INSTITUTO DEL PENSAMIENTO LIBERAL (IPL)

LA IRRUPCIÓN DEL PARA-ESTADO MAFIOSO

(EL FRENESÍ DEL PODER II) 2002-2006

Alpher Rojas Carvajal Director del proyecto Nicolás Cárdenas Ángel Asistente de investigación

Introducción

Tras la reforma política, cuyo espurio decurso parlamentario determinó la vigencia de la reelección presidencial inmediata a través de un proceso con notorios desequilibrios, el país asistió a la reproducción gubernamental del dirigente neoconservador Álvaro Uribe Vélez y de sus bancadas parlamentarias, provenientes de movimientos electorales heterogéneos: un dédalo de “partidos ambulancias” o catch all party que recogió todo lo que apareció en el escenario nacional asociado a las armas, las drogas o el dinero. Fue sin duda un punto de inflexión por el que el país y sus principales fuerzas políticas se han visto avocados a reinterpretar su pasado, su presente y su futuro. No sólo por la consolidación de un régimen retardatario o de “autoritarismo paternalista”, que devuelve el país al siglo XIX, sino porque las dimensiones de la crisis de legitimidad política y las innovaciones de la reforma electoral -funcionales al proceso de concentración del poder económico y a la globalización financiera- exigen reagrupamientos, definiciones de bancadas y vocerías específicas, tanto como la eficacia de sistemas disciplinarios inédi-tos en el subsistema de partidos. El escenario partidista no es igual hoy al que teníamos antes del 2002, porque el bipar-tidismo tradicional colapsó y las fragmentadas fuerzas políticas se encuentran situadas en un espectro de polarización pasiva que, a partir de Uribe Vélez, se vio reducido a nichos plurales localizados en la izquierda y la derecha, esta última -y de manera muy radical- copada por el presidente Uribe Vélez y sus adláteres partidistas junto con las elites socioeconómicas y narcoparamilitares. Entre tanto la Izquierda democrática se encuentra esparcida entre el Partido Liberal Colombiano, cuyos estatutos lo acreditan como “una coalición de matices de izquierda democrática” y el Polo Democrático Alter-nativo, en cuyo seno de contradicciones libran sus propias batallas diversas facciones nacionalistas, populistas y movimientos sociales. En esencia en Colombia no hay “Centro”, como sin mayores elementos de juicio cientí-fico se viene proclamando desde sectores interesados en “adelgazar” la política y en

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sepultar las ideologías en una suerte de parodia al falaz mito de Fukuyama: “The end of history”. Sólo hay derecha e izquierda en niveles que van desde lo extremo, pasando por lo radical hasta un punto calificado como moderado en el espectro político de am-bas orillas (Ver Bobbio: “Derecha e Izquierda”). Se trata simplemente de un universo simbólico en el que fuerzas sin énfasis ideológico buscan su reacomodamiento a dis-tancias mínimas de las canonjías del poder. El “Centro” es un híbrido insustancial -una añagaza mediática- al que ni pensadores clásicos ni modernos registran como una ca-tegoría política definitiva y definitoria. (1)

* * * El proceso electoral puso en evidencia la eficacia de la armazón de un Estado mafioso en funcionamiento, que consiguió reproducirse mediante el ofrecimiento de recursos presupuestales y burocráticos, y no solo los pertenecientes al erario público y al tesoro nacional. También de los excedentes provenientes del blanqueo económico de la mafia paramilitar aliada del gobierno, que produjeron las múltiples e inanes denuncias de la oposición por las continuas violaciones a la ley de garantías durante la campaña. El gobierno se valió, así mismo, de la estrategia de utilizar las redes clientelares cons-truidas durante años por los partidos tradicionales, mediante la cooptación de sus líde-res menos ideologizados, por lo que los deslizamientos fueron la regla en estas elec-ciones, en todos los niveles jerárquicos. Los dineros a raudales, el control social y elec-toral del paramilitarismo y de mafias locales y regionales, así como la acción eficaz de las redes de cooperantes, también determinaron la eficacia de su estrategia electoral. No cabe duda que todas estas acciones se conjugaron con el unanimismo mediático, nada crítico en realidad (no gratuitamente sus tres alfiles: el vicepresidente Francisco Santos, el fundador de su principal Partido y ahora ministro de la defensa, Juan Manuel Santos, así como su ministro del medio ambiente y la vivienda, Juan Lozano Ramírez, son los principales accionistas del conglomerado de medios más importante del país) y la enorme operación de marketing -con toda suerte de artificios legítimos y antitéticos- con la que durante cuatro años nos vendieron el “estilo Uribe”, que tanto cegó a miles de compatriotas, tal como le ocurriera ya al pueblo alemán con su genocida líder. Una vez superada la reelección y evidenciado el fracaso de los objetivos de la política de seguridad democrática y los nuevos rumbos de fortalecimiento de las políticas neoli-berales, los intelectuales, los dirigentes sociales y los actores políticos, y gran parte de la opinión pública, sobre todo democrática y de izquierda, han empezado a criticar a Uribe. En todo caso, para numerosos analistas imparciales la reelección no ha sido un tema superado, menos por la oposición, toda vez que aún sin posesionarse el Presiden- 1 En esencia las tendencias centristas son más propias de monarquías parlamentarias y están referidas -en la mayoría de casos- a coaliciones plurales (p.ej. la fracasada UCD de Adolfo Suárez y Leopoldo Cal-vo-Sotelo), o a organizaciones sociales que incursionan en la vida pública para obtener la solución de problemas específicos, puesto que el bipartidismo, con parlamentos proporcionales, favorece más la po-larización en partidos de derecha (democristianos o conservadores) e izquierda (socialdemócratas o labo-ristas). No obstante, si se quiere una precisión ideológica de esa noción política, “el centro político es el Estado”, como bien lo ha definido el célebre teórico de partidos Giovanni Sartori.

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te para el nuevo periodo senadores como Armando Benedetti, ventilan la posibilidad de una nueva reelección o como el conservador (“dueño” del INPEC) Ciro Ramírez quien plantea la ampliación del período de Uribe a dos años más, y que frecuentemente sus-tentan con el argumento de que políticas como TLC y las de la Seguridad Democrática requieren una larga continuidad para conseguir su total eficacia. El fracaso de la Seguridad Democrática a pesar de ser una realidad demostrable, no es evidente para amplios sectores de la opinión pública. Alguna parte de la ciudadanía, es cierto, asimila la imagen del presidente con una percepción de seguridad “ya podemos visitar nuestras fincas”. Pero es una sensación derivada del unanimismo mediático y de su capacidad persuasora masiva generadora de opinión. Son los mass media podero-sos que demandan gigantescos recursos en pautas publicitarias del gobierno y éste se las otorga con largueza bajo la contraprestación no acordada de difundir mensajes con los cuales de manera subliminal y pertinaz nos venden la imagen de un demiurgo, de un Supermán, en fin, de un gobernante trabajador nunca antes visto, capaz de “solucio-narlo todo”. Sin embargo, importantes sectores de la ciudadanía y de los sectores sociales y de mi-norías organizadas han asumido el desafío de escudriñar y debatir los factores que condujeron a ese escenario desde donde se dispensa la derechización del país y de controvertir -por fuera de las corporaciones legislativas nacionales y territoriales- las políticas públicas mediante las cuales el presidente Uribe pretende instrumentar su pro-yecto desinstitucionalizador de hacer más ricos a los ricos y empobrecer aún más a los pobres de Colombia. Da la impresión que se está abriendo paso un amplio consenso entre los sectores de-mocráticos para ejercer el pensamiento crítico en contravía del unanimismo mediático. Así las cosas quienes emprendan este riesgoso proceso de “no tragar entero” tienen la responsabilidad de informarse adecuadamente, así como de recordar y evaluar de ma-nera certera al gobierno y a su para-estado mafioso en construcción y las formas en que éste busca afirmar su gobernabilidad. Tanto más el Partido Liberal, cuya militancia ha declarado la oposición a las políticas neoliberales y militaristas del presidente Uribe Vélez. Con este segundo trabajo (ya habíamos publicado el número uno en junio de 2004 -hoy se encuentra en nuestra web: www.ipliberal.org cuya edición en folleto físico se agotó completamente y sirvió de base para múltiples debates de las bancadas oposicionistas) el Instituto de Pensamiento Liberal (IPL), se propone consignar nuevos elementos de juicio relacionados con las patologías de corrupción y las principales fallas del gobierno actual, para que cada ciudadano participe cada vez más de forma efectiva en el análisis crítico de la vida nacional y, particularmente, en el entramado democrático con criterios serios y responsables frente a la avalancha de propuestas neoliberales que se otea en el inmediato porvenir. En esta oportunidad se anexan tres documentos muy importantes de evaluación de las políticas públicas nacionales: “Colombia en la encrucijada democrática”, escrito para el suplemento político de Le monde, por el director del IPL Alpher Rojas Carvajal; “La polí-

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tica de Seguridad Democrática 2002-2005”, del investigador de la Universidad de Los Andes Francisco Leal Buitrago, y “Bienestar y macroeconomía 2002-2006: el crecimien-to inequitativo no es sostenible”, documento de los investigadores Jorge Iván González (director del CID) y Ricardo Bonilla González (Coordinador (OCCE) de la Universidad Nacional.

LA IRRUPCIÓN DEL PARA ESTADO MAFIOSO

Una Reelección Con Nombre Propio Desde los inicios mismos del periodo presidencial de Álvaro Uribe el país empezó a hablar y a escuchar de forma reiterada sobre reelección. No se trató, sin embargo, de una discusión amplia sobre la reelección, que considerara la posibilidad de reelegir al-caldes, gobernadores o incluso a ex presidentes en general, sino que ha sido un debate en torno a una reelección presidencial INMEDIATA con nombre propio: Álvaro Uribe Vélez. Inicialmente el presidente Uribe se mostró reacio y en franco desacuerdo con la figura de la reelección y advertía que podía conducir a que el gobernante trabajara en su con-secución, descuidando sus obligaciones. En el año 2003 manifestó que su esposa, Lina Moreno, “no me prestó sino por cuatro años”. Incluso afirmó que “si este gobierno va bien en las líneas esenciales, es muy importante que en el país haya una conciencia de continuidad. Y eso no necesariamente está vinculado a la reelección” (2). De esta ma-nera el presidente agradecía los gestos “generosos” de las personas que estaban, des-de entonces, proponiendo su reelección, pero opinaba que ésta no era un requisito obligatorio para asegurar la continuidad de su política de gobierno. Sin embargo, muy pronto su discurso empezó a modificarse de forma paulatina y vertiginosa. Uribe y la reelección: coqueteos progresivos El proceso para aprobar la reelección presidencial inmediata se inició al año de la pose-sión del presidente cuando, entre julio y diciembre del año 2003, algunos congresistas radicaron proyectos sobre el tema. Aunque ambos proyectos se hundieron, ello no sig-nificó un freno a la iniciativa. Luego de que la embajadora de Colombia en España, Noemí Sanín, se mostrara de acuerdo con la idea de reelegir a Uribe, y que el asesor presidencial Fabio Echeverri Correa, reconociera que el gobierno estaba interesado en el asunto, se radicó un nuevo proyecto para aprobar la reelección presidencial inmediata el 25 de marzo de 2005. Por primera vez el gobierno se manifestó abiertamente frente al tema. Aún guardaba cierta distancia y mesura, pero mantenía un coqueteo progresivo con la idea de continuar otros cuatro años en el poder. En ese entonces sostuvo desde Washington que "en un país donde se sufre la acción de 30.000 personas alzadas en armas involucradas en drogas, contra su gobierno, contra las instituciones democráticas, no se puede solucio-nar el problema en cuatro años", al tiempo que insistía “el asunto de la reelección, que 2 “Reelección”, Cambio, Bogotá, 21-28 de julio, 2003, p. 19.

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requiere una modificación constitucional, no debe personalizarse” y que "la reelección es una pregunta para el Congreso, es una pregunta para la opinión pública” (3). Sus palabras fueron proféticas en tanto todo lo que dijo que no debía ser, en efecto fue: el tema se personalizó en torno a su mesiánica figura. Más que una pregunta para el Congreso y para la opinión pública, la reelección convirtió al Congreso en escenario de mercadeo apropiado para el trámite de cargos y prebendas en torno a su aprobación. A su vez, el país nunca recibió la invitación para pensar y reflexionar sobre los efectos positivos y negativos de la reelección presidencial inmediata, entendida en un sentido amplio y considerando sus implicaciones a corto, mediano y largo plazo en un régimen presidencialista. Se pensó la reelección encarnada en la figura del presidente Álvaro Uribe y para un tiempo determinado: su postulación para el periodo comprendido entre los años 2006-2010. Desde el inicio de la discusión, los argumentos a favor de la reelección intentaban ex-plicar que el periodo de cuatro años resulta insuficiente para adelantar una efectiva ac-ción de gobierno. En el caso de Uribe se ha tratado de la acción de gobierno orientada a la política de seguridad democrática. De ahí que el mismo presidente hiciera, en su momento, ciertas analogías por demás curiosas: “Ya que le dieron cuarenta años a don Manuel (Marulanda), ¿por qué no le dan un tiempito más largo a la seguridad democrá-tica? El país no puede vacilar en materia de orden público. Yo le pido a Dios que los colombianos no se equivoquen en el 2006” (4). Se comparaba el presidente con el líder octogenario de las FARC-EP, e implícitamente proponía que la solución consistía en asegurar su permanencia en el poder como garantía para seguir avanzando con “mano firme” en la lucha contra los terroristas. Enardecida reacción contra un Senador Ya montado en el tren reeleccionista, el presidente parecía mostrarse más preocupado por lo que podría pasar una vez concluido su gobierno, que por sus obligaciones como presidente en ejercicio. “Yo siento responsabilidades con mi patria, en este cuatrienio y mientras viva... y voy a jugarme hasta el último gramo de energía para que esto no vuelva ni a manos de la politiquería ni a manos de la blandura frente al orden público" (5). Que sea reelegido, sin embargo, no parece ser garantía para uno u otro caso, más aun cuando surgieron cuestionamientos en torno a la transparencia de la discusión de la ley en el Congreso. El senador liberal Héctor Elí Rojas publicó los nombres de familiares de congresistas nombrados por el gobierno en los servicios diplomáticos del Estado. Aducía el parla-mentario, que existía conflicto de intereses entre estos congresistas y la discusión sobre la reelección, al tiempo que llamaba la atención sobre cómo el ejecutivo se estaba rela-cionando con el legislativo. El presidente, lejos de esgrimir argumentos dignos de un

3 “Cuatro años de mandato no son suficientes: Uribe”, El Colombiano, Medellín, 26 de marzo, 2005. 4 “Uribe defiende su reelección”, BBC Internet, 21 de abril, 2004. 5 Ibíd.

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estadista que se proclama contra la politiquería, estalló y calificó al senador de “maño-so”. En el espontáneo debate radial, el Presidente se exaltó cuando el senador anunció nuevas denuncias sobre la designación diplomática de personas que financiaron la campaña presidencial de Uribe. “Pero eso lo voy a dejar para otra oportunidad", dijo el senador, a lo que respondió Uri-be, "no sea mañoso, dígalo ya"... "Yo le agradezco el agravio porque viniendo de un presidente no es ningún honor pero tampoco me exalta el ánimo para contestárselo", respondió el senador Rojas” (6). Días después el presidente se disculpó públicamente con el senador. Una enardecida reacción por parte del presidente, frecuente en su proceder cuando se enfrenta a situa-ciones adversas en desarrollo de su gobierno y que posteriormente lo obligan a retrac-tarse. Sin embargo, frente a los diplomáticos en entredicho, el gobierno tomó medidas aisladas y los mantuvo en el cargo. La reelección, mucho más que “cambiar un articulito de la Constitución” Lejos de ser un tema coyuntural, que se limita a una persona particular –el presidente Uribe– y a un momento específico –el periodo 2006-2010-, la reelección es un instru-mento que modifica sustancialmente el sistema político. Es mucho más que “reformar un articulito de la Constitución”, como comentaba a la ligera Fabio Echeverri Correa. Colombia, como otros sistemas políticos latinoamericanos, tiene un régimen presiden-cialista donde el poder se concentra en el ejecutivo del nivel nacional. En ese sentido, modificar la carta constitucional implica un cambio en la estructura sobre la cual se fun-dan los sistemas político y electoral de la democracia colombiana. Por naturaleza la democracia establece la rotación del poder. Una cosa es el gobierno y otra el Estado. Por eso se equivocan quienes piensan, como parece hacerlo en ocasio-nes el presidente, que la continuidad de su política de seguridad democrática depende de su permanencia en el cargo. Para eso están las instituciones del Estado como re-presentantes de la sociedad y no indispensables figuras mesiánicas como la suya. Ya otra cosa es considerar si ese es el tipo de política de seguridad que resulta más con-veniente para el futuro del país. Junto con la rotación, el sistema político establece el equilibrio de poderes entre ramas y entre el gobierno y la oposición, procurando asegurar que los organismos de vigilan-cia y control, como la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Constitucional, el Banco de la República, entre otras comisiones e instituciones, cuenten con la participación de secto-res diferentes al gobierno. Con la reelección, el presidente nombraría funcionarios adi-cionales a los ya posesionados, hecho que de forma progresiva continuaría cerrando cada vez más el escenario político hacia un unanimismo en torno suyo y su política de gobierno. Con ello se pone en riesgo la estabilidad jurídica, económica y política de la 6 Ibid.

