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Resolución PER Nro. ).6/ /lO.-SUPERINTENDENCIA
Buenos Aires,.3 \de marzo de 2010.
VISTO:
El expediente P. 7836/2009, caratulado "Procuración General de la
Nación si TUPPO, Hernán Alberto -secretario de la Fiscalía de Distrito de
Saavedra- si denuncia publicada en su contra en distintos medios gráficos de
comunicación", a fin de resolver la situación administrativa del doctor HERNÁN
ALBERTO TUPPO, D.N.!. 18.262.092, argentino, casado, abogado, nacido el 7
de febrero de 1967 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, secretario de
fiscalía de primera instancia, con funciones en la Fiscalía del Distrito Saavedra-
Núñez sito, en su anexo de la calle Lavalle 1638, 2do. piso, Ciudad de Buenos
Aires, de las demás condiciones obrantes en su legajo personal del Ministerio
Público Fiscal de la Nación que corre por cuerda, en orden a los hechos que le
fueran imputados en ese legajo, y
CONSIDERANDO:
I
Que las actuaciones indicadas en el Visto se iniciaron a través de la
Secretaría Disciplinaria, Técnica y de Recursos Humanos de la Procuración
General de la Nación, tras haber tomado conocimiento, por medio de diversos
periódicos de distribución masiva, que, Hemán Tuppo -identificado en las
publicaciones como "fiscal" y como "secretario de la Fiscalía de Saavedra y ex
juez de Santiago del Estero entre mayo de 2004 y marzo de 2005"-, el pasado 4
de septiembre concursaba para ocupar el cargo de juez de Tribunal Oral en lo
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Criminal Federal de Paraná, y había sido descubierto teniendo en su poder copias
de los exámenes, antes del inicio de la evaluación. En ese marco se constató que
en la denuncia publicada se estaría haciendo referencia al agente Hemán Alberto
Tuppo, quien se desempeña como secretario de la Fiscalía de Distrito de
Saavedra-Núñez y se certificó que en el Juzgado Federal Nro. 1 de Paraná -en lo
Criminal y Electoral-, provincia de Entre Ríos, se iniciaron las actuaciones Nro.
12.414, caratuladas "Cabral, Luis María si su denuncia", cuyo objeto es la
investigación de los sucesos acaecidos en el marco del concurso de oposición
para cubrir el cargo de Juez del Tribunal Oral Federal de esa jurisdicción.
Asimismo se constató que en la Comisión de Selección del Consejo de la
Magistratura del Poder Judicial de la Nación se había tomado conocimiento de un
pedido de sumario efectuado por el señor presidente de dicho órgano y de un
pedido de investigación formulado por los señores integrantes del jurado del
concurso de referencia, doctores Morín, Costa y Tedesco y, en virtud de ello, se
habían iniciado las correspondientes actuaciones administrativas (confr. fs. 8 y
13/22).
Que, teniendo en cuenta el tenor de las circunstancias ventiladas en las
versiones periodísticas y en la medida que la conducta que se había hecho pública
podía constituir una trasgresión al deber de todo el personal del Ministerio
Público Fiscal de la Nación de observar una conducta irreprochable (artículo 31
del Régimen Básico de los Funcionarios y Empleados del Ministerio Público
Fiscal de la Nación -Resolución PGN Nro. 2/06-), se dispuso la iniciación de un
sumario en el marco de lo previsto en el artículo 30 del Reglamento Disciplinario
para Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación -
Resolución PGN Nro. 52/08- (confr. Res. PER Nro. 926/09).
II
Que recibidas que fueron las actuaciones por parte del doctor Javier De
Luca, Fiscal General designado instructor sumariante, éste ordenó la realización
de distintas medidas de prueba. Así, se agregaron recortes periodísticos que dan
cuenta de los sucesos que fueran génesis de las actuaciones (confr. fs. 43/6); se
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dejó constancia de los llamados telefónicos efectuados por el doctor Hemán
Tuppo al despacho del doctor De Luca (confr. fs. 47 y 58); se requirió al señor
Presidente del Consejo de la Magistratura la elaboración de un informe relativo a
distintas circunstancias del concurso de oposición de referencia, a las actuaciones
posteriores originadas en los sucesos denunciados, a los mecanismos de
evaluación de los postulantes y a los procesos de selección de los casos utilizados
en las pruebas de oposición (confr. fs. 48/9); se solicitó al Fiscal Federal de
Paraná la remisión de copias de la citada causa 12.414 y de la documentación
secuestrada (confr. fs. 50); se solicitó un informe al doctor José María
Campagnoli, titular de la Fiscalía de Distrito Saavedra-Núñez en orden a la
situación laboral del doctor Tuppo, el lugar físico donde se desempeñaba, los
instrumentos informáticos que utilizaba, su inscripción a concursos, la última vez
que se hizo presente en la oficina y acerca de si consideraba necesaria la adopción
de alguna de las medidas preventivas dispuestas en el artículo 24 del Reglamento
Disciplinario (confr. fs. 59/vta.); se pidió al doctor Mario Gustavo Costa -jurado
del concurso de referencia- información relativa a la prueba de oposición, a la
creación, selección, almacenamiento, formato y envío de los casos para el
concurso (confr. fs. 60/vta); se agregó una copia del Reglamento de Concursos
Públicos de oposición y antecedentes para la designación de magistrados del
Poder Judicial de la Nación (confr. fs. 61/5); se recibió el legajo personal del
doctor Tuppo obrante en la Procuración General de la Nación (con fr. fs. 67); se
solicitó ampliación de informe al doctor Campagnoli (confr. fs. 68, 97); se recibió
la respuesta (confr. fs. 70/1); se solicitó al Departamento de Informática y
Comunicaciones de la Procuración General que se determinara si el agente Tuppo
había tenido acceso a la computadora ubicada en su despacho o a la de alguno de
sus compañeros entre los días 4 y 7 de septiembre de 2009 (confr. fs. 91); se
agregó el informe de la Secretaria ad hoc doctora María Romina Del Buono del
que se desprende el allanamiento realizado en la oficina que utilizara el doctor
Tuppo (confr. fs. 96); se recibióel informe del Prosecretario Letrado a cargo de la
Secretaría de la comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del
l¡ Consejo de la Magistratura, doctor Claudio Martucci, con el relato de los hechos,
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la descripción del proceso de selección de candidatos a magistrados y el
reglamento de concursos públicos de oposición y antecedentes para la
designación de magistrados (confr. fs. 981110); se agregaron copias certificadas
del expediente Nro. 63/2009 del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de
la Nación, caratulado "Concurso N° 245. Tribunal Oral en lo Criminal de Paraná
- Provincia de entre Ríos" (confr. fs. 111/264); se agregaron copias del
expediente 12.414 del Juzgado Federal de Paraná, caratulado "Cabral, Luis
María si denuncia" (confr. fs. 266/303); se recibió el informe elaborado por el
doctor Mario Gustavo Costa junto con la documental aportada para acreditar el
intercambio por correo electrónico producido en relación al concurso Nro. 245
(confr. fs. 304/6 y 307/64vta.); se agregó la Resolución Nro. 392/09 del Plenario
del Consejo de la Magistratura por la cual se excluyó al doctor Tuppo de todos
los procesos de selección en los que se encontraba participando incluido el Nro.
245 (confr. fs. 367/9); se solicitó al señor Fiscal Federal de Paraná, doctor Mario
Silva, que remita copia de la documentación secuestrada al doctor Tuppo en el
marco de la prueba de oposición del concurso Nro. 245 y de lo actuado con
posterioridad a la compulsa del expediente (confr. fs. 375); se agregó el informe
del Director General de Informática y Comunicaciones de la Procuración General
de la Nación, Ingeniero Rubén Jorge Fusario, en el que se expresa que el usuario
"htuppo" se logueó desde la PC ubicada en la oficina de Lavalle 1638 a las 3:03
pm del sábado 5 de septiembre de 2009 (confr. fs. 379/80); se recibió el legajo
1187 de los concursos en los que participó el doctor Tuppo ante el Consejo de la
Magistratura (confr. fs. 381); se incorporó un nuevo informe del Prosecretario
Letrado a cargo de la Secretaría de la Comisión de Selección de Magistrados y
Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, doctor Claudia Martucci (confr.
fs. 383/vta. y la documentación acompañada a fs. 384/406 relativa al concurso
Nro. 237); se agregó el informe elaborado por el doctor Sebastián Gallino, titular
del Juzgado de Instrucción de Nogoyá, provincia de Entre Ríos, quien también
participó del concurso Nro. 237 (confr. fs. 409110 y 490/4); se incorporó el oficio
del doctor Mario Osvaldo Silva, Fiscal Federal de Paraná, en el que informa sobre
el proceso judicial iniciado con motivo de los hechos objeto de este sumario
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(confr. fs. 41116) y se agregó el informe del doctor Luis María Cabral, miembro
del Consejo de la Magistratura (confr. fs. 42112).
Que, asimismo, el instructor citó al doctor Hemán Tuppo a efectos de
que ejerciera su derecho de defensa en el marco de la audiencia prevista por el
artículo 32 del Reglamento Disciplinario, oportunidad en la que hizo uso de su
derecho a negarse a declarar luego de que se le hiciera saber el hecho que se le
imputaba y las pruebas incorporadas hasta ese momento (confr. fs. 423/vta.).
También se le corrió vista de las actuaciones al sumariado, quien las compulsó y
obtuvo copias de las partes que seleccionó (confr. fs. 424 y 427).
Que cabe indicar que en esa instancia el doctor De Luca imputó al
doctor Tuppo "el haber obtenido en forma ilegítima y con anterioridad a las
fechas de las pruebas de oposición, los casos de exámenes de los concursos
organizados por el Consejo de la Magistratura para cubrir las vacantes de jueces
federales ante la justicia federal de Paraná y Concepción del Uruguay, que
fueron tomados entre el 2 y 4 de septiembre de 2009, los cuales debían
permanecer secretos" (confr. fs. 423). Apuntó el sumarianteque "las
imputaciones surgen del hecho de haberse descubierto en su poder los casos de
exámenes, en el último de los exámenes previstos de ese grupo, el 4 de
septiembre, en la Escuela de Comercio N° 1de la ciudad de Paran á, cuando la
autoridad del Concurso -el Dr. Luis Cabal, consejero de la Magistratura- a modo
de iniciación formal del acto, se encontraba leyendo en voz alta a los
participantes el caso que acabada de ser desinsaculado y extraído del sobre
cerrado correspondiente, oportunidad en la que fue observado por otros
concursantes que Ud. tenía en su poder el mismo caso que se estaba leyendo.
Además, porque con posterioridad, como consecuencia de la requisa dispuesta
por el juez federal, le fueron encontrados los otros casos de esa prueba de
oposición y algún otro de los concursos para las vacantes de Concepción del
Uruguay, todo lo cual, tampoco podía haber tenido en su poder en forma
Ilegítima" (confr. ídem).
Que analizado el cuadro probatorio reunido hasta ese entonces y de
conformidad con el informe efectuado por el titular de la dependencia en la que el
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sumariado cumple funciones (confr. fs. 70/1vta.), el sumariante solicitó la
suspensión del doctor Tuppo, medida que se hizo efectiva por decisión del
suscripto y posteriormente se prorrogó en dos oportunidades conforme a las
previsiones de la nonnativa vigente (confr. Resoluciones PER Nro. 1043/09,
1160/09 Y 1322/09).
Que, además, se solicitó al Jefe del Cuerpo de Auditores del Poder
Judicial de la Nación, doctor Pedro Jorge Fernando Meydac la remisión de copias
autenticadas del sumario instruido en esa sede en relación a los sucesos acaecidos
en el referido proceso de selección (confr. fs. 430) y se requirieron al
Prosecretario Letrado a cargo de la Secretaría de la Comisión de Selección de
Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, doctor Claudio
Martucci, copias de los casos confeccionados por los jurados para el concurso
Nro. 245 (confr. fs. 431). También se recibió el informe del jurado del concurso
Nro. 237, doctor Gustavo Alfredo Bruzzone (confr. fs. 43517 y documentación
adjunta a fs. 438/85), y se agregaron copias del Dictamen Nro. 10/06 del Plenario
del Consejo de la Magistratura en el marco del concurso Nro. 115 destinado a
cubrir la vacante de juez del Tribunal Oral Federal de Santiago del Estero en el
que participaron y luego fueron ternados los doctores Hernán Tuppo y Alberto
Pravia (confr. fs. 501/8) y, posteriormente, se obtuvieron copias del expediente de
ese concurso y se agregó un informe actuarial en orden a las principales
constancias de ese legajo (confr. fs. 511/66 y 568/9). Luego, se glosó documental
extraída de la página oficial del Poder Judicial de la Nación relativa al concurso
Nro. 210 para cubrir una vacante de juez del Tribunal Oral Federal de Neuquén
(confr. fs. 617/26).
