RESUMEN ABSTRACT -...

RESUMEN

El territorio es soporte de la vida en todas sus formas. Eso significa que es esencial para el ejercicio de cualquier derecho y de todos a la vez. El extractivismo es un punzón clavado en el corazón del territorio.

En Colombia, el modelo de desarrollo con sus políticas minero–energéticas brinda grandes privilegios a las empresas extractivas. Es fácil imaginar las profundas heridas territoriales que son y generan violencia, contaminación, despojo de tierras, desplazamiento, fractura del tejido social, desarraigo cultural y otras afectaciones y conflictos. No ha habido Estado de Derecho capaz de responder a esa desproporción. Los niños, niñas y adolescentes son la población más vulnerable y junto a su fragilidad, aparece la amenaza contra una vida digna para las generaciones presentes y futuras.

Esta realidad es sobre todo evidente en los municipios del país con una explotación mineral elevada, como lo son también sus índices de necesidades básicas insatisfechas, de personas en miseria, con inasistencia escolar, falta de acceso a acueducto y alcantarillado, de número de hogares victimas de desplazamiento y afecciones en la salud por contaminación ambiental. Así se traducen las promesas de los beneficios de la minería, en la voz de empresas y gobiernos.

Esta publicación delinea un mapa de aspectos de la violación de los derechos fundamentales de las y los niños derivada de la implementación de la política minero – energética.

Palabras clave: niños, niñas niñez, adolescentes, conflicto, derechos humanos, desplazamiento, desposesión, compañías mineras, minería extractiva, generaciones futuras, modelo de desarrollo, políticas públicas, territorio.

ABSTRACT

Territory is an essential foundation to support life and the practice of rights in all its forms. In Colombia, the development model has been dominated by energy - mining policies with huge privileges being conferred to extractive industries and multinational companies, whilst causing a profound transformation of territories. This generates violence, contamination, land dispossession, displacement, social disintegration and cultural erosion, amongst other effects and conflicts, and clearly there is insufficient capacity to secure effective rule of law. Accordingly, children and adolescents are the most vulnerable sector of the population who face many threats that impede dignified living conditions for present and future generations.

This reality is plainly evident in municipalities characterized by high levels of mining activity, and has precisely shown not to translate into improved living conditions for children or guarantees of their fundamental rights; contrarily these municipalities present elevated indices of unsatisfied basic needs, proportion of people below the poverty line, school absenteeism, lack of access to water supplies and sewerage, number of displaced households, health problems due to environmental contamination, amongst other indicators, which demonstrate the inexistence of the “benefits” promised by mining companies and its associated governmental policies.

This publication illustrates aspects of this reality, based on a mapping exercise related to violations of the fundamental rights of children, as a consequence of the implementation of energy - mining policies.

Keywords: children, childhood, adolescents, conflict, human rights, displacement, dispossession, mining companies, extractive mining, future generations, development model, public policies, territory.

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POR UN PAÍS AL ALCANCE DE LA NIÑEZ(corazonada frente al extractivismo)

Diego Rodríguez PanquevaJéssica Toloza Chaparro

Por un país al alcance la niñez. Corazonada frente al extractivismoDiego Rodríguez Panqueva y Jéssica Toloza Chaparro

Una publicación de Tierra de Hombres Alemania y Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia

©CENSAT AGUA VIVA – AMIGOS DE LA TIERRA COLOMBIA

Junta directivaTatiana Roa Avendaño - PresidentaMaría del Rosario Rojas - SecretariaRafael GutiérrezGermán CastañedaFernando Ortiz

Revisor fiscalJaime Moreno Quijano

Coordinación general - Tatiana Roa Avendaño

Equipo de trabajoOscar Danilo UrreaDiego Andrés MartínezJuan Pablo SolerDana Carolina JaimesDiana Marcela GómezKarol Ivonne ZambranoMaría Alejandra PinzónPatricia Saavedra ParraSonia Fernanda MedinaMargarita Maldonado [email protected]

©TIERRA DE HOMBRES ALEMANIA Coordinacion nacional - William Leon G.

Oficina Colombia [email protected]

Coordinación editorial: Tatiana RoaRevisión de textos: Luisa María Navas CamachoDiseño y diagramación: Angie VanessitaImpresión: Imprescala S.A.S.

Portada: Angie Vanessita

ISBN: 978-958-99801-7-0

Bogotá, Colombia, mayo de 2014.El contenido de este libro puede reproducirse

total o parcialmente citando la fuente.

Hace cerca de tres décadas, Colombia empezó a ser un país exportador de carbón, con la apertura y el inicio de la producción de las minas a cielo abierto en El Cerrejón (departamento de La Guajira) y en

La Jagua de Ibirico (Cesar). En 1985, seis años después de comenzar la exploración, salió el primer embarque del mineral hacia Dinamarca. Por entonces, se hicieron altos los costos de producción de las antiguas minas subterráneas de Alemania e Inglaterra y ambos países decidieron su cierre. La producción carbonífera de Colombia resolvería el consumo de los países europeos.

Desde esos primeros años, hubo denuncias en el país por la vinculación de niños y jóvenes en el trabajo de las minas. De allí que organizaciones dedicadas o interesadas en esas problemáticas se aliaran para indagar sobre la situación.

Censat Agua Viva, organización ambientalista, se propuso a partir de su nacimiento (finales de 1989), auscultar la conflictividad provocada por las actividades extractivas en Colombia, y en particular realizó estudios sobre las condiciones de estas personas en algunas regiones del país. En ese propósito se encontró con la Organización Internacional del Trabajo. OIT, con Defensa de los Niños Internacional, DNI Colombia, entidad dirigida en ese entonces por la socióloga María Cristina Salazar, reconocida por sus trabajos sobre la situación de la infancia en el país, y con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef.

Los documentos surgidos de las labores conjuntas hicieron visibles la dura realidad de la niñez en los municipios de Amagá y Angelópolis (Antioquia), Cucunubá (Cundinamarca) y del departamento de Chocó y la precariedad social, económica y

Presentación

ambiental en que vivían los habitantes de estas regiones. Así mismo, aportaron elementos a los programas de erradicación del trabajo infantil adelantados por diversas organizaciones estatales y privadas. Censat Agua Viva contribuyó con la sistematización de los programas impulsados en Tópaga (Boyacá) por Unicef.

Por desgracia, la situación ha variado poco o nada, lo que significa que ha empeorado. Las promesas de progreso con el desarrollo minero y energético quedan en entredicho con la situación actual de la infancia en las regiones elegidas para emporios. Un deterioro cada vez más complejo y muy poco documentado. En 2011, salió a la luz una investigación de la Revista Semana que denunciaba la grave situación de niños y niñas indígenas Sikuani en Puerto Gaitán, el municipio más rico en hidrocarburos del país. La comunidad quedó cercada por las industrias petrolera y agroindustrial y sin tierras para cultivar y pescar. Una nota de prensa de Terra (2011) advierte que este municipio “presenta una tasa de mortalidad infantil de 61 niños por cada 100.000 habitantes, la más alta del departamento del Meta, que es de 32”.

Recientemente, medios de comunicación de La Guajira denunciaron la muerte por hambre y sed de niños y niñas indígenas en la alta Guajira, lugar que incluye Bahía Portete, donde se encuentra el puerto carbonero de la empresa El Cerrejón (El Heraldo, 2014). Además, el director del Departamento Administrativo de Planeación de La Guajira y secretario técnico del Consejo de Política Social, entre 2008 y 2013, denunció la muerte de 2.969 niños menores de cinco años: 278, por desnutrición y los restantes 2.691 por otras patologías (Radio Guatapurí, 2014). En contraste, el departamento de La Guajira es el cuarto en orden de importancia de los que reciben regalías en el país, después de Casanare, Meta y Arauca (MinMinas, 2011: 44).

Esto último ilustra las razones de este nuevo documento y de la alianza que lo hace posible. Tierra de Hombres Alemania (TdHA),

agencia de cooperación internacional con más de 34 años en Colombia acompañando proyectos cuyo sujeto social central es la niñez, y Censat Agua Viva – Amigos de la Tierra Colombia entregan un mapeo de las principales zonas y comunidades del país hoy afectadas y en situación de riesgo inminente por la exploración y explotación aceleradas en materia minera. Aparecen además alusiones a condiciones de la niñez en otras actividades extractivas. Una de las constataciones del estudio es un conjunto de situaciones de vulnerabilidad y violación al derecho a un medio ambiente sano para los niños y niñas.

El mapeo tiene como antecedente el interés de ambas organizaciones, cada una desde su experiencia, por ahondar en propuestas para garantizar los derechos a un ambiente sano, para las actuales y futuras generaciones. En particular, TdHA definió en su conferencia de delegados como objetivo estratégico “el derecho a un ambiente sano y saludable para niños y niñas”. Su decisión tiene un origen que merece destacarse: niños y niñas de diferentes partes del mundo presentaron su propuesta ante las delegaciones internaciones de la Cumbre Mundial de Río +20, ocurrida en el mes de junio de 2012, de crear un Defensor para las generaciones futuras, cuya misión fuera garantizarles los derechos ecológicos y el derecho a un ambiente saludable. Esa propuesta fue desatendida por varias personas adultas asistentes a la Conferencia, exponentes de un mundo que no está al alcance de los niños.

En medio de la edición de este libro supimos de la muerte del escritor Gabriel García Márquez. En 1994, Gabo tuvo el encargo de leer el discurso de entrega del informe de la Misión Colombiana de Ciencia, Educación y Desarrollo, de la que hizo parte. Y así tituló sus palabras: Por un país al alcance de los niños. Celebramos la buena ocasión de recordarlo a él y hacer eco del horizonte que nos propuso.

“Los primeros españoles que vinieron al Nuevo Mundo vivían aturdidos por el canto de los pájaros, se marcaban con la pureza de los olores y agotaron en pocos años una especie exquisita de perros mudos que los indígenas

criaban para comer. (…).

Cristóbal Colón, había descubierto aquel paraíso por un error geográfico que cambió el rumbo de la historia. La víspera de su llegada, antes de oír el vuelo de las primeras aves en la oscuridad del océano, había percibido en el viento una fragancia de flores de la tierra que le pareció la cosa más dulce del mundo. En su diario de a bordo escribió que los nativos los recibieron en la playa como sus madres los parieron, que eran hermosos y de buena índole, y tan cándidos de natura, que cambiaban cuanto tenían por collares de colores y sonajas de latón. Pero su corazón perdió los estribos cuando descubrió que sus narigueras eran de oro, al igual que las pulseras, los collares, los aretes y las tobilleras; que tenían campanas de oro para jugar, y que algunos ocultaban sus vergüenzas con una cápsula de oro.

Fue aquel esplendor ornamental, y no sus valores humanos, lo que condenó a los nativos a ser protagonistas del nuevo Génesis que empezaba aquel día. Muchos de ellos murieron sin saber de dónde habían venido los invasores. Muchos de éstos murieron sin saber dónde estaban. Cinco siglos después,

Motivo para el título Por un país al alcance de la niñez.

los descendientes de ambos no acabamos de saber quiénes somos (…).

En la esquina de los dos grandes océanos se extendían cuarenta mil leguas cuadradas que Colón entrevió apenas en su cuarto viaje, y que hoy lleva su nombre: Colombia. Lo habitaban desde hacía unos doce mil años varias comunidades dispersas de lenguas diferentes y culturas distintas, y con sus identidades propias bien definidas. No tenían una noción de Estado ni unidad política entre ellas, pero habían descubierto el prodigio político de vivir como iguales en las diferencias. Tenían sistemas antiguos de ciencia y educación, y una rica cosmología vinculada a sus obras de orfebres geniales y alfareros inspirados.

(…) El oro y las piedras preciosas no tenían para ellos un valor de cambio, sino un poder cosmológico y artístico, pero los españoles los vieron con los ojos de Occidente: oro y piedras preciosas de sobra (…) Esa fue la razón y la fuerza de la Conquista y la Colonia, y el origen real de lo que somos.(…)

(…) nuestra educación conformista y represiva parece concebida para que los niños se adapten por la fuerza a un país que no fue pensado para ellos, en lugar de poner el país al alcance de ellos para que lo transformen y engrandezcan. Semejante despropósito restringe la creatividad y la intuición congénitas, y contrataría la imaginación, la clarividencia precoz y la sabiduría del corazón, hasta que los niños olviden lo que sin duda saben de nacimiento: que la realidad no termina donde dicen los textos, que su concepción del mundo es más acorde con la naturaleza que la de los adultos y que la vida sería más larga y feliz si cada quien pudiera trabajar en lo que le gusta, y sólo en eso.

Tal vez una reflexión más profunda nos permitiría establecer hasta qué punto este modo de ser nos viene de que seguimos siendo en esencia la misma sociedad excluyente, formalista y ensimismada de la Colonia. Tal vez una más serena nos permitiría descubrir que nuestra violencia histórica es la dinámica sobrante de nuestra guerra eterna contra la adversidad. (…)

La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo no ha pretendido una respuesta, pero ha querido diseñar una carta de navegación que tal vez ayude a encontrarla. Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación será su órgano maestro. Una educación, desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética —y tal vez una estética— para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal.

Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia (...)

Por el país próspero y justo que soñamos: al alcance de los niños,

Gabriel García Marquez.”

Resumen/Abstract PresentaciónMotivo de un título

Introducción

PRIMERA PARTE. MINERÍA, NIÑEZ Y TERRITORIO• Extractivismo: base del modelo de desarrollo• El habitar respetuoso• Prelación de la minería sobre los derechos de la niñez• El derecho al territorio, fundamental para la vida

SEGUNDA PARTE. SITUACIÓN DE LA NIÑEZ EN LOS MUNICIPIOS MINEROS • Los municipios mineros más productivos de Colombia• Situación socioeconómica de los municipios mineros más

productivos • Niñez perteneciente a poblaciones étnicas en los municipios

mineros más productivos • Salud y educación de la niñez en los municipios mineros más

productivos• Conflicto y niñez en los municipios mineros más productivos• Minería, trabajo infantil y explotación sexual

TERCERA PARTE. VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS POR MINERÍA EN COLOMBIA

Conclusiones

Referencias bibliográficas

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ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

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POR UN PAÍS AL ALCANCE DE LA NIÑEZ

Instalar el extractivismo como único camino posible de desarrollo en Colombia pone en cuestión el Estado de derecho, pues, además de los elementos destructores propios de la extracción, ese fenómeno se sustenta en

la carencia de las políticas indispensables para garantizar la atención de las necesidades básicas y de una buena calidad de vida para la población que habita en aquellos territorios más impactados por el boom minero. Especialmente, para la niñez.

Este documento entiende que la niñez es la población más vulnerable y sensible1 ante un modelo de desarrollo que genera, por definición, profundas transformaciones territoriales. Y es en aquellas regiones con altos niveles de pobreza y marginalidad que esas transformaciones se traducen en la particular vulneración de sus derechos y en la degradación de los medios de vida que pueden garantizarles un buen vivir a todas las generaciones, las presentes y las futuras.

Principio del interés superior del menor. Corte Constitucional, sentencia T-260, 2012

“Los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes gozan de una especial protección tanto en el ámbito internacional como en nuestro Estado Social de Derecho. Ello, dada la situación de indefensión, vulnerabilidad y debilidad de esta población y la necesidad de garantizar un desarrollo armónico e integral de la misma. Los niños, en virtud de su falta de madurez física y mental -que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos-, necesitan protección y cuidados especiales, tanto en términos materiales, psicológicos y afectivos, como en términos jurídicos, para garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para convertirse en miembros autónomos de la sociedad.”

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A pesar de la consideración constitucional sobre la prevalencia de los derechos de la niñez y la obligación del Estado colombiano de garantizarla, el modelo de desarrollo asumido traslada a un último lugar de atención los derechos fundamentales y las necesidades básicas de los niños y las niñas al generar amplias garantías para que la industria minero-energética desarrolle su actividad sin mayores contratiempos. Con ello, desconoce todo tipo de derechos territoriales, ambientales y colectivos; todo esto es incompatible con el carácter prevalente de los derechos de la niñez.

