nacional y las fuerzas vivas de la nación, a seguir contribuyendo con la causa humanita‐ria que precisa en estos momentos el pueblo haitiano”, expresó Macarrulla. El Aeropuerto Internacional de Las Américas se convirtió en una segunda puerta de entrada a Haití, recibiendo "$'5&+*@-'4("J-'3#'!--7#,&$%#+6'7#,*-‐distas y rescatistas.

Temprano, la ONU por boca de su se‐cretario general Ban Ki‐moon agra‐deció a República Dominicana por establecer un corredor de ayuda hu‐manitaria desde Santo Domingo hacia Puerto Príncipe.” Desde el comienzo

de esta crisis el gobierno de la Repú‐

blica Dominicana ha venido dando asistencia con generosidad y rapidez a su país vecino, Haití, y estamos muy agradecidos”, dijo. “Ha sido una ayuda masiva, en la medida en que hemos podido. Hemos sido el primer país en llegar. La reacción del presidente Leo‐nel Fernández fue rápida, envió a los equipos de socorro, al Comité de Ope‐raciones de Emergencia...”, comentó a la prensa internacional el ministro consejero de la embajada dominicana en Puerto Príncipe, Pastor Vásquez.

Zilda Arns Neumman, misionera brasile‐ña, fundadora y coordinadora de la Pas‐toral de la Infancia, proyecto social del Episcopado.(Víctima).

Hédi Annabi Túnez, representante espe‐cial del secretario general y jefe de Mi‐sión de la ONU para Haití. (Víctima).

Pilar Juárez Boal, diplomática española que desempeñaba sus tareas en la em‐bajada de la UE en Haití. (Víctima).

Haití ocupa el puesto 149 de 182 países en el Índice de Desa‐rrollo Humano, lo que genera preocupación sobre todo en la capacidad de hospitales y servi‐cios básicos de salud y primeros auxilios para poder afrontar una catástrofe sísmica de esta enver‐

gadura.

Melba Segura de Grullón y José León Asencio.


Todo el personal de las grandes orga‐nizaciones decidieron desembarcar en Santo Domingo, como la Cruz Roja, con 60 miembros de seis nacionalidades que llegaron la noche del sábado 16 de enero, incluido el portavoz de Cruz Roja francesa, Jean‐François Riffaud, miembros de Médicos Sin Fronteras, socorristas sudafricanos de Gift of the Givers eran recibidos por personal do‐minicano que los trasladaban en auto‐buses hacia el otro lado de la frontera.

Un tele maratón organizado por la con‐ferencia del Episcopado Dominicano y las fundaciones Sur Futuro y Que Viva el País a través de un reconocido canal de televisión, logró recaudar una cifra sin precedentes en la historia domini‐cana, con 54.9 millones de pesos, que

serán entregados a la causa del pueblo haitiano y que logró poner en alto la vocación de solidaridad y bondad del pueblo dominicano. Otro tele maratón fue celebrado en Santiago y dos sema‐nas después los artistas montaron un festival en el Parque Olímpico para re‐caudar fondos para la causa haitiana.

Se destaca el aporte de la Fundación Sur Futuro, que preside Melba Segura de Grullón, que recaudó 104 millo‐nes 51 mil 135 pesos, así como medi‐camentos, nutrientes y utilería para

brindar asistencias alimentaria y de salud a más de 60 mil adultos y niños en Puerto Príncipe.

A mes y medio de la peor catástrofe en Haití, esa solidaridad de pueblo y el gobierno dominicanos, expresadas por las vías de la acción y la creativi‐dad, se mantiene inalterable, lo que ha servido para demostrar la enorme ca‐pacidad y el gran espíritu de coopera‐ción de la nación de Juan Pablo Duarte y Juan Bosch.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

La isla de Santo Domingo es sismoló‐gicamente activa y ha experimentado %#,,#5-%-+' +*=$*4*!&%*@-+' :' 3#@&+%&‐dores en el pasado. Un sismo la estre‐meció en 1751 y otro sismo en 1770 de 7,5 grados en la escala de Richter devastó Puerto Príncipe por completo. De acuerdo con el historiador francés Moreau de San‐Méry (1750‐1819), Y5*#$%,&+' 1"#' $*$=/$' #3*4*!*-' +"8,*?'daños en Puerto Príncipe durante el terremoto del 18 octubre de 1751, la ciudad entera colapsó durante el terre‐

moto del 3 de junio de 1770”. La ciudad de Cap‐Haïtien, así como otras del nor‐te de Haití y la República Dominicana, fueron destruidas por el terremoto del 7 de mayo de 1842. En 1887 y 1904 se produjeron dos terremotos, cau‐sando “daños mayores”. En 1946, un terremoto de magnitud 8.0 se registró en la República Dominicana, afectando también a Haití. Este sismo produjo un tsunami que mató a 1.790 personas. Un estudio de prevención de terremo‐tos realizado en 1992 por C.DeMets y M. Wiggins‐Grandison estableció como conclusión la posibilidad que la 8&((&'3#'^$,*1"*((-'7"3*#,&'#+%&,' &(' 4*‐nal de su ciclo sísmico y pronosticó un escenario, en el peor de los casos, de un terremoto de magnitud 7,2, similar en magnitud al terremoto de Jamaica de 1692. Un artículo publicado en el diario Le Matin de Haití en septiembre de 2008 mostraba los comentarios ci‐tados por el geólogo Charles Patrick de que había un alto riesgo de mayor actividad sísmica en Puerto Príncipe. Los resultados no pudieron ser más !&%&+%,?4*!-+6' !-$' (-' 1"#' -!",*-' #(' \D'de enero del corriente año.