Que, asimismo, se recibieron las copias de los casos sometidos a sorteo
para el concurso Nro. 237 y el acta confeccionada con motivo de ese examen
(confr. fs. 57l/80vta.), de los casos hallados en poder del doctor Hernán Tuppo
(confr. fs. 581/9vta.) y de los casos sorteados para el concurso Nro. 245, del tema
elegido para resolver y del acta administrativa confeccionada con motivo del
hecho que diera origen al sumario (confr. fs. 590/600).
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Que sustentado en las pruebas colectadas y cumplidos los estadios
reglamentarios pertinentes, el instructor sumariante confeccionó el informe
previsto en el artículo 36 del Reglamento Disciplinario en el que concluyó que en
atención a la magnitud y gravedad de la falta atribuida al doctor Tuppo era
aconsejable aplicar la sanción de cesantía (confr. arto 7, inciso "e", del referido
régimen aprobado por Res. PGN Nro. 52/08) y que se dejara reservado para un
futuro la posible aplicación de la sanción de exoneración, para el caso en que
resultara condenado en la causa penal sustanciada ante la justicia federal de
Paraná (confr. fs. 627/34). Por cuestiones de brevedad se remite a los
fundamentos del doctor De Luca los que aquí se tienen por reproducidos.
Que de ese acto fue notificado el doctor Tuppo al tiempo que se le
corrió nueva vista de las actuaciones y se le hizo entrega de las copias que solicitó
(confr. fs. 635, 636 Y638). También se le proporcionaron, ante su pedido, copias
de las Resoluciones PGN Nros. 02/06 y 52/08 (confr. fs. 639/40).
Que a fojas 646 se ordenó que corrieran por cuerda las fotocopias del
expediente CAD 8/2009, caratulado "Presidencia del Consejo si irregularidades
en prueba de oposición conc. 245 slinvest. sumaria", remitido por el Cuerpo de
Auditores del Poder Judicial. En ese acto se dispuso que se informara al doctor
Tuppo de la recepción a efectos de que pudiera tomar vista de esas actuaciones,
circunstancia que se produjo al día siguiente de la notificación al sumariado
(confr. fs. 647)
Que también se agregaron COpIaSde la resolución de fecha 28 de
octubre de 2009 dictada en el marco del expediente 12.414, por la que el Juez
Federal Subrogante a cargo del Juzgado Federal Nro. 1 de Paraná, provincia de
Entre Ríos, doctor Gustavo C. Zonis, decidió procesar a Alberto Pravia por
considerarlo, prima facie, autor del delito de revelación del secreto oficial
previsto en el artículo 157 del Código Penal -dos hechos en concurso real-, y a
Hemán Alberto Tuppo como partícipe necesario de ese delito -también por dos
hechos- (confr. fs. 654/64vta.).
Que, luego, el sumariado presentó un escrito proponiendo medidas
probatorias (confr. fs. 666/79). El sumariante, si bien resolvió declarar esa
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presentación extemporánea a fojas 680/2vta., a fin de salvaguardar el derecho de
defensa del sumariado, analizó su solicitud desde el punto de vista material y
descartó en forma fundada la producción de las medidas propuestas. Frente a esa
decisión el doctor Tuppo interpuso recurso de apelación (confr. fs. 694bis/704).
Por cuestiones de brevedad se remite a lo resuelto en oportunidad de analizar esa
impugnación (confr. Res. Per. Nro. 1322/09 cuya copia glosa a fojas 7071l3vta.).
Que, por último, el instructor sumariante produjo el Informe Final en
los términos del artículo 40 del Reglamento Disciplinario. Allí, concluyó que se
había determinado en la actuaciones sumariales que "en relación con el examen
para la vacante de Paraná del 4 de septiembre, que una vez constituidos todos
los concursantes y autoridades del Consejo en el lugar prefijado (ver lista de fs.
208110), el Dr. Luis Maria Cabral procedió a elegir un sobre al azar ya extraer
y leer el caso que alli se con tenia (Acta del Consejo de fs. 211). Enseguida, dos
concursantes, Mateo José Busaniche y Noemi Marta Berros, advirtieron que el
aspirante Tuppo tenia en su poder el tema cuyas primeras lineas habian sido
leidas por el Dr. Cabral. Ante el anoticiamiento este último dispuso suspender la
actividad y pidió a Tuppo que mostrara lo que tenia consigo. Sin embargo, Tuppo
procedió a guardar los papeles en un sobre color madera -el mismo del que
habia sacado previamente el material en cuestión- y manifestó que se trataba de
papeles personales que no deseaba exhibir y que si era necesario renunciaria al
concurso ahí mismo. Cabral le hizo saber lo que se le imputaba y Tuppo lo negó
y manifestó que presentaba su renuncia indeclinable al concurso. Cabral hizo la
denuncia penal y convocó al Juez Federal (acta de fs. 213). El juez concurrió a la
media hora y procedió a requisar a Tuppo, al que hallaron en su poder dos
teléfonos celulares y, en un portafolios, unos libros juridicos, apuntes,
jurisprudencia y, en lo que aqui interesa, un sobre con membrete del Poder
Judicial de la Nación que contenia dos hojas iguales con membrete del Poder
Judicial de la Nación, cada una de las cuales comienza con el titulo 'Hechos ... ' y
prosigue '...A raiz de una denuncia anónima recepcionada en la delegación de la
policiafederal ... ' y una hoja con titulo 'Caso 11Concurso N° 245 C. MAG. ' que
comienza diciendo 'Sorprendida cuando llevaba en su poder, durante una
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requisa en la via.: consignas: deberá resolver la cuestión planteada, reseñando
en su voto los distintos argumentos que habrían sostenido las partes en la
incidencia', el reverso de dicha hoja consigna '(tomando como base que el fiscal
mantendría su criterio esta vez fundado)', dos hojas doble faz y una simple faz
con el título 'Concurso 245 - TOF Paraná' las que desarrollan los puntos del
uno al diez en numeración romana y comienzan 'Juan Prado, proveedor del
estado nacionaL.' y concluye 'Elabore una sentencia que atienda a las
cuestiones introducidas por las partes y que resuelva la situación en la que se
encuentran Sebastián Corso y Arturo Pinta, sin agregar datos que no se
encuentren en el relato'; del bolsillo lateral del bolso descripto se secuestró una
hoja con membrete del Poder Judicial de la Nación con el título 'Hechos' que
dice 'El jefe de la comisaría de Concepción del Uruguay ... '; una hoja con el
título 'Caso de Derecho Penal Tributario' que comienza diciendo 'I Néstor
Jiménez es el dueño de una pequeña fábrica textil ... '. También se secuestraron
los documentos del Consejo en posesión de sus autoridades, como los cuatro
sobres con los temas empleados en el concurso; el seleccionado, abierto (ver fs.
271/2)" (confr. fs. 742vta./3). En orden a la imputación, agregó: "es decir, a
Tuppo le fueron encontrados en su poder los mismos casos que habían
confeccionado los jurados, que también guardan identidad con los que estaban
ensobrados al celebrarse el concurso (ver acta de secuestro, declaraciones de
Cabral y del Fiscal Mario Silva, y copias de los casos remitidas por el Fiscal de
la causa penal). Lo único que difiere es el formato final, como márgenes,
encabezados, membretes, etcétera. Cabe señalar que, paralelamente, también
tenía en su poder, el día del concurso de Paraná, un caso del Concurso N° 237
para juez de. Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay. Ello surge del
secuestro, de los dichos del fiscal Mario Silva y del jurado de ese concurso Dr.
Gustavo Alfredo Bruzzone (ver su informe que relevaremos más adelante y
copias de los documentos secuestrados en la causa penal remitidas por el fiscal
/ )1 federal de Paraná, Dr. Mario Silva)" (confr. fs. 743/vta.).
Que, sustentado en argumentos que aquí se tienen por reproducidos en
mérito a la brevedad, el instructor recomendó la aplicación al doctor Hemán
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Alberto Tuppo de la sanción de cesantía (art, 7, inciso "e", del referido régimen
aprobado por res. PON Nro. 52/08). Una vez más el doctor De Luca requirió que
se dejara reservada para un futuro la posible aplicación de la sanción de
exoneración para el caso en que resultara condenado en la causa penal (confr. fs.
74l!9vta.).
III
Que notificado de ese informe (confr. fs. 755), el doctor Tuppo
presentó su alegato en uso de la facultad establecida en el artículo 41 del
reglamento aprobado por Resolución PON Nro. 52/08 (confr. fs. 758/804).
Que luego de reseñar el desarrollo del sumario administrativo y sus
presentaciones a lo largo de la tramitación (confr. fs. 759/65), consignó sus
motivos de crítica a la actividad del instructor.
Que, en primer lugar, destacó que, contrario a lo señalado por el
sumariante, la obligación de mantener una conducta irreprochable prevista en el
artículo 31 del Régimen Básico para los Funcionarios y Empleados del Ministerio
Público Fiscal de la Nación -aprobado por Res. PON Nro. 02/06-, no debe ser
mantenida "en todo tiempo y lugar" o "en todo ámbito". Así, puso de resalto que
con esas dos fórmulas diferentes el instructor "amplió capciosa y
caprichosamente el tipo objetivo del arto 31, al agregar en dos oportunidades
distintas circunstancias que no están incluidas en el texto del artículo" (confr. fs.
768). Acudió a la cita de precedentes del más alto Tribunal de la Nación relativos
a la interpretación y aplicación de los textos legales, consignando que "los jueces
no deben sustituir al legislador, sino aplicar la norma, tal como este la concibió"
y que "las leyes deben interpretarse, conforme el sentido propio de las palabras
que emplean, sin molestar su significado específico" (confr. ídem con referencia a
Fallos: 295:376; 300:700 y 302:973).
Que, en esa inteligencia, indicó que esa "delicada manipulación del
tipo legal, colisiona con el debido principio de legalidad, custodiado por el arto
18 de la Constitución Nacional" (confr. fs. 769). Agregó que en virtud del sentido
sancionador de la rama del derecho administrativo aplicable al caso bajo estudio,
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deben serIe inherentes ciertos principios característicos del derecho penal. En
virtud de ello, estimó que para que una conducta sea calificada como una
infracción administrativa sancionable debe estar expresamente descripta en una
ley anterior a su comisión. Aclaró que "la taxatividad de la ley siendo ... pauta
constitucional no puede ser ignorada por el Instructor" (confr. fs. 770). Concluyó
que el dictamen del instructor era arbitrario pues había violado las prohibiciones
de analogía y de creación judicial de normas.
Que, asimismo, indicó que el sumariante "extrajo de su real contexto,
el sentido de la norma, en lo que respecta a su ámbito de aplicación". Fundó su
postura en que el artículo mencionado se encuentra incluido en el Titulo 11
relativo a las Condiciones de Prestación del Servicio y bajo el rótulo "Deberes y
Prohibiciones", y, por eso, aseveró que se "circunscribe su legítima aplicación, a
hechos cometidos por funcionarios o empleados exclusivamente, en ejercicio de
las funciones propias del cargo" (confr. fs. 771). Concluyó que median defectos
graves de fundamentación y razonamiento que impiden considerar al resolutorio
impugnado como un acto válido pues se encuentra "viciada la correcta
interpretación de la norma" (confr. fs. 772 con cita de Fallos: 312:111,
considerando 8°).
Que, por otro lado, consignó que desde un inicio sus derechos fueron
soslayados. Así, refirió que la indagatoria -a la que indicó como equivalente por
sus efectos a la audiencia del artículo 32 del reglamento- es "el ámbito por
excelencia de defensa material, y no debe permitirse que toda la plataforma de
garantías que rodean al instituto, se convierta en una ficción y/o en una realidad
virtual" (confr. fs. 775). Aseguró que en forma previa a la audiencia prevista por
el artículo 32 no había tenido la posibilidad de compulsar materialmente la causa
administrativa.