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democracia colombiana. El columnista Pedro Medellín ya advertía una situación even-tual con la Junta del Banco de la República. “En caso de ganar las elecciones, un nuevo periodo en la Presidencia le va a permitir a Álvaro Uribe el control del Banco de la República. El nombramiento de dos nuevos miembros de la Junta Directiva (adicionales a los dos que ya nombró en su primer pe-riodo) le va a dar la mayoría necesaria para dominar las decisiones del Banco. La expe-riencia de tres años de gobierno ha demostrado que, por su formación y talante, el Presidente Uribe no es muy dado a preservar una mínima racionalidad económica, ni a respetar la autonomía del Banco” (7). Pese a las múltiples consideraciones realizadas por distintos sectores, el gobierno -con la vocería del ministro de justicia, Sabas Pretelt- opinaba todo lo contrario y señalaba que el proyecto de reelección "profundiza la democracia, no la restringe. Abre el siste-ma a todas las opciones, impone controles independientes y blinda la neutralidad de la organización electoral" (8). Reelección inmediata y mediática El carácter inmediato de la reelección fue también tema de discusión. Incluso gobiernis-tas como el ex ministro Fernando Cepeda, advertían que “lo lógico sería que se le per-mitiera a Uribe ser reelegido para un período posterior, pero que a partir de su sucesor, quedara establecida la posibilidad de la reelección inmediata, pues de ese modo se evi-taría que Uribe estuviese litigando en causa propia ahora mismo” (9). De nuevo sucedió lo inevitable, Uribe litigó y buscó en el Congreso aprobar su reelección, anticipando el inicio de la campaña electoral. Antonio Navarro, senador del Polo Democrático, mani-festaba que "la elección presidencial de 2006 comienza la próxima semana. La defensa de este proyecto por parte del Ministro del Interior es la política oficial del Presidente” (10). Desde octubre de 2005, con el pronunciamiento positivo sobre la constitucionalidad del trámite y fundamento de la reelección, la figura del presidente candidato se ha oficiali-zado, aunque ya hace rato que el país ha venido recibiendo un cóctel mediático en donde el plato fuerte ha sido la reelección presidencial. En palabras de Antonio Caballe-ro, “llevamos todos ya cerca de cuatro años (casi desde antes de que fuera elegido) hablando de su reelección. Unos a favor, otros en contra. El propio Uribe, coquetona-mente, se dejaba querer, se dejaba desquerer, por la prensa, por el Congreso, por la Corte Constitucional, sin soltar por su boquita ni un "no" sincero ni un "sí" verdadero. Y entre tanto hacía campaña” (11).

7 Pedro Medellín, “La mesa”, El Tiempo, 25 de octubre, 2005. 8 “El presidente se la juega por la reelección”, El Colombiano, marzo, 2004. 9 “Reelección”, Cambio, Bogotá, 21-28 de julio, 2003, p. 18. 10 “El presidente se la juega por la reelección”, El Colombiano, marzo, 2004. 11 Antonio Caballero, “La Reelección de Uribe”, Semana, 27 de noviembre, 2005.

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El gobierno ha tenido en los medios de comunicación a sus más fieles voceros, que a lo largo de su gobierno lo han endulzado con las mieles del elogio. Se han publicado de forma continúa encuestas que aseguran que el presidente y su gobierno cuentan con una aceptación que no baja del 70%. Lo que importa es la imagen de eficiencia y dure-za que transmite el primer mandatario, afianzado bajo la reproducción del slogan meca-nicista de “trabajar, trabajar y trabajar”. Una reelección a toda costa: el caso Yidis y Teodolindo En el trámite en el Congreso, el proyecto de reelección presidencial inmediata llegó al tercer debate de la primera vuelta, en la Comisión Primera de la Cámara de Represen-tantes. Es en ese escenario donde aparecieron los nombres de Yidis Medina y Teodo-lindo Avendaño, “dos representantes que quedaron en la memoria de los colombianos, no sólo porque deben tener muy pocos tocayos, sino porque su conducta frente a la reelección ha dejado muchos interrogantes sobre su rectitud ética y política” (12). Los dos representantes se habían manifestado públicamente en contra de la reelección, y Yidis, incluso, había firmado un acuerdo con la oposición. No obstante, días después la congresista se reunió con representantes del gobierno y cambió a última hora su vo-to, por cuenta de auxilios para su región, el Magdalena Medio santandereano. Tedolin-do, a su vez, no se apareció por el recinto legislativo y adujo que su hijo había sufrido un accidente. Lo cierto fue que su ausencia le restó otro voto a la oposición, con lo que el gobierno se aseguró la aprobación del proyecto legislativo, que pasó raspando con 18 votos contra 16. El caso de los renombrados Yidis y Teodolindo fue tal vez el absurdo más sonado del trámite legislativo de la reelección. No fue, sin embargo, el único. En su momento la columnista Lucy Nieto de Samper escribía que uno de los casos más sonados era el del “senador José Renán Trujillo. Enemigo declarado de la reelección, votó a favor luego de que Carlos Holmes, su hermano, fuera nombrado embajador en Suecia” (13). Otros ca-sos fueron el del senador Enrique Gómez Hurtado y su hijo embajador en Francia, así como los hijos de los caciques políticos costeños Salomón Saade y Miguel Pinedo Vi-dal. La decisión y la responsabilidad histórica frente a la aprobación o no de la reelección recayó en los congresistas. Unos con argumentos a favor y otros en contra de la re-elección. Muchos otros con intereses particulares referidos a la obtención de nombra-mientos de sus familiares en cargos del Estado o de mayores beneficios para sus re-giones. Una Corte presionada Una vez aprobada en la plenaria de la Cámara por 115 votos contra 15, la ley recibió la sanción presidencial a través del Acto Legislativo No. 02 de 2004. Con ello pasó a revi-

12 Fabio Velásquez, “En voz alta”, El País, 7 de junio, 2004. 13 Lucy Nieto de Samper, “Tire y afloje”, El Tiempo, 12 de junio, 2004.

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sión de la Corte Constitucional que inició en enero del 2005 el estudio de las demandas presentadas en su contra. Casi de inmediato se iniciaron las presiones sobre la Corte, pese a que una vez aprobada la reelección, el presidente Uribe parecía ignorar algunos sucesos al decir que “la reelección presidencial implica más responsabilidades con el pueblo que con la historia" y asegurar que ‘‘el Congreso y la Corte Constitucional actua-ron sin presiones” (14). Inicialmente, el asesor presidencial José Obdulio Gaviria comparaba un posible fallo adverso de la Corte con una especie de magnicidio: “Si la Corte Constitucional tumba la reelección, sería como un magnicidio, y ante los magnicidios hay inmensas protestas populares" (15). De forma tácita el asesor planteaba que en caso de un fallo adverso se podría generar una movilización popular a favor del presidente, una acción de hecho como respuesta al trámite en la Corte. Con ello el asesor planteaba que las acciones de hecho pueden constituirse en acciones políticas, concepto por lo demás muy acorde con los desarrollados en su libro Colombia, asesinato y política. Acto seguido, el primo del presidente y senador de la república Mario Uribe propuso la posibilidad de desconocer un posible fallo adverso de la Corte, y aun así presentar el nombre de Uribe a las elecciones. En marzo de 2005 manifestó, “estamos pensando muy seriamente en una cosa: que Álvaro Uribe Vélez sea nuestro candidato a la Presi-dencia en 2006, independientemente de lo que falle la Corte” (16). La presión no pudo haber sido más evidente. El senador abría el camino para ignorar las vías institucionales, ‘pasarse por la faja’ la decisión de la Corte y, como desea enco-nadamente, lograr la reelección de su querido primo. Las reacciones a este plantea-miento, poco democrático por demás, no se hicieron esperar. Entre otros, el senador liberal Darío Martínez explicaba que “(…) lo que se está proponiendo no es más que la creación de una dictadura, violentando nuestro ordenamiento jurídico y estableciendo una grosera presión indebida ante la Corte Constitucional y colocándose en los linderos del Código Penal, al instigar de forma pública a desconocer una eventual sentencia del Alto Tribunal” (17). Su advertencia sobre la instauración de una posible dictadura no se encuentra muy le-jos de la realidad. Esto se comprueba en las opiniones de allegados al gobierno, como la del recientemente fallecido, el industrial Hernán Echavarria, quien manifestó abierta-mente que “si la reelección no pasa en la Corte, hay que elegir a Uribe como presidente vitalicio. Es indispensable para el país y yo no veo, hoy ni a futuro, un sucesor. Está en juego la viabilidad de Colombia y, si se quiere, después de cumplida la tarea, puede renunciar” (18).

14 Hernando Álvarez, “Colombia: Corte aprueba reelección”, BBC, 20 de octubre, 2005. 15 “¿Magnicidio?”, Cambio, www.revistacambio.com/html/secretos/articulos/3372, 2005. 16 “Reelección, al borde de un ataque de nervios”, El Espectador, Bogotá, 25 de septiembre, 2005. 17 “Reelección más polémica”, El País, 28 de marzo, 2005. 18 Ibíd.

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Ya en las postrimerías del fallo por parte de la Corte, una nueva presión apareció en escena, esta vez en la voz del ministro Sabas Pretelt. El ministro, sin pruebas o susten-to alguno, salió a la opinión pública a denunciar que grupos armados ilegales se encon-traban presionando a los magistrados de la Corte frente a la decisión sobre la reelec-ción presidencial inmediata. “Entendemos y aceptamos que partidos y organizaciones democráticas se opongan a la reelección. Pero me preocupan las posiciones radicales que, según hemos oído, han tomado algunas organizaciones ilegales. Guerrillas, narcotraficantes y delincuentes que han sentido el rigor de este gobierno y que se oponen radicalmente a la reelección. Hay deseos perversos contra la reelección” (19). Luego de aceptar que no tenía prueba alguna, el ministro se retractó y recibió –-como es habitual– la reprimenda del primer mandatario, quien ordenó a sus funcionarios abs-tenerse de realizar comentarios al respecto. Con ese anuncio, el ministro puso en tela de juicio la sentencia de la Corte y en entredicho la integridad moral de los magistrados. Otros comentarios, como el del director del partido conservador Carlos Holguín Sardi, refuerzan este tipo de planteamientos. El congresista señalaba en julio de 2005 que “una votación en la Corte de 5-4 quiere decir que una persona pudo más que todas las mayorías parlamentarias y populares, que están reflejadas en las encuestas. Eso no cabe en ninguna parte” (20). Con esta apreciación el senador desconocía de forma implícita el importante rol que cumple la Corte Constitucional al revisar el procedimiento y fundamento de todo acto legislativo, en el marco del equilibrio entre poderes. Pero como en este país las noticias vuelan como el viento, el 19 de octubre de 2005 la reelección recibió el visto bueno de la Corte y pocos se preguntaron si en efecto existie-ron presiones en torno a la reelección. Tal como sucedió, parece que además de pro-venir de grupos armados ilegales como denunció alegremente Sabas, las presiones a la Corte provinieron principalmente del gobierno y de sus escuderos, quienes plantearon escenarios de protesta social e incluso de llegar a desconocer una decisión contraria a sus intereses. La voluntad por encima de la democracia parece ser su lógica de acción (21).

LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA POLÍTIQUERÍA

“Sueño con un Estado al servicio del pueblo y no para provecho de la corrupción y la politiquería. Hoy el Es-tado es permisivo con la corrupción, gigante en politi-quería y avaro con lo social”

Numeral 4, Manifiesto Democrático, 2002

19 Ibíd. 20 Ibíd. 21 Incluso, ante la opinión contraria hacia la reelección por parte de opositores, los uribistas no han reac-cionado de la mejor forma. Tal fue el caso sufrido por la artista Clemencia Echeverri, quien por solo mani-festar su desacuerdo con la reelección, recibió improperios e insultos por parte del furibista diplomático Rafael Correa, tal y como lo informaron los medios en abril de 2006.

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Uno de los rasgos distintivos de la Colombia que sueña Álvaro Uribe, es la de una so-ciedad sin corrupción y politiquería. De ahí que esta lucha, junto con la seguridad de-mocrática, sea uno de los estandartes del gobierno, que ostenta una apariencia de efi-ciencia, diligencia y trabajo incansable. No obstante, tal lucha no ha significado la dis-minución de casos de corrupción, como se desprende de las recientes informaciones conocidas por la opinión pública en abril de 2006, en las que un común denominador parece ser la acentuación de la infiltración del narcotráfico y el paramilitarismo en el campo político y gubernamental. El DAS: Vericuetos de la inteligencia estatal Vence inventa atentados El 14 de abril del 2002, en desarrollo de la campaña a la presidencia, el país recordó una noticia que traía a la memoria las elecciones anteriores. El entonces candidato pre-sidencial Álvaro Uribe lograba salir ileso de un atentado realizado en su contra en la ciudad de Barranquilla. En la biografía que María Izquierdo realiza sobre el presidente Uribe, se lee: “El país fue sacudido el día 14 de abril por el atentado al candidato Uribe Vélez en Ba-rranquilla. Allí demostró una inmensa capacidad para sobreponerse a situaciones difíci-les, logrando guiar al conductor para salir rápidamente del lugar del atentado. Estas se-renas actitudes quedaron grabadas en la retina de los colombianos, como el bajarse del vehículo y tranquilizar a todos los heridos, y fueron despertando la conciencia de los compatriotas que veían en Uribe al presidente que deseaban. Este atentado se sumó a muchísimos que Uribe ha tenido que soportar con mucho valor y determinación. A partir de esa fecha se redujeron sus apariciones en espacios abiertos. Se extremaron las me-didas con seguridad” (22). Aparentemente muy bonito y a la vez muy grave todo. Sin embargo, posteriormente surgieron nuevas noticias sobre los atentados contra Uribe en esta misma ciudad, Ba-rranquilla. En junio de 2005 y ya con Uribe en el poder, Emilio Vence Zabaleta, director regional del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) en el Atlántico, informaba el hallazgo de material explosivo en una casa de Puerto Colombia, destinado para un atentado contra el presidente en su visita a la ciudad. Previniendo cualquier situación el presidente abandonó la ciudad y regresó a Bogotá. Semanas después, el 1 de julio, el entonces director del DAS Jorge Noguera declaró insubsistente a Emilio Vence. La in-vestigación sobre el atentado del 15 de junio se topó con el testimonio de un funcionario del DAS, quien aseguró que todo había sido un montaje orquestado por el director re-gional. Adicionalmente mencionó que en el pasado también se habían montado falsos atentados y que en la lucha contra el terrorismo eran muchos los inocentes en prisión.