Estamos ante la imposición de los intereses económicos sobre y en detrimento de los derechos constituidos a favor de la integridad y dignidad de los seres humanos, sobre todo, los derechos fundamentales, ambientales, sociales y culturales de la población infantil. Hacerlo es una condición necesaria para instalar, perfeccionar y conseguir la permanencia del extractivismo.

En síntesis, el objetivo de adentrarse en las implicaciones del desarrollo minero sobre la niñez es evidenciar la situación de la población más vulnerable frente a una política que modifica el territorio, las relaciones sociales, la presencia institucional, la economía local y otro sin número de aspectos.

Este texto se compone de tres partes: en las dos primeras, desde ángulos conceptual e histórico se describe el extractivismo como fundamento del modelo de desarrollo en Colombia y su contradicción con los derechos fundamentales de la niñez. La tercera parte deduce de lo anterior una caracterización de los derechos de la niñez vulnerados como consecuencia del desarrollo de la actividad minera. Veamos esto en forma más detallada.

Primera parte: reflexiona en forma conceptual sobre las contradicciones que se dan entre un modelo de desarrollo que favorece la extracción y un conjunto de derechos ratificados en el país y en el mundo. La reflexión pone en el centro de dicha confrontación la dimensión territorial: la sitúa como base para

INTRODUCCIÓN

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garantizar los derechos fundamentales, los derechos de la niñez y los derechos de las generaciones futuras. Esta reflexión parte de una mirada de la responsabilidad intergeneracional; parte del significado de La Colonia como época en la que se inauguró el extractivismo para América Latina y analiza su permanencia, en tanto se mantiene como fundamento del modelo de desarrollo en Colombia, de manera que desconoce hoy la prevalencia de los derechos de la niñez al generar políticas que trasgreden las condiciones que permiten garantizarlos: condiciones sociales, territoriales y ambientales.

Segunda parte: presenta las condiciones sociales y económicas y la situación de la niñez en las principales zonas mineras del país. Para ello, analiza indicadores e información estadística de carácter nacional y de los 121 municipios identificados como más productivos en materia de minería. Gracias a ese análisis se ratifica la idea de que la minería y las altas rentas que ésta genera no se ven reflejadas en una mejor calidad de vida para la población de estas regiones, ni en la garantía plena de los derechos de niños y niñas.

Tercera parte: caracteriza, a partir de las dos anteriores, la vulneración de derechos generada por la minería a los derechos de los niños.

“Ayer lloré cuando escuché que la desviación del río Cauca era una realidad. Las obras de Hidroituango acabaron con nuestras costumbres, con nuestro tejido social y nuestra tierra. Me tocó irme de la finca y dedicarme a lo que fuera. Antes era barequera, ahora nadie me da trabajo. ¿De qué van a vivir mis hijos? Soy desplazada por un gobierno que prefirió sacarnos de ahí para venderle energía a otros países.”

Habitante del municipio de Ituango (Tomado de Cuevas, 2014)

PRIMERA PARTEMINERÍA, NIÑEZ Y TERRITORIO

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Se parte de esta reflexión con el fin de dar una mirada sobre aquellos a quienes dejamos el mundo, nuestros hijos, nietos y, en general, las generaciones venideras. La actual perspectiva de desarrollo en América Latina evidencia la continuidad de la dinámica de la época colonial. Ante eso, ¿qué hemos aprendido o reflexionado sobre las implicaciones de una dinámica de colonización, despojo y esclavismo? ¿Cuál es la responsabilidad de las sociedades pasadas, con respecto a la situación de las generaciones actuales y la nuestra frente a las futuras?

La historia de América Latina ha sido la historia de las usurpaciones. Desde los días de La Colonia (finales del siglo XV–comienzos del siglo XIX), los viajeros europeos (españoles, ingleses y otros) que invadieron

estas áreas del mundo, vieron nuestros territorios como grandes despensas. El acceso a ellas se conseguía solo con tener la autorización de los reyes de ese continente y algo de dinero para darle marcha a la empresa conquistadora. De esa manera, adquirían oro, pieles, comida, tierras y gente.

El ideal colonialista de expandir los imperios, lograr el poder y la hegemonía de una forma de vida y de producción sumerge al mundo colonizado en estructuras y prácticas que lo sitúan como un productor de materias primas. Con la colonización, además de las carabelas y los caballos, llega también desde Europa un modelo de mundo que privilegia la apropiación y acumulación de todo tipo de bienes, incluidos los seres humanos y las tierras ajenas. Este momento histórico marca el periodo de la acumulación originaria de capital:

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“Y así se acepte que los tesoros llegados de América tuvieron como principal destino aumentar las oportunidades de consumo más que las de producción (bienes del Lejano Oriente, la especulación con el crédito a los monarcas), de todas maneras acrecentaron la acumulación monetaria, necesaria en la formación del capitalismo, contribuyendo a orientar la producción hacia el valor de cambio” (López, 1988: 240).

Con la colonización europea se iniciaron de manera intensiva y dramática la explotación desmedida, la mercantilización de la naturaleza, la imposición de nuevos patrones e imaginarios en lo relativo a la relación con el mundo y la paulatina destrucción de los vastos bosques y territorios.

Ante nuevos símbolos de veneración se somete a toda América y con formas de relación esclavistas y de servidumbre. Latinoamérica es el resultado de esas prácticas históricas de desigualdad, pobreza y marginalidad.

Cuando los europeos salieron en busca de la ruta hacia las indias, iban con un propósito certero: establecer rutas comerciales que les permitiera acceder a unos productos por una vía mucho más rápida y menos hostil. En su imaginario, había ya una forma de aproximarse con “el otro”: mediante una transacción comercial.

Sin embargo, el encuentro con un mundo hasta entonces inexplorado y con una civilización que poseía dinámicas comerciales basadas en el intercambio y la reciprocidad, reveló ante los colonizadores una forma de transacción que, si bien no era novedosa, resultaba bastante lucrativa y les permitía tomar ventaja en la dinámica de acumulación y dar inicio al proceso de despojo a costa de oro y sangre.

Las oleadas colonizadoras, valiéndose de imaginarios religiosos, concepciones eurocéntricas y posturas paternalistas, crearon el ambiente ideal para continuar la extracción y posibilitar la construcción en las colonias de un pacto de redistribución o restitución a la medida del despojo. Este fue un primer momento de ese proceso geográfico de despojo, determinado por el inicio

MINERÍA, NIÑEZ Y TERRITORIO

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del desarrollo de una actividad minera intensiva que surtía de minerales monetizados a la Europa de entonces.

¿Qué responsabilidad tiene la sociedad de aquel entonces en relación con la realidad actual de América Latina? ¿En la sociedad actual hemos aprendido o reflexionado sobre las implicaciones de una dinámica de colonización, despojo y esclavismo?

La actual perspectiva de desarrollo en América Latina evidencia la continuidad de dicha dinámica, un neocolonialismo que se desarrolla y da continuidad a la acumulación de una deuda histórica consagrada desde la época de La Colonia, deuda histórica que ha permitido sobrellevar las crisis comerciales y financieras del sistema capitalista a costa del despojo y la destrucción de los territorios americanos.

Pero esta deuda histórica también está compuesta por aquellos costos asumidos por las sociedades de cuyos territorios son extraídas las materias primas, los costos de las denominadas externalidades del proceso de producción, fallas del mercado al no internalizar los costos ambientales y sociales del sistema de producción que en la actualidad representan, más bien, éxitos en el traslado de costes (Martínez Alier, 2004: 323).

“Informamos a los descubridores que nos deben”

Tomado de Guaicaipuro Cuatemoc cobra la deuda a Europa, en Britto, 1990.

“Consta en el Archivo de Indias, papel sobre papel, recibo sobre recibo y firma sobre firma, que solamente entre el año 1503 y 1660 llegaron a San Lucas de Barrameda 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata provenientes de América. ¿Saqueo? ¡No lo creyera yo! Porque sería pensar que los hermanos cristianos faltaron a su Séptimo Mandamiento […] Nos limitaremos a exigir la devolución de los metales preciosos adelantados, más el módico interés fijo del 10 por ciento, acumulado sólo durante los últimos 300 años, con 200 años de gracia. Sobre esta base, y aplicando la fórmula europea del interés compuesto, informamos a los descubridores que nos deben, como primer pago de su deuda, una masa de 185 mil kilos de oro y 16 millones de plata, ambas cifras elevadas a la potencia de 300”

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La colonización marcó el rumbo de la explotación mediante la apropiación de los territorios. Este fenómeno enfilaba su accionar sobre la idea de vaciar las tierras colonizadas para llenar las arcas del reino. Una postura que no entreveía una visión a largo plazo, sino que se asentaba en la apropiación y máximo beneficio a corto plazo. Este fenómeno establece la división en cuanto a dos formas de relacionarse con el mundo: ellas chocan de manera contundente durante La Colonia y hoy mantienen la disputa con el modelo de desarrollo extractivista establecido como ideal.

La apropiación, encaminada a la acumulación de bienes para obtener un beneficio en el más corto plazo, se traduce en la degradación, contaminación y destrucción de bienes comunes. Ella limita el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de otros en el presente cercano y el futuro. Por otro lado, una relación fundamentada en principios de solidaridad y reciprocidad posibilita un legado invaluable para el disfrute de las presentes y futuras generaciones y la posibilidad del ejercicio de los derechos más fundamentales.

La imposibilidad de garantizar estos derechos a las generaciones venideras es consecuencia de la desconfiguración de territorialidades como valoración socio-cultural que sustenta el tejido social y comunitario. También, del trastorno del territorio como ambiente fundamental para el desenvolvimiento de la vida.

Responsabilidad y solidaridad intergeneracional

Estos dos preceptos surgen “con mayor vigor como respuesta ética, política y jurídica a las preocupaciones por las acciones humanas con repercusiones impredecibles sobre el futuro cercano y lejano, tanto con los seres humanos que existirán, como con los que actualmente viven y sufren las carencias impuestas por una sociedad ampliamente desigualitaria e injusta” (Mesa, 2013: 356).


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Además, el modelo de desarrollo y las políticas parecen no tener respuesta ante la vulneración de las condiciones de vida y a los derechos de la niñez, y por extensión, de las posibilidades de las generaciones futuras.

Desde la perspectiva del extractivismo, sólo las economías basadas en la explotación minero-energética pueden renovar las posibilidades de dominación; son el único medio para salir de las crisis financieras y económicas. Además, se consideran como el camino más seguro para que los países pobres hagan parte de la dinámica del mundo desarrollado.

Los satisfactores de las necesidades humanas en el mundo desarrollado de hoy han cambiado en comparación con las del mundo colonial2. Actualmente, las catedrales no requieren de láminas de oro para recubrir sus retablos, ni de cargamentos de plata para acuñar las monedas de los imperios, las formas de atender muchas de las necesidades de nuestra sociedad se han transformado junto con el avance tecnológico y esto ha redundado en la demanda de una serie de materias primas que han encontrado eco en las mismas geografías del despojo colonialista.

Eso es cierto y también lo es que han cambiado los discursos para autorizar el despojo: ahora se incluyen la noción y la etiqueta de pobreza como premisa para la incursión (Escobar, 2007). Dicho de otra manera, han cambiado las formas de despojar. Sí, pero el centro del despojo sigue siendo el mismo.

¿Qué relación hay entre esa noción de la pobreza y el extractivismo? La pobreza se categoriza y conceptualiza desde afuera. Es una construcción basada en parámetros y nociones prefigurados a partir de un modelo de desarrollo que celebra el arrasamiento, la homogenización y las cadenas de producción masivas. La aparición de esta categoría, que surgió después de la Segunda Guerra Mundial (Escobar, 2007), prorroga “una

Extractivismo: base del modelo de desarrollo

2. La noción de satisfactores, de Manfred Max Neff , permite entender lo siguiente: las necesidades de los seres humanos siempre son las mismas, sólo que cada sociedad las resuelve con diversos satisfactores.

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forma específica de violencia”, que se ha llamado colonialidad del poder3; “un modo específico de producción y ejercicio de la violencia que da lugar a una forma de dominación de larga duración” (Machado, 2012).

Esa violencia utiliza mecanismos de poder que maniatan a las comunidades, que restringen su margen de operación y criminaliza sus protestas y las resistencias a favor de sus derechos; lo hace mediante legislaciones, garantías y recursos que brindan un escenario ideal para la extracción y la explotación, marginando otras posibilidades.

Esos mecanismos de larga duración para prolongar la dominación avanzan con las promesas que trae la consigna del desarrollo, que son: las economías de la explotación minero-energética son la única posibilidad de salir de las crisis financieras y económicas y el camino más seguro para que los países pobres puedan hacer parte del mundo desarrollado, moderno y próspero. Y esa consigna sirve porque sólo ese modelo permite que se renueve la dominación.

Dicho de otra manera, la acumulación de capital y la búsqueda de nuevos lugares donde reproducirlo ha encontrado en el desarrollo minero-energético un dispositivo de poder que garantiza varias cosas: por medio de él no solo se determina el sometimiento de las comunidades y los territorios, sino que ellos se convierten en una fuente de provisión de bienes y servicios ambientales que alimenta el sistema de consumo y la generación de capital de los países desarrollados.

3. Así la han llamado algunos escritores como Aníbal Quijano.

“El riesgo más grande es la contaminación del agua. La empresa petrolera hizo un vertimiento de residuos en el rio Caquetá. Ese río pasa al lado de una escuela y los niños toman el agua de ahí para consumo y para todo. Creemos que algunas mujeres embarazadas han tenido enfermedades

y complicaciones debido también a este problema.”

Lideresa del Departamento de Caquetá


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La explotación de minerales y la de hidrocarburos en América Latina son más que actividades económicas de abastecimiento: son parte central del modelo de desarrollo fundamentalmente extractivista. La minería deja de ser una industria particular y se convierte en fundamento estructural de tipo financiero y fiscal que modela la realidad socioeconómica de un país, la reconfigura política y legalmente y, en consecuencia, también territorialmente; en su mayoría, a costa del Estado Social de Derecho y de la garantía de los derechos fundamentales de la sociedad.

Extractivismo es el término con el que se denomina a una forma de organizar la economía de un país, basado en una alta dependencia de la extracción intensiva y en grandes volúmenes, de bienes naturales, con muy poco valor agregado y destinado para su exportación. Proyectos petroleros, mineros, hidroelectricos, entre otros, generan en Colombia un sin número de casos en los que son vulnerados los derechos de la niñez.

El modelo se sostiene sobre la ganancia de una geografía y un grupo socioeconómico que ha desarrollado su vida con los beneficios que se dan a costa de la vida y la convivencia de otras geografías. David Harvey (2000) teoriza sobre la acumulación por desposesión para referirse a las diferencias geográficas como legados históricos y geográficos del colonialismo, pero va mucho más allá: habla sobre todo de su constante reproducción y reconfiguración “por los procesos político-económicos y socio-ecológicos que tienen lugar en el presente” (Harvey, 2000). Esto último nos lleva de nuevo a los discursos que se manejan desde las esferas del poder y a ver cómo éstos se renuevan mediante lenguajes que dan fundamento a un modelo que reproduce y da continuidad a la expropiación y el arrasamiento, pero a través de sofismas discursivos que proponen el extractivismo como el camino indicado para el “desarrollo”.

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La extracción minero-energética desdibuja los contextos donde se instala y vulnera los derechos prevalentes. También atenta contra la calidad y el bienestar vital de las futuras generaciones.