Que, en ese orden de ideas, señaló que adoptó idéntico temperamento
procesal tanto en el expediente penal como en el administrativo, porque en ambas
/ ¡ jurisdicciones se le negó el acceso irrestricto a las actuaciones antes de la
audiencia, y que tal circunstancia no podía ser considerada como una presunción
en su contra.
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Que, además, recordó que se lo "investigaba" por el mismo hecho en
tres sedes diferentes -en referencia a la causa penal en la justicia federal de
Paraná, en el Consejo de la Magistratura y en esta jurisdicción administrativa- y
que, en virtud de esas circunstancias, la administración pública no debía tener un
criterio que obstruyera su labor destinada a contrarrestar la acusación. Concluyó
que tanto el magistrado a cargo de la investigación penal como el instructor
sumariante habían obstruido el legítimo ejercicio de su defensa material. También
criticó la Resolución Nro. 329/09 del Consejo de la Magistratura de la Nación
alegando que se había violentado el debido proceso adjetivo en la medida que no
se le había otorgado oportunidad de defenderse.
Que, asimismo, se agravió nuevamente del rechazo de las pruebas que
ofreció oportunamente. En esa inteligencia, se quejó porque no tuvo favorable
recepción la solicitud que efectuara para que depusieran los doctores Juan Ilardo,
Claudio Martucci y Pablo Vaser acerca de los usos y costumbres en los exámenes
en el interior del país y sobre el concepto que tenían de él como postulante con
antelación a los sucesos que derivaran en la formación del sumario. También
cuestionó que no se solicitaran los antecedentes del concurso Nro. 237 ni las
copias de las pruebas de oposición rendidas en los años 2007, 2008 Y 2009.
Aseveró que la realización de esas medidas habría resultado de utilidad para
fortalecer su concepto, evacuar dudas sobre su supuesto corrupto accionar y tener
un parámetro objetivo de su rendimiento en las pruebas de oposición.
Que continuó el desarrollo de ese agravio reñríendo que había
solicitado, en vano, que se practicara una comparación entre los modelos
secuestrados a fin de establecer si se advertía en ellos alguna maniobra
fraudulenta de su parte y que se los analizara en orden a establecer si existían
insertas en ellos escrituras que le pertenecieran. Criticó que el instructor
''promocione la expectativa del resultado de la pericia de la computadora que se
secuestró de mi despacho anunciando que allí se dilucidaría si de los archivos
(existentes o "eliminados" pero recuperables) surgen elementos de interés que
indiquen el origen de los casos de los concursos, si después cuando se le solicita
que reclame el resultado de esa pericia, livianamente señala que ese peritaje en
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nada puede modificar la valoración de las pruebas salvo que el resultado
demostrara una maniobra fraudulenta y ahí si fuera considerado en mi perjuicio"
(confr. fs. 783). También cuestionó que no se hubiese proveído en forma
favorable a la realización de una pericia scopométrica tendiente a acreditar si
existía algún tipo de escritura en la documentación secuestrada que obra en poder
del Juzgado Federal de Paraná, y se realizara una compulsa tendiente a comprobar
si en ella se advertía alguna anotación que resolviera el caso sorteado o algún
otro. Apoyó su crítica en que esas medidas eran imprescindibles para la
averiguación de la verdad real.
Que similares reproches desplegó para la negativa a citar a la
Licenciada Galazo; a librar oficio al Juzgado Federal de Paraná para que
informara si en los allanamientos practicados en el marco de las actuaciones
penales se procedió al secuestro de sobre idénticos al incautado; a constatar en el
sobre original la existencias de huellas dactilares o de escrituras que le
pertenezcan, entre otras cuestiones; a contar con la declaración del doctor
Candiotti; al pedido de informes al Ministerio de Justicia y a la Comisión de
Selección del Consejo de la Magistratura, en punto a los concursos que rindió y
las temas que integró; y a la solicitud de informes a la oficina administrativa
pertinente para que se certificara si registró algún tipo de sanción o distinción.
Que, por otro lado, indicó la existencia de "desacierto en la valoración
de las pruebas, reunidas ... por la instrucción administrativa". Al respecto,
puntualizó que los testimonios fueron analizados con una "virtual liviandad"
.,(confr. fs. 788).
Que, sobre el particular, en pnmer lugar refirió que no se había
analizado el testimonio del doctor Cabral en forma pormenorizada y a la luz de
los dichos de los principales protagonistas, los doctores Berros y Busaniche. Así,
señaló que prueba de ello era que mientras el instructor había relatado que " ... el
Dr. Luis María Cabral procedió a elegir un sobre al azar y a extraer y leer el
caso que allí contenía (Acta del Consejo de fs. 211) ... "; quien eligió el tema
había sido la doctora Berros que se encontraba parada al lado del doctor Cabral ''y
!1,I .
13
Page 14
siendo corta de vista (dato que se desprende de su declaración) mal pudo haber
visto lo que juró que vio" (confr. fs. 788).
Que, además, consignó como otras deficiencias en la valoración de la
prueba colectada, que se habían computado los dichos del concursante doctor
Gallino, quien no estuvo presente el día que los acontecimientos imputados
acaecieron; que el infonne solicitado a la Dirección de Informática no guarda
vinculación directa con la acción que se le imputó; que los dichos "no
juramentados" del doctor Cabral violaron el secreto de sumario impuesto en el
expediente penal; que se había hecho referencia a los mensajes de texto que
habría intercambiado con el doctor Pravia sin indicar cuál era su contenido; y que
se mencionó que se había hospedado en el mismo hotel que el doctor Pravia, en
habitaciones próximas, pero no se explicitó que pudo pasar allí.
Que en esa línea argumental indicó que el instructor había
reconstruido la historia entre el doctor Pravia y sus colegas del jurado para
utilizarla en su contra, y que ello se contradecía con su proceder porque
paralelamente cercenaba varias medidas probatorias manifestando que no era
posible investigar a personas ajenas a la administración del Ministerio Público
Fiscal de la Nación.
Que concluyó que esos ejemplos lo llevaban a considerar "que el
dictamen sigue exhibiendo defectos graves de fundamentación y de
razonamiento, que lo aparta de la sana crítica, y lo hace concluir
indefectiblemente, en una solución manifiestamente contraria a las leyes de la
lógica y a la experiencia, es decir, al correcto entendimiento judicial" (confr. fs.
790/1).
Que a continuación se refirió a la medida preventiva que le fuera
impuesta, reiterando los argumentos vertidos en el recurso de reconsideración que
fueron analizados en la Resolución Per Nro. 1160/2009. También criticó el
informe del doctor Campagnoli que tomara el instructor como uno de los
antecedentes del pedido de suspensión preventiva que efectuara oportunamente.
Que, por otro lado, aseguró que "la autoría" no estaba acreditada, y
que el instructor había soslayado la presunción de inocencia cuando consignó
14
Page 15
r~RO TOCO LiZAC 10 NIi I~
CHt¡;OO.i.Q~," jo. ¡\ !! .
" ...sin perjuicio de que a la fecha se encuentran pendientes de producción
algunas medidas ... al cuadro valorativo ... en todo caso lo empeorarán" (confr.
fs.802).
Que, ya en otra presentación, el doctor Tuppo solicitó la suspensión
del trámite del sumario a las resultas del expediente penal en trámite ante la
justicia federal de Paraná. Sustentó su petición en el artículo 55 del Reglamento
Disciplinario y en la posibilidad de que en ambas jurisdicciones se arribara a
resultados contradictorios.
IV
Que de lo actuado se corrió vista a la Asesoría Jurídica de esta
Procuración General de la Nación que emitió opinión mediante el Dictamen Nro.
9714 (confr. fs. 810/25).
Que la oficina consultiva, luego de reproducir los hechos que
motivaron la denuncia y hacer una descripción de las distintas etapas del proceso
sumarial -apertura, instrucción, medidas de investigación, medidas preventivas,
informes del instructor y descargos del sumariado- (confr. fs. 810/20), analizó el
procedimiento a la luz de las reglas establecidas en el Reglamento para
Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación -
aprobado por Res. PGN Nro. 52/08-.
Que, en ese orden de ideas, recordó: "la presunción de buen
desempeño de las funciones sólo puede ser desvirtuada mediante el
correspondiente sumario que respete las reglas del debido proceso adjetivo
í.{
(CSJN Fallos: 295:344 y 518; 303:542 y 779; 394:538 y 1891; 305:115 y 628;
306:2009; 307:207, 388 y 1525, entre otros)" (confr. fs. 820/vta.). Así, consideró
que durante la tramitación del sumario se respetaron acabadamente las reglas de
procedimiento establecidas en la referida normativa. Por cuestiones de brevedad
se remite a las consideraciones allí efectuadas para sustentar esa conclusión, las
que aquí se tienen por reproducidas (confr. fs. 820vta./l).
15
Page 16
Que, por otra parte, concluyó que el instructor respetó el derecho al
debido proceso adjetivo del sumariado que comprende el de ser oído, ofrecer y
producir pruebas, y obtener una decisión fundada (confr. fs. 82114).
Que en cuanto a los sucesos motivos de imputación consignó que "el
Dr. Tuppo no respetó el deber impuesto por el arto 31 del reglamento, debiendo
resaltarse que los hechos imputados se encuentran suficientemente acreditados
en virtud de la prueba producida" (confr. fs. 824vta.).
Que en orden a la sanción propuesta entendió que "en atención a la
gravedad y trascendencia de los hechos imputados ... es proporcionada y
razonable, debiendo destacarse que se encuentra suficientemente motivada en los
antecedentes y en las disposiciones del Reglamento que contemplan
expresamente la situación en crisis" (confr. fs. 824vta.).
Que sin perjuicio de ello aseveró que, en virtud del artículo 56 del
reglamento aplicable que establece que "[p]endiente la causa criminal, las
sanciones que se apliquen serán provisorias, pudiendo ser agravadas a resultas
de la sentencia condenatoria en sede penar', a su entender, "no sería necesario
reservar la posible aplicación de la sanción de exoneración para el caso de que
resulte condenado en sede penal, siendo suficiente a esos efectos consignar la
norma en cuestión" (confr. fs. 825).
V
Que descriptos la forma en que se iniciaron las actuaciones, el trámite
del sumario, los informes del instructor sumariante y su sugerencia en orden a la
sanción que correspondería aplicar, el descargo del sumariado y la opinión de la
Asesoría Jurídica de esta Procuración, es preciso resolver en orden a la situación
del doctor Hemán Alberto Tuppo, funcionario de este Ministerio Público Fiscal
de la Nación.
Que en primer lugar cabe indicar que del cotejo de las actuaciones se
observa que el sumario, como bien consignó la Asesoría Jurídica, se ha ajustado a
las reglas de procedimiento establecidas en el Reglamento Disciplinario para los
16
Page 17
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Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación -aprobado
por Res. PGN Nro. 52/08-.
Que, es preciso destacar que se ordenó la sustanciación de las
actuaciones administrativas conforme las previsiones de los artículo 14, 16 Y 23
de esa norma, designándose al doctor Javier De Luca como instructor sumariante
(confr. Res. Per Nro. 926/09); éste, a su vez, designó Secretario de actuaciones en
uso de la atribución conferida por el artículo 17 (confr. fs. 41); se ordenaron y
realizaron las medidas de prueba descriptas en el apartado 11 de la presente -
conforme las atribuciones del instructor previstas en el artículo 35 del reglamento
referido-, de la cuales fue anoticiado el doctor Tuppo (confr. fs. 423/vta.; 424,
427; 635/6; 638 Y 647); atento a lo normado en los artículos 30 y 32 del
reglamento, se citó a prestar declaración al agente sumariado, ocasión en la que se
le hicieron saber las causas que motivaron la iniciación de las actuaciones, el
hecho que se le atribuía, las pruebas colectadas hasta el momento y los derechos
que le asistían, en especial el de negarse a declarar sin que ello sea interpretado
como una presunción en su contra y el de ampliar su declaración cuantas veces lo
estimara necesario (confr. fs. 423/vta); de conformidad con la atribución del
artículo 24 se resolvió en forma fundada y previa solicitud del instructor,
suspender en forma preventiva al doctor Tuppo por el plazo previsto en la
normativa (confr. Res. PER Nros. 1043/09; 1160/09 Y 1322/09); se produjo el
primer informe del instructor según las previsiones del artículo 36 (confr. fs.