22 María Izquierdo, Álvaro Uribe, el hombre, el presidente, R & P Editores, Bogotá, 2004, p. 118.

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“Con el de Puerto Colombia son tres los falsos atentados organizados por el director seccional del DAS -dijo-. Yo me aburrí de este trabajo porque estaban deteniendo gente inocente y creí conveniente señalar al verdadero responsable". El fiscal escuchó con atención al informante, quien recordó otro frustrado atentado con-tra el Presidente en septiembre pasado. Dijo que en esa oportunidad utilizaron a Alfon-so Zambrano Puello, un indigente de Barranquilla, a quien le instalaron a hurtadillas un explosivo en su carretilla para después señalarlo como artífice del frustrado plan. "Ese señor es inocente. Sé que está procesado por terrorismo, pero todo eso fue parte de una estrategia de Vence para ganar puntos con sus jefes", remató el informante en su declaración. (23) La gravedad radica en que bajo la política de seguridad democrática y la lucha contra el terrorismo, la presión que opera en los funcionarios por conseguir resultados y obtener el visto bueno de un exigente presidente, hace que recurran a métodos tales como in-ventar falsos atentados que producen heridos y daños reales, al tiempo que concluyen satisfactoriamente con la reclusión de ciudadanos inocentes. Cabe preguntarse entonces, ¿cómo llegó Vence al DAS pese a encontrarse cuestiona-do por temas referidos a recibir becas, traficar con gasolina y verse involucrado en de-nuncias por violación de derechos humanos, motivo por el cual fue removido de la sec-cional del DAS en Sucre? Vence fue nombrado director del DAS en el Atlántico. Su promotor, el ahora renombrado ex director del DAS, Jorge Noguera. La explicación de éste fue algo esquiva y poco dada a asumir responsabilidad alguna, en tanto explicaba que “mucha gente de la Costa me lo recomendó, se consultó su hoja de vida y se le vinculó nuevamente hace dos años. Jamás nos imaginamos lo que iba a hacer” (24). El país tampoco imaginó en lo que Noguera se vería posteriormente involucrado, quien reivindicaba por ese entonces que la investigación había sido realizada por el mismo DAS. García altera la base de datos del DAS Bajo una nueva investigación del DAS, el 16 de noviembre de 2005 el país conoció un informe que refería cambios irregulares en la base de datos del organismo de inteligen-cia del Estado. La investigación vinculaba al proceso al entonces director de informática del DAS, Rafael García, y a un empleado de esta dependencia, Ariel Garzón. García era acusado de haber manipulado la base de datos del DAS para eliminar los registros de individuos con orden de captura y contar con un incremento patrimonial desmedido. El inicio del juicio contra García marcó a su vez el comienzo de la lucha de éste contra su ex jefe, Jorge Noguera. Tal y como sucedió con Emilio Vence, Rafael García fue nombrado en el cargo por Jor-ge Noguera, quien aducía que a ambos los unía una relación por más de veinte años. Noguera solo recordaba conocerlo hacía 10 años. Al momento de ser procesado, el 22

23 “Medidas desesperadas”, Cambio, julio 2005. 24 “El DAS como la CIA en E.U.”, El Espectador, 24 de julio, 2005.

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de septiembre de 2005, García solicitó una investigación contra Jorge Noguera, quien había recibido el giro de un cheque por diez millones de pesos realizado por la esposa de García, actualmente procesada por enriquecimiento ilícito. Cuatro días después, en carta al Fiscal General, García solicitó una audiencia para informar sobre los nexos del director del DAS Jorge Noguera con grupos armados ilegales, a la vez que se sirvió de la prensa escrita para dar a conocer su versión de los hechos. Crónica de una infiltración anunciada Los problemas de Noguera no terminaron con García. En octubre de 2005, el subdirec-tor del DAS José Miguel Narváez informó sobre la interceptación de una comunicación entre funcionarios de inteligencia del organismo, en la que se revelaba la intención de crear una oficina de inteligencia e interceptación de comunicaciones al servicio de gru-pos paramilitares. El escándalo estalló y Noguera se defendió aduciendo que se trataba de una conspiración en su contra por parte del subdirector. Al parecer las diferencias entre Noguera y Narváez giraban en torno a los manejos realizados por el director de inteligencia Enrique Ariza, quien estaría orquestando la formación de la oficina de inteli-gencia paralela. El país conoció la crónica de una infiltración anunciada: la de los paramilitares en el or-ganismo de inteligencia del Estado, el DAS. Al parecer detrás de la oficina paralela de inteligencia se encontraba el jefe paramilitar Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, líder del Bloque Central Bolívar; y además se señalaban posibles irregularidades y omisiones por parte de funcionarios del DAS frente a acciones ejecutadas por paramilitares como Miguel Arroyave y narcotraficantes como Diego Montoya. El presidente intervino para evitar la tempestad, aceptó la renuncia a Noguera, al tiempo que declaró insubsistente a Narváez. La carta de García Pese al nombramiento de Andrés Peñate como nuevo director del DAS y la designación del saliente director Noguera como cónsul en Milán, los escándalos en torno al DAS no se apaciguaron. Rafael García, en nuevas indagatorias ante la Fiscalía, denunciaba graves y delicados asuntos sobre la curiosa relación entre el DAS y los grupos paramili-tares. Debido al silencio del gobierno y de la Fiscalía ante el avance de las investigacio-nes y la incorporación de García y su familia al programa de protección de testigos, fue-ron los medios escritos quienes informaron y avisaron al país sobre las espinosas de-nuncias de García. Tales denuncias conmocionaron al país. Básicamente apuntan a suposiciones en todo sentido preocupantes, que giran en torno a variados propósitos:

• La complicidad de funcionarios del DAS con capos del narcotráfico y el paramili-tarismo para evitar su captura.

Sumándose a las denuncias de Narváez ex subdirector del DAS sobre la inten-ción de crear una oficina de inteligencia paralela al servicio de grupos paramilita-

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res, García realizó denuncias sobre supuestas complicidades por parte de fun-cionarios de la institución hacia narcotraficantes y paramilitares como Luís Eduardo Cifuentes alias El Águila, y Carlos Hernán Hernández, alias El Pájaro.

• El desarrollo de una campaña de eliminación contra activistas sociales, por va-rios agentes del DAS en la Costa Atlántica.

Según García, en el DAS se elaboró un listado con los nombres de activistas so-ciales, defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, la cual fue remitida a los grupos paramilitares quienes en complicidad con funcionarios del DAS han adelantado una campaña de amenaza y exterminio en su contra. De-ntro de esos crímenes se incluirían, entre otros, los asesinatos del sociólogo ba-rranquillero Alfredo Correa de Andreis y la sindicalista Zully Cotrina.

“Uno de los casos mencionados en la declaración de García es el del sociólogo Alfredo Correa de Andreis, quien fue capturado y sindicado de guerrillero de las FARC por la seccional Bolívar del DAS, en junio de 2004. El jurista fue asesinado cerca de su residencia dos meses después de ser puesto en libertad por falta de pruebas” (25). El caso de Correa de Andreis se hizo público con su detención el 17 de junio de 2004 por presuntos vínculos con la guerrilla, en acciones que forman parte de la política de inseguridad democrática. No se encontró prueba alguna en contra del sociólogo, por lo que fue puesto en libertad el 15 de junio. A los pocos meses, el 17 de diciembre, fue asesinado. No deja de ser fortuito que la arbitraria detención de Correa haya sido ordenada por el director seccional del DAS en Bolívar, Rómulo Betancourt, quien a la postre fue removido de su cargo por el director en-trante Andrés Peñate y sobre quien la prensa ha publicado recientemente infor-maciones sobre su relación con la controvertida empresaria del chance, Enilse López, alias La Gata.

• El diseño de un plan para afectar el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela, emprendido desde Colombia.

García hasta la fecha manifiesta reservas y cautela al hablar en profundidad a este respecto. Hasta el momento ha referido que él “es testigo de primera mano” de hechos que implican la participación de funcionarios del DAS y del alto go-bierno en un plan para desestabilizar el gobierno de Hugo Chávez, dentro del cual figuraría el asesinato del fiscal venezolano Danilo Anderson.

• El fraude electoral en departamentos de la Costa Atlántica en las elecciones le-

gislativas y presidenciales de 2002 a favor del presidente Álvaro Uribe.

El ex director de informática advierte sobre su participación en el fraude electoral en las campañas legislativas y presidenciales de 2002. Se habla de la cifra de

25 “Uribe no quiere que empañen su campaña”, Semana, 19 de abril, 2006.

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cerca de 300.000 votos en la costa Atlántica a favor del candidato Uribe Vélez, lo que le permitió ganar en primera vuelta y evitar la segunda.

En entrevista concedida por García, éste manifiesta que se compraron los cen-sos electorales de los departamentos del Cesar, Magdalena, La Guajira y Bolí-var; estos listados fueron entregados a los candidatos y a los jurados electorales, cuyo nombramiento fue presionado por miembros de las autodefensas. En ese sentido, mucha gente que no se hizo presente en los puestos de votación, ter-minó votando. El fraude se estructuraba en lograr garantizar la votación por de-terminados candidatos, sin que la gente fuera a sufragar. “Ya sobre la mecánica del fraude, parece evidente que en efecto los paramilita-res intervinieron en dos momentos: primero, durante la inscripción de cédulas, registrando votantes del censo electoral en las zonas que les convenía en conni-vencia con funcionarios corruptos o intimidados de la Registraduría. Y luego a través de los jurados obligándolos a marcar los tarjetones a favor primero de unos candidatos específicos y luego de Uribe” (26).

Resulta conveniente revisar de forma separada las elecciones legislativas y las presidenciales, aun cuando, el mecanismo parece haber sido el mismo: jurados de votación quienes sufragaron por los candidatos de preferencia de Bloque Nor-te de las autodefensas, mediante la suplantación de los electores. Esto encuen-tra soporte en la investigación realizada por Claudia López para la revista Sema-na, en la que se muestran las coincidencias entre las zonas de dominio paramili-tar y los fortines electorales de candidatos como Dieb Maloof, Jorge Caballero, Alfonso Campo, Luís Eduardo Vives, José Gamarra y Salomón Saade. Estos candidatos formaron parte de la purga realizada en la listas al senado de los mo-vimientos uribistas para el periodo 2004-2008.

La misma publicación recorrió distintos municipios de la costa atlántica tras indi-cios del fraude electoral denunciado por García (27). En la población de El Difícil, Magdalena, un jurado declaró que en su mesa se depositaron 40 votos. Al finali-zar la jornada, un paramilitar ordenó que se marcaran 400 tarjetones con los nombres de los inscritos en la mesa. Asimismo, un funcionario de la Registradu-ría del mismo municipio señaló que en los escrutinios presidenciales, los tarjeto-nes marcados por el candidato Horacio Serpa fueron marcados dos veces para anularlos. “Allí le robaron la presidencia a Horacio Serpa”, dijo el dirigente y escri-tor Horacio Duque. En Plato Magdalena, los periodistas se encontraron con que allí se hablaba tranquilamente del “fraude electoral del 2002”, año en el cual el municipio tuvo una votación histórica, con más de 10.000 sufragios. En Los Po-zos, uno de sus corregimientos, votaron 700 personas de 700 habilitadas para hacerlo y al parecer los jurados recogieron las cédulas, votaron y las regresaron junto con el certificado electoral.

26 Ibíd. 27 “¿Cómo se hizo el fraude?”, Semana, 4 de abril, 2006.

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Para el caso de las elecciones presidenciales, García manifestó que se habían logrado 300.000 votos a favor del presidente Álvaro Uribe. En su defensa, el pre-sidente alegó que solo había obtenido 113 mil votos en el departamento del Magdalena. Sin embargo en los departamentos implicados en el fraude, el presi-dente obtuvo 331.085 votos, sin los cuales no hubiera ganado en primera vuelta. No obstante resulta claro que no todos esos votos fueron irregulares, pero tam-bién lo que se evidencia es que fueron muchos los votos atípicos en ciertos mu-nicipios, coincidencialmente en zonas bajo dominio paramilitar. El senador Anto-nio Navarro, en entrevista concedida a Semana, explica la situación y señala que fueron 75 mil los votos atípicos obtenidos por Uribe solo en el departamento del Magdalena. “(…) su votación (la de Uribe) fue tan abrumadora en solo 12 municipios que le sirvió para ganar en todo el Magdalena, a pesar de que perdió en los centros de votación más grandes como Santa Marta y Fundación. Estoy convencido de que esos votos se los pusieron las autodefensas, especialmente las de Jorge 40. Lo que pasa es que la suma de esos municipios da 75 mil votos y esa cifra no es su-ficiente para explicar el triunfo de Uribe. Mire, en Sabanas de San Ángel el can-didato Uribe sacó el 95.3% de los votos válidos y eso equivale al 75 % del censo electoral del municipio. ¿En un departamento con el 60% de abstención usted cree que es normal que el 75% de la gente salga a votar y que todos lo hagan por el mismo candidato? En Zapayán también sacó el 95.2%, en Chivolo el 88.2%, en Remolinos el 87%, en Ariguaní el 86%. Y así en todos los municipios de la región como El piñón, Nueva Granada, Salamina, Tenerife, Pivijay y Pedra-za. Esos municipios tienen sólo el 20% de la población departamental y allí Uribe sacó el 55% de sus votos” (28). Resultan sorprendentes los altos niveles de participación en las elecciones de ciertos municipios de un departamento con el 60% de abstención. Uribe también alegó que había perdido en la Costa Atlántica frente al candidato liberal Horacio Serpa. No obstante, una curiosa coincidencia señala que el 66% de los votos que obtuvo, provienen de los mismos municipios con dominio paramilitar, en donde congresistas como Maloof y Caballero, obtuvieron una concentración atípica de votos. La tendencia para Serpa fue al revés, ya que obtuvo el 31% de sus votos en las zonas de dominio paramiltar. Si bien entonces nadie podía asegurar que el presidente Uribe estaba informado sobre el fraude, con el transcurso de los acontecimientos surgió otra coinciden-cia. El director de su campaña en el Magdalena, Jorge Noguera, quien aparen-temente no se enteró de lo sucedido, fue nombrado director del máximo orga-nismo de inteligencia del país. Su gestión, salpicada de múltiples escándalos y vinculada con el Bloque Norte de las autodefensas, ha venido siendo plenamente conocida por el país.

28 “Fue un fraude gigante: Navarro”, Semana, 5 de mayo, 2006.

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Quien también participó activamente en la campaña en el Magdalena, es el ac-tual director nacional de Estupefacientes Juan Carlos Vives. La salida de Juan Carlos Vives fue solicitada por el Senador –entonces de la oposición- Javier Cáceres, en virtud de que su “hermano Patricio Vives paga una condena en Es-tados Unidos, mientras su prima hermana está casada con Rafael Abello, cono-cido como el “mono Abello” y quien tiene un proceso de extinción de dominio por 10 millones de dólares” (…) La participación de Vives en la campaña García manifestó que junto con Noguera y el gobernador Trino Luna recorrieron el departamento haciendo campaña a favor del referendo. El gobernador Trino Luna, quien fue el único candidato en las elecciones a gobernador y de quien se dice recibió el apoyo de Jorge 40, se ha visto recientemente implicado en turbios vínculos con grupos paramilitares comandados por Doña Sonia y José María El Chepe Barrera (29). Igualmente García ha señalado los nombres de Néstor Ramón Caro, Camacho Martínez y Raúl Montoya, como personas con nexos con el narcotráfico y vinculados activamente en la campaña presidencial de Uribe. Las dudas no se limitan, sin embargo, a las elecciones del 2002. Pues en las re-cientes elecciones parlamentarias del 12 de marzo de 2006, se registraron nue-vos hechos que ponen en entredicho la confiabilidad de las elecciones. En González, municipio del sur del Cesar, se registró una votación cercana al 93% del censo electoral municipal, mientras que la tendencia nacional fue de una abs-tención del 60%. “La cifra es histórica y serviría para darle a esa población el título de campeona electoral, pero podría perderlo porque el Consejo Nacional Electoral analiza do-cumentos según los cuales en González y otros siete municipios del Cesar se dieron graves irregularidades como doble votación, suplantación de votantes y adulteración de documentos electorales” (30). La modalidad empleada en González, que incluye doble votación, suplantación de votantes y adulteración de documentos electorales, se extiende a municipios de la región como Río de Oro, Gamarra, La Gloria, San Alberto, San Martín y Tamalameque. Pese a que aun no se determinan los beneficiados con este nue-vo fraude, los votos en la región se dividieron entre el Partido Conservador y el partido Alas Equipo Colombia, agrupaciones que apoyan la reelección presiden-cial. De igual forma, las autoridades siguen de cerca lo sucedido en las eleccio-nes en Magangué, donde Héctor Julio Alonso, hijo de La Gata, logró una vota-ción arrolladora. Pese a que las autoridades electorales manifestaron que los fraudes eran cosa del pasado, el país es testigo de un nuevo fraude electoral. La gravedad de esta

29 “Los amigos del gobernador”, Cambio, 5 de mayo, 2006. 30 “Huellas de conejo”, Cambio, 1 de mayo, 2006.

