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[Revista de STAS Intersindical]

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Imprime: Confederación Intersindical.Tirada: 35.000 ejemplares. Coordinación: Mario Padilla.Consejo de Redacción:

Secretariado Confederal de la Confede-ración Intersindical.

Diseño y maquetación:Área de Publicaciones de la Confedera-ción Intersindical.

Diseño de la portada: Mario Padilla.Han colaborado en este número:

Fermina Bardón Álvarez, Toni Carrasco, Manuel García Algarra, Miquel Gelabert, Fco. Javier Gómez, Juan Carlos Marín Ros, Azucena Peces León y Francesc M. Ramis Trujillo.

Edición y Distribución:Confederación Intersindical.C/ Carretas, 14, 7º E y F, 28012 MADRID.Tel.: 91 532 22 64. Fax: 91 532 22 80.

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EditorialTienes en tus manos la primera revista

STAS-Intersindical, dedicada íntegra-mente al personal de las Administraciones y los Servicios Públicos de los sindicatos que conformamos la Confederación Inter-sindical. Sindicatos en creciente ascenso porque nuestro modelo sindical es ahora más necesario que nunca.

Estamos viviendo tiempos aciagos para el conjunto de la clase trabajadora y dentro de la misma, para el personal que traba-ja en el sector público, que ha sufrido el mayor ataque a sus derechos laborales y salariales en la historia de la democracia. Agresión que ahonda intencionadamente en el deterioro de los servicios públicos, sirviendo de excusa para su privatización.

El imperfecto y escaso Estado del Bienes-tar se derrumba y cede ante los poderes económicos. Buscando el beneficio privado se incrementa la pobreza y la desigualdad entre personas que no podrán optar a los servicios básicos necesarios para vivir, o sobrevivir.

El mensaje que se está transmitiendo al conjunto de la sociedad al lanzar estos ataques a los derechos consolidados del personal empleado público, supone la pro-fundización errónea del desprestigio injus-to y sobredimensionado del “sambenito” trasnochado y ajeno a la realidad que hoy se vive en las distintas administraciones públicas. La sociedad sabe que sin perso-nal empleado público, no son posibles los servicios públicos, gratuitos, universales y de calidad.

Y por ello y para la defensa de nuestros ser-vicios públicos, los sindicatos STAS (Sindi-catos de Administraciones y Servicios Públi-cos de la Confederación Intersindical) son ahora más necesarios que nunca y crecen en las distintas administraciones públicas. Cansados de modelos sindicales que han fomentado hasta el límite la delegación en las cúpulas ofreciendo pocas alternativas reales a los problemas, los trabajadores y las trabajadoras del sector público toman la iniciativa y se acercan a nuestros sindicatos demandando participación, movilización y activismo real. En nuestros sindicatos deci-den las asambleas de trabajadores y traba-jadoras, teniendo el protagonismo quienes participan.

Se unen a nuestras organizaciones por-que son democráticas, integradas por tra-bajadores y trabajadoras que defienden y promocionan sus intereses profesionales, económicos y sociales relacionados con su actividad laboral, porque son autóno-mas económicamente, porque no respon-den ante ningún partido político o religio-so, porque trabajan continuamente por la igualdad entre las personas y la progresiva disminución de las diferencias sociales y económicas. Porque son respetuosas con el medio ambiente, porque buscan la unidad de la clase trabajadora.

Ahora que los poderes económicos man-dan y los gobiernos obedecen, las personas trabajadoras nos unimos con más fuerza que nunca en LA INTERSINDICAL, para reivindicar derechos iguales para todos y todas, porque somos conscientes de que ahora más que nunca se necesitan más servicios públicos de calidad, más personal empleado público ajeno al partido político que gobierne, más formación que aumente la calidad del trabajo, más recursos, más garantías, en definitiva, más compromiso y más solidaridad

[2 Editorial.

[3 Dignidad y resistencia. Documento gráfico de las moviliza-ciones en defensa de lo público.

[4 Ataque a los servicios públicos.

[6 Retribuciones 2011. Trabajaremos más, pero cobraremos menos.

[8 El coste de la crisis pagado por el conjunto social.

[10 Salud Laboral. La salud laboral en trabajadoras y traba-jadores de las empresas y administraciones públicas.

[12 Mujeres, trabajo y políticas públicas.

[13 Medidas de agilización procesal: ¿Justicia sólo para ricos?

[14 ...y compromiso sociopolítico.

[15 Sentimientos.

sumario

sumario

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Las OPEs Las ofertas de empleo son los instrumentos nece-sarios para que las distintas administraciones pú-blicas regulen, renueven, actualicen y amplíen los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía. Estas deben ir encaminadas a cubrir varios aspec-tos para la mejora de la prestación de servicios. Deben ofrecer puestos de trabajo de nuevo ingre-so a la ciudadanía, consolidar el empleo precario y proporcionar oportunidades de promoción pro-fesional al personal fijo. Además deben de aplicar la ley de igualdad procurando influir con medidas de discriminación positiva en aquellas categorías donde la desigualdad es más preocupante, no solo por aspectos de género, sino también por discapacidades. Pero esto es la teoría, la realidad es muy diferente, hace tiempo que comprobamos que o no existen las ofertas públicas o son tan escasas que lo que producen es desesperación en los opositores y recaudación por ingresos de tasas.

Por otro lado, y cada día son más los procesos se-lectivos que se ven salpicados por denuncias que demuestran que las plazas ofertadas ya están da-das, y si a esto le añadimos, que cuando se trata de un proceso de concurso-oposición, algunos de los aspirantes que llevan años como interinos, en su día entraron por enchufe y sin proceso objeti-vo de selección, todo esto desacredita al personal que accede correctamente. Al final al personal empleado público se nos mira de mala manera, se nos pone la etiqueta de privilegiados y se piensa que nos han regalado el puesto de trabajo, cuan-do muy al contrario, la inmensa mayoría ha acce-dido correctamente y nadie le ha regalado nada, habiendo empleado en muchos casos, muchos años de su vida para prepararse las oposiciones.

Nosotros desde la representación sindical y la negociación, debemos influir para cambiar esta

Cada día son más los servicios públicos que se privatizan, y que casualidad que siempre son los que generan o pueden generar riquezas como son Telefónica, Hidroeléctrica, RENFE, Sanidad, Educación, Transportes, autopistas y ahora lo próximo los aeropuertos y AENA, pero eso sí las infraestructuras necesarias para prestar estos servicios que sean a cargo del erario público. Y para que a la sociedad esto no les parezca mal, se encargan campañas desde todos los frentes, de desprestigio del personal empleado público, de esta forma tienen la excusa perfecta para liquidar el estado de bienestar publico y universal, y que sean las empresas las que se encarguen de manejar y prestar los servicios pú-blicos, reduciendo su prestación y acceso.

tónica, y conseguir que las ofertas públicas res-peten los principios constitucionales y sirvan con eficacia para cumplir los fines que se persiguen, que no son otros que procurar ofrecer empleo a la ciudadanía, reducir la precariedad y proporcionar la promoción profesional, y todo esto con el máxi-mo de rigor y objetividad posible en sus convoca-torias. Debemos denunciar todo abuso que signifi-que la ruptura de estos principios, empezando por nosotros mismos.