Niñez desplazada por HidroituangoFamilias campesinas y barequeras desplazadas por el proyecto hidroeléctrico

Hidroituango, desarrollado en el departamento de Antioquia por Empresas Públicas de Medellin, se refugiaron desde en el mes de mayo de 2013 en el la Universidad de Antioquia. El 23 de julio de ese mismo año, el Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios y Afectados por las Represas - Ríos Vivos, que acompañó la resistencia de las familias, informó que, “funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar fueron al Coliseo, acompañados de la Procuraduría Judicial y representantes de la Alcaldía Municipal (…) hicieron el registro e inspección de los niños, niñas y adolescentes en el lugar” (Movimiento Ríos Vivos, 2013). El Movimiento señaló que “esta verificación se puso como condición para recibir ayuda humanitaria” pero que “hasta el día de hoy tan solo hemos recibido un bulto de bienestarina, lo cual nos deja serios interrogantes frente a los cuestionamientos que se han levantado frente a nosotros por la situación de la población más vulnerable”.

Ríos Vivos destacó además que,“los niños y niñas están con sus familias en el Coliseo, y que si bien, las condiciones

en que nos encontramos son difíciles, en la región tampoco existen garantías dado que Empresas Públicas de Medellín (EPM) hasta el día de hoy no ha reconocido los derechos fundamentales de los afectados, incluidos los de niños, niñas y adolescentes.”

De acuerdo con lo analizado por el Movimiento, la presencia del ICBF parecía más una estrategia para presionar a las comunidades en el sentido de que desalojaran el lugar, que para prestar la ayuda humanitaria requerida. Así lo evidenció la intervención de la directora general del ICBF, Adriana González, quien dijo: “tenemos una gran preocupación por la situación de los niños que están hoy en el Coliseo. Por eso se les insistió a las familias en la necesidad de sacar a los niños de aquí y en la obligación de no utilizarlos como escudo para la protesta” (“ICBF pidió sacar a niños de protesta en la Universidad de Antioquia”, El Tiempo, 6 de septiembre de 2013).

El ICBF censó 72 niños entre los más de 300 campesinos que allí se alojaban. Hubo dos nacimientos durante la ocupación del Coliseo. Después de 7 meses se logra llegar a un acuerdo con la Gobernación de Antioquia para el retorno de las comunidades a su territorio sin ningún tipo de garantía.


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Petróleo y niñez El mundo sigue dependiendo de los combustibles fósiles (gas, petróleo y carbón), para satisfacer las demandas crecientes de energía. Es eso precisamente lo que se observa en la llamada matriz energética mundial, que muestra de qué fuente y en qué proporción proviene la energía que se consume en el planeta: El 81,6% corresponde a esos combustibles fósiles: gas natural, 21,3%; carbón, 28,8% y petróleo, 31,5%. El 24% restante se compone de otras fuentes energéticas: hidroenergía principalmente y energías alternativas, como la solar y la eólica (Agencia Internacional de Energía, 2013: 6).Ante el panorama comercial que ofrece esa matriz, los últimos gobiernos en Colombia han impulsado la industria petrolera ofreciendo a las empresas transnacionales amplios incentivos y atractivos escenarios para que decidan invertir en el país. Uno de estos es la desregulación ambiental, que ha facilitado el avance de nuevos proyectos petroleros. El resultado de ese impulso es la intensificación de la actividad exploratoria en el territorio nacional para el hallazgo de nuevos yacimientos hidrocarburíferos, de manera que se han extendido las fronteras petroleras1. Hay una íntima relación causal entre la expansión de esta actividad extractiva y el deterioro creciente de la calidad de vida de las poblaciones, en las que existen sectores más vulnerables, como las etnias, las mujeres y la niñez. ******La expansión petrolera ha causado una emergencia de conflictos sociales y ambientales en todo el país. Entre 2001 y 2011, el 25% de todos los conflictos ocurridos en el país tiene relación con la extracción de petróleo, oro y carbón. De este porcentaje, el 57% corresponde a la actividad petrolera (Cinep, 2012). ¿Cómo puede entenderse esta situación? Uno de los motivos es la fallida promesa del desarrollo: regiones que vivieron el boom petrolero de los años 80 y 90 como Casanare y Arauca, se quejan de la creciente pobreza y el desastre ambiental que ha dejado esta industria. Tal situación repercute de manera significativa en la infancia. Un doloroso emblema se tiene en el hambre y la desnutrición de la niñez indígena en Puerto Gaitán (departamento del Meta), el municipio que recibe hoy más regalías por explotación petrolera en el país. Sólo en 2010 percibió 96.110 millones de pesos2, que en nada han atendido el hecho de que Puerto Gaitán tiene la tasa de mortalidad infantil más alta del departamento del

1. La expansión de la exploración y de la explotación hidrocarburífera en el país se expresa hoy en las intensas campañas sísmicas de la empresa nacional Ecopetrol y de las transnacionales presentes en el país, igual que en el cubrimiento de casi toda la geografía nacional con bloques petroleros.En este municipio, alrededor del 40% de la población es indígena, es decir 10 mil personas, de una población de 24 mil habitantes. Esa población constituye 63 comunidades de nueve resguardos de Puerto Gaitán y sus condiciones de vida son cada vez más precarias (La Silla Vacía, 2011).

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Meta: 61 niños por cada 100.000 habitantes. (Terra, 2011). ¿De qué manera se vincula ese deterioro humano con la actividad petrolera?Los pueblos indígenas de esta región han sido nómadas y han vivido de la caza y la pesca, pero con la incursión del petróleo y la agroindustria tuvieron que aprender a cultivar en pequeñas parcelas comunitarias. Han perdido su dieta tradicional, basada en mañoko, casabe, bajule y batata y en animales silvestres como el chigüiro, el mico y pescados. Las causas tienen que ver con el despojo de su territorio, la migración de los animales silvestres hacia otras regiones, la contaminación creciente de la zona petrolera.La población infantil es una de las más vulnerables también a la falta de acceso al agua potable. La región de los Llanos Orientales, principal productora de petróleo, sufre de intensas sequías en ciertos períodos del año. Los indígenas, habitantes tradicionales, carecen de pozos profundos para extraer agua en épocas secas, mientras que algunos de los caños y humedales se han destruido con la industria petrolera.En Caquetá, región amazónica, los pobladores han alertado sobre la contaminación que la industria hidrocarburífera está ocasionando a las fuentes hídricas. Algunas empresas, dicen las comunidades, hacen sus vertimientos de residuos directamente en el río del mismo nombre: “ese río pasa al lado de una escuela y los niños toman el agua de ahí para consumo y para todo. Creemos que algunas mujeres embarazadas han tenido enfermedades y complicaciones debido también a este problema” (Lideresa, 2013). En algunas áreas afectadas por estos impactos, la resistencia ha sido el camino escogido por la población para proteger su vida. La respuesta ha sido represiva y ni los niños ni las niñas han salido ilesos. El 11 de febrero de 2000, fuerzas militares atacaron a la comunidad U’wa cuando bloqueaba la entrada de un taladro petrolero a una finca de su propiedad. A las 7 y 40 de la noche, cinco mil efectivos de la Policía antidisturbios desalojaron violentamente a la población indígena concentrada en los sitios de La China y Las Canoas; la Policía utilizó gases lacrimógenos, bastones antimotines y buldóceres. Mueren ahogados 3 niños cuando sus madres tratan de cruzar el río Cubujón huyendo de los gases y la represión.Más recientemente, el pasado 25 de marzo, la guerrilla dinamitó el oleoducto Caño Limón-Coveñas. La onda expansiva de la explosión ocasionó la muerte a un bebé U’wa. La comunidad indígena ha impedido que se arregle el oleoducto y demanda al gobierno que más bien desvíe el oleoducto para evitar su paso por el territorio indígena, que además no siga avanzando el proyecto exploratorio Magallanes, que atenta contra la integridad cultural y ambiental de este pueblo indígena (Otra América, 2014).

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La industria petrolera avasalla de manera similar la vida de la gente de otros países de América Latina y de África. En la Amazonía ecuatoriana, en el campo petrolero Sacha, con más de 40 años, se encontró una situación demoledora:

“en el 20% de las familias había alguna enfermedad crónica [y] en el 34% de las casas se había dado algún tipo de cáncer. La tristeza manifestó tenerla más de la mitad de la población (54%) y se encontró un desajuste emocional en los niños y niñas como consecuencia de un maltrato infantil en el 51% de las familias y violencia intrafamiliar (VIF) en el 40,6%, [relacionada con] el alcoholismo, presente en el 43,8% de los padres.

Por otra parte, “la inmadurez psicomotriz estaba presente en un 76,7% de los niños y niñas” lo que significaba además un retraso, en promedio, de 2 años y 4 meses, con respecto a su edad cronológica. En consecuencia, se encontraron problemas en el 25% de los niños y las niñas “para aprender; problemas de lectura y escritura en el 31% de ellos y ellas, problemas de cálculo en el 34% y un rechazo escolar del 31,2%” (Maldonado, 2013).Ese caso muestra el rostro de los proyectos extractivos, que además de grandes inversiones y de la promoción de un discurso del desarrollo, traen consigo conflicto, desplazamiento, despojo de tierras, desarraigo y una elevación en el costo de vida. La niñez resulta ser la población más vulnerada por todo eso. Muchas otras experiencias similares del llamado tercer mundo lo reafirman. En Sekondi y Takoradi, dos ciudades de Ghana, el gobierno pronosticó en 2010 la extracción de 250 mil barriles de crudo. Igual que en cualquier proyecto extractivo, las expectativas de empleo y la renta generada atraen mucha población y un incremento en el costo de vida. Lo que más repercute en la vulneración de los derechos de la niñez es el aumento en el costo de los alquileres y de los alimentos; también “crece el tráfico de automóviles y los problemas sociales se multiplican. La mayoría de las víctimas de esto son niños y niñas, dijo Deborah Daisy Kwabia, directora para la ciudad del departamento Regional de Bienestar Social” (Carlucci y Essien, 2011).Sudán del Sur, con altos volúmenes de petróleo, vive actualmente el conflicto armado, del que se desprenden un millón de muertes y alrededor de 200 mil desplazamientos. Un alto número de niños y niñas está entre las víctimas. Eso incide en que menos del 10% de la población finaliza sus estudios de primaria, según el informe del Instituto de Desarrollo en el Exterior (PLAN, 2014). De la misma manera que se vulnera el derecho a la educación, se atenta contra el conjunto de derechos fundamentales.

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Ana Patricia Noguera (2004) señala que el sistema capitalista funda sus preceptos en el desprecio por la trama de la vida y los frutos de la tierra. El modelo de desarrollo extractivista no reconoce la variedad, las subjetividades, las propuestas de las mujeres y las necesidades de los niños y niñas. Podemos clasificar la embestida desarrollista y sus diferentes mecanismos de asentamiento como el “habitar bajo relaciones de dominio”, mientras que esas otras posibilidades de vida reflejarían el “habitar respetuoso”.

El habitar respetuoso

Las expresiones y prácticas que representan a un “habitar respetuoso” se configuran desde la relación que se establece entre los cuerpos y el espacio donde se desarrollan. La posibilidad de un medio óptimo para el desarrollo de cada uno de los organismos que conviven en ese ambiente, incluidos los seres humanos, está supeditada a las formas de relacionarse que se establezcan con el medio. De eso depende la posibilidad de vivir dignamente que tienen las futuras generaciones.

De ese habitar respetuoso y de esas condiciones óptimas para la niñez y las futuras generaciones hacen parte las reivindicaciones basadas “en la localidad, el arraigo y la historia cultural que resaltan su situación única y particular como grupo socio ecológico” (Harvey, 2000: 110). Esto invita ahora a reivindicar la dignidad como derecho universal, y por tanto, su condición de ser tratado con respeto.

Hay una geografía particular donde se refleja esa forma de “habitar” y desde donde se construyen y se develan las realidades de las comunidades: el cuerpo, que se convierte, si se asume la

“La explotación sexual de niñas entre los 11 y los 16 años es una problemática muy grande. Las niñas ven a los petroleros como personas importantes y a las que hay que rendirles pleitesía. Pero ese problema es un fenómeno silencioso: todo el mundo sabe lo que pasa, pero nadie hace nada.”

Lideresa del departamento de Caquetá


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posibilidad de ser un habitante respetuoso, en el potencializador de la vida, en el medio y en el símbolo de los valores.

Pero esos espacios empiezan a ser transformados con la llegada de los valores del desarrollo y la modernidad. Esto último se aprecia en la estandarización de los cuerpos, su medicalización, control natal, alimenticio y morfológico; de una u otra forma, eso hace parte de las formas más particulares de la dominación que se traducen en la corporización automatizada de aquello que representa a la modernidad y el desarrollo.

Nos referimos a los cuerpos porque son éstos la primera instancia en ser transformada ante modelos que transgreden los espacios de residencia y las dinámicas naturales con la instalación de los procesos industriales para la extracción minero-energética. Esos modelos no hablan un lenguaje que permita la interlocución con las prácticas que se llevan a cabo en los territorios y que son propias de la relación respetuosa con el mundo.

En últimas, el modelo extractivista riñe con cualquier cosa que proteja o garantice las formas de vida y de vivir distinta a la que se globaliza a través del mercado; los espacios de biodiversidad y todos los derechos que protegen los seres humanos, muy especialmente aquellos derechos que tienen carácter de prevalencia, contienen un código que no responde a las practicas que se ejecutan amparadas bajo el discurso minero-energético.

La prevalencia de los derechos de la niñez pasa por el cumplimiento y defensa de los derechos de tercera generación que son los que permiten que se regulen y protejan las condiciones mínimas para la manifestación de la vida. Los derechos del niño pueden verse particularmente afectados por la degradación del medio ambiente.

Prelación de la minería sobre los derechos de la niñez

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Desde la Declaración, en 1959, de los Derechos del Niño, por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas se supuso que este era un reconocimiento mundial y un primer consenso para establecer los principios fundamentales de los derechos de los niños y las niñas. Esta declaración establece diez principios que deben asumir los Estados-Nación, mediante la construcción de políticas y estrategias que permitan la socialización y el respeto por cada uno de estos principios.

Sobre los principios de la Declaración de los Derechos de la niñez: toda niña y todo niño debe poder gozar, disfrutar y contar con los siguientes derechos:• Derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. • Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano.• Derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social • Derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento.• Derecho a una alimentación, vivienda y atención con médicos especializados.• Derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que

sufren alguna discapacidad mental o física.• Derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad• Derecho a actividades recreativas.• Derecho a una educación gratuita.• Derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia.• Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación.• Derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los

pueblos y hermandad universal.

La Declaración se convierte en el mapa de ruta para elaborar políticas que protejan y den vigencia a los principios enumerados. Colombia ha adoptado dentro de sus recursos legislativos y como discurso, que se orienta hacia los derechos fundamentales y el respeto por los acuerdos internacionales, posiciones que dejan entrever ámbitos normativos respetuosos y la prelación por los derechos fundamentales. Entre estos acuerdos y discursos cabe destacar la Constitución Política colombiana, promulgada en 1991. Esta Constitución,


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“establece que Colombia es un Estado Social de Derecho. Con base en lo anterior, se le debe dar un trato preferencial a quienes se encuentran en circunstancias de debilidad o están impedidos para participar en igualdad de condiciones, de conformidad con el artículo 13 de la misma Constitución. Es claro que en el caso de los niños y de las niñas se presentan las dos condiciones, hecho que los hace acreedores a especial protección por parte de su mismo núcleo familiar, de la comunidad y finalmente del Estado representado en las autoridades públicas” (Observatorio de Justicia Constitucional. Defensoría del Pueblo de Colombia, 2014).

La prevalencia de los derechos de la niñez sobre derechos de otros sectores o poblaciones aparece en diferentes documentos de organismos del Ministerio Público colombiano que deben velar por la protección de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente por aquellos que no tienen participación puntual en los espacios de decisión. La Defensoría del Pueblo de Colombia, mediante el Observatorio de Justicia Constitucional, recuerda la prevalencia de los derechos de los niños y el principio a favor del niño.

Con las sentencias C-041 y T-298 de 1994 de la Corte Constitucional se recuerda y defiende el principio Pro Infans, ratificado por la Constitución Política en su artículo 44. Con la sentencia C-041 de 1994 establece que:

“como el niño no sabe ni puede pedir, la Constitución autoriza a todos a que pidan por él; como el niño no puede hacer que sus derechos se impongan cuando entren en conflicto con los de los demás, la Constitución define directamente su prevalencia”.