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serie de dolos contra el sistema de participación, cocinados de la mano del do-minio paramilitar, aumenta de cara a la primera vuelta presidencial. Las garantías no son muchas, a la vez que las respuestas del presidente se caracterizan por la evasión, el enojo y el premio a colaboradores implicados como Jorge Noguera.

• Los vínculos de Jorge Noguera y algunos de sus colaboradores con los grupos

paramilitares. Según García, el Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia lidera-das por Jorge 40 y el Bloque Centauros de los llanos, mantenían una estrecha relación e influencia sobre el organismo de inteligencia. A este respecto ha rela-tado los encuentros sostenidos entre Noguera y el líder paramilitar Jorge 40, quien asombrosamente no recuerda el número de veces que se reunieron:

“El número no me acuerdo, pero fueron varias veces con él (Jorge 40) y con otros jefes de las autodefensas, pero exclusivamente en función de mi trabajo en el DAS y participando en los diálogos de desmovilización. Nunca conocí a ‘Jorge 40’ antes. Todas esas reuniones estuvieron coordinadas por el Comisionado de Paz” (31).

Lo cierto es que antes de que se conocieran las denuncias presentadas por García, estos “encuentros institucionales”, como los llamó Noguera, no habían sido de conocimiento público. Mientras tanto, éste continuaba representando a los colombianos en Milán, defendido a capa y espada por el gobierno del presi-dente Uribe Vélez.

Semana de pasión En vísperas del polvorín desatado por las declaraciones de García, el presidente candi-dato había advertido que no participaría en los debates electorales con los otros candi-datos. Al respecto explicaba la revista Semana que esto obedecía básicamente a dos razones: “En primer lugar, no quiere aparecer en igualdad de condiciones con los demás compe-tidores. Considera que descendería de Presidente a candidato en detrimento de la dig-nidad del primer cargo de la Nación. En segundo lugar, agrega que en aras de asegurar una controversia sobre los temas, y darles oportunidad a los medios de comunicación de formular todo tipo de preguntas, aceptará otro tipo de esquemas para enfrentarse a grupos de periodistas o analistas. La condición es aparecer solo, sin sus rivales” (32). Sin embargo, los escándalos de corrupción lo obligaron a salir de su segura guarida, para intentar explicar a los colombianos a través de los medios la explosiva situación del DAS. Resulta curioso que la reacción del gobierno se haya producido durante la

31 “Jorge Noguera Cotes responde desde Milán (Italia) a los señalamientos a su gestión”, El Tiempo, 11 de abril, 2006. 32 “¿A qué le teme el presidente?”, Semana, 19 de abril, 2006.

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Semana Santa, época en la cual el interés de los colombianos se encuentra de vaca-ciones. Los medios la catalogaron como una semana de pasión para el gobierno. Desfilando por los medios radiales –que le abrieron generosa y acríticamente sus micrófonos, cámaras y páginas-, el presidente intentó dar -sin fortuna- una explicación frente a los sucesos del DAS, para lo cual informó que el cónsul Noguera había sido llamado para que regresara al país. Su principal argumento consistió en señalar que las acusaciones provenían de un ciudadano preso en la cárcel, “la acusación de unas per-sonas que están en la cárcel, contra la palabra de Jorge Noguera" (33). En una entrevista en vivo concedida al canal RCN Televisión que contó con la partici-pación del director de la revista Semana, Alejandro Santos, el presidente agitado, in-quieto y molesto intentó explicar y responder a las denuncias. Con papeles en mano, ceño fruncido y tono airado, el presidente lejos de formular planteamientos claros y orientados a asumir responsabilidades y emprender investigaciones, se fue lanza en ristre contra los medios “frívolos y graciosos” de Bogotá. Con ello el presidente no res-pondió las preguntas, sino que cuestionó el uso de la libertad de prensa “en contra de los intereses de la patria”. De nuevo, equipara el doctor Uribe su gobierno con la patria, como si un cuestionamiento a éste fuese un ataque contra el conjunto de la sociedad las instituciones y el entramado jurídico de Colombia. Lo cierto es que aún falta mucha tela por cortar en cuanto se refiere al DAS y a la infil-tración adelantada por parte de los grupos paramilitares. Pese a las versiones oficiales que no brindan credibilidad alguna a las versiones de García, existen casos comproba-dos por la prensa y que esperan el resultado de las investigaciones realizadas por la Fiscalía. Allí se encuentra otro elemento a considerar, el hecho de que al Fiscal Mario Iguarán, ex viceministro de Justicia, lo unen vínculos de lealtad con el gobierno que no deben interferir con el desarrollo de la investigación. La gravedad del asunto es que el organismo de inteligencia del Estado (DAS) se encuentra al servicio del paramilitarismo y el narcotráfico, en donde el presidente –a diferencia de otros casos donde ha destitui-do de forma inmediata a los funcionarios implicados, como a los generales del ejército y de la policía– ha defendido a capa y espada a Noguera. Al respecto, el columnista León Valencia se pregunta: “¿Por qué el Presidente se la juega a fondo por Noguera en medio de su campaña para la reelección? Sólo se me ocurren dos posibles razones. Una normalita: el presidente Uribe cree en la completa inocencia de Noguera. Otra, que representaría una catástrofe igual o mayor que el proceso ocho mil: el Presidente Uribe teme que Noguera pueda inculparlo si se siente abandonado, si siente que el primer mandatario lo deja solo (…) Quizás sea el miedo a cosas como ésta lo que llevó al Presidente a expresiones tan airadas en la entrevista con el canal RCN.” (34). En otro país casos como el de la dirección nacional del DAS, con la implicación de fun-cionarios del talante turbio y delincuencial de Jorge Noguera, Rafael García, Giancarlo

33 “Uribe no quiere que empañen su campaña”, Semana, 19 de abril, 2006. 34 León Valencia, “La defensa de Jorge Noguera”, El Colombiano, 18 de abril, 2006.

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Auque, Enrique Ariza, entre otros; o los graves hechos registrados en las seccionales regionales bajo la dirección de Emilio Vence o Rómulo Betancourt, pueden llegar a con-vertirse en una bola de nieve que alcance incluso a comprometer a las más altas esfe-ras del gobierno nacional. Tal y como tituló la revista Semana, “El Fiscal tiene la pala-bra”. El editorial del diario El Tiempo (3 de abril de 2006), no obstante su uribismo fanático no pudo sustraerse como en otras oportunidades en que de manera cínica ha ocultado o minimizado patologías oficiales, al escándalo nacional desatado por las denuncias con-tra Noguera: “Si se añade la renuncia del Superintendente de Vigilancia, al parecer a raíz de denun-cias de que habría favorecido a la ‘Gata’, resulta que la seguridad pública y la privada estarían en entredicho por ‘contaminación’ con esos grupos. El Gobierno debe hacer todo lo que esté en sus manos para esclarecer si los testimonios contra el ex director del DAS responden a la verdad, y, si así es, proceder a un castigo, una depuración y una reorganización ejemplares…” Igual cosa hay que decir de los informes de que el superintendente Fernando Segura -responsable del control de 180 mil vigilantes privados– habría asesorado a enviados de la ‘Gata’ para que recuperaran licencias de 150 escoltas y 130 armas de las que habían sido despojados. Según sus declaraciones, el jefe paramilitar ‘Jorge 40’ tendría una estrecha relación con Noguera. Relación que pasaría no solo por el desvío de dineros de contratos, por la fa-bricación de un presunto fraude electoral de 300.000 votos en los comicios de Congre-so y los presidenciales del 2002, y por la filtración hacia el paramilitar de la Sierra Ne-vada Hernán Giraldo de operativos militares en su contra, sino que habría llegado hasta el ‘encargo’ de una serie de asesinatos de personalidades de oposición en la Costa Atlántica, entre ellas el profesor Alfredo Correa D’Andréis. Jorge 40 Al Volante Los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia que investigan a Jorge No-guera, ex director del DAS y hoy cónsul de Colombia en Milán, encontraron algo escan-daloso. El 17 de noviembre de 2005, el entonces subdirector del DAS, José Miguel Narváez, llamó por teléfono a los directores seccionales en Atlántico y Cesar y les dijo que por instrucciones de Noguera debían poner a disposición de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40, en Santa Fe de Ralito -donde estaban concentrados los comandantes de las Auc-, una camioneta blindada para su protección personal. Así ocurrió y días después el jefe pa-ramilitar ya usaba una Toyota Prado, roja, de placas QGC851, con blindaje cinco y do-tada de un chip especial para pasar de largo en los retenes de la Fuerza Pública. Lo increíble de la historia es que el vehículo había sido adquirido por la Gobernación de Atlántico y entregado en comodato al DAS para uso exclusivo del presidente Álvaro

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Uribe cuando visitara la Costa Atlántica. Enterado del asunto, el Gobierno ordenó bus-car la camioneta, que fue hallada en Valledupar con Jorge 40 al volante. Otros casos de corrupción A la par que se ventilaban con creces los acontecimientos que han enlodado la imagen del gobierno en general y del DAS en particular, surgieron otros escándalos de corrup-ción, con un denominador en común: paramilitares, narcotraficantes o personas sindi-cadas de enriquecimiento ilícito y lavado de activos habían sido beneficiados por orga-nismos del Estado. Estos casos se refieren a la adjudicación de tierras por parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER), la concesión de préstamos por parte del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (FINAGRO) a narcotra-ficantes, y la asesoría en materia de vigilancia a Enilse López, alias La Gata, por parte de la Superintendencia de Vigilancia Privada. Al respecto, el presidente estableció una diferencia entre estos casos, suscitados por investigaciones emprendidas por el Estado y el DAS, o las que son producto de las versiones de un funcionario en prisión.

• El INCODER y la adjudicación de tierras a falsos desplazados

El INCODER, el nuevo Instituto de Reforma Agraria (antes INCORA), se ocupa de la adjudicación de tierras. En marzo de 2006 la procuraduría advertía sobre irregularidades en la adjudicación de predios en Puerto López, Meta. Dentro de estas irregularidades, la prensa informó del caso del jefe paramilitar José Eleazar Moreno, quien se encontraba en proceso de desmovilización y quien había sido beneficiado con unos terrenos al figurar como desplazado.

“Ayer, EL TIEMPO había revelado que Moreno, a pesar de su condición de jefe ‘para’, era uno de los beneficiarios de tierras que, en teoría, debían destinarse exclusivamente a los desplazados. Su caso fue uno de los detectados por la Pro-curaduría General como irregulares en la adjudicación de predios extinguidos al narcotráfico en Puerto López” (35).

El gobierno aceptó la renuncia del director Luís Ortiz, quien manifestó que no tenía injerencia sobre esas adjudicaciones, contrario a lo que había expresado de manera reiterada el ministro de agricultura Andrés Arias.

• FINAGRO y los préstamos a Micky

FINAGRO maneja los recursos de crédito para el sector rural. Para ello adjudica créditos para el desarrollo de actividades agropecuarias. En este caso quien se vio beneficiado fue el narcotraficante Enrique Micky Ramírez, preso por lavado de activos, a quien se le prestaron 25.000 millones de pesos.

“El Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro) terminó ava-lando créditos irregulares por 25.000 millones de pesos tramitados por Luis Enri-

35 El Tiempo, 12 de abril 2006.

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que ‘Micky’ Ramírez, hombre relacionado con el mundo del narcotráfico en la década de los 80 y quien ayudó a cazar a Pablo Escobar; luego preso por su-puesta conformación de grupos ilegales y hoy detenido por lavado de activos.” (36)

Tal y como sucedió con el INCODER, el director de FINAGRO, Roger Taboada, renunció. Así como García atacó a su ex jefe Noguera en el DAS, Taboada acusó al ministro Arias de haberlo presionado en la adjudicación de préstamos.

“El dimitente presidente de Finagro, Roger Taboada, dijo que su administración nada tuvo que ver con la adjudicación de préstamos irregulares por 25.000 millo-nes de pesos a Enrique ‘Micky’ Ramírez, preso por lavado de activos. Según él, estos fueron entregados por su antecesor, César Pardo (actual presidente del Banco Agrario), y por el propio ministro Arias” (37).

De nuevo los casos de corrupción se resuelven removiendo a los funcionarios de su cargo, mientras las autoridades competentes evaden y delegan su responsa-bilidad. Taboada, según el ministro Arias, había sido recomendado por el presi-dente Uribe.

• Seguridad para la Gata

La Superintendencia de Vigilancia Privada, encargada de vigilar las empresas de seguridad privada, también se vio implicada en escándalos de corrupción. Fer-nando Segura, otro director que renunció a su cargo, fue acusado de asesorar a personas cercanas a Enilce López, La Gata, quien ahora en prisión buscaba re-cuperar su esquema de seguridad privada. En su salida del cargo, Segura afirmó que no era cierta la información y denunciaba graves redes de corrupción en la institución. Recordó que el anterior superintendente y ahora viceministro de De-fensa, Hernán Sanín Posada -hermano de la ex candidata presidencial y hoy embajadora de Uribe Vélez en España- renovó la autorización para la escolta de Orlando Sabogal Zuluaga, capo del cartel del Norte del Valle.

De nuevo, como solución ante la opinión pública, el gobierno optó por la destitu-ción del funcionario implicado, mientras que la responsabilidad de quien lo nombró en el cargo, en este caso el ministro Sabas Pretelt, se destaca por su si-lencio.

• Una Gata controvertida

En febrero de 2006 fue capturada bajo la acusación de lavado de activos, la “controvertida empresaria del Chance” Enilce López, más conocida como La Ga-ta. El personaje en cuestión fue conocido años atrás por sus vínculos con el mundo de la política en la Costa Atlántica y por una curiosa cercanía con masa-

36 Ibíd. 37 Ibíd.

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cres y grupos paramilitares. Su imagen siempre ha estado acompañada por su descripción eufemística como una “controvertida empresaria”, expresión que suaviza su historial. Al mejoramiento de su imagen contribuyó, sin duda, como en tantos otros casos, los aportes electorales de su ejército de vendedores de chan-ce y los contratos de su familia con el sector de la salud. El congresista Gustavo Petro fue quien denunció los aportes de empresarios del chance a la campaña presidencial de Álvaro Uribe y la curiosa decisión del presi-dente una vez en el poder, de rebajar los aportes de los ingresos del chance. Según el congresista, “en desarrollo de un proyecto de ley sobre el pago de re-galías de los juegos de suerte y azar, en momentos en que las mayorías del Congreso pedían un aporte mayor al 17% de los ingresos brutos de los ingresos del chance, me sorprendió que el Gobierno decidiera rebajarlos” (38). Al ser capturada por las autoridades, los medios recordaron las denuncias de Pe-tro y los aportes de La Gata a la campaña de Uribe en el 2002. La Gata logró construir un emporio en la Costa Atlántica mediante los juegos de azar, el mane-jo de recursos públicos en una intrincada relación con el mundo político y parami-litar. Sus hijos participan en política y cuando el escándalo estalló, uno de ellos, Héctor Julio Alonso, presentó su nombre para acceder a la Cámara de Repre-sentantes por el partido conservador. Carlos Holguín, director de la colectividad, delegó la responsabilidad en el director de Bolívar, quien no encontró mérito al-guno para expulsar al candidato. Pronto la situación se tornó insostenible para el conservatismo, el cual luego de un largo titubeo frente a quien los medios apoda-ron “el gato con votos”, decidió revocarle el aval en sus listas. El Gato, ni corto ni perezoso, encontró una plaza en el movimiento Apertura Liberal y logró obtener con sobrada diferencia una curul en la Cámara por el departamento de Bolívar.