La privatización

1.-¿En qué consiste la privatización en el sector público?.La Administración Pública, transfiere la gestión del servicio pero conserva la titularidad del mismo y esto lo realiza a través de múltiples vías:

Externalización de actividades y servicios de la Administración Pública a una empresa priva-da para la prestación o gestión por parte de ésta, mediante contratos de gestión, consulto-rías y asistencias técnicas y contratos de ser-vicio: alimentación, asistencia sanitaria, lim-pieza, etc. La concesión, mecanismo contractual espe-

cífico por el cual las empresas privadas se ha-cen cargo de la gestión de servicios públicos esenciales a largo plazo (30, 50 o 75 años) y en régimen de monopolio: agua, transporte, etc. El concierto, por el cual la Administración Pú-

blica conviene con empresas para que estas se hagan cargo de una parte de los servicios que la Administración está obligada a prestar: conciertos con clínicas privadas en materia sanitaria o con colegios privados en materia educativa. Sistema de gestión mixto: Es una variable

de la externalización donde la Administración mantiene la titularidad del servicio con 2 0 3

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puestos de personal funcionario para la Direc-ción y tareas administrativas, externalizando el resto de servicios. Los Convenios de colaboración con entidades

privadas sin ánimo de lucro (ONGs, fundacio-nes, asociaciones).

2.-Consecuencia de la Privatización de ser-vicios públicos.La política de privatización y externalización de los servicios públicos va en detrimento de la calidad de servicio que se ofrece al ciudadano, además de suponer una destrucción del empleo público al que por mandato constitucional está obligada la Administración.

De esta manera, se lleva a cabo la división de los trabajadores en dos colectivos distintos que realizando el mismo trabajo en el mismo centro, poseen derechos y retribuciones totalmente dife-rentes. Con un coste para la administración muy superior del que supondría su gestión directa. Además de la finalidad diferente entre una ad-ministración, que sería la prestación del servicio público universal y sin preferencias, al de una empresa privada que busca el mayor beneficio a costa de reducir la universalidad y haciendo pre-ferencias.

Pero las distintas administraciones no se limitan a privatizar los servicios de nueva creación sino que intentan amortizar plazas en los centros de trabajo para encargar a una empresa privada la cobertura de ese servicio, aprovechando que esas plazas están ocupadas por personal interino. Es decir, despiden a trabajadores temporales y los sustituyen por personal de una empresa privada.

UN EJEMPLO DE VICTORIA SOBRE LA PRIVATIZACIÓN PARA DEMOS-TRAR QUE TODO NO ESTA PERDI-DO.

Han sido más de 6 meses de dura lucha, los que se han necesitado para conseguir que la Consejería de Salud y Bienestar diera mar-cha atrás en su intención de privatizar los servicios del Hospitalito del Rey. Residencia de Mayores que, tras 5 largos años de obras, abrirá sus puertas con todo el personal pú-blico.

Un triunfo sobre el perverso Sistema de Gestión Mixta, que ha instaurado el Gobier-no Regional en todos los servicios públicos. Sistema Mixto por el cual se mantiene la ti-tularidad de la Junta con cuatro puestos de funcionarios (todos técnicos) más la Direc-ción, a cambio de precarizar las condiciones laborales del resto de puestos, los que ocu-pamos, los mileuristas ¿Por qué no empie-zan por el ejército de Asesores?

Ahora los trabajadores contaremos con las herramientas necesarias para garantizar que sean la imparcialidad y no el clientelis-mo, y la calidad de la prestación y no los be-neficios económicos, los que se instalen en los Servicios Sociales Públicos.

Una Gran Victoria, que ha tenido dos ele-mentos determinantes. Por un lado la de-terminación en la defensa de lo público, del Personal Laboral de B. Social, que no duda-ron en coger la cacerola y salir a la calle a protestar contra las política de privatizacio-nes de la Junta.

Y por el otro, la recogida de más de 3.000 firmas de apoyo entre EL PERSONAL EM-PLEADO PÚBLICO del resto de Consejerías de la JCCM.

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todo en los niveles más altos, es en este mes de diciembre y concretamente con la paga extra cuando muchas personas se-rán conscientes del impacto de la rebaja de salarios. El personal que pertenezca al subgrupo A1 tendrá una reducción de al menos 600 euros respecto a la paga extra de junio, aparte de las reducciones de los complementos. ¡Después de los años que ha costado que las pagas extras fueran completas! Poco nos ha durado la alegría. En estas fechas de regalos de

Reyes Magos o Papá Noel o el niño Jesús, que nos lanzamos con cierta despreocupación a gastar, a mejorar las cuentas de resultados de los grandes almacenes y tiendas de todo tipo, deberemos re-ducir nuestros gastos ya que nuestro presupuesto será menor, y la cuesta de enero de 2011 puede ser una auténtica tortura. Tal vez a partir de ahora cambiemos nuestras costumbres en el consumo y lo reduzcamos, con lo que posiblemente la crisis se agrave aún más si cabe, es la pescadilla que se muerde la cola.

Las restricciones para 2011 no son sólo de índole retributiva. También se limita de manera brutal el acceso de personal de nuevo ingreso a las distin-tas administraciones públicas, limitándola al 10% de la tasa de reposición de efectivos y la imposi-bilidad de contratación de personal temporal, el nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excep-cionales o para colocar a los enchufados y sobre todo la incorporación de ETTs y empresas de colo-

La ley de presupuestos generales del Estado de cada año es la concreción de la acción po-

lítica del gobierno. Y la de 2011 define claramente sus intenciones respecto al personal empleado público. En el artículo 22 del proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para 2011 se establece que las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimen-tar ningún incremento respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2010. Esto significa que el go-bierno mantiene los salarios con el recorte del 5% por término medio aplicado desde junio de 2010. Es decir, tal y como ya se había anunciado, con-gela el importe de nuestros salarios. No obstante, hay una disminución más que sumar al conjunto de retribuciones, puesto que la rebaja del 5%, que en 2010 afectó a siete mensualidades y una paga extra, ahora afectará a las doce mensualidades y las dos pagas extras.