Entre las personas que fallecie‐ron durante en el terremoto en Haití, se encuentran legislado‐res, incluyendo dos senadores, Jimmy O. Barikad, artista de hip‐hop haitiano y compañero musical del cantante Wyclef Jean; monseñor Joseph Ser‐ge Miot, arzobispo de Puerto Príncipe ; Zilda Arns Neumman, misionera brasileña, fundadora y coordinadora de la Pastoral de la Infancia, proyecto social del Episcopado y Pilar Juárez Boal, de 53 años, diplomática españo‐la que desempeñaba sus tareas en la embajada de la UE en Haití

\$(#($,-3)'$&%$,)$)+,$)6D'#(5$)1/")#/&&/5-#-7


MODELO PENITENCIARIO

<&' L4*!*$&' A--,3*$&3-,&' 3#(' c"#@-'Modelo de Gestión Penitenciaria (OC‐NMGP) de la Procuraduría General de la República, instruyó a los directores de los Centros de Corrección y Rehabi‐litación, en especial a aquellos ubica‐dos en la región fronteriza, a que ofrez‐can todas las facilidades pertinentes a los privados de libertad de origen hai‐tiano, para que puedan comunicarse telefónicamente con sus familiares en esa nación.

La información la ofreció el coordi‐nador nacional de la OCNMGP, Ro‐berto Santana Sánchez, quien expli‐có que la medida fue tomada con el fin de que los ciudadanos haitianos, internos en los centros de corrección y rehabilitación, puedan informarse de la situación por la que está atra‐vesando su país, luego del trágico sismo que los afectó en la tarde del pasado martes.

Santana Sánchez también instruyó para que se les den facilidades a los familiares de los internos residentes en el país, para visitarlos.

Los Centros de Corrección y Rehabi‐litación ubicados en la región fronte‐riza son, los de Dajabón, Elías Piña y Mao, los cuales no sufrieron ningún daño a causa del movimiento telúri‐co.

La República de Haití fue afectada el 7&+&3-'\D'3#'#$#,-6'&'(&+'_>_['5*$"‐tos de la tarde, por un fuerte temblor de tierra de 7.3 grados, que afectó principalmente la capital, Puerto Príncipe, y del cual hasta el momen‐

to no se han podido cuantificar los daños en bienes y vidas humanas.

Las informaciones e imágenes que se han obtenido dan cuenta de una situa‐ción de desolación, con calles llenas de #+!-50,-+6'5"#,%-+':'#3*4*!*-+'!-(&7‐sados.

De su lado, el Gobierno dominicano, estableció de inmediato un corredor humanitario, y ha ordenado a sus fun‐cionarios que brinden toda la ayuda necesaria para hacer posible la llegada de alimentos, medicina, agua y perros amaestrados, para ser usados en la búsqueda de posibles sobrevivientes. Roberto Santana.

INSTRUYE DAR FACILIDADESA INTERNOS HAITIANOS DE LA FRONTERA


PEDRO ANTONIO MATEO IBERT.Procurador Fiscal San Juan de la Maguana

[email protected]

LA PRISIÓN PREVENTIVA COMO MEDIDA DE COERCIÓN Y SU APLICACIÓN EN LA REPÚBLICA DOMINICANA

En la República Dominicana, lamenta‐blemente, todavía hoy en día a más de cuatro años de aplicación de una nue‐va Normativo Procesal Penal, institui‐da por la Ley 76‐02 que creó el Código Procesal Penal, puesto en vigencia el 27 de Septiembre del año 2004, la ma‐yoría sigue pensando que todo aquel que infringe una norma prohibida por la Ley debe ir a la cárcel desde el mis‐mo momento en que le sea conocida una medida de coerción, aún el caso sea de poca monta o que el imputado o encartado no represente peligro de fuga. Lo lamentable del caso es que todavía contamos con una inmensa cantidad de miembros de la Policía Na‐cional, que son los auxiliares del Minis‐terio Público, con conocimiento pleno de que a una persona imputada de un hecho se le ha otorgado una Garantía Económica como Medida de Coerción, se encargan de forma malsana y con propósito de hacer daño de poner a circular el rumor de que “ellos arres‐tan los delincuentes y que los jueces :' (-+' 4*+!&(#+' (-+' 7-$#$' #$' (*0#,%&3b6'una apreciación falsa y dañina, pues el Código Procesal Penal establece siete medidas de coerción y la prisión preventiva se encuentra en el número siete, es decir, es la última en la escala de aplicación, de acuerdo a la norma procesal penal vigente en la República Dominicana.