627/34); se notificó de ese acto al sumariado (confr. fs. 635/6); el doctor Tuppo
presentó su descargo y ofreció las medidas probatorias que estimó necesarias
(confr. fs. 666/79); el sumariado recurrió el rechazo del instructor a las diligencias
que propuso y su impugnación fue rechazada por Res. PER Nro. 1322/09 -
conforme lo dispuesto en los artículos 39 y 58 del reglamento aplicable-; el
instructor emitió el informe final previsto en el artículo 40 (confr. fs. 741/49vta.);
ese informe fue notificado al sumariado, quien presentó su alegato en uso del
derecho establecido en el artículo 41 (confr. fs. 758/805); las actuaciones fueron
elevadas a conocimiento del suscripto de acuerdo a lo normado en los artículos 13
17
Page 18
y 42 del reglamento, y, previo a resolver, se corrió vista de las actuaciones a la
Asesoría Jurídica de esta Procuración General.
Que, en síntesis, las actuaciones sumariales se encuentran en
condiciones de resolver sobre la situación administrativa del doctor Tuppo luego
de seguir el procedimiento establecido en la normativa de forma aplicable,
aprobada por Res. PGN Nro. 52/08.
VI
Que en forma congruente con la descripción de los sucesos efectuada
en la decisión de apertura del sumario (confr. Res. PER Nro. 926/09) y la referida
por el instructor sumariante luego de reunir la prueba descripta en el apartado II
de la presente decisión, con las precisiones del caso obtenidas ante el devenir de
la investigación (confr. fs. 741/9vta., yen especial fs. 742vta./743vta.), considero
que se ha acreditado en las actuaciones indicadas que el 4 de septiembre de 2009
en la Escuela de Comercio Nro. 1, Justo José de Urquiza, sita en la ciudad de
Paraná, Entre Ríos, mientras se desarrollaba la prueba de oposición escrita
organizada por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, en
el marco del concurso Nro. 245 para cubrir la vacante de juez de cámara en el
Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná, el doctor Hemán Alberto Tuppo,
funcionario de este Ministerio Público Fiscal de la Nación, fue sorprendido
teniendo en su poder, en forma ilegítima, copias de los casos o pruebas escritas de
por lo menos dos concursos dispuestos por el Consejo de la Magistratura -el que
se estaba desarrollando y a punto de tomar examen, y el Concurso Nro. 237 para
cubrir la vacante de juez de cámara en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de
Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, que se había desarrollado dos
días antes en el mismo lugar-, los cuales debían permanecer secretos.
Que, como bien destacó el instructor, se ha determinado en relación al
examen del 4 de septiembre, que una vez constituidos todos los concursantes y
autoridades del Consejo en el lugar prefijado (confr. lista de fs. 20811O), el doctor
Luis María Cabral, juez de tribunal oral y consejero designado presidente ad hoc
del concurso, procedió a elegir un sobre al azar y a extraer y leer el caso que
18
Page 19
contenía (confr. acta del Consejo de fs. 211). Enseguida, dos concursantes, los
doctores Mateo José Busaniche y Noemí Marta Berros, advirtieron que el doctor
Tuppo tenía en su poder el tema cuyas primeras líneas acababan de ser leídas por
el doctor Cabral. Ante el anoticiamiento, este último dispuso suspender la
actividad y pidió al doctor Tuppo que mostrara lo que tenía consigo. Sin
embargo, éste procedió a guardar los papeles en un sobre color madera -el mismo
del que había sacado previamente el material en cuestión- y manifestó que se
trataba de papeles personales que no deseaba exhibir, y que si era necesario
renunciaría al concurso ahí mismo. Frente a ello, el doctor Cabralle hizo saber lo
que se le imputaba y el doctor Tuppo lo negó manifestando que presentaba su
renuncia indeclinable al concurso. Acto seguido, el doctor Cabral hizo la
denuncia penal y convocó al Juez Federal Subrogante (confr. acta de fs. 213),
quien concurrió a la media hora y procedió a requisar al doctor Tuppo. Hallaron
en su poder dos teléfonos celulares y, en un portafolios, unos libros jurídicos,
apuntes, jurisprudencia y, en lo que aquí interesa, un sobre con membrete del
Poder Judicial de la Nación que contenía los casos secretos de los concursos
Nros. 237 y 245.
Que, a fin de precisar los elementos incriminatorios incautados al
doctor Tuppo, se reproduce la descripción efectuada por el instructor: "dos hojas
iguales con membrete del Poder Judicial de la Nación, cada una de las cuales
comienza con el título "Hechos ... " y prosigue " ...A raíz de una denuncia
anónima recepcionada en la delegación de la policía federal ... " y una hoja con
título "Caso II Concurso N° 245 C. MAG. " que comienza diciendo "Sorprendida
cuando llevaba en su poder, durante una requisa en la vía ... consignas: deberá
resolver la cuestión planteada, reseñando en su voto los distintos argumentos que
habrían sostenido las partes en la incidencia ", el reverso de dicha hoja consigna
"(tomando como base que el fiscal mantendría su criterio esta vez fundado) ",
dos hojas doble faz y una simple faz con el título "Concurso 245 - TOF Paraná"
las que desarrollan los puntos del uno al diez en numeración romana y
comienzan "Juan Prado, proveedor del estado nacional ... " y concluye "Elabore
una sentencia que atienda a las cuestiones introducidas por las partes y que
19
Page 20
resuelva la situación en la que se encuentran Sebastián Corso y Arturo Pinta, sin
agregar datos que no se encuentren en el relato"; del bolsillo lateral del bolso
descripto se secuestró una hoja con membrete del Poder Judicial de la Nación
con el título "Hechos" que dice "El jefe de la comisaría de Concepción del
Uruguay ... "; una hoja con el título "Caso de Derecho Penal Tributario ,. que
comienza diciendo "1. Néstor Jiménez es el dueño de una pequeña fábrica
textil ... ". También se secuestraron los documentos del Consejo en posesión de
sus autoridades, como los cuatro sobres con los temas empleados en el concurso;
el seleccionado, abierto (confr.fs. 271/2)" (confr. fs. 742vta./3).
Que, en primer lugar, cabe destacar que estos hechos se encuentran
corroborados en las actuaciones indicadas en el Visto por las declaraciones de los
doctores Cabral y Martucci, testigos directos de las circunstancias relatadas. Así,
a preguntas del instructor, el primero consignó que conocía al doctor Tuppo por
su participación en otros concursos ante el Consejo de la Magistratura; que a los
concursantes sólo se les permite ingresar a la sala de examen con leyes y que los
funcionarios del Consejo que intervienen en las pruebas de oposición "requieren
al postulante que entregue el temario junto con el desarrollo del caso y, de
requerirse copia del planteo a resolver, hacen saber al interesado que se
encuentra a su disposición un ejemplar en la Secretaría de la Comisión de
Selección luego de que las pruebas sean remitidas al jurado para su corrección"
(confr. fs. 421). En orden al suceso concreto, apuntó que "el día 4 del corriente
mes, siendo aproximadamente las 9:30 hs., nos encontramos reunidos en la
Escuela de Comercio n01, sita en la calle Urdinarrain n° 27 de la ciudad de
Paraná, provincia de Entre Ríos, a fin de dar cumplimiento a la prueba de
oposición convocada en el marco del concurso n° 245. En dicho acto me asistían
el Secretario de la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial,
doctor Claudia Martucci y el Subdirector General de esa Secretaría, señor Juan
Carlos Ilardo. También se encontraba presente en el local el miembro titular del
jurado, doctor Alberto Pravia y quienes concursaban el cargo vacante. Una vez
sorteado el caso, antes que se fotocopiara y distribuyera el tema
oportunamente desinsaculado -identificado con el número 2-, en presencia
20
Page 21
_Jde todas las personas referidas procedí a leer el caso y las consignas en viva voz.
Concluido dicho acto los concursantes Mateo José Busaniche y Noemí Marta
Berros se acercaron hasta el lugar en el que estábamos las autoridades de la
prueba y refirieron que acababan de observar que un concursante cuyo nombre
no conocían tenía en su poder el tema cuyas primeras líneas habían sido leídas
por el suscripto. Al requerir a los concursantes que indicaran el postulante, éstos
señalaron a una persona del sexo masculino, que pude determinar se trataba del
doctor Hernán Alberto Tuppo cuyo rostro conocía por haber concurrido a la
entrevista personal que convoca la Comisión de Selección de Magistrados -de la
que formo parte- en el marco de otro concurso. Así fue como me acerqué al
postulante Tuppo y le requerí que exhibiera los papeles que tenía en su poder.
Inmediatamente, luego de mi exhortación, el postulante procedió a guardarlos en
un sobre papel madera y manifestó que no deseaba exhibirlos por tratarse de
documentos personales y que, de ser necesario, procedería a renunciar al
concurso. Ante tal respuesta le hice saber que otros postulantes habían
denunciado que entre sus papeles se encontraría el tema sorteado, circunstancia
que en ese acto negó, al tiempo que manifestó que presentaría su renuncia al
concurso n° 245. Seguidamente el doctor Tuppo requirió que se preguntara a los
postulantes Busaniche y Berros qué era lo que habían observado. De
conformidad con ello y ante mi interrogante el doctor Busaniche señaló haber
visto que el concursante tenía en su poder una hoja que en su encabezado decía
'Concurso N° 245, Tribunal Oral en lo Criminal de Paraná' y que enunciaba el
tema que minutos antes había sido leído a viva voz por mí. A su turno, la doctora
Berros manifestó que el concursante que estaba sentado delante del doctor
Busaniche y un poco hacia su izquierda sacó de entre sus útiles un sobre papel
madera y de su interior hojas escritas, pudiendo advertir que en una de ellas
obraba la inscripción concurso N° 245 Y la identificación del tribunal
correspondiente al concurso, no así las primeras líneas del tema debido a la
distancia que existía con el postulante. No obstante ello, la doctora Berros señaló
que el doctor Busaniche leyó en voz alta del papel que portaba el doctor Tuppo
parte de lo que fuera leído por mí al presentar el caso. Minutos después, siendo
21
Page 22
las 10:00 hs., se hizo presente en el lugar el señor Juez Federal Subrogante de
Paraná, doctor Gustavo Zonis, a quien previamente había comunicado los
acontecimientos vía telefónica, y en cuyo mérito ordenó la requisa de los papeles
que portaba el doctor Tuppo, la que se efectivizo luego de que se hiciera presente
el servicio médico y asistiera al postulante" (confr. fs. 421/vta.).
Que el doctor Cabral fue categórico al afirmar que "Tuppo tenía en su
poder el caso de examen desinsaculado", que "no se trataba del mismo formato
ni encabezado, lo que coincidía era el contenido del caso", y que "entre los
papeles del doctor Tuppo había una hoja que contenía un caso con hechos que
sucedieron en la ciudad de Concepción del Uruguay, pero no se correspondla
con el que había resultado desinsaculado el dfa 2 de septiembre para la prueba
de oposición convocada para cubrir tres cargos de juez del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Concepción del Uruguay. Desconozco si, en los sobres
cerrados y que se conservan en la Secretaría de la Comisión de Selección de
Magistrados y Escuela Judicial, se halla el caso en cuestión" (confr. fs. 422).
Que, por último, agregó que "el doctor Tuppo se negó a exhibirme los
papeles que tenía en su poder. Los introdujo en un sobre papel madera y éste en
un portafolio de tela negro. Ese fue el sobre en que se halló el tema que había
sido sorteado. El doctor Tuppo expuso ante mi requerimento que eran 'papeles
personales', se mostró manifiestamente nervioso y pidió que se dejara constancia
que no le había permitido retirarse, lo que no es así pues no tenía jurisdicción
para imperdirselo" (contr. ídem).
Que, por otra parte, el Prosecretario Letrado a cargo de la Secretaría de
la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la
Magistratura, doctor Claudio Martucci, informó que por Resolución Nro. 243/09
se había dispuesto celebrar la prueba de oposición del Concurso Nro. 245 -
destinado a cubrir una vacante de juez de cámra en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Paraná- en la provincia de Entre Ríos el 4 de septiembre de
2009. Además, que de la Resolución Nro. 348/09 surgía que estaban habilitados
para concursar, entre otros, los doctores Noemí Marta Berros, Mateo José
Busaniche y Hernán Alberto Tuppo (confr. fs. 98). Asimismo, el funcionario
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Page 23
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consignó que por Resolución Nro. 379/09 se designó al doctor Luis Maria Cabral
como Presidente ad hoc de la prueba de oposición de ese concurso y a él como
Secretario ad hoc.