Si bien la rebaja de sueldo y trienios desde el mes de junio ha sido prácticamente invisible sobre

Retribuciones 2011

trabajaremos más, pero cobraremos menos.

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[6][6] [7][7]C O N F E D E R A C I Ó NINTERSINDICAL

cación que tienen que hacer negocio en la admi-nistración. En la mayoría de los servicios públicos las plantillas ya están muy ajustadas y la baja de cualquier persona, ya sea definitiva o provisional, va a generar graves problemas en relación con la calidad del servicio público y con las condicio-nes del personal. Necesitamos ofertas públicas de ocupación amplias para que esto no ocurra y disponer de personal objetivo y que accede con los requisitos legales. Lamentablemente, hay al-guna administración, como el caso de la valen-ciana, que se ufana de una oferta de ¡59 plazas! para todas las categorías, o la murciana que ya ha anunciado que no habrá OEP en 2011, como no la ha habido desde 2007. Para todas las categorías. No es más que una burla y un medio espurio para sacar dinero al personal opositor, en un momento en el que el trabajo escasea, o simplemente efec-tos mediáticos que ahondan en el desprestigio del personal empleado público puesto que nada se ahorrará.

Frente a estas medidas económicas del gobier-no, impuestas por los especuladores, mercados financieros y por las órdenes directas de la Unión Europea, los sindicatos que formamos parte de la Confederación Intersindical tenemos una idea clara de qué hacer. La reducción de las retribu-ciones del personal no va a sacar a la economía española de la recesión, sino que la va a ahondar. Las compras serán menores, y el ahorro, si existe, se guardará para años peores, que es posible que vengan. Ya llevamos muchos años solicitando, y ahora con más razón, la cláusula de revisión sala-rial y la recuperación del poder adquisitivo perdi-do, como medidas mínimas imprescindibles para evitar un mayor deterioro de nuestra condición socio-económica. En muchas administraciones, la aplicación del complemento de carrera profesio-nal, como consta en el EBEP, se ha asumido como una cierta recuperación de las pérdidas sufridas en los últimos veinte años, pero no es así. Lamen-tablemente, esas administraciones han aprove-chado las medidas del gobierno para no cumplir con la Ley, amparándose en otra Ley. Y desde lue-go, rechazamos de forma rotunda la limitación del acceso de nuevo personal, ya que pensamos que

Retribuciones 2011

trabajaremos más, pero cobraremos menos.

Frente a estas medidas económicas del gobierno, impuestas por los especuladores, mercados financieros y por las órdenes directas de la Unión Europea, los sindicatos que formamos par-te de la Confederación Intersindical tenemos una idea clara de qué hacer. La reducción de las retribuciones del personal no va a sacar a la economía española de la recesión, sino que la va a ahondar.

no es una manera correcta de rebajar el alto por-centaje de precariedad y servilismo político en los servicios públicos. Todo lo contrario, se necesita personal que no dependa del partido en el gobier-no, que ejecute sus funciones con independencia y profesionalidad, con una mayor formación y co-nocimiento de las nuevas tecnologías para que nuestras administraciones públicas mejoren la ca-lidad, la eficacia y la eficiencia del servicio público que ofrecen.

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Obedeciendo a las presiones de los organismos internacionales, el gobierno en el mes de mayo impuso el llamado “zapaterazo”: medidas de re-corte y ajuste del déficit público que supusieron un ataque sin precedentes a pensionistas, depen-dientes, madres y personal empleado público, dando un giro radical a los avances conseguidos en las políticas públicas y sociales practicadas en los últimos años y consolidando una ruptura injus-tificable del principio de buena fe en la negocia-ción colectiva en el ámbito de la función pública.

Lejos de ser una medida aislada, esta “reforma” en el sector público se vislumbró como la primera de una secuencia de medidas que siguió en junio presentando como decreto-ley la Reforma Labo-ral, que entró en vigor el 18 de junio, tramitada posteriormente como proyecto de ley y aprobada definitivamente el 9 de septiembre, modificando de esta manera los acuerdos firmados en el 2006 entre el gobierno y los agentes sociales, y crean-do una ruptura de acuerdos en cadena en las dife-rentes autonomías.

Y ahora la reforma de las pensiones. Por un lado aumentan el número de años para el cálculo de las pensiones, lo que provoca una dis-minución de sus cuantías; por otro, alargan la vida laboral hasta los 67 años, con un mínimo de 37,5 años de cotización. Los menores de 30 años en general, y las mujeres en particular, no podrán jubilarse a esa edad al no poder alcanzar el tiem-po mínimo de cotización para la prestación total. Dentro de la secuencia de medidas, también está las rebajas en las prestaciones por desempleo, la desaparición del subsidio de los 426 euros o el posible copago de la sanidad pública.

Estamos pues ante una secuencia de ajustes imparable que incrementa cada vez más el ya injusto diferencial entre las rentas del trabajo y las rentas del capital, destruyendo el ya precario Estado del Bienestar, alimentando y ahondando en el fallido modelo político y económico que nos ha llevado a esta crisis y justificando, a modo de ejemplo, el imparable retroceso social y laboral que se está aplicando, además, en las distintas Comunidades Autónomas.

Hacemos un repaso de las medidas de la Re-forma laboral. La reforma laboral, lejos de prevenir el paro y la precariedad laboral, ha demostrado que favore-ce los despidos y generaliza la inestabilidad. No pone límite al uso escandaloso de la contratación temporal y permite el lucro privado con las situa-ciones de necesidad. Ayuda con dinero público al empresariado, que aumenta su poder sobre los trabajadores y trabajadoras.

Pretende acabar y desvirtuar los mecanismos de defensa colectivos, como los sindicatos y los convenios colectivos, que han permitido mejorar las condiciones de trabajo a lo largo del siglo XX y son la única garantía de defensa frente a las pretensiones, nunca satisfechas, de quienes po-seen el poder económico. Así veremos disminuir los salarios o aumentar los horarios, sin posibili-dad legal de respuesta, con la amenaza continua sobre nuestras cabezas de un despido más fácil y sin necesidad de justificación, y compartiendo las indemnizaciones con dinero público.

Facilita y abarata el despido. Se generaliza el despido de 33 días por año trabajado (tope de 24 meses) frente al ante-rior de los 45 (tope de 42 mensualidades) para los despidos improcedentes. Se amplían los motivos para el despido pro-cedente, tanto colectivo como individual, con sólo 20 días por año trabajado (y un máximo de una anualidad). Las empresas podrán des-pedir por causas objetivas (con una indemni-zación de 20 días por año trabajado) si regis-tran pérdidas o por una caída “persistente” de los ingresos que pueda afectar su viabilidad. Además se subvencionan los despidos con fondos públicos, a través del FOGASA, hacién-dolos aún más baratos para los empresarios. Se establece un Fondo de Capitalización, en el que sean las personas trabajadoras quienes ahorren para pagar su propio despido, movili-dad geográfica o jubilación.

