Universidad del Salvador Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social Licenciatura en Periodismo Tesis monográfica Radio, interculturalidad y migraciones. Estudio de Caso: Radio Panamericana (FM 90.6) Realizado por: Catalina Neyra Directora de la Carrera de Periodismo: Lic. Ana Laura García Luna Tutora de la tesis monográfica: Prof. Lic. María Florencia Naudy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junio de 2017 [email protected]49197530 / 1543991964
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Universidad del Salvador
Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social
Licenciatura en Periodismo
Tesis monográfica
Radio, interculturalidad y migraciones.
Estudio de Caso: Radio Panamericana (FM 90.6)
Realizado por: Catalina Neyra
Directora de la Carrera de Periodismo: Lic. Ana Laura García Luna
Tutora de la tesis monográfica: Prof. Lic. María Florencia Naudy
RESEÑA ________________________________________________________________ i
8
INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia argentina los conceptos relacionados con la “identidad”, “lo
común” –en tanto compartido- o “lo argentino” se han forjado en una íntima relación con los
procesos inmigratorios que se llevaron a cabo en distintas épocas del desarrollo del país. No
obstante, como plantean Courtis y Pacecca (2008), estas construcciones discursivas
esconden complejas tensiones que han resultado en “una suerte de lectura épica de la
antigua inmigración europea (cristalizada como paradigma de civilización y desarrollo) y una
mirada estigmatizante de la inmigración latinoamericana, considerada invasora, “salvaje” y
depredadora de los servicios públicos y sociales.” (p. 7)
Una de las causas principales de este fenómeno se centra en las concepciones de
“Nación” y “Estado” que se impusieron durante el proceso de organización del país. Sin
embargo, las inmigraciones regionales –especialmente las de países limítrofes- han tenido
gran influencia en el desarrollo de la República Argentina, tanto en los ámbitos económicos y
políticos, como en los culturales. La migración boliviana es un caso paradigmático, debido a
que, aunque es la segunda colectividad migrante más grande que reside en el territorio
argentino1, ha tenido que afrontar sistemáticamente una fuerte discriminación por parte del
Estado y la sociedad en general. Dentro de un país que ha asentado sus bases políticas y
jurídicas en una Constitución Nacional que enarbola principios universalistas desde el
comienzo mismo de su Preámbulo2, no son pocas las ocasiones en las que se escuchan
testimonios de funcionarios/as públicos/as, representantes del pueblo y/o referentes de la
opinión pública que asignan a migrantes regionales, en general, y bolivianos/as, en
1 Según el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda 2010, la cantidad de personas nacidas en el
extranjero que residen en la Argentina es 1.805.957 (4.5% del total de habitantes). De esa población, el 30% es
de origen paraguayo (550.713 personas) y el 19% de origen boliviano (345.272 personas).
2 “Nos los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por
voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de
constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el
bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos
los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino: invocando la protección de Dios, fuente de toda
razón y justicia: ordenamos, decretamos y establecemos esta Constitución, para la Nación Argentina.”
(Preámbulo de la Constitución Nacional de la República Argentina, 1994)
9
particular, la responsabilidad sobre conflictos sociales complejos y multifactoriales, como el
narcotráfico, la trata de personas, o el desempleo.
Estas situaciones pueden enmarcarse dentro de lo que Pierre Bourdieu establece
como “luchas de las clasificaciones”. Es decir, las disputas por la construcción de las
representaciones posibles (por lo tanto, legítimas) del mundo social. En definitiva, por la
construcción de sentido:
Las luchas a propósito de la identidad étnica o regional, es decir a propósito de
propiedades (estígmatas o emblemas) ligadas al origen a través del lugar de origen y
las marcas permanentes que le son correlativas, como el acento, son un caso
particular de las luchas de las clasificaciones, luchas por el monopolio del poder de
hacer ver y de hacer creer, de hacer conocer y de hacer reconocer, de imponer la
definición legítima de las divisiones del mundo social y, por ello, de hacer y de
deshacer grupos: estas luchas tienen en efecto por apuesta el poder de imponer una
visión del mundo social a través de los principios de división que, cuando se imponen
al conjunto de un grupo, hacen el sentido y el consenso sobre el sentido, y en
particular sobre la identidad y la unidad del grupo. (Bourdieu, 2006, p. 170)
Los medios de comunicación constituyen, en las sociedades contemporáneas, un rol
protagonista dentro de estos conflictos, en tanto se conforman como territorios de disputa,
por un lado, y productores de discurso, por el otro. Al respecto, la investigación de Francisco
Arri (2006) ha podido dar cuenta de las formas de deslegitimación discursiva de los
inmigrantes bolivianos/as en los medios de comunicación tradicionales (La Nación) y el
discurso político institucional (representantes del Congreso Nacional de la República
Argentina).
Por otro lado, Alejandro Grimson (1999, 2003, 2005, 2007) y Sergio Caggiano (2002),
han realizado importantes aportes para entender los procesos de construcción de
identidades sociales de los/as inmigrantes bolivianos/as, tanto en la Ciudad de Buenos Aires,
como en la ciudad de La Plata. De igual forma, Mera y Sassone (2006) en su trabajo Barrios
de migrantes en Buenos Aires. Identidad, cultura y cohesión socioterritorial describieron
cabalmente lo que ellas llaman la “dimensión cultural” de esta migración:
su identidad cultural y étnica avanza dentro de la sociedad cultural y en el espacio
público: fiestas religiosas, comercios étnicos, periódicos y radios, restaurantes, entre
otros, dan cuenta de su decisión de visibilidad socio-espacial, superando las barreras
de la discriminación que pesan sobre esta colectividad. (pp. 3-4)
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Sin embargo, son escasos los trabajos enfocados en medios de comunicación
identificados con “lo boliviano” o con “la colectividad boliviana” en el país. Desde esta
perspectiva, esta tesis monográfica está destinada a indagar las prácticas territoriales,
culturales y discursivas en una emisora radial de la Ciudad de Buenos Aires, de modo de
analizar los mecanismos de identificación, junto con las articulaciones y vinculaciones con
distintos grupos referenciados organizativamente como la “colectividad” o “comunidad”
boliviana. El interés en el tema radica en la necesidad de realizar aportes para poder
entender cómo se construyen las identificaciones del medio de comunicación con “lo
boliviano”. Cuáles son los objetivos detrás de su creación; quién son los/as participantes
detrás de ella; cuáles son sus conceptualizaciones, discursos y percepciones respecto de
“una radio de la colectividad”.
Al mismo tiempo, también es preciso analizar las instancias involucradas con el
consumo e interpretación por parte de la audiencia de esta emisora. Cómo es percibida,
cuáles son los aspectos, características y mensajes asignados a “lo boliviano” desde el punto
de vista del consumo cultural. Qué instancias de articulación existen entre las audiencias y el
medio. Cuáles son las expectativas por parte de la audiencia alrededor de “una radio de la
colectividad boliviana”. Cuáles son las miradas, concepciones y creencias sobre el ser
paisano/a en Buenos Aires. Es decir, de qué formas se construyen los discursos que
delimitan la pertenencia y los signos de representación. Pero, principalmente, observar los
dispositivos detrás de un medio de comunicación que disputa dentro del territorio de la
opinión pública, por un lado, y al interior de un grupo social, por el otro, el poder de estar, de
hacer, de decir, de representar.
El caso seleccionado para la presente investigación es Radio Panamericana (FM
90.7). Esta estación fue fundada hace más de veinte años aproximadamente, por Natalio
Sillani y Reynaldo Apaza. El nombre original elegido fue Radio Gigante, en referencia a una
famosa FM oriunda de La Paz, Bolivia. Luego, hace siete años, la sociedad fundadora de la
radio se separó, pero la emisora siguió emitiendo contenidos en el mismo dial, bajo el
nombre de Radio Panamericana.
Para explicar la elección de este caso es preciso explicar algunas cuestiones
vinculadas con la migración boliviana hacia la Argentina. Si se analizan estos movimientos
poblacionales desde el SXIX (cuando se encuentran los primeros registros de residentes
bolivianos/as en el país) hasta la actualidad, se puede ver que los movimientos de migrantes
bolivianos/as hacia la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires comienzan a aparecer a
11
mediados del SXX. Sin embargo, en el caso de la jurisdicción porteña, la presencia de la
colectividad boliviana adopta una mayor y más consolidada presencia entre 1991 y el 2001.
El censo de 1980 mostraba que sólo el 8,8% de la población proveniente de países limítrofes
en la Ciudad había nacido en Bolivia, mientras que en el caso de la Provincia de Buenos
Aires los resultados arrojaban un 31,4%. Entre los censos de 1991 y 2001 es cuando se
puede ver un aumento considerable en la presencia de población de origen boliviano en la
Ciudad, que pasa del 12,5% al 21,5%.
Según Casanello (2014), en la Ciudad de Buenos Aires la migración boliviana:
Se concentró en los barrios del sur (…), fundamentalmente Villa Soldati, Villa Lugano,
Mataderos, Liniers y Flores. En estos barrios, los migrantes han construido fuertes
territorios étnicos donde mantienen y re-significan sus costumbres culturales y
refuerzan las redes sociales de trabajo y sociabilidad. (p. 80)
En efecto, la Comuna 8 (compuesta por los barrios Villa Lugano, Villa Soldati y Villa
Riachuelo) concentra la mayor cantidad de habitantes nacidos en un país limítrofe de toda la
ciudad. Mientras que el promedio de C.A.B.A. es de 7,1%, en la Comuna 8 el porcentaje
asciende al 15,1%3. En el caso particular de la Villa 20, ubicada en Villa Lugano, según los
datos del último Censo Nacional de 2010, de los 22.563 habitantes que residen allí, el 49,9%
no nació en la Argentina.
Al mismo tiempo, si se tiene en cuenta que la Villa 20 es el cuarto asentamiento más
importante de toda la urbe porteña, ya que en ella viven el 13,3% del total de residentes en
villas4, puede entenderse la relevancia y el interés investigativo en el caso seleccionado.
La presente investigación se enmarca, por un lado, dentro del campo de los Estudios
Culturales. En este sentido, se consideran las investigaciones realizadas por los/as
exponentes de la Escuela de Birmingham. Esta tradición inglesa, que se alimenta
fundamentalmente de las reflexiones propuestas desde el marxismo en los ámbitos de la
antropología y la sociología durante la primera mitad del SXX, plantea un abordaje desde lo
microestructural hacia lo macroestructural. El objetivo de ello es poder establecer lazos entre
lo cotidiano y los sistemas económico-sociales presentes. Es decir, la fundación de los
Estudios Culturales se asienta en la necesidad de establecer un objeto y una metodología
que estudie cómo “la conciencia de clase no puede desvincularse de las tradiciones
populares y de los recuerdos de una memoria colectiva que aporta transparencia
interpretativa a relaciones sociales y económicas más amplias.” (Muñoz, 2009, p. 8) De esta
3 Dirección de Estadísticas y Censos, Ministerio de Hacienda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015. 4 Dirección de Estadísticas y Censos, Ministerio de Hacienda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015.
12
manera, la atención es puesta en la cultura popular como punto de partida para analizar las
formas de decodificación, transformación y resistencia de la ideología dominante.
Por otro lado, la presente tesina está ligada a los trabajos sobre comunicación e
interculturalidad. Dentro de esta perspectiva, la comunicación intercultural se define como “el
proceso de interrelación entre actores sociales culturalmente distintos, y el proceso de
constitución o consolidación de esos actores sociales como tales.” (Caggiano, 2005, p. 32)
Es decir, estas concepciones no consideran los procesos de interrelación como situaciones
comunicativas específicas entre grupos culturalmente diversos, sino como territorios
discursivos en los que se articula “lo social”. Por lo tanto, en la presente tesina se concibe a
la comunicación como un proceso complejo, conflictivo. Origen y producto del conflicto
social. Como plantea Grimson (2007):
En el mundo intercultural hacer público, publicar, implica sólo parcialmente poner en
común. Si lo público es constitutivamente heterogéneo, si la comunidad es diversa,
sólo puede ponerse en común de manera contingente, a través de suturas que no
llegan nunca a ser clausuras. (p. 2)
De los conceptos desarrollados surge la hipótesis planteada por esta tesina, que es la
siguiente: es posible establecer relaciones entre las prácticas de Radio Panamericana (FM
90.7) y los procesos de identificación y representación presentes en la consolidación del
grupo social identificado como “colectividad boliviana” de la Villa 20 en Villa Lugano.
Los objetivos que se desprenden de la misma son:
• Analizar cómo se articulan las herramientas comunicativas mediadas en la
construcción de los discursos conformadores de grupos sociales migrantes.
• Conocer los mecanismos de organización, institucionalización y legitimación de
grupos identificados con “lo boliviano”.
• Describir el rol de Radio Panamericana FM 90.7 en los procesos de representación e
identificación con “lo boliviano” y la “colectividad boliviana” al interior de la Villa 20 de
la Ciudad de Buenos Aires.
• Estudiar las prácticas de producción e interpretación discursiva presentes entre Radio
Panamericana FM 90.7 y su audiencia.
Este trabajo final se encuadra dentro de la investigación cualitativa y está basada en
la tradición del estudio de caso como diseño de investigación. Su diferencia principal con los
estudios de caso intrínsecos es que permite en su abordaje la utilización de metodologías
inductivas y deductivas. Por un lado, se condujeron entrevistas en profundidad a
13
participantes de Radio Panamericana e integrantes de organizaciones sociales y culturales
identificadas con “la colectividad boliviana” en la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, se
llevó adelante una encuesta de tipo exploratorio y muestra no probabilística a vecinos/as de
la Villa 20 pertenecientes a grupos sociales identificados/as con “la comunidad boliviana”.
Estas ideas generales se desarrollan a lo largo de cuatro capítulos. Los primeros dos
se centran en el planteamiento del marco teórico y normativo. Por un lado, en el Capítulo I se
presentan y explican los elementos principales que configuran la tradición de La Escuela de
Birmingham, el desarrollo de los estudios culturales en América Latina y la Argentina y, por
último, se exponen las perspectivas sobre la comunicación, la cultura y la identidad sobre las
cuales se asienta la presente investigación.
Por otro lado, el Capítulo II se divide en dos partes. En la primera se lleva adelante
una historización y análisis de las políticas migratorias en el país desde los primeros
gobiernos patrios posteriores a la Revolución de Mayo, hasta la actualidad. Seguidamente,
en la segunda parte se muestran los procesos de organización y regulación del sistema de
medios de comunicación audiovisual en la Argentina, partiendo de 1920 hasta las últimas
modificaciones realizadas por el gobierno del presidente Mauricio Macri.
Luego, en el Capítulo III se presentan los elementos principales del marco
metodológico. La primera parte refiere a los conceptos y cuestiones que enmarcan los
procesos de reflexión epistemológica de esta investigación, a partir de los cuales se decide
situar el presente trabajo final dentro del paradigma interpretativo. Luego, en una segunda
parte hace una caracterización y explicación minuciosa del estudio de caso, herramienta
metodológica seleccionada para la realización de esta tesina.
Por último, en el Capítulo IV se detallan todos los aspectos referidos al estudio de
caso propiamente dicho. Primero, se establecen los puntos correspondientes al marco de
referencia. En este sentido, se hace una descripción histórica, demográfica y sociourbana de
la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires, la Comuna 8 y la Villa 20 del barrio Villa Lugano.
Luego, se plantean los aspectos concernientes al asentamiento, desarrollo y referencia de la
población inmigrante de origen boliviano en el sur de la Ciudad. En tercer lugar, se realiza un
recorrido alrededor de la conformación, desarrollo y consolidación de las radios identificadas
con “lo boliviano” y “la colectividad boliviana” en el éter porteño. Finalmente, se presenta y
caracterizan los aspectos principales del caso seleccionado para el análisis: la Radio
Panamericana FM 90.7).
14
En un segundo momento del cuarto capítulo se despliegan los elementos del diseño
metodológico, compuesto por las técnicas utilizadas durante el trabajo de campo: la
entrevista en profundidad y la encuesta de tipo exploratorio. De esta manera, se explican y
justifican las decisiones tomadas en este sentido y se especifican, en cada caso, los
lineamientos correspondientes al proceso de sistematización de cada una de las
herramientas de investigación utilizadas.
Para terminar, los resultados de la investigación se ven reflejados en el Informe Final
del Capítulo VI, divididos en seis apartados: “‘El Mañanero’: la línea editorial de Radio
Panamericana”; “Para no Olvidar”; “La radio de la colectividad boliviana. La radio en la
colectividad boliviana”; “La Radio y la práctica político territorial”; y “La radio y sus oyentes.
Resultados de la encuesta exploratoria”.
15
CAPÍTULO I
LOS ESTUDIOS CULTURALES
La aparición de los Estudios Culturales en las Ciencias Sociales está profundamente
vinculada con el viraje que distintas corrientes del marxismo propusieron dentro de los
campos de la antropología y la sociología durante la primera mitad del SXX, producto de los
debates en torno a la existencia, característicos de la época.
La consolidación de la sociedad de masas, luego del fin de la Segunda Guerra
Mundial, trajo consigo una concepción de la sociedad individualista y homogeneizadora,
frente a la cual el marxismo plantearía un abordaje que focalizara su objeto en lo cotidiano,
de modo de poder “recomponer el análisis de las condiciones objetivas de existencia
individual y social.” (Muñoz, 2009, p. 6) En este contexto, a diferencia del enfoque
macroestructural de la Teoría Crítica, o el estructuralismo francés, centrado en el consumo
como fundamento de la existencia colectiva, el marxismo inglés se afirmará en su tradición
literaria con el objetivo de “reconstruir el universo de la vida cotidiana.” (Muñoz, 2009, p. 6)
1. La Escuela de Birmingham
La Escuela de Birmingham nace durante la segunda mitad del SXX y va a continuar
el desarrollo llevado adelante por las corrientes marxistas alemanas y francesas durante la
primera mitad de siglo. Estas teorías críticas habían inaugurado una novedosa
reinterpretación de los postulados marxistas, al proponer una inversión en la dialéctica base-
superestructura para analizar el rol e impacto de los medios de comunicación de masas en
las sociedades de la época. Para estas corrientes de pensamiento la ideología dominante ya
no se construía de forma latente o implícita, sino a partir de su objetivación concreta con la
consolidación de industrias comunicativas complejas, tributarias al sistema capitalista de
producción y acumulación.
No obstante, el marxismo inglés, en contraposición con sus antecesores
continentales, plantea un abordaje desde lo microestructural hacia lo macroestructural, con el
propósito de establecer lazos entre lo cotidiano y los sistemas económico-sociales
presentes. Es decir, para los pioneros de los Estudios Culturales es necesario establecer un
objeto y una metodología que estudie cómo “la conciencia de clase no puede desvincularse
16
de las tradiciones populares y de los recuerdos de una memoria colectiva que aporta
transparencia interpretativa a relaciones sociales y económicas más amplias.” (Muñoz, 2009,
p. 8) De esta manera, la atención es puesta en la cultura popular como punto de partida para
analizar las formas de decodificación, transformación y resistencia de la ideología dominante.
Se puede ver cómo las interpretaciones y aportes de Louis Althusser y Antonio Gramsci a los
conceptos de ideología, hegemonía y poder serán centrales en la producción de esta
corriente de pensamiento.
1.1. La reconstrucción de “lo cotidiano”. De las relaciones económicas a las
relaciones culturales
Como se ha planteado anteriormente, la principal característica de las investigaciones
de la Escuela de Birmingham es la elección de un análisis microestructural de lo cotidiano,
en contraposición con los análisis macroestructurales de las instituciones y sistemas sociales
que venían llevando adelante otras teorías críticas. Este cambio en la mirada significa una
vuelta hacia los estudios de la realidad empírica, al contrario de las teorizaciones de la
sociedad, tradicionales en el marxismo ortodoxo.
El primer exponente de esta corriente de pensamiento, Edward P. Thompson (1977),
define los conceptos de “experiencia” en La formación histórica de la clase obrera. Inglaterra
1790-1832 a partir de una estrecha vinculación con el concepto de clase:
La experiencia de la clase está ampliamente determinada por las relaciones
productivas en el marco de las cuales han nacido o bien entran voluntariamente los
hombres. La conciencia de clase es la manera como se traducen estas experiencias
a términos culturales, encarnándose en tradiciones, sistemas de valores, ideas y
formas institucionales. (p. 8)
En este sentido, Thompson concibe “lo cotidiano” como el conjunto de experiencias
que componen y determinan la conciencia de clase. Es así como la cultura ya no sólo puede
ser pensada únicamente como un conjunto de valores, tradiciones, expresiones específicas,
sino como un elemento fundamental de la conformación de identidad de grupo en un
momento determinado de la historia.
Al mismo tiempo, es en y desde la cultura popular donde las clases populares
decodifican la ideología dominante, a partir de un rol activo en el que también construyen
resistencias y oposiciones. Como plantea Muñoz (2009), “el conflicto queda como eje del
estudio de la cotidianidad en la teoría thompsoniana.” (p. 13) La incorporación del concepto
17
althusseriano de “ideología” se ve claramente en este sentido, ya que el propósito del trabajo
de Thompson no es simplemente una enumeración o descripción de las prácticas culturales
de las clases populares, sino analizar cómo estas prácticas construyen una conciencia de
clase y, finalmente, ideología.
1.2. Materialismo histórico vs. Historia Social
Además de su especial atención hacia las prácticas culturales, la Escuela de
Birmingham inicia en el ámbito de las corrientes marxistas de pensamiento de la época
nuevas formas de investigación, al tomar el concepto de historia abierta trabajado
previamente por La Escuela de Chicago y llevarlo hacia la idea de Historia Social. Este giro
historiográfico no sólo se opone a una mirada academicista de la historia y la cultura, sino
que también discute con la historiografía marxista ortodoxa. Thompson propone un estudio
histórico interpretativo de la experiencia humana, frente a un análisis histórico de las
estructuras de dominación. Según Muñoz (2009), Thompson da cuenta de cómo “lo cotidiano
expresa los intereses, las experiencias sociales, tradiciones y sistemas de valores que
definen a una clase a partir de sus acciones y conciencia”. (pp. 10-11) De esta manera, la
experiencia cotidiana es pensada como el elemento mediador entre la realidad social y la
realidad histórica.
Sin embargo, es Richard Hoggart (1957) quien a partir de su libro The Uses of
Literacy demuestra de forma más cabal un interés por estudiar desde la sociología y la
historia a la cultura popular obrera. A partir de la observación y el análisis de los barrios
obreros industriales ingleses durante el inicio del capitalismo, intenta dar cuenta de cómo la
clase obrera construye una cultura propia, caracterizada por múltiples elementos religiosos,
organizativos, morales, etc., en oposición y resistencia a una burguesía incipiente que
comienza a ejercer un control hegemónico sobre ésta. Como explica Muñoz (2009):
Para Hoggart, la vida cotidiana explica mejor que ningún otro proceso, las
imposiciones de unas clases sobre otras. Pero también, y como afirmaba Thompson,
las resistencias ante el avance de una perspectiva de clase media que intenta
modificar las costumbres de los trabajadores en dirección de una integración en la
ideología economicista dominante. (p. 25)
En definitiva, el principal aporte de Hoggart, que se verá también en sus obras
posteriores, se encuentra en la recuperación del mundo obrero inglés durante la segunda
18
mitad del SXX, a partir de una “revisión historiográfica de la cultura de la vida cotidiana como
defensa ante el desarraigo del capitalismo” (Muñoz, 2009, p.26).