En síntesis la “controvertida empresaria del Chance” se encuentra vinculada con el mundo político y paramilitar. Su nombre se ha relacionado con funcionarios del Estado, como el ex director del DAS en Bolívar Rómulo Betancourt y con la ase-soría brindada en materia de seguridad por la Superintendencia. Asimismo, es procesada por recibir consignaciones de dineros públicos de municipios de la costa Atlántica y por haber realizado aportes a campañas políticas, entre ellas la del presidente Uribe por $200.000.000.oo. Por otro lado se la ha relacionado con líderes paramilitares como Salvatore Mancuso y con masacres ocurridas en el departamento de Sucre. No es del todo fortuito que los grupos paramilitares que se han venido desmovilizando, estén ingresando al negocio del chance (39). En síntesis, este felino personaje representa nuevas y sombrías formas en que se entablan conexiones entre el mundo político y paramilitar, que se mueven ale-gremente entre el limbo de lo legal e ilegal.

• Visitante conyugal

38 “La Gata Caliente”, El Espectador, febrero, 2006. 39 “Paras le apuestan al chance”, El Colombiano, 24 de julio, 2005.

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Los lugares comunes entre el círculo cercano al presidente y el narcotráfico po-seen todos los tintes. Rosa, incluso. El protagonista, en esta ocasión, fue el ex ministro de defensa Jorge Alberto Uribe. Primo del Presidente. Una vez en el cargo, en noviembre de 2004, se supo que ocho meses atrás había realizado al menos una visita a la cárcel del Buen Pastor en Medellín. Fue desenmascarado por El Nuevo Herald de Miami, en publicación en la que aparece visitando con-yugalmente a Dora Adriana Alzate en una cárcel de Medellín. Ella fue arrestada en el aeropuerto internacional “José María Córdoba” de Medellín el 1º de febrero del 2.003, cuando intentaba viajar a Miami, su lugar de residencia, por la pose-sión de 1.750 gramos de heroína. La relación sentimental del ex ministro llevaba 18 largos años. Jorge Alberto negó haberla visitado y fue respaldado por su pri-mo Álvaro Uribe Vélez.

El titular de la cartera de defensa ofreció su renuncia y desmintió parcialmente las informaciones. Que sí la visitó en la cárcel, no en plan conyugal, sino por ra-zones de carácter “humano y de amistad”. Sin embargo, la sindicada lo autorizó como su visitante conyugal y manifestó que los unía una relación de más de 18 años, pese a que el ministro terminó aceptando que se conocían 10 años atrás. Una negativa inicial que dejó un aire enrarecido sobre el asunto y una marcada prevención del ministro frente al tema.

Asimismo la información del New Herald registraba versiones que señalaban que el ministro habría buscado propiciar una sentencia favorable para la sindicada. De igual forma se comprobaron curiosas coincidencias entre viajes realizados por Dora Adriana a Estados Unidos e ingresos del ministro a ciudades de ese país como Houston y Miami. El ministro nunca se pronunció sobre las coinciden-cias, a la par que recibía el respaldo del presidente. Los medios desviaron la atención y muchos adujeron que eso correspondía a la vida íntima del ministro, con lo cual se apaciguaron los ánimos frente al empresario vestido, en más de una ocasión, de uniforme militar.

Sin credibilidad ante la tropa, el ministro tuvo que enfrentar múltiples reveses mi-litares, al tiempo que de forma elocuentemente torpe logró generar roces di-plomáticos con Venezuela. El ministro, titular en la cartera cuando sucedió el epi-sodio de Rodrigo Granda, criticó, remedando el discurso norteamericano, la compra de armamento militar por parte del gobierno de Hugo Chávez. Con un claro desgaste sobre sus hombros, el ministro renunció en julio del 2005. Un quemado más en la larga fila de renuncias e insubsistencias suscitadas en este gobierno. Curiosamente, la imagen del presidente Uribe se mantuvo intacta.

• Las toallas de “Josefo”

Una vez en el poder, el presidente nombró como Alto Consejero Presidencial a José Roberto Arango, con quien lo ha unido una amistad desde sus épocas de estudiante universitario. Arango también lo acompañó como secretario de hacienda en la gobernación de Antioquia y fue suplente en el senado de Mario Uribe. Como de la familia.

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Pese a mantener un bajo perfil durante los dos primeros años de gobierno, unas toallas obligaron a Arango a renunciar. Su familia, los Arango Pava, es propieta-ria de la Fábrica Textil de los Andes S.A., Fatelares. Su hermano Juan Rafael es el gerente y uno de sus hijos tiene una participación accionaria cercana al 15%. En diciembre de 2003, Fabrilar Ltda., empresa distribuidora de Fatelares, se ganó cuatro licitaciones por $1.822 millones por concepto de fabricación de toa-llas para la policía, el ejército, la armada y la fuerza aérea. Según el propio José Roberto Arango, Fatelares fabricó las toallas para Fabrilar por un costo de $1.722. Pese a haber pedido a su familia no contratar con el Estado, la fábrica de los Arango se había ganado el 91.4% del costo total de la licitación.

Si bien Arango no incurrió directamente en ningún delito, renunció para evitar en-lodar más la imagen del gobierno en julio de 2004. El presidente se mostró “consciente y creyente” de que los hechos “sorprendieron” a Arango, al tiempo que aceptó la renuncia de su funcionario y amigo (40). Sin entrar a juzgar la bue-na o mala fe del ex funcionario, lo cierto fue que la fábrica propiedad de su fami-lia resultó beneficiada con una licitación pública. Lo cual, como todo, quedó de ese tamaño. “Josefo”, como familiarmente le apodan en Antioquia, ha sido desig-nado directivo de la campaña de reelección de Uribe Vélez para 2006.

• Huesitos y carnita pa´ los soldaditos

La renuncia del viceministro de defensa, Andrés Soto, un funcionario cuya familia es dueña de Valoragro que vende “coincidencialmente” productos cárnicos y gramos al Batallón Patriota de Honda, y al Fondo Rotatorio del Ejército, entida-des adscritas al Ministerio de Defensa. De acuerdo con investigaciones recien-tes, durante el tiempo en que Soto –muy amigo del presidente Uribe Vélez: “hijo de una buena familia y muy decente”- fue viceministro de Defensa, los contratos con el ejército y la firma de su familia ascendieron a 38 mil millones de pesos en la modalidad de mandato de compra directa y sin licitación.

• Carburante clientelista

La sospechosa reglamentación de la Ley de alcoholes carburantes que suscribió el Ministro de Minas y Energía Luís Ernesto Mejía, para favorecer a su familia que tiene contratos de arriendo y siembra con algunos de los ingenios que desti-larán el carburante. El quórum del debate anunciado en el congreso de la re-pública fue desintegrado por la bancada uribista por orden del Ministro del inte-rior.

• Corrupción de una sola vía

40 “La última cita del alto consejero presidencial”, El Espectador, 3 de julio, 2004.

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El retiro apresurado de la directora de INVIAS, Alicia Naranjo Pinzón, por el con-flicto de intereses en la adjudicación de obras civiles y el acuerdo con la Conce-sión del Magdalena Medio -COMSA-

• El héroe de Invercolsa 27 41 42

Meses antes de que se posesionara como ministro del Interior y Justicia, el abo-gado Fernando Londoño Hoyos (41) pasó de acusador a acusado por la informa-ción ventilada por la prensa. Su nombre figuraba en un enredado entuerto en re-lación con Invercolsa, Inversiones de Gases de Colombia S.A. Esta figura co-rrespondía a un holding que agrupa las inversiones de Ecopetrol en distintas em-presas distribuidoras de gas. Londoño ofició como representante legal de la firma hasta 1995, aun cuando no contaba con un contrato legal a su nombre, sino con un “mandato comercial con representación” con Fernando Londoño y Abogados Asociados Ltda.

Posteriormente, en 1997, Ecopetrol decidió vender las acciones de Invercolsa. La ley establece que las acciones se deben ofrecer de forma preferencial al sector solidario, a los empleados y/o los ex empleados. Londoño apeló a su pasado como representante legal de la firma, para justificar la compra de 145 millones de acciones equivalentes al 21% de la empresa, como ex empleado de la compañía. El certificado lo expidió Enrique Ramírez Vargas, quien luego fue nombrado em-bajador de Colombia en Venezuela y a quien se le atribuye el comienzo del des-mantelamiento de la Flota Mercante Grancolombiana. Londoño tomó prestado el dinero del Banco del Pacífico en Panamá; el ministro curiosamente también se había desempeñado como presidente de la junta directiva del Banco del Pacífico en Colombia, hasta cuando fue intervenido. En el año 2000, el crédito con el Banco del Pacífico Panamá pasó a la “misteriosa firma” Arrendamiento Financie-ro Bolivariano (Afib), al cual fueron devueltas las acciones por Londoño (42).

“Muchachos, el ministro es Fernando Londoño”

Con el proceder de Londoño, la ley orientada a democratizar el mercado acciona-rio al privilegiar el acceso a actores que en otras ocasiones no podrían participar, fue burlada. Con la compra irregular de las acciones, Londoño se aseguró una

41 Curiosamente la trayectoria de este abogado lo muestra como el representante de multinacionales en casos que representaron cuantiosas pérdidas para el Estado. Representó a la multinacional mexicana Ingenieros Civiles (ICA) en el caso contra Bogotá, representó a la compañía Sithe Energies Inc. en el caso de Termo Río y en contra del Metro de Medellín a favor del Consorcio Hispano Alemán. La opinión pública lo conoció como el defensor del ex ministro Fernando Botero Zea en el proceso 8000. 42 “La resurrección de Londoño”, Semana, 12 de marzo, 2006.

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porción que evitaba la participación de un socio mayoritario que pujara y alzara los precios.

Sin embargo, con investigaciones y procesos en curso, y no obstante las criticas editoriales de los medios masivos de comunicación, Londoño fue nombrado y mantenido como ministro, cargo desde el cual con su bombástica retórica y sus dotes histriónicas, generó complicadas tempestades políticas para el gobierno del cual ha sido su principal ideólogo. En una agitada rueda de prensa y cuando la sociedad entera daba por hecho la caída de Londoño, el presidente electo Álvaro Uribe manifestó de manera tajante “muchachos, el ministro es Fernando Londoño, y no hay más que hablar”.

El país recuerda, cuando insinuó, molesto y contrariado, que los congresistas “se la habían fumado verde” juzgando por las leyes que aprobaban. Asimismo acusó al juez Pedro Vacca, quien había ordenado la libertad a los hermanos Rodríguez Orejuela, de pertenecer a una firma al servicio de los narcotraficantes. El ministro tuvo que retractarse y, al hacerlo, sumó un ataque más en su haber contra el sis-tema judicial colombiano, del que paradójicamente era su titular en el ejecutivo. En su trayectoria como ministro, protagonizó ataques contra la Corte Constitu-cional, el Congreso, la Registraduría y la Procuraduría. Incluso planteó la posibi-lidad de anticipar las elecciones para asegurar el trámite de las reformas econó-micas y políticas que adelantaba el gobierno. Una noche de luna llena salió a afirmar con su acostumbrada facundia –muy probablemente para encubrir los mi-llonarios despilfarros del Plan Colombia- que “en el Putumayo no quedaba ni una sola de mata de coca”, afirmación desmentida por las cifras de los más importan-tes observatorios de drogas del mundo.

Este último planteamiento desató una polémica, que condujo a que en noviembre de 2003 el ministro presentara su renuncia. Un mes después y tras un memora-ble debate de la Senadora de oposición Piedad Córdoba (¡ministro guaquero!, le dijo en su cara la legisladora negra), recibió un fallo del Consejo de Estado que le ordenaba devolver de inmediato el paquete de acciones que había adquirido de Invercolsa en forma fraudulenta. Estaba demostrado que no había tenido un con-trato laboral con Invercolsa, por lo que había accedido de forma irregular a la compra preferencial del paquete accionario. En noviembre del 2004 la Procura-duría lo sancionó con destitución e inhabilidad de 15 años para ocupar cargos públicos al ex ministro.

Sin embargo, el incisivo abogado mantuvo su batalla jurídica y tras sucesivas apelaciones en nombre de Afib, en noviembre de 2005 una sala de conjueces del Consejo de Estado tumbó la sentencia y le devolvió las acciones. Con ello Lon-doño mantiene en su poder el 18.4% de las acciones de Invercolsa. En la asam-blea extraordinaria de socios del 31 de marzo de 2006, se acordó aplazar hasta septiembre la distribución de los dividendos. A su vez, la Procuraduría y Ecope-trol han anunciado que solicitarán la nulidad de la sentencia y enfilan sus fichas hacia una nueva batalla jurídica, terreno favorito del locuaz Londoño, quien ha demostrado ser un muy hábil abogado.

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Este personaje que, en más de una ocasión defendió los intereses de multina-cionales en casos contra el Estado, a la par que compró de forma irregular ac-ciones de las cuales obtuvo significativos dividendos, tuvo -y sigue teniendo- un fuerte influjo en la orientación contractual del gobierno del presidente Uribe y su mentor ideológico. Con su prontuario de indelicadezas y su perversión moral fue nada menos que titular de la cartera de justicia. El presidente Uribe, en la carta donde aceptaba la renuncia de Londoño, reconoció que su “tarea deja una huella fecunda en bien de la Patria” (43). Vale la pena preguntarse si la “huella fecunda” del presidente, hace alusión a que es mucha la tela que aún falta por cortar en el caso del “montesinos criollo”.

Uribe, el personaje teflón En distintas ocasiones, columnistas, académicos y políticos han manifestado que Co-lombia se encuentra bajo una especie de embrujo ante la imagen proyectada por el presidente Uribe, quien a lo largo de su gobierno y ahora en elecciones copó la infor-mación de los medios de comunicación. En los medios, Uribe exhibe una imagen de eficiencia y la capacidad de un individuo a quien no le tiembla la mano a la hora de to-mar decisiones. Incluso resulta desafiante cuando confronta a sus funcionarios en público, lo cual ha sido recurrente en las agotadoras sesiones de los Consejos Comu-nales de Gobierno, actividad sobre la cual se cimienta la noción de un Estado Comuni-tario que asegure “más participación ciudadana en la definición de las tareas públicas, en su ejecución y vigilancia” (44). Con respecto a estos Consejos, María Izquierdo escri-be que, “es notorio en esas revolucionarias reuniones que el presidente demuestre la voluntad de una leona dispuesta al cuidado de sus cachorros (…) Cuida a su pueblo de los incumplimientos y de las promesas falsas de la burocracia de todos los gobiernos. Los cuida hasta de los políticos, y estos C.C. de G. han sido y son muy duros para to-dos los políticos tradicionales pues no los entienden” (45). La “ilustre biógrafa” -en palabras de Uribe Vélez- compara al presidente con una leona y al pueblo con sus cachorros. Una leona que se muestra externa al Estado, a sus institu-ciones y a sus funcionarios, lo que le permite mirar a los otros especímenes desde la barrera, reprendiéndolos públicamente a diestra y siniestra. Es allí donde surgen los primeros indicios de una especie de efecto teflón que opera en el presidente. Esta ex-presión fue utilizada por el experto en marketing Dick Morris para referir el fenómeno de Ronald Reagan en los Estados Unidos, quien pese a sus limitaciones, múltiples metidas de pata y a su participación en intervenciones en Nicaragua, logró mantener intacta su imagen como galán de Hollywood de los años 50. Más recientemente la expresión fue empleada para describir a Alberto Fujimori, quien a lo largo de su gobierno logró man-tener una imagen incólume, pese a los continuos casos de corrupción que pronto fue ventilando la prensa, y que concluyen con su caída del poder y su fuga al Japón.

43 “Texto de la carta del presidente a Fernando Londoño”, Semana, 6 de noviembre, 2003. 44 “Manifiesto democrático”, 2002, numeral 5. 45 María Izquierdo, Op. Cit., p. 218.