Aumentan los contratos basura Abarata los contratos a jóvenes de hasta 24 años (con bonificaciones del 100% en Seguri-dad Social) y bajos salarios.

El coste de la crisis pagado por el conjunto social.

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Incrementa el poder de los empresarios Se posibilita el incumplimiento de los salarios fijados en convenio (descuelgue salarial). Se permite, sin acuerdo, modificar las condi-ciones pactadas en convenio (horario, jorna-da, turnos, funciones, movilidad geográfica…). Aumenta el derecho empresarial de suspen-der los contratos, introduciendo la suspensión e introduciendo la suspensión con reducción de jornada.

Privatiza los servicios públicos de empleo Fomenta las agencias privadas de empleo, con ánimo de lucro. Permite la entrada de las ETTs a nuevos secto-res, como las Administraciones Públicas o en profesiones consideradas peligrosas. Culpabiliza a las personas paradas de su si-tuación. Se endurecen las condiciones para poder co-brar la prestación.

Hace falta otra política económica. Tiene que haber una propuesta alternativa de or-ganización social y económica que evite situacio-nes como la actual, de paro y pobreza, que no cargue sobre la espalda del conjunto social, que no ha provocado esta crisis y al que las medi-das propuestas hasta ahora, desde los distintos gobiernos y con la complacencia de los grandes sindicatos, sólo han conseguido profundizar en la injusticia y la desigualdad. Estas son algunas de nuestras propuestas:

Reforma del sistema financiero mundial Foros internacionales de decisión democráti-cos con participación de los países empobreci-dos (ni G8 ni G20, mejor la ONU). Control y grabación con impuestos al flujo in-ternacional de capitales. Desaparición de los paraísos fiscales. Mecanismos de control independientes para bancos y entidades financieras. Fin de la especulación sobre las materias pri-mas, los alimentos y la energía. Anulación de la deuda externa de los países empobrecidos. Tasas globales para los flujos financieros, las actividades contaminantes y las grandes for-tunas.

Reformas del sistema financiero y de los merca-dos. Recuperación de la banca pública controlada por los parlamentos y gestionada por personal empleado público, con gestión directa de los créditos estatales. Intervención y participación estatal perma-nente a cambio de las ayudas a las entidades financieras insolventes. La banca rescatada no puede volver a manos privadas, ni repartir di-videndo o bonos. Aumento del coeficiente de caja en los ban-cos. Que no den más préstamos que fondos tengan.

Limitación y control a las entidades que ten-gan intereses en paraísos fiscales. Freno a las inversiones y fondos especulativos en la bolsa.

Reformas productivas y sociales Parque suficiente de viviendas públicas con al-quileres accesibles, que garanticen el derecho a la vivienda digna. Control público del precio del suelo urbano y la vivienda. Aumento de la inversión pública en gastos de interés social y ambiental (sanidad, educación, atención a personas dependientes, cultura, espacios naturales, energías renovables…). Gestión pública de los servicios básicos. Aca-bar con las privatizaciones. Fiscalidad progresiva (que pague más quien más tiene) aumento del tope impositivo y re-cuperación del impuesto sobre el patrimonio (sobre todo los grandes patrimonios) con una mejora del control fiscal. Ampliación de los servicios de inspección, tanto tributarios como del trabajo, coordina-dos para impedir la explotación de la mano de obra ilegal. Limitación de ganancias a los directivos de las grandes empresas y de las administraciones. Impedimento de los EREs y despidos masivos en empresas con beneficios. Renta Social Básica. Reparto del trabajo: reducción de la jornada laboral Reconversión de la industria y de la produc-ción hacia sectores sostenibles social y am-bientalmente.

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¿Por qué crees que es importante la vigilancia de la salud anualmente a través de las revisiones médicas voluntarias?.Fundamentalmente porque es un conjunto de ac-tuaciones sanitarias dirigidas a evaluar, controlar y hacer un seguimiento del estado de salud de cualquier trabajador. Es muy importante diferen-ciarlo de cualquier consulta normal en el sistema sanitario, ya que ponemos mucho interés en in-dividualizar la evaluación en función del trabajo procurando ver a través de los servicios sanitarios especializados en medicina del trabajo, aquellas anomalías propias de la profesión que desempe-ñamos. Debemos realizar un seguimiento en el tiempo, de cada persona por sus características personales y procurar prevenir todo tipo de ries-gos conocidos.

¿En mi trabajo tengo que desplazarme todos los días en coche y otros transportes con los riesgos y otras situaciones de estrés que conlleva, cómo se puede ver este problema desde la salud laboral?.Nos preocupa enormemente el incremento de los accidentes “in itinere” como consecuencia de la actividad diaria de ir o volver a trabajar. Las em-presas, la administración, los sindicatos, debemos proponer medidas prácticas para evitar esta lacra que mata a trabajadoras/es o los deja con gra-ves secuelas para su vida futura. Muy importante es utilizar coches compartidos para disminuir el tiempo de conducción , contaminar menos y ha-cer más llevadera nuestra propia vida familiar. Esta política se debería potenciar mediante unos bonos mensuales de ayuda por parte de empre-sas y administración pagables mensualmente y que repercutirían en mejor calidad de vida y me-jor rendimiento en el trabajo.

La salud laboral en trabajadoras y trabajadores de las empresas y administraciones públicas.

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Me preocupa mucho en mi trabajo el empleo de productos químicos, productos biológicos, la utili-zación de máquinas con componentes peligrosos, ¿ cómo podremos trabajar más seguros y tranqui-los?.Es verdad lo que comentas, que existe una fal-ta de formación-información de los trabajadores/as en lo que concierne a utilización de máqui-nas, productos peligrosos, que se podía corregir con una buena política de formación concreta tal como marca la ley de Prevención de Seguridad y Salud Laboral del año 95 donde en posteriores reglamentos, reales decretos, se hace referencia a agentes químicos, agentes biológicos, manipu-lación de cargas, radiaciones, ruido, etcétera. De-bemos todos, trabajadores y sindicatos , y el resto de agentes intervinientes, como empresas, mu-tuas, servicios de prevención, elaborar un progra-ma que haga posible una formación –información en el propio centro se trabajo con estos temas cotidianas tan importantes para evitar todo tipo de consecuencias en la salud de los trabajadores.