Que, puntualmente sobre el día de los sucesos que motivaron el
sumario administrativo, el testigo relató que, encontrándose los postulantes y las
autoridades -incluido el doctor Alberto Pravia, juez de Tribunal Oral, en su
carácter de integrante del jurado- en el recinto del examen, había hecho referencia
a los dispuesto por los artículos 31 y 32 del reglamento aplicable "destacando que
la duración del acto no podía exceder de ocho horas, que se debían utilizar las
hojas provistas por el Consejo, que se abstuviesen de insertar en sus exámenes
signos identifica torios de cualquier tipo, que podían utilizar únicamente los
textos legales vigentes que llevaren consigo, mas no obras de doctrina y
jurisprudencia" (confr. fs. 98vta.). Continuó el relato refiriendo: "a las 9:05 hs.
se abrió el acto y en cumplimiento con la normativa legal vigente, se sorteó el
temario. En mi carácter de Prosecretario Letrado exhibí ante las restantes
autoridades del Consejo, el integrante del jurado y los postulantes presentes, los
cuatro sobres de idénticas características, no identificables, cerrados y firmados
en las solapas por el doctor Pravia, que contenían los temarios elaborados por
los integrantes del tribunal (v. arto 32, 1ero Párr., R. C]. Seguidamente, le
pregunté al jurado presente si reconocía la firma que obraba en cada uno de los
sobres y si podía identificarla, quien contestó en forma afirmativa, reconociendo
como propia la firma obrante en cada uno de los sobres. Luego, numeré cada
uno de los sobres, del 1 al 4, y sorteé el temario. Uno de los postulantes de la
prueba de oposición, eligió al azar, uno de los sobres que resultó ser el
identificado con el número 2. Acto seguido, abrí el sobre sorteado y le entregué
su contenido al Presidente ad hoc, que se encontraba a mi lado junto con el resto
de los presentes. El doctor Cabral hizo una breve lectura del primer párrafo del
temario y ordenó la extracción de tantas fotocopias como postulantes presentes
, se encontraban en el recinto, entregando el original al Subdirector General a fin
de proceder con lo indicado ... El señor llardo, se trasladó a la sala donde
estaba la fotocopiadora, para realizar la tarea encomendada, en mi compañía.
23
Page 24
Paralelamente, en el recinto donde se encontraban los postulantes a la espera de
recibir la copia del temario, dos de ellos -Ios doctores Mateo Busaniche y Noemí
Berros-, manifestaron ante el doctor Cabral que un concursante tenía en su
poder el tema cuyas primeras líneas habían sido leídas por él, previamente. El
Presidente ad hoc identificó al postulante que estaba siendo cuestionado como
Hernán Alberto Tuppo, quien es concursante en distintos procesos de selección
.... El doctor Cabral se acercó al doctor Tuppo solicitándole que exhibiera los
papeles que obraban en su poder. El postulante los guardó en un sobre papel
madera y manifestó que eran papeles personales que no deseaba exhibirlos y
que, de ser necesario, renunciaría al concurso. En ese estado, el Consejero
Cabral solicitó mi presencia en el recinto donde se encontraban los postulantes,
dirigiéndome inmediatamente ... Luego el doctor Cabral le comunicó al doctor
Tuppo que se presentó una denuncia indicando que, presumiblemente, esos
papeles se corresponderían con el temario sorteado. El postulante negó lo
expuesto por el Presidente ad hoc y expresó que renunciaría indeclinablemente a
continuar participando del presente proceso de selección. También manifestá que
tal imputación lo ofendía ya que manchaba su buen nombre y honor y que luego
de semejante acusación, el no quería continuar participando en el concurso.
Consecuentemente, por disposición del Presidente ad hoc, se labró un acta
dejando constancia de los hechos, siendo firmada por los doctores Luis M.
Cabral, Alberto Pravia, Mateo Busaniche, Noemí Berros, Hernán Tuppo, el Sr.
Juan C. !lardo y quien suscribe, incorporándose a pedido del doctor Tuppo, las
manifestaciones de los doctores Busaniche y Berros sobre los hechos que
presenciaron ...Al respecto, el doctor Mateo Busaniche manifestó: 'vi que el
concursante tenía en su poder una hoja que en su encabezado decía Concurso N°
245 Tribunal Oral Criminal de Paraná y a continuación comenzaba el enunciado
del tema que inmediatamente antes había leído el doctor Cabral '. Por su parte la
doctora Berros refirió: 'Aprecio que el concursante estaba sentado delante del
doctor Busaniche y un poco hacia la izquierda de la declarante y, adelante,
sacaba de entre sus útiles un sobre papel madera y de su interior extraía una
hoja escrita alcanzando a leer la declarante Concurso N° 245, la identificación
24
Page 25
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del tribunal correspondiente a este Concurso no así las primeras líneas debido a
su visión y distancia, pero en ese momento el doctor Busaniche leía en voz alta
del papel que el doctor Tuppo había extraído del sobre aquello que antes había
leído el doctor Cabra!'. " (confr. fs. 98vta./99vta.).
Que continuó el doctor Martucci aseverando que "A las 10:00 hs., en
virtud de la denuncia formulada, en forma telefónica, por el doctor Cabral, se
apersonó el Juez Federal de Paraná, doctor Gustavo Zonis, ordenando requisar
al doctor Tuppo, quien tenía un maletín de color negro en el que habría
guardado el sobre con los papales objeto de la denuncia. Como primer medida
requirió la presencia del servicio de emergencia médica, atento a las
circunstancias que advirtió sobre el estado de salud del doctor Tuppo. El
personal médico estuvo en el recinto hasta la conclusión del acto. Bajos esas
circunstancias, se hace presente el Señor Presidente de esta Comisión de
Selección de Magistrados y Escuela Judicial, doctor Mariano A. T. Candioti. En
relación a ello, informo que las autoridades presentes pusieron a disposición del
magistrado Zonis la siguiente documentación: el temario sorteado, 3 sobres
cerrados que contenían los restantes temarios y el acta administrativa aludida en
el párrafo anterior" (confr. 99vta.).
Que, con importancia respecto de consideraciones que se referirán más
adelante en orden al origen de los casos hallados en poder del sumariado, el
doctor Martucci relató que "el 31 de agosto de 2009 el doctor Pravia se presentó
ante esta Secretaría con el objeto de hacer entrega de los cuatro sobres de
idénticas características, no identificables, cerrados y firmados en las solapas
por el mencionado jurado, que contenían los temarios rubricados por los
integrantes del tribunal, labrándose el acta respectiva .... Los sobres a los que se
alude, quedaron reservados -bajo llave- en Secretaría, dándose cumplimiento a
lo dispuesto por el artículo 31 del Reglamento de Concursos Públicos de
Oposición y Antecedentes para la designación de magistrados del Poder Judicial
. de la Nación" (confr. fs. 98/vta.).
Que de lo hasta aquí reseñado se advierte que existe uniformidad entre
las versiones de los hechos brindadas por los doctores Cabral y Martucci. Sin
25
Page 26
perjuicio de ello, a fin de otorgar aún más certeza al relato de lo sucedido, cabe
referir que se encuentra agregada a las actuaciones la copia del acta
administrativa labrada el 4 de septiembre de 2009 a las 9:30 horas, como
consecuencia de los sucesos relatados por el hoy Presidente del Consejo de la
Magistratura y el señor Prosecretario a cargo de la Comisión de Selección de ese
órgano. Dicho instrumento, cuya autenticidad no ha sido cuestionada por el
sumariado en sus descargos, corrobora en un todo 10 informado por los
nombrados. No constituye un detalle menor que, tal como refirió el doctor
Martucci, el acta se encuentra suscripta por el doctor Hernán Alberto Tuppo
(confr. fs. 213/vta.; 270/vta. y 591/vta.). Esa circunstancia tampoco ha sido
controvertida por el funcionario sumariado.
Que a ello se aduna la acertada conclusión del instructor en orden a
que el doctor Tuppo en ningún momento dijo que le habían colocado los casos en
el sobre dentro de su portafolios, y que, luego, una vez descubierto, la conducta
desplegada no hizo más que corroborar que estaba ocultando algo que conocía
perfectamente. En efecto, insistentemente ofreció su renuncia al concurso y se
mostró claramente renuente a exhibir sus pertenencias. Esos detalles resultan por
demás llamativos y, a la luz de la evidencia colectada, devienen reveladores.
Que también verifican las circunstancias referidas por los doctores
Cabral y Martucci, plasmadas en el acta mencionada, la constancia del Juez
Federal Subrogante, doctor Gustavo C. Zonis, que fuera génesis del expediente
12.414 del registro del juzgado a su cargo (confr. fs. 267); la resolución que
ordenó la requisa que derivó en el hallazgo en poder del doctor Tuppo de la
documentación descripta ut supra (confr. fs. 269/vta.); el acta de requisa y
secuestro obrante a fojas 5/6 de la causa 12.414 -efectuada frente a testigos y
también refrendada por el doctor Tuppo- (confr. fs. 271/2); el acta de apertura de
las cajas que contenían los efectos incautados -firmada por el doctor Zonis, el
Fiscal Federal de Paraná, doctor Mario O. Silva, el Defensor Oficial, doctor Juan
Carlos Ferrari y la Secretaria doctora María Silvia González- (confr. fs. 15 de la
causa 12.414); el informe del doctor Martucci al doctor Zonis en el marco del
expediente 63/2009 del Consejo de la Magistratura (confr. fs. 385/7); el
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requerimiento de instrucción del fiscal federal, doctor Mario Silva, en el marco de
las referidas actuaciones penales (confr. fs. 299); los dichos por oficio del 28 de
septiembre de 2009 de ese representante del Ministerio Público Fiscal (confr. fs.
411/13); y las circunstancias descriptas en el auto de procesamiento dictado por el
doctor Zonis respecto de los doctores Tuppo y Pravia (confr. fs. 654/64).
Que, en resumen, el marco probatorio hasta aquí descripto resulta
categórico a efectos de acreditar la comisión de la conducta imputada por parte
del doctor Tuppo.
Que la gravedad de esos sucesos, a juicio del suscripto, por sí sola
basta para fundar la imposición de la sanción propuesta por el instructor
sumariante. No obstante ello, es preciso efectuar ciertas consideraciones que no
pueden ser dejadas de lado al valorar la conducta del funcionario sumariado.
Que, en primer lugar, constituye un agravante para la situación del
doctor Tuppo el hecho que se hubiera inscripto y participado en gran cantidad de
concursos ante el Consejo de la Magistratura (confr. Legajo Nro. 1187
correspondiente al doctor Tuppo que corre por cuerda a las actuaciones indicadas
en el Visto). Esa circunstancia resulta óbice para que el sumariado alegue el
desconocimiento o menosprecio de las reglas que enmarcan a este tipo de
procesos, entre las que se encuentran las que establecen que el temario es
reservado y que los concursantes no deben portar consigo computadoras,
teléfonos celulares, máquinas de escribir con memoria, ni ningún material
jurídico que no sean los textos legales (confr. arto32 Reglamento de Concursos,
obrante a fs. 103 y ss.).
Que, por otra parte, como bien destacó el doctor De Luca, "este tipo de
exámenes son una competencia, donde no basta con obtener una buena nota para
aprobarlo, sino que la finalidad es superar a los demás. Esta condición es muy
importante para ponderar la realización de actos prohibidos por el Reglamento.
/ Si un alumno de escuela, colegio o facultad tiene un "machete ", sólo se beneficia
/ él pero no perjudica a los demás, ya que el hecho queda acotado al intento de
alcanzar una mejor nota individual. Pero aquí, este acto, además de prohibido
por el Reglamento y por las instrucciones verbales, cuyos procedimientos fueron
27
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consentidos previamente por todos los concursantes, perjudica a los demás (el
aspecto de competencia), y al sistema mismo, porque altera las reglas del juego
del concurso público, que tiene inspiración y viene impuesto nada menos que en
la Constitución Nacional de 1994 (art. 114 CN) ... no debe olvidarse que aunque
los textos que él tenía consigo no coincidieran por detalles con las últimas
versiones entregadas por los jurados al Consejo, el solo hecho de tener esas
versiones pone de manifiesto una participación en un acto de infidelidad
inconcebible, de connivencia con alguien del círculo íntimo de los jurados del
concurso. Pone en evidencia que tuvo acceso a los casos que manejaban los
jurados, lo cual es contrario a la buena fe y a la ética con que debía
comportarse, no sólo porque así lo prescribe el Reglamento de Concursos (art.