Este tipo de instrumentos legales permite poner en evidencia los discursos con los que el Estado colombiano se ha hecho participe y acoge legislaciones garantistas y protectoras de la vida. El artículo 44 de la Constitución señala:

“Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la

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cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia”.

Al asumir la prevalencia de los derechos de los niños y las niñas en la Constitución promulgada en 1991, Colombia también asumió otros preceptos que están encaminados hacia el bienestar y protección de esos derechos fundamentales. Entre otros, nuestro país adoptó el camino del desarrollo sostenible, que,

“busca compatibilizar el desarrollo económico, la elevación de la calidad de vida y el bienestar social, con la preservación del medio ambiente, sin agotar la base de los recursos naturales renovables, en condiciones que permitan a las generaciones futuras vivir en forma digna y promover su propio desarrollo” (Negrete, 2013: 27). Entendiendo aquí la sostenibilidad como “viabilidad a largo plazo de la actividad y su medio social y ambiental” (Cabrera, 2013: 108).

También es pertinente mencionar acá los derechos que involucran acuerdos internacionales y que tienen acogida y representación en el ámbito mundial, así como la incidencia que tiene su vulneración en la vida de todas las personas; estos se conocen como Derechos de Tercera Generación. En esa medida la Corte Constitucional en la Sentencia T-415 de 1992 expresa que:

“el derecho al medio ambiente y en general los derechos de la llamada tercera generación, han sido concebidos como un conjunto de condiciones básicas que rodean al hombre, que circundan su vida como miembro de la comunidad y que le permiten su supervivencia biológica e individual, además de su desempeño normal y desarrollo integral en el medio social”.

Hay varios elementos que saltan a la vista. Uno de ellas es que el cumplimiento de la prevalencia de los derechos de los niños y las niñas sobre los demás derechos pasa por la construcción


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de políticas públicas y mecanismos de control, suficientes y respetuosos de lo que se plantea desde la Constitución.

De igual manera, los Derechos de Tercera Generación son la condición general y primaria para garantizar la dignidad y el bienestar general de las comunidades. La garantía sobre los Derechos de Tercera Generación determina la garantía de los derechos fundamentales, lo que finalmente garantiza el respeto y defensa de los derechos de la niñez.

Los Derechos de Tercera Generación también son conocidos como Derechos de Solidaridad o De los Pueblos, contemplando cuestiones de carácter supranacional, es decir todo aquello que se considera como condición para la dignidad humana universal como el derecho a la paz y a un ambiente sano, y que rompe o, mejor aún, no tiene en cuenta las fronteras nacionales. Otros Derechos de Tercera Generación son: derecho al desarrollo que permita una vida digna, derecho al patrimonio común de la humanidad, derecho al medio ambiente, derecho a la solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y ecológicos, derecho a la identidad nacional y cultural, entre otros.

La prevalencia de los derechos de la niñez pasa por el cumplimiento y defensa de los derechos de tercera generación que son los que permiten que se regulen y protejan las condiciones mínimas para la manifestación de la vida;

“También los derechos del niño, dice John Knox, pueden verse particularmente afectados por la degradación del medio ambiente. En la Convención sobre los Derechos del Niño se afirma que la contaminación del medio ambiente entraña riesgos y peligros para el suministro de alimentos nutritivos y agua potable salubre (art. 24, párr. 2 c)” (Naciones Unidas, 2013).

La priorización que le ha dado el gobierno nacional a la actividad minera sobre otro tipo de actividades productivas y el incremento y proliferación de títulos mineros; se ha dado pasando por encima de los derechos fundamentales de las y los colombianos. Contrario a lo que sucede en la realidad, el Estado

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colombiano debe servir como un árbitro que establece, controla y vigila las reglas del juego entre los intereses económicos y el bienestar de los ciudadanos; asumiendo como guía los tratados, leyes y mecanismos jurídicos. Sin ir más lejos, la Constitución de 1991, catalogado como la Constitución Ecológica o Constitución Verde, instaura unas nuevas coordenadas en cuanto a la relación persona y naturaleza, relación que es ratificada por la Corte a través de la sentencia C-126 de 1998:

“La Constitución de 1991 modificó profundamente la relación normativa de la sociedad colombiana con la naturaleza. Por ello esta Corporación ha señalado […] que la protección del medio ambiente ocupa un lugar tan trascendental en el ordenamiento jurídico que la Carta contiene una verdadera “Constitución ecológica”, conformada por todas aquellas disposiciones que regulan la relación de la sociedad con la naturaleza y que buscan proteger el medio ambiente” (Negrete, 2013: 31).

Al haberse asumido desde la Constitución promulgada en 1991 un Estado social de derecho se establece que toda actividad económica y en este caso extractiva, debe garantizar el equilibrio de la naturaleza y la calidad de vida de los seres humanos. En el caso de los niños y las niñas, así como lo establece el principio Pro Infans, el Estado debe establecer esta prevalencia.

El Estado colombiano, a la vez, asumió el extractivismo desde hace muchos años, para acceder al desarrollo, con la expectativa discutible de que generará riqueza. Así, ha promovido una política definida para la consolidación de la minería y la inversión extranjera en el país, señalando la actividad minera como de utilidad pública e interés social4. Con ello, el Estado de derecho parece difuminarse.

Al etiquetarse el modelo de desarrollo extractivista con premisas como interés social se configura la superposición de este ejercicio sobre los derechos prevalentes de la niñez y así mismo los de Tercera Generación. Se asegura de esta manera que la minería estaría sobre los derechos territoriales,

4. El Código de Minas (ley 685 de 2001) tiene consignado en su artículo 13 lo siguiente: “En desarrollo del artículo 58 de la Constitución Política declárase de utilidad pública e interés social la industria minera en todas sus ramas y fases. Por tanto podrán decretarse a su favor, a solicitud de parte interesada y por los procedimientos establecidos en este Código, las expropiaciones de la propiedad de los bienes inmuebles y demás derechos constituidos sobre los mismos, que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo”.


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económicos, culturales, etcétera y que podrán decretarse a su favor las expropiaciones de los bienes inmuebles que sean necesarios para su ejercicio y eficiente desarrollo.

Los Estados, en particular, el colombiano, configuran las garantías y los mecanismos para la instalación del modelo de desarrollo extractivista. En otras palabras, se trata de nuevas formas de colonización. Estas democracias coloniales asumen como suyos los planes de desarrollo de los inversionistas y para ello construyen y delimitan múltiples mecanismos mediante los cuales se pueda acceder a los territorios y a las materias primas con la mayoría de las ganancias y sin casi ninguna respuesta legal. A continuación, algunas de las adecuaciones estatales para la instalación del extractivismo:

• Seguridad jurídica en la asignación de concesiones mineras, que también está representada en las garantías legales y judiciales de las inversiones extranjeras.

• Beneficios fiscales para los inversionistas, explícitamente señalados en la eliminación de tasas e impuestos por su actividad comercial.

• Laxitud extrema en los controles ambientales visible en la legislación vigente.

La explotación minero-energética está instalada dentro de los mecanismos coloniales contemporáneos en que se expropia a través de una dimensión geográfica, económica, ecológica y política (Machado, 2011: 165). Esta expropiación permite dilucidar la profunda desigualdad que profundiza y mantienen los negocios de explotación de los bienes naturales. “El agua y la energía que consumen las minerías en los territorios de nuestra región, es agua y energía que es negada y expropiada a las propias poblaciones locales” (Machado, 2011: 171). Por un lado, esto nos permite hacer visible la apropiación de la naturaleza por parte de las economías extractivas, con el agravante de ser una apropiación desigual. La naturaleza y sus frutos, que han sido cuidados por las comunidades, se transforman en la

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moneda de cambio de las democracias y Estados actuales, para recibir a cambio la promesa de grandes flujos de capital.

El boom minero-energético al que le apuesta Colombia se ha asentado en diferentes frentes que lo han impulsado e impuesto. Por un lado, y como lo hemos señalado anteriormente, se han adaptado legislaciones y se han promulgado nuevos decretos y acuerdos políticos y legales, para que la entrada de la explotación y su impulso tuvieran todas las garantías para su instalación. Los gobiernos territoriales han sido los grandes avaladores de la entrada en vigencia de este modelo que margina la vida. Bebbington nos recuerda que la industria extractiva tiene otras prioridades que van de la mano con políticas estatales a merced del mercado globalizado:

“las características de «enclave» del sector extractivo que genera pocos efectos multiplicadores en otros sectores de la economía; la generación de enormes rentas que distorsionan el sistema político, incentivando comportamiento políticos orientados hacia la captura de estas rentas más que al buen gobierno; el crecimiento del conflicto violento impulsado por el deseo de capturar las rentas; y el surgimiento de Estados que responden principalmente a los intereses de las empresas extractivas antes que a sus ciudadanos” (Bebbington, 2011: 30).

Podríamos señalar que en Colombia el extractivismo se desarrolla sin llegar a acuerdos previos con las comunidades puesto que el capital no las distingue como interlocutoras. Hasta se podría pensar que el capital no distingue a la vida como interlocutor sino como producto o como mano de obra. La totalidad de los derechos son pasados por alto, haciendo caso omiso de los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial que regulan el uso del territorio.

Todos estos factores legitiman y favorecen la explotación sobre la garantía de los derechos. Lo que quiere decir que ese modelo extractivo que nos es tan ajeno no viene solo, sino que trae consigo una serie de consignas que invaden los discursos, los estilos de vida, las expectativas, los imaginarios y la vida

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misma. Logrando con ello, si no la aprobación por parte de las comunidades, si su manifestación y apropiación de todo aquello que considera cuantificable.

Este panorama político, o mejor, esta expropiación política tiene que ver con la configuración de una “democracia colonial” (Machado, 2012), “en la que los gobiernos representativos asumen como propios los planes de desarrollo de los inversionistas; aun en contra de la voluntad de las poblaciones” (Machado, 2011: 173). Con la globalización y las democracias, y el neoliberalismo como ideología, el capital empieza a operar y a gobernar de acuerdo a sus intereses y a los mercados mundiales que tiene que engrosar. Es así como los gobiernos dejan de ser un garante de los derechos y el bienestar y pasan a estar supeditados a un gobierno mundial y a un sistema universal de poder que se manifiesta en el mercado. La gobernanza ya no es garantizada por los gobiernos locales pues estos son los primeros mecanismos que se desterritorializan debido a los intereses que llegan y empiezan a reñir con los intereses públicos, humanos y universales. La desterritorialización no es más que la pérdida de la relación entre la cultura y los territorios geográficos, aunado a esto se da la instalación de nuevas representaciones sobre el territorio, nuevas formas de relacionarse con éste y lo que significa para las comunidades la sustentación de la vida, el bienestar y el buen vivir.

Boaventura de Souza Santos (2007) señala que estas transformaciones confirman el carácter metarregulador del Estado. Un Estado que emerge como entidad responsable de crear el espacio para la legitimidad de los reguladores no estatales. Ese espacio tiene como característica fundamental el ser desterritorializado.

El Estado deja a un lado su misión y su deber de velar por la seguridad, bienestar y tranquilidad de sus ciudadanos, especialmente de aquellos que aun necesitan del cuidado, atención y acompañamiento (niños y niñas) para adecuarse a las imposiciones de los mercados. Lo paradójico de este

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REALIDADES DE LA RSEDice la Organización Internacional del Trabajo que “la responsabilidad social empresarial (RSE) es hoy un concepto de uso habitual, cuyo significado ha evolucionado, cambiando según el momento y el lugar y que a menudo ha sido interpretado de manera diferente. En general puede sostenerse que la RSE refleja cómo las empresas toman en consideración las repercusiones que sus actividades tienen sobre la sociedad” añade que “se trata de una iniciativa generalmente de naturaleza voluntaria y se refiere a actividades que superan el mero cumplimiento de la legislación. “En agosto de 2013, más de 100 organizaciones sociales y no gubernamentales y redes internacionales adelantaron el Foro sobre empresas transnacionales y derechos humanos en la ciudad de Medellín. En la declaración final hicieron fuertes cuestionamientos a la manera en que la RSE se ha convertido en instrumento para corregir los comportamientos lesivos que las empresas pueden desarrollar en materia social y ambiental al ser un espacio de flexibilidad y suplantación de las funciones estatales y que coadyuva en la falta de control de las acciones de las empresas. Una de las expresiones de lo anterior es el paso de funcionarios de unas a otras instituciones y las deficiencias en la no existencia de códigos vinculantes para las empresas de carácter trasnacional con respecto a su accionar en los países en los que impulsan, principalmente, actividades extractivas. Es decir, se ha creado una puerta giratoria entre los funcionarios del Estado, las empresas y los organismos multilaterales. Las consecuencias de la no existencia de códigos vinculantes y la apertura a las normas voluntarias que se discuten entre otros lugares en la Organización de Naciones Unidas –ONU-- lleva como correlato la RSE.

*****La RSE es una herramienta de la que se han servido las empresas extractivas para posicionarse en diversos lugares del país. Entre los mecanismos de la RSE se encuentra la construcción de fundaciones para hacer aportes a las comunidades y con ello obtener la licencia social en los territorios en donde se aplican los proyectos. En otros casos los mecanismos de la RSE operan como dispositivos para obtener exenciones o rebajas en obligaciones tributarias. La RSE ha sido denunciada como una suplantación de las obligaciones que corresponden directamente al Estado Social de Derecho, por cuanto los supuestos apoyos en salud y educación, por ejemplo, que dicen realizar las empresas, son funciones que constitucionalmente debe garantizar el Estado.Más que impulsar estas vías de apoyo para la población de las zonas afectadas, pareciera necesario el estricto control del Estado frente al accionar de las empresas y frente al cumplimiento y garantía de los derechos de la población, en particular, los de las y los niños.

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tipo de fenómenos es que el Estado sustenta estas políticas en que estas garantizarán el bienestar y el acceso a bienes y servicios de las futuras generaciones. Pero nos preguntamos hoy, al igual que lo hace Arundhati Roy (2009), “¿pueden los gobiernos, cuya supervivencia depende de las ganancias inmediatas proporcionar una visión a largo plazo para vivir en este planeta?”.

El “habitar” tiene la condición de lo habitable y para este caso particular denominaremos territorio a ese espacio donde se tejen relaciones y se concretan los cuerpos a partir de las cotidianidades religiosas (creencias, ritos, escenarios simbólicos), agropecuarias (cultivo, pastoreo, cuidado de los ciclos de la naturaleza), domésticas (crianza, relaciones, trabajos domésticos), etc.

El territorio es el tramo de la realidad donde se concretan las resistencias, que no son otra cosa que las luchas y defensas por la vida y por la permanencia en los territorios a través de un habitar que contradice los postulados puramente económicos. Si decimos que muchas comunidades en Colombia y otras regiones del mundo están resistiendo por su derecho a habitar respetuosamente su territorio, y a depositar su confianza en la posibilidad que se origina desde el entramado de la vida (mundo-seres humanos), también estamos expresando que el cuerpo de esos hombres, mujeres, niños y niñas representan la “incorporación del flujo de la vida, como forma de vida” (Noguera de Echeverri, 2004: 42). Esta es la mayor amenaza ante la consolidación de un solo camino en la forma de vivir en el mundo, la desaparición de la pluralidad de la vida representada en los cuerpos y en los territorios donde se cree en ella.