1.DefinicióndelconceptodesaludsegúnlaOMS:«Lasaludesunestadodecompletobienestarfísico,mentalysocial,ynosolamentelaausenciadeafeccionesoenfermedades».2.Unodelosprincipiosrectoresdelospoderespúblicoseseldevelarporlaseguridadehigieneeneltrabajo(art.40.2delaConstituciónEspañola).3.LaleydePrevencióndeRiesgosLaborales(LPRL)concretalasmedidasmínimasaaplicarentodoslosámbitoslaborales(empresasprivadas,administra-cionespúblicas,etc.–conlasadaptacionesnecesariasparaloscuerposdeseguridad-).4.CuandolaLPRLhabladetrabajadoresyempresarios,seentiendencomprendidoselpersonaldecarácteradministrativooestatutarioylaAdministraciónpúblicadondeprestanservicios.5.Obligacionesdelempresario:garantizarlaseguridadylasaluddelastrabajadorasydelostrabajadoresasuservicioentodoslosaspectosrelacionadosconeltrabajoeintegrarlaprevenciónentodoslosnivelesdelaempresa.Deberárealizar:

Laevaluaciónderiesgos.Información,consultayparticipaciónyformacióndelostrabajadoresytrabajadoras.Actuaciónencasosdeemergenciayderiesgograveeinminente.Vigilanciadelasalud.

6.Obligacionesdelastrabajadorasytrabajadores:velarporsupropiaseguridadysaludeneltrabajoyporladeotraspersonasalasquepuedaafectarsuactividadprofesional,entreotros:

Usarcorrectamentelasmáquinas,aparatos,herramientas,sustanciaspeligrosas,equiposdetransporte,...Usarcorrectamentelosmediosyequiposdeprotección.Noponerfueradefuncionamientolosdispositivosdeseguridad.Informardeinmediato(alsuperiorjerárquico,alostrabajadoresdesignadosparatareasdeprotecciónyprevenciónoalserviciodeprevención)cual-quiersituaciónque,asujuicio,conlleveunriesgoparalaseguridadylasaluddelostrabajadores.

7.¿QuéeselComitédeSeguridadySalud?:eselórganoparitario(conrepresentacióndelaempresaylosrepresentantesdelostrabajadoresytrabajado-ras)destinadoalaconsultaregularyperiódicadelasactuacionesdelaempresaenrelaciónalaprevenciónderiesgos.8.¿Quiénessonlasdelegadasydelegadosdeprevención?:Sonlosrepresentantesdelostrabajadoresytrabajadorasconfuncionesespecíficasenmateriadeprevenciónderiesgoslaborales.9.¿Quépuedehacerundelegadoodelegadadeprevención?:

Colaborarconelempresarioenlamejoradelaacciónpreventiva.Promoveryfomentarlacooperacióndelpersonalenlaejecucióndelanormativasobreprevención.Serconsultadosporelempresariosobre:planificaciónyorganizacióndeltrabajoenlaempresa;introduccióndenuevastecnologías;organizaciónydesarrollodelasactividadesdeproteccióndelasalud;designacióndelostrabajadoresencargadosdelasmedidasdeemergencia;procedimientosdeinformaciónydocumentaciónsobrelasbajaslaborales,losriesgos...;proyectoyorganizacióndelaformaciónenmateriapreventiva,...Ejercerunatareadevigilanciaycontrolsobreelcumplimientodelanormativadeprevenciónderiesgoslaborales.

10.¿Ysielempresarionoaplicalanormativaynohacecasodelasdenunciasdelosdelegadosdeprevención?:TenemoslavíadelaInspeccióndeTrabajo.

Sin prevención no hay un buen trabajo.Ponte en contacto con el sindicato ante de cualquier duda, estaremos encantados de poder ayudarte.

Yo he oído hablar de los riesgos psicosociales en nuestros trabajos, ¿en qué consisten y cómo po-demos evitarlos?.Es uno de los caballos de batalla hoy en día con empresas y administraciones , porque es muy di-fícil llegar a definir lo que es la carga mental en los trabajos, los casos de acoso laboral, de reor-ganizar nuevos elementos del trabajo porque se ve que no funcionan. Lo más sencillo es ignorarlos pretendiendo esconder la cabeza debajo del ala y decir que no existen, pero realmente son tan duros y dramáticos que debemos abordar solu-ciones de planteamiento sindical con la exigencia de contemplar formación en torno a estos temas, proponer figuras como mediadores que interven-gan en el comienzo de los conflictos, ayudas a través de equipos multiprofesionales que ayuden psicológica y legalmente a los afectados. Bueno, en resumen que hay que hacer camino y concien-ciar de este problema a todas las trabajadoras/es porque mañana puedes ser tú.

Decálogo de Prevención

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Mujeres, trabajo y políticas públicas. descenso en las tasas de actividad laboral de las

mujeres, mayores índices de temporalidad, ma-yores tasas de desempleo y mayor precariedad. Actualmente, el 80% del trabajo temporal se con-centra en la población femenina y en ramas muy concretas del sector servicios como el trabajo do-méstico, el comercio, la hostelería y la educación, y en puestos elementales o poco cualificados. Es-paña es uno de los países europeos con mayor tasa de empleo parcial. El trabajo a tiempo parcial y las excedencias son una mala política de conci-liación porque menoscaban la vida profesional y los derechos económicos y de protección social de las mujeres, como también lo es la conversión de la paga a la cuidadora familiar (artículo 18 de la Ley de Dependencia) en la prestación mayori-taria. Cuidar ocho o diez horas al día es incompa-tible con el empleo, la salud y la vida personal.

La verdadera conciliación de la vida laboral y fa-miliar requiere la reducción general de la jornada de hombres y de mujeres, los permisos iguales e intransferibles para ambos y los servicios profe-sionales y públicos de atención a la infancia y a las personas mayores dependientes.

La crisis y las políticas que se adoptan para ha-cerle frente no pueden suponer un recorte ni un retroceso en derechos conquistados por la clase trabajadora y por la lucha del movimiento de mu-jeres. Uno de los sectores más feminizados es el de la Administración Pública; sin duda, en ello tie-ne mucho que ver la forma de acceso, público y objetivo. Las mujeres empleadas en los servicios públicos van a ser de las primeras en sufrir en carne propia las consecuencias de las medidas de ajuste. La disminución de ingresos, la congelación salarial, los recortes en las ayudas a los progra-mas sociales o la privatización de los mismos, per-judicará doblemente a las mujeres porque se ve-rán obligadas a asumir más trabajo reproductivo y de cuidados al recortarse los servicios sociales y de dependencia de los que antes hacían uso.