Pero peor aún, todavía tenemos Minis‐terios Públicos que por cualquier caso, por vago que sea, solo atinan a solicitar prisión preventiva cuando tienen que llevar una persona imputada de un hecho ante el juez de la instrucción de cualquier jurisdicción de la República. Algunos lo hacen para que digan que +-$'4*+!&(#+'3",-+'!-$'(&'3#(*$!"#$!*&6'

otros por temor a ser cuestionados por aquellos que todavía no han querido entender que la Prisión Preventiva no es un Castigo anticipado, sino una me‐dida de coerción para poder presentar a las personas encartadas por la jus‐ticia durante una investigación, que no garantizan asistir voluntariamente ante los tribunales o ante el Ministerio Público cuando sean requeridas para ser juzgadas estando en libertad.

Otros lo hacen porque ignoran cuán‐tos miles de pesos le cuesta al Estado Dominicano o de cualquier país del mundo, mantener en la Cárcel a una persona durante un período de tres meses, sin antes existir una condena, en donde debe garantizársele desayu‐no, comida, cena, medicina, entre otras cosas que requiere un verdadero siste‐ma penitenciario como el que actual‐mente se implementa en la República Dominicana bajo la rectoría del Magis‐trado Radhamés Jiménez Peña, actual Procurador General de la República.

La prisión preventiva debe ser aplica‐da a aquellas personas que sean impu‐tadas de hechos delictivos que pongan en situación de riesgo a toda la colec‐tividad, es decir, a todo el medio social en donde residen, donde se desenvuel‐ven o ejecutan sus acciones de asedio a los demás ciudadanos y ciudadanas; pero mandar a prisión desde el inicio de un proceso a una persona que no representa peligro de fuga por el arrai‐go que posee en el lugar donde reside o que tampoco representa un peligro para el conglomerado social donde se desenvuelve, es no tener un concepto bien claro y establecido en términos amplios, qué es la libertad, hasta ahora el bien más preciado que tiene el ser

humano después de la vida.

La prisión preventiva debe aplicarse a aquellas personas que ya está compro‐bado que son reincidentes en cometer hechos delictivos; o que cometan otro hecho reñido con la ley, cuando aún todavía tienen un proceso penal sin concluir en los tribunales, pues enton‐ces sí procede la prisión preventiva porque estamos ante una persona que viene cometiendo delito tras delito, es decir, un delito continuo.

También deben ir a prisión preventi‐va, aquellos ciudadanos y ciudadanas que su actitud se convierta en un es‐collo para el buen desarrollo de las in‐vestigaciones durante el proceso pre‐paratorio; o que por la magnitud del hecho, aún teniendo arraigo probado, puedan escaparse del país de manera ilegal (dada la fragilidad de nuestra frontera), a sabiendas que les espera una condena de varios en forma irre‐versible

Pero a veces se observa a ciudadanos y ciudadanas guardando prisión pre‐ventiva por haber sustraído uno o dos racimos de guineos en un campo cual‐quiera de la República Dominicana, y cuando se analiza el caso, es obvio que mantener esa persona en prisión por un caso de poca monta, le resulta al Estado más costoso que el valor en efectivo que pudieran tener el o los dos racimos de guineos, lo cual casi siem‐pre ocurre porque algunos Fiscales no quieren hacer uso de las soluciones &(%#,$&%*@&+'3#'!-$4(*!%-+'7&,&'3#+!-$‐gestionar los tribunales de casos pe‐queños que pueden resolverse extra‐judicial, pero de este tema hablaremos en una próxima entrega.


La Procuraduría General de la Repú‐blica volvió a romper su propio ré‐cord de liderazgo en el tercer estudio de Monitoreo de Aplicación de la Ley 200‐04 sobre Acceso a la Información ./0(*!&6' ,#&(*9&3-' &' 4*$&(' 3#(' 7&+&3-'año.

En esta ocasión obtuvo el 98.5 puntos 7-,!#$%"&(#+6' (-' 1"#' (&' ,&%*4*!&' !-5-'la institución más transparente en esa materia, con respecto a todas las insti‐tuciones de la administración pública.

El procurador general de la Repúbli‐ca, Radhamés Jiménez Peña, dijo al valorar los resultados de este nuevo informe que la institución que dirige tiene un compromiso ineludible con la sociedad dominicana en su lucha con‐tra la corrupción y la impunidad en el país.

Participación Ciudadana (PC), que auspicia el estudio, procura un doble *$%#,V+>' (&' #8#!%*@&' &7(*!&!*?$' 3#' (&'normativa, y en segundo orden dar cuenta del nivel de cumplimiento de la ley en las instituciones destinatarias de fondos públicos, implementado un mecanismo de vigilancia ciudadana denominado “Monitoreo a la Aplica‐ción de la Ley 200‐04”.