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Lo mismo parece suceder con Uribe. Los casos de corrupción se resuelven delegando la responsabilidad en el funcionario quien es removido del cargo. Esto ha venido suce-diendo con los directores del Incoder, Finagro, el DAS y la Superintendencia de Vigilan-cia Privada, e incluso con el general Castellanos ante los casos de torturas cometidas contra soldados al interior del ejército. A manera de ejemplo, frente a Jorge Noguera declaró que “si alguien cometió un error en el DAS que lo metan a la cárcel, si fue Jorge Noguera que lo metan a la Cárcel” (46). Cabe preguntarse entonces por su responsabili-dad en el nombramiento de estos y otros funcionarios. Cuidado, la pregunta puede re-sultar espinosa como se apreció de la reacción presidencial ante la pregunta formulada por Alejandro Santos en el debate televisado. En síntesis, el efecto teflón da cuenta de cómo el presidente hábilmente logra hacer que cualquier adversidad le resbale, sin que nada se le pegue y afecte su imagen. “La forma como al presidente/candidato le resbalan todas sus metidas de pata hace rato pasó de sorprendente a indignante. Nadie se explica por qué el país es tan permi-sivo con el doctor Uribe, a pesar de sus incontables fiascos, entre los cuales se pueden contar: el fallido rescate a sangre y fuego del gobernador de Antioquia y el ex ministro Gilberto Echeverri; las prácticas de una modelito paisa en la Casa de Nariño; los oscu-ros episodios que han rodeado el proceso con las AUC; sus nexos con el cuestionado ex senador Carlos Náder; el bochornoso episodio con Yidis y Teodolindo en la aproba-ción de la reelección; la plata de La Gata en su campaña pasada; y el montaje con la entrega de los guerrilleros en el Tolima, con show de avión incluido, etcétera. Y podría mencionar más casos todavía, pero no vale la pena” (47). Los problemas para el presidente vendrán, como para toda sartén, cuando el teflón que lo rodea se desgaste y algo se le empiece a pegar. El candidato liberal Horacio Serpa señala que ello ya está empezando a suceder, en la medida que “el ‘efecto teflón’ del Presidente ya no me preocupa tanto porque se está desgastando” (48). “Cuando yo lo conocí era un joven incontaminado” Ante funcionarios o personajes cuestionados, con quienes Uribe ha mantenido algún tipo de vínculo, el presidente suele argumentar que cuando conoció a esa persona, era un ciudadano honesto y honorable. El presidente reconoció conocer a Salvatore Man-cuso, “hace muchos años cuando era ganadero, pero no he hablado con él desde que se hizo miembro de grupos paramilitares” (49). A la familia Ochoa la conoció en su épo-ca como ilustres caballistas y no en su rol como clan narcotraficante. Del cuestionado y sombrío ex congresista Carlos Náder ha dicho que es “un hombre simpático y diverti-do”. Frente al cuestionado Jorge Noguera, se justificó manifestando que, “(...) la res-ponsabilidad mía tendría que derivarse de lo siguiente: si tuve buen cuidado o no para elegirlo. Y tuve buen cuidado, porque lo conocí en un tiempo no inferior a un año, que él me ayudó en esa campaña del Magdalena, como un joven incontaminado, buena per-

46 “‘Si cometió un error, que lo metan a la cárcel’: Uribe”, El Tiempo, Abril 11, 2006. 47 Un Pasquín, “Teflón con vaselina”, abril, 2006. 48 “Se está desgastando el efecto teflón de Uribe”, El País, 9 de abril, 2006. 49 “He sido honorable”, Semana, 25 de marzo, 2002.

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sona, le conocí su hogar. Esto es: no creo que haya sido negligente para examinar a Jorge Noguera, antes de nombrarlo Director del DAS, creo que no me cabe responsabi-lidad (...)” (50) Lo mismo decía George Bush padre, quien conoció a Saddam Hussein y al general Manuel Antonio Noriega cuando eran “buenas” personas. El presidente se sirve de este sofisma para evitar cualquier cuestionamiento y esquivar toda responsabilidad, bajo la justificación que nombró a Noguera en la dirección del DAS porque trabajó en su cam-paña y porque conoció su hogar y familia. Lo cierto es que tal y como lo expone el co-lumnista Pedro Medellín, con los recientes escándalos “por primera vez se planteó que (el presidente) no nombró gente competente para los cargos de Estado y el grado de afección se evidenció al perder la compostura en televisión" (51). Las “improvisaciones” de Uribe Ha sido común que en medio de sucesos particulares, el presidente reaccione de forma imprevista y que su acción no se ajuste a los conductos establecidos por la ley. Esta actitud forma parte de un personalismo que se ubica por fuera de las instituciones, lo que le permite al presidente intervenciones improvisadas que no dejan de asombrar al país. Como ejemplo elocuente de este tipo de situaciones se pueden citar los Consejos Comunales en donde se suelen abordar soluciones frente a temas puntuales. Es así como se gestiona un carné de salud con prontitud o un cupo escolar, procedimientos que se brincan la estructura institucional del Estado para esos propósitos. De forma re-currente se han registrado episodios en que Uribe regaña, improvisa y realiza plantea-mientos sorpresivos. Quiebra la técnica presupuestal y vuelve trizas los sistemas de planeación institucionales. A continuación un breve recorderis de algunos de los casos más renombrados.

• El extravío de la billetera presidencial

El 12 de mayo de 2003, el país conoció una insólita noticia. El hombre más cus-todiado del país, el presidente Álvaro Uribe, había perdido su billetera. Días des-pués se supo que de su cuenta habían sido retiradas sumas de dinero. Gracias a los videos de seguridad, la policía logró dar con los responsables. Pese a haber incurrido en el delito de robo y estafa, el culpable recibió el indulto presidencial. "Es gente pobre, hay que darles una nueva oportunidad”, afirmó en su momento. El presidente hizo gala del manejo discrecional de la justicia que suele emplear, bajo la intención de mostrarse como un presidente comprensivo y tolerante.

• “Mándelos a dormir a una 'suite' del Hotel Tequendama”

En la misma tónica paternal, el presidente hizo gala nuevamente de su virtuosis-mo como improvisador. El nombre de Héctor Buitrago, alias Julián, guerrillero de

50 “Dos semanas de vía crucis para Uribe”, La Patria, 16 de abril, 2006. 51 Semana, 21 de noviembre, 2004.

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las FARC fue conocido por la opinión pública tras su captura y vinculación con acciones terroristas en el departamento del Huila. En el transcurso de su reclu-sión en el búnker de la Fisca-lía, Alias Julián logró evadirse y fugarse. A las po-cas horas apareció frente a los medios y junto al presidente, quien de forma pa-ternal le daba la “bienvenida a la patria”, a la par que ordenaba: “Mándelos a dormir a una 'suite' del Hotel Tequendama. Si le ponen problema por la cuenta, yo la pago”.

“A Uribe no se le ocurrió pensar por un lado en los problemas de seguridad que podría generar en el resto de huéspedes del hotel, en la zona, en el resto de re-insertados y en lo que menos pensó fue el mensaje que podía dar al premiar a un ex guerrillero de la magnitud de "Julián"” (52).

Su determinación tomó por sorpresa al país, ya que con su acción el presidente daba un mensaje incoherente al premiar a un guerrillero implicado en secuestros masivos, quien se había fugado, a la par que castigaba a los funcionarios del CTI vinculados con su fuga. El ministro de justicia anunció la suspensión de los pro-cesos en su contra al aplicarle la ley de reinserción, en clara contravía al debido proceso como lo denunció en su momento el procurador Edgardo Maya. El epi-sodio tuvo un epilogo por demás divertido. Pese a la invitación del presidente de pagar por los gastos de hotel, “después de la estadía de 'Julian' el Hotel Tequen-dama se vio a 'gatas' para que le pagarán la cuenta por 752.000 pesos”.

• “Preste la coca y tome la platica”

El 23 de julio de 2005 y en una nueva y alegre intervención, el presidente Uribe, en desarrollo de un Consejo Comunal en Villavicencio ofreció la compra de la producción de hoja de coca por parte del gobierno.

"Vamos a ofrecer en esa área que los campesinos que tengan coca la traigan y el Gobierno les paga una recompensa económica para que la entreguen", lo que implica que el Estado entrará a competir en un mercado ilegal en el que ya están las Farc y los paramilitares (…) “Eso tiene que ser muy serio. Preste la coca y tome la platica; como en la feria: preste el marrano, tome la plata. Pero con un compromiso adicional: que esas familias se comprometan todas a cuidar el área libre de coca de ahí en adelante. Ese tiene que ser el compromiso adicional”.

Las reacciones no se hicieron esperar ante una propuesta calificada como im-provisada, que antes que promover otro tipo de cultivos, estimula el cultivo de hoja de coca.

“Las críticas se enfocaron a temas de por qué se compraría la coca y no otros cultivos que se siembran para sustituir ese producto ilícito, adicionalmente se consideró que la propuesta podría estimular la siembra de más coca y además

52 “Los osos de Uribe”, Portafolio, 30 de septiembre, 2005.

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se cuestionó el hecho de que el Estado no está en capacidad de comprar los cul-tivos de otras regiones del país” (53).

El gobierno respondió las críticas, señalando que lo que se busca es acabar con el cultivo mediante el pago de una recompensa. Sin embargo en la opinión públi-ca el hecho quedó registrado como uno más de los “osos de Uribe” (54).

• Megáfono en mano, el presidente ofrece recompensa

Luego del atentado sufrido por el senador Germán Vargas Lleras el 10 de octu-bre de 2005, el presidente Uribe regresó el día siguiente al lugar de los hechos. Allí se le vio, megáfono en mano, ofreciendo recompensas a cambio de informa-ción y ofreciendo indemnizaciones a las víctimas del atentado. La columnista María Jimena Duzán relataba que mientras el senador asistía herido al Congre-so, “el Presidente seguía despachando desde el andén de la 70 con novena, megáfono en mano, distribuyendo platicas a quienes se les habían roto sus vi-driecitos” (55).

El gobierno responsabilizó del atentado a las milicias urbanas de las FARC, mientras que el senador abría la posibilidad que los autores estuvieran relacio-nados con políticos y grupos de autodefensa. El presidente aprovechó el atenta-do para robar pantalla en los medios y como suele suceder ante todo acto crimi-nal, salir a ofrecer recompensas cual sheriff tejano.

• “Hay que linchar a los corruptos”

El 16 de marzo de 2006, en una reunión en Santa Marta con ganaderos, empre-sarios y políticos, el presidente formuló una nueva y polémica sentencia: “Hay que linchar a los corruptos, nada de pañitos tibios, compatriotas: linchemos a los corruptos". Nada más lejano a un planteamiento ceñido a la democracia y a los conductos regulares que ésta establece. La proclama presidencial se constituyó en una incitación a la violencia en la lucha contra la corrupción. El efecto teflón de nuevo opera, al delegar en los ciudadanos la responsabilidad de combatir –mediante el linchamiento– a los corruptos. Al respecto el profesor Álvaro Cama-cho Guizado señala que, “Ojala sea una metáfora, porque si quienes escucharon la frase, o quienes la leyeron, deciden seguir las instrucciones al pie de la letra, el sistema judicial colombiano dejaría de tener razón de existir. El llamado debido proceso y las garantías constitucionales serían simples cantos a la bandera. Si unos cuantos ciudadanos probos acatan la consigna, tampoco habría necesidad de tener una Policía Nacional: basta una multitud enardecida que destruya físi-camente a un ciudadano” (56).

53 “Polémica por propuesta del presidente Uribe de pagar recompensas por coca en el Meta”, El Tiempo, 24 de julio, 2005. 54 “Los osos de Uribe”, Portafolio, 30 de septiembre, 2005. 55 María Jimena Duzán, “Crónica de un atentado”, El Tiempo, 17 de octubre, 2005. 56 Álvaro Camacho, “El catolicismo presidencial”, El Espectador, 26 de marzo, 2006.

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Queda implícita en la máxima presidencial una sensación de que su “mano dura” puede fácilmente confundirse con la posibilidad de tomarse la justicia por la “ma-no propia”.

• Los enredos académicos de Jerónimo Uribe

Uno de los hijos del presidente, Jerónimo, estudia Economía en la Universidad de los Andes. Hace dos semestres recibió la matricula condicional al haber reali-zado plagio en una clase con un profesor visitante de Harvard. Posteriormente se vio involucrado en un nuevo proceso disciplinario por haber cometido un supues-to fraude. En su momento, surgieron voces de estudiantes y profesores que de-nunciaban presiones para que se abstuvieran de hablar sobre el tema. Adicio-nalmente se conoció por parte de la opinión pública que el presidente había puesto al servicio de su hijo al prestigioso y recorrido abogado Jaime Lombana, quien ha trabajado en casos tales como Invías, ECOPETROL, Comsa y Bavaria, para solucionar el ‘simple’ caso de fraude universitario.

Antes de seguir los conductos de la universidad frente a este tipo de situaciones, el abogado Lombana amenazó al aire en la W Radio con demandar penalmente a la revista La Nota.com, por la publicación de la información. La publicación a su vez le contestó al abogado:

“Pero lo que si no puede es decirle a Lanota.com que no debe abordar el tema del hijo del Presidente porque, según él, no se trata de un tema de "interés gene-ral". De modo que este prepotente abogado se abroga la potestad de establecer qué temas son los que debe tratar un medio de comunicación como lanota.com. La pregunta fundamental que surge es si está hablando en nombre de su cliente el Presidente de la República, o si lo está haciendo en nombre propio. Si está hablando en nombre del Presidente el asunto es en extremo serio por cuanto sólo el abogado de un dictador podría exigirle a un medio que tal o cual tema le está vedado. Si está hablando en nombre propio cometió una ligereza que indi-caría un bajo nivel de profesionalismo. Creemos que es lo segundo” (57).

La reacción del abogado del presidente frente al caso de Jerónimo resulta similar a las reacciones que ha protagonizado el mismo presidente. Contrario a mante-ner la mesura y responder con claridad, las reacciones suelen ser intempestivas, ponen en entredicho el proceder de los medios y dejan a un lado los cuestiona-mientos frente a la información publicada. Por último, si se recuerda aquello de “linchar a los corruptos”, en este caso el presidente no dio un ejemplo al país frente a su hijo, a menos que le haya dado una buena pela o linchamiento en la intimidad de su hogar. No sobra preguntarse cuáles son las motivaciones del presidente para formular propuestas y planteamientos como los realizados. En ellos se destaca una marcada improvisación, que produce un impacto mediático inmediato y que pronto cae en el olvido.

57 La Nota.com, 7 de febrero, 2006.

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• Ponerles microchips a los colombianos en el exterior

En un informe de mayo 3 de 2006 divulgado por los senadores republicanos Ar-len Specter y Jeff Sessions, tras una visita que hicieron a Colombia el mes pasa-do cuando se reunieron con Uribe Vélez, los legisladores gringos afirmaron que el mandatario colombiano les propuso “la implantación de microchips en los cuerpos de los trabajadores colombianos antes de que se les permitiera ingresar a Estados Unidos, y a fin de verificar que efectivamente abandonen el país al término de su contrato”.

Lo mencionado por el mandatario fue "Durante nuestra reunión con el presidente Uribe. Allí también discutimos las recientes acciones que el Senado y la Cámara han tomado sobre la inmigración ilegal a Estados Unidos. Estábamos curiosos por conocer la opinión del presidente Uribe sobre cómo deberíamos lidiar con ese asunto", según redactó Specter en un informe de su visita al país. Sin duda nos sorprendió esta propuesta.

La sugerencia provocó el rechazo en varios sectores colombianos y estadouni-denses y fue duramente cuestionado por los defensores de los derechos huma-nos. Como siempre, la mayoría de los medios del país registró con superficiali-dad y simplismo la propuesta, no así los candidatos presidenciales, especialmen-te el aspirante por el Partido Liberal Horacio Serpa quien calificó la idea presi-dencial como “un disparate y un acto indignante de lesa humanidad y sumamen-te humillante para nuestros compatriotas en el exterior”.