Construir un modelo social y económico equita-tivo desde el punto de vista de género requiere, entre otras cosas, políticas claras y decididas para que los hombres asuman el 50% del trabajo do-méstico y de cuidados, permisos de maternidad y de paternidad iguales e intransferibles, políti-cas educativas igualitarias, universalización de la educación infantil de calidad desde los cero años, jornadas de trabajo menos absorbentes para to-das y todos.

A lo largo de las últimas décadas, las mujeres nos hemos incorporado masivamente al merca-do de trabajo, no puede decirse lo mismo de la incorporación de los hombres al trabajo del ám-bito privado y de cuidados. El modelo de hombre sustentador sigue vigente en nuestra sociedad y, socialmente, a las mujeres se nos sigue responsa-bilizando casi en exclusiva del trabajo de cuidados y reproductivo. Esto nos coloca en una situación de mayor vulnerabilidad a la hora de acceder al empleo. El abandono, definitivo o temporal, del mercado laboral tras la maternidad sigue siendo habitual entre las madres trabajadoras en prác-ticamente todos los países de la Unión Europea. España se encuentra entre los países que más refuerzan este doble rol de género tras la mater-nidad. Además, este modelo social de hombre sustentador, mujer cuidadora conduce a que el 52% de los 4,4 millones de mujeres pensionistas en España lo sean, no por derecho propio, sino por derechos derivados del marido o del padre.

Un modelo social más equitativo ha de pasar por valorar el trabajo doméstico no remunerado y de cuidados a la infancia y a las personas depen-dientes. Valorar el trabajo de reproducción, que es fundamental para el sostenimiento de la vida, permitiría considerar la realidad en su conjunto y revisar las políticas públicas, que hoy colocan, explicita o tácitamente, a las mujeres en una si-tuación de desventaja en el mercado de trabajo, en el sistema de pensiones y en la economía en general.

La crisis está poniendo de manifiesto, con toda su crudeza, la verdadera magnitud de la desigualdad entre mujeres y hombres que ya existía en la fase alcista del ciclo económico anterior a la crisis.

En enero de 2010 se produce un cambio en la orientación de las políticas públicas; el Gobierno del Estado impone un programa de medidas de ajuste y reformas para reducir el déficit público y salir de la crisis, estas medidas se han lanzado sin cumplir el artículo 19 de la Ley de Igualdad, que exige acompañar toda ley, reglamento o plan del gobierno de un Informe de Impacto de Género.

Las políticas públicas, y la reforma laboral im-puesta, están suponiendo, entre otras cosas, un

[12][12] [13][13]C O N F E D E R A C I Ó NINTERSINDICAL

A la luz de dicho proyecto de Ley, solo cabe concluir que, al

contrario de lo que se afirma por el gobierno central en los distintos medios de comunica-ción, tal proyecto legal es una merma de los derechos de los ciudadanos.

Para resolver el problema de la Justicia en vez de invertir en dicho servicio público, con normas procesales modernas y ágiles, y crear el número de dotaciones judiciales ne-cesarias y adecuadas, a un nivel asimilable a los países de nuestro entorno, se sigue el camino fácil, que no es otro que NEGAR el derecho del ciudadano al acceso a la justicia que pretende. No se modernizan las normas procesales (la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal es del siglo XIX), ni se realiza un es-tudio profundo de las normas vigentes para dotarlas de mayor eficacia. No se invierte en justicia, ni serán necesarios tantos órganos judiciales, ni funcionarios empleados.

La crítica la centramos en cuatro aspectos fundamentales de dicha Ley de Agilización Procesal, que son el verdadero meollo de la pretendida reforma procesal: 1º) Recurso de apelación en materia civil. NO SE PODRÁ APELAR en aquellos asuntos cuya cuantía no exceda de los 6.000 euros. En este tipo de asuntos el ciudadano sólo tendrá derecho a una primera instancia, que se resolverá sin posible ulterior recurso, de tal manera que en muchos casos sentencias defectuosas o erráticas serán irrevocables, aún cuando su contenido merezca reproche jurídico. En la actualidad casi el 25 % de las senten-cias que se dictan en 1ª Instancia son revo-cadas en apelación por el Tribunal Superior, gran parte de las mismas proceden de proce-dimientos de cuantía inferior a 6.000 euros y que, aún cuando no fueran ajustadas a dere-cho, quedarán firmes con la regulación que se pretende. 2º) Recurso de casación en materia civil. Por razón de la cuantía queda fijado en 800.000 euros. Se incrementa un 530% la cifra ac-tualmente fijada y deja fuera de este recur-so al 90% de la población. Añadir que, ade-más, se fijan normas más restrictivas para acceder al recurso de casación, lo que hace prácticamente imposible acceder al Tribunal Supremo, ni siquiera para unificar doctrina. El Tribunal Supremo con esta reforma que-dará, en pocos años, para cuatro cosas de enorme cuantía y poco más. Desde luego su función de unificar la doctrina, por imposibi-lidad de ejercitarse, quedará “casi” vacía de contenido. 3ª) Recurso de apelación en materia con-tenciosa. No será posible para aquellos asun-

tos cuya cuantía no supere los 50.000 euros (actualmente esta fijada en 18.000).No se le puede escapar a nadie que con tal límite económico un buen número de asuntos solo tendrán una única instancia, sin posibilidad de una segunda apelación. 4º) Recurso de casación en materia conten-ciosa. No será posible para aquellos asuntos cuya cuantía no rebase los 800.000 euros. Nos remitimos al análisis expresado respecto del recurso de casación en materia civil. 5º) Fijación del criterio del vencimiento objetivo en materia de costas para la juris-dicción contencioso-administrativa. Según el Gabinete Jurídico del STAS Intersindical, con la regulación actual, si se aplicara de-bidamente, sería más que suficiente para resolver situaciones injustas, tales como pro-cesos contenciosos que cuesta más el pro-cedimiento judicial que el interés del mismo, imponiendo las costas en estos casos al ven-cido (Artº 139 de la Ley de la Jurisdicción).

En la Jurisdicción contenciosa tenemos la si-guiente situación: por un lado un ciudadano de recursos económicos limitados para liti-gar y por otro lado una Administración Públi-ca, con recursos económicos “infinitos” para litigar, si a ello añadimos que la pena de per-der el juicio conllevará para el ciudadano el pago de las costas desde la 1ª instancia, el ciudadano se pensará si reclamar o no sus derechos frente a la Administración. Para ésta, por el contrario, si pierde paga con los impuestos de los ciudadanos (de hecho ya lo hace), agotan todas las posibilidades de recurso, aún cuando saben que no les asiste la razón, sin importarles el tener que pagar o no pagar costas procesales. A veces la Admi-nistración obliga al ciudadano a agotar hasta la última instancia, por litigios que han per-dido reiteradamente en el mismo Tribunal, perdiendo tiempo y dinero para ambos, ya que les resulta absolutamente igual el que se le impongan o no las costas.