Los capitales financieros no tienen una territorialidad dada; de hecho el capital es fluido y se infiltra en todos los lugares

El derecho al territorio, fundamental para la vida

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accediendo a los bienes y productos necesarios para su acumulación. Al contrario del capital las formas de vida se constituyen a partir de la relación y las prácticas que establecen con el medio o el territorio donde se desarrollan. Es en esta medida que,

“la violencia expropiatoria se ejerce simétrica y recíprocamente sobre los territorios y los cuerpos. Parte de producir, ante todo, una separación radical entre unos determinados cuerpos –los cuerpos de los sujetos-objeto de la expropiación colonial- de sus respectivos territorios originarios. El territorio, -forma concreta de la existencia (Santos, 1996), espacio de materialización de una forma de ser determinada-, da cuenta de las fuentes y medios de vida que hacen materialmente posible la existencia. Sin esas fuentes y medios de vida, los cuerpos se ven expropiados de las energías que hacen posible su hacer, expropiados de sí en la raíz misma de su ser, que es el obrar. De tal modo, la expropiación de los territorios (base y fuente de los medios de vida /formas de vida) es necesariamente correlativa de la expropiación de los cuerpos: es expropiación de los ‘recursos’ que nos hacen ‘cuerpos’, y es expropiación de la capacidad de obrar de esos cuerpos” (Machado, 2012: 5).

Sin el medio para habitar y sin las garantías suficientes para habitarlo no puede haber unas formas de vida dignas, ni capaces de sobrevivir y resistir a las embestidas del extractivismo.

Como ya se ha dicho, los procesos de arrasamiento, extracción y usurpación se ocultan bajo distintas formas discursivas, en este caso bajo los discursos de dominación que permiten prolongar el sustento del poder en manos de algunos pocos. Durante La Colonia, por ejemplo, el mecanismo para captar grandes franjas de territorio, con el interés de volverlas productivas, era la figura de bien baldío. Esta figura no reconocía el derecho de las comunidades indígenas asentadas desde tiempos remotos en esos espacios. Es más, al no reconocer a estas comunidades se desconocía de paso y se rechazaba su “forma de vida” la cual era conminada a la periferia, al rechazo o a la desaparición. El territorio, como ahora, era entregado para su explotación con

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múltiples garantías para aquellos que quisieran explotar. En la actualidad, asistimos y somos los espectadores del carácter “vaciable” de los territorios. Según Robert Sack, el territorio vaciable es aquel que carece de artefactos y objetos valiosos en la superficie, desde el punto de vista económico, con lo cual éstos aparecen como “zonas de sacrificio” dentro de la lógica del capital5. Cuando hablamos de sacrificable nos referimos a la vida, a las formas culturales y sociales que la representan y por supuesto a su articulación con los seres humanos.

El desarrollo publicita un estilo de vida basado en la confianza en la tecno-ciencia y proclama la inclusión de todas las sociedades y culturas dentro de ese modelo. Lo que se percibe con esa inclusión es que esta no trae consigo la condición de la igualdad. Colombia ha sido incluido dentro de los propósitos del desarrollo desde hace muchos años pero su posición, y la de otros países, se caracteriza por su poca incidencia y su posición desventajosa al momento de discutir las ventajas y desventajas del modelo. El puesto que se les ofrece en la maquinaria extractivista, a países como Colombia, es el de despensa, un apelativo que como ya vimos, se entremezcla con un imaginario colonial y capitalista que concibe a la naturaleza como un mecanismo infinito e inagotable y a Colombia como un terreno exuberante y desaprovechado. Para el capital, el desaprovechamiento de factores de enriquecimiento y acumulación es un pecado capital, pues su existencia depende de encontrar nuevos nichos comercializables y ponerlos a la orden de los mercados internacionales.

El “estilo de vida moderno” que se impone abarca desde las construcciones prácticas hasta las más complejas; las relativas a las concepción de las “necesidades vitales” y a la determinación de las formas y los medios adecuados para la “satisfacción” de esas necesidades, hasta aquellas más imperceptiblemente sedimentadas en el trasfondo filosófico de las visiones hegemónicas, aquellas referidas a las formas de entender y concebir la vida, el sentido de la existencia, la idea de “bienestar”, la propia concepción de la “naturaleza”, y de la

5. En la actualidad se dan casos como el de la Altillanura, en el que predomina la idea de territorios vacíos o vaciables por contener amplias extensiones de tierra que aún no son explotadas económicamente en forma intensiva.

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“historia”, etc. (Machado, 2012). La vida moderna o el espejismo de ésta se ejecuta en la medida en que los seres humanos consuman todo aquello que requiere del uso intensivo de energías fósiles.

La vida se ha puesto en los mercados bursátiles y con ello, las formas de vida que se expresaban en los territorios y que son amenazados por defender aquello que el mercado desea extraer para alimentar la acumulación desmesurada. La criminalización, la señalización, la subvaloración, son apenas algunos rasgos de esa amenaza que se cierne sobre las posibilidades de la vida. El capital termina por reducir estas formas, por medio de los lenguajes y de la coacción, a meras respuestas arcaicas, a insurrecciones transitorias, prácticas ineficaces y de ninguna trascendencia. Este señalamiento por parte del sistema capitalista que subvalora y reduce tiene como único fin debilitar las redes y el tejido construido durante muchos años en los territorios, y por otra parte desestima e inhabilita a las comunidades como interlocutores validas dentro del proceso de instalación de otros tipos, formas y modos de vida.

Teniendo en cuenta este tipo de posturas y disposiciones estatales llegamos a la siguiente pregunta: ¿qué significado tiene para el Estado establecer unos deberes para con el ambiente, cuando él mismo no cumple con las normas ambientales, ni garantiza los derechos de prevalencia, como los de la niñez? Nos permitimos dar unas luces sobre esta pregunta con el trabajo realizado en Ecuador sobre la niñez afectada por la industria minera, confirmando que no sólo la industria y el mercado se globalizan mediante unas estrategias de explotación sino que también los efectos perjudiciales y los resultados marginadores parecen ser indicadores globalizados de la explotación y la vulneración.

“Resulta contradictorio inculcar en la población infantil el respeto por la naturaleza cuando la privación de la mayoría de sus derechos está ligado a los impactos de las actividades mineras. Una política coherente con el objetivo de satisfacción de los derechos humanos debe considerar el impacto de las

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políticas en los niños y reformularla en forma debida para superar los factores de vulneración de derechos en esta población” (Solis, 2012: 156).

El Estado colombiano ha asumido el rumbo de la inmediatez, el rumbo de los resultados y los dividendos poniendo en un segundo plano aquellos derechos fundamentales que están consignados en la Constitución. Con respecto a esto la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-328 de 1995 expresó que la “protección del ambiente sano y de los recursos naturales es un deber del Estado y de los particulares (C.P. arts. 8, 58 y 95). En virtud de esto expresó el mandato constitucional (C.P., arts. 49, 79, 80 y 334) y de compromisos internacionales contraídos por Colombia (Convención sobre Diversidad Biológica, artículo 14), al Estado corresponde cumplir una serie de deberes específicos en materia ambiental, que ninguna ley, por importante que parezca, puede desconocer” (Negrete, 2013: 37).

El recorrido es claro: el desconocimiento, omisión y vulneración de los Derechos de Tercera Generación, que protegen la vida y su prolongación, significan el desconocimiento de los derechos prevalentes de la niñez y con esto de las generaciones venideras:

“las necesidades básicas humanas en sentido general consideramos que deben ser todas aquellas y que en contextos culturales concretos sean ineludibles para garantizar a todas y todos la dignidad humana, y dentro de ellas siempre estará la de contar con un ambiente sano” (Mesa, 2013: 333).

Por tanto, un desarrollo extractivo significa la superposición de los intereses económicos extractivista sobre los Derechos de los seres humanos a una vida digna y un ambiente sano.

Los organismos, incluidos los cuerpos de los seres humanos, son los primeros en verse afectados por el desconocimiento de los derechos, puesto que los territorios donde se solía desarrollar la vida de una manera adecuada son ahora espacios inhabitables. La necesidad del territorio para el desarrollo de la

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vida, y más específicamente de la niñez, es una premisa que no debería condicionarse.

Esa necesidad se expresa en las resistencias que se generan con la llegada de la industria extractiva, una resistencia que lo que hace es reivindicar los lenguajes, valores, y prácticas de otras formas de vida. Los cuerpos de la resistencia son los cuerpos que habitan los territorios amenazados y que se convierten en la expresión de la relación entre los espacios y los seres humanos, es decir una manifestación cultural del entramado de la vida. Si bien para el capital el territorio no representa la sustentación de sus prácticas, para la vida y sus manifestaciones, el territorio es indispensable para el hacer y el quehacer.

SEGUNDA PARTESITUACIÓN DE LA NIÑEZ EN LOS MUNICIPIOS MINEROS

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Es necesario conocer las implicaciones que tiene la minería sobre los derechos de los niños y las niñas. Específicamente, aquellas situaciones de vulneración de derechos ocasionadas por las actividades mineras

y en contextos socioeconómicos donde predomina la minería como principal actividad económica.

En un principio, es necesario aclarar que hay dificultades en materia de información para adentrarse en la problemática. Una de ellas es la insuficiencia de análisis y de datos consolidados sobre la realidad de la niñez en Colombia, en general. Eso impide reflexionar de manera integral en torno a la garantía del conjunto de sus derechos. Sin embargo, este es punto de partida.

La información que existe es un cúmulo de indicadores suministrado por diversas entidades, algunos de ellos no específicos sobre esta población, con la que puede darse una idea general de la situación socioeconómica en la que se encuentra la niñez. Nos referimos al Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), al Índice de Pobreza y a otros indicadores compuestos, suministrados principalmente por las encuestas nacionales del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (Dane).

Hay otro tipo de indicadores, relacionados con aquellos derechos tangibles, principalmente aquellos vinculados con

49

la educación y la salud. Es grande la variedad y proviene de instituciones como el Ministerio de Salud y de la Protección Social, el Ministerio de Educación Nacional, y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). En este punto también conviene mencionar que existen dificultades para acceder a dicha información: éstas y otras instituciones no la tienen publicada de manera adecuada en sus sitios web.

Por último, se cuenta también con indicadores vinculados a la vulneración de derechos como los de trabajo infantil, maltrato infantil, violencia intrafamiliar, desplazamiento forzado, reclutamiento de niñas y niños. Provienen del ICBF, del Ministerio de la Protección Social y del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses; para el caso del trabajo infantil puede consultarse también el Sistema de Información Integrado Para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (Siriti), del Ministerio de Trabajo6.

Sobre esa variedad de indicadores, las instituciones gubernamentales tampoco han trabajado una consolidación de cifras; en su mayoría, tanto indicadores como informes se presentan de manera aislada.

Además de la información proporcionada por los entes gubernamentales, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) tiene en el país una herramienta virtual denominada Sinfonía7. Se trata de un sistema de información,

“que permite conocer de manera sencilla, ágil y permanente, la situación y evolución en la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes a nivel nacional, departamental y municipal, a partir de un amplio conjunto de datos e indicadores relevantes provenientes de fuentes oficiales del Estado colombiano” (Unicef, s. f.).

Este espacio tiene la enorme ventaja de facilitar el acceso a una información diversa y consolidada en relación con la niñez. Buena parte de la consulta de este documento se pudo hacer gracias a este sistema.

6. En: www.apps.mintrabajo.gov.co

7. En: www.sinfoniaunicef.info

SITUACIÓN DE LA NIÑEZ EN LOS MUNICIPIOS MINEROS

50


Además de aludir a las condiciones de acceso a la información en general, es necesario mencionar que no existe ningún indicador, informe o información de la situación de derechos de la niñez en zonas mineras, con excepción de los informes de trabajo infantil en esa actividad. Tampoco otros que permitan verificar estado y vulneración de los derechos de los niños en las zonas donde se desarrolla minería. Si bien se cuenta con aquellos que muestran condiciones de salud, educación y trabajo infantil, faltan análisis de la realidad territorial que rodea la vulneración de los derechos de los niños del departamento o municipio específico donde surge el indicador. Es decir, además de ser insuficientes, no se analizan desde una realidad territorial específica.

Análisis de la situación y vulneración de los derechos de la niñez en el país desde una perspectiva territorial, en general, se encuentra en investigaciones o estudios sobre reclutamiento forzoso. Principalmente, en dos informes: uno titulado Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia (Springer, 2010), adelantado con el apoyo del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión. El segundo, Cartografía de los derechos de los niños, niñas y jóvenes, realizado por la Vicepresidencia de la República, con el apoyo de Agencia para el Desarrollo Internacional (Usaid), de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). En ambos se constata un esfuerzo por ir más allá de la identificación de un indicador o cifra específica, por avanzar en las causas o realidades que determinan la vulneración de los derechos de los niños.

Esos costos son “habitar” en condiciones infrahumanas de vida, ser despojados de sus territorios y cultura y vivenciar algunos de los crímenes más atroces que un ser humano pueda infringir en otro como lo es la explotación sexual y laboral o el reclutamiento por parte de grupos armados.

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Los indicadores que se presentan a continuación muestran un contexto general de la situación de la niñez en los municipios mineros del país, a partir de la información del SIMCO-Sistema de Información Minero Colombiano (www.simco.gov.co) se seleccionaron los siguientes 121 municipios que corresponden a aquellos más productores de carbón, oro, plata o platino, se definieron estos minerales debido a que son los únicos en los que se discrimina la producción anual por municipio (vease Tabla 1).

La tabla 2 presenta por departamento la producción en oro, plata, platino y carbón en los últimos años de estos 121 municipios.

Algunos de estos departamentos, según cifras del Dane (2013), se encuentran entre los de menor ingreso per cápita: el departamento con menor ingreso es Chocó, con menos de 300 mil pesos; en ese mismo nivel de ingreso están los departamentos de La Guajira y Sucre, mientras que Bolívar y Cesar tienen un ingreso per cápita un poco mayor, pero menor de 400 mil pesos.

La Incidencia de la Pobreza, que mide el porcentaje de personas clasificadas como pobres, está concentrada según el Dane en los departamentos de Chocó (68,0%), Cauca (62,1%), Córdoba (60,2%), La Guajira (58,4%) y Magdalena (52,3%);

Los municipios mineros más productivos de Colombia

“No sé cuánta plata recibió la ‘Mona’ (la mamá), pero me empacó una camiseta, unos interiores y un short y me dio mil pesos para un algo en el camino (...)”.

Niña de 13 años, vendida por su madre y víctima de la explotación sexual en áreas mineras (Bedoya, 2013)


52


Amagá, Amalfi, Angostura, Anorí, Buriticá, Cáceres, Cañasgordas, Caucasia, El Bagre, Fredonia, Maceo, Medellín, Nechí, Puerto Berrío, Remedios, San Roque, Segovia, Tarazá, Titiribí, Vegachí y ZaragozaBarranquillaBarranco de Loba, Montecristo, Morales, San Jacinto del Cauca, San Pablo, Santa Rosa del Sur, Simití y TiquisioCorrales, Gámeza, Jericó, Mongua, Monguí, Paipa, Ráquira, Samacá, San Mateo, Sativanorte, Sativasur, Socha, Socotá, Sogamoso, Tasco, Tópaga y TutaManizales y MarmatoBuenos Aires, López, Suárez y TimbiquíAgustín Codazzi, Becerril, Chiriguaná, El Paso y La Jagua de IbiricoAlto Baudó, Atrato, Cértegui, Condoto, El Cantón de San Pablo, El Carmen de Atrato, Istmina, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Quibdó, Río Iró, Riosucio, San José del Palmar, Sipí, Tadó y Unión PanamericanaAyapel, Buenavista, La Apartada, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Puerto LibertadorCogua, Cucunubá, Guachetá, Lenguazaque, Pacho, Suesca, Sutatausa, Tausa y ZipaquiráNeivaAlbania, Barrancas y HatonuevoSanta MartaBarbacoas, Santa BárbaraBochalema, Chinácota, Cúcuta, Durania, El Zulia, Pamplonita, Salazar, San Cayetano, Santiago, Sardinata y ToledoArmeniaBucaramanga, California, Carmen de ChucuriSampuésAtaco y Santa IsabelBuenaventura, Cali y Jamundí.

Antioquia AtlánticoBolívar

Boyacá

CaldasCaucaCesar

Chocó

Córdoba

Cundinamarca

HuilaLa GuajiraMagdalenaNariñoNorte de Santander

QuindíoSantanderSucreTolimaValle del Cauca

MunicipiosDepartamento

Tabla 1. Municipios mineros más productivos de Colombia

Elaboración propia, a partir de información del Sistema de Información Minero Colombiano.