1.3. Materialismo cultural, cultura de masas y prácticas culturales
Luego del vasto desarrollo llevado adelante por Thompson, el teórico Raymond
Williams, más cercano a la crítica literaria, lleva adelante un trabajo que presta más atención
sobre la producción cultural y cómo la cultura de masas de las sociedades postindustriales
reivindica lo superficial por sobre lo profundo. Como explica Muñoz (2009), en las obras de
Williams
la cotidianidad es concebida como la retórica de lo superficial. Y en esa retórica, los
mass-media transforman las estructuras de la vida en estructuras de dispersión. La
dispersión se constituye en uno de los conceptos determinantes de la penetración de
la comunicación mediada en las existencias concretas de los ciudadanos. (p. 14)
En este sentido, el concepto gramsciano de hegemonía, que describe cómo opera de forma
latente el poder dominante a partir de la articulación de elementos políticos, sociales y
culturales será fundamental para Williams. Del mismo modo, tomará del teórico italiano el
concepto de conciencia dual para entender las tensiones en las que se relacionan la cultura
popular, las clases populares y la economía postindustrial. Con esta idea, Gramsci sugiere
que la conciencia de las clases populares está dividida entre el sentido común y los sistemas
de valores propuestos por los medios de comunicación de masas. (Muñoz, 2009)
Basado en estas dos cuestiones, Williams discutirá desde una perspectiva que no
puede eludir en la noción de cultura la dimensión de práctica y expectativa de la existencia:
la cultura es actividad cultural. De aquí su reformulación de un materialismo cultural,
que sea capaz de explicar la producción de la ideología desde la producción social,
pero sin simplificar como reflejo las posibilidades creadoras y artísticas de cada
formación histórica. (Muñoz, 2009, p. 16)
Se ve cómo, al igual que Thompson, Williams también considera la posibilidad de
plantear resistencias a la conciencia construida por los medios masivos de comunicación y la
conciencia dual. Sin embargo, Williams profundizará este concepto, al proponer la necesidad
de habilitar una participación real de las audiencias en la producción comunicativa, a partir
de un cambio en los valores difundidos. De esta manera, inaugurará el tema sobre el rol de
las personas en la interpretación y producción de los medios de comunicación de masas,
19
uno de los ámbitos de investigación más importantes de los Estudios Culturales. (Muñoz,
2009)
1.4. La Teoría de la Ideología: identidad, recepción y consumo cultural
El inglés Stuart Hall es quien profundiza en el campo de los Estudios Culturales los
problemas sobre la identidad a partir del viraje que propone, al profundizar sus estudios en la
recepción/consumo cultural y los efectos ideológicos de los medios de comunicación de
masas.
A diferencia de los anteriores exponentes de la Escuela de Birmingham mencionados
previamente, Hall define la cotidianidad no como análoga a la experiencia, ni dependiente de
la cultura de masas, sino como el conjunto de los discursos que otorgan sentido a las
prácticas específicas de una clase. (Muñoz, 2009) Esta concepción parte de recuperar la
noción antropológica de cultura, pensada como las formas que adopta la existencia humana
en un momento específico de la historia, al apropiarse de la naturaleza en función de sus
propias necesidades. La ideología, por lo tanto, es definida como “el efecto de
desplazamiento del libre desarrollo de la cultura humana.” (Muñoz, 2009, p. 20) De esta
manera, la existencia de una ideología dominante implica necesariamente la “negación del
libre desarrollo del individuo.”(Muñoz, 2009, p. 20) Si en las sociedades de consumo, este
último es el mediador de todas las relaciones, significados y valores de la existencia humana,
entonces la cotidianidad está sometida por el poder ideológico, producido, sostenido y
ejercido por los medios de comunicación de masas de forma manifiesta.
No obstante, si las prácticas comunicativas contribuyen a la producción de cultura y,
en definitiva, de ideología, estas prácticas no pueden ser consideradas de manera
generalizada. A partir de esta dinámica teórica, Hall es capaz de contraponer a las teorías
funcionalistas y neofuncionalistas un corpus de pensamiento distinto, que permite desarrollar
un modelo de públicos, ya que es central analizar el consumo/recepción de discurso por
clase para poder dar cuenta de la generación de ideología detrás de ella. Las personas
consumidoras de cultura, entonces, para Hall son sumamente activas y con sistemas de
valores y preferencias específicas. Pero no desde la mirada homogeneizadora del target
funcionalista y neofuncionalista, sino desde su pertenencia de clase y su posible
interpretación y resistencia a la ideología dominante.
Desde esta interpretación de ideología, el estudioso inglés incorpora también al
modelo de públicos los conceptos de campo ideológico y conflicto ideológico, al vincular la
20
identidad de etnia junto con la identidad de clase y la identidad de grupo. Para Hall, las
complejidades discursivas que compone la cotidianidad se materializan como conflicto
ideológico. Es decir, las múltiples tensiones presentes en las prácticas sociales de las
personas guardan una estrecha relación con las identidades con las que éstas se reconocen
(religiosas, étnicas, de género, de clase, etc.) en las sociedades postindustriales e
intervienen fundamentalmente en la construcción de su subjetividad. (Muñoz, 2009)
1.5. Audiencias, comunicación de masas y construcción de la realidad
A partir de la década de los setenta y ochenta, la Escuela de Birmingham,
consolidada en el Centro de Estudios Culturales Contemporáneos (Centre for Contemporary
Cultural Studies) fundado en 1964, centra sus investigaciones particularmente en tres
temáticas: vida cotidiana, medios de comunicación de masas y construcción de identidades.
Sin embargo, los análisis sobre los consumos culturales de audiencias serán especialmente
prolíferos. Exponentes como David Morley, Ana Kaplan, Angela McRobbie y Valerie
Walkerdine son algunos ejemplos de quienes integran esta segunda etapa.
Por un lado, los trabajos que ahondan en el concepto audiencia muestran ya un
alejamiento de la idea de receptor/consumidor presente en las investigaciones antes
mencionadas, que vinculaban esta noción a la pertenencia de clase. Este cambio guarda
relación con la consolidación de la Sociedad de Mercado, ya a fines del SXX, y el
fortalecimiento de la clase media que esta época lleva aparejado. Es así como se puede
observar la inclusión, por parte de estas nuevas investigaciones, de conceptos como clase
media, media-baja o media-alta. De esta forma, el foco de las investigaciones se centra en el
ámbito de lo doméstico y el consumo mediático asociado principalmente con el tiempo de
ocio, con un énfasis en la televisión. Por otro lado, los estudios de la cultura ceden el paso a
la aparición del análisis comunicativo de las subculturas a partir de la idea de identidad. En el
contexto de las sociedades de mercado postindustriales las grandes ideas como “cultura”,
“clase” e “identidad”, comienzan a ser reemplazadas por lo pequeño, lo múltiple, lo
perecedero.
La cotidianidad para esta segunda generación de la Escuela de Birmingham es
determinada por el consumo mediático. Y las audiencias son concebidas desde cómo los
medios las piensan, de forma fragmentada y aislada. En este sentido, los estudios culturales
feministas proponen de manera interesante una perspectiva que analiza producción,
consumo mediático y la situación de dominación de las mujeres.
21
Sin embargo, el abordaje metodológico de los estudios culturales a partir de los
setenta, caracterizado por el análisis discursivo según tipos de audiencia, el descarte de
otras formas de producción y consumo como cultura popular o alta cultura, en detrimento de
formas fragmentadas como las subculturas, o mismo la cultura masiva, dan cuenta de una
perspectiva que, a diferencia de los aportes fundacionales de la Escuela de Birmingham, no
discute los mecanismos de las sociedades postindustriales ni sus contradicciones
macroestructurales.
2. Los Estudios Culturales en Latinoamérica y Argentina
Los Estudios Culturales en América Latina y en la Argentina tienen su origen durante
los años sesenta y setenta. Éstos han aportado a lo largo de su desarrollo, no sólo una
correspondencia teórica y metodológica con otros estudios de la comunicación y la cultura,
sino también enfoques y contribuciones específicas, vinculadas con las particularidades
históricas, políticas, sociales y culturales de la región.
Según Grimson y Varela (2002) su aparición en el ámbito de las Ciencias Sociales de
la Argentina tiene un objetivo doble. En primer lugar, el desarrollo de herramientas
metodológicas y de investigación que permitieran analizar la producción de sentido en el
consumo/recepción cultural de las clases populares. En segundo lugar, “una búsqueda de
politizar la cultura y demostrar la relevancia de los procesos simbólicos para la política” (p.
153) Es decir, al igual que la tradición culturalista anglosajona, las corrientes de los Estudios
Culturales latinoamericanas surgen con una clara intención de establecer un debate dentro
del terreno académico desde el marxismo contra el paradigma funcionalista-conductista,
dominante desde mediados del SXX. No obstante, su principal propósito es recuperar “el
conflicto simbólico en su dimensión político-cultural” (Grimson y Varela, 2002, p. 156) a partir
del análisis de la recepción.
2.1. La constitución de un campo: los estudios sobre la recepción
Grimson y Varela (2002) explican la conformación del campo de estudios en
comunicación en la Argentina desde la aparición de tres corrientes de pensamiento, que
toman elementos para sus investigaciones principalmente de la sociosemiótica, la sociología
de la comunicación y el análisis cultural. Estas líneas de investigación son delimitadas por
22
los autores/as tomando en cuenta sus respectivas revistas: Lenguajes; Comunicación y
Cultura; y Crisis.
La revista Lenguajes propone desde su mismo título una orientación investigativa
fundamentada específicamente en una semiología sociológica o sociosemiótica. Sus
principales exponentes, Eliseo Verón, Juan Carlos Indart, Oscar Steimberg y Oscar
Traversa, establecerán a lo largo de su publicación una postura crítica de otras perspectivas
culturalistas, al definir como “su campo específico el de los ‘lenguajes sociales’, el campo de
la producción social de la significación, con un énfasis particular en las ‘comunicaciones
masivas’.” (Grimson y Varela, 2002, p. 155) De esta manera, plantearán una discusión
alrededor de la comunicación y la cultura contra cuatro formas de reduccionismos: el
contenidismo, el esteticismo, el tecnologicismo y el economicismo. (Grimson y Varela, 2002)
Se puede observar que para esta corriente investigativa el interés no está en la
recepción/consumo de las producciones culturales, sino en la decodificación y producción
social de significados en situaciones de comunicación masiva. A diferencia del segundo
grupo que, a través de su publicación Comunicación y Cultura, sí propone concretamente el
problema de la recepción.
En efecto, Héctor Schmucler, uno de sus principales colaboradores, discutirá con los
exponentes de la revista Lenguajes al argumentar la necesidad de que, para analizar las
múltiples significaciones sociales que construyen y otorgan sentido a partir y desde de las
distintas instancias de comunicación masiva, es central enfocarse en “las experiencias socio-
culturales de los receptores” (Schmucler, 1975, p. 12) Al respecto de este enfoque, se
observa el diálogo con las corrientes anglosajonas a partir de la utilización del concepto de la
experiencia, en contraposición con una orientación más cercana al estructuralismo asumida
por Lenguajes.
Por último, para Grimson y Varela (2002) la revista Crisis propone un abordaje que
sólo puede ser entendido desde las producciones y desarrollos en la Argentina de la época
alrededor del problema de “lo nacional”, en el marco de una discusión sobre el peronismo y
las interpretaciones marxistas sobre el peronismo:
Desde la llamada “línea nacional”, cualquier abordaje de los sectores populares
suponía la constitución de una “gnoseología propia”, una nueva epistemología que
superara la discusión entre ciencia y política y continuara la gnoseología de Raúl
Scalabrini Ortiz, Fermín Chávez, Arturo Jauretche y Juan José Hernández Arregui. Si
bien ninguno de estos autores aborda las problemáticas ligadas a los medios de
23
comunicación o a la contemporaneidad tecnológica, inauguran una concepción
historiográfica donde la identidad cultural propia y la reivindicación de un patrimonio
ignorado, una memoria histórica popular y la defensa de la creatividad popular, van a
configurar una matriz de análisis desde donde se comenzaron a incorporar otros
objetos. (pp. 156-157)
En este sentido, autores como Aníbal Ford sobre Homero Manzi (1971), Jorge Rivera
(1967 y 1968) sobre el folletín y Eduardo Romano (1971 y 1975) sobre los letristas de tango
orientarán su trabajo al análisis de productos culturales vinculándolos a la idea de “lo
nacional”, con el objeto de esbozar la existencia de un corpus cultural propio, ignorado por la
cultura de elite (Grimson y Varela, 2002). De alguna forma, esta corriente establece una
relación dialéctica en la cual los conceptos de “lo popular” y “lo nacional” son articulados en
contraposición con las miradas tradicionales y clásicas de la cultura argentina.
Por otro lado, se puede observar un diálogo más claro entre la tradición culturalista
anglosajona y el estudio sobre la manipulación del receptor que lleva adelante Heriberto
Muraro (1974) en su libro Neocapitalismo y comunicación de masas, en el cual discute
concretamente las premisas sostenidas por la tradición norteamericana de la Mass
Communication Research en sus investigaciones sobre la opinión pública, al plantear “la
necesidad de una teoría histórica de los medios de comunicación de masa que nos permita
explicar de manera sistemática en qué condiciones los hombres son convencidos o
persuadidos por ésta y en qué condiciones logran escapar a sus demandas (…)” (p. 101)
Como explican Grimson y Varela (2002), para Muraro el receptor de los medios de
comunicación
(…) no es un individuo ni una masa informe y la eficacia de la manipulación no puede
desprenderse de ningún análisis textual, ya que el problema de los sentidos que
surgen de la recepción de mensajes mediáticos es asociado a una posición en la
estructura social y a una dimensión ideológica. De allí que el concepto de público se
relacione con los de clase y nación. (p. 157)
La dictadura cívico-militar inaugurada el 24 de marzo de 1976 significará una clara
interrupción en el desarrollo de todo tipo de discusión sobre la cultura. No obstante, estos
debates encontrarán una continuación a partir de la década del ochenta, momento de
consolidación de los Estudios Culturales, tanto en la Argentina, como en Latinoamérica.
24
2.2. La consolidación de los estudios sobre la recepción
Como se plantea en el apartado anterior, durante la década de los ochenta se
observa el afianzamiento de los estudios recepcionistas en la región. En este momento
aparecen exponentes como Beatriz Sarlo, directora de la revista Punto de Vista y figura
central durante la década.
Hay que considerar el contexto de crisis del gobierno militar va a ser un factor
influyente en la reaparición de las investigaciones sobre la recepción dentro del ámbito
académico argentino. Oscar Landi, por ejemplo, en esa época piensa la recepción como “‘un
factor de diferencias, de múltiples espacios de resignificación de los mensajes’, vinculado a
la ausencia de un discurso político-cultural central.” (Grimson y Varela, 2002, p. 158) De esta
manera, la recepción de consumos culturales masivos es analizada por Landi en función de
cómo operan las instancias de la censura, propia de la dictadura militar, en una trama en la
que determinadas dinámicas de decodificación, interpretación y reconstrucción discursiva
que se vuelven necesarias durante las instancias de recepción, cuestionan “la supuesta
omnipotencia a la vez política y mediática.” (Grimson y Varella, 2002, p. 158) Al mismo
tiempo, este autor presenta un interés por el estudio del consumo mediático y sus cambios a
partir de la aparición de nuevas tecnologías de la información y las modificaciones de las
industrias culturales tradicionales. Este cambio en el planteamiento de problemas será una
característica que marcará la década en el área: “una creciente sofisticación teórico-
metodológica y desplazamientos en su componente político.” (Grimson y Varela, 2002, p.
158)
En un marco más general, si vemos la situación en Latinoamérica este afianzamiento
de los Estudios Culturales en la Argentina no sólo es compartido en muchos otros países de
la región sino que, además, es producto de puntos en común, articulaciones y diálogos con
diversos autores/as. Algunos ejemplos de estas referencias son el español y colombiano
Jesús Martin Barbero y el argentino Néstor García Canclini, quien reside en México desde
1976, donde ha hecho la mayor parte de su trabajo. El Seminario de la Comisión de
Comunicación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en Buenos Aires (AA.VV.,
1987) donde se propone como tema central de discusión “Comunicación y Culturas
Populares en Latinoamérica”, es un hecho donde se puede observar la condensación y
colaboración académica en el continente durante la década y en adelante.
En primer lugar, contra los críticos de los Estudios Culturales que señalan una
dilución política en sus abordajes, Martín Barbero plantea que dar cuenta de “lo cultural”
25
permite incluir al análisis cuestiones sobre la sociedad, junto con nuevos elementos y formas
de disrupción. Al mismo tiempo, a diferencia de las perspectivas informacionales de Paul F.
Lazarfeld, propone un nuevo enfoque metodológico que ubique el problema no en la
posibilidad o no de respuesta, sino en las mediaciones existentes en los procesos
comunicativos y en los modelos culturales. Este aporte de Barbero privilegia “lo popular”, ya
que considera que es ahí desde y donde se articulan las decodificaciones, articulaciones y
resistencias al discurso dominante. Por su parte, García Canclini expresa la necesidad de
incorporar en el problema de “lo popular” especialmente la cuestión del consumo, ya que “es
allí donde los bienes y mensajes hegemónicos interactúan con los códigos perceptivos y los
hábitos cotidianos de las clases subalternas” (Grimson y Varela, 2002, p. 159)
No obstante, con respecto a la cuestión de la hegemonía existen también tensiones y
desacuerdos. En este sentido, Beatriz Sarlo se aleja de estas hipótesis cuando expresa que
las investigaciones sobre la cultura popular “despojan a los medios masivos y a la industria
cultural del poder sobre individuos y sectores sociales que se les había dado en el momento
en que la teoría privilegió al emisor y el mensaje (…)” (Sarlo, 1987, p. 159)
Como se puede observar, la preocupación por el problema de la recepción no implica
únicamente la crítica a las posturas funcionalistas y neofuncionalistas de la comunicación,
sino el “reconocimiento de lo cultural” (Grimson y Varela, 2002, p. 159) a partir del interés
sobre “lo popular”. Desde este lugar, las alertas de exponentes de la época de no desviar los
estudios hacia un culturalismo despolitizado.
No obstante, durante la década de los noventa aparece una nueva etapa de los
Estudios Culturales, caracterizada por un desplazamiento de los estudios desde “la
recepción”, hacia “las audiencias”. Este giro se centra en dos cuestiones centrales. Por un
lado, se observa que la recepción se convierte en un objeto de estudio en sí mismo, a
diferencia del ámbito para estudiar la cultura popular. Por otro lado, la preocupación política
característica de la primera etapa cede espacio a una preocupación metodológica sobre
cómo abordar el análisis del consumo de nuevos medios de comunicación, especialmente, la
televisión. Sin embargo, los debates alrededor de este desvío en la corriente investigativa no
quedan cerrados, ya que muchas obras de esta etapa son fuertemente cuestionadas por
naturalizar los términos y lógicas de los medios de comunicación masiva y analogar el
consumo masivo de las audiencias como un acto de libertad o autonomía, sin considerar las
condiciones de producción. La obra de Oscar Landi, Devórame otra vez. Qué hizo la
televisión con la gente. Qué hace la gente con la televisión, es un claro ejemplo de esto.
26
2.3. Recepción y hegemonía
En conclusión, se puede decir que la aparición y consolidación de los Estudios
Culturales en América Latina y la Argentina están profundamente vinculados con la
necesidad de dar cuenta de cómo se articulan los mecanismos de producción de hegemonía
desde los medios de comunicación de masas. Según Grimson y Varela los Estudios
Culturales Latinoamericanos tienen como objetivo principal “la reposición del conflicto social”
(2002, p. 163).
Si los medios fueran omnipotentes, la coacción física simplemente habría sido
sustituida por la coacción simbólica. La clave, en cambio, es que el dominio simbólico
se constituye a través de hegemonías, de la imposibilidad radical de una
homogeneidad en la circulación de las significaciones, a través de una disputa
constitutiva por la apropiación del poder. (Grimson y Varela, 2002, p. 163)
No obstante, a lo largo de su desarrollo se observan perspectivas que se alejan de
los cimientos fundacionales culturalistas y centran su investigación en abordajes
metodológicos que dejan de lado este interés por la construcción de hegemonía para dar
paso al análisis de audiencias y la descripción de subculturas, tributarias a las lógicas de
consumo presentes en los medios de comunicación de masas, especialmente la televisión.
Sin embargo, en la Argentina también se llevan adelante luego de la década del
ochenta investigaciones que ponen el foco en la radio y las audiencias radiales, sin perder de
vista las condiciones de producción y acceso. La cordobesa María Cristina Mata es una de
las que inician este ámbito de investigación, que es continuado y fortalecido desde el campo
de la comunicación comunitaria y alternativa. Por ejemplo, en su trabajo sobre la memoria de
las clases populares y la radio, Mata pone en evidencia las tensiones existentes entre acción
de las audiencias y hegemonía mediática:
Para Mata las memorias de la radio dejan ver ‘rastros de heterogeneidad y
conflictividad del mundo popular y de la sociedad en general’, pero marcas débiles,
apenas aquellas que ‘admite la cultura masiva para construirse con radical
ambigüedad y para garantizar sus propuestas universales’. (Grimson y Varela, 2002,
p. 161).
Este trabajo de investigación es tributario de esos estudios e investigaciones e
incorpora también los desarrollos en torno al problema de la comunicación e
interculturalidad.
27
3. Comunicación e interculturalidad
Los estudios sobre comunicación intercultural pertenecen al campo de los Estudios
Culturales, cuyos lineamientos han sido descriptos a lo largo de este capítulo. Surgen a
finales de la década del cincuenta en los Estados Unidos, pero su consolidación como rama
investigativa en el país data de los años setenta. El antropólogo Edward T. Hall es uno de los
exponentes más importantes en el área y quien habla por primera vez del concepto de
“comunicación intercultural” en su libro The Silent Lenguaje (1959).
Por su parte, en América Latina pueden encontrarse antecedentes de esta corriente
de pensamiento a partir de los años sesenta. Sergio Caggiano (2005) destaca los
cuestionamientos a dos paradigmas presentes durante la época en la conformación de este
campo de estudio en la región: el del “contacto” y el de la “dominación”. De hecho, plantea
Caggiano (2005), los estudios sobre comunicación e interculturalidad comienzan a
proponerse como respuesta al desarrollo del mercado mundial de bienes culturales, las
migraciones masivas y la transnacionalización comunicacional, que hacen poner en
discusión las posibilidades de respuesta metodológica e investigativa de las perspectivas del
contacto y la dominación. Estos fenómenos, que se consolidan durante la segunda mitad del
SXX, problematizan “a su modo el contacto y la interacción con un ‘otro cultural’ que podía
venir desde ‘afuera’ de las fronteras nacionales, pero que podía también haber pertenecido
siempre al ‘adentro’” (Caggiano, 2005, p. 30)
Es así cómo, durante los últimos años los procesos migratorios internacionales han
sido una de las causas principales de estas investigaciones. Es cierto que, para muchos,
estos procesos no pueden ser pensados como tendencias novedosas, ya que han sido una
característica vital de la humanidad a lo largo de la historia. Sin embargo, las complejas
transformaciones políticas, económicas, sociales y culturales involucradas con la
globalización, llevan a otros a plantear la existencia de lo que llaman “migración
postindustrial”, en la que las dinámicas de origen y destinos migratorios se multiplican y
diversifican. De cualquier forma, la Comunicación Intercultural se convierte en una arista
específica de interés dentro del ámbito de las Ciencias de la Comunicación.