En materia de personal la injusticia será no-toria, pues mientras que para un trabajador que reclame sus derechos laborales el litigio es sin costas en la jurisdicción social, el fun-cionario, al tener que litigar en la jurisdicción contenciosa, sabrá que si pierde el juicio de-berá pagar las costas del mismo.

En definitiva, lo que se pretende con esta medida es que el ciudadano se lo piense dos veces antes de entablar el litigio en esta ju-risdicción. Sin duda redundará en una dismi-nución de los procesos.

¿Supondrán las medidas de agilización procesal propuestas por el Gobierno una

JUSTICIA SÓLO PARA RICOS?

[14][14]C O N F E D E R A C I Ó NINTERSINDICAL [15][15]

...y compromiso sociopolítico.

rácter sociopolítico hace que seamos sensibles a todas aquellas cuestiones sociales que afectan a la clase trabajadora. Este es el motivo que hace que nos preocupe y trabajemos en la solución de problemas generales como el hambre, la enfer-medad, la ignorancia, el paro, la violación de los derechos humanos, de la infancia, de la mujer, la discriminación por género, etnia o condición, la explotación del individuo y de los pueblos, la gue-rra, el medioambiente...

El segundo aspecto que podemos ofrecer al con-junto de los movimientos sociales es nuestro mo-delo sindical asambleario y de proximidad para la difusión y la pedagogía entre la clase trabajadora de las luchas de los distintos movimientos socia-les. Una de nuestras características es la incorpo-ración de estos temas en nuestra acción sindical cuando visitamos los centros de trabajo.Para optimizar recursos y esfuerzos es imprescin-dible trabajar conjuntamente con los movimien-tos sociales. Por eso es importante crear platafor-mas unitarias y poder trabajar en red. A modo de ejemplo, en Mallorca funciona desde hace unos años l'Assemblea de Moviments Socials de Mallor-ca. Esta plataforma unitaria nació de la necesidad de entidades, organizaciones, colectivos y en-tidades sociales organizadoras del Fòrum Social de Mallorca con la intención de crear un espacio común de participación y colaboración. Uno de sus principales objetivos es recoger las luchas, estrategias, acciones y movilizaciones de los mo-vimientos sociales con la intención de mejorar la comunicación, articulación y favorecer el trabajo en red.

Otra de nuestras señas de identidad es nuestro carácter confederal, lo que hace que nuestros sindicatos estén profundamente enraizados en nuestras respectivas naciones o regiones. Esto hace orientarnos a una mayor participación en aquellas luchas o campañas de nuestros respec-tivos territorios pero, también, estamos siempre presentes en todas aquellas reivindicaciones que se producen fuera de nuestro territorio: en la de-fensa de los derechos de los pueblos oprimidos (Sáhara, Palestina...), por la paz, contra la pobreza y el hambre, contra el cambio climático, etc.

Lo que pretendemos, en definitiva, es que, como miembros de una sociedad globalizada, seamos personas conscientes y reflexivas de la realidad social para que, consecuentes con ello, actuemos para hacer realidad que “Un mundo mejor es posi-ble”. Para ello, cabe pensar globalmente y actuar localmente.

Una de las carac-terísticas del

modelo sindical de STAS Intersindical es nuestro

carácter sociopolítico, es decir, que además de reivin-

dicar la mejora de las condi-ciones laborales asumimos

la defensa de las cuestiones políticosociales que afectan a

la clase trabajadora, ya que for-mamos parte de una sociedad.

La defensa de los trabajadores no puede hacerse al margen de la po-

lítica.

Los sindicatos gremialistas, aquellos que sólo se ocupan de los intere-ses inmediatos de sus afiliados, nos acusan a los sindicatos que formamos la Confederación In-tersindical de estar politizados. Y es verdad, porque nadie, ni persona ni agente social, se puede desentender de la po-lítica. Pero no en un sentido partidista, porque nos deba-mos a las directrices de par-tidos políticos, sino porque entendemos que estar poli-tizado es querer participar e influir en la toma de deci-siones y en la gestión de lo público, lo que pertenece a toda la ciudadanía, tan-to en los territorios donde

actuamos como en el ámbito estatal y europeo. Nuestra independencia de cualquier

partido político es la garantía de que nuestra labor reivindicativa jamás es-tará condicionada.

Nuestro sindicalismo sociopolítico tiene que estar vertebrado a los movimientos

sociales de nuestros respectivos territo-rios. Las mejoras de nuestro entorno so-

cial afectaran de manera positiva a nuestro entorno laboral. Lo que nuestras organiza-

ciones pueden ofrecer a los movimientos sociales son, principalmente, dos cosas: la

globalidad y la difusión.

En cuanto a la globalidad, a diferencia del resto de movimientos sociales que surgen como modos de organización de colectivos que luchan dentro de un campo político más o menos concretos (fe-minismo, ecologismo, pacifismo...), nuestro ca-

[14][14] [15][15]C O N F E D E R A C I Ó NINTERSINDICAL100 x 100 públicos

Sentimientos asumidos y asimilados por el per-sonal empleado público, que hacen que no se muevan por nada ni por nadie:

1.- A pesar de que en la administración (cual-quiera, local, autonómica, nacional) existe un alto porcentaje de empleo precario entre un 20 y un 25% (personal interino y laboral tem-poral) y que por tanto por miedo a represalias no se mueven, existe un 75-80% de personal fijo, y por tanto con un puesto de trabajo fijo.

2.- En la reivindicación de nuestros derechos no sufrimos la presión que se sufre en la empresa privada, como por ejemplo en la petición de permisos (traslado de domicilio, enfermedad de pariente, días de asuntos propios y otros que no relaciono), las bajas laborales, la for-mación dentro del horario laboral, la dispo-sición de TIC, teléfono y otras prebendas que se tienen en algunos casos (fumar, almuerzo más largo, gestiones bancarias y otras) y que disfrutamos sin presiones en la mayoría de los casos, por estar reconocidas en las normas (al-gunas no, pero no vamos a entrar).

3.- Cobramos nuestros sueldos puntualmente sin retrasos y siempre antes de final de mes, aunque sea un día, frente a los retrasos que se sufren en el ámbito laboral privado e incluso donde se llega a no cobrar durante meses.

4.- La continua presión mediática que sufrimos, desde los medios de comunicación, la política, la sociedad, amigos y familiares, donde nos hacen ver que tenemos suerte de trabajar en la administración, de la que a ellos también les gustaría disfrutar, aunque esto solo se produ-ce en épocas de crisis, ya que en la época de bonanza, no recibíamos estos ataques.