Nota: se seleccionaron los municipios cuya producción mineral fue superior a 1 millón de gramos de oro entre 2001 y 2013; o 1 millón de gramos de plata, entre 2004 y 2013; o 100 mil gramos de platino, entre 2004 y 2013 o 100 mil toneladas de carbón, entre 2006 y 2012. Véase además la tabla 2.

53


Elaboración propia, a partir de Minercol (2001-2003), Ingeominas (2004-2011), Servicio Geológico Colombiano (de 2012 en adelante). Los datos de 2013 están actualizados hasta eI primer trimestre. Información consultada en el Sistema de Información Minero Colombiano.

ANTIOQUIA

ATLÁNTICO

BOLÍVAR

BOYACÁ

CALDAS

CAUCA

CESAR

CHOCÓ

CÓRDOBA

C/MARCA

HUILA

LA GUAJIRA

MAGDALE.

NARIÑO

N. SANTAND.

QUINDÍO

S/TANDER

SUCRE

TOLIMA

V. DEL CAUCA

21

1

8

17

2

4

5

19

7

9

1

3

1

2

11

1

3

1

2

3

235.522.848

-

39.563.315

-

13.781.192

8.411.663

-

101.296.168

33.758.212

-

-

-

-

2.364.595

-

-

1.027.469

-

1.242.729

1.646.769

64.753.086

247.454

8.351.291

-

18.922.729

119.743

-

19.093.665

1.507.934

-

771.749

-

162.197

-

-

171.410

126.711

122.358

605.320

184.036

-

-

-

-

-

-

-

11.120.983

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.156.509

-

-

13.803.809

143.053

56.531.383

-

2.376.288

12.472.199

-

42.362.898

-

-

11.907.894

-

887.374

-

-

351.521

No. de municipios más

productores

121

Deptos. donde están los municipios más

productores

Total general

ORO Producción 2001-2013

(gramos)

438.614.961

PLATA

Producción 2004-2013

(gramos)

115.139.683

PLATINO

Producción 2004-2013

(gramos)

11.120.983

CARBÓN

Producción 2006-2012 (toneladas)

142.992.928

Tabla 2. Producción de los 121 municipios mineros más productivos, por departamento

54


les siguen Sucre, Nariño, Cesar, Huila y Bolívar. En materia de Necesidades Básicas Insatisfechas.(NBI), la mitad de los 121 municipios más productivos en minería presenta un nivel superior al 50%.

Pero esta realidad socioeconómica, generalizada en los territorios mineros, no es del todo desconocida ni negada por el sector minero. En su Congreso Minero de 2013 analizó la situación de 38 municipios en los que hacen presencia varias de sus empresas (Liévano, 2013), 26 de los cuales corresponden a algunos de los más productivos en oro, plata, platino y carbón analizados en el presente documento.

En ese análisis, el sector revisó indicadores como el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) desarrollado por la Universidad de Oxford y considerado la medición más compleja de pobreza actualmente, utilizado también en el censo de 2005 en Colombia; este índice mide el grado de pobreza de la población según cinco dimensiones: educación, salud, servicios públicos y vivienda, trabajo y condiciones de menores de edad y pudo evidenciarse una situación preocupante, en comparación con el promedio nacional. Algunas de las cifras expuestas en el Congreso Minero y presentadas por Liévano (2013) fueron:

• Inasistencia escolar: el promedio a nivel nacional fue del 9%, mientras que en diferentes municipios donde está instalada la extracción minera el porcentaje fue mucho más alto llegando a un 24% en Riosucio (Chocó), 19% en El Bagre (Antioquia) y 18% en Nechí (Antioquia) y Socotá (Boyacá).

• Trabajo infantil: el promedio nacional fue del 4%. El porcentaje más alto de trabajo infantil lo presenta el municipio de Santa Rosa del Sur en el departamento de Bolívar, con un 9,4%, lo siguen el municipio de Ráquira, en Boyacá (8,8%) y el municipio de Riosucio, en Chocó, con 6.8%.

55


• Sin seguro médico: el promedio nacional fue del 30%, mientras que en los municipios mineros los porcentajes sobrepasaron en un altísimo grado este porcentaje. 69% en Montecristo (Bolívar), 55% en Hatonuevo (La Guajira) y 42% en Marmato (Caldas).

• Sin acceso a agua potable: el promedio nacional de este indicador es del 17%, mientras que para municipios como Riosucio en el Chocó el porcentaje llega a la inquietante cifra del 99.8%. El municipio de San Jacinto del Cauca en Bolívar presenta un 97%, el municipio de Ráquira en Boyacá 60% y Nechí en Antioquia con un 55%.

• Sin alcantarillado: el promedio nacional es 17%. Los municipios con mayor inasistencia de alcantarillado Montecristo (Bolívar) y Riosucio (Chocó) con un 98% de inasistencia, cada uno. Le siguen el municipio de Nechí en Antioquia, con un 85%.

“La minería se promocionó como el gran desarrollo por donde pasan las líneas férreas, por donde pasa el tren, por donde está la explotación y demás. Pero

el desarrollo que tenemos ahorita nos trajo la desaparición de las comunidades, drogadicción, prostitución, alcoholismo, niñas prepago a merced de los mineros,

explotación laboral de las mujeres”.

Mujer Wayúu de la zona de influencia del proyecto El Cerrejón / Departamento La Guajira

56


Mapa 1. Colombia - Localización de los 121 municipios mineros más productivos

Los municipios más productores de minería se concentran en los departamentos de Antioquia, Chocó, Bolívar, Córdoba y Caldas, con producción de oro y plata; en Chocó, con producción de platino, y en Cesar, La Guajira y Boyacá, con producción de carbón (véanse tablas 1 y 2 y mapa 1).

57


De los 121 municipios más productivos, en términos de la categorización municipal definida por la Contaduría General de la Nación para el año 2013 el 80% corresponde a categoría 6, la categoría municipal más baja en el país8; 12%, a municipios entre categorías 2 y 5, y el restante 8%, es un conjunto de 10 municipios que corresponden a distritos especiales, capitales departamentales o grandes ciudades9. Con el fin de que el lector comprenda el motivo de diferenciar las categorías municipales de los municipios, es oportuno mencionar que en el lenguaje común, los municipios de categoría especial y categoría 1 se identifican con ciudades y aquellos municipios de categoría 6 se identifican con pequeños centros urbanos o pueblos.

La tabla 3 presenta la población total de los municipios contemplados en este estudio y la población cuya edad oscila entre 0 y 17 años, para el año 2005, año del último censo nacional de población.

Con esto se puede deducir en un principio que la mayor cantidad de la actividad minera en el país se encuentra en municipios pequeños en términos de población y con presupuestos bajos, lo que se ve reflejado también en una reducida institucionalidad en comparación con la dimensión de la producción minera que se da en estos mismos territorios.

En esta situación se ve reflejada la política minera en el país, que brinda amplios beneficios en términos tributarios, laborales y ambientales, pero a su vez está marcada por una institucionalidad insuficiente para la dimensión del boom minero, factor que repercute tanto en la llegada de grandes capitales internacionales como en la proliferación de la minería ilegal. La producción generada por la minería ilegal no se incluye en las cifras que se presentan en este documento y que, de acuerdo con el Censo Minero Departamental 2010-2011 (Ministerio de

8. En Colombia, la categorización municipal está determinada de acuerdo a la población y a los ingresos corrientes de libre destinación de los municipios, siendo la categoría 6 la más baja. Acorde a la ley 617 de 2000, en su artículo 6, se definen en sexta categoría “todos aquellos distritos o municipios con población igual o inferior a diez mil (10.000) habitantes y con ingresos corrientes de libre destinación anuales no superiores a quince mil (15.000) salarios mínimos legales mensuales”.

9. Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Santa Marta, Neiva, Manizales, Cúcuta, Buenaventura y Armenia.

Situación socioeconómica de los municipios mineros más productivos

58


Categoría

Especial

1

3

4

5

6

Total general

Municipios

4

6

3

4

7

97

121

Población

5.917.775

2.280.359

308.066

186.092

275.527

1.427.327

10.395.148

Población de 0 a 17 años

1.878.012

824.554

109.299

81.271

119.694

629.471

3.642.301

% Población 0 a 17 años

32

36

35

44

43

44

35

Tabla 3. Población de los 121 municipios mineros más productivos, según categoría

Categoría

Especial

1

3

4

5

6

Total general

Municipios

4

6

3

4

7

97

121

Producción de

Oro (2001-2013) Gramos

1.646.769

3.917.837

56.974.301

376.076.054

438.614.961

Producción de

Plata (2004-2013) Gramos

1.678.174

1.263.476

658.101

5.072.358

106.467.575

115.139.683

Producción de Platino

(2004-2013) Gramos

501.757

950.505

9.668.720

11.120.983

Producción de Carbón

(2006-2012) Toneladas

135.451

2.442.866

1.837.945

5.509.788

28.604.752

104.462.126

142.992.928

Tabla 4. Producción minera de los 121 municipios, según categoría municipal

Elaboración propia, a partir de Minercol (2001-2003), Ingeominas (2004-2011), Servicio Geológico Colombiano (de 2012 en adelante). Los datos de 2013 están actualizados hasta eI primer trimestre. Información consultada en el Sistema de Información Minero Colombiano. Sobre categorización municipal, en Contaduría general de la Nación para la vigencia 2013.

59


Minas y Energía, 2012) corresponde a un 63% de la minería en el país (unidades de producción minera sin título), siendo del 79% en Antioquia, 99% en Chocó, 95% en Córdoba, 98% en La Guajira, 31% en Boyacá y 94% en Bolívar.

Es importante mencionar que si bien se hará un análisis sobre indicadores de los 121 municipios, en muchos casos se hablará más específicamente de los municipios de categoría 6, debido a que es en estos donde la actividad minera es uno de los reglones predominantes de la economía, Así mismo, las condiciones socioeconómicas de estos son un reflejo en gran parte de la actividad minera, a diferencia de los municipios de categorías especial, 1, 2 ó 3, en los que, a pesar de tener una alta producción mineral, esta no resulta ser una actividad económica predominante a nivel municipal y por tanto las condiciones socioeconómicas no son del todo reflejo directo de una actividad como la minería.

De acuerdo con la encuesta del DANE 2005, de los 121 municipios el 64% de estos tienen más del 40% de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), y 85 de estos 121 municipios tienen más de un 10% de la población en condición de miseria (tablas 5 y 6).

Índice NBI

Entre 80 – 100

Entre 60 – 80

Entre 40 – 60

Entre 20 – 40

Entre 0 – 20

Total

Número de municipios

13

27

38

31

12

121

Porcentaje (%) de municipios

11

22

31

26

10

100

Tabla 5. Porcentaje de municipios mineros más productivos según rango de Índice Necesidades Básicas Insatisfechas

Elaboración propia. Fuente de la información: DANE, Censo General 2005

60


Rango de proporción de personas en miseria

Superior al 60%

Entre 40 – 60

Entre 20 – 40

Entre 10 – 20

Entre 0 – 10

Sin Información

Total

Número de municipios

2

12

43

28

33

3

121

Porcentaje (%) de municipios

2%

10%

36%

23%

27%

2%

100%

Adicional a estos indicadores también se puede revisar el Índice de Condición de Vida (ICV), “un indicador del estándar de vida que combina variables de acumulación de bienes físicos” (DNP, s. f: 11). Este contempla las siguientes variables: educación alcanzada por el jefe de hogar, educación alcanzada por personas de 12 y más años, jóvenes entre 12 y 18 años que asisten a secundaria o universidad, niños entre 5 y 11 años en el hogar que asisten a un establecimiento educativo, material de las paredes, material de los pisos, abastecimiento de agua, con qué cocinan, recolección de basuras, servicio sanitario, niños de 6 o menos años en el hogar y número de personas por cuarto.

Para el año 2005, Colombia presentó un ICV de 78,8. Si se toman los 121 municipios más productivos en minería, el ICV es

Tabla 6. Porcentaje de municipios mineros más productivos según rango de proporción de personas en miseria


“Hay una toma de conciencia con la protección ambiental. Esa toma de conciencia se ve en la gente que empieza a reaccionar, de lo que nos afecta y nos conviene. La vida es muy precaria, la gente dice que eso [la minería] da dinero, pero no es así.”

Joven de Tasco, departamento de Boyacá

61


Las comunidades étnicas en los municipios mineros más productivos se cuentan entre las poblaciones más vulnerables, especialmente en términos ambientales, pero también, en todos los ámbitos de los derechos. De acuerdo con el censo nacional adelantado en 2005 en Colombia el 13.8% de la población pertenece a comunidades étnicas (indígena, negra, rom o raizal), que equivale a 5.709.237 personas. El 32% de estas personas habita se encuentran en los 121 municipios mineros más productivos del país.

Para el caso específico de la niñez se encuentra que un 31% de los niños pertenecientes a comunidades étnicas se encuentran en los 121 municipios, que corresponden a 723.259 menores de edad. Por tanto la niñez perteneciente a comunidades étnicas que se encuentran en los 121 municipios mineros más productivos del país corresponden al 7% de la población total de dichos municipios.

Niñez perteneciente a poblaciones étnicas en los municipios mineros más productivos

en promedio de 62,3; y si de estos, sólo se toman los municipios de categoría 6, el promedio es 58,7; de estos 121 municipios más productivos, el 45% posee un ICV inferior a 60 y el 10% de ellos (en su mayoría capitales departamentales) supera el promedio nacional.

Interpretar estas cifras como valores que determinan los alcances de la industria minera en los territorios en términos sociales y de derechos permite evidenciar que la renta minera no se refleja en condiciones de vida favorables especialmente para los sectores vulnerables, entre ellos, la niñez. El boom minero-energético se desarrolla en territorios pobres donde la mano de obra barata y la ausencia de una institucionalidad del Estado son condiciones favorables para el desarrollo de la actividad minera.

62


“¡Me tiene tan preocupada que haya acá minería en el departamento de Vaupés! Pienso en el futuro, yo tengo una niña que también es indígena, yo quiero que en el futuro pueda tener otra niña que también sea de acá.”

Lideresa indígena de la Amazonía colombiana

País

121 municipios

% Población étnica en los 121 municipios mineros más productivos: 32%

Población Indígena

1.392.623

142.636

Población Rom

4.857

2.971

Población Raizal

30.565

2.375

Población Negra

4.281.192

1.684.353

Total Población

étnica

5.709.237

1.832.335

Población total del país

41.468.384

10.395.148

% población étnica con respecto al total de la población

13.8%

18%

Tabla 7. Población étnica en el país y en los 121 municipios mineros más productivos


País

121 municipios

% Población étnica entre los 0 y 17 años que se encuentra en los 121 municipios mineros más productivos:

31%

Población Indígena

638.937

65.698

Población Rom

1.446

890

Población Raizal

11.541

624

Población Negra

1.703.915

656.047

Total

Población étnica entre 0 y 17 años

2.355.839

723.259

Población (incluye toda la población entre 0 y 17

años)

15.184.331

3.642.301

% población étnica con respecto al total de la población

16%

20%

Tabla 8. Población étnica entre los 0 y 17 años en el país y en los 121 municipios mineros más productivos


63


Los derechos a la educación y a la salud son muy tangibles en el universo de la niñez. Esto posibilita verificarlos de manera cuantitativa, tanto en una población como de manera particular, con diversos indicadores sobre acceso, cobertura y calidad de la educación y la salud. También, sobre situaciones relacionadas, como los niveles de analfabetismo, morbilidad y mortalidad. Las dificultades aparecen más bien a la hora de encontrar información consolidada y unificada en la materia. De acuerdo con eso y aunque en gran parte los indicadores socio económicos también reflejan aspectos correspondientes a la salud y educación, este estudio hizo un esfuerzo por identificar indicadores más específicos en los municipios mineros más productivos del país.