30), sino porque ello constituye un deber inexcusable de todo agente del
Ministerio Público Fiscal, en tanto nuestra principal labor o cometido es el
contribuir a la valoración y juzgamiento de las conductas de los demás
habitantes" (confr. fs. 745vta.).
Que resulta reprochable desde todo punto de vista que el doctor Tuppo
haya pretendido valerse de semejantes métodos para intentar acceder a una
magistratura de la Nación. Es intolerable dentro de un Estado de Derecho que un
individuo recurra a una actitud tan deleznable para acceder a una posición social
relevante, a la que se le ha asignado la misión de resolver en punto a conflictos
que afectan la vida de quienes se someten o, peor aún, son sometidos a la decisión
de la Justicia. Tanto más grave deviene la actitud del sumariado pues proviene de
un integrante del órgano al cual la Constitución Nacional ha asignado
expresamente la tutela de la legalidad (confr. arto 120).
Que, además, esa acción también ha derivado en un perjuicio indirecto
a la reputación del Ministerio Público Fiscal de la Nación porque al cobrar estado
público sus acciones no sólo se lo señaló -erróneamente- como "fiscal" (confr. fs.
1, 3, 5/6, 79/80, 81, 85, 87, entre otras) sino que claramente se lo indicó como
funcionario integrante del órgano (confr. fs. 2, 72/4, 75/6, 78, entre otras). A ello
se suma que a consecuencia de los hechos investigados se llegó al extremo de que
se allanó una dependencia del Ministerio Público.
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Que, por otra parte, cabe remitir, de nuevo en honor a la brevedad, a
las consideraciones efectuadas por el instructor en punto al entorno del jurado del
que el doctor Tuppo habría obtenido la documental secuestrada, perteneciente a
dos concursos diferentes -Nros. 237 (de éste tenía un caso que nunca llegó al
Consej o de la Magistratura por haber sido desechado por el tribunal con
antelación a la entrega de las versiones definitivas) y 245- cuyos jurados sólo
poseían un integrante en común -el doctor Alberto Pravia-, quien, por otra parte,
se encargó de recolectar los casos propuestos para el examen del Nro. 245 que
fueron encontrados en poder de aquél en versiones anteriores a las definitivas que
fueron sorteadas (confr. fs. 743 y ss., es especial la cita al informe de los jurados
del concurso Nro. 245, doctores Daniel Emilio Morín, Ignacio F. Tedesco y
Mario Gustavo Costa glosado a fojas 18/9; la declaración del jurado doctor Costa
y la documentación anexada en orden a los temarios y al intercambio de correos
electrónicos entre los miembros del jurado obrante a fojas 304/6 y 307/25; la
declaración del jurado del concurso Nro. 237, doctor Gustavo Alfredo Bruzzone a
fojas 43517; y la declaración del postulante doctor Jorge Sebastián Gallino,
Titular del Juzgado de Instrucción del Departamento Judicial de Nogoyá, a fojas
490/2).
Que este extremo consistente en la presunta participación de un
miembro del jurado cuya actividad debe ser secreta pues, como bien apunta el
instructor, si bien no pertenece a la planta del Consejo deben ser considerados
funcionarios públicos a los fines de esta actividad (confr. arto 77, párrafo cuarto,
del Código Penal; arto 13 de la Ley 24.937; y arts. 1, 2, 3 Y concordantes del
Reglamento de Concursos Públicos de Oposición y Antecedentes para la
Designación de Magistrados del Poder Judicial de la Nación -Aprobado por
Resolución 288/02 y modificado por las Resoluciones 367/02, 203/03, 333/03,
52/04,580/06,331/07,350/07 Y 47/08-), determina que el doctor Tuppo pueda
resultar partícipe de un delito de violación de secretos investigado en el ámbito de
la justicia penal federal de Paraná, agravando aún más su situación.
Que, en virtud de lo expuesto, considero que la conducta atribuida al
doctor Tuppo se encuentra acreditada a la luz de los elementos de prueba reunidos
29
Page 30
por el instructor sumariante. De todos modos, con antelación a analizar su
subsunción en alguna de las faltas administrativas descriptas en la normativa
aplicable, es menester analizar los agravios referidos por el sumariado en su
alegato final.
VII
Que llegada la instancia de abocarse al estudio de los argumentos de
defensa del doctor Tuppo, es conveniente comenzar el análisis por su alegación
en orden a que no se habría respetado el debido proceso y su derecho de defensa
en juicro.
Que, esta alegación defensista, como se refirió en el apartado III, posee
tres facetas. La primera, sustentada en que, a juicio del sumariado, desde un inicio
sus derechos fueron soslayados. Así, puntualizó que en forma previa a la
audiencia contemplada por el artículo 32 del Reglamento no había tenido la
posibilidad de compulsar materialmente la causa administrativa. Sobre este
extremo destacó que adoptó idéntico temperamento procesal tanto en el
expediente penal como en el administrativo, porque en ambas jurisdicciones se le
negó el acceso irrestricto a las actuaciones antes de la audiencia, y que tal
circunstancia no podía ser considerada como una presunción en su contra. La
segunda queja refiere a que se lo "investigaba" por el mismo hecho en tres sedes
diferentes -en referencia a la causa penal en la justicia federal de Paraná, al
Consejo de la Magistratura y a esta jurisdicción administrativa- y que, en virtud
de esas circunstancias, la administración pública no debía adoptar un criterio que
obstruyera su labor destinada a contrarrestar la acusación. Concluyó que tanto el
magistrado a cargo de la investigación penal como el instructor sumariante habían
obstruido el legítimo ejercicio de su defensa material. También criticó la
Resolución Nro. 329/09 del Consejo de la Magistratura de la Nación alegando
que se había violentado el debido proceso adjetivo en la medida que no se le
había otorgado oportunidad de defenderse. Por último, reiteró el menoscabo que
significaba que se le hubiese impedido producir la prueba que ofreció en la etapa
instructoria.
30
Page 31
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¡ ~EC:HÁ: ~,.J9,~J19.l c-,
l. Que en cuanto al primero de los argumentos debe precisarse que
desde el comienzo de las actuaciones el instructor fue extremadamente cuidadoso
en garantizar el derecho de defensa del sumariado cumpliendo todos los estadios
procesales previstos en la reglamentación a esos efectos.
Que, en esa inteligencia, una vez que el doctor De Luca produjo las
diligencias probatorias que estimó pertinentes citó al doctor Tuppo a prestar
declaración en los términos del artículo 32 del Reglamento Disciplinario,
oportunidad en la que le hizo saber sus derechos -que no declaraba bajo
juramento, que se podía negar a declarar sin que ello implique presunción en su
contra y que estaba facultado para ser asistido por un abogado-, le describió la
imputación, le informó la calificación legal, le hizo saber los hechos de los cuales
surgía la imputación, las pruebas reunidas hasta ese momento y que estaban a "su
disposición para ser compulsadas", se le informaron las pruebas pendientes de
recepción o realización y se 10 identificó (confr. fs. 423/vta). En esa oportunidad,
el sumariado lejos de esbozar un planteo como el que ahora introduce, se limitó a
expresar que por directivas de su abogado se negaba a declarar pues también lo
había hecho en el expediente penal porque no se le exhibieron las constancias de
la causa ni las pruebas obrantes en ella. Además, solicitó vista de las actuaciones
''para evaluar la posibilidad de efectuar un descargo por escrito" (confr. fs.
423vta.). Es decir, ahora introduce el argumento relativo a la falta de acceso al
expediente administrativo cuando en su momento lo tuvo en forma irrestricta
dentro de los estadios procesales correspondientes (confr. fs. 424, 426vta. y 427,
entre otras) y, debido a una estrategia de defensa, eligió simplemente abstenerse
de deponer. Repárese que igualmente el reglamento otorgaba la posibilidad al
'\ sumariado de ampliar la declaración cuantas veces lo estimase necesario ante el
instructor, quien la recibiría inmediatamente, siempre que el estado del trámite lo
permitiera (confr. arto32).
Que, aSÍ, el primer argumento carece de sustento por lo que debe ser
descartado, porque en las actuaciones se respetó su derecho a ser oído y a ofrecer
y producir pruebas. El doctor Tuppo a lo largo de las actuaciones sumariales
apeló la medida preventiva de suspensión que le fuera impuesta (ver expte. P.
31
Page 32
9314/2009), Y si bien optó por no declarar en la oportunidad indicada en el
párrafo precedente, posteriormente presentó su alegato, su descargo y recurrió el
rechazo de la prueba ofrecida (confr. fs. 423/vta.; 666/79; 694bis/704 y 758/805).
2. Que en cuanto a la segunda alegación -que se lo "investigaba" por el
nusmo hecho en tres sedes diferentes-, sólo cabe consignar que resultó claro
desde el principio el objeto de las actuaciones administrativas de referencia, y que
la existencia de otros obrados en distintos ámbitos referidas a los sucesos objeto
de sumario no obstaculizó el legítimo ejercicio del derecho de defensa.
Que, por lo demás, está fuera de discusión que un mismo hecho puede
tener implicancias en distintos ámbitos y no se advierte en qué modo esa
circunstancia colisiona con el debido proceso adjetivo, más allá de las molestias
que puede significar esa situación para el sumariado. Con acierto aludió la
Asesoría Jurídica a la doctrina que refiere que "la responsabilidad del agente
público puede hacer efectiva en todos los órdenes, pudiendo ser, entonces,
política, penal, administrativa y civil ... Dado que cada uno de los tipos de
responsabilidad de que es susceptible el agente público, tiende a proteger o
tutelar un distinto y especifico bien o valor jurídico, va de suyo que un mismo
hecho o comportamiento del funcionario puede dar lugar, simultáneamente, a
varias de las mencionadas especies de responsabilidad, sin que esto importe
violar los principios 'non bis in idem' o 'non ter in idem'. De lo expuesto
dedúcese que las expresadas especies de responsabilidad no son excluyentes
entre si" (ver Marienhoff, Miguel S., Tratado de Derecho Administrativo - Tomo
III-B, Lexis Nexis - Abeledo Perrot, 1998, Lexis Nexis/Abeledo Perrot Online
Nro. 2205/001967). Este criterio pacífico en el plano disciplinario administrativo
ha sido receptado en el propio Reglamento Disciplinario cuando prescribe que
"fl] a sustanciación de los sumarios disciplinarios y la aplicación de las
sanciones pertinentes, tendrán lugar con prescindencia de que los hechos que las
originen constituyan delito", y que "[cjuando mediare sanción, ésta se aplicará
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que .fijen las leyes
vigentes" (confr. arts. 56 y 7). La Corte Suprema así lo ha interpretado también
cuando al referirse a la independencia de los pronunciamientos en sede penal y
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administrativa, ha dejado en claro que ambas instancias persiguen objetivos
diferentes y no son excluyentes (Fallos: 256:182; 258:195; 262:522; 290:382).
Que, además, 10 cierto es que aquí no se obstruyó su labor destinada a
contrarrestar la acusación, por 10 que ese agravio carece de sustento, máxime
cuando este ámbito de discusión se limita a las actuaciones sumariales instruidas
en el Ministerio Público Fiscal, siéndole ajenos los juicios de valor en orden a la
actividad de los magistrados del Poder Judicial de la Nación en la causa judicial
por presunta violación de secretos o la de los miembros del Consejo de la
Magistratura en relación a las medidas reglamentarias adoptadas en los concursos
de oposición en los que participó el doctor Tuppo.
3. Que en cuanto al rechazo a la prueba que ofreció en el marco del
sumario, además de remitir a lo oportunamente referido en la Resolución PER
Nro. 1322/09 -cuyos términos se tienen aquí por reproducidos en mérito a la
brevedad-, es preciso indicar que el instructor, a fin de asegurar el derecho de
defensa del sumariado, llegó al extremo de tratar las medidas de prueba por él
propuestas pese a que lo habían sido en forma extemporánea, cuando se podría
haber limitado a efectuar su rechazo fundado sólo en esa circunstancia. Bien trae
a colación la Asesoría Jurídica que "el sumariado puede perder el derecho de
ejercer su defensa si no lo hace en tiempo oportuno, sin que ello importe un
menoscabo a tal derecho" (confr. fs. 821vta. con cita de Alfredo L. Repetto,
Procedimiento Administrativo Disciplinario - El Sumario, Ed. Cátedra Jurídica,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2008, pág. 281).