Todo esto hace que nos creamos que somos unos privilegiados y lo más grave es que lo tiene asumido en una gran parte del personal.

Por otra parte nos encontramos con la degrada-ción que esta sufriendo constantemente la admi-nistración pública, desde todos los frentes:

1.- La privatización constante de una gran par-te de los servicios públicos, que hace que la falta de prestaciones y servicios asociados a la prestación del servicio público correspondien-te, de una mala imagen a la sociedad y sobre todo derivada de favoritismos a determinadas partes de la ciudadanía, y que la sociedad ob-serva injustamente de forma generalizada en toda la administración , a la vez que el coste de estos servicios se encarece y en muchas ocasiones ya denunciadas y demostradas, se

corrompe en todos los sentidos (prevarica-ción, cohecho, malversación, etc.), y que decir del acceso a los puestos de trabajo, donde no media ninguna de las garantías que se dan en la administración y sirven para compensar la labor de la afiliación de los partidos políticos y de los compromisos personales de los cargos políticos.

2.- Desprecio que muestran ciertos medios de comunicación (hoy en día son la mayoría) por el trabajo administrativo de la administración, donde nos acusan de no hacer nada, estar todo el día leyendo el periódico o navegando por Internet, y todo por que en algunos casos puntuales, se han descubierto estas actitudes en algunas funcionarias y funcionarios y, por supuesto, se han publicado y extendido a la totalidad del personal, y que por supuesto en todas las grandes empresas existen casos de personal que no realiza sus funciones y se de-dica a otras cosas, pero no por ello se crimina-liza a toda la plantilla.

3.- Los ataques que se reciben por parte de la ciudadanía. Ahora que estamos en crisis y ven que sus puestos de trabajo corren peligro y han visto reducidos sus ingresos, todo el mun-do mira con recelo al funcionariado que tiene un puesto fijo, sin pensar que este ha pasado unas oposiciones, que en algunos casos le han costado años de preparación, y solo aparecen públicamente las denuncias que hacemos los sindicatos cuando descubrimos irregularida-des en el acceso a la función pública, y dando la sensación que allí se entra sin más y que en todos los sitios se hacen las cosas igual. Tampoco se paran a pensar en que la mayoría de los sueldos esta por debajo de los 1000€, y creen que se cobra muchísimo más y que no se trabaja.

4.- Los cambios constantes por parte de los poderes públicos en cuanto a organización de la administración, creando confusión en la ciudadanía que por supuesto nos achacan al personal funcionario, como son los cambios de Ministerios, Consejerías, etc., los cambios de adscripciones orgánicas de diferentes de-partamentos etc., cambios de ubicación de centros de atención.

5.- La falta de defensa de los servicios públicos por parte del poder político, que ve su interés en privatizar la gestión a través de empresas públicas donde sus salarios no están tasados demostrando que lo que quieren es cobrar más que el propio presidente del gobierno, y no pongo ejemplos porque sería alargar este escrito. Critican cuando negociamos mejoras salariales, como si eso fuera lo único que nos

sentimientos

[16][16]C O N F E D E R A C I Ó NINTERSINDICAL

importa, haciendo hincapié en la falta de pro-ducción de la administración.

6.- Nos imponen la idea de que somos la clase media del país, y eso no es cierto. La media de los salarios en la administración no supera los 1500€ mensuales, por lo que por mucho que trabajemos en la administración inclusive la pareja, nuestras familias no tienen ingresos suficientes para considerarse clase media.

QUÉ HACER ANTE ESTOS PROBLEMAS

1.- Hay que realizar una defensa decidida de la administración pública y de los servicios públi-cos prestados por personal empleado público, frente a la privatización. Hay que defender la educación pública gratuita y universal, la sani-dad pública gratuita y universal, la seguridad, etc. y sobre todo al personal que trabaja en la función pública, ya que es el garante de la igualdad de prestación de servicios públicos en general.

2.- Hay que defender la dignidad de l@s trabajador@s públicos en su conjunto, no solo los más visibles como pueden ser el personal sanitario, educador, de protección de incen-dios y seguridad, sino a todo el conjunto, ya que todos somos necesarios, todo el personal sin excepciones.

3.- Hay que formar y educar para fortalecer el sentimiento de creerse necesario en la socie-dad, de la imposibilidad de sustitución me-

diante empresas privadas. Mostrar el caos que supondría no tener garantías en la prestación de servicios públicos, la imparcialidad que su-pone ser personal empleado público sin de-pendencia política y con la estabilidad laboral que hace perdurar los servicios públicos en el tiempo.

4.- Dignificar el trabajo desarrollado por todo el conjunto de la administración, así como el papel garante de los representantes sindica-les frente al cumplimiento de los derechos del personal, a la vez que de las obligaciones de cumplir con la legalidad por parte de los po-deres públicos en cuanto al acceso y provisión de puestos de trabajo, así como asignación de funciones y respeto.

CÓMO PODEMOS HACER ESTO

1.- Podemos incluir cursos de formación que incidan en todos estos temas, desde la pers-pectiva de la defensa y dignificación del tra-bajo público, cursos de autoestima, cursos de valoración de servicios públicos, cursos de or-ganización, etc.

2.- Realizar campañas dirigidas a la defensa de lo público en los centros de trabajo, ensal-zando la labor de las empleadas y empleados públicos, y extendiendo esta campaña a los usuarios de las administraciones públicas, hay que recordarles que el servicio que han reci-bido ha sido prestado por personal empleado público.

3.- Realizar campañas en los medios de comu-nicación, hay que dedicar parte de nuestros presupuestos a pagar si es necesario estas campañas, donde de manera sencilla se mues-tre la conveniencia de que los servicios públi-cos gratuitos y universales permanezcan pres-tados por personal empleado público.

4.- Obligar a los poderes públicos a realizar campañas semejantes desde todos los ámbi-tos, donde defiendan el trabajo y la dignidad del personal empleado público frente a los ataques que reciben. Hay que incluir en las mesas de negociación donde estemos presen-tes, puntos del orden del día donde se traten estos temas e intentar llegar a acuerdos en este sentido. Estamos cansados de ver como se hacen campañas públicas con publicidad en todos los medios de comunicación de aquellos temas que les interesa (AVE, infraes-tructuras, construcción de colegios y centros de salud, etc.) esto debe cambiar y nos deben incluir dentro de estas campañas.

5.- Hay que hacer nuevas formas de manifes-tación y reivindicación, utilizando las redes sociales, los correos, panfletos informativos, actos innovadores, performans, hay que in-tentar implicar a la sociedad en las reivindi-caciones, haciéndoles ver que son más suyas que nuestras.