Uribe Vélez, un Herodes posmoderno En una lamentable demostración de insensibilidad con la infancia desprotegida de Co-lombia el presidente Álvaro Uribe le quitó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 680 mil millones de pesos que destinó a la financiación del multimillonario déficit del Gobierno. En consecuencia el ICBF dejó de recibir una enorme cantidad de recur-sos correspondientes a recursos parafiscales desde el 2001 para sus programas de la niñez y la adolescencia. La revelación fue hecha por el contralor General, Antonio Hernández Gamarra, durante el Segundo Encuentro de Gobernadores por la Infancia en Medellín, quien se refirió a que 480 mil millones de pesos no llegaron al Instituto. “En pocas palabras, no es justo que los recursos para la infancia estén dedicados a financiar el déficit del Gobierno”, manifestó Hernández Gamarra. Por su parte, la directora de ICBF, Beatriz Londoño Soto, aclaró que no son 480 mil mi-llones de pesos los que han dejado de entrar al Instituto, sino 680 mil millones de pe-sos. “Cada peso que le aprueba al ICBF el Ministerio de Hacienda por medio de la ley de presupuesto es un peso invertido, la dificultad que hemos tenido es que esos dineros no

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han llegado a Bienestar, porque están allá (en Minhacienda) y es a eso a lo que se re-fiere el señor Contralor”, comentó Londoño. La corrupción se extiende por plazas, por hectáreas incautadas En un debate que misteriosamente se aplazó en el Congreso y que trató de silenciarse con argucias de contradenuncias fue el que adelantó el Senador Javier Cáceres y en el que demostró que el coronel (r) Alfonso Plazas había incurrido en malos manejos y abuso de poder al frente de la dirección nacional de estupefacientes. Sin embargo, la verdad no pudo ocultarse por mucho tiempo y en una de las delibera-ciones del Senado se pudo evidenciar que el Coronel Plazas entregó de manera irregu-lar la finca La Luisa a Tomás Mosquera López, un sujeto oscuro, con antecedentes pe-nales, quien recibió el mejor criadero de caballos de paso fino colombianos, incautados a Joaquín Mario Valencia “El caballista”, en el Valle del Cauca y vendió, sin pólizas ni garantías, caballos por valor de 48 millones de pesos. Surgió allí otra denuncia según la cual el coronel Alfonso Plazas regresó el manejo de nuevos bienes a Tomás Mosquera López a través de una empresa familiar: MOPE (Mosquera-Perdomo, Ltda.); once bienes incautados, entre los cuales figura la hacienda Gualas en San Martín, Meta, 1.500 hectáreas sembradas con arroz y 1.500 cabezas de ganado, del fallecido narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el mexicano. Por otra parte se acusó a Plazas de la entrega de la administración de bienes de Lilia Beatriz Sánchez, una amiga personal e hija de un oficial retirado quien, según Cáceres, había cometido no menos de 60 irregularidades e incurría en excesos dignos de las me-jores películas del gangsterismo. Además, la entrega de la motonave La Valentina; la entrega a una inmobiliaria de un local cuya renta tiene un precio de 12 millones de pe-sos y fue alquilada por un millón setecientos mil pesos. De igual manera la renuncia de un sargento del ejército a la oficina de control interno para asumir la administración -como persona natural- de 469 bienes que estaban bajo la tutela de la Dirección Nacio-nal de Estupefacientes. Según Wilson Herrera, delegado de la Contraloría General de la nación, “existe un ma-nejo inadecuado de 6.217 vehículos, 2.201 bienes rurales, 279 aeronaves, 8.724 bienes urbanos, de los cuales en su gran mayoría se desconoce su destino final. Se habla de que los mejores ejemplares caballares han sido facilitados a las dehesas del presidente Uribe para mejorar sus cuadras equinas”. La libertad de prensa en los tiempos de AUV

“La seguridad será democrática. Para proteger a to-dos, al trabajador, al empresario, al campesino, al sin-dicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier agresor”. Numeral 27, Manifiesto Democrático.

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En sus diferentes discursos, el presidente Uribe suele reivindicar que siempre ha man-tenido una actitud defensora y protectora hacia los periodistas, sindicalistas y los defen-sores de derechos humanos. “(...) he vivido al frente, desde que era candidato presidencial de la tesis y en el ejercicio del Gobierno de la acción: la protección de los sindicalistas, la protección de los perio-distas, la protección de los maestros…” (...)”. Sin embargo, los colombianos han podido ser testigos de la irresponsabilidad del presi-dente hacia las organizaciones sociales, los periodistas e incluso hacia funcionarios con los cuales ha operado una especie de censura por parte del gobierno. Ataque presidencial contra las ONG El 8 de septiembre de 2003, el presidente formuló una dura crítica a las organizaciones no gubernamentales (ONG), quienes según él usaban el tema de los derechos huma-nos a favor de los “terroristas”: “Cada vez que en Colombia aparece una política de seguridad para derrotar el terroris-mo, cuando los terroristas empiezan a sentirse débiles, inmediatamente envían a sus voceros a que hablen de derechos humanos”. El tono del presidente fue desproporcionado, sindicó a gran parte de las ONG de tener vínculos con la guerrilla, al tiempo que puso en riesgo la integridad de activistas socia-les y defensores de derechos humanos. Los crímenes cometidos contra activistas so-ciales se han mantenido y recrudecido con el actual gobierno. Algunos casos, como el de Correa de Andreis, tienen vinculación directa con los su-puestos nexos entre paramilitares y funcionarios del DAS. Asimismo, con el corazón entristecido, cabe recordar la reciente desaparición y muerte de Jaime Gómez, politólo-go e historiador vinculado al equipo de la senadora de oposición Piedad Córdoba y a la campaña presidencial del candidato liberal Horacio Serpa. Con el ataque frontal que en ese momento realizó el presidente contra las ONG, se evidenció que lo embarga cierta incomodidad hacia el tema de los derechos humanos. Posteriormente le bajó el tono al reclamo y pidió disculpas públicas. Roces por cifras del DANE En septiembre de 2004, se conoció un escándalo entre el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y el Departamento de Planeación Nacional (DNP). El conflicto giró en torno a la intención de César Caballero, director del DANE, de publicar cifras sobre pobreza y un estudio sobre victimización en el año 2003. El DNP se opuso a dicha publicación, lo que motivó la salida de Caballero del DANE, quien no compartía dicha decisión.

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“Las relaciones entre el director del Dane, César Caballero, y las altas esferas del Go-bierno se rompieron definitivamente con ocasión de los datos sobre pobreza y el estu-dio sobre Victimización en el 2003. Este último se convirtió en una de las grandes em-barradas del Gobierno Uribe, pues puso en riesgo la credibilidad del departamento es-tadístico, de reconocimiento internacional” (58). En una especie de autocensura al interior de las instituciones del Estado, el gobierno quiso evitar la publicación de cifras poco favorables a su publicitado éxito en materia de orden público. El reemplazo de Caballero, Ernesto Rojas, se enfrentó a la realización del censo, pese a que el diseño del mismo había sido realizado por la administración de Caballero. A lo largo de su desarrollo, se formularon frecuentes cuestionamientos refe-ridos a la metodología y a las continuas fallas del sistema adoptado, así como a la pro-fundidad de las preguntas y sus posibles resultados. Habrá que ver qué arroja este cuestionado censo. El caso Coronell – Náder El año 2005 fue un calvario para el periodista, columnista y director de Noticias Uno, Daniel Coronell. En los meses de abril y mayo recibió amenazas telefónicas contra su vida y la de su familia, a la vez que junto con los periodistas Carlos Lozano y Hollman Morris recibió coronas fúnebres. A la par se empezaron a enviar correos electrónicos anónimos al director de la revista Cambio y al columnista Ramiro Bejarano, que mantie-nen un lenguaje agresivo hacia Coronell. El periodista se puso en la tarea de averiguar el origen de los correos electrónicos y en su columna de la revista Semana denunció públicamente a su verdugo: “La señal venía de una mansión en la zona de Suba, al noroccidente de Bogotá. En esa casa habita el ex congresista Carlos Nader Simmonds, titular de la suscripción de Ca-blenet usada para enviar el anónimo intimidatorio similar a otros tres que ya entregué a la Fiscalía. No puedo asegurar que él esté detrás de todas las amenazas pero, por lo menos, éstas salieron de su propia casa”. “Carlos Náder Simmonds, (es un) poderoso hacendado de Montelíbano, Córdoba, y dueño de varias propiedades en Bogotá y España (…) Estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico y conspiración. Era amigo e interlocutor habitual de Pablo Escobar y existen varias grabaciones que lo comprueban. Entre ellas, una en la que celebra con el capo el asesinato de Luis Carlos Galán. ("Más buen muerto que un hijueputa", senten-cia Náder).” (59). Carlos Náder Simmonds rindió indagatoria ante la Fiscalía y los medios informaron que “Tomás y Jerónimo Uribe figuran entre las 40 personas que habrían usado un computa-

58 “Los osos de Uribe”, Portafolio, 30 de septiembre, 2005. 59 Daniel Coronell, “Descubriendo al verdugo”, Semana, 25 de junio, 2005.

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dor del ex congresista Carlos Náder, desde el que se enviaron mensajes que dieron pie al periodista Daniel Coronell para denunciar amenazas contra su vida” (60). Coronell proporcionó nueva información en el sentido de que su hija y el hijo de Náder estudiaban en el mismo colegio, y que al parecer así era como las amenazas contaban con un registro detallado de las actividades de Coronell y Náder. Qué tan normal puede resultar la familiaridad con la casa de Nariño de un personaje como Náder, quien pese a resultar alguien “simpático y divertido” para el presidente, ha mantenido oscuros nexos con el narcotráfico y se encuentra directamente implicado en las amenazas proferidas contra Daniel Coronell. Este reconocido periodista, como mu-chos otros colombianos, sólo encontró seguridad y tranquilidad exiliándose en el exte-rior. El gran periodista e investigador Hollman Morris, quien también ha recibido amenazas contra su vida, sentencia en su columna “Los “neoparas” amenazan” que “el periodismo colombiano está herido de muerte” (61). Luego de citar el caso de Coronell y el suyo propio, denuncia que cuando se encontra-ba realizando un documental en el Putumayo con la BBC, el presidente declaró ante los medios que lamentaba que el periodismo hiciera acuerdos con los terroristas. El gobier-no admitió en un escueto comunicado por Internet que había sido un lamentable error, pero no realizó una rectificación pública. Posteriormente hombres sospechosos que me-rodeaban el estudio de grabación del programa de Morris, fueron detenidos y resultaron ser del DAS, aparentemente en desarrollo de un seguimiento ilegal. Náder sigue cam-pante. Los periodistas agradecen cada nuevo día que sus verdugos les permiten vivir. Reacción Non Sancta Dentro del inventario de virtudes y defectos del presidente Álvaro Uribe que realiza Ma-ría Izquierdo, destaca la testarudez “en el sentido positivo de la palabra” como uno de sus rasgos principales. Algunas páginas más adelante señala que “Uribe es profunda-mente democrático y conciliador”. Sin embargo, poco democrático y conciliador fue el trato irreflexivo que tuvo el presidente hacia los medios de comunicación, en plena Se-mana Santa, cuando se publicaron las denuncias sobre escándalos de corrupción que rodean al gobierno. En la ya conocida entrevista en vivo que concedió el presidente al canal RCN, mostró sin reservas su enfado y mantuvo un trato desafiante con el director de la revista Se-mana Alejandro Santos. El presidente cuestionó públicamente y de forma airada la li-bertad de prensa, aduciendo que ésta atentaba contra los intereses de la patria. Poste-riormente Santos reflexionaba sobre lo sucedido:

60 “El presidente Álvaro Uribe salió ayer en defensa de sus hijos y su hermano Santiago”, El Tiempo, 2 de julio, 2005. 61 Hollman Morris, “Los “neoparas” amenazan”, El Espectador, 2 al 8 de abril, 2006.

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“Creo que el presidente utilizó un tono y un lenguaje que no corresponden a la majestad del presidente. El primer mandatario no puede estigmatizar a un medio de comunica-ción cuando ejerce su legítimo derecho a la crítica y la fiscalización. Hay unos temas muy serios y muy de fondo que necesitan respuesta y el presidente redujo el debate a un problema de medios bogotanos que no quieren a la provincia. Eso es falso, injusto y preocupante” (62). Los medios de comunicación del país se solidarizaron con las revistas y manifestaron su rechazo a los planteamientos del presidente. Dentro de ellos, se destacó el editorial del periódico El Tiempo, que pese a su apoyo manifiesto al presidente advertía: “Será frase de cajón repetirlo, pero el problema no son los medios de comunicación, que en una democracia cumplen el papel fundamental de vigilar e informar. Los delica-dos líos en los cuales se han visto envueltos varios funcionarios del Gobierno no son un invento del mensajero de esas noticias. En lugar de enfilar baterías contra la prensa, ¿no sería lo atinado propiciar rigurosas investigaciones sobre lo sucedido en el DAS y demás agencias?” (63). La reacción del presidente debe prender las alarmas. Además de pronunciamientos desproporcionados e irresponsables que arriesgan la integridad de periodistas, activis-tas y organizaciones, se ofusca ante las denuncias concretas. No realiza un análisis detallado de la situación con el objeto de producir respuestas serias y creíbles. Por el contrario, el presidente culpa a los mensajeros de lo adverso, de ser los responsables de atentar contra la patria. María Izquierdo define la figura del estadista como el “gobernante que interactúa con inteligencia, capacidad y destreza para dar respuesta coherente y oportuna a las nece-sidades de un Estado. Uribe tiene las ideas para solucionar cada problema. Le cabe el país en la cabeza”. Pero… las reacciones improvisadas, airadas y desproporcionadas del presidente no son muestra de su talante de estadista. Él mismo parece reconocerlo, cuando en sus discursos de la campaña anterior solía pedir al electorado: “Denme la oportunidad de ser Presidente. No haremos milagro, pero el país sentirá ali-vios de mano firme y corazón grande. Permítanme ejercer autoridad que tanta falta ha hecho. Quiero ser el primer soldado de la Patria para luchar por el regreso de la tran-quilidad en todo el territorio” (64). Antes que buscar ser un estadista que lidera una democracia, Uribe, cual prócer del siglo XIX, desea ser el primer soldado de la patria que encabeza una guerra. Contra el terrorismo, contra los críticos, contra los vecinos. ¿Requiere Colombia de un presidente soldado, que se irrita fácilmente, estalla como un volador, improvisa como un culebrero

62 "Uribe no puede estigmatizar a los medios por ejercer la crítica y la fiscalización": Alejandro Santos, Semana, 11 de abril, 2006. 63 “El presidente mensajero”, El Tiempo, abril 13, 2006. 64 Álvaro Uribe, “Mano firme, corazón grande”, 12 de mayo, 2002. La negrilla es nuestra.

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y pide perdón como ejemplo de buen católico? ¿O por el contrario urgimos tener un verdadero estadista en el poder, con cabeza fría, diplomático y reflexivo ante la crítica?

INSEGURIDAD DEMOCRÁTICA Junto con la lucha contra la corrupción, la seguridad democrática es “la política de mos-trar” del gobierno Uribe. Bajo esta política, afirma el gobierno, “se ha recuperado la con-fianza en el país, los colombianos regresaron a las carreteras, la guerrilla se encuentra diezmada y el paramilitarismo en un proceso de desmovilización”. Sin embargo, el con-flicto se mantiene, la inseguridad en las ciudades y en los campos permanece, así co-mo las acciones guerrilleras, los crímenes políticos – como el de Liliana Gaviria, herma-na del ex presidente Cesar Gaviria o las muertes de concejales del departamento del Huila-, detenciones injustificadas - caso de Alfredo Correa de Andreis, posteriormente asesinado- y desapariciones escalofriantes - caso Jaime Gómez -, entre otros. Y pese a un supuesto proceso de paz, el desmovilizado accionar del paramilitarismo ha sobrevi-vido y mutado. En ese sentido, aquello tiene más bien poco de seguridad y de demo-cracia.

• El proceso de paz El proceso de paz con los paramilitares ha estado rodeado de escándalos, presiones e incoherencias. Uno de estos elementos es el que hace referencia a que el aumento desproporcionado de los desmovilizados efectivos y los que se habían proyectado, permita suponer que muchos aprovecharon los beneficios del proceso, entre ellos nar-cotraficantes. “SEMANA conoció la reciente metamorfosis de Diego León Montoya, alias 'Don Diego', uno de los 10 hombres más buscados por el FBI, quien hasta hace un tiempo era cono-cido por ser el jefe del cartel del norte del Valle del Cauca y ahora compró el bloque pa-ramilitar 'Héroes de Rionegro' con el objetivo de entrar a negociar con el gobierno” (65). Además de la presencia de narcotraficantes que posan de paramilitares por convenien-cia la Oficina del Alto Comisionado para la Paz reconoció que el número de armas re-sulta muy bajo si se compara con el número de combatientes desmovilizados. En total se han desmovilizado 28.357 personas, que han entregado 2.698 armas. Es decir 0.09 armas por combatiente. Sin embargo, con orgullo insolente el gobierno afirma que ha logrado el “desmonte del aparato paramilitar”. De igual forma, la misión de observación de la OEA ha señalado dificultades en el proceso, en la medida que existen violaciones al cese de hostilidades y debido a problemas de reinserción, muchos desmovilizados se están reagrupando y armando. “Pese a los señalados avances en el proceso de paz, la MAPP/OEA ha identificado di-versas violaciones del cese de hostilidades y la desmovilización, así como también se han constatado las dificultades que presenta la reinserción de los ex combatientes. Igualmente, a la MAPP/OEA le preocupa, y considera de suma importancia, la destruc- 65 “Revelaciones explosivas”, Semana, 24 de septiembre, 2004.