3.1. La comunicación: un proceso incompleto
Según Caggiano (2005), en esta corriente de pensamiento existen por lo menos tres
puntos de partida distintos para abordar el concepto de comunicación intercultural. En primer
28
lugar, las perspectivas que se basan en los aportes de la Sociología Fenomenológica y el
Interaccionismo Simbólico, aplican los conceptos de “intersubjetividad” y “mundo de la vida”
para pensar múltiples instancias de comunicación interpersonal como las bases
fundamentales de la construcción social de la realidad. Según Rizo García (2013) “la
reflexión se centra en las relaciones intersubjetivas y se otorga un rol relevante a los
elementos de negociación y de comunicación en la construcción social de los contextos de
sentido.” (p. 36) De esta manera, la relación dialéctica con un otro implica “la posibilidad de
que el otro entiende el mundo de una forma similar a como yo lo comprendo” (Rizo García,
2013, p. 37).
En segundo lugar, existe otro terreno de análisis que se centra en los medios de
comunicación de masas como espacios de producción y reproducción de significaciones que
delimitan “mayorías” y “minorías”. Según Caggiano (2005), los medios de comunicación
“llegan a ser fundamentales en el proceso de construcción de las alteridades sociales.” (p.
31) Estudiosos/as que han aportado en este sentido son Teun van Dijk y Stuart Hall, entre
otros.
Por último, el tercer punto de partida posible se plantea desde las instancias de
negociación y conflicto en la construcción del sentido dentro de la sociedad. Por lo tanto, la
comunicación intercultural desde esta perspectiva se define como “el proceso de
interrelación entre actores sociales culturalmente distintos, y el proceso de constitución o
consolidación de esos actores sociales como tales.” (Caggiano, 2005, p. 32) Es así como,
estas concepciones no consideran los procesos de interrelación como situaciones
comunicativas específicas entre grupos culturalmente diversos, sino como territorios
discursivos en los que se articula “lo social”. Por lo tanto, como plantea Caggiano (2005), “la
circulación dialogal y conflictiva resultará en representaciones divergentes acerca de las
clasificaciones sociales, y el cruce y encuentro de esos discursos estructurarán la percepción
y valoración de sectores y grupos como ‘propios’ o ‘ajenos’”. (p. 32)
En este sentido, cabe mencionar los aportes de Grimson (1999, 2003, 2005, 2007)
con respecto al concepto de comunicación. En principio, este autor plantea que la
comunicación en un mundo intercultural “tiene que ser pensada a partir de la coexistencia de
multiplicidad de códigos comunicativos, a partir de la heterogeneidad de las estructuras de
significación.” (Grimson, 2007, p. 1) Desde este lugar, establece una diferencia conceptual
entre el “contacto” y la “comprensión”. Por un lado, una situación de “contacto” se caracteriza
por la transmisión de significantes, pero esta transmisión no implica la asimilación e
29
interpretación de sus significados. Así, por ejemplo, durante una conversación entre dos
personas que se referencian y reconocen de culturas distintas, existe un contacto. Pero, si
en esa interacción no se comparte el mismo universo simbólico y significativo, no puede
haber comprensión entre ellas.
De hecho, según Grimson (2007) sólo en instancias donde existe un conocimiento
pleno sobre el otro puede haber comprensión y, en última instancia, comunicación. Sin
embargo, el conocimiento pleno sobre un sujeto u objeto tampoco es posible. Entonces, la
comunicación debe ser entendida desde la tensión existente entre múltiples universos
simbólicos distintos que, al interactuar, oscilan invariablemente entre el contacto y la
comprensión. Por lo tanto:
En el mundo intercultural hacer público, publicar, implica sólo parcialmente poner en
común. Si lo público es constitutivamente heterogéneo, si la comunidad es diversa,
sólo puede ponerse en común de manera contingente, a través de suturas que no
llegan nunca a ser clausuras. (Grimson, 2007, p. 2)
Estos razonamientos llevan necesariamente a rediscutir las ideas de cultura y,
específicamente, de “interculturalidad”.
3.2. El concepto de cultura e interculturalidad
Para situar los aspectos principales alrededor de la interculturalidad, Caggiano (2005)
parte de una mirada “comunicacional” de cultura propuesta por García Canclini (1982), quien
la define de esta manera:
[La cultura] es la producción de fenómenos que contribuyen, mediante la
representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a
comprender, reproducir o transformar el sistema social, es decir, todas las prácticas e
instituciones dedicadas a la administración, renovación y reestructuración del sentido.
(p. 41)
Al mismo tiempo, para el autor es necesario abordar en su complejidad la noción de
cultura junto con la idea de lo inter-cultural, de modo de no recaer en formas que
contrapongan “lo nacional” con “lo internacional”. Por esta razón, se vale de lo que Grimson
(2000) llama “campos de interlocución” para referirse a un “marco dentro del cual ciertos
modos de identificación son posibles mientras que otros quedan excluidos” (p. 41).
De este modo, Caggiano considera que “lo inter-cultural” no debe ser abordado desde
la relación entre culturas previamente definidas, sino a partir de “los dispositivos de
30
producción (y reproducción)” (2005, p. 33). Esta concepción parte de una noción de cultura
que, en contraposición con las creencias que la definen como un conjunto de aspectos
propios de un grupo definido y homogéneo, la entiende como:
Una forma de estructurar valores, deseos y prácticas, acciones y repertorios para la
acción, una forma de interrelacionarse y, fundamentalmente, una forma de concebir
los clivajes sociales y de imaginar las categorías identitarias. (Caggiano, 2005, p. 34)
Esta perspectiva toma lo esbozado por Frederic Jameson sobre el tema, cuando
sugiere que la cultura:
No es una sustancia o un fenómeno propiamente dicho; se trata de un espejismo
objetivo que surge de una relación entre, por lo menos dos grupos. Es decir que
ningún grupo “tiene” una cultura sólo por sí mismo: la cultura es el nimbo que percibe
un grupo cuando entra en contacto con otro y lo observa. (Jameson, 1998, p. 101)
En definitiva, abordar la “interculturalidad” requiere investigar los límites entre los
“marcos de significación” sobre los cuales se constituyen categorías y mecanismos de
identidad y pertenencia. (Caggiano, 2005)
3.3. El problema de la identidad
Por último, es preciso aclarar algunas cuestiones sobre el problema de la “identidad
social”. Por un lado, los estudios antiesencialistas proponen una mirada de las identidades
sociales como el producto de la relación con “la diferencia”. Sin embargo, en los últimos años
estas perspectivas han sido fuertemente cuestionadas debido a la vaguedad de estas
definiciones. Para empezar, Caggiano (2005) menciona lo dicho por Brubaker y Cooper
(2001), quienes resuelven sus discusiones a partir de la sustitución del término. En este
sentido, proponen la utilización de “identificación” y “categorización”, ya que poseen al
menos tres ventajas: no implican “connotaciones reificantes de ‘identidad’” (Caggiano, 2005,
p. 36); involucran la consideración de los sujetos concretos que realizan la acción de
identificación; y, por último, no infiere la existencia de homogeneidad o igualdad grupal
dentro de la acción de identificación. En suma, Caggiano (2005) sintetiza estas cuestiones
en “la oposición que ejercen a lo que los autores consideran una tendencia del término
“identidad” a tomar como axiomática la existencia de identidades como algo que se tiene.” (p.
36)
Otros autores/as, como Laclau (1998), Sodré (1999) y S. Hall (1996) utilizan también
el término “identificación”, pero toman elementos del psicoanálisis para resaltar la
31
contingencia y el movimiento constante de esta acción. En relación a este tema, Caggiano
(2005) cita a Laclau (1998) cuando explica:
Como la decisión que constituye al sujeto es tomada en condiciones de indecibilidad
insuperable, ella no expresa la identidad del sujeto (algo que el sujeto ya es) sino que
requiere actos de identificación; (…) estos actos escinden la nueva identidad del
sujeto: esta identidad, por un lado es un contenido particular; por el otro, encarna la
completud ausente del sujeto. (p. 119)
En consecuencia, se podría plantear que el concepto de identidad comprende:
El resultado de un proceso de reconocimiento que un actor social hace de sí mismo
como idéntico (similar, semejante) a otro y, consecuentemente, provee cohesión (que
no implica necesariamente conciliación) a un grupo social al que le confiere sentido, y
le brinda una estructura significativa que le permite asumirse como unidad.
(Caggiano, 2005, p. 38)
Esta definición implica un mecanismo que se establece desde “dentro” del grupo
hacia “afuera”, en su relación social. No obstante, es necesario mencionar el procedimiento
llamado por Romero (1987) identificación atribuida, por el cual a una persona se le atribuyen
en sociedad determinados aspectos que concluyen en una identificación determinada.
(Caggiano, 2005) Según el autor, esto también opera en la construcción de la identidad, ya
que es “aquello que el ‘otro’ piensa de ‘nosotros’ (y que) contribuye en mayor o menor
medida a definir ese ‘nosotros’” (Romero, 1987, p. 205)
Al mismo tiempo, Caggiano (2005) propone que la conformación de la “identidad”
presupone un sentimiento de colectividad, es decir la exaltación de los sentimientos de
pertenencia compartidos. De esta manera, completa su definición de identidad social como:
La pertenencia de ciertos actores sociales a un colectivo que los comprende, así
como la participación de tales actores sociales en el sostenimiento y redefinición de
parámetros de agregación de tal grupo, a partir de los cuales se definirá un nosotros
diferenciado de un ellos. (Caggiano, 2005, p. 38)
3.4. La identidad social como lucha por el sentido
Al contrario con otras visiones del problema, mirada de este autor sobre los procesos
de construcción de identidad concibe claramente en sus reflexiones las tensiones y disputas
por la hegemonía. No sólo desde un abordaje teórico, sino como una parte fundamental de la
conformación identitaria. Es así como cita a Vila (1993) al plantear que, debido a que la
32
identidad social y la subjetividad implican siempre la lucha por el sentido, éstas “son siempre
precarias y provisionales, contradictorias y en proceso” (Vila, 1993, p. 1). Sin embargo,
acompaña esto con los aportes de (Sodré, 1999), quien plantea la posibilidad de detectar
marcas identitarias en el tiempo, ya que pueden encontrarse “evidencias cristalizadas” de
estos procesos. De este modo, se puede concluir que la identidad no tiene una forma
específica, pero sí es el producto de una “continuidad recordada, y reinterpretada”
(Caggiano, 2005, p. 39).
En este marco de conflicto, se propone que la identidad social no puede considerarse
como algo cerrado o definitivo, debido a que eso que es excluido de lo propio no está
naturalmente fuera, sino que pertenece a una construcción. Por esto, “el proceso de
apropiaciones que describimos como identificación es el proceso de búsqueda de una suerte
de completud ausente” (Caggiano, 2005, p. 39)
33
CAPÍTULO II
MARCO NORMATIVO
Abordar una investigación desde el problema de la comunicación intercultural como lo
plantea la presente tesis, requiere establecer un recorrido que enmarque cabalmente los
contextos, debates y tensiones alrededor de la cuestión migratoria. En el caso de la
Argentina, la inmigración ha tenido una presencia fundamental, tanto en los procesos de
conformación del Estado Nacional, como en los discursos sostenidos hegemónicamente
alrededor de la “Nación” y “lo nacional”. Es por ello que, en este capítulo se dará cuenta de
los antecedentes, consolidaciones y modificaciones del marco normativo argentino, junto con
las estructuras institucionales presentes que han sido responsables de la regulación y puesta
en práctica de la política migratoria en el país a lo largo de su historia. Al mismo tiempo, será
fundamental describir los paradigmas que guiaron estos procesos, muchas veces
contrapuestos.
Por otro lado, para esta investigación es necesario, también, considerar los contextos
y discusiones jurídicas, políticas y sociales con respecto a los servicios de comunicación
audiovisual en la Argentina. Por esta razón, se propone en este apartado repasar
brevemente el plexo normativo concerniente a la regulación de lo que antes se llamaba
servicios de “radiodifusión”, para finalizar con una explicación de la situación actual en la que
se lleva adelante el presente trabajo.
1. Políticas migratorias en la Argentina
Los roles que ha tenido la inmigración a lo largo de la historia de la Argentina se han
estudiado por distintas disciplinas de las Ciencias Sociales como la geografía, la
antropología y la sociología, entre otras. Para empezar, Jorge Gurrieri (2016) caracteriza
sintéticamente el desarrollo de las políticas migratorias en la historia del país como:
Una continuidad en la aceptación de los aportes de la Inmigración Internacional, pero
con alternancia entre períodos de apertura y promoción de determinadas corrientes
migratorias con otros de mera regulación de los migrantes a partir de cierta selección
de quiénes pueden ingresar en períodos de relativa restricción al ingreso de
migrantes con determinadas características. (p. 137)
34
Lo cierto es que, como plantean también Courtis y Pacecca (2008), se puede
observar una diferenciación en el tratamiento de la inmigración regional y la de ultramar
durante los procesos de confección de política pública. Esta diferenciación se mantiene
presente y de manera explícita hasta la aprobación de la Ley de Migraciones (Ley N° 25.871,
2004).
Es por esto que, para analizar los recorridos históricos y planteamientos discursivos
en este sentido, se tomarán en cuenta las etapas que Gurrieri (2016) especifica en su trabajo
La evolución de las políticas migratorias en la Argentina. La primera incluye los procesos
desde los primeros gobiernos patrios posteriores a la Revolución de Mayo, hasta la
aprobación de la Ley de Inmigración y Colonización, conocida como Ley Avellaneda (Ley N°
817, 1876). La segunda se extiende desde 1876 hasta el Golpe de Estado en 1930. La
tercera abarca la llamada “Década Infame” hasta 1945, cuando se establece un cuarto
momento que incluye los dos primeros gobiernos peronistas, hasta el Golpe de Estado de
1955. Luego, la quinta etapa comprende los procesos desde 1955 hasta el retorno a la
democracia, en 1983. La política migratoria, enmarcada bajo la Ley General de Migraciones
y Fomento a la Inmigración, conocida como Ley Videla (Decreto-Ley N° 22.439, 1981),
durante los posteriores gobiernos democráticos (1983-2004), compone la sexta etapa del
análisis, que concluye con la política diagramada desde la aprobación de la Ley de
Migraciones (Ley N° 25.871, 2004).
A los efectos de la presente investigación, se incluirán también los aspectos
principales del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2017 (publicado en el Boletín Oficial
de la República Argentina N° 33.555 el 30 de enero de 2017), firmado por el presidente
Mauricio Macri, debido a que implica algunas modificaciones importantes de la ley vigente
que, en principio, dan cuenta nuevamente de un cambio en la política migratoria luego de
doce años.
1.1. 1812-1876. La inmigración como colonización territorial
El primer antecedente en relación a política migratoria puede ser recuperado luego de
la conformación del Primer Triunvirato, a partir de la creación de la Comisión de Inmigración.
La disposición correspondiente tenía como objetivo ofrecer protección “a los individuos de
todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”. Según
Gurrieri (2016) esta perspectiva, contrapuesta a la mirada restrictiva del gobierno colonial,
centraba en la población la clave del desarrollo económico y comercial. Es por esto que la
35
política migratoria durante esta época incluyó, también, mecanismos del acceso a la tierra y
al comercio.
No obstante, las guerras de la Independencia suspendieron este proceso, que fue
retomado en 1824 con Bernardino Rivadavia, Ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores
de Buenos Aires (1821-1824). Aquí se puede encontrar una diferenciación con respecto al
espíritu aperturista de los primeros gobiernos patrios, ya que el objetivo de restitución de la
Comisión de Inmigración en esta oportunidad es la promoción específicamente en Europa de
agricultores y artesanos. Rivadavia sanciona la Ley de Enfiteusis en 1826, que consistía en
posibilitar a extranjeros el usufructo de tierras públicas a cambio de un canon. Sin embargo,
Gurrieri (2016) menciona finalmente el fracaso de esta política, que culminó con la
apropiación de grandes extensiones de tierras en manos de terratenientes.
Al mismo tiempo, el autor realiza un especial énfasis durante esta época en los
debates llevados adelante por la Generación del ’37, para quienes el tema de la inmigración
es “uno de los elementos constitutivos de la futura Nación” (Gurrieri, 2016, p. 139). En
especial, destaca las posiciones de Juan Bautista Alberdi y Domingo Faustino Sarmiento. En
primer lugar, la postura de Alberdi, cristalizada en el lema “Gobernar es Poblar”, entiende a
la inmigración como un mecanismo para incorporar determinado tipo de prácticas y hábitos
culturalmente deseables, en correspondencia con un concepto de civilización que excluía de
plano a gran parte de la población que ya habitaba el territorio, como los pueblos originarios.
Esto, que muchos llamaron “teoría del trasplante alberdiana”, planteaba básicamente que
(…) lo primordial era la educación por las cosas que iba a provocar la inmigración; no
se necesitaba educación formal…sino fomentar nuevas prácticas que luchen contra la
ociosidad de las ciudades del antiguo régimen, fomentar una cultura con otras
capacidades. (…) En su pensamiento [esto] debía dar paso a una reconfiguración
gradualista de la sociedad en el marco de una república posible impregnada de cierto
tinte conservador. (Ferreyra, 2009, pp. 9-10)
En segundo lugar, Sarmiento establece un marcado énfasis en la necesidad de un
sistema de educación formal y pública, que permitiera consolidar en la práctica el ejercicio de
las libertades, no sólo individuales, sino también políticas. En este sentido, Ferreyra (2009)
explica:
Mientras Alberdi no quería (o temía) ampliar la instrucción formal y tampoco generar
aspiraciones en algunos sectores, Sarmiento buscó una alternativa: educar para
contener la concreción de aspiraciones de un modo racional, ordenado. Lo cual, tanto
36
para Botana como para Halperín Donghi, implica otro contraste con las ideas
alberdianas: la integración política y el cambio social no son para Sarmiento el punto
de llegada sino una condición previa de la formación de la república. (pp. 9-10)
Para Gurrieri (2016), algunos aspectos de estos debates se pueden observar con
respecto a la inmigración en la Constitución Nacional de 1853. En este sentido, aparece y se
afianza por segunda vez la explícita referencia a impulsar la inmigración europea. El artículo
25° es una evidencia cabal de esta diferenciación:
El gobierno federal fomentará la inmigración europea y no podrá restringir, limitar, ni
gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que
traigan por objeto labrar la tierra, mejorar las industrias e introducir y enseñar las
ciencias y las artes. (OIM, 1991, p. 38)
Con respecto a esto, Gurrieri (2016) resalta “la competencia privativa del congreso en
materia migratoria, así como que el gobierno federal ejercerá el poder exclusivo de autorizar
o negar el ingreso de los extranjeros al país.” (p. 140)
1.2. 1876-1930. La selección migratoria en la construcción del Estado Nacional
Esta etapa está marcada por la aprobación y puesta en práctica de la Ley Avellaneda
(Ley N° 817, 1876), aprobada por el Congreso de la Nación a partir de un proyecto enviado
por el, entonces presidente, Nicolás Avellaneda (1874-1880). La misma se corresponde con
las ideas alberdianas ya expuestas: promoción explícita de la inmigración europea;
establecimiento de objetivos de colonización territorial; desarrollo de las actividades agrícolas
y ganaderas; e incorporación de mano de obra.
Sin embargo, según Toutoundjián (1982) las condiciones internaciones que llevaron
al enorme éxodo desde Europa hacia distintas regiones de América, llevó al gobierno a
poner en marcha distintos mecanismos de entrega de tierras, a pesar de su interés por el
método de entrega gratuita y directa. Esto tuvo como consecuencia la concentración la
población inmigrante en centros urbanos del país, en contraposición con los objetivos antes
planteados.
Esta primera normativa fue reglamentada el 4 de Marzo de 1880 por un amplio
decreto, que enfocaba en “el fomento de la inmigración, con prescindencia de todo cuanto se
refiera a la policía de extranjeros en general.” (Gurrieri, 2016, p.142) La estructura
institucional que creó, junto con sus funciones y objetivos, establecieron un marco de
“puertas abiertas”, en correspondencia con la política previamente descripta. En este sentido,
37
lo que es importante destacar para entender en su complejidad la política migratoria detrás,
es la inmigración a quien estaba destinada. Es decir, la proveniente de Europa.
En las reglamentaciones y disposiciones complementarias posteriores se observa
una característica restrictiva y de control que, según Gurrieri (2016) tienen como objetivo la
selectividad en la inmigración permitida o deseable. El autor menciona como ejemplos de
esto la Ley de Residencia de Extranjeros (Ley N° 4.144, 1902), con la cual se faculta al
Poder Ejecutivo a prohibir la entrada y expulsar personas condenadas por tribunales
extranjeros, o “cuya conducta comprometiera el orden público.” (Gurrieri, 2016, p. 143) Por
otro lado, la Ley de Defensa Social (Ley N° 7.029, 1910), que establece en su Artículo 1° “la
prohibición del ingreso a los condenados por delitos comunes, anarquistas y demás
personas que preconicen la violencia contra las instituciones.” (Gurrieri, 2016, p. 143)
Finalmente, en 1923 se lleva adelante una segunda reglamentación de la Ley N° 817
a través de un decreto cuya función es la de legalizar los mecanismos de control
establecidos de hecho para la entrada y salida de migrantes. Al respecto, se destaca la
creación de la Dirección General de la Inmigración, “encargada de la aplicación de la ley y
sus decretos reglamentarios, atribuyéndoles el deber de ‘proteger la inmigración que fuere
honorable y laboriosa, y aconsejar medidas para contener la corriente de la que fuese viciosa
e inútil’.” (Gurrieri, 2016, p. 144)
1.3. 1930-1945. La consolidación de políticas restrictivas
Esta etapa inicia con el Golpe de Estado de 1930, comandado por el General José
Félix Uriburu, que derroca al presidente Hipólito Yrigoyen (1928-1930). A pesar de que la Ley
N° 817 no es derogada, en esta etapa consolida una política restrictiva y selectiva de la
inmigración, que discrimina básicamente en función del país de origen.
Según Gurrieri (2016), los endurecimientos de las políticas migratorias pueden
observarse en varios países latinoamericanos durante este momento y es fundamentado por
los gobiernos en las consecuencias de la Crisis de 1929. Así, “estas políticas tienen como
objetivo manifiesto proteger la mano de obra nativa de la competencia extranjera,
estableciendo la necesidad de seleccionar y regular la inmigración en base al país de origen
de los inmigrantes.” (p. 145)
En este sentido, cabe la explicación de Novick (2002) sobre cómo van cambiando las
políticas migratorias hacia la restricción, control y selección:
38
En la temática específica de la inmigración, las leyes otrora generosas y promotoras,
se transforman en restrictivas. En un principio argumentándose la necesidad de
controlar el estado sanitario de los inmigrantes y, luego, el no deseado contenido
ideológico que traerían aquellos expulsados desde sus países de origen por las
persecuciones raciales, políticas, religiosas; así como por una sangrienta guerra.
Posteriormente, la crisis económica tornará a los inmigrantes en potenciales
competidores de la mano de obra local, por lo que, obstaculizando su ingreso, se
intentará proteger el nivel de empleo interno y combatir la desocupación (Ley 12.331).