Para ese estudio, realizado en sep‐tiembre‐ octubre de 2009, la Comisión de Transparencia de PC seleccionó a 85 de las principales instituciones del país, de las cuales, determinó, sólo 52 !"#$%&$'!-$'L4*!*$&'3#'<*0,#'W!!#+-'&'la Información.

Se valoraron aspectos como la in‐formación general de la institución, información sobre presupuesto y su ejecución, información sobre audito‐

,K&+6'#+%&3-+'4*$&$!*#,-+':'$?5*$&'3#'la institución.

En ese informe fueron plasmadas las experiencias de ciudadanos que han hecho uso de la Ley 200‐04, en la exi‐gencia del respeto al derecho de acce‐so a la información.

Asimismo, se da cuenta en términos generales, del estado de aplicación de la normativa sobre libre acceso a la in‐formación pública, y de forma especí‐4*!&6'+#'!-57&,&'#('$*@#('3#'&7(*!&!*?$'de la misma en las distintas entidades evaluadas.

El informe fue publicado, en espacio pagado a través de los medios de co‐municación, por PC, Acción Ciudada‐na, Fundación Institucionalidad y Jus‐ticia, y otras entidades.

OBTIENE EL 98.5% EN INFORME DE MONITOREO DE APLICACIÓN DE LA LEY 200‐04 SOBRE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PROCURADURÍA ROMPE SU PROPIO RÉCORD

EN MATERIA DE TRANSPARENCIA

Berenice Barinas, Gladys Sánchez, Gladys Checo, Rodolfo Espiñeira, Rosanna Dalmasí y Sandra Santana del equipo de transparen‐cia de la Procuraduría.


El coordinador general del movimien‐to cívico Participación Ciudadana, Samir Chami Isa, aseguró que la Pro‐curaduría General de la República se ha convertido en un ejemplo de trans‐parencia dentro de las instituciones públicas, al obtener el mayor índice 3#']`;_S6'7-,'%#,!#,'&a-'!-$+#!"%*@-6'en el cuarto informe de monitoreo que realiza esa entidad para determinar cuáles entidades del Estado cumplen con la aplicación de la Ley de Libre Ac‐ceso a la Información Pública.

Dijo que la Procuraduría, además de colocar en su página web www.pro‐curaduria.gov.do los concursos para el

levantamiento de obras y ejecución de su presupuesto, “da detalles del más mínimo centavo que gasta de su pre‐supuesto”.

Manifestó que cuando una institución pública facilita las informaciones que +#'(#'+-(*!*%&$6'#+'"$'&7-,%#'+*=$*4*!&%*‐vo para la lucha contra la corrupción administrativa.

Chami Isa informó que dentro de las instituciones públicas que siguen a la Procuraduría en mayor puntaje están, la Dirección General de Impuestos In‐ternos, el Seguro Nacional de Salud (SENASA), la Dirección General de

Contratación Pública, el Instituto Do‐5*$*!&$-' 3#'W@*&!*?$' A*@*(6' (&'L4*!*$&'Presidencial de Tecnología de la In‐formación y Comunicación, así como el Ministerio de Industria y Comercio, entre otras.

Dijo que este índice sirve de ejemplo para que las demás instituciones pú‐blicas cumplan con la aplicación de esa ley, y así transparentar todos los actos en la administración pública.

Para la selección de las instituciones analizadas se tomó en cuenta la rele‐vancia social de las funciones que des‐empeñan y su presupuesto, y el mayor número de información que incluyen dentro de su página web.

Estudio Índice de Transparencia es el cuarto sondeo que realiza la Comisión de Transparencia de Participación Ciu‐dadana con los auspicios de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarro‐llo Internacional.

COORDINADOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA CONSIDERA PROCURADURÍA EJEMPLO DE TRANSPARENCIA

Dijo que la Procuraduría,

además de colocar en su

página web www.procura-

duria.gov.do los concursos

para el levantamiento de

obras y ejecución de su

presupuesto, “da detalles

del más mínimo centavo que

gasta de su presupuesto”.

Samir Chami Isa.


El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, tomó el jura‐5#$%-' ' &' (&' $"#@&' 7,-!",&3-,&' 4*+!&('de La Vega, Johanna Isabel Reyes Her‐nández.

La magistrada Reyes, de 27 años de edad, fue designada por el presidente de la República, Leonel Fernández, mediante el decreto 835‐09, luego de ser elegida en un concurso interno en el Ministerio Público. Sustituye en es‐tas funciones a José Ramón Santos Sirí.

La funcionaria es egresada de la carre‐,&' 3#(' )*$*+%#,*-' ./0(*!-' !-5-' 4*+!&('adjunta luego de haber aprobado con excelentes resultados el programa de perfeccionamiento extraordinario que imparte la Escuela Nacional del Minis‐terio Público (ENMP).

PRESENTES

Durante el acto de juramentación en el despacho del procurador estuvie‐ron, además, el director de la ENMP, Ramón Emilio Núñez; el director del Ministerio Público, Rodolfo Espiñeira, y los procuradores generales adjuntos, primer y segundo sustituto del procu‐rador general, Ángel Castillo Tejada y Frank Soto. También la encargada de Gestión Humana de la Procuraduría, Rossanna Dalmasí.