VIII
Que corresponde analizar ahora las críticas puntuales del sumariado a
la valoración de la prueba efectuada por el doctor De Luca.
1. Que en primer término consignó como una deficiencia en ese
sentido la forma en que se habían valorado los dichos del concursante doctor
Gallino, quien no estuvo presente el día que los acontecimientos imputados
acaecieron.
33
Page 34
Que, sobre el particular, no se advierte la incorrección apuntada en la
medida que ese testimonio versó principalmente sobre ciertos aspectos del otro
concurso mencionado en las actuaciones -Nro. 237-, aportó precisiones sobre el
examen allí desarrollado y el caso que resultó desinsaculado para la prueba de
oposición, y fue valorado por el instructor sólo en ese sentido (confr. fs. 490/2 y
744). Cabe recordar que se encontró en poder del sumariado documentación de
ese concurso.
2. Que a igual conclusión cabe arribar en relación a la ponderación del
instructor en cuanto al resultado del informe solicitado a la Dirección de
Informática. Si bien es cierto que en principio parecería no guardar vinculación
directa con la acción que se le imputó al doctor Tuppo, no lo menos que el
instructor pretendió reconstruir ciertas circunstancias relativas al trasfondo que
rodeó al hallazgo en poder del sumariado de los casos de los concursos de
referencia y a su actuación posterior al malogrado concurso. En todo caso,
tampoco se advierte ni ha sido alegado el perjuicio que esa medida habría
ocasionado al sumariado.
3. Que tampoco se advierte porque el doctor Cabral se encontraba
impedido de declarar en el marco de las actuaciones citadas en el Visto por el
hecho de que regía el secreto de sumario en el expediente penal ante la justicia
federal de Paraná. Es sabido que el secreto de sumario se ha instituido con
carácter excepcional y solamente puede imponerse en aquellos casos y dentro de
la condiciones que las normas legales o reglamentarias establecen (art. 204 del
Código Procesal Penal de la Nación), ello deriva de la publicidad de los actos que
caracteriza a la forma republicana de gobierno (Fallos: 320:484, entre otros). Este
instituto "sirve como contrapeso entre la impunidad que la dispersión de la
prueba -casual o provocada- puede otorgar a quien incurrió en un hecho
delictuoso y el interés de la comunidad agraviada en lograr el castigo del
responsable. Su eficacia radica en que neutraliza la posibilidad de coartada"
(ver D'Albora Francisco J., Código Procesal Penal de la Nación, Abeledo Perrot,
1994, pág. 207). Así, en todo caso, la veda que implica el secreto de las
actuaciones es para el acceso de terceros o de los imputados a la información allí
34
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contenida a fin de preservar la investigación, no así en relación a quren la
suministra para impedirle brindarla en otro ámbito cuyo cometido es también
determinar responsabilidades, pero en el orden administrativo. Aquí, no sólo no
precisó cuál sería el perjuicio que le ocasiona la circunstancia alegada al
sumariado sino que, por el contrario, parece que si alguien podría haberse
beneficiado al conocer lo declarado por el doctor Cabral pese al secreto de
sumario en las actuaciones penales, habría sido el propio doctor Tuppo o su
consorte de causa.
Que, por otro lado, en orden a la alegación relativa a que fue la doctora
Berros quien extrajo el sobre con el temario para el concurso, cabe referir que no
se advierte conflicto alguno entre las versiones brindadas por quienes asistieron al
acto, amén de que esa circunstancia tampoco deviene determinante en orden a la
acreditación de los sucesos objeto de reproche.
4. Que en cuanto a la referencia a los mensajes de texto que habría
intercambiado con el doctor Pravia sin indicar cuál era su contenido y al hecho
que se mencionó que se había hospedado en el mismo hotel, en habitaciones
próximas, pero no se explicitó que pudo pasar allí, es preciso indicar que el
instructor trató de establecer un contexto a la conducta investigada a fin de
graduar la responsabilidad y descartar defensas sobre ese punto. Además, al hacer
esa alusión (confr. fs. 745), estaba parafraseando el auto de procesamiento
dictado respecto de los doctores Tuppo y Pravia por el presunto delito de
violación de secretos (confr. fs. 744vta./5).
Que en punto a la alusión a que el instructor había reconstruido la
historia entre el doctor Pravia y sus colegas del jurado para utilizarla en su contra,
cabe apuntar que ello no se contradice con haber declinado realizar varias
medidas probatorias manifestando que no era posible investigar a personas ajenas
a la administración del Ministerio Público Fiscal, porque es claro que la relación
con aquél magistrado ha sido cotejada al sólo efecto de analizar y valorar la
conducta del sumariado. Es más, el sumariante expresamente aseveró que "al
contar previamente con el caso, participa de la violación de un secreto que hace
a la esencia del concurso ... Alguien se lo tuvo que haber adelantado, asunto que
35
Page 36
es investigado por el juez federal y el Consejo de la Magistratura. Ahí se detiene
el objeto de este sumario" (confr. fs. 747, el subrayado pertenece al suscripto).
Que, por lo demás, las expresiones del sumariado en orden a que los
ejemplos hasta aquí tratados respecto de la valoración de la prueba lo llevaban a
considerar "que el dictamen sigue exhibiendo defectos graves de fundamentación
y de razonamiento, que lo aparta de la sana crítica, y lo hace concluir
indefectiblemente, en una solución manifiestamente contraria a las leyes de la
lógica y a la experiencia, es decir, al correcto entendimiento judicial" (confr. fs.
790/1), parecen ser meramente dogmáticas y carentes de asidero a la luz del
cuadro probatorio contundente descripto ut supra. A igual conclusión se arriba
respecto de las apreciaciones del doctor Tuppo en punto a que "la autoría" no
estaba acreditada, y que el instructor había soslayado la presunción de inocencia
cuando consignó" ...sin perjuicio de que a la fecha se encuentran pendientes de
producción algunas medidas ... al cuadro valorativo ... en todo caso lo
empeorarán" (confr. fs. 802).
IX
Que, a esta altura, deviene necesario analizar la defensa fundada en la
extensión de la obligación de mantener una conducta irreprochable prevista en el
artículo 31 del Régimen Básico para los Funcionarios y Empleados del Ministerio
Público Fiscal de la Nación -aprobado por Res. PON Nro. 02/06-. El doctor
Tuppo sostuvo que la conducta irreprochable no debe ser mantenida "en todo
tiempo y lugar" o "en todo ámbito", y que con esas dos fórmulas diferentes el
instructor "amplió capciosa y caprichosamente el tipo objetivo del arto 31, al
agregar en dos oportunidades distintas circunstancias que no están incluidas en
el texto del artículo" (confr. fs. 768). Acudió a la cita de precedentes del más alto
Tribunal de la Nación relativos a la interpretación y aplicación de los textos
legales que fueron desarrollados en el apartado respectivo y aquí se dan por
reproducidos (confr. ídem con referencia a Fallos: 295:376; 300:700 y 302:973).
Que, en esa inteligencia, indicó que esa "delicada manipulación del
tipo legal, colisiona con el debido principio de legalidad, custodiado por el arto
36
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:r~ PROTOCOLIZACION¡1 r F.eH A: Qfó, .I.P,<¡; ,'lo
18 de la Constitución Nacional" (confr. fs. 769). Agregó que en virtud del sentido
sancionador de la rama del derecho administrativo aplicable al caso bajo estudio,
deben serle inherentes ciertos principios característicos del derecho penal. En
virtud de ello, estimó que para que una conducta sea calificada como una
infracción administrativa sancionable debe estar expresamente descripta en una
ley anterior a su comisión. Aclaró que "la taxatividad de la ley siendo ... pauta
constitucional no puede ser ignorada por el Instructor" (confr. fs. 770). Concluyó
que el dictamen del instructor era arbitrario pues había violado las prohibiciones
de analogía y de creación judicial de normas.
Que, asimismo, indicó que el sumariante "extrajo de su real contexto,
el sentido de la norma, en lo que respecta a su ámbito de aplicación". Fundó su
postura en que el artículo mencionado se encuentra incluido en el Titulo 11
relativo a las Condiciones de Prestación del Servicio y bajo el rótulo "Deberes y
Prohibiciones", y, por eso, aseveró que se "circunscribe su legítima aplicación, a
hechos cometidos por funcionarios o empleados exclusivamente, en ejercicio de
las funciones propias del cargo" (confr. fs. 771). Concluyó que median defectos
graves de fundamentación y razonamiento que impiden considerar al resolutorio
impugnado como un acto válido pues se encuentra "viciada la correcta
interpretación de la norma" (confr. fs. 772 con cita de Fallos: 312:111,
considerando 8°).
Que, ahora bien, contrario a lo sostenido por el sumariado, el deber de
guardar una conducta irreprochable no se limita a los hechos acaecidos en el
cumplimiento de funciones sino que también comprende conductas vinculadas a
sucesos ajenos al servicio, especialmente cuando por su naturaleza son
incompatibles con el ejercicio de la función. Este criterio ha plasmado en forma
expresa el propio Reglamento Disciplinario cuando establece la posibilidad de
instaurar la medida preventiva de suspensión en el supuesto del dictado de un
auto de procesamiento por hechos ajenos al servicio (confr. arto 24, último
párrafo, del régimen aprobado por Res. PON Nro. 52/08). También es por ese
motivo que el Régimen Básico aprobado por Res. PON Nro. 02/06, en el mismo
título que se contempla la figura que exige la observación de una conducta
37
Page 38
irreprochable (art. 31) encabezando los "Deberes y prohibiciones", se incluyen
disposiciones relativas a actos ajenos a la función -levantamiento de embargos;
ejercicio de la abogacía; asesoramiento profesional; afiliación a partidos políticos;
practicar en forma asidua juegos por dinero; ejercicio de actividades comerciales
sin autorización y práctica de deportes como profesional (confr. arts. 32, inc. d, y
33, incs. a, b, e, e, g e i)-. De una correcta hermenéutica de estas nonnas a la luz
de la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en orden a que al
interpretar una norma se debe computar la totalidad de preceptos de manera que
armonicen con el ordenamiento jurídico restante (Fallos 312: 111), se deduce que
existen hechos ajenos al servicio que pueden vulnerar el deber de guardar
conducta irreprochable.
Que así lo ha entendido el Tribunal cimero al indicar que el estándar
de conducta irreprochable contenido en la norma genérica del artículo 8° del
Reglamento para la Justicia Nacional -antecedente inmediato del artículo 31 del
Régimen Básico aprobado por Res. PGN Nro. 02/06-, es afectado por un acto
ajeno al ejercicio de la función cuando es igualmente apto para originar una
situación de desconfianza, al deteriorar la relación ética y de confianza que debe
existir entre el Poder Judicial y sus agentes (ver expte. 1379/2008, "S. S. A. s/
dcia. c/ G. C. y A. P. M. p/presunta conducta privada irregular", rto. el
18/06/2008, con cita de la Resolución Nro. 43/94 en Expte. SAJ-349/94;
Resolución Nro. 29/98 en Expte. 20-00511198 y Resolución Nro. 1161/06 en
Expte n? 4612005. En igual sentido, Resolución Nro. 584/86, Expte S-419/85 -
Superintendencia-, de fecha 4 de septiembre de 1986, respecto del agente
"Muñiz").
Que ello es así pues se supone que el agente debe observar una
conducta que evite incurrir en gravísimas faltas que lesionan la imagen de la
Justicia y afectan el servicio (ver Corte Suprema, Resolución N° 825/89, Expte.
N° 832/89 -Superintendencia- "Carricart", del 4 de septiembre de 1989). Bien ha
acotado el doctor De Luca que en Fallos: 322:1381 ("Petroni"), "el máximo
tribunal trató un caso de actos de comercio realizados por el agente sin
autorización, y reiteró el principio de que la "conducta irreprochable" a la que
38
Page 39
fPROTOCO 1.1 Z.AC! ONf,
se refiere el arto 8 del Reglamento para la Justicia Nacional tiende a la
preservación de la absoluta confianza que debe merecer el personal judicial y,
por ello, que corresponde la sanción cuando el agente deja de merecer esa
confianza que debe inspirar todo empleado como auxiliar de la delicada misión
que debe cumplir en el ámbito judicial" (confr. fs. 748vta. con cita de Fallos:
303:1175 "Tellería"; Fallos: 311:2706 "Reznik"; Fallos: 328:98 "López" y
Fallos: 329:2946 "Pozzo"). Con el mismo cometido refirió: "la Corte Suprema
afirmó que los magistrados y funcionarios de los poderes judiciales y ministerios
públicos tienen deberes de conducta que se mantienen no sólo a extramuros de la
sede en que cumplen funciones sino también fuera del ejercicio especifico de sus
atribuciones, pues dichas exigencias que imponen el más alto estándar de
rectitud en su actuación, tienen el propósito institucional de preservar la
confianza de la sociedad a la que sirven dentro de un orden republicano, en la
inescindible integridad ética de los miembros del poder judicial (en el caso, se
trataba de un fiscal de Neuquén)" (confr. fs. 748vta./9 con cita de la causa TAOO
-XLIV- "Trova, Facundo Martín si jurado de enjuiciamiento", sentencia del
10/11/2009).