Iniciemos con el ámbito de la educación. De acuerdo con el Censo Nacional de 2005 en Colombia, el 16% de la población entre los 5 y los 17 años no asistía a ninguna institución educativa; en los 121 municipios mineros más productivos, ese porcentaje descendía al 15%, muy cercano al promedio nacional. Ahora bien, dado que interesa destacar lo que ocurre en los municipios mineros de categoría 6, la observación mostró que el porcentaje subió al 23%.

“Los niños directamente son afectados en cuanto a las enfermedades que genera la minería en el territorio, porque en el ambiente o cerca de la comunidad está la minería,

esta la explotación, el carbón produce un polvo que lo va dejando en todo el territorio de sur a norte Obviamente que afecta. Los niños son muy sensibles a la gripa,

enfermedades de la piel y hay casos en los que ellos han muerto por ese impacto.”

Mujer Wayúu, habitante de la zona de influencia del proyecto El Cerrejón /Departamento La Guajira

Salud y educación de la niñez en los municipios mineros más productivos

64


Similar situación se presenta en el caso de la población entre 5 y 17 años que no sabe leer ni escribir: en el ámbito nacional, corresponde a un 9%; el mismo valor se presenta para el caso de los 121 municipios. Pero al enfocarnos en los municipios de categoría 6, este porcentaje asciende 17%.

Estas cifras reflejan una situación preocupante, pero por sí mismas no indican los factores que la determinan o la forma en que la minería incide en ella. Testimonios de habitantes de zonas mineras ayudan a encontrar explicaciones. Según esos habitantes, hay deserción escolar entre los jóvenes debido a la necesidad de mayores ingresos económicos y a la posibilidad de beneficiarse del boom minero. En zonas mineras marginales, la situación puede ser mucho más preocupante debido a que la vinculación de muchos niños al trabajo minero desde temprana edad es el factor que les impide educarse en la escuela. A eso se agregan las carencias institucionales para garantizar este derecho.

En relación con la salud, existen múltiples indicadores relacionados con temas como la vacunación, morbilidad, mortalidad y salud materna. Pero queremos destacar lo relacionado con la salud ambiental, debido a que la actividad minera por contaminación de las fuentes de agua, el aire y el suelo tiene incidencia directa sobre la salud pública. La población más sensible y vulnerable en este aspecto es la niñez.

En su mayoría, los indicadores son insuficientes para evidenciar esta realidad de las zonas mineras pues ninguno se relaciona con los niveles de contaminación, ni con morbilidad

“La minería en La Guajira ha desplazado a muchas comunidades; la ha desalojado de manera forzada; el niño lleva eso consigo mismo.”

Mujer Wayúu, habitante de la zona de influencia del proyecto El Cerrejón /Departamento La Guajira

65


en la niñez, con lo que se podrían reconocer los impactos de la actividad minera. Pero hay muchas otras evidencias de la actividad minera y la contaminación ambiental como los mayores impedimentos para garantizar las necesidades básicas y un adecuado desarrollo de los niños.

Partamos de una caracterización del saneamiento en los 121 municipios. Según el Censo 2005, el 15% y el 22% de la población con edades entre 0 y 19 años no tenía en ese año acceso a acueducto y alcantarillado, respectivamente. En los municipios categoría 6 de ese grupo de los 121 municipios, los porcentajes son 47% (sin acceso a acueducto) y 67% (sin acceso a alcantarillado). Es decir, en estos últimos se presenta un limitado acceso a saneamiento básico. Eso, sumado a la contaminación generada por la actividad minera, permite advertir el grado de repercusión de las actividades mineras sobre la salud ambiental. Hay informes de regiones específicas que evidencian los impactos de la minería. Unicef y la Universidad de La Guajira publicaron el Análisis situacional del cumplimiento de los derechos fundamentales de la salud y educación de la primera infancia indígena en la Guajira , en el que refiriéndose a la morbilidad de niños y niñas menciona que,

“las enfermedades que más reportaron las unidades de servicio [del ICBF] fueron las de vías respiratorias, vías digestivas y enfermedades de la piel” y “el mayor número de niños y niñas discapacitados encontrados en el estudio, se hallan entre los usuarios de las unidades de servicio localizadas en cercanías de la zona minera del Cerrejón. Los agentes educativos y líderes de la comunidad informaron acerca de la contaminación con polvillo de carbón de sus fuentes de agua. También se observó que el tronco de los árboles no tenía su color natural, ante lo cual explicaron que seguramente se debía a “las partículas de carbón suspendidas en el aire”, y presumían que también podían estar causando problemas de aborto entre las mujeres” (Unicef y Universidad de La Guajira, 2007 77-78).

De manera más especializada, el informe Enfermedad y síntomas respiratorios en niños de cinco municipios carboníferos

66


del Cesar, Colombia (Quiroz, y otros, 2013) se propuso lo siguiente:

“establecer la prevalencia de síntomas respiratorios y enfermedad respiratoria en niños menores de 12 años de municipios de influencia de la zona carbonífera del departamento del Cesar y posibles factores asociados” (…).

En los municipios Becerril, Agustín Codazzi, La Jagua de Ibírico, Chiriguaná y El Paso se desarrolla minería a gran escala. Allí se concentra un 40% de la producción de carbón en el país.

El estudio identificó una mayor proporción de enfermedades respiratorias agudas, sibilancias, tos seca, asma y ausentismo escolar por enfermedades respiratorias en aquellas zonas próximas a depósitos mineros y en las cuales existía un permanente transporte de los minerales. La situación obedecía a la contaminación del aire por presencia de material particulado y existía también riesgo por presencia de contaminantes gaseosos y metales pesados.

Por otra parte, en relación con la minería de oro, una de las afectaciones más directas sobre la salud ambiental y humana producto de la minería es la generada por exposición a mercurio. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha formulado estudios para evaluar el grado de morbilidad derivado de esta exposición. En 2008, identificó que para los niños esto implica un riesgo desde su etapa de gestación, ya sea por exposición a ambientes contaminados con mercurio, por la ingestión de alimentos o de agua contaminados con ese mismo elemento. Concluyó que la exposición a mercurio genera retraso mental y otras afectaciones en el sistema nervioso. En Colombia, este es un componente que se usa principalmente en la minería de oro. Anualmente se liberan 300 toneladas de mercurio en el ambiente, principalmente en los departamentos de Bolívar (114.490 kg), Chocó (93.050 kg) y Antioquia (76.102 kg) (Londoño, 2013)

67


El documento Cartografía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes avanza en forma notoria en la perspectiva de mostrar la realidad territorial en torno a la cual se vulneran los derechos de la niñez. El estudio, publicado en 2010 por la Vicepresidencia de la República - Comisión Intersectorial para la prevención del reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos organizados al margen de la ley, realizado en el marco de programas para la prevención del reclutamiento de la niñez, cuya herramienta principal es el desarrollo por parte de los niños de cartografía en la que identifiquen territorialmente como se presenta la vulneración de sus derechos, hecho que también exige el análisis de la realidad territorial.

Evidenciando en casos como el de Riohacha en la Guajira que,

“Los corregimientos de Riohacha ubicados en torno a la carretera Troncal del Caribe son parte de lo que se denomina franja de asentamientos de comunidades afrodescendientes. Estos y los que se encuentran a lo largo del corredor minero y agropecuario por su carácter de corredor estratégico y por la débil presencia estatal, se han prestado históricamente para la presencia de grupos armados ilegales” (Vicepresidencia de la República, 2010: 55).

De manera similar, expresa en el caso del Pacifico colombiano que,

“Quibdó y otras zonas del departamento del Chocó representan un interés estratégico para el país, por las condiciones geográficas y económicas, como la riqueza de las reservas petrolíferas, el desarrollo de la infraestructura vial entre el oriente y el occidente del país, a través del eje terrestre Quibdó-Istmina-Condoto-Chiquicho; la ampliación, rectificación y pavimentación de la vía entre El Siete, El Carmen de Atrato y Quibdó que comunica con Medellín y con los proyectos de

Conflicto y niñez en los municipios mineros más productivos

68


explotación de oro, plata y platino correspondiente al Distrito Minero de Istmina; y materiales para la construcción con la concesión a empresas de capital transnacional como la Anglo Gold, proyectos que, [de acuerdo al gobierno] podrían representar nuevas posibilidades económicas para Colombia, implican también el reordenamiento del territorio indígena y afrocolombiano. El territorio se encuentra atravesado por el desplazamiento y por el hambre que afecta fundamentalmente a los niños que habitan selva adentro, en las riberas de los ríos, en la costa lejos de los puertos y ciudades capitales y también en las periferias” (Vicepresidencia de la República. 2010: 68).

Así, comprender un contexto determinado por la actividad minera, por la existencia de megaproyectos, la ausencia del Estado y la presencia de grupos armados ilegales permite entender que se vulneran en alto grado los derechos de las niñas y niños: su libertad y seguridad personal, su libertad de expresión, su derecho a ser protegido contra el reclutamiento, su derecho a la vida, a la calidad de vida y a un ambiente sano y otros.

En los municipios mineros más productivos, el indicador que registra hogares víctimas del desplazamiento presentó entre 2005 y 2010 un total de 72.600 hogares. El peso específico

121 municipios mineros más productivos

En el país

% de los 121 municipios

2005

10555

63197

17%

2006

12047

69975

17%

2007

14589

81248

18%

2008

15276

75681

20%

2009

9917

49236

20%

2010

10216

37957

27%

Tabla 9. Colombia Número de hogares víctimas del desplazamiento en los 121 municipios mineros más productivos. 2005-2010

Elaboración propia. Fuente de la información: Departamento de la Prosperidad Social. Consulta realizada al Sistema de Información de Niñez y Adolescencia – SINFONIA.

69


Gráfica 1. Porcentaje hogares víctimas de desplazamiento

Elaboración propia

Categoría municipal

Especial

1

3

4

5

6

Total general

Hogares víctimas del desplazamiento 2005-2010

7863

18055

503

3571

6236

36372

72600

Tabla 10. Número de hogares víctimas de desplazamiento, en los municipios más productivos, por categoría municipal

Elaboración propia, a partir de información del Departamento de la Prosperidad Social. Consulta en el Sistema de Información de Niñez y Adolescencia, Sinfonía.

70


de esta situación ha aumentado en comparación con la del país en conjunto. Lo ha hecho de manera progresiva, como se presenta en la tabla 9 y en la gráfica 1. Además de ello, presenta un comportamiento constante. El periodo de mayor desplazamiento fue el comprendido entre 2007 y 2008.

En su mayoría, los hogares víctimas por desplazamiento presentados en la gráfica 1 se concentran en aquellos municipios de categoría 6 (tabla 10), donde ocurre la mayor producción de carbón, oro, plata y platino. Los siguen los municipios de categoría 1 y categoría especial, que corresponden a las grandes ciudades del país.

En el desplazamiento forzado, las mayores víctimas son los niños y las niñas. Además, el conflicto armado ha representado una constante amenaza a los derechos de la niñez. Producto de eso existe actualmente en Colombia una política contra el reclutamiento de niños por parte de grupos armados.

Esa medida resulta relevante ya que la minería es una de las principales actividades a la que son destinados los niños, como lo mencionó a finales de 2012 en una entrevista el Subdirector nacional de Infancia y Adolescencia del ICBF:

“Las bandas criminales reclutan niños para obligarlos a trabajar en minas ilegales, fenómeno que creció porque la minería se convirtió en un combustible de guerra y los pequeños en mano de obra barata [...]. […] a esto se le suma que en las zonas de explotación minera hay un incremento de violencia sexual, por lo

“Hay una toma de conciencia con la protección ambiental. Esa toma de conciencia se ve en la gente que empieza a reaccionar, de lo que nos afecta y nos conviene. La vida es muy precaria, la gente dice que eso [la minería] da dinero, pero no es así.”

Joven de Tasco, departamento de Boyacá

71


que las niñas que son reclutadas por estos grupos pueden ser víctimas de trata de blancas y en muchos casos son explotadas para las dos funciones” (Pareja, 2012).

El informe Como corderos entre lobos. Del uso y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado y la criminalidad en Colombia (Springer, 2012) analiza el riego y vulnerabilidad10 de la población infantil frente a la práctica del reclutamiento por parte de grupos armados ilegales, FARC y ELN, y de organizaciones criminales identificadas y conocidas: las llamadas bandas criminales (Bacrim) y los grupos paramilitares. Para medir riesgo o vulnerabilidad consideró “variables estructurales que configuran la vulnerabilidad”.

Esas variables son: deserción escolar y analfabetismo; embarazo adolescente, hambre y desnutrición, ausencia de infraestructura hospitalaria especializada en niñez y adolescencia, violencia intrafamiliar y abuso sexual, abandono de menores y presencia de minas antipersona y de cultivos ilícitos (Springer, 2012: 11).

Para el caso de los 121 municipios incluidos en nuestro análisis, 56 presentan riesgo o vulnerabilidad: de estos, el 88%

ANTIOQUIA

BOLÍVAR

CHOCÓ

CÓRDOBA

OTROS DPTOS.

Total general

21

8

19

7

66

121

Alto riesgo

1

7

2

8

18

Riesgo

10

4

2

5

21

Alta Vulnerabilidad

1

4

1

1

2

9

Vulnerabilidad

1

7

8

Tabla 11. Nivel de riesgo de reclutamiento en municipios mineros más productivos, por departamento

Elaboración propia a partir del informe Como corderos entre lobos, de Springer (2012)

10. Según el informe, la identificación de municipios en riesgo “es la resultante del modelo dinámico complejo que permitió georreferenciar el comportamiento de este crimen, identificando las variables que se agrupan en los eventos de reclutamiento, de manera muy particular, y dependiendo de la subregión específica” (p.67) y “la vulnerabilidad expresa la tendencia futura del riesgo, y la ubicación de los municipios que por sus características económicas, sociales y geográficas, pueden llegar a verse afectados de manera eventual o inminente si las dinámicas actuales de la violencia se mantienen”(p.75).

72


corresponden a municipios de sexta categoría. La situación más preocupante se presenta en departamentos como Antioquia, con 12 municipios; Chocó, con 12; Bolívar, con 5, y Córdoba, con 5.

En las zonas mineras del país, los niños y las niñas son objeto de algunas de las peores formas de trabajo infantil, principalmente, en la minería. Por otra parte, padecen la explotación sexual. La forma de vulneración de los derechos de la niñez más documentada en el país es el trabajo infantil. Las investigaciones han provenido de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, Unicef, fundaciones de grupos empresariales u ONG. Mientras tanto, no han existido medidas de prevención en la dimensión requerida, que sean parte de la política minero-energética. Tampoco existen cifras claras sobre casos que se presentan en el país.

En el Sistema de Información Integrado para la identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil y sus Peores Formas (Siriti), se registran los diferentes casos de trabajo infantil en el país. Hay 5.086 casos relacionados con actividades de explotación de minas y canteras. De estos, 4.861 corresponden a los municipios mineros más productivos, específicamente en los municipios de El Bagre (Antioquia), con 1.908; Zaragoza (Antioquia), con 1.376 y Santa Rosa del Sur (Bolívar), con 1.240. El Siriti no especifica los años en los que se presentaron esos casos. Así mismo, al consultar el sistema, se puede deducir que la mayoría de casos de trabajo infantil en minería no se ha reportado, pues de los 121 municipios consultados sólo 14 poseen cifras y cada uno de los departamentos consultados (Cundinamarca, Chocó, Córdoba, La Guajira, Santander y Norte de Santander) presentan 3 casos o menos y 17 casos en Boyacá. Estas cifras no coinciden con la realidad de muchas regiones del país, aunque no existen informes ni estadísticas precisas sobre el trabajo infantil en minería. Un rastreo de noticias de los últimos años entrega los siguientes resultados:

Minería, trabajo infantil y explotación sexual

73


Fuente (artículo)

La dura historia de los niños mineros de

Ataco (Hurtado, 2013)

En Colombia hay 5.000 niños

que trabajan como esclavos (RCN Radio,

2012)

Ilegalidad y muerte condenan la minería

(El Colombiano, 2010)

Cerca de 16 mil niños trabajan en

minería en Colombia. (Telesur Noticias, 2011)

Para evadir controles, en minas de Boyacá hacen trabajar

a los niños entre las 3:00 y las 8:00 a.m. (Rodríguez, 2007)

Minería Artesanal contra la integridad de los niños (ICBF, 2005)

La minería artesanal explota a miles de niños. Una

infancia frustrada en América Latina (Ubal,

2009)

Buscan erradicar el trabajo infantil en el nordeste antioqueño

(ADN, 2012)

Fecha publicación

14 julio 2013

3 enero 2012

18 octubre de 2010

24 septiembre de

2011

18 junio de 2007

Julio de 2005

22 Octubre de 2010

25 Agosto de 2012

Región que contempla

Ataco – Tolima

Nacional

Nacional

Nacional

Boyacá

Nacional

Nacional

Segovia y remedios

Tipo de minería

Oro

Minas y canteras

Minas y canteras

Minería

Carbón y esmeraldas

Minería artesanal

oro, carbón, esmeraldas y arcilla

oro

Número de niños que trabajan (cifras

estimadas)

450 y hasta 600 según el alcalde de

Ataco

5.000

8.499 niños en 2007 según la OIT y

el DANE

16.000

1.390 según informe de Agencia Pendí y Fundación Cementos Argos

200.000

176.000 según cifras del gobierno

Más de 440

Tabla 12. Cifras de población infantil que trabaja en minería, según noticias de prensa.