PONDERACIÓN DE RAMÓN NÚÑEZ

El director de la ENMP resaltó que la elección de la magistrada Reyes Her‐nández es un nuevo escalón en el pro‐

ceso de fortalecimiento de la carrera del Ministerio Público, tras el compro‐miso de la Procuraduría con la insti‐tucionalización. Fue un proceso, dijo, riguroso, en el que se evalúo la compe‐tencia.

PROCURADOR JURAMENTA A

JOHANNA REYES HERNÁNDEZNUEVA FISCAL DE LA VEGARODOLFO ESPIÑEIRA LA POSESIONA

JURAMENTO DE COMPROMISO “Asumo estas funciones siguiendo las directrices de la Procuraduría General de la República de combate a la criminalidad -,=&$*9&3&':'+"'!-57-$#$%#'3#('$&,!-%,C4*!-6'&+K'!-5-'(&'3#(*$!"#$!*&'!-5/$'1"#'&8#!%&'(-+'!*"3&3&$-+;'G-5-+'+#,@*3-,#+'7/0(*!-+b6'3*J-'(&'&0-=&3&6'8-,5&3&'#$'(&'.-$%*4*!*&'h$*@#,+*3&3'A&%?(*!&')&3,#':')&#+%,&'f.hA))E6''%,&+'+#,'J",&5#$%&3&'por Jiménez Peña en su despacho del Palacio de justicia del Centro de los Héroes.

Fiscal de La Vega, Johanna Reyes Hernández


Proceso :

1. ^@&("&!*?$' 3#' &$%#!#3#$%#+>' ' ^+‐tudios académicos y experiencia laboral dentro del Ministerio Pú‐blico.

2. Datos de la evaluación de desem‐peño de los participantes.

3. Datos de evaluaciones académicas a cargo de la Escuela Nacional del Ministerio Público.

4. Evaluación psicométrica.

5. ^@&("&!*?$'3#'7#,4*('3#'7#,+-$&(*‐dad

6. Entrevista por competencias.

De los 19 participantes, la persona se‐leccionada, Johanna Reyes Hernández, cumplió satisfactoriamente con todos los aspectos evaluados con un resulta‐do superior a los demás participantes.

ESPIÑEIRA LA POSESIONA

<&' $"#@&' 4*+!&(' 3#' #+%&' 7,-@*$!*&' 8"#'posesionada por el magistrado Ro‐dolfo Espiñeira Ceballos, procurador general adjunto, durante un acto cele‐brado en el Palacio de Justicia de La Vega, donde los presentes resaltaron las cualidades de la recién designada representante del Ministerio Público y la transparencia en el proceso de su elección.

La magistrada Reyes Hernández fue recibida con gran algarabía por jueces y abogados que ejercen en la jurisdic‐ción de La Vega.

Espiñeira Ceballos, director nacional del Ministerio Público, resaltó las cua‐lidades profesionales y éticas de Re‐yes Hernández y dijo esperar que con

su integración el Ministerio Público recupere el lugar que le corresponde dentro del sistema judicial de La Vega.

^('8"$!*-$&,*-''#P2-,%?'&'(&'$"#@&'4*+!&('de aquí a trabajar con transparencia y con una estricta rendición de cuentas.

PALABRAS DE UN JUEZ VEGANO

En tanto, que el magistrado Amauris Pimentel, juez primer sustituto de la Corte de Apelación Penal, deseó éxitos &'(&'J-@#$'4*+!&('#$'+"+'$"#@&+'8"$!*-‐$#+':'3*J-'!-$4*&,'#$'1"#'2&,C'"$'#P!#‐lente trabajo.

Garantizó que como de costumbre, en esa jurisdicción se continuará traba‐jando de manera unida y coordinada contra el crimen. “Estamos juntos, por‐que juntos somos más”.

ASISTENTES

Al acto de recibimiento de la nueva 4*+!&('7&,&'+#,'7-+#+*-$&3&6''&+*+%*#,-$'Víctor González, procurador general de la Corte de Apelación; Manuel de Jesús Sención, quien se desempeñó !-5-' 4*+!&(' *$%#,*$-' 3#' <&' d#=&q' B&‐món Vásquez, abogado del Estado; Thalía Goldberg, directora de gestión del Ministerio Público, y el abogado Juan Manuel Morel, secretario General 3#'WIL)W6'4*(*&('<&'d#=&;

E$)43'$")F/./3)\/&,>,1/A)

nació en La Vega, a don‐

1/)6(6(R)G$3#$)"-3)]^)$J-3B)

llegando a cursar el séptimo

grado de educación media

en el colegio Agustiniano de

esa ciudad. En el año 2004

se inició en la Fiscalía de

Santiago como directora ad‐

5(,(3#&$#(6$B)"+/%-)1(&/'#-&$)

de litigación inicial, encarga‐

da del departamento de de‐

sarrollo organizacional y de

&/'/9'(R,).)'$"(4'$'(R,)1/)

casos. Tras graduarse en la

PUCMM, hizo una maestría

en derecho constitucional

/,)"$)+,(6/&3(1$1)1/);$3#(""$)

La Mancha, de España.

Elección por concurso

El proceso de concurso interno de la Procuraduría Fiscal de La Vega para la

elección de su titular conllevó una convo-catoria a 19 fiscales adjuntos nacidos en ese municipio, 12 de los 19 optaron por

participar en el concurso.

8")5$%(3#&$1-)F-1-"C-)839(J/(&$)9-3/3(-,$)$)"$),+/6$)@(3'$")1/)E$)O/%$7)_<3/&6$,)/")9&-'+&$1-&))1/)"$)'-&#/B)OD'#-&)S-,A$"/A).)/")43'$")$10+,#-B)2$,+/")1/)I/3N3)L/,'(R,7


Los gobiernos de República Domini‐!&$&' :' M,&$!*&' 4*,5&,-$' "$' !-$@#$*-'para que las personas sentenciadas por la comisión de un delito en ambas naciones puedan cumplir condena en su país de origen.

El procurador general de la República Dominicana, Radhamés Jiménez Peña, y el secretario de Estado encargado de Cooperación y Francofonia, Alain T-:&$3#%6' 4*,5&,-$' #(' !-$@#$*-' que se efectuó en el Palacio de Justicia del

Centro de los Héroes.

El documento indica además, que el traslado puede ser rechazado si el Es‐tado de condena considera que atenta contra su soberanía, seguridad u orden

ACUERDAN QUE RECLUSOS CUMPLAN CONDENA EN PAÍS DE ORIGEN

GOBIERNOS DOMINICANO Y DE FRANCIA

MINISTRO DE FRANCIA Y PROCURADOR JIMÉNEZ PEÑA

OBSERVAN NUEVO MODELO PENITENCIARIOEl ministro de Estado encargado de cooperación y francofonía de Francia, Alain Joyandet, observó junto al pro‐curador general de la República, doc‐tor Radhamés Jiménez Peña, los avan‐ces del nuevo modelo penitenciario en los recintos para hombres y mujeres

de Rafey, Santiago.

En el centro de Rafey Mujeres están internas las francesas Celine Fayé y Sarah Zaknoun, tras ser condenadas a ocho años por violación a la Ley 50‐88 sobre drogas. Ambas fueron favoreci‐

das por el indulto presidencial y viaja‐ron a sus país Francia.

Durante el recorrido el magistrado Ji‐ménez mostró al funcionario extran‐jero las diferentes actividades de for‐mación, educativas y recreativas que realizan los internos de Rafey como parte del programa de terapia ocupa‐cional para su rehabilitación.

Observaron la reparación de butacas por parte de los internos, el cultivo de hortalizas,y otras actividades propias del nuevo modelo penitenciario que se implanta en la República Dominicana.

El ministro de Estado de Francia encargado de Cooperación y Francofonía, Alain Joyandet, y el procurador Rad‐G$5H3)I(5H,/AB)"+/%-)1/)"$)4&5$)1/")'-,6/,(-7


público, o si el imputado no cumple con el pago de gastos, multas, repara‐ción de daños y perjuicios o condenas pecuniarias de cualquier índole im‐puestas en la sentencia.

Actualmente, en el país existen unos 19 reclusos de origen francés, y en esa nación europea hay 35 dominicanos recluidos en sus penitenciarías.

El convenio aplica para los condena‐dos que son nacionales del país donde serán trasladados, y si no existen otros procesos pendientes en la nación que

lo condena. Además, que la pena por cumplir en el momento de recibir la solicitud de traslado sea por lo menos de seis meses, o si el condenado o su representante legal, por razones de su #3&3' -' #+%&3-' 4K+*!-6' #+%V' 3#' &!"#,3-'con el traslado.

Igualmente, señala, que los gastos de traslado se aplicarán al Estado que recibirá el imputado con excepción de los contraídos en la nación que conde‐na, y la persona procesada cumplirá la pena impuesta según el orden jurí‐

dico de la nación donde es trasladada. ^(' !-$@#$*-' #+7#!*4*!&' &3#5C+6' 1"#'los documentos entregados por cualquiera de los dos Estados serán remitidos en la lengua de la nación que los envía, acompaña‐do también de la correspondiente traducción al idio‐ma del país receptor.

El señor Joyandet estuvo acompañado del embajador de Francia en el país, y de otros funcionarios franceses.

Mientras que al magistrado Jiménez Peña lo acompañaron el coordinador nacional del nuevo modelo peniten‐!*&,*-6' B-0#,%-' G&$%&$&q' (&' 4*+!&(' 3#'Santiago, Yeny Berenice Reynoso; los miembros del Patronato Penitenciario, Abraham Selman y Rosa Hernández de Grullón, así como el senador de Santia‐go, Francisco Domínguez Brito.

El ministro francés se interesó en sa‐ber cómo se sentían las internas peni‐

tenciarias en ese recinto y les exhortó a poner en práctica lo aprendido cuan‐do cumplan sus penas.