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ción de las armas entregadas por los grupos paramilitares en las desmovilizaciones co-lectivas. Hasta el momento no ha sido posible asegurar la destrucción de este arma-mento. Estas consideraciones y observaciones se desprenden del mandato de la Misión y por lo tanto se espera sean tomadas en consideración por el Gobierno de Colombia” (66). Catorce mil delitos de Lesa Humanidad Se supone que la promulgación de la ley de Justicia y Paz busca garantizar el derecho a la justicia, verdad y reparación por parte de las víctimas. Cálculos del Centro de In-vestigación y Educación Popular (CINEP) con base en cifras de la Fiscalía, indican que entre 1987 y 2005 las autodefensas cometieron 14 mil delitos de lesa humanidad. Deli-tos que incluyen masacres, crímenes atroces, desplazamientos forzosos, intimidación, extorsión y chantaje, que tal como va el curso de los acontecimientos naufragarán en la impunidad. En una nota de El Espectador, se refería que el desmovilizado jefe paramili-tar se encontraba de lleno metido en su pasión: la compra de carros para él y su novia por un valor cercanos a los 200 millones de pesos (67). ¿Y las víctimas? Bien, gracias. Alto ahí hermano Uribe, aquí mandamos los paras Esto se refuerza aun más con la evidencia de las posiciones blandas y flexibles del go-bierno, tal y como sucedió con el caso de Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna. Luego de que el gobierno formara una gran alharaca mediática registrando un vistoso despliegue policivo –para que se entregara y evitara su captura- ordenó su traslado a la cárcel de Cómbita por su vinculación con un crimen cometido cuando ya se encontraba desmovilizado, los líderes paramilitares tomaron la decisión de levantarse de la mesa de diálogos, a la par que los transportadores de Medellín bloqueaban el transporte en la ciudad. El gobierno tuvo que ceder a las presiones y decidió trasladar a Don Berna a la cárcel de Itagüí, su casa. Con ese episodio se calmaron los ánimos y se empezó a superar la crisis. Sin embargo, queda la impresión de que el proceso está lejos de generar un cli-ma de paz y que el gobierno no se ha caracterizado por su dureza en el trato con los grupos paramilitares. La justicia y la paz no emanan mágicamente de las leyes. Por el contrario implican la realización de un proceso transparente de reconciliación. Y la ver-dad es que este proceso poco tiene de transparente y de reconciliador. Un vecindario poco fraterno

66 Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), “Sexto informe trimestral del secretario general al consejo permanente sobre la misión de apoyo al proceso de paz”, marzo, 2006. 67 “Un nuevo hobby ocupa por estos días toda la atención del desmovilizado jefe de las Autodefensas, Salvatore Mancuso. Por todos es sabido ya en Montería que los carros son ahora su pasión y que la im-portación de vehículos de lujo lo tiene fascinado. Tanto, que sus últimas adquisiciones son dos vehículos militares Hummer y un BMW último modelo que le regaló a su novia. Cada uno de los “jugueticos” cuesta más de 200 millones de pesos”. “Gusto refinado”, El Espectador, 5 al 9 de abril, 2006.

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Si América fuera un vecindario y los países sus moradores, es probable que Colombia fuera visto como el vecino con problemas internos que afectan a los demás inquilinos. El conflicto colombiano ha desbordado las fronteras nacionales. Países como Ecuador y Venezuela han reiterado de forma continúa su malestar ante la invasión del espacio fronterizo aéreo y terrestre por parte de tropas colombianas y de aviones de fumigación. El gobierno colombiano ha intentado involucrar a sus vecinos en el conflicto, exigiendo su colaboración en la lucha antiterrorista que se ejecuta con re-cursos del gobierno estadounidense. El episodio protagonizado por Rodrigo Granda, el llamado Canciller de las FARC, evi-denció las estrategias empleadas por el gobierno colombiano en su lucha contra el te-rrorismo, las que incluso pasan por encima de la soberanía de los países vecinos. El gobierno colombiano pagó una recompensa a unos particulares, quienes secuestraron a Granda en territorio venezolano y lo entregaron a las autoridades colombianas en la ciudad de Cúcuta. El hecho generó roces diplomáticos entre ambos países, en un gesto que constituyó una clara violación a la soberanía venezolana. La prioridad del gobierno colombiano no se ha concentrado en desarrollar una relación armoniosa en el vecinda-rio que comparte con sus socios naturales y hermanos culturales, sino que se ha limita-do sin reserva alguna a los designios del vecino rico del norte. Colombia punta de lanza norteamericana en el continente Pese a que los latinoamericanos observamos con esperanza el escenario actual, con el surgimiento de gobiernos democráticos que representan nuevas y distintas formas de concebir el ejercicio político, en Colombia esta ilusión no se encuentra a la vista. Mien-tras que en el continente parecen consolidarse de forma aislada y espontánea gobier-nos con una clara intención de soberanía y autodeterminación, Colombia le ha endosa-do su voluntad a los Estados Unidos. Ayudan a corroborar esto algunos ejemplos. El presidente Álvaro Uribe, sin previa consulta al país y sin fundamento alguno, apoyó en contravía a la comunidad internacional “la guerra preventiva” de George W. Bush en Irak. Al hacerlo el presidente se mostró de acuerdo con la intervención militar, lo cual podría ajustarse al escenario colombiano. Con el tiempo se ha demostrado que la inva-sión en Irak fue totalmente injustificada, soldados norteamericanos se han visto envuel-tos en casos de escalofriantes torturas a civiles y el caos civil se mantiene en el país. De igual forma, la distinción que establecía el Plan Colombia entre lucha contra el nar-cotráfico y contra la insurgencia se ha difuminado con el Plan Patriota. En esta nueva fase de la confrontación, los recursos fiscales y humanos del gobierno norteamericano se encuentran dirigidos directamente a fortalecer la “mano firme” contra la guerrilla, lo que evidencia la creciente intervención estadounidense en el conflicto interno que pa-dece Colombia. Finalmente, la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos es la señal lapidaria, querámoslo o no, de que nuestro destino está encadenado a los desig-nios de la potencia del norte. Con ello ya se empieza a observar el debilitamiento defini-

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tivo de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) ante el anuncio del retiro de Venezue-la, nación que acaba de ingresar a Mercosur. Dado lo anterior son pocas las probabilidades de que Colombia logre una integración regional efectiva, por lo que quedaría aislada de sus vecinos y se oficializaría su ali-neamiento con los Estados Unidos. Incluso con la aprobación del TLC, el presidente ya ha ofrecido sus servicios como intermediario en las tensas relaciones que mantienen entre sí Estados Unidos y países como Bolivia y Venezuela. En ese sentido da grima ver como en un continente caracterizado por los nuevos aires políticos, Colombia mantiene una actitud sumisa y subordinada a los designios de un presidente elocuentemente incompetente como George W. Bush. Es hora de volver la mirada hacia nuestro vecindario natural, buscar alianzas y perseguir la realización efec-tiva de una nación realmente soberana. Jugadas Electorales: “Juego limpio, ¡por favor señores!” En desarrollo de la campaña electoral el diario El Tiempo, con tono confuso manifesta-ba: “No es fácil distinguir al candidato del Presidente. En los últimos días han llovido, al rit-mo de las encuestas, iniciativas en temas claves para el gobierno (…) Algunos dirán que se trata de actos de Gobierno pero la coincidencia con lo que piden las encuestas en economía, paz y relaciones exteriores hace pensar que las jugadas de Uribe son más estrategia de campaña que de Gobierno” (68). El presidente candidato ha marcado la dinámica electoral de este año. No es gratuito que en torno suyo se creara una diversidad de movimientos y que el más significativo haya sido apodado como el partido de la U. Su nombre legal es el de partido Social de la Unidad Nacional, pero para favorecer su recordación y vinculación con el presidente Uribe, se le ha llamado con toda tranquilidad “partido de la U”. Preguntar qué tanto tiene este partido de unidad, de nacional y de social ya es otro asunto. Lo único claro es que la U, es la U de Uribe y que según Ramiro Bejarano tam-bién se puede aplicar para Juan Manuel Santos, "porque en términos de tránsito usted ya sabe que significa el giro en ‘u’. Juan Manuel Santos va a ser el primero en irse, vol-verse y volverse" (69). Pese a que la reforma política adelantada por el gobierno buscaba fortalecer los parti-dos y acabar con las microempresas electorales, de lo que se fue testigo en las elec-ciones parlamentarias fue de la plena vigencia del clientelismo camuflado en la estruc-tura de los nuevos movimientos. La gran mayoría de ellos conformados por caciques

68 “Desde su inscripción como aspirante a la reelección, el presidente Uribe no cesa de hacer propues-tas”, El Tiempo, 18 de marzo, 2006. 69 “José Obdulio Gaviria y Ramiro Bejarano se sacaron 'chispas' en 'Sala de Redacción' de Citytv”, El Tiempo, 27 de marzo, 2006.

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políticos congregados en torno a la imagen del presidente. De cambio político más bien poco. En los partidos uribistas fueron recibidos y avalados barones y caciques electora-les, clientelistas y manzanillos que durante su estadía en el Partido Liberal fueron acu-sados por las unidades de investigación de los medios, pero que ahora merced a la pauta publicitaria estatal y a su “temor reverencial”, han sido blanqueados por las aguas lustrales del uribismo. El presidente, quien inicialmente había declarado que no iba a participar en la campaña legislativa, pronto incumplió su promesa. Su imagen se multiplicó a lo largo de numero-sos comerciales y cuñas políticas, donde invitaba a votar por aquellos candidatos que apoyaban su reelección. Una dinámica electoral profundamente desigual, pese a la formulación de una ley de garantías. Boquetes a la ley de garantías La llamada ley de garantías electorales, establecida como parte de las reglamentacio-nes de la reelección, busca asegurar la igualdad entre el presidente candidato y los demás candidatos. Además de ser cuestionada desde su formulación, en el sentido de que la oposición tuvo poca cabida en su redacción, en ocasiones ha sido poco efectiva a la hora garantizar igualdad de condiciones. En enero de 2006, señales de televisión por cable transmitieron un consejo comunal de gobierno realizado por el primer mandatario. Distintas voces declararon que la transmi-sión constituía “una forma perversa de torcerle el cuello a la ley”. Periodistas que burla-ron la ética de su oficio en la radio -Gossain y Arizmendi, por ejemplo- y le permitieron a Uribe Vélez interminables monólogos sin una sola contrapregunta y antes bien lo baña-ron en desmedidos elogios. Escudado en una libertad de prensa, que en otras circunstancias no duda en atacar, el presidente afirmó que "el gobierno no le puede impedir a un medio privado que no tiene restricciones legales que transmita un acto público... dirían que este es un gobierno dic-tatorial''. En el ambiente quedó la sensación de la incapacidad de la ley de garantías para evitar que el gobierno acomode a su antojo las reglas de un juego que, en teoría, debería ser equilibrado. Pseudo purgas Como respuesta a la publicación de nombres de candidatos vinculados con grupos pa-ramilitares, distintos movimientos anunciaron la expulsión de los políticos comprometi-dos, los cuales fueron bautizados por la prensa como los purgados. En la lista aparecían nombres como los de las polémicas representantes a la Cámara Rocío Arias y Eleonora Pineda, quienes en su quehacer legislativo no escondieron su simpatía y cercanía con los grupos paramilitares. Pese a haber recibido el aval de Mario Uribe y su movimiento Colombia Democrática para formar parte de sus listas, el sena-dor notificó meses después su expulsión. La prensa ventiló rumores de que el senador, presionado ante la advertencia de perder la visa para ingresar a Estados Unidos, había

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tomado la decisión. Ninguna de las dos representantes logró salir reelegida, como su-cedió con otros purgados como Vicente Blel y Jorge Castro. Contrario a éstos, otros purgados sí lograron ser elegidos. Los expulsados del partido de la U. Dieb Maloof y Habib Merheg son ahora senadores por el movimiento Colombia Viva, mientras que Luís Eduardo Vives lo es de Convergencia Ciudadana. Jorge Caba-llero, expulsado de Cambio Radical, salió elegido como representante a la Cámara en el Magdalena por el movimiento Apertura Liberal. Fue cuando se conocieron los resultados electorales, que la purga adquirió un carácter formal y mediático. El capital electoral desplegado por senadores cuestionados como Dieb Maloof y Habib Merheg, así como por el controvertido movimiento Convergencia Ciudadana, captaron la atención del gobierno. Mientras tanto, el presidente invitaba a movimientos de oposición como el partido Liberal y el Polo Democrático Alternativo (PDA), a “que consideren la posibilidad, sin renunciar a sus tesis fundamentales, de contribuir a que construyamos una gran coalición pluralista”. Sin embargo, el anuncio estuvo acompañado por las informaciones referidas a los gui-ños realizados por el alto gobierno a los congresistas purgados y cuestionados. Los se-nadores electos Luís Alberto Gil, Dieb Maloof y Habib Merheg contaron a los medios que habían recibido contactos por parte del gobierno. La razón, el botín nada despre-ciable de votos que ostentan los movimientos Convergencia Ciudadana, Colombia Viva y Apertura Liberal. Pasadas las elecciones, y en búsqueda de consolidar mayorías en el Congreso de la República, estos grupos (denominados ahora “Los purgados” ) cuyos parlamentarios habían sido objeto de graves cuestionamientos criminales y morales por los propios partidos uribistas, fueron convocados por el gobierno (en actos presididos por el Minis-tro del Interior Sabas Pretelt de la Vega el Secretario General de la presidencia, Ber-nardo Moreno y el Asesor presidencial para la competitividad Fabio Valencia Cossio) para hacer parte de la coalición de gobierno, con lo cual se celebró una gran operación de blanqueamiento político que les restableció ante la opinión pública su “patriotismo”. ¿Cuánto cuesta el apoyo de los purgados? Se pregunta la Revista Semana, y afirma “Si el reingreso de los congresistas purgados al uribismo le sirvió al gobierno para consolidar sus mayorías en el Congreso aún si Vargas Lleras se va, a ellos les sirve para tener parte de la torta burocrática, para ga-rantizar la ayuda del gobierno en la resolución de algunos de sus problema y sobre todo para limpiar su nombre”. Acusaciones a la ligera En desarrollo de la campaña para las elecciones legislativas, el gobierno, con la vocería del alto comisionado para la paz, Luís Carlos Restrepo y del director del Partido de la U., Juan Manuel Santos, denunció la existencia de supuestos vínculos entre el precan-

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didato liberal Rafael Pardo y la guerrilla de las FARC con el objeto de desestabilizar el gobierno del presidente Uribe. “El Gobierno Nacional confirmó ayer las denuncias hechas por el directivo del Partido U, el ex ministro Juan Manuel Santos, quien acusó a Pardo de una presunta "acción políti-ca en contra de Uribe". En un comunicado leído por el secretario de prensa de Palacio, Ricardo Galán, se dijo que "en relación con el caso del senador Rafael Pardo, el Go-bierno pondrá en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación la información que ha recibido en el sentido de que el doctor Rafael Pardo ha propuesto a las Farc una acción política en contra del Presidente" (70). El país se escandalizó con la información. Pardo, por su lado, afirmó que todo se trata-ba de una “burda jugada política”, que buscaba desprestigiarlo en la contienda electoral. Días después, en un nuevo reversazo por parte del gobierno, el presidente manifestó que los nombres de los testigos no podían ser revelados por cuestiones de su seguri-dad y una vez más, pidió excusas públicas al senador. “Acabo de tener una última conversación con el Alto Comