P R E S I D E N T E

EMERGENCIA DIGITAL

PLAN DE

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Definiremos internet como un servicio básico

Eliminaremos las zonas excluidas de cobertura de internet al terminar nuestro primer año de gobierno, sean estas rurales o urbanas

Invertiremos en infraestructura faltante en áreas rurales y zonas extremas

Subsidiar el pago de cuentas de los hogares de menores ingresos

La pandemia ha hecho fundamental contar con una conexión a internet para estudiar, trabajar, acceder a servicios, emprender, o incluso para mantener contacto con nuestras familias y pasar tiempo libre.

Por lo mismo, las brechas digitales se han hecho más dramáticas que nunca. Un estudio de la Subsecretaría de Comunicaciones, por ejemplo, muestra que un 75% de los hogares del quintil más rico cuenta con acceso a banda ancha, mientras que en los hogares del quintil más pobre ese porcentaje alcanza el 25%. Ello tiene enormes consecuencias sociales. De acuerdo con datos del Ministerio de Educación, la cobertura de educación escolar a distan-cia dentro del quintil más rico alcanzó durante el año 2020 un 90%, mientras que en el quintil más pobre sería menor al 30%.

En términos generales. Las brechas digitales no solamente se refieren al acceso, sino también uso y a la capacidad de apropiación de las tecnologías digitales.

DIAGNÓSTICO

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En Chile 17,7% de la población no usa Internet. En las brechas digitales cumplen un rol los factores de género, clase social, edad, educación, segregación territorial, entre otras. También, la adopción de tecnologías digitales ha estado concentrada entre las empresas grandes y en mucho menor medida en las pequeñas.

Sin embargo, antes de que operen estos factores, en Chile hay territorios completamente excluidos del internet por parte de las grandes empresas de telecomunicaciones. Se trata principal-mente de tres formas de exclusión: barrios periféricos de grandes ciudades, áreas rurales, y zonas extremas.

Sabemos que mientras el 60% de los hogares urbanos posee banda ancha fija, solo 21% de los hogares rurales la tienen. La fibra óptica corresponde hoy a solo el 25% de todas las conexio-nes, estando el 50% de estas concentradas en la Región Metropolitana.

Sin embargo, dentro de la propia Región Metropolitana existen bolsones de exclusión, llamadas Zonas Rojas, donde las grandes empresas no prestan servicios aduciendo que no hay “factibilidad técnica”. La poca transparencia de estos criterios hace difícil esti-mar la totalidad de estas zonas. En muchas de ellas han surgido prestadores locales, “internet de barrio”, que sí prestan servicios, demostrando que es posible llegar a esos barrios con conectividad.

En nuestro programa de gobierno distinguimos entre el corto y largo plazo. Entendemos que la transformación digital es un proceso fundamental para disminuir brechas y transitar hacia un modelo de desarrollo justo y sostenible. Sin embargo, en medio de esta pandemia estamos en una emergencia que requiere terminar de manera inmediata con la exclusión del acceso a internet.

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PROPUESTA

En nuestro primer año de gobierno, implementaremos un Plan de Emergencia Digital, que consiste en:

Establecer un Registro Nacional de Conectividad, implementado mediante una modificación reglamentaria, que transparente todas las factibilidades técnicas. Las empresas de telecomunicaciones estarán obligadas a registrar servicios solicitados, factibilidades técnicas entregadas, y velocidades de subida y bajada efectivas a nivel de domicilio, con garantía de protección de datos personales. Con ello se generará un mapa nacional de conec-tividad a nivel de manzana, de actualización periódica y acceso público.

Identificar zonas excluidas y fomentar el ingreso de operadores locales como PYMES, ONGs y municipalidades, tanto mediante esquemas reglamentarios adecuados, como estableciendo esquemas de subsidios que faciliten la participación de.

Regular internet con el carácter de servicio básico, estableciendo mecanismos de subsidios para las cuentas de familias sin capacidad de pago, por un monto estimado de US 150 millones anuales. En zonas excluidas de servicio por grandes empresas de telecomunicacio-nes, estos montos se destinarán al financiamiento de la operación de nuevos prestadores locales, para promover así el desarrollo económico local digital. En el mediano plazo, estos subsidios públicos serán reemplazados por esquemas tarifarios que tengan componentes progresivos, de manera similar a lo que hoy existe en la regulación de los servicios sanitarios.

Implementaremos un plan de inversión rápida para cubrir localidades donde no existe cobertura fija o móvil, por un costo estimado de US 1.700 millones3. Este plan de inversiones podrá realizarse mediante el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), o a través de implementación descentralizada mediante transferencias a los gobiernos regionales y comunales.

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Se estima que, dentro del horizonte temporal del próximo gobierno, deben realizarse inversiones cercanas al 10% del PIB para así lograr adoptar tecnologías como 5G y fibra óptica en todo el territorio nacional. Esto, sumado a la necesidad de abordar la brecha digital en su dimensión de uso y apropiación, requiere un Pacto por la Transformación Digital, que genere una estrategia a mediano y largo plazo, donde convocaremos a los gobiernos locales, los sectores empresariales, la sociedad civil y la comunidad científica. Este Pacto deberá contar con resultados y una estrategia para ser implementada desde nuestro segundo año de gobierno.

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