W(' 4*$&('3#(' #$!"#$%,-'7&,%*!*7&,-$'3#'una presentación artística de dos de los 72 grupos artísticos que se han forma‐do en el nuevo modelo penitenciario.

Las internas francesas indultadas, Céline Faye y Sarah Zaknoun, junto a Alain Joyandet a su salida del Centro de Corrección y Re‐habilitación Femenino de Rafey, en Santiago.

8")9&-'+&$1-&)F$1G$5H3)I(5H,/A).)!"$(,)I-.$,1/#)'-,6/&3$,)'-,)"$3)(,#/&,$3)/,)/")centro de Rafey.


RECTOR DE CENTRO VISITA CCR‐FEMENINO DE NAJAYO

Una delegación de la Universidad John Jay College de Nueva York, encabezada por su rector, Jeremy Travis, se reunió con el procurador general dominicano, Radhamés Jiménez Peña, a quien ofre‐ció cooperación en materia forense, así !-5-'#$'(&'8-,5&!*?$'3#'(-+'4*+!&(#+':'del cuerpo de Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP).

En el encuentro también fue acordado que la universidad colaborará con el organismo rector del Ministerio Pú‐blico en la reinserción de los internos penitenciarios a la sociedad, según lo expresó el rector Travis.

Integraron también la delegación, los profesores José Luis Morín y Lawren‐ce Kobilinsky, y el embajador de las Naciones Unidas y profesor de la Uni‐versidad Fordham de Nueva York, Juan Ávila.

El procurador Radhamés Jiménez le planteó que estudian la posibilidad de crear un cuerpo especializado que sirva de auxiliar al Ministerio Público en sus investigaciones, para lo cual le solicitó asesoría en ese sen‐tido. “La creación de ese organismo sería fundamental para fortalecer el trabajo de la investigación de los casos complejos, porque no habría contaminación de pruebas, exclusio‐nes, ni impunidad”, expuso.

Se refirió al avance que experimen‐tan las diversas áreas de la institu‐ción, como el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), el cual dijo se ha ido consolidando hasta contar al día de hoy con una credibi‐lidad incuestionable.

Igualmente, se refirió desarrollo profesional de los fiscales y al éxito con que implementan el nuevo mo‐

delo de gestión penitenciaria.

La Universidad John Jay College de Nueva York ofrece programas de for‐mación a miembros del INACIF, los cuales, de acuerdo con el máximo re‐presentante del centro docente, Jere‐my Travis, serán reforzados.

VISITA DE JEREMY TRAVIS A D!E!FGHIJEBKB5

Jeremy Travis resaltó los aportes del Nuevo Modelo Penitenciario a la rein‐serción de los internos a la sociedad. A su juicio ese aporte comienza desde los propios centros de corrección y re‐habilitación en donde los internos se acogen por motivación y voluntad a los programas implementados por las autoridades dominicanas.

Jeremy Travis habló tras una visita al Centro de Corrección y Rehabilitación

Femenino de Najayo, San Cristóbal, al que !&(*4*!?'3#'*57,#+*-$&$%#':'3#'*$!&(!"(&‐ble valor para la comunidad dominicana. Al mismo tiempo, felicitó a la Procuradu‐ría General de la República y al gobierno dominicano por tan auspiciosa y humana iniciativa.

El catedrático, quien recorrió cada una de las áreas del Centro en compañía del procurador general, Radhamés Jiménez Peña, y Roberto Santana, director de la Escuela Nacional Penitenciaria y coordi‐nador del Nuevo Modelo, mostró satis‐facción al ver todas las facilidades de que disponen las internas para su rehabilita‐ción.

Travis dijo que es alentador ver como el personal de custodia y administrativo del centro realiza sus funciones, resaltando (-+'@&(-,#+'V%*!-+':'5-,&(#+6'1"#'&'4*$'3#'cuentas impactarán de manera positiva en la rehabilitación de las internas.

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8")&/'#-&)1/)`,(6/&3(1$1)I-G,)I$.);-""/%/B)I/&/5.)K&$6(3B)&/'(</)/a9"('$'(-,/3)1+&$,‐#/)3+)6(3(#$)$");;Fb@/5/,(,-)1/)?$0$.-7)E/)$'-59$J$,)F-</&#-)L$,#$,$).)*$#&('($)Lagombra, entres otros.


El procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, fue el invita‐do especial para realizar el pitcheo de honor en el séptimo juego de la serie 4*$&('3#('%-,$#-'$&!*-$&('3#'0V*+0-('*$‐vernal entre Gigantes y Escogido, cele‐

brado en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís.

En el partido, los Gigantes del Cibao derrotaron a los Leones del Escogido 2‐0 para anotarse cuatro victorias de

cinco que deben obtener para coro‐narse como campeones nacionales de la serie.

Junto a Jiménez Peña estuvieron, el procurador de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, Amado José Rosa; el senador por la provincia Duarte, Amílcar Romero; el presidente y gerente de los Gigantes, Laurentino Genao y Candy Maldonado, respectiva‐mente, y José Aníbal García, miembro del Consejo Directivo de ese equipo, entre otros.