Por primera vez un texto jurídico pone en duda las bondades de la política
inmigratoria de puertas abiertas –elemento clave de la estrategia anterior-, y sostiene
la necesidad de buscar una nueva política, más acorde con las necesidades del
presente. (p. 8)
1.4. 1945-1955. La migración regional y la aparición de la política de amnistías
Este período comprende las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón
(1946-1952; 1952-1955), hasta el Golpe de Estado de 1955. Las políticas migratorias
durante esta etapa implican la derogación de algunas de las medidas restrictivas adoptadas
durante los años anteriores. Al mismo tiempo, se retoma el fomento selectivo de la
inmigración europea y se destacan la función colonizadora de la inmigración y sus beneficios
en el desarrollo económico del país. Sin embargo, la diferencia central de este momento es
que, por primera vez, se incluye en la política migratoria a la migración regional,
fundamentada específicamente en la idea de “integración latinoamericana”. Esto se cristaliza
con el inicio de una política de amnistías, que va a ser continuada interrumpidamente por los
gobiernos democráticos posteriores. Al respecto, Novick (2002) plantea:
La Constitución Nacional, vigente a partir de 1949 hasta 1956, contenía referencias
explícitas a algunos fenómenos demográficos. Respecto de las migraciones, su
artículo 17, establecía que ‘el gobierno federal fomentará la inmigración europea’. Por
su parte, el artículo 31 disponía que los que entraran al país sin violar las leyes
gozarían de todos los derechos civiles de los argentinos, y también de los derechos
políticos, luego de cinco años de haber obtenido la ciudadanía. El artículo 68 inciso
16 estipulaba como atribuciones del congreso promover la inmigración.
39
En relación con la política migratoria, la idea de integración latinoamericana es uno de
los argumentos que legitima la política de amnistías iniciada por los gobiernos
justicialistas, continuada por los gobiernos democráticos posteriores. (p. 10)
Por un lado, las políticas restrictivas de años anteriores, al contrario de su claro
espíritu de desincentivar la inmigración, tuvo como consecuencia el crecimiento de
inmigrantes irregulares en el país. Es por esto que, durante la primera administración
peronista se lleva adelante un proceso de regularización a partir del recurso de las amnistías.
Forman parte de estos procedimientos el Decreto N° 15.972 (1949), realizado junto con las
organizaciones no gubernamentales SOPROMITIS y la Organización Israelita Argentina
(OIA). Esta medida fue continuada por los Decretos N° 24.666 (1949), N° 12.369 (1950) y el
N° 25.950 (1950), los cuales, además de ampliar los plazos, incluyeron dentro de las
amnistías a la población migrante proveniente de países limítrofes.
Por otro lado, en materia internacional cabe mencionar el acuerdo firmado en 1953
con el Comité Gubernamental para las Migraciones Europeas (CIME), creado en 1951 por
algunos países europeos y latinoamericanos, Australia y Estados Unidos. Al mismo tiempo,
en 1947 y 1953 se firman también acuerdos binacionales con Chile para “facilitar e l
asentamiento de los ciudadanos de ambos países y la puesta en marcha de programas
fronterizos de inmigración temporal” (Gurrieri, 2016, p. 148). Según el autor, estos últimos
pueden ser pensados como un antecedente que reconoce “la existencia e importanc ia de la
inmigración limítrofe para Argentina.” (Gurrieri, 2016, p. 148)
1.5. 1955-1982. Entre la promoción selectiva y la selección restrictiva
Este período se caracteriza por una debilidad política e institucional y los sucesivos
derrocamientos a gobiernos elegidos democráticamente por Golpes de Estado militares.
Como resultado de esto, Gurrieri (2016) explica que la etapa:
Va a mostrar la evidente disociación entre la política destinada a la promoción (con
selectividad) de la inmigración europea y las políticas de selección, con carácter
restrictivo en general, que afectaron especialmente a las corrientes migratorias de los
países limítrofes, a la par de regularizaciones extraordinarias, a efecto de atender los
contingentes de migrantes irregulares. (p. 149)
De esta manera, se pueden observar los dos intentos de modificación de la Ley N°
817. El primero, a partir de los Decretos N° 3.909 (1957) y N° 418 (1958), con el objetivo de
retomar la idea de la colonización territorial como sentido y función principal de la
40
inmigración. El segundo, con el Decreto N° 10.790 (1958), que intenta vincular la inmigración
con la necesidad de mano de obra, en el marco del proyecto de desarrollo industrial
propuesto por el gobierno de Arturo Frondizi (1958-1962).
Al mismo tiempo, el Decreto Ley N° 4.805 (1964), ratificado posteriormente por la Ley
N° 16.478 (1964), y el Decreto N° 4418 (1965), que crea el Reglamento de Migración, le
otorgan a la autoridad migratoria una clara función policial, además de establecer criterios
para la admisión, permanencia y expulsión de inmigrantes. Como plantea Pacecca (1997):
Las disposiciones y funciones que establecen estos dos decretos dejan en claro que
el fomento de la inmigración ya es cosa del pasado. Ahora, la función primordial del
Estado respecto de la inmigración es controlarla mediante una detallada
especificación de las categorías de admisión y las obligaciones que conllevan. (p. 10)
Sin embargo, pueden observarse durante estos años, también, algunas políticas de
fomento selectivo de la inmigración europea, como la firma de convenios bilaterales con
países como España (1960), Bélgica (1960), y Francia (1964).
En el caso de la migración limítrofe, durante este período no se encuentra ninguna
política de fomento de la misma. Por un lado, los gobiernos militares de facto ponen en
práctica una clara desincentivación de este tipo de inmigración, lo que genera grandes
crecimientos de población migrante irregular. Por el otro, los gobiernos democráticos deciden
aplicar la herramienta de la amnistía para abordar el grave problema de la irregularidad
migratoria. Las tres amnistías llevadas adelante entre 1958 y 1974 regularizaron al 62% del
total de inmigrantes solicitantes de residencia durante el período. Sin embargo, ningún
gobierno democrático decidió modificar la normativa vigente.
Para concluir, este ciclo culmina con la sanción del Decreto Ley Videla (Ley N°
22.439, 1981) durante la última dictadura cívico-militar. Esta normativa se mantiene vigente,
con modificaciones, luego de la vuelta a la democracia durante más de veinte años, hasta su
derogación en el año 2004. Gurrieri (2016) la caracteriza de la siguiente manera:
La Ley Videla era violatoria de diversos derechos establecidos en la Constitución
Nacional. En su articulado se vulneran el derecho a la educación, a la salud, al
trabajo, a las garantías procesales, entre otras, que representaban una discriminación
de la condición social de las personas. Esta situación se agravará, como veremos, a
partir de la reforma constituyente de 1994. (p. 154)
41
1.6. 1983-2004. La política migratoria durante la Democracia bajo la Ley Videla
Esta fase incluye a todos los gobiernos democráticos posteriores a la sanción de la
Ley Videla (Decreto Ley N° 22.439, 1981), hasta su derogación y la sanción de la Ley de
Migraciones (Ley N° 25.871, 2004). A pesar de caracterizarse en general por sostener y
fortalecer en algunas cuestiones la política restrictiva de la normativa dictatorial, en el
transcurso de este período deben mencionarse momentos significativos, como la sanción de
la nueva Constitución Nacional en 1994, el establecimiento de criterios, como el de
“responsabilidad compartida”, a partir de la firma de diversos convenios bilaterales, y los
avances regionales que llevan a establecer un nuevo criterio de “nacionalidad”, compartido
por todos los países miembros y asociados del MERCOSUR. Todos estos hechos, junto con
el fortalecimiento en los últimos años de organizaciones de la sociedad civil, constituyen un
terreno que servirá como antecedente para la discusión de una nueva ley.
Particularmente, con respecto a estos años, es importante mencionar el Decreto N°
1434 (1987), a partir del cual el gobierno del presidente Raúl R. Alfonsín (1983-1989) pone
en vigencia el Reglamento de la Ley de Migraciones, con una perspectiva fuertemente
restrictiva, fundamentada en el momento de crisis:
Además de ser un instrumento operativo de la ley, permitió al Poder Ejecutivo la
fijación de una política restrictiva, limitando las residencias a los requerimientos de
migrantes calificados, sin considerar la situación de las migraciones desde los países
limítrofes. El contexto de crisis económica y laboral, por la que atravesaba el país fue
la razón señalada para la formulación de la política migratoria. (Gurrieri, 2016, p. 154)
Por otro lado, durante la primera presidencia de Carlos Saúl Menem (1989-1995) se
firma otro decreto reglamentario, el Decreto N° 1.023 (1994) y regulaciones internas con el
objetivo de establecer nuevos criterios para la regularización de inmigrantes, especialmente
en el acceso al trabajo. No obstante, en la práctica, “estos requisitos resultaban de difícil
cumplimiento para los trabajadores migrantes de los países limítrofes, por el tipo de actividad
en la que se insertaban y las condiciones de los mercados laborales” (Gurrieri, 2016, p. 155)
Dicho esto, como se menciona previamente, en 1998 se firman convenios bilaterales
con Bolivia y Perú, ratificados al año siguiente. Según Gurrieri (2016):
Estos convenios constituyeron una herramienta para la regularización de los
migrantes, buscando garantizar condiciones legales de la inserción laboral y en los
sistemas tributarios y previsionales. Implicaron cambios en el tratamiento de los
42
movimientos migratorios, desde una perspectiva unilateral a una bilateral, que pone
de manifiesto el compromiso de los gobiernos involucrados. (p. 156)
Sumado a esto, la reforma constitucional de 1994 que, entre otras cosas, incorpora
con rango constitucional a todos los tratados y declaraciones internacionales sobre Derechos
Humanos firmadas por la Argentina, significa un importante cambio en el plexo normativo
vigente.
En último término, en diciembre de 2002 durante la presidencia de Eduardo Duhalde
(2002-2003), se firma el Acuerdo sobre Residencia para nacionales de los Estados Partes
del MERCOSUR, Bolivia y Chile. Sobre el tema, Courtis y Pacecca (2008) destacan su
importancia a partir de “hacer de la nacionalidad un nuevo criterio de acceso a la residencia
regular.” (p. 44)
1.7. 2004-2016. Un nuevo paradigma: la migración como derecho humano
Para este ciclo Gurrieri (2016) incluye los últimos años, desde la aprobación de la Ley
de Migraciones (Ley N°25.871, 2004) hasta la actualidad. Como se explicó previamente,
hubo avances durante los últimos años de la década del noventa, tanto en materia de política
internacional, como en la política nacional, que se consideran antecedentes clave para la
redacción y aprobación de la ley vigente.
Al mismo tiempo, cabe destacar el proceso de su reglamentación, a partir del Decreto
N° 616 (2010), ya que es el producto de la articulación entre el Poder Ejecutivo, organismos
internacionales y organizaciones de sociedad civil:
El texto definitivo de la reglamentación es el resultado del trabajo conjunto entre el
Estado y organizaciones de derechos humanos, religiosas y órganos de Naciones
Unidas, como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), logrado mediante la
conformación de una inédita comisión asesora. Este paso fundamental para la
entrada en vigencia de la nueva normativa había sido solicitado también por
organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. (Benencia, 2012, p.
75)
Courtis y Pacecca (2008) destacan de la nueva ley la incorporación del derecho a la
migración como derecho humano y del derecho a la reunificación familiar. Al mismo tiempo,
plantea el derecho al debido proceso en situaciones de detención y expulsión. Es decir,
43
plantea la obligatoria intervención de la Justicia y prohíbe la actuación a partir de
prerrogativas administrativas. Por otro lado, las autoras destacan que:
Menciona expresamente como responsabilidad del Estado asegurar la igualdad de
trato a los extranjeros que se encuentran en situación regular, aunque reconoce, de
forma irrestricta y sin perjuicio de la situación migratoria, los derechos a la educación
–en todos los niveles y jurisdicciones- y a la salud. (Courtis y Pacecca, 2008, p. 45)
También, resaltan la incentivación de promover y difundir las obligaciones y derechos de los
migrantes en el país, la sugerencia para favorecer la integración de la población inmigrante
en el país y, como establece el Artículo 11°, “favorecer la consulta o participación de los
extranjeros en las decisiones relativas a la vida pública y a la administración de las
comunidades locales donde residan” (Courtis y Pacecca, 2008).
Con respecto al criterio de nacionalidad, Gurrieri (2016) subraya que:
Además de los ya tradicionales (lazos familiares, calificaciones profesionales,
inversiones a realizar, estudios y desarrollo de la actividad económica, entre otros) un
nuevo criterio basado en la nacionalidad de los nativos de los Estados Parte del
MERCOSUR, Chile y Bolivia, con autorización para permanecer en el país y
desarrollar cualquier actividad lícita, prorrogable con entradas y salidas múltiples. (p.
157)
En correspondencia con esto, en 2004 se puso en práctica el “Programa Nacional de
Normalización Documentaria Migratoria para extranjeros nativos de los Estados Parte del
Mercado Común del Sur (MERCOSUR) y sus Estados Asociados”, llamado popularmente
como “Programa Patria Grande”. Esta iniciativa, a diferencia de las políticas de amnistías, no
se plantea como una política coyuntural de corto plazo, sino que puede ser considerada
como una política de Estado:
El programa no es una amnistía, sino su aspiración es la de establecer una política de
estado, que regirá de ahora en más para los nacionales de los Estados señalados
que se encuentren en la Argentina y los que ingresen en el futuro. El Programa Patria
Grande significa para la Argentina, entre otras muchas cosas, dar un salto cualitativo
en el tratamiento del tema migratorio para dejar de verlo como una amenaza o como
un fenómeno y empezar a abordarlo como una política de integración, en este caso
de integración regional. (Alfonso, 2012, p. 75)
44
1.8. 2016-2017. Nuevos mecanismos restrictivos
Al respecto, para esta investigación se considera relevante caracterizar algunos
cambios realizados durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019) a la normativa
vigente. El Decreto de Necesidad y Urgencia N°70 (2017), publicado en el Boletín Oficial de
la República Argentina N°33.555 el 30 de enero de 2017, modifica parcialmente la Ley
N°25.871, estableciendo mecanismos que plantean un cambio en las políticas migratorias
sostenidas hasta la fecha.
En primer lugar, incluye a las razones de deportación antes tipificadas en la ley la
existencia de procesamiento, sentencia no firme o sentencia firme de cualquier delito, incluso
contravenciones y delitos menores, cuyas penas son excarcelables. También, instaura un
procedimiento de expulsión sumarísimo, en el que se imponen plazos de hasta 3 (tres) días
hábiles para las presentaciones, tanto de la Justicia, como de la persona extranjera. Al
mismo tiempo, establece que sólo pueden acceder a defensa gratuita personas que
demuestren no contar con recursos económicos, pero no describe el mecanismo por el cual
estas personas deben solicitar la misma. Este procedimiento de expulsión no sólo se crea
para los casos que involucran a personas en conflicto con la ley penal, sino también para
inmigrantes en situación migratoria irregular.
En segundo término, le otorga a la Dirección Nacional de Migraciones (DNM)
potestades nuevas, como la anulación de radicaciones otorgadas por causas penales sin
condena firme y el poder de decisión sobre excepcionalidades en situaciones de expulsión
(que, al mismo tiempo, le quita a la autoridad judicial correspondiente), entre otras. Cabe
destacar que, el derecho a mantener la unidad familiar con esta modificación ya no se
garantiza en todos los casos, sino que ahora es únicamente la Dirección Nacional de
Migraciones quien tiene la posibilidad de decidir si se considera en los casos de posible
expulsión.
En tercer lugar, establece plazos para solicitar la naturalización de inmigrantes que
modifican la Ley de Ciudadanía (Ley N°346, 1869). Este cambio contradice lo dictaminado
por el artículo 20° de la Constitución Nacional y la jurisprudencia sentada por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el caso Ni I-Hsing (2009).
La organización no gubernamental Amnistía Internacional (2017) planteó al respecto
lo siguiente en su informe Algunas consideraciones sobre la modificación de la Ley de
Migraciones (Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017):
45
En términos generales, el decreto 70/2017 introduce impedimentos concretos para el
ingreso y permanencia de migrantes en el país, acelera los trámites de expulsión
reduciendo las garantías procesales de las personas, vulnerando el derecho de
defensa; elimina la unidad familiar como condición para evitar la expulsión y restringe
el acceso a la nacionalidad argentina. (p. 1)
Por su parte, según se informa en el artículo periodístico de Ailín Bullentini, publicado
por Página 12 en su versión online el 20 de febrero de 2017, el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS), junto con la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (Caref) y
Colectivo por la Diversidad (Copadi) presentaron en el mes de febrero de 2017 un recurso de
amparo, con el objeto de declarar la inconstitucionalidad de la medida. Entre los argumentos
presentados en el escrito ante el Tribunal Federal en lo Contencioso y Administrativo N° 1,
se plantea la necesidad de nulidad del DNU N° 70 (2017) “por lesionar el conjunto de
garantías mínimas del debido proceso legal, el derecho a la protección judicial efectiva y al
acceso a la justicia, así como el derecho a la igual protección de la ley y a la no
discriminación y el derecho a la libertad ambulatoria.” (Bullentini, 2017)
Finalmente, se considera relevante mencionar dentro de esta etapa el acuerdo5 que,
según la Agencia Nacional de Noticias Télam (2016), el diario La Nación (2016) y el diario
Página 12 (Sebastián Abrevaya, 2016), la DNM realizó con el Ministerio de Seguridad de la
Nación y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 19 de agosto de 2016, con
el objeto de crear un centro de retención para infractores/as de la Ley de Migraciones. Sobre
el tema, el Subdirector Nacional de Migraciones Julián Curi emitió un comunicado el 29 de
agosto de 2016, en el que plantea que “la Dirección Nacional de Migraciones no construirá ni
creará cárcel alguna” (Dirección Nacional de Migraciones, 2016) y que el organismo público
había suscripto a un convenio con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para
la sesión de un inmueble, en cumplimiento del Artículo 29° de la Ley de Migraciones (Ley N°
25.871, 2004) -referido a los impedimentos para la regularización de la situación migratoria-.
Esta medida, según expone el comunicado, se toma debido a que “la norma impone que [los
inmigrantes que incurren en lo detallado por el artículo antes nombrado] deben ser retenidos
en instalaciones de las fuerzas auxiliares migratorias o donde lo disponga la DNM,
separados de aquellos detenidos por causas penales y en calidad de comunicados.”
(Dirección Nacional de Migraciones, 2016)
5 Al momento de la finalización de la presente tesis, no se pudo acceder al acuerdo indicado para su lectura y
análisis.
46
2. El sistema de medios de comunicación audiovisual en la Argentina
Analizar las estructuras normativas que han regido sobre el sistema de medios en la
Argentina sin considerar los aspectos políticos, económicos y sociales detrás de los
procesos de conformación de las mismas sería proponer un abordaje incompleto, debido a
que implicaría desconocer las condiciones de producción, distribución y consumo de las
industrias culturales. Sin embargo, no es propósito de esta investigación adentrarnos en
estas cuestiones, sino establecer un marco y un recorrido que nos permita dar cuenta de los
aspectos principales que han caracterizado la consolidación del actual sistema de servicios
de comunicación social en el país.
Por esta razón, se toman como base los trabajos presentes en el libro Mucho ruido,
pocas leyes (Mastrini et al., 2005) y el recorrido realizado por Analía Elíades (2003) en
Historia legal de la radio y la televisión en Argentina, para explicar brevemente las políticas
de medios llevadas adelante desde la aparición de la radio en la Argentina hasta la llegada
de la democracia y el gobierno de Néstor C. Kirchner (2003-2007). Luego, se considerarán
los análisis realizados por Marino, Mastrini y Becerra (2010) y por Becerra (2015 y 2017),
con el propósito de exponer los múltiples y complejos movimientos que se observan, tanto en
relación con los cambios políticos y normativos, como en las tensiones y disputas presentes,
desde el primer mandato de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011), hasta
las últimas modificaciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N°
26.522, 2009) con el Decreto N° 1.340 (2016), publicado en el Boletín Oficial de la República
Argentina N° 33.535 el 30 de diciembre de 2016.
2.1. 1920-1945. La consolidación del modelo comercial de radiodifusión en la
Argentina
Según Agusti y Mastrini (2005), durante estos primeros años pueden señalarse dos
etapas en relación con las políticas de radiofonía. En primer lugar, entre 1920 y 1930 se
observa cómo aparece y se afianza la radio como medio de comunicación de masas. El
Estado, en relación con esto, ocupará un rol de observador de estos procesos sin políticas
de intervención concretas, dando gran libertad al sector privado. En segundo lugar, los
momentos entre 1930 y 1945, para los autores/as, se caracterizan por la profesionalización
del medio y la fuerte presencia estatal, con “normas detalladas, específicas y censoras”
(Agusti y Mastrini, 2005, p. 50)
47
Las primeras leyes a tener en cuenta son la Ley N° 750 1/2 (sic) (1875), la Ley N°
4.408 (1904) y la Ley N° 9.127 (1913), creadas para la regulación del sistema de
telecomunicaciones (telefonía y telégrafo) y en las que no se preveía ningún aspecto
relacionado con la radiodifusión. Por otro lado, a pesar de que, tanto el Ministerio de Marina,
como el Ministerio del Interior otorgaron licencias, conforme a la normativa vigente en la
época, los permisos a las primeras radiodifusoras fueron otorgados en 1922 por la
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, debido a que el corto alcance de las señales
alcanzaba únicamente distancias dentro de los límites comunales. Es importante con esto
observar que las primeras radiodifusoras se asientan en la ciudad porteña. Esto, no sólo se
mantendría a lo largo de los años, sino que caracterizaría el sistema y la estructura mediática
de la Argentina, con una fuerte centralización de la producción de contenidos y asentamiento
de las grandes empresas de medios en la Capital Federal.
El 27 de marzo de 1924 se firma el primer decreto destinado específicamente a
regular la actividad de la radiodifusión. Según Elíades (2003), a partir de la lectura del mismo
se puede entender la concepción de la radiodifusión para el Estado y el sector empresario
como una actividad comercial. Al respecto, la autora plantea que:
Para encuadrar a los nuevos medios, los grupos empresarios, cierta doctrina y
jurisprudencia interpretaron –erróneamente a nuestro entender- que el artículo 67
inciso 12 [de la Constitución Nacional de 1853], actual artículo 75 inc. 13, que faculta
al Congreso Federal a reglar el comercio marítimo y terrestre con las naciones
extranjeras y de las provincias entre sí, comprende no sólo el intercambio y tráfico de
mercaderías, sino también el intercambio de comunicaciones. (…)
Ese entendimiento ha llevado a considerar a la radiodifusión en un segundo plano
respecto de la libertad de prensa, concepción que lleva a trastocar a la libertad de
prensa en libertad de empresa, entendiendo a la actividad como un servicio
meramente comercial. (p. 33)
Al mismo tiempo, en esta primera reglamentación se le otorga a los Ministerios de
Marina o de Interior, dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, la facultad de aprobar la
concesión de licencias y el derecho de inspeccionar las emisoras, clasificadas en dos
categorías: clase A (potencia de menos de 500 W en la antena) y clase B (potencia de más
de 500 W en la antena). (Elíades, 2003)
A partir de 1925 se puede ver cómo la radio comienza a crecer en influencia social,
política y económica, ya que el Estado decide fortalecer la regulación y control sobre los
48
contenidos y la distribución. Al respecto, se considera relevante mencionar la distribución por
primera vez de las bandas de frecuencia y longitud de onda específica por parte del Estado,
de modo de impedir las interferencias entre estaciones. (Elíades, 2003)
No obstante, es en 1929 cuando se redacta la primera detallada regulación del
servicio de radiodifusión del país. En esta normativa se prohíben la existencia y/o
funcionamiento de cualquier estación de radiodifusión sin previa autorización de la autoridad
competente (la Dirección de Correos y Telégrafos del Ministerio de Interior de la Nación), y
se establece un sistema de pago de cuota anual al Estado por el otorgamiento de las
mismas. En relación con los contenidos, se restringen los que no buscaran estándares
“altamente artísticos y culturales” (artículo 28°) y se menciona la publicidad, que según el
decreto debía incluirse moderadamente y de forma que no alterase la calidad de los
contenidos.
La década de 1930, caracterizada por las consecuencias del Golpe de Estado
encabezado por el General José Félix Uriburu, encuentra a la radio con un sistema de
financiamiento basado principalmente en la publicidad. No obstante, durante estos años se
observan también debates existentes con respecto a la elección del modelo que debía elegir
el país para su desarrollo. Por un lado, el modelo norteamericano, basado principalmente en
el financiamiento privado a través de la publicidad. Por el otro, el modelo británico, que
consideraba la radiodifusión como un servicio público y, por lo tanto, no aceptaba el
financiamiento privado. En este contexto, en 1938 el gobierno crea una comisión especial
para analizar la situación actual. Ésta es conocida como la Comisión del ’38. (Agusti y
Mastrini, 2005) En el informe final esta comisión se inclinó por “un sistema de radiodifusión
privado y centralizado, con intervención directa del Estado.” (Elíades, 2003, p. 37)
En relación con la normativa, el 16 de mayo de 1932 se sanciona la Ley N° 11.581.
La reglamentación de esta ley se conoció como el Reglamento de Radiocomunicaciones
(Decreto Reglamentario N° 21.044, 1933) y se lo considera el primer régimen de concesión
de licencias del país. En el mismo se exigía la acreditación de solvencia económica, la
radicación en el país y la presentación de antecedentes personales. Al mismo tiempo, en
este reglamento se incluyen artículos tendientes a desincentivar la concentración de
licencias bajo un mismo titular en la misma zona geográfica. Por otro lado, los artículos
correspondientes a los contenidos expresaban aspectos de censura explícita. Esta normativa
se mantuvo vigente hasta 1946.
49
La consolidación del sistema radial se produjo, según Agusti y Mastrini (2005), entre
1937 y 1941:
El sistema de redes de emisoras terminó de consolidarse en el período 1937-1941,
cuando las principales estaciones se agruparon en dos redes, encabezadas por LR1
Radio El Mundo y LR3 Radio Belgrano. En 1941 el gobierno completó la legalización
de esta situación cuando autorizó el funcionamiento de una tercera red encabezada
por LR4 Radio Splendid. (p. 42)
Luego, la década de 1940 se presenta como la época de esplendor de la radiofonía
argentina. En esta época se observa que “con la madurez económica del modelo comercial
de la radio, se forman las redes que resultarán fundamentales para el diseño de un modelo
comunicacional con centro productivo en Buenos Aires y distribución en el interior del país.”
(Mastrini, 2005, p. 50)
Como se mencionó previamente, en 1946 el Reglamento de Radiocomunicaciones es
reemplazado por el Decreto N° 13.474 (1946), el cual establece el “Manual de Instrucciones
para las Estaciones de Radiodifusión”. Esta normativa, al igual que la anterior, habilita
mecanismos explícitos de censura previa por parte del Estado y autocensura, al igual que
incorpora y detalla cuestiones relacionadas con la publicidad.
2.2. 1945-1955. La injerencia del Estado en el sistema de radiodifusión
Este período comprende las dos primeras presidencias de Juan Domingo Perón
(1946-1952; 1952-1955). Arribá (2005) utiliza los conceptos horizontalidad-verticalidad para
describir las políticas de Perón con respecto al Estado y con los medios de comunicación de
la siguiente manera:
Juan Domingo Perón modificó una realidad social de la época accionando desde una
política a través de los organismos del Estado –como una estructura horizontal-
afectando variables de la economía (para trasladarse de un modelo agroexportador a
un modelo de sustitución de importaciones) con la finalidad de generar una
distribución más igualitaria de la riqueza para toda la sociedad. Y como una
estructura vertical, el Estado conformó un monopolio de la información y un
monopolio de los medios de comunicación para consolidar la influencia en las masas.
Para poder llevar adelante este proceso, desde la implementación de políticas
públicas, Perón edificó dos conjuntos de políticas críticas: a) restricción de libertades
individuales en pos de alcanzar la igualdad de toda la sociedad y b) obstaculización
50
del principio político de división de poderes para poder centralizar y concentrar el
poder. (p. 72)
Interesan, especialmente, los dispositivos de verticalidad presentes en su política de
Estado, en general, y con respecto a la información y la comunicación, en particular. En este
caso, el autor destaca dos aspectos clave de la política peronista. Por un lado, la restricción
de libertades individuales (libertad de expresión, libertad de opinión y libertad de prensa) a
partir de diversas modalidades: expropiación y racionamiento discrecional del papel a los
diarios opositores; modificación del Código Penal para desincentivar la crítica pública;
declaración de estado de guerra interno y de estado de sitio; allanamiento y clausura de
diversos medios de comunicación social; la adquisición de talleres de imprenta y medios de
comunicación por parte del Gobierno; y la creación de la Comisión Bicameral Investigadora
de Actividades Antiargentinas, con el objetivo de controlar a la prensa gráfica. (Arribá, 2005)
Por otro lado, el otro aspecto clave a considerar en la política peronista es:
La conformación oligopólica del sistema de medios de radiodifusión fundado en un
conjunto articulado de normas. De esta manera aseguró el monopolio político de la
información centralizando el poder de la difusión en las figuras de Perón y Eva Perón,
en representación del gobierno. Y, asimismo, el gobierno respaldó un proceso de
concentración política y económica en la estructura de la propiedad de los medios ya
que la sanción de la primera Ley de Radiodifusión (Ley N° 14.241, 1953) inició la
plataforma ideal para lograr unos años después la primera concesión de licencias de
tres cadenas de radiodifusión –ya existentes- a licenciatarios que cumplieran con una
condición implícita en el llamado: corresponder a una estructura política
estatal/familiar que fuera incondicional a Perón. (pp. 74-75)
Sobre la Ley de Radiodifusión, Elíades (2003) destaca la definición del servicio como
de interés público, garantizado mediante el otorgamiento de licencias adjudicadas, previa
licitación pública por el Poder Ejecutivo Nacional (artículo 2°); el principio de subordinación
del interés particular al interés social, cultural, económico y social de la Nación (artículo 5°);
la definición del servicio oficial de radiodifusión dependiente del Poder Ejecutivo; el
mantenimiento de la censura a partir de algunas cuestiones presentes en su decreto
reglamentario (Decreto N° 25.004, 1953) establecidas previamente en el Manual de
Instrucciones para las Estaciones de Radiodifusión (1946); y, por primera vez, la disposición
normativa de la veracidad informativa y la necesidad de contraste de fuentes en su artículo
3°.
51
Por último, cabe destacar que durante esta época aparece en la sociedad argentina y
la televisión. El presidente Perón confió en el dueño de Radio Belgrano, Jaime Yankelevich,
la compra e importación de equipamiento desde Estados Unidos. Es así como, el 17 de
octubre de 1951, se llevó adelante la primera transmisión de televisión. El acontecimiento
elegido fue el acto político del Día de la Lealtad. En este sentido, es interesante resaltar lo
que sostiene Arribá (2005) cuando plantea que “si la radio se inició a partir de la iniciativa
privada (el mercado), la televisión lo haría a partir de la iniciativa pública (el Estado).” (p. 87)
2.3. 1955-1976. El afianzamiento del modelo privado en la radiodifusión argentina
Luego del Golpe de Estado de 1955 que derrocó el gobierno de Juan Domingo Perón
se declaró, a partir del Decreto N° 170 (1955), la nulidad de todas las adjudicaciones de
licencias otorgadas en el marco de la Ley N° 14.241 (1953). Al mismo tiempo, se designó
con el Decreto N° 686 (1955) la intervención de todas las empresas explotadoras de redes
en ese momento, pero con la salvedad de que “su ‘status’ jurídico institucional no se
modificaba” (Elíades, 2003, p. 42). De esta manera, “el gobierno de facto, a través de sus
representantes, administraría los bienes de las empresas, cuyos titulares quedaban
desposeídos de las mismas”. (Elíades, 2003. 42) Sobre este tema, Horvath (1986) plantea
que:
Poco a poco, las radios fueron cayendo en manos de empresas comerciales
constituidas expresamente para producir programas ante la incapacidad oficial al
respecto. El negocio fue transferido a esos productores privados rápidamente
enriquecidos por las ventajas que se les brindaban. (p. 22)
Más adelante, a partir de la firma y publicación del Decreto N° 5.572 (1957), fueron
derogadas la Ley N° 14.241 junto con su normativa complementaria. Previamente, en el
mismo año, se había creado la Comisión Administradora de Radioemisoras Comerciales y
LS 82 TV Canal 7 (Decreto N° 1731, 1957) con el objeto de administrar y explotar las redes
de radiodifusión.
En ese año se firma durante el gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu (1955-
1958) la norma conocida como Ley Nacional de Radiodifusión y Televisión (Decreto Ley N°
15.460, 1957) En la misma se consolida el régimen mixto (público y privado) de
radiodifusión. El servicio público, dependiente de la Secretaría de Estado de
Comunicaciones, en 1970 estaba integrado por dieciséis señales de la cadena LRA, Radio
Nacional, tres emisoras otorgadas a Universidades nacionales y cinco explotadas por
52
municipios. El servicio privado, por otro lado, era explotado por licenciatarios de señales, que
no podían acceder a una licencia de televisión y una de radio al mismo tiempo. (Elíades,
2003)
Por último, cabe mencionar durante estos años la aparición de la televisión privada en
la Argentina. En un comienzo, las primeras señales privadas fueron fundadas con aporte
financiero internacional: Canal 9, concesionada por la Compañía Argentina de Televisión
(CADETE), vinculada con la productora Emelco-Lowe y financiada por la NBS; Canal 13,
responsabilidad del empresario de medios Goar Mestre, respaldado por la CBS y el grupo
Time Life; y Canal 11, cuya inversión correspondía a la, también norteamericana ABC. No
obstante, entre 1965 y comienzos de la década del setenta el ingreso de los capitales
nacionales correspondientes a Alejandro Romay (Canal 9), Editorial Atlántida, propiedad de
la familia Vigil (Canal 13) y Editorial Sarmiento, propiedad de Héctor Ricardo García (Canal
11), significó la retirada de la participación extranjera en el sistema de televisión argentino.
(Elíades, 2003)
La Ley Nacional de Radiodifusión y Televisión (Decreto Ley N° 15.460, 1957), a
través del Decreto Reglamentario N° 5.490 (1965), establece los objetivos de los servicios y
marca pautas de contenido que debían ser fiscalizados por el Consejo Nacional de Radio y
Televisión (CONART). Elíades (2003) considera que en esta normativa se puede dar cuenta
del establecimiento de mecanismos de control por parte del Estado y autocontrol a las
emisoras privadas. Al mismo tiempo, en los Artículos 6° y 7° del decreto reglamentario, la
autora encuentra restricciones a la libertad de expresión, ya que “se ordena que en los
programas de crítica o artística o literaria no podrán usarse las exposiciones como
instrumentos de publicidad y propaganda ideológica” (Elíades, 2003, p. 45).
En relación con el otorgamiento de licencias a través de concursos públicos, la autora
plantea que un aspecto central de la normativa en este sentido era la prohibición de
monopolios de emisoras. Incluso, luego de la instalación progresiva de canales en el país
que actuaban como repetidoras de las emisoras de Buenos Aires (situación no prevista por
la ley), se decide con la Ley N° 17.282 (1967) establecer modificaciones que permitan la
existencia de estaciones repetidoras de radio y televisión, con la condición de que no se
afecte el principio de individualidad de las licencias. “En fin, al menos, en lo formal jurídico, el
sistema era estrictamente antimonopolista” (Elíades, 2003, p. 46)
Finalmente, el 10 de octubre de 1973, dos días antes del inicio del tercer mandato
presidencial de Juan Domingo Perón, se establecieron los vencimientos de todos los
53
permisos y, el 1 de octubre de 1974 se realizó la estatización definitiva de todo el sistema.
(Elíades, 2003)
2.4. 1976-1983. El sistema de medios durante la última Dictadura Cívico-Militar
El 24 de marzo de 1976 se instauró a fuerza de la violencia y el autoritarismo el
llamado “Proceso de Reorganización Nacional”. Las cúpulas militares establecieron, según
Postolski y Marino (2005), una política comunicacional manifiesta, que:
Buscaba la conformación de un consenso que le permitiera llevar adelante sus dos
acciones fundamentales: la lucha represiva contra todo lo que ellos definían como
subversivo y la implementación de un nuevo patrón de acumulación, basado en la
valorización financiera. (p. 182)
Según los autores, los mecanismos utilizados para llevar adelante estos objetivos
fueron la censura, el control de los medios de comunicación y organismos de control, la
dependencia económica a partir de dos maneras destacas: la pauta publicitaria oficial, el
establecimiento de condiciones diferenciadas, autorización discrecional de subsidios y otras
formas de financiamiento dudoso en el sistema de medios, que convirtieron a muchos
actores privados en aliados de los gobiernos de facto durante estos años. (Postolski y
Marino, 2005)
En 1980 la dictadura sanciona la Ley de Radiodifusión (Decreto-Ley N° 22.285,
1980), vigente durante los siguientes diecisiete años de democracia (con algunas
modificaciones), hasta la aprobación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
(Ley N° 26.522, 2009). Elíades (2003) toma la caracterización realizada por Damián Loreti de
la misma:
La mencionada norma, tal como la califica el Dr. Damián Loreti, resulta centralista en
exceso, autoritaria y discriminatoria. Centralista, porque toda su aplicación está
ceñida al Poder Ejecutivo o a organismos dependientes de él (COMFER -Comité
Federal de Radiodifusión- o Secretaría de Comunicaciones).
Autoritaria, en tanto su propio articulado limita el funcionamiento de los medios –y la
información transmitida- a las necesidades de la seguridad nacional.
Discriminatoria en la medida que excluye de la facultad de ser permisionario a toda
entidad legal que no sea una sociedad comercial regularmente constituida. (p. 47)
El decreto-ley fue reglamentado por el Decreto N° 286 (1981), a partir del cual se crea
el Plan Nacional de Radiodifusión (PLANARA), que consistió en llamados a concurso para la
54
adjudicación de frecuencias para distintos tipos de servicios y en varias zonas del país. Cabe
mencionar, entre otras cosas, que con esta normativa se llevó adelante la “renovación
automática de licencias anteriores a la ley, con lo cual los propietarios de las emisoras
actuantes se vieron beneficiados con quince años más de titularidad.” (Elíades, 2003, p. 47)
2.5. 1983-2002. Gobiernos democráticos y el Decreto-Ley N° 22.285 (1980)
Luego del retorno a la democracia, el presidente Raúl R. Alfonsín (1983-1989) firmó
el Decreto N° 1151 (1984) en el cual se suspendió la convocatoria a todos los concursos
públicos para la adjudicación de licencias, hasta la aprobación de una nueva ley de
radiodifusión e intervino el COMFER. Sin embargo, no fue sino hasta el 2009 que se aprobó
una nueva normativa, producto de la organización y el reclamo de cientos de organizaciones
de la sociedad civil, universidades, sindicatos de trabajadores/as de los medios de
comunicación y medios alternativos y comunitarios. Durante todos los años en los que este
decreto estuvo vigente, cualquier ciudadano de la Argentina con intensión de acceder a una
frecuencia del espectro radioeléctrico tuvo coartada esta posibilidad en el plano legal.
Este impedimento jurídico, que luego del 2009 siguió existiendo en mayor o menor
medida por distintas causas, llevó al surgimiento de múltiples emisoras de baja potencia, la
mayoría de Frecuencia Modulada (FM) que, debido a su situación de exclusión frente a la
ley, se definieron como “libres”, “comunitarias” o “alternativas”. En un intento por indagar
acerca de las razones que llevaron a la existencia de estas radios, Elíades (2003) menciona
tres hipótesis planteadas por Uranga y Pasquini Durán:
a) que “…se trata de una reacción social por insatisfacción contra la homogeneidad
de los medios tradicionales, combinada con fuerte vocación participativa”.
b) que “…hay una nueva valoración de la idea vecinal, comunitaria, con una vigorosa
tendencia autonómica, que busca crear círculos cerrados, ajenos a la lucha por el
poder piramidal”.
c) que resulta “…una cierta combinación de la ‘cultura alternativa’, hasta ahora
marginal y subterránea, con las formas de comunicación que ofrece la tecnología
moderna”. (p. 48)
En este contexto, en 1989 se sancionó la Ley de Reforma del Estado (Ley N° 23.696,
1989). Esta legislación facultó al Poder Ejecutivo Nacional para que regularizara a las más
de dos mil emisoras que, para ese momento, funcionaban en la clandestinidad. De esta
55
manera, el Poder Ejecutivo emitió el Decreto N° 1.357 (1989), a partir del cual comenzó a
registrar las emisoras de frecuencia modulada.
Sin embargo, uno de los aspectos más destacables de esta norma es que inauguró
un período de fuerte privatización del sistema de medios. Junto con la declaración de
emergencia administrativa en los entes estatales y la orden de intervención de las empresas
del Estado, presentes en la Ley de Reforma del Estado, se instó también a la privatización
de todos los medios administrados por el Estado, a excepción de Canal 7, Radio Nacional
Buenos aires, Radio Difusión Argentina al Exterior y las emisoras integrantes del servicio de
radiodifusión. (Elíades, 2003)
Asimismo, en 1991 se ordenó con el Decreto N° 859 (1991) la clausura de todas las
radios de frecuencia modulada, con el correspondiente llamado a concurso para la
explotación de las licencias. No obstante, debido a las múltiples demandas judiciales que
recibió el COMFER posteriormente a esta medida, se determinó que el llamado a concursos
era impracticable y se planteó la necesidad de realizar previamente un Plan Técnico de
Frecuencias. (Elíades, 2003) A pesar de intentos realizados durante estos años, el Poder
Ejecutivo no produjo ninguno. Al respecto, plantea Elíades (2003):
La omisión del Estado Nacional al no dictar las normas necesarias para permitir la
explotación de la totalidad de frecuencias que se pudiera en el ámbito de su territorio,
hace una transgresión del art. 13 inc. 3 del Pacto de San José de Costa Rica, de los
tratados internacionales vigentes, como el de la UIT, y constituye una velada práctica
de censura por restringir el derecho a dar y recibir información. (p. 50)
Al mismo tiempo, es relevante tomar en cuenta las modificaciones realizadas en el
Decreto-Ley N° 22.285, ya que estas fueron las que posibilitaron la conformación de
multimedios, a partir de la legalización de mecanismos de concentración, antes prohibidos:
Insistimos en resaltar que este nuevo escenario se conformó a partir de la reforma de
tres artículos de la Ley 22.285 original, y fue hasta el momento la 23.696 la única Ley
que logró cambiar el régimen de radiodifusión:
- el artículo 45 inc. e), que impedía ser titulares de licencias a las empresas
periodísticas nacionales;
- el artículo 46 inc. a), que obligaba a las empresas de servicios de radiodifusión a
tener como objeto exclusivo la actividad radiodifusora;
- el artículo 46 inc. c), que establecía un límite de veinte personas físicas como
integrantes de las sociedades radiodifusoras. (Elíades, 2003, p. 52)
56
Por último, se comenzó a flexibilizar la norma que limitaba la titularidad de licencias
de radiodifusión a argentinos nativos o naturalizados con más de diez años de residencia en
el país en los dos casos. En este sentido, la firma de tratados bilaterales de promoción y
protección recíproca de inversiones fue un mecanismo utilizado para sortear este
impedimento. La razón principal fue que, con la Constitución Nacional de 1994, se
incorporaron en el Artículo 75° inc. 22 los tratados internacionales firmados por la Nación.
Por lo tanto, a partir de 1995, el COMFER comenzó a facilitar el acceso a personas jurídicas
y físicas de origen de los países que firmaban acuerdos bilaterales con la Argentina.
2.6. 2002-2008. El sistema de medios luego de la Crisis de 2001
Martín Becerra (2015) habla de dos fases a partir de las cuales se pueden analizar la
concentración de medios en la Argentina: una expansiva y una defensiva. La primera
corresponde a las dos presidencias de Carlos Saúl Menem (1989-1995; 1995-1999) y la
presidencia de Fernando De la Rúa (1999-2001). Como se explicó en el apartado anterior,
las modificaciones al Decreto-Ley N° 22.285 (1980) posibilitaron la privatización del sistema
de radiodifusión, favoreciendo a grupos nacionales. Luego, se permitió el ingreso de
capitales extranjeros. En este sentido, Becerra (2015) plantea que “la cualidad extranjerizada
y financierizada de la concentración fueron indicadores de que los medios cotizaban tanto
por su influencia político-cultural, como por su función económica.” (p. 149)
La segunda fase descripta por el autor incluye el período entre 2002 y 2008. Un
ejemplo bien claro de estos años de defensiva es la apodada “Ley Clarín” (Ley N°25.750,
2003). Luego de la crisis del 2001, se diagramó desde los conglomerados de medios y el
Estado una normativa para preservar “las condiciones patrimoniales, concentradas y
centralizadas en pocos grupos, que caracterizaba al sistema de medios.” (Becerra, 2015, p.
150) No obstante, el Estado defendió la misma con argumentos de defensa y protección de
las empresas nacionales, en el contexto de la crisis imperante.
La definición de la etapa 2002-2008 como de “concentración defensiva” del sistema
de medios explica, por ejemplo, que ni el gobierno nacional ni los provinciales o
municipales – huelga señalar que de distintos colores políticos – auspiciaran la
apertura de la competencia del lucrativo mercado de televisión por cable, que en la
regulación heredada de la Dictadura era considerado “servicio complementario” y
hubiera estimulado una dinámica distinta de haberse promovido la concurrencia de
57
otros actores en ese segmento que es el más importante económicamente en el
sistema de medios. (Becerra, 2015, p. 151)
Al mismo tiempo, otro ejemplo de estos años está representado por la renovación
automática de las licencias televisivas a Clarín y Telefónica a partir del Decreto N° 527
(2005), firmado por el Presidente Néstor C. Kirchner (2003-2007). Cabe aclarar, como
plantea Becerra (2015), que “mientras tanto, las organizaciones sin fines de lucro
continuaban proscriptas del acceso a licencias audiovisuales, lo que contravenía el derecho
a la comunicación y la tradición que vinculaba la libertad de expresión con los derechos
humanos” (p. 153). En este contexto, en 2004 se había conformado la “Coalición por una
Radiodifusión Democrática”, conformada por organizaciones de la sociedad civil, sindicatos
de trabajadores/as de los medios de comunicación, redes de medios de comunicación
comunitarios, exponentes académicos en la materia y organizaciones de derechos humanos.
En el marco de la misma, se había llegado al acuerdo de veintiún puntos para modificar el
paradigma político, jurídico, económico y social del sistema de medios argentino. Becerra
(2015) destaca, entre ellos:
El derecho al acceso a licencias de radio y televisión por parte de actores no
lucrativos en el marco de una concepción de la comunicación como derecho social, la
promoción de la diversidad, la no gubernamentalización de los contenidos ni de la
gestión de los medios del Estado, la necesidad de restringir los niveles de
concentración de la propiedad, la no discriminación de la asignación de la publicidad
oficial. (p. 157)
Por estas razones, luego de las exigencias de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, se sancionó la Ley N° 26.053 (2005), que permitió el acceso a licencias por parte de
personas físicas y jurídicas sin fines de lucro. Sin embargo, al no abrirse posteriormente
concursos para materializar este derecho, no afectó la composición y estructura del sistema
de medios.
Por otro lado, Néstor C. Kirchner inició también una etapa de fortalecimiento del
Sistema Público de Medios, que contó con financiamiento, renovación de la grilla de Canal 7
y la creación de una señal de televisión pública dependiente del Ministerio de Educación de
la Nación: Canal Encuentro. No obstante, será durante los mandatos de la presidenta
Cristina Fernández de Kirchner (2007-2011; 2011-2015) que se potenciará mucho más al
Estado como emisor.
58
2.7. 2009-2015. Sanción y aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual (Ley N° 26.522, 2009)
Luego de la asunción a la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner en 2007, se
puede observar un giro paradigmático en la política de medios sostenida hasta el momento.
Marino, Mastrini y Becerra (2010) explican este cambio luego de la llamada “crisis con el
campo”:
En aquel momento los grandes medios apoyaron el lock out agropecuario iniciado a
partir de los cambios en la aplicación de retenciones móviles a las exportaciones de
granos y oleaginosas. Este hecho marcó el inicio de una conflictiva relación del
gobierno nacional con el Grupo Clarín y con otros grandes medios, situación que se
agudizaría tras el envío al parlamento de un proyecto de nueva ley de medios
audiovisuales. (p. 16)
Aquí, es preciso retomar lo dicho previamente sobre la conformación de la “Coalición
por una Radiodifusión Democrática”, que según Becerra (2015) había ocupado un lugar
clave en la discusión:
Su plataforma tuvo eco en varios partidos políticos y en otras organizaciones no
ligadas al campo de la infocomunicación. Pero la discusión, inédita, se amplió recién
a partir de 2008 cuando el gobierno de Cristina Fernández elevó la cuestión de los
medios al centro de la agenda política. (p. 158)
De esta forma, se puede entender, por un lado, la intencionalidad política en el
gobierno de turno a la hora de presentar el proyecto de ley. No obstante, cabe destacar que
en el proceso de redacción, presentación y aprobación de la misma entraron en juego
múltiples actores/as, quienes aportaron al debate una mirada múltiple, diversa y plural sobre
la problemática.
La sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N° 26.522,
2009) es extremadamente relevante, debido a que es la segunda vez en la historia de la
Argentina que un gobierno democrático aprueba una normativa integral sobre radio y
televisión. Marino, Mastrini y Becerra (2010) describen la normativa de la siguiente manera:
La ley cultiva una raigambre democrática toda vez que garantiza la libertad de
expresión, levanta la veda que existía para que las organizaciones no lucrativas
puedan participar como emisores en una sociedad aludida como “de la información”,
reduce el poder del Ejecutivo (que hasta hoy controlaba directamente la autoridad de
aplicación de la ley mediante un interventor), establece mecanismos que dificultan la
59
constitución de oligopolios altamente concentrados, defiende a las radios y los
canales pequeños de localidades de provincias y exige cuotas de producción local a
todos los operadores del sistema. Sus objetivos proponen avances como: crear una
autoridad de aplicación federal, autárquica y con miembros de las minorías políticas
parlamentarias; establecer reglas que impiden la propiedad cruzada en el mercado
audiovisual (TV abierta y de pago), permitiendo así que nuevos actores se sumen al
mercado; y prohibir a las telefónicas detentar licencias de medios, evitando así la
monopolización eventual del sistema por operadores muy poderosos. (p. 16)
A pesar del gran avance que significó su aprobación, dos cuestiones principales
entorpecieron e impidieron su aplicación plena posteriormente. En primer lugar, la
presentación por parte del Grupo Clarín de una medida cautelar el mismo año de su
aplicación, que suspendió el cumplimiento de unos pocos, pero importantes aspectos de la
normativa. Esta contienda judicial continuó hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, quien en octubre de 2013 falló finalmente por la constitucionalidad de la misma. En
segundo lugar, las políticas llevadas adelante por los gobiernos de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner.
Con respecto a esto, Martín Becerra (2015) resalta los aspectos más problemáticos
de las gestiones encabezadas por la ex presidenta:
La ausencia de concursos, la falta de información fiable sobre quiénes son los
licenciatarios, el guiño del gobierno para que la desconcentración se realice entre
accionistas y allegados (estrategia fronteriza con el testaferrismo) de todos los grupos
excepto Clarín (…), el sobreactuado oficialismo de los medios estatales, la inyección
de recursos para promover políticas carentes de controles sociales y políticos, se
combinan para desatender la democratización prometida. (p. 161)
A los efectos del presente trabajo, cabe mencionar especialmente lo marcado por el
autor en referencia con la titularidad de licencias a entidades sin fines de lucro:
Además, lejos de concretar la paulatina entrega del 33% de frecuencias del espectro
radioeléctrico para su gestión por parte de actores sociales sin fines de lucro (una de
las mayores innovaciones de la ley audiovisual), la mayoría de los medios
autorizados a funcionar tras la sanción de la ley son emisoras estatales. La ley exige
que la política audiovisual se organice tomando como referencia la elaboración de un
plan técnico de frecuencias. Esta información, esencial para conocer cuántas
frecuencias hay en cada localidad y cuántas están ocupadas y disponibles, no ha sido
60
construida por el gobierno a cuatro años de sanción de la norma. La ausencia de este
indicador elemental entorpece toda posibilidad de avance en la concreción del 33%
para actores no lucrativos. (Becerra, 2015, pp. 161-162)
2.8. 2016-2017. Modificaciones en la normativa vigente.
Desde la asunción a la presidencia en 2016, se pueden observar en las políticas
comunicacionales de Mauricio Macri (2015-2019) la intención de llevar adelante cambios
drásticos en el sistema de servicios de comunicación audiovisual y de telecomunicaciones.
Esta intención se puede constatar, entre otras cosas, con la publicación del Decreto de
Necesidad y Urgencia (DNU) N° 267 (2015) y el Decreto N° 1340 (2016), a partir de los
cuales, según Becerra (2017), se intenta retrotraer la estructura regulatoria al 2008.
El contexto es complejo, debido a que los avances tecnológicos y las modificaciones
en la configuración y entramado de las industrias culturales en la Argentina han llevado a la
aparición de nuevos problemas, actores/as y desafíos. Sin embargo, no es objetivo de esta
investigación dar cuenta de estos interrogantes, sino enmarcar brevemente el contexto
político y normativo en el que se encuentra el sistema de servicios de comunicación
audiovisual.
Por un lado, con el DNU N° 267 (2015) el Poder Ejecutivo estableció modificaciones
en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Ley N° 26.522, 2009) y en la Ley de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Ley N° 27.078, 2014). Entre otras, se
puede mencionar la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) para
reemplazar a las autoridades de aplicación respectivas en cada normativa (Autoridad de
Servicios de Comunicación Audiovisual – AFSCA -, y la Autoridad Federal de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones – AFTIC –). Con respecto a este tema, Becerra (2016)
repara en la preocupación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
sobre el hecho de que la mayoría de los integrantes del ENaCom “son designados por el
presidente, quien (…) puede además remover a todos (incluso a la minoría designada por el
Congreso) ‘sin expresión de causa’”. Asimismo, en una intención declamada por la nueva
gestión de posibilitar y fortalecer un futuro de convergencia de los servicios
infocomunicacionales, esta regulación estableció modificaciones que redundan en “la virtual
eliminación de los topes a la concentración” (Becerra, 2016)
Por otro lado, el Decreto N° 1340/2016 que, según Becerra (2017), pretendía “corregir
aspectos centrales de la regulación dispuesta (…) por el Decreto de Necesidad y Urgencia
61
(DNUs) 267/15”, esta nueva regulación, entre otras cosas, permitió para 2018 a empresas de
telefonía la posibilidad de brindar servicios de televisión por cable y a los grupos prestadores
de servicios de televisión por cable la posibilidad de operar en el mercado de la telefonía.
Según Becerra (2017), “con el Decreto 1340/16 los gigantes del sector de las
comunicaciones, comenzando por Telefónica y el Grupo Clarín, mejoran sensiblemente sus
condiciones para acceder y explotar recursos públicos (como el espectro radiofónico) y así
maximizar beneficios.”
Al mismo tiempo, critica la decisión y establecimiento unilateral por parte del Poder
Ejecutivo de las normas infocomunicacionales de la siguiente manera:
Esta práctica es problemática por cuatro razones:
• primero, porque se legisla sobre un asunto estratégico del troquelado del espacio
público a espaldas del debate que la Constitución localiza en el Congreso
Nacional;
• segundo, porque se opera en función de necesidades coyunturales e intereses que
sólo representan un momento de las relaciones entre el Poder Ejecutivo Nacional y
algunos de los intereses industriales más concentrados;
• tercero, porque la sucesión de modificaciones parciales distorsiona el conjunto
normativo y produce reglas de juego incoherentes entre sí (…);
• cuarto, amplía la discrecionalidad del regulador que, es importante recordarlo, está
completamente gubernamentalizado dado que el DNU 267, que creó el ENaCom,
dispuso que la mayoría de sus integrantes (cuatro sobre siete) sean designados
por el presidente quien, además, puede remover “sin expresión de causa” a la
minoría de directores propuesta por el Congreso a través de la Comisión
Bicameral. (Becerra, 2017)
62
CAPÍTULO III
MARCO METODOLÓGICO
Esta tesina se enmarca dentro de la investigación cualitativa y está basada en la
tradición del estudio de caso. En este capítulo se pasará a caracterizar y detallar el marco
metodológico propuesto para el diseño de esta investigación, con el objetivo de diferenciar
las distintas herramientas utilizadas y fundamentar su selección, en el marco de los
propósitos y objetivos planteados previamente. En primer lugar, se describirán los aspectos
epistemológicos, componentes principales y finalidades de la investigación cualitativa dentro
del ámbito de las ciencias sociales. En segundo lugar, se explicitarán las cuestiones
relevantes que hacen al estudio de caso.
1. La investigación cualitativa
En principio, es importante comenzar marcando que la investigación cualitativa no
refiere a una única forma de llevar adelante una investigación. Esto se debe a que existen,
en la actualidad, múltiples escuelas y orientaciones diversas, cada una de ellas con
desarrollos concretos acerca de la clarificación sobre el diseño de la propuesta investigativa,
fundamentada en distintas formas de concebir la realidad social.
Sin embargo, como plantea Vesilachis de Gialdino (2006), es posible distinguir
características en común dentro de aquellos múltiples recorridos académicos. En relación
con el objeto y sujeto de estudio, se puede decir que la investigación cualitativa analiza “la
forma en la que el mundo es comprendido, experimentado, producido; [se preocupa] por el
contexto y por los procesos; por la perspectiva de los participantes, por sus sentidos, por sus
significados, por su experiencia, por su conocimiento, por sus relatos” (pp. 28-29) Si se
consideran los aspectos referidos al método, este tipo de trabajo se interesa por ser
reflexivo, interpretativo, multimetódico e inductivo:
Emplea métodos de análisis y de explicación flexibles y sensibles al contexto social
en el que los datos son producidos. Se centra en la práctica real, situada, y se basa
en un proceso interactivo en el que intervienen el investigador y los participantes.
(Vesilachis de Gialdino, 2006, p. 29)
Por último, en referencia con las finalidades de la investigación cualitativa, ésta reside
en la búsqueda por el desarrollo y descubrimiento de nuevas teorías fundamentadas
63
empíricamente. Al mismo tiempo, su trascendencia recae en su relación con la teoría, en su
potencialidad creadora y creativa, en las posibilidades que posee de modificarse, ampliarse,
mejorarse. Se preocupa centralmente por lo individual significativo en el marco de la teoría y
permite nuevos caminos para la aproximación hacia lo que está siendo descripto, explicado,
descubierto, conocido. (Vesilachis de Gialdino, 2006)
Los componentes principales de cualquier investigación cualitativa son los datos, los
procedimientos de análisis de la información y el informe final. Sobre los primeros, existen
distintos tipos de datos disponibles, dependiendo de lo que está siendo estudiado
(fotografías personales, archivo radiofónico o de video, películas, fuentes documentales, etc.)
En este sentido, la autora recomienda “evitar la utilización de un único método de recolección
de datos e intentar que la diversidad de estos pueda reflejar la idiosincrasia y la complejidad
del contexto que se estudia.” (Vesilachis de Gialdino, 2006, p. 30) Asimismo, la autora
destaca la clara parcialidad presente en esta etapa y recomienda “que debe ser expuesto en
cada uno de sus pasos a fin de que otros investigadores puedan llegar a iguales resultados
reiterando el mismo procedimiento analítico.” (Vesilachis de Gialdino, 2006, p. 30)
1.1. La relación entre la reflexión epistemológica y las decisiones metodológicas
Dentro del terreno de la ciencia, son pocos/as los/as que sostienen, en la actualidad,
que no es necesario explicitar los paradigmas a partir de los cuales se construyen trabajos
de indagación y, por lo tanto, desde los que se realizan selecciones metodológicas para su
abordaje. No obstante, la autora antes citada, al responder a esta pregunta, establece una
diferenciación entre los conceptos de epistemología y reflexión epistemológica:
A diferencia de la epistemología, la reflexión epistemológica no intenta ser una
disciplina acabada, sino que constituye una actividad persistente, creadora, que se
renueva una y otra vez (…). Lejos de buscar reglas comunes a los distintos procesos
de conocimiento, la reflexión epistemológica intenta dar cuenta de las dificultades con
las que el que conoce se enfrenta cuando las características de aquello que intenta
conocer son inéditas o, cuando aun no siéndolo, no pueden ser, en todo o en parte,
registradas, observadas, comprendidas con las teorías y/o conceptos existentes y
con las estrategias metodológicas disponibles. (Vesilachis de Gialdino, 2006, p. 46)
De esta manera, ella reflexiona sobre la importancia de dar cuenta de los procesos de
reflexión epistemológica a la hora de tomar decisiones metodológicas, debido a que éstos
están “profundamente ligados a la elucidación de los paradigmas vigentes en la producción
64
de cada disciplina. Defino a estos paradigmas como los marcos teórico-metodológicos
utilizados por el investigador para interpretar los fenómenos sociales en el contexto de una
determinada sociedad.” (Vesilachis de Gialdino, 2006, p. 47) Son estos paradigmas los que,
al pararse sobre distintos supuestos ontológicos, plantean “diferentes modos para conocer y
disímiles criterios de validez para evaluar la calidad de la investigación” (Vesilachis de
Gialdino, 2006, p. 47)
1.2. La coexistencia de paradigmas
La especialista entiende no como excepción, sino como regla, la coexistencia de
paradigmas dentro de las Ciencias Sociales; rasgo esencial que fundamenta aseverando:
a) que las ciencias sociales no progresan «reemplazando las antiguas teorías por
otras nuevas» (Kuhn, 1978: 26);
b) que el tipo de acumulación que se da en el conocimiento de las ciencias sociales
es, predominantemente, de tipo intraparadigmático; y
c) que las discontinuidades que se observan no son signos de la falta de progreso o
de desarrollo de estas disciplinas, sino muestras indiscutibles de un tipo de desarrollo
diferente al propuesto por el modelo de conocimiento aplicable a las ciencias
naturales. (Vesilachis de Gialdino, 2006, p. 47)
Este marco conceptual propone la diferenciación de tres paradigmas coexistentes: el
positivista, el materialista-histórico y el interpretativo. En primer lugar, las características
principales del paradigma positivista son: la observación exterior de fenómenos sociales, la
intención de formular leyes como expresión de regularidades y de construir explicaciones
causales, constatadas a partir de mecanismos de verificabilidad y refutabilidad de las teorías.
En segundo lugar, el materialismo histórico parte de concebir el carácter real y
comprobable de tres premisas determinadas: los individuos reales, su acción y las
condiciones materiales de vida en la que estos individuos ejercen su acción. Asimismo, otros
aspectos importantes son el movimiento dialéctico y la aproximación al conocimiento desde
lo simple a lo complejo, desde lo concreto hacia lo abstracto. Por último, para el
neomarxismo y para la teoría crítica, considera características la totalidad concreta y la
voluntad de totalidad como categoría crítica, por un lado; y la realidad social frente a sus
posibilidades utópicas, por el otro. (Vesilachis de Gialdino, 2006)
El tercer paradigma, el interpretativo, es en el cual se asienta el presente trabajo
monográfico. Por esta razón, pasará a ser explicado en detalle en el siguiente apartado.
65
1.3. El paradigma interpretativo
Este modelo, según Vesilachis de Gialdino (2006) aún no se encuentra consolidado y
se basa en “la necesidad de comprender el sentido de la acción social en el contexto del
mundo de la vida y desde la perspectiva de los participantes” (p. 48). Entre las teorías que
han aportado al mismo se encuentran la hermenéutica, la etnometodología, el
interaccionismo simbólico y la fenomenología.
Sus aspectos fundamentales parten de tomar al lenguaje “como recurso, como una
creación, como una forma de producción y reproducción del mundo social” (Vesilachis de
Gialdino, 2006, p. 48):
a) la resistencia a la «naturalización» del mundo social: a diferencia de la naturaleza,
la sociedad es una producción humana respecto de la cual el análisis de los motivos
de la acción, de las normas, de los valores y de los significados sociales prima sobre
el de la búsqueda de la causalidad, de las generalizaciones y de las predicciones
asociadas al mundo físico y de los estados de cosas;
b) la relevancia del concepto de mundo de la vida: este mundo constituye el contexto
en el que se dan los procesos de entendimiento, que proporciona los recursos
necesarios para la acción y que se presenta como horizonte, ofreciendo a los actores
patrones y modelos de interpretación;
c) el paso de la observación a la comprensión y del punto de vista externo al punto de
vista interno: la comprensión de la realidad simbólicamente preestructurada de cada
contexto requiere de la función participativa del intérprete, que no «da» significado a
lo observado, sino que hace explícita la significación «dada» por los participantes; y
d) la doble hermenéutica: los conceptos de segundo grado creados por los
investigadores para reinterpretar una situación que ya es significativa para los
participantes son, a su vez, utilizados por los individuos para interpretar su situación,
convirtiéndose, en virtud de esa apropiación, en nociones de primer orden.
(Vesilachis de Gialdino, 2006, pp. 48-49)
Sobre el último, la autora incorpora en su análisis, en función de investigaciones
previamente realizadas por ella, el concepto de triple hermeneútica, que se piensa apreciable
a los efectos del presente trabajo:
Este proceso se produce cuando los investigadores preinterpretan los procesos, las
situaciones sociales que analizan y la identidad de los sujetos que en ellas participan
66
de acuerdo con los modelos interpretativos vigentes en discursos enraizados en las
situaciones de poder, y que tienden a conservarlas. Estos discursos que, por lo
común y como he observado, son reproducidos mayoritariamente por la prensa
escrita proveen de los modelos interpretativos predominantes, los cuales: a)
determinan la preinterpretación de los científicos, y b) son empleados, junto con esta,
como recursos cognitivos por los actores sociales para comprender y definir su
situación y para determinar la propia capacidad y posibilidad de modificar esa
situación. Se cierra, así, un círculo de interpretación en el que los modelos
interpretativos predominantes se reproducen y los alternativos, los que plantean el
disenso (Habermas, 1990: 88) tienen pocas posibilidades de ser incorporados al
mundo de la vida. (Vesilachis de Gialdino, 2006, p. 49)
La necesidad de introducir esta definición radica en que uno de los propósitos de esta
tesina es indagar sobre los mecanismos de resistencia discursiva que crean grupos de la
colectividad boliviana, a fin de disputar el sentido predominante del “ser boliviano/a” en la
Ciudad de Buenos Aires; y cómo éstos se relacionan con las construcciones identitarias que
remiten al “ser paisano/a”. Estos dispositivos de disenso se enfrentan a una estructuración
hegemónicamente reproducida (ver Arri, 2006; Caggiano, 2005 y Grimson, 1999) desde los
medios de comunicación de masas, pero principalmente producida desde la misma
concepción del Estado Nación en la Argentina, y reproducida por sus instituciones, de
diferente manera, en muchas oportunidades a lo largo de la historia, como se puede apreciar
en la primera parte del Capítulo II de la presente.
2. El estudio de caso
El abordaje de investigaciones sociales a partir de estudios de caso tiene su origen
desde comienzos del SXX en la antropología y, más tarde, la sociología. A diferencia de
otras formas de investigación cualitativa, en esta tradición se parte desde recortes
específicos de la realidad, no implica necesariamente procesos de reflexividad formalmente
formulados de quien investiga y puede utilizar categorías conceptuales para el proceso de la
investigación. (Neiman y Quaranta, 2006)
67
Pueden detectarse distintos tipos de estudios de caso según sus objetivos,
perspectivas de análisis y teorías en las que se enmarquen. Cabe mencionar,
particularmente, el llamado “extended case method”, vinculado principalmente con la
etnografía y la antropología social. El mismo consiste en una exploración etnográfica, en el
diálogo entre los sujetos es el principal recurso en la construcción del conocimiento y la
participación del/a investigador/a, a partir de la técnica de observación participante, se
plantea “como una posibilidad que debe ser aprovechada y no como un problema que debe
ser controlado. (Neiman y Quaranta, 2006, pp. 217-218)
De cualquier forma, es preciso comenzar por definir el concepto de caso como “un
hecho, un grupo, relación, institución, organización, proceso social, situación o escenario
específico, construido a partir de un determinado y siempre subjetivo y parcial recorte
empírico y conceptual de la realidad social, que conforma un tema y/o problema de
investigación.” (Neiman y Quaranta, 2006, p. 218) En este sentido, es preciso entender la
exigencia esencial de profundidad para la comprensión contextual y minuciosa en este tipo
de abordajes, a partir de la cual la focalización en el análisis es requerida.
Aunque los dos poseen características en común, es posible distinguir entre dos tipos
dentro de esta escuela: los estudios de caso y los estudios de caso como diseños de
investigación. Esta tesis monográfica se llevará adelante a partir del segundo. No obstante,
cada uno de estos pasará a ser detallado a continuación.
2.1. El estudio de caso: una perspectiva etnográfica
Las cualidades que pueden aparecer en su totalidad o parcialmente dentro de los
estudios de caso basados en la etnografía son: mirada reflexiva de la ciencia, visión
epistemológica constructivista, propósitos de crítica de la realidad social, presencia de
categorías nativas, desarrollo teórico en términos narrativos, etc. Como se planteó
anteriormente en este capítulo, la selección del caso a investigar se produce a partir de un
recorte establecido por el interés en el hecho, sujetos y/u objetos a analizar. De esta manera,
se entiende que la profundización y el conocimiento minucioso del caso son fundamentales,
mientras que no son un objetivo dentro de este abordaje la generalización de los resultados
por encima de este. Por lo tanto, el diseño metodológico del trabajo es secundario. (Neiman
y Quaranta, 2006)
Con respecto al diseño, el énfasis se pone sobre el tema, el problema y las preguntas
de la investigación, que servirán como guía a lo largo del trabajo de campo. La preferencia,
68
entonces, son los estudios de caso únicos, ya que esta elección permite privilegiar la
minuciosidad en el análisis. Con respecto a esto, Neiman y Quaranta (2006) citan a Stake
(1994), quien afirma que:
El estudio de caso no es la elección de un método sino más bien la elección de un
objeto a ser estudiado. Nosotros elegimos estudiar un caso. En tanto enfoque de
investigación, un estudio de caso es definido por el interés en casos individuales
antes que por los métodos de investigación utilizados. (1994, p. 236; la traducción es
de los autores)
Esta apreciación es relevante porque, en cualquiera de los dos tipos de estudios de
caso, la elección de la muestra se realiza intencionalmente con el objetivo de “maximizar las
posibilidades y la capacidad que las condiciones y características del caso presentan para
desarrollar conocimiento a partir de su estudio” (Neiman y Quaranta, 2006, p. 220) En el
estudio de caso intrínseco, por el atractivo que puede tener para el investigador desde el
punto de vista académico. En el estudio de caso instrumental, porque puede ser de interés
para trabajar sobre un problema más amplio que el caso en sí. Por lo tanto, en la selección
pueden entrar en juego múltiples criterios. Una vez elegido el caso, se eligen situaciones,
personas, escenarios para realizar las observaciones y las entrevistas. Estas elecciones
deben llevarse a cabo en función de las similitudes y diferencias entre ellos. En fin, como
dicen los autores, “el caso es definido como un sistema delimitado en tiempo y espacio de
actores, relaciones e instituciones sociales donde se busca dar cuenta de la particularidad
del mismo en el marco de su complejidad.” (Neiman y Quaranta, 2006, p. 220)
Desde el primer momento de redacción del proyecto, cabe señalar que las preguntas
de la investigación constituyen el eje conceptual de todo el trabajo. Los autores diferencian
entre las que se refieren a un problema particular (issue questions) y las que aluden a temas
constatables en la realidad (topical information questions). Al respecto, Neiman y Quaranta
(2006) plantean que puede ocurrir que las segundas refieran a las primeras o que sean éstas
las que definan “la estructura y orientación conceptual del estudio” (p. 220). En ese caso,
estos interrogantes se establecerán a lo largo del desarrollo de la investigación, por lo que,
para garantizar una correcta formulación y respuesta, será necesario plantearlas con la
flexibilidad correspondiente.
Por un lado, el proceso de recopilación de datos se conforma a partir de un plan
establecido en función de las preguntas de investigación. La diversidad de las fuentes
utilizadas (entrevistas, fuentes documentales, observación etc.) es propuesta con el objetivo
69
de ahondar cabalmente en la complejidad de lo que se está investigando y del contexto en el
que es investigado, considerando en todo momento la visión de los sujetos involucrados. Por
otro lado, en la etapa del análisis pueden estar involucradas estrategias de interpretación
directa, de construcción de categorías, construidas a partir de procedimientos de agregación,
planteando conexiones o estableciendo patrones o modelos. En este sentido, los autores
agregan que, tanto la interpretación directa, como la agregación categórica dependen de la
búsqueda de patrones de comportamiento. Éstos pueden ser conocidos previamente o
derivar de las preguntas de investigación. Sin embargo, también es posible que aparezcan
inesperadamente en la misma instancia del análisis. (Neiman y Quaranta, 2006)
Al mismo tiempo, el papel del/a investigador/a y su situación durante toda la
investigación se construyen a partir de su observación, de las entrevistas que realiza, de las
evaluaciones o interpretaciones que lleva a cabo. Todas ellas con diferente grado de
participación, según el caso. Es decir, la construcción del conocimiento se produce desde su
punto de vista relativo, con el propósito de comprender el o los casos abordados en su
composición, diversidad y multiplicidad. (Neiman y Quaranta, 2006)
Para finalizar, durante la redacción del informe final se debe cuidar una transmisión
que describa cuidadosa y profundamente todos los aspectos que hacen al caso y al
contexto. Neiman y Quaranta (2006) llaman a esto “generalización naturalística” y citan a
Stake (1995) para explicarla:
El investigador tiene la obligación de proveer un insumo de alta calidad para el lector.
Si la importancia de la generalización naturalística es aceptada, las preguntas para el
análisis están precedidas por reglas para preparar las preguntas de investigación, en
todos los casos considerando la presencia del lector (p. 88; la traducción es de los
autores).
2.2. Los estudios de caso como diseños de investigación
Este trabajo final está construido a partir de la estrategia del estudio de caso
instrumental o como diseño de investigación. Esta tradición se enmarca dentro de las
perspectivas pragmatistas. Su diferencia principal con los estudios de caso intrínsecos es
que permite en su abordaje la utilización de metodologías inductivas y deductivas, debido a
que “se orienta tanto a captar los aspectos subjetivos como los objetivos de la vida social, y
considera la existencia de un mundo exterior aunque no existe una única y definitiva verdad
70
en el mismo” (Neiman y Quaranta, 2006, p. 222) Por supuesto, esta cualidad no niega la
carga valorativa existente por parte de quien investiga a partir de la selección del caso a
investigar. Asimismo, este tipo de estudio de caso se destaca en el hecho de que es un
ejemplo de cómo la investigación cualitativa puede “construir explicaciones que vinculan
fenómenos y procesos en términos causales, referidos a un determinado contexto.” (Neiman
y Quaranta, 2006, p. 222)
Las alternativas de integración de métodos investigativos incluyen modelos que
diferencian entre procedimientos cuantitativos y cualitativos, en los que se pueden encontrar
la preeminencia de unos sobre otros o la igualdad de condiciones y utilización de los
mismos. Los autores plantean la necesidad de dar cuenta de la vinculación entre estos tipos
de herramientas, la aclaración de cuál de ellas predominará a lo largo del trabajo y cuáles
son las cuestiones abordadas desde cada una, junto con las etapas de articulación que las
validan. (Neiman y Quaranta, 2006)
Debido a la presencia de distintas metodologías cualitativas y a las discusiones que,
a menudo, se suscitan en relación con la “validez” y “calidad” de las mismas, los exponentes
referenciados previamente consideran a esta estrategia como:
aquella que puede –y suele– recurrir a diseños metodológicos que combinan
procedimientos cuantitativos y cualitativos (Yin, 1994; Meyer, 2001), enfatizando la
preeminencia de los últimos, y que tiene por objetivo la construcción de teoría de
diferente alcance y nivel, para interpretar y explicar la vida y organización social
(Eisenhardt, 1989; Dooley, 2002). (Neiman y Quaranta, 2006, p. 223)
Es decir, los estudios de caso instrumentales consisten en la investigación de
fenómenos sociales contemporáneos, desde una reflexividad científica, dentro de los
contextos determinados en los que se desenvuelven, conducentes a responder a preguntas
de “cómo” y “por qué” éstos ocurren. En contraposición con lo que se considera desde
miradas cuantitativistas conservadoras, no se encargan únicamente de dar cuenta de estos
fenómenos, sino que “tienen la capacidad de captar la complejidad del contexto y su relación
con los eventos estudiados, siendo particularmente apropiados en los casos en que los
límites entre estos y el contexto resultan difusos.” (Neiman y Quaranta, 2006, p. 223) Del
mismo modo, permiten el manejo de múltiples fuentes de información, formas de análisis, a
veces, formulaciones teóricas previamente a la puesta en marcha del proceso de
investigación. (Neiman y Quaranta, 2006)
71
Por último, en relación con el diseño de la investigación Neiman y Quaranta, 2006)
sintetizan:
Los diseños de investigación se estructuran a partir de la lógica que organiza las
diferentes instancias y componentes del proceso de investigación, que en los
estudios de caso con predominio de procedimientos cualitativos se caracterizan por
ser flexiblemente rigurosos. Entre estos se incluyen los propósitos finales de la
investigación, el marco conceptual en el cual se ubican, las preguntas de
investigación y –en caso de contenerlas– sus proposiciones, los dispositivos
metodológicos (fundamentalmente de recolección y análisis de la información) y la
construcción de la «calidad» y validez de los resultados del estudio (Maxwell, 1996).
(p. 224)
2.3. La integración de métodos en los estudios de caso
La sistematización de los pasos que componen la investigación a partir del estudio de
caso, se ha realizado a lo largo de las últimas décadas dentro del ámbito de las ciencias
sociales, resguardando siempre la flexibilidad propia de estas perspectivas. Neiman y
Quaranta (2006). De este modo, los ejemplos de integración cualitativa-cuantitativa son
claros exponentes de este tipo de prácticas, en las que los autores subrayan la triangulación,
como procedimiento a partir del cual se combinan más de un método de investigación, a
partir de la necesidad de recabar más de un tipo de información.
La diferenciación cualitativo-cuantitativo se establece principalmente “en términos del
uso de palabras, antes que de números” (Miles y Huberman, 1991). Pero, también los
autores mencionan otros criterios de comparación, como “la naturaleza del fenómeno
investigado, en cuanto a su condición de ‘natural’, o si ha sido ‘creado’ por el investigador, y
el hecho de estar focalizado de manera predominante en significados versus
comportamientos o actitudes.” (Neiman y Quaranta, 2006, pp. 229-230)
En referencia a las fuentes de información, como se permite la pluralidad y diversidad
de tipos distintos, se plantea que la integración metodológica debe cuidar su vinculación
correctamente, de modo que las mismas respondan a los interrogantes propuestos. Es así
como se describe la capacidad de ampliación y restricción propia de los estudios de caso.
Esto se debe a que, por un lado, se puede seguir un enfoque amplio que tome una
multiplicidad de casos desde múltiples paradigmas, tarea más apropiada para un equipo de
investigación. Pero también, por otro lado, una perspectiva restrictiva habilita a un/a
72
investigador/a a elaborar su indagación a partir de un caso único y obtener datos cualitativos
y cuantitativos para desarrollar su análisis.
2.4. Los estudios de caso únicos
Como ha sido explicitado previamente, la presente tesis monográfica se propone a
partir de la selección, investigación y análisis de un caso único. De esta manera, en este
apartado se detallan las características principales de los estudios de caso únicos.
En primer lugar, cabe aclarar que no es un objetivo de este trabajo establecer
mecanismos de generalización deductiva a partir de los resultados de la investigación, sino
dar cuenta en profundidad y a partir de una perspectiva interpretativa de todos los aspectos
concernientes a las situaciones y sujetos involucrados en el caso a investigar. En este
sentido, se decide partir de un modelo de estudio de caso único, ya que permite analizar
holísticamente el mismo, de modo de posibilitar la respuesta a las preguntas de investigación
formuladas.
En este sentido, los estudios de caso único son utilizados para examinar un
problema, territorio o escenario que, por el poco conocimiento sobre él, se considera
apreciable en sí mismo. Al mismo tiempo, pueden ser empleados con el objetivo de
comprobar una determinada teoría a través de un caso que reúna específicas características
que lo hacen relevante. En experiencias como estas últimas, los autores plantean que
estos diseños, si bien recurren a instancias inductivas de recolección, están
dominados –en última instancia– por razonamientos hipotéticos deductivos (Lee,
1989). En esta línea podemos ubicar a la metodología del caso negativo que, a partir
de la comparación de resultados no esperados con respecto a las predicciones de
una determinada teoría, reformula los desarrollos conceptuales para la ampliación de
su alcance y nivel de generalización (Emigh, 1997).
73
CAPÍTULO IV
ESTUDIO DE CASO
1. Marco de referencia
En la construcción del marco de referencia de esta tesis se incluyen aspectos que se
consideraron necesarios para esbozar sintéticamente un contexto histórico, geográfico,
político y cultural en el que se pudieran incluir los aspectos más relevantes a tener en cuenta
en el análisis del caso seleccionado: Radio Panamericana (FM 90.7)
En primer lugar, se presentarán algunos de los elementos característicos de la zona
sur de la Ciudad de Buenos Aires y de la Villa 20 de Villa Lugano, barrio en el que se
encuentra la radio. En segundo lugar, se hará un recorrido sobre la historia de la colectividad
boliviana en la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en la región analizada. Para ello, se
tendrán en cuenta, entre otros, la tesis doctoral de Carina Alejandra Cassanello “Historia
reciente de los inmigrantes bolivianos en la Argentina, 1970-2000. Trayectorias migrantes,
redes sociales y transnacionalidad” (2014).
En tercer lugar, se incurrirá en un análisis general del origen, desarrollo y panorama
actual de las radios referenciadas como “de la colectividad boliviana” en la Ciudad de
Buenos Aires. Sus funciones, usos, discursos, presencias e identidades. Para esto, se tomó
principalmente el testimonio de Juan Vázquez, comunicador y referente de Colectivo
Simbiosis Cultural, organización creada por jóvenes de la colectividad boliviana, mayormente
costureros/as, con el objetivo de cuestionar, desde acciones culturales y sociales, el trabajo
realizado al interior de los talleres textiles.
Por último, se presenta el caso seleccionado para la investigación: Radio
Panamericana (FM 90.7). En este apartado se desarrollará su origen, desarrollo,
consolidación y los aspectos más relevantes de su funcionamiento en la actualidad. Como
fuente se consideró el testimonio de Reynaldo Apaza, co-fundador y actual director de la
radio, y de Yovana Pardo, conductora del programa “Para no Olvidar”, que se emite por
Radio Panamericana hace ocho años.
74
1.1. La zona sur de la Ciudad de Buenos Aires. Breve historia, estructura
poblacional y características
Como se desarrolla en el apartado siguiente, el caso seleccionado para la presente
investigación se encuentra en la Villa 20, perteneciente a Villa Lugano, barrio que forma
parte de la Comuna 8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, junto con Villa Riachuelo y
Villa Soldati. Con el propósito de aportar un contexto geográfico, histórico, social y
poblacional al marco de referencia de la presente tesina, en este punto se repasarán algunas
cuestiones que se consideran centrales para el análisis del estudio de caso. La razón
principal radica en que, como se podrá apreciar, la realidad social de la zona sur porteña
(especialmente de la Comuna 8) se aleja ampliamente de los promedios estadísticos
generales de la Ciudad de Buenos Aires en la mayoría de los indicadores.
Según la Dirección General de Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la Comuna 8 residen 224.770 personas y, a pesar de ser la
comuna con menor densidad poblacional (10,083 hab/km2), supera en casi un 50% al
promedio general de la Ciudad, en cantidad de nacimientos por comuna6. Considerando que
el índice de envejecimiento crece sistemáticamente en la Ciudad de Buenos Aires desde
19907, esta diferencia es bastante llamativa.
Por otro lado, mientras que la tasa de mortalidad infantil en la Ciudad de Buenos
Aires es de 7.6, en la Comuna 8 este indicador asciende a 10.7. En relación con la
esperanza de vida, en la ciudad porteña la edad promedio de fallecimiento de los varones es
de 74 años y la de las mujeres, de 81 años. No obstante, en el caso de la Comuna 8, la
esperanza de vida disminuye notoriamente: la de los varones es de 68 años y la de las
mujeres, 75.
Por último, si consideramos los puntos de hábitat, vivienda y condiciones de vida,
encontramos que la Comuna 8 posee los indicadores más bajos de toda la Ciudad. Esto se
debe a que en estos barrios se encuentran la mayoría de los asentamientos y villas de
emergencia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Dirección de Estadísticas y Censos,
Ministerio de Hacienda, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2016).
6 Según el Anuario Estadístico 2015, publicado en 2016 por la Dirección General de Estadísticas y Censos, perteneciente al
Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teniendo en cuenta el domicilio de residencia de
la madre, la cantidad de nacimientos en la Comuna 8 durante el 2015 fue 4.038, mientras que el promedio de nacimientos por
comuna ese mismo año fue 2.728.
75
Estas desigualdades están vinculadas a la historia y los procesos de consolidación
urbana y económica de la Ciudad de Buenos Aires en general, y la zona sur de la Ciudad en
particular. Di Virgilio et al. (2010) explican que “la zona sur de la ciudad de Buenos Aires es
el resultado de una conjunción de procesos demográficos socioeconómicos y políticos,
dados a lo largo de distintos períodos históricos.” (p. 258) En el caso de los barrios Villa
Lugano y Villa Riachuelo, los/as autores/as plantean que los mismos presentan un desarrollo
urbanístico tardío (comienzos del SXX) con respecto al resto de la ciudad (mediados del
SXIX), impulsado principalmente por el capital inmobiliario privado y su articulación con el
crecimiento de específicas actividades económicas: las fábricas y los mataderos (Di Virgilio
et al., 2010) Esta es la razón por la cual los barrios se convertirían en el destino predilecto de
la población migrante de la época. Durante esta primera etapa, el Estado acompañó la
acción privada con la provisión de equipamiento básico, como la construcción de escuelas
en Lugano. Sin embargo, esta primera fase culmina con la decisión por parte del gobierno
local de instalar en la zona el basurero municipal (la Quema), pensado para verter todos los
residuos de la Ciudad. Esto determinó y dificultó el desarrollo urbano de toda la región sur
porteña hasta 1977, año en el que se crea el CEAMSE (Coordinación Ecológica Área
Metropolitana Sociedad del Estado). (De Virgilio et al., 2010)
Hacia fines del SXX la zona sur porteña poseía un perfil predominantemente
industrial, en particular conformado por industrias metalúrgicas, que fueron las que le
otorgaron mayormente valorización a la región. Esta característica generó la consolidación
de procesos de densificación en el área, lo que tuvo como consecuencia la aparición en
Lugano de urbanizaciones informales (villas de emergencia) y complejos habitacionales
construidos por el Estado.
Según Palombi y Cravino (2015):
Las villas de la ciudad surgieron en la década de 1930 al calor de la crisis mundial y
se siguieron desarrollando para alojar mayoritariamente a los migrantes del interior
del país que comenzaban a llegar a Buenos Aires en las décadas del 40’ y 50’,
cuando se produjo una expulsión de población rural y el proceso de industrialización
sustitutiva comenzó a atraer mano de obra a las ciudades. Desde la década del 70’
en adelante se sumaron los migrantes de países limítrofes, en especial de Paraguay
y Bolivia (pero también de Uruguay y Chile). Finalmente, en la década del 90` se
agregaron, pero en menor medida, migrantes del Perú. (p. 4)
76
En primer lugar, lo dicho por estos/as autores/as se entiende si se considera que la
Comuna 8 concentra la mayor cantidad de habitantes nacidos en un país limítrofe de toda la
ciudad. Mientras que el promedio de C.A.B.A. es de 7,1%, en la Comuna 8 el porcentaje
asciende al 15,1%8. En el caso de la Villa 20, según los datos del último Censo Nacional de
2010, de los 22.563 habitantes que residen allí, el 49,9% no nació en la Argentina.
La Villa 20, comenzó a desarrollarse en las inmediaciones de un grupo de viviendas
construidas por la Fundación Eva Perón en 1948, destinadas a familias alojadas en hogares
de tránsito. En la actualidad, es una de las cuatro villas que existen en Villa Lugano, junto
con Villa 15 (Ciudad Oculta y Núcleo Habitacional Transitorio Avenida del Trabajo), Villa 17
(Barrio Pirelli) y Villa 19 (Barrio Inta). Las cuatro juntas concentran el 33% de habitantes de la
Ciudad de Buenos Aires que residen en villas de emergencia. Villa 15 y 20 son las de mayor
extensión en el barrio, ya que juntas reúnen el 50% de la población en villas de la zona sur
de la Ciudad. (De Virgilio et al., 2010) Sin embargo, la Villa 20 es la cuarta más importante
de toda la urbe porteña, ya que en ella viven el 13,3% del total de residentes en villas de la
misma.
La discusión alrededor de este marco de vulnerabilidad que sufren quienes viven en
este tipo de asentamientos ha llevado, a lo largo de los años, a la configuración de distintas
organizaciones barriales, sociales, religiosas y políticas, cristalizadas en el reclamo de
derechos básicos al Gobierno de la Ciudad (provisión de servicios, construcción de cloacas,
ensanchamiento de calles, recolección de residuos, construcción de escuelas y hospitales,
seguridad, etc.) No obstante, en cada barrio el entramado de organizaciones está
íntimamente relacionado con las lógicas territoriales y comunitarias propias de cada uno de
ellos.
1.2. La migración boliviana en el sur de la Ciudad de Buenos Aires
Si se analizan los flujos migratorios de Bolivia a la Argentina desde el SXIX (cuando
se encuentran los primeros registros de residentes bolivianos/as en el país) hasta la
actualidad, se puede ver que los movimientos de migrantes bolivianos/as hacia la Provincia y
la Ciudad de Buenos Aires comienzan a aparecer a mediados del SXX. Sin embargo, en el
caso de la jurisdicción porteña, la presencia de la colectividad boliviana adopta una mayor y
más consolidada presencia entre 1991 y el 2001. El censo de 1980 mostraba que sólo el
8,8% de la población proveniente de países limítrofes en la Ciudad había nacido en Bolivia,
8 Dirección de Estadísticas y Censos, Ministerio de Hacienda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015.
77
mientras que en el caso de la Provincia de Buenos Aires los resultados arrojaban un 31,4%.
Entre los censos de 1991 y 2001 es cuando se puede ver un aumento considerable en la
presencia de población de origen boliviano en la Ciudad, que pasa del 12,5% al 21,5%. En
relación con las ciudades de origen, en la Ciudad de Buenos Aires las poblaciones migrantes
que se establecieron pertenecían fundamentalmente a La Paz (30,25%) y Cochabamba
(32,14%). A diferencia del Gran Buenos Aires, en el que se observa que las corrientes
migratorias bolivianas provenían principalmente de Cochabamba (40,32%), Potosí (22,70%)
y La Paz (14,81%). (Cassanello, 2014)
Según la autora, la colectividad boliviana:
Se concentró en los barrios del sur de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente
Villa Soldati, Villa Lugano, Mataderos, Liniers y Flores. En estos barrios, los migrantes
han construido fuertes territorios étnicos donde mantienen y re-significan sus
costumbres culturales y refuerzan las redes sociales de trabajo y sociabilidad.
(Cassanello, 2014, p. 80)
El análisis de Cassanello se corresponde con lo planteado en el punto anterior que,
asimismo, se explica con las posibilidades de trabajo existentes en la zona debido a su perfil
fuertemente industrial. Por esta razón, la autora habla del proceso de “metropolización” de
las migraciones entre 1970 y 1990, que se caracteriza por movimientos internos desde
provincias como Jujuy, Salta, Mendoza y Córdoba hacia Buenos Aires. Incluso, la
investigadora hace hincapié en cómo, dentro de los territorios más alejados de la Ciudad de
Buenos Aires, disminuye notablemente la presencia de residentes bolivianos/as. “Este
asentamiento responde a lógicas económicas de nichos productivos étnicos y, de igual
forma, a la vigencia de redes sociales fuertes.” (Cassanello, 2014, p. 85) En cuanto a los
rubros del trabajo en los que se insertó mayormente la colectividad durante esta época, se
incluyen mayormente la construcción, la venta al por mayor y al por menor, el trabajo
doméstico y la industria manufacturera. (Cassanello, 2014)
La inmigración forma parte, en cualquier circunstancia, de un fenómeno que se
constituye en un entramado de múltiples formas de vulneración, desprotección e
incumplimiento de derechos. El caso de las poblaciones migrantes de países limítrofes en la
Argentina no es una excepción. En el Capítulo II de esta tesina ya se ha mencionado cómo
la inserción, desarrollo y permanencia, tanto dentro del país (en general), como en las zonas
de la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense (en particular), han sido arduas y
complejas para estos grupos. Incluso, han llegado a tener momentos de intolerancia y
78
persecución directa por parte del Estado Argentino. En este sentido, es interesante analizar
los documentos de la década de 1970 recopilados por Cassanello (2014) del Consulado de
Bolivia en la Argentina. En ellos se puede ver a las autoridades diplomáticas alertando al
Gobierno Boliviano sobre las dificultades que la población boliviana residente sufría en
cuanto a la satisfacción de necesidades básicas, como el trabajo, la vivienda, la salud y la
educación, entre otras.
El discurso oficial de la diplomacia boliviana de aquellos años, buscaba desalentar la
migración hacia la Argentina, mostrando un escenario desalentador para los
bolivianos residentes en el país y, al mismo tiempo, insistían en las posibilidades de
trabajo que se estaban abriendo en Bolivia. (Cassanello, 2014, p. 81)
Los extractos seleccionados por la autora en las notas enviadas por las oficinas
diplomáticas bolivianas a su gobierno, demuestran la discriminación sufrida por sus
compatriotas en el país de forma cotidiana y sistemática:
El obrero boliviano es considerado por su par argentino en forma despectiva, con odio
y agraviante, por cuanto supone que aquel se presta a crear una competencia desleal
en el mercado interno de la oferta y la demanda laboral: el obrero boliviano cobra la
mitad o menos del salario establecido por ley y produce más y mejor en el trabajo
porque constituye casi siempre mano de obra calificada (…). Después de un mes
mas [sic] de trabajo el obrero es despedido con el pretexto de no estar documentado”
(IC-AMRE, Buenos Aires, 16-11-1973 en Cassanello, 2014, p. 81)
En 1977 el gobierno de facto continuó la política de erradicación de villas miseria en
la Ciudad de Buenos Aires iniciada en 1966. En el marco de esta decisión, los militares
llegaron a un acuerdo con el gobierno boliviano, en el que éste se comprometió a incentivar
la repatriación de residentes bolivianos/as a partir del ofrecimiento de tierras y trabajo a
quienes quisieran volver a su país de origen. Pero, como plantea la investigadora, la mayoría
de la población migrante había construido vínculos en la Argentina y no estaba dispuesta a
volver. De hecho, Cassanello (2014) menciona las palabras del embajador boliviano en esa
época, quien explica que las familias que habían decidido repatriarse, lo habían hecho luego
de que se las desalojara, se les destruyeran sus viviendas y hubieran quedado sin
posibilidades de supervivencia. En este sentido, sintetiza, referenciando el trabajo de Susana
Mugarza (1985), que:
La política de erradicación de las villas miserias en capital federal [sic], que comienza
en 1966 y se consolida en 1977, tuvo pocos efectos en cuanto al retorno de
79
inmigrantes a su país de origen, pero sí ayudó a consolidar una corriente de
migrantes que se van a instalar a distintos partidos de la provincia de Buenos Aires.
(Cassanello, 2014, p. 82)
1.3. Las radios de la colectividad boliviana en la Ciudad de Buenos Aires
En su libro “Relatos de la Diferencia y la Igualdad” (1999), Alejandro Grimson recorre
brevemente la historia de los programas radiales referenciados con “la bolivianidad” en la
Ciudad de Buenos Aires. Para esto, diferencia entre tres etapas. En primer lugar, ubica un
primer momento en la aparición del programa “Sentir Boliviano” en noviembre de 1975. Su
creador, Hernán Alfonso Pacheco, había migrado a Buenos Aires cinco años antes. En 1974
se recibió como operador técnico en el Instituto Nacional de Enseñanza de Radiodifusión
(ISER) en 1974 y se desempeñó profesionalmente en múltiples radios porteñas, como Radio
Belgrano, Radio El Mundo, Radio Continental y Radio Splendid. Según Grimson (1999), la
idea del programa surgió luego de la insistencia de sus amigos, quienes le comentaban
sobre “la cantidad de paisanos” (p. 103) que había en Buenos Aires.
El surgimiento de “El Sentir Boliviano” es contemporáneo de la primera realización de
la Fiesta de Nuestra Señora de Copacabana en el Barrio Charrúa (octubre de 1976) y
de los primeros periódicos identificados con la bolivianidad en Buenos Aires, el más
importante y constante de los cuales surgiría en 1977 bajo el nombre Enfoques de
Bolivia. (Grimson, 1999, p. 103)
Según el autor, el programa tuvo mucho éxito. Incluso, a pesar de haber nacido como
un programa semanal de dos horas, fue aumentando su duración, hasta llegar a ser de
cuatro horas. Sin embargo, por problemas sistemáticos de financiamiento recorrió múltiples
emisoras, como Radio Argentina, Radio El Pueblo, Radio Buenos Aires y Radio América y
Radio Pompeya. (Grimson, 1999)
La segunda etapa descripta por Grimson comienza luego del retorno a la
Democracia, en 1983, de la mano del surgimiento de las llamadas radios comunitarias y
alternativas. Este nuevo contexto abrió el acceso para la generación de nuevos espacios
que, de otra manera, estaban restringidos para las grandes emisoras, “aunque también
restringiendo a un alcance local a cada una de estas nuevas emisoras” (Grimson, 1999, p.
104). Por otro lado, como se describe en el punto anterior, durante estos años se consolida
“una nueva generación que había llegado en la infancia desde Bolivia o que había nacido en
Buenos Aires de padres bolivianos” (Grimson, 1999, p. 104) interesada, según el autor, por
80
“la cultura de sus padres” y por la “conservación de la identidad” (Grimson, 1999, p. 104). Al
mismo tiempo, el autor plantea cómo los cambios económicos sufridos en Bolivia durante la
segunda mitad de la década de los ochenta influyen en el crecimiento y proliferación de
programas radiales en la Ciudad:
En la segunda mitad de los años ochenta, después de la reconversión económica que
sufrió el movimiento minero boliviano en 1985 [principalmente, el despido de 21.000
mineros y 35.000 obreros fabriles], comenzaron a llegar a Buenos Aires no sólo
trabajadores de las minas sino también algunos de los que habían trabajado como
periodistas y locutores en las radios mineras, sobre todo de Katavi y Siglo XX. Todos
estos elementos confluyeron para que comenzaran a desarrollarse programas
radiales identificados con la colectividad boliviana en distintas FM. (Grimson, 1999, p.
104)
Por último, la última fase planteada por el autor comienza con la aparición de las
primeras radios referenciadas en la colectividad boliviana, durante los últimos años de la
década del noventa. Según Grimson (1999) el paso de producir programas a fundar radios
significaba un “un cambio cualitativo (…) tanto en torno a la organización, la propiedad y la
presencia en el espectro radial.” (p. 104)
Cabe aclarar que, al momento de la edición del libro del investigador, existían
alrededor de veinticuatro radios identificadas con la bolivianidad. En la actualidad, existen
más de cien radios en el área de la Ciudad de Buenos Aires. Por esta razón, a los efectos de
la realización de este estudio de caso se consideró necesario indagar sobre los años
posteriores, en los que las radios identificadas con la colectividad boliviana se han expandido
y desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires. Para esto, se establecieron distintos
encuentros con Juan Vázquez, comunicador y referente de Colectivo Simbiosis Cultural, una
organización creada por jóvenes de la colectividad boliviana, mayormente costureros/as, con
el objetivo de cuestionar, desde acciones culturales y sociales, el trabajo realizado al interior
de los talleres textiles.
Para empezar, Vázquez propone una mirada distinta de lo planteado por Grimson
(1999) para explicar el origen de las radios de la colectividad, ya que encuentra en las
dinámicas económicas las bases organizativas de lo que se conoce como la “colectividad
boliviana organizada”:
No hay ninguna colectividad enorme que no tenga resabios de organización y [en la
colectividad boliviana] hay un montón. La que funciona es la económica, ¿no? La
81
estructura económica funciona muy fuerte. ¿Por qué? Porque se estructura sobre
toda la explotación de una muy cruenta vulnerabilización [sic] de derechos y
cuestiones así. Que no tienen que ver con lo andino, ni nada… Simplemente
aprendes a ser capitalista y entonces lo haces. (Juan Vázquez, conversación
personal, 2017, Mayo, 20)
Cuando habla de “explotación”, Vázquez se refiere a un conjunto de dinámicas
relacionadas con un sector del trabajo referenciado en la Ciudad de Buenos Aires con “lo
boliviano” o “la bolivianidad”: los talleres textiles. En este sentido, rescata el origen de esta
referenciación (tanto al interior de la colectividad, como afuera de ella) en la construcción y
naturalización de una serie de estereotipos que colaboran en invisibilizar y legitimar las
formas complejas de vulneración que sufren, en general, las comunidades migrantes en sus
países de residencia y, en particular, la boliviana en la Ciudad de Buenos Aires:
Generalmente, cuando se habla de estereotipos para mí hay dos tipos de
estereotipos. Unos que son más positivos y otros, más peyorativos. Más en esa línea
de dañar (el boliviano es sucio, es… no sé…) y el otro, entre comillas “positivo” ([el
boliviano] es sumiso, es trabajador, le gusta sikuris…). Varias cosas en esas
construcciones, en principio, anulan un montón de otras cosas. (…) Entonces, (…)
juegan a victimizar y, si se victimiza, se crea también la figura del salvador, ¿no? O
sea, ellos son los pobrecitos que no pueden modificar sus condiciones laborales,
nosotros tenemos que ir a salvarlos. Cuando no lo entendés, digamos. Por qué está
así y demás. No hablando de justificar o, por lo tanto, tratando de apañar eso. Sino
que, más bien, entender la complejidad, como para poder ahí resolver ciertas
cuestiones. (…) ¿Por qué se naturalizan esas condiciones? ¿Por qué se terminan de
aceptar esas condiciones? ¿Por qué se aceptan esas condiciones? Porque el taller,
en las condiciones que se da, le soluciona tres cosas importantes: techo, comida y
trabajo. Ese techo, comida y trabajo, para cualquier migrante, es esencial resolverlo
lo más urgente posible. Y el taller, en esas condiciones de mierda, lo soluciona. A
partir de eso se naturaliza y, después de naturalizarse, ya no se cuestiona más. (Juan
Vázquez, conversación personal, 2017, Mayo, 20)
En función de esta caracterización, realiza un análisis sobre la consolidación de las
estructuras económicas de la colectividad boliviana, en la que la comunicación se convirtió
en un punto fundamental:
82
(…) la estructura económica está muy solventada, hace veinte años, más o menos.
Esos veinte años lo que hicieron fue solidificar, solidificarse, en realidad, y
diversificarse. Bueno, la estructura económica funciona, o funcionaba antes como
talleres y ahora son fábricas. Al diversificarse, o sea, al empezar con los pequeños,
no sé, pequeños negocios y cosas así, la comunicación empezó a ser como
fundamental. Entonces, así es cuando empiezan los primeros programas de radio. En
estos primeros programas, eran más gente que no venía de la estructura fuerte de la
colectividad boliviana, sino gente que vino y pudo estudiar comunicación. Y se metió
y no tenía nada que ver con la colectividad boliviana, pero utilizó eso para poder
laburar ahí adentro, con esa especificidad. Digamos, un locutor boliviano tiene más
posibilidades de laburar adentro de la colectividad boliviana, que por fuera de la
información publicada por distintas instituciones pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, resultados de Censos Nacionales, entre otras.
Las radios de la colectividad boliviana en la Ciudad de Buenos Aires
En su libro “Relatos de la Diferencia y la Igualdad” (1999), Alejandro Grimson recorre
brevemente la historia de los programas radiales referenciados con “la bolivianidad” en la
Ciudad de Buenos Aires. Para esto, diferencia entre tres etapas. En primer lugar, ubica un
primer momento en la aparición del programa “Sentir Boliviano” en noviembre de 1975. La
segunda etapa descripta por Grimson comienza luego del retorno a la Democracia, en 1983,
de la mano del surgimiento de las llamadas radios comunitarias y alternativas.
Finalmente, a última fase planteada por el autor comienza con la aparición de las
primeras radios referenciadas en la colectividad boliviana, durante los últimos años de la
década del noventa. Según Grimson (1999) el paso de producir programas a fundar radios
significaba un “un cambio cualitativo (…) tanto en torno a la organización, la propiedad y la
presencia en el espectro radial.” (p. 104)
En la actualidad, existen más de cien radios en el área de la Ciudad de Buenos Aires.
Por esta razón, a los efectos de la realización de este estudio de caso se consideró
necesario indagar sobre los años posteriores, en los que las radios identificadas con la
colectividad boliviana se han expandido y desarrollado en la Ciudad de Buenos Aires. Para
esto, se establecieron distintos encuentros con Juan Vázquez, comunicador y referente de
Colectivo Simbiosis Cultural, una organización creada por jóvenes de la colectividad
boliviana, mayormente costureros/as, con el objetivo de cuestionar, desde acciones
culturales y sociales, el trabajo realizado al interior de los talleres textiles.
Vázquez propone una mirada distinta de lo planteado por Grimson (1999) para
explicar el origen de las radios de la colectividad, ya que encuentra en las dinámicas
económicas las bases organizativas de lo que se conoce como la “colectividad boliviana
organizada”.
Añadido a esto, se refiere a un conjunto de dinámicas relacionadas con un sector del
trabajo referenciado en la Ciudad de Buenos Aires con “lo boliviano” o “la bolivianidad”: los
talleres textiles. En este sentido, rescata el origen de esta referenciación (tanto al interior de
la colectividad, como afuera de ella) en la construcción y naturalización de una serie de
estereotipos que colaboran en invisibilizar y legitimar las formas complejas de vulneración
ix
que sufren, en general, las comunidades migrantes en sus países de residencia y, en
particular, la boliviana en la Ciudad de Buenos Aires.
En este sentido, Vázquez plantea diferentes momentos. El primero se caracterizó
principalmente por la aparición de programas radiales conducidos y producidos por personas
alejadas a las estructuras de la colectividad organizada. Seguidamente, propone un segundo
momento, marcado por el desarrollo y proliferación posterior de las emisoras radiales,
vinculadas económicamente con empresarios de la colectividad boliviana: dueños de
boliches, de fábricas de insumos para la producción textil, etc.
Es así cómo, para el entrevistado, las radios referenciadas con la colectividad
boliviana no pueden ser pensadas como “radios comunitarias” en el sentido político-
comunicacional del término. Esto se debe a que, en sus concepciones primarias, no existe
una crítica concreta al sistema de medios tradicional, a las formas de organización dentro de
un medio de comunicación o una demanda clara de acceso a la comunicación. Sino que,
para Vázquez, se trata de la reproducción de las mismas dinámicas presentes en el sistema
de medios tradicional, con el objetivo de legitimar las estructuras económicas de dominación
presentes al interior de la colectividad boliviana.
Por otro lado, en relación con los aspectos propios del mensaje radiofónico
propiamente dicho, menciona algunos rasgos compartidos entre ellas. Estas decisiones
artísticas, según él, se relacionan principalmente con la necesidad de crear una audiencia
amplia y consolidada hacia el interior de la colectividad boliviana, con el objetivo de incidir
según intereses específicos.
Estudio de caso: Radio Panamericana (FM 90.7)
El caso seleccionado para la presente investigación es Radio Panamericana (FM
90.7). Esta estación fue fundada hace más de veinte años aproximadamente, por Natalio
Sillani y Reynaldo Apaza. El nombre original elegido fue Radio Gigante, en referencia a una
famosa FM oriunda de La Paz, Bolivia. Luego, hace siete años, la sociedad fundadora de la
radio se separó, pero la emisora siguió emitiendo contenidos en el mismo dial, bajo el
nombre de Radio Panamericana.
Para explicar la elección de este caso es preciso explicar algunas cuestiones
vinculadas con la migración boliviana hacia la Argentina. Si se analizan estos movimientos
poblacionales desde el SXIX (cuando se encuentran los primeros registros de residentes
bolivianos/as en el país) hasta la actualidad, se puede ver que los movimientos de migrantes
x
bolivianos/as hacia la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires comienzan a aparecer a
mediados del SXX. Sin embargo, en el caso de la jurisdicción porteña, la presencia de la
colectividad boliviana adopta una mayor y más consolidada presencia entre 1991 y el 2001.
El censo de 1980 mostraba que sólo el 8,8% de la población proveniente de países limítrofes
en la Ciudad había nacido en Bolivia, mientras que en el caso de la Provincia de Buenos
Aires los resultados arrojaban un 31,4%. Entre los censos de 1991 y 2001 es cuando se
puede ver un aumento considerable en la presencia de población de origen boliviano en la
Ciudad, que pasa del 12,5% al 21,5%.
Según Casanello (2014), en la Ciudad de Buenos Aires la migración boliviana:
Se concentró en los barrios del sur (…), fundamentalmente Villa Soldati, Villa Lugano,
Mataderos, Liniers y Flores. En estos barrios, los migrantes han construido fuertes
territorios étnicos donde mantienen y re-significan sus costumbres culturales y
refuerzan las redes sociales de trabajo y sociabilidad. (p. 80)
En efecto, la Comuna 8 (compuesta por los barrios Villa Lugano, Villa Soldati y Villa
Riachuelo) concentra la mayor cantidad de habitantes nacidos en un país limítrofe de toda la
ciudad. Mientras que el promedio de C.A.B.A. es de 7,1%, en la Comuna 8 el porcentaje
asciende al 15,1%11. En el caso particular de la Villa 20, ubicada en Villa Lugano, según los
datos del último Censo Nacional de 2010, de los 22.563 habitantes que residen allí, el 49,9%
no nació en la Argentina.
Al mismo tiempo, si se tiene en cuenta que la Villa 20 es el cuarto asentamiento más
importante de toda la urbe porteña, ya que en ella viven el 13,3% del total de residentes en
villas12, puede entenderse la relevancia y el interés investigativo en el caso seleccionado.
Conclusiones
Finalizado el proceso de investigación, en principio se puede constatar parcialmente
la hipótesis planteada al comienzo de esa investigación: es posible establecer relaciones
entre las prácticas de Radio Panamericana (FM 90.7) y los procesos de identificación y
representación presentes en la consolidación del grupo social identificado como “colectividad
boliviana” de la Villa 20 en Villa Lugano.
Al respecto, la cuestión del trabajo aparece con una presencia constante a lo largo de
todo el trabajo. Primero, en relación con la radio como medio de comunicación, se puede
observar, tanto en las verbalizaciones de los/as participantes de la radio estudiada, como en
11 Dirección de Estadísticas y Censos, Ministerio de Hacienda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015. 12 Dirección de Estadísticas y Censos, Ministerio de Hacienda, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015.
xi
los resultados de la encuesta exploratoria a vecinos/as de la Villa 20, la aseveración de que
la radio es el medio de comunicación que se consume mientras se trabaja.
Asimismo, la amplia mayoría que relacionó en la encuesta exploratoria su interés por
los avisos que se emiten en las radios identificadas con “lo boliviano”, plantea un escenario
fértil para constatar, al menos en parte, lo dicho por Juan Vázquez, el informante consultado
para esta tesis, con respecto a la radio, el trabajo y la industria textil en la Ciudad de Buenos
Aires. En efecto, el rol (explícito o implícito) asignado a Radio Panamericana (FM 90.7) como
fuente de comunicación de oportunidades laborales por los/as mismos/as vecinos
encuestados/as, por un lado, y la sección reservada en el programa principal de la radio,
conducido por Reinaldo Apaza, director y responsable visible de la emisora (sin mencionar
los lazos que sostiene con referentes de organizaciones que nuclean a dueños de talleres y
fábricas textiles), da cuenta de un terreno posible para la continuación y profundización de
futuras investigaciones en la temática.
Sumado a ello, otros elementos que pueden ser destacados en este sentido son las
características y componentes del mensaje radiofónico, especialmente la música. Esto se
debe a que, según las verbalizaciones de los/as entrevistados/as, pueden funcionar como
delimitadores de fronteras identitarias y representativas. Por un lado, apelando a la memoria
colectiva de la tierra y la cultura compartida. Por el otro, con el propósito de proponer
estrategias de “integración” o “asimilación” cultural con el territorio y la cultura del país de
residencia. Sobre esto, cabe destacar que en el sondeo el 72% de las personas que
consumían contenidos de emisoras identificadas con “la colectividad boliviana” relacionaron
esta elección con “la música” que se podía escuchar en ellas.
Del mismo modo, “la función social” del medio de comunicación radial es otro
elemento que surge como una característica propia y común de las radios identificadas con
“lo boliviano”. A partir de la mención de diferentes ejemplos, entre los que se incluían, desde
la información oficial sobre recursos institucionales, hasta la organización de colectas para
ayudar a personas o familias con distintas problemáticas, puede decirse que, dentro las
tareas referidas al lugar que ocupa Radio Panamericana (FM 90.7) a nivel comunitario,
aparecen construcciones que la vinculan como estructurador de voluntades solidarias. No
obstante, es necesario tener en cuenta que, en los resultados de la encuesta exploratoria el
interés por las actividades sociales y solidarias llevadas adelante por las emisoras
referenciadas con “lo boliviano”, no obtuvo una presencia importante. Esta situación lleva a
reflexionar sobre otros elementos surgidos durante el proceso de realización de esta tesina.
xii
En primer lugar, la multiplicidad de puntos de vista en relación al rol que cumplen las
radios referenciadas como “de la colectividad boliviana”, tanto en los/as participantes del
caso analizado, como en el testimonio del informante consultado, obliga a pensar en los
problemas de pensar en la existencia de un consenso unificado alrededor de la idea de
“colectividad boliviana” en la Villa 20. Primero, si se consideran las distintas formas de
intervención política y territorial que llevan adelante los/as participantes de la radio estudiada.
¿Por qué? Porque, como se planteó en apartados anteriores, este contexto podría ser un
punto de partida para analizar las dinámicas de la radio como herramienta comunicación en
la construcción y consolidación político-territorial a nivel comunitario.
Pero, principalmente, si se atiende a las significaciones e interpretaciones de “lo
barrial” y “lo comunitario”, tanto en la instancia de las entrevistas en profundidad, como
durante la realización de la encuesta exploratoria. El hecho de que “lo comunitario”, para
los/as participantes de la radio esté referenciado, no con “lo boliviano”, sino con estar en una
villa, es un ejemplo cabal de esto. Otra muestra de esto tiene que ver con las respuestas de
los/as vecinos/as encuestados/as, quienes en un 64% de los casos, identificaron a Radio
Panamericana (FM 90.7) como una radio barrial.
En efecto, la concepción de “comunidad boliviana” o “colectividad boliviana” como un
constructo único, definido u homogéneo implica desconocer los campos de batalla que
atraviesan y que son atravesados por estas significaciones, dinámicas y acciones. En el caso
de la radio estudiada, se puede ver cómo la villa y el barrio aparecen claramente como
ámbitos de disputa que se superponen constantemente con “lo boliviano” en un cúmulo de
pliegues que acumulan historia, territorio y experiencia común.
No obstante, Radio Panamericana no deja de tener una clara referenciación,
constatada -en términos exploratorios- en los resultados de la encuesta llevada a cabo y,
también, a partir del hecho de que sus dos conductores/as más antiguos/as han ocupado
cargos de representación de los/as habitantes del barrio en los últimos diez años. Por ello,
no sería descabellado pensar en que, de la misma forma que sucede a escala nacional o
regional, los medios de comunicación barriales y comunitarios puedan ocupar funciones de
articulación hegemónica en sus ámbitos de intervención.