Que la doctrina en la materia ha explicitado que "no es necesario que
las causales que generan la aplicación de una sanción disciplinaria, o aun la
destitución, estén previstas detalladamente. Basta una enumeración genérica,
esto es, conceptos jurídicos determinados o indeterminados ... De tal manera, el
órgano competente aplica la sanción, en ejercicio de potestades regladas como
discrecionales, realiza el encuadramiento del hecho real en alguna de las
hipótesis que en forma amplia o reducida determine la norma
Consecuentemente, dentro de cada una de las causales que comporten faltas
disciplinarias puede existir un margen más o menos amplio para encuadrar
situaciones no previstas expresamente, siempre que resulten implícitas dentro de
alguna de las previstas" (ver de Sesín, Domingo, "La Responsabilidad
Disciplinaria de los Jueces ", en la obra La responsabilidad judicial y sus
dimensiones, de Alfonso Santiago (h) -Director-, Ed. Ábaco, 2006, págs .. 672,
676 Y687, citado por la Asesoría Jurídica a fojas 822).
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Que ello es así pues el concepto de buena conducta en la función
pública se relaciona íntimamente con la idoneidad como requisito para ocupar un
cargo (art. 16 de la Constitución Nacional). La doctrina más autorizada en la
materia con claridad meridiana ha sostenido que "la expresión 'mala conducta',
equivalente a grosso modo al 'mal desempeño' (como dice la Constitución
Nacional), es interpretable con latitud en la doctrina especializada, incluyendo
supuestos de falta de idoneidad (profesional, técnica, moral) y de
comportamiento doloso o culposo" (ver Sagüés, Néstor P., "Judiciabilidad
federal de los conflictos de poderes locales. "Juez natural" y "debido proceso" en
un juicio político", publicado en La Ley 1988-C, pág. 117, con cita de Bidart
Campos, Germán 1., "El derecho constitucional del Poder", Ed. Ediar, Buenos
Aires, 1967, Tomo I1, págs. 382/3, y Bielsa, Rafael, "Derecho constitucional", 3a
edición, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1958, pág. 599). De allí que la fórmula de
"conducta irreprochable" incluye los actos ajenos a la función que estén reñidos
con la idoneidad moral que debe poseer un agente que se desempeña en el poder
del estado que tiene la delicada misión de velar por la tutela de la legalidad y de
colaborar con el servicio de justicia.
Que, en este caso, la exigencia es aún mayor pues se trata de un
funcionario de jerarquía superior dentro del escalafón del Ministerio Público,
pues el postulado es simple: a mayor jerarquía mayor responsabilidad y
exigencia. La Corte Suprema en su ámbito de superintendencia también lo ha
entendido así al referir que "los requisitos de conducta irreprochable y absoluta
confianza exigidos a quienes se desempeñan en este Poder Judicial, cobran
especial relevancia en el caso de los secretarios y más aún, de los secretarios de
cámara, pues la elevada jerarquía de dichos funcionarios dentro del escalafón
judicial importa que toda acción u omisión que -con reprochable y palmaria
negligencia- se desvíe de los deberes funcionales que les competen de
conformidad con lo establecido por las leyes y los reglamentos, resulte
manifiestamente incompatible con la adecuada y eficaz administración de
justicia" (ver Resolución Nro.l 682/07, en el Expte. Nro. 3807/03 caratulado
"Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil- Avocación- Calatayud, Mario P.;
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Mirás, Osvaldo D. y Bellucci, Carlos si acuerdo 14/10103- Secret. Nro. 2", del
24/04/07. En igual sentido, Fallos: 308:2667 y 324:2714; Res. 682/07 y
"Avocación Daleia Liliana Marta si sumario administrativo", Res. 4186 del
10/12/09).
Que, por lo expuesto, la defensa del doctor Tuppo con sustento en la
interpretación y extensión de la obligación establecida en el artículo 31 del
Régimen Básico no puede prosperar.
xQue hasta altura, descriptos la forma en que se iniciaron las
actuaciones, el trámite del sumario, los informes del instructor sumariante y su
sugerencia en punto a la sanción que correspondería aplicar, el descargo del
sumariado y la opinión de la Asesoría Jurídica de esta Procuración, establecido el
apego a la normativa del proceso administrativo, analizada la responsabilidad del
doctor Hemán Alberto Tuppo en orden a los sucesos que le fueron imputados, y
tratadas todas las defensas planteadas, corresponde ahora analizar la subsunción
reglamentaria de la conducta del funcionario.
Que en virtud de lo referido en el Considerando VI de la presente, la
gravedad y trascendencia de esos sucesos, el conocimiento por parte del
sumariado de las reglas que enmarcan las pruebas de oposición, la afectación de
la credibilidad del sistema de selección de magistrados del Poder Judicial de la
Nación, la circunstancia de haberse valido de semejantes métodos para intentar
acceder a una magistratura de la Nación, la calidad de integrante del Ministerio
Público Fiscal en una jerarquía de indudable entidad en el escalafón de
funcionarios y la responsabilidad que ello acarrea en orden al respeto de la misión
que al órgano le ha encomendado en forma expresa la Constitución Nacional, yel
perjuicio indirecto a la reputación del Ministerio Público Fiscal de la Nación
derivado de la difusión de los sucesos y del allanamiento a una de sus
dependencias, determinan que el suscripto coincida con la sugerencia efectuada
por el instructor y avalada por la Asesoría Jurídica de esta Procuración, en lo que
respecta a la sanción que debe imponerse al doctor Tuppo.
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Que la conducta del funcionario constituye un caso palmario de
incumplimiento de las obligaciones del artículo 31 del Régimen Básico para los
Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación -aprobado
por la Res. PGN Nro. 02í06-, ya citado, que ordena observar una conducta
irreprochable en todo ámbito.
Que, así, a la luz de las circunstancias agravantes aludidas y teniendo
en cuenta las condiciones personales del doctor Tuppo -las que se desprenden del
legajo obrante en esta Procuración General de la Nación y fueran descriptas y
consideradas con acierto y precisión por el instructor sumariante a fojas 749: "El
Dr. Hernán Alberto Tuppo tiene 42 años, es casado, abogado, recibido en 1994
en la Universidad de Lomas de Zamora, vive actualmente en un departamento del
barrio de Barracas en la ciudad de Buenos Aires, tiene una vasta antigüedad en
el Poder Judicial y Ministerio Público Fiscal, ha cubierto cargos de gran
responsabilidad en distintas dependencias y hasta ha sido fiscal subrogan te.
También fue magistrado de la Intervención Federal a la provincia de Santiago
del Estero del periodo 2004/5. Se ha presentado en gran cantidad de concursos
para vacantes de jueces en el Poder Judicial. Es decir, cuenta con una
capacitación de importancia. No surge de los legajos compulsados que Tuppo
padezca alguna enfermedad o dificultades familiares, ni necesidades para
ganarse el sustento propio y de los suyos. Desde todos estos puntos de vista, se
trata de un funcionario estándar, medio, para el cual sus condiciones personales
no influyen en absoluto en la realización de la conducta que se le imputa'>,
estimo que cabe imponer la sanción de cesantía de conformidad con 10
establecido en el artículo 9, inciso e, del Reglamento Disciplinario aprobado por
Resolución PGN Nro. 52í08, en orden a que es causa para imponer esa sanción el
"Incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 31, 32 Y 44,
segundo párrafo, de la Resolución P. G.N Nro. 02/06 o de aquella normativa que
la reemplace; o quebrantamiento de las prohibiciones establecidas en los
articulos 33 y 44 primer párrafo de la mencionada reglamentación, cuando a
juicio de la autoridad competente, por la magnitud y gravedad de la falta así
correspondiere" (el destacado pertenece al suscripto).
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Que, por último, en virtud de lo expuesto, de las previsiones del
artículo 56 del Reglamento aprobado por Res. PGN Nro. 52/08 en cuanto a que
"la sustanciación de los sumarios disciplinarios y la aplicación de las sanciones
pertinentes, tendrán lugar con prescindencia de que los hechos que las originen
constituyan delito", y la doctrina del más alto Tribunal de la Nación en cuanto a
que "la absolución, en sede penal, del empleado judicial, no obsta a la cesantía
impuesta por la cámara respectiva fundada en irregularidades graves", porque
"la decisión en materia disciplinaria no depende de la existencia de una
condenación por los mismos hechos, en tanto las jurisdicciones penal y
disciplinaria persiguen objetivos diferentes y no son excluyentes" (Fallos:
326:345; 308:2667; 306:1620; 290:382; 262:522; 258:195 y 256:182, entre
muchos otros), no corresponde hacer lugar a la suspensión del trámite del sumario
a las resultas del expediente penal en trámite ante la justicia federal de Paraná.
Que en razón de lo establecido por el artículo 120 de la Constitución
Nacional; el artículo 33, incisos 11)y m), y concordantes de la Ley Orgánica del
Ministerio Público de la Nación -24.946-; el artículo 31 del Régimen Básico para
los Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación
aprobado por la Resolución PGN Nro. 02/06 y los artículos 7, 9, inciso e), 42,56
Yconcordantes, del Reglamento Disciplinario para Funcionarios y Empleados del
Ministerio Público Fiscal aprobado por Resolución PGN Nro. 52/08,
EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN
RESUELVE:
1.- NO HACER LUGAR a la solicitud de suspensión del sumario a las
resultas del expediente penal Nro. 12.414 del registro del Juzgado Federal de
Paraná, provincia de Entre Ríos (confr. arto 56 del Reglamento Disciplinario para
Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal aprobado por Resolución
PGN Nro. 52/08).
11. APLICAR la sanción de CESANTIA al doctor HERNÁN
ALBERTO TUPPO, D.N.!. 18.262.092, argentino, casado, abogado, nacido el 7
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de febrero de 1967 en Avellaneda, provincia de Buenos Aires, secretario de
fiscalía de primera instancia, con funciones en la Fiscalía del Distrito Saavedra-
Núñez, anexo de la calle Lavalle 1638, 2do. piso, Ciudad de Buenos Aires, de las
demás condiciones personales obrantes en las actuaciones administrativas
señaladas en el Visto, por considerarlo autor de la falta consistente en haber
incumplido el deber de observar una conducta irreprochable, prevista en el
artículo 9, inciso e, del Reglamento Disciplinario aprobado por Resolución PGN
Nro. 52/08, en función del artículo 31 del Régimen Básico para los Funcionarios
y Empleados del Ministerio Público Fiscal de la Nación, aprobado por la Res.
PGN 02/06, según lo descripto en los considerandos (arts. 120 de la C.N.; 33,
incisos 11)y m), y concordantes de la Ley 24.946; 31 del Régimen aprobado por
la Res. PGN 02/06; Y 7, 9, inciso e), 42 y concordantes, del Reglamento
Disciplinario para Funcionarios y Empleados del Ministerio Público Fiscal
aprobado por Resolución PGN Nro. 52/08).
III.- COMUNICAR lo resuelto a la oficina de Liquidación de Haberes,
al Departamento de Novedades y el área de Situación de Revista de esta
Procuración General.
IV.- REGÍSTRESE, notifiquese al doctor Tuppo, al titular de la
Fiscalía de Distrito de los barrios de Saavedra y Núñez, doctor José María
Campagnoli, al fiscal a cargo de la Fiscalía General Nro. 3 ante la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal,
doctor Marcelo A. Solimine, aI9,ocfó;j;~i~AUgUsto De Luca, a la Secretaría de
Concursos de esta ProcuraciÓn General d~ la Nación, agréguese copia de la
presente al legajo del doctor Tuppo y, oportnnamente, archívese.
ESTEBAN RIGHtPROCURADOR GENERAL OELA NAC10N
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