JIMÉNEZ PEÑA HACE PITCHEO DE HONOREN PARTIDO GIGANTES Y ESCOGIDO

EN 2009 DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INTELECTUAL,

REFUERZA LABOR CONTRA LA PIRATERÍA

El Departamento de Propiedad Inte‐lectual, Telecomunicaciones y Comer‐

cio Electrónico de la Procuraduría, que dirige el magistrado Pedro Féliz Mon‐tes de Oca, el pasado año 2009 realizó operativos de inspección de lugares en todo el territorio nacional, incautando equipos electrónicos, entre ellos, CPU e inversores, obras pictóricas, libros, CD’s, videogramas (DVD) y tabacos. Las incautaciones se realizaron en diferentes comercios, vendedores in‐formarles y distribuidores en sentido general.

Conjuntamente con la cooperación informativa de empresas internacio‐nales, como HBO OLE y MICROSOFT CORPORATION, efectuó operativos de incautación de equipos, tanto satelita‐les como computacionales, a empresas nacionales infractoras en diferentes ciudades del país, con la colaboración del Instituto Dominicano de las Teleco‐

municaciones (INDOTEL) y el Depar‐tamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología de la Poli‐cía Nacional.

El pasado año también fue presentada la Comisión Interinstitucional para el Combate de los Delitos de Alta Tecno‐logía (CDAT), organismo que preside el magistrado Féliz, en representación de la Procuraduría General de la Repú‐blica, designado en esas funciones por el titular de la institución, Radhamés Jiménez, mediante el Auto número 41.Esa comisión tiene como misión coor‐dinar y cooperar con gobiernos e insti‐tuciones nacionales y extranjeras para prevenir y reducir la comisión de actos ilícitos de alta tecnología en la Repú‐blica Dominicana y el resto del mundo, de manera conjunta con la entidad na‐cional competente.

Pedro Féliz Montes de Oca


El gobierno dominicano solicitó a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, proporcionar un defensor público al pelotero dominicano Fabio Gómez, condenado a la pena capital por un tribunal de Texas, y procurar la variación de la sanción aplicada al de‐portista criollo.

La solicitud fue tramitada por el procu‐rador general de la República, Radha‐més Jiménez Peña, a su homólogo es‐tadounidense, Eric Holder, atendiendo a una preocupación del gobierno y la sociedad dominicana, donde no existe la pena de muerte y la pena máxima es 30 años de reclusión.

“En mi calidad de Procurador General de la República Domi-nicana, por esta vía le solicito interponer sus buenos oficios ante la gobernadora del Es-tado de Arizona, señora Jan

Brewer, a los fines de procurar la conmutación de la pena

capital que recae sobre el señor Fabio Gómez”, indica Jiménez Peña en una carta enviada a

Holder.

El procurador explicó que el Estado dominicano y la Procuraduría General se han mantenido dando seguimiento al caso del señor Fabio Gómez, hacien‐do diligencias por medio de la Canci‐llería para conocer el estatus actual del proceso.

En ese sentido, precisó que tenían cono‐cimiento de que le han sido asignados dos defensores públicos para su defensa en este caso, quienes no se reúnen con su defendido desde el año 2007.

“Desconocemos las razones por las cuales su derecho legítimo de defensa

haya podido haber estado en riesgo, en vista de lo cual le reiteramos conside‐rar el cambio de pena a cadena perpe‐tua, so pena de cometer una injusticia irremediable, como sabemos ha ocu‐rrido en múltiples casos”, manifestó.

Fabio Gómez fue un reconocido juga‐dor de beisbol de Grandes Ligas para

diferentes equipos, manteniendo du‐rante toda su vida de jugador profe‐sional los más altos estándares, indica Jiménez Peña en la carta.

“Tenemos entendido, además, que se trataba de un ciudadano sin antece‐dentes criminales previos, y con una labor social de mucho valor, pues es‐tuvo involucrado en trabajos con niños desprotegidos en su país de origen, Re‐pública Dominicana”.

Resaltó que en reiteradas ocasiones ha manifestado su rechazo a la impo‐sición de ese tipo de penas, ya que si hoy proclaman como valor supremo la dignidad de la vida humana, no sólo en el ámbito moral, sino también en el ju‐rídico, “es incoherente que en la prác‐tica violen ese derecho fundamental por medio de mecanismos institucio‐nalizados” indicó Jiménez Peña.

Fabio Gómez está condenado por el asesinato de la ciudadana estadouni‐dense Joan Morane, 36 años. Lleva 10 año de prisión, a la espera de que se le aplique la pena capital.

ASIGNAR DEFENSOR A PELOTERO CRIOLLOY CONMUTAR PENA DE MUERTE POR CADENA PERPETUA

RD SOLICITA A ESTADOS UNIDOS

Fabio Gómez.



PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICASANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANAw

ww.procuraduria.gov.do

Av. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Constanza, Maimón


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