Elaboración propia

74


Ahora bien, por la situación de pobreza que las rodea, las zonas mineras son también un foco para el incremento de la prostitución, incluida la prostitución infantil.

Jineth Bedoya Lima (2013), subeditora del periódico El Tiempo, denunció la explotación y violencia sexual contra niñas y adolescentes en las zonas mineras del país. Mostró la constitución de campamentos de prostitución en torno a áreas mineras e identificó las principales rutas por las que desde ciudades como Cartagena, Medellín o Pereira se trasporta a niñas y adolescentes hacia estas áreas. Su investigación periodística muestra que eso ocurre principalmente en regiones mineras de Antioquia, Chocó, Córdoba y recientemente en Guanía, en torno a la extracción del Coltán:

“Una ruta es la que hay entre Cartagena y Antioquia. El punto intermedio donde las recogen está en Turbaco; allí por lo general un bus hace el ’expreso’ rumbo a Caucasia y de ahí en vehículos hasta Nechi, el Bagre y Zaragoza”. (Bedoya, 2013)

Los municipios que menciona la periodista son algunos de los más productores de oro y plata en el departamento de Antioquia.

“Los niños se han dejado mucho tiempo solos. El papá y la mamá se van al bareque, no los llevan al médico. Los niños no estudian, la educación que se les da es meramente para que aprendan a leer.” Habitante de Nóvita, departamento de Chocó

75


Mapa 2. Rutas de tráfico de explotación sexual hacia zonas mineras.

Fuente: Bedoya, 2013.

TERCERA PARTEVULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS POR MINERÍA EN COLOMBIA

78


Esta última parte del documento es una reflexión derivada de las dos partes anteriores, de lecturas que lo nutrieron y de testimonios recogidos durante su elaboración. Es una aproximación a las condiciones de la niñez en las zonas mineras del país y se puede leer como un conjunto de hipótesis acerca de los impactos de la actividad extractiva en los territorios, afirmaciones para seguir investigando, documentando, controvirtiendo y ampliando.

Vulneración del derecho a calidad de vida y a un ambiente sano por contaminación del aire. Este riesgo se presenta en la mayoría de explotaciones mineras, en particular las de carbón a cielo abierto, especialmente

en las explotaciones que tienen lugar en los departamentos de la Guajira y Cesar debido a la liberación de altas cantidades de polvillo en el aire. Este factor tiene consecuencias sobre las zonas de cultivo, animales, las fuentes de agua y la salud de las personas que habitan en los lugares cercanos a la explotación. El polvillo de carbón es arrastrado por las corrientes de aire y depositado en extensas regiones. Este material contiene decenas de elementos químicos, entre ellos algunos que son indispensables para la vida, así como otros venenosos y tóxicos (arsénico, cadmio, plomo y mercurio) y finalmente los temibles radioactivos (uranio, tonio y cesio).

79

Vulneración por contaminación de las fuentes de agua, al Derecho a calidad de vida y un ambiente sano: por una parte los desechos mineros poseen altas cantidades de sulfuros que generan acidez cuando son expuestos al aire, mientras que por otra parte la adición de elementos químicos como el cianuro genera residuos muy alcalinos; estas dos condiciones permiten la disolución de químicos tóxicos que se esparcen en las corrientes de agua, no solo superficiales sino también subterráneas

Vulneración del Derecho a un ambiente sano por transformaciones en el paisaje – pérdida de lugares emblemáticos: la gran minería, especialmente la que opera a cielo abierto transforma aquellos espacios que en la memoria de las comunidades hacían parte de diversas actividades: espacios rituales, espacios de contemplación, zonas de esparcimiento, zonas de cultivo, zonas simbólicas en la memoria colectiva de las comunidades. Cuando estos espacios se rasgan se pierden con ellos las actividades que se solían llevar a cabo allí, así como los pliegues que permitían una cohesión comunitaria y la posibilidad de legarle a los generación más jóvenes cierto tipo de saber o conocimiento.

Vulneración del Derecho a un ambiente sano por deforestación: La instalación del proyecto minero-energético expone la zona donde se instala a la amenaza y perdida de especies nativas para después, mediante la reforestación, intentar construir un paisaje que disimule el impacto pero también para que reinstale un nuevo paisaje.

Vulneración del Derecho a la alimentación por pérdida de soberanía alimentaria y tierras cultivables: este riesgo afecta directamente a las comunidades campesinas e indígenas que pierden de manera gradual, aquellos nichos que posibilitaban una seguridad y soberanía alimentaria para sus comunidades. Con este riesgo se aumenta la dependencia de las comunidades en nuevas fuentes de ingresos para poder acceder a la alimentación.

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS POR MINERÍA EN COLOMBIA

80


Vulneración del Derecho a un desarrollo integral por pérdida de arraigos culturales, originada en expectativas sobre modelos sociales y económicos que representan la ostentación: la presencia de la economía minera en las regiones no está representada en el mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes y menos aún en el respeto y la vigilancia sobre los derechos de la niñez. Los elementos más representativos de la economía minera es la presencia de autos lujosos, hombres con estatus y poder, apertura de locales comerciales para el ocio de las personas que vienen representando esta nueva economía (casinos, bares, prostíbulos, etcétera), entre otros. Estas representaciones se convierten en los visiones ajenas y degradantes de lo que significa vivir bien exponiendo a la población infantil a una serie de amenazas que terminan por minar los arraigos culturas –campesinos e indígenas- a os que pertenecen

Vulneración del Derecho a la protección contra cualquier forma de abandono o explotación es por la generación de economías marginales y de explotación (trabajo infantil, explotación sexual, prostitución): la generación de nuevas economías a nivel local, ajenas a las comunidades intensifican el deseo de la población infantil por acceder a los bienes de consumo que representan a la nueva clase que ostenta el poder en la región. Por otro lado, hay factores contextuales, principalmente por los altos índices de pobreza en las regiones mineras, que terminan por insertar a la población infantil en las diferentes economías de explotación que surgen al margen de la industria minera

Vulneración del Derecho al cuidado y amor por aumento de la violencia intrafamiliar y social: las geografías marginadas donde se establece la industria minero-energética, la explotación laboral, el doble marginamiento que sufren las comunidades ya que no las hacen participes de los procesos socio-económicos de la región y por otro lado terminan por ser perseguidos y expulsados de sus propias tierras, la militarización de los territorios, el conflicto armado, entre otros; hacen que

81

la exposición de niños y niñas a violencia intrafamiliar y social sea cada vez más alta. Este contexto conflictivo termina por plantear la “naturalización de la violencia” (Solis, 2012) desde los sectores sociales hasta los espacios domésticos donde los más afectados son los niños y las niñas.

Vulneración del derecho a la educación por el incremento de los índices de deserción escolar: los altos índices de inasistencia escolar en aquellas zonas donde se consolidan los proyectos minero-energéticos se acentúan aún más cuando los gobiernos locales no tienen políticas que privilegien y den mayor importancia al derecho a la educación de los niños y niñas, sino que por el contrario privilegian las demandas de las empresas que explotan como parte de sus políticas más prioritarias. La deserción escolar también responde a una serie de factores que están inscritos dentro de la elevada tasa de pobreza extrema que caracteriza a estas regiones, obligando a todo el grupo familiar a participar de trabajos, especialmente indirectos, que se soportan en el margen de la industria minera.

Vulneración del Derecho a la alimentación y calidad de vida por incremento de niveles de desnutrición: el riesgo de la desnutrición está asociado con las comunidades campesinas y muy especialmente con las comunidades indígenas. Grupos étnicos que soportaban su alimentación por medio de la recolección y la siembra en territorios ocupados hoy día por la minería, vieron reducidas las zonas que les garantizaban la alimentación y la soberanía alimentaria de toda una comunidad. Estas comunidades presentan altos índices de desnutrición y muertes infantiles por inanición.

Vulneración del Derecho a ser protegido contra el consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas: la niñez se ha visto expuesta a elementos como el alcoholismo y el consumo de sustancias psicoactivas debido al mayor tránsito que empiezan a tener estos productos con el arribo de gente foráneo, sin embargo en regiones como Arauca, el consumo de bóxer por parte de la población infantil del grupo

VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS POR MINERÍA EN COLOMBIA

82


indígena Hitnú, ha sido señalada por algunas autoridades como consecuencia de la pérdida por parte de este grupo étnico de sus terrenos de recolección y de las fuentes que les brindaban los recursos alimenticios, arrojando a las calles de la ciudad a los niños de la étnica que a falta de comida consumen bóxer para mitigar el hambre.

Vulneración del Derecho a ser protegido por amenaza de desaparición de pueblos indígenas: en Colombia, hay 35 pueblos indígenas en peligro de extinción física y cultural. Entre los factores de riesgo expuestos por la ONIC (Organización Nacional Indígena de Colombia) están el desarrollo de industrias extractivas en los territorios de estas comunidades, las cuales han afectado de manera directa las posibilidades de estos pueblos al acceso y uso de los bienes naturales. Uno de los mayores riesgos es que se amenaza el patrimonio cultural y la diversidad étnica de nuestro país. En muchas ocasiones estos pueblos han tenido que desplazarse a las grandes ciudades del país, para sobrevivir de la caridad esperando que el Estado les restablezca sus derechos sobre los territorios.

Vulneración del Derecho a ser protegido contra el desplazamiento: la amenaza se cierne sobre las comunidades que desarrollan su existencia y sus actividades en el mundo rural – campesinos e indígenas - debido a los intereses que se sobreponen en la instalación y asentamiento de las industrias minero-energéticas, las resistencias y luchas por salvaguardar el territorio han sido actividades que se han criminalizado y estigmatizado, generándose un ambiente hostil que empuja a muchas familias hacia el desplazamiento y el abandono de sus territorios. Este ambiente de hostilidad es acentuado por los diferentes grupos armados que operan en las regiones y buscan apoderarse de los diferentes sectores económicos.

CONCLUSIONES

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En su discurso, el extractivismo argumenta su capacidad de proporcionar bienestar económico y social a las comunidades en las que adelanta sus proyectos; sin embargo, la consolidación de estas

economías y su transcurrir en los territorios muestra la cruda situación de vulnerabilidad y de violación de los derechos fundamentales de la población, especialmente, de la niñez, ante la falta de condiciones materiales que los garanticen y de una institucionalidad favorable a la protección de los esos derechos, sobre los intereses de la actividad minera.

Eso obedece a que la minería es incompatible con el lenguaje de los derechos y por lo tanto, tampoco los asume en su integralidad. Su premisa constitutiva atiende única y exclusivamente el lenguaje del capital en su reproducción y acumulación.

Los marcos normativos nacionales se corresponden con esa situación contradictoria. Ellos, que deben garantizar los derechos fundamentales, proveen más bien una institucionalidad estatal que crea las condiciones legales necesarias para que la industria minero-energética se favorezca: garantiza a la inversión extranjera altos niveles de rentabilidad y una normatividad ambiental reducida e impedida.

Estos factores posibilitan el auge minero-energético en el país, que se refleja tanto en la proliferación de empresas extranjeras,

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como en el crecimiento de la minería en forma ilegal. Este auge se da principalmente en territorios de altos niveles de pobreza, con porcentajes elevados en el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas, carentes de servicios públicos y con dificultades para acceder a sistemas de seguridad y justicia.

La niñez de esos territorios es la que padece como víctima la política minera desmedida. A ella se vulnera todo tipo de derechos y las principales causas de esa vulneración o violación son la contaminación ambiental y la fractura y desarraigo territorial que genera la actividad minera.

El ambiente sano como derecho de la niñez, así como aquellos otros derechos de orden territorial son determinantes en la garantía de los derechos fundamentales de las presentes y futuras generaciones para el desarrollo de una vida en condiciones dignas.

La presencia de grandes cantidades de capital en territorios empobrecidos y marginados termina por acentuar la pobreza mediante el despojo y la aparición de formas de vida basadas en la ostentación y el lujo. Estos últimos desencadenan la desvinculación de la población infantil de su cultura, la lanza al trabajo infantil, a la prostitución, a la explotación sexual, a la violencia sexual, a la deserción escolar, a embarazos en menores de edad, al alcoholismo, a la drogadicción y a otros comportamientos contrarios a su crecimiento y maduración humana.

El respeto por la prevalencia de los derechos de la niñez, así como la construcción de ambientes y procesos dignos y humanos, aunque no sean interés de la industria minero- energética, sí son una premisa de un Estado Social de Derecho. Este tiene la obligación de salvaguardar y proteger la vida, el crecimiento y la maduración de niños y niñas, consolidar políticas y procesos adecuados de protección de los ambientes y otras propuestas de desarrollo social y sostenible.

Quedan preocupaciones producto del desarrollo de este documento: el desconocimiento de la dimensión real de los

CONCLUSIONES

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impactos y afectaciones generados por las políticas minero-energéticas sobre la niñez del país muestra la falta de visión sobre el futuro que le depara a la sociedad. Un análisis de casos o de cifras, como el que acá se entrega es apenas un abrebocas. Imágenes conmovedoras que a cualquier ser humano le tocan el corazón son, por excelencia las del dolor de niños y niñas, las de su abandono, las de su imposibilidad para crecer con lo que merecen. Nuestra sociedad parece haberse acostumbrado a estas imágenes.

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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Este libro se terminó de imprimir el día 9 de mayo de 2014 en los talleres de IMPRESCALA, en la ciudad de Bogotá, Colombia.

“Los sueños y las pesadillas están hechos de los mismos materiales,

pero esta pesadilla dice ser nuestro único sueño permitido:

un modelo de desarrollo que desprecia la vida y adora las cosas”

Patas Arriba. La escuela del mundo al revés. Eduardo Galeano

POR UN PAÍS AL ALCANCE DE LA NIÑEZ(corazonada frente al extractivismo)

El territorio es soporte de la vida en todas sus formas. Eso significa que es esencial para el ejercicio de cualquier derecho y de todos a la vez. El extractivismo es un punzón clavado en el corazón del territorio. No ha habido Estado de Derecho capaz de responder a esa desproporción. Los niños, niñas y adolescentes son la población más vulnerable y junto a su fragilidad, aparece la amenaza contra una vida digna para las generaciones presentes y futuras.

Esta realidad es sobre todo evidente en los municipios del país con una explotación mineral elevada, donde se aprende a traducir el lenguaje de las promesas de los beneficios de la minería, en la voz de empresas y gobiernos. La publicación Por un país al alcance de la niñez (corazonada frente al extractivismo) delinea un mapa de aspectos violatorios de los derechos fundamentales de las y los niños, derivados de la implementación de la política minero – energética.

Date post:	21-Oct-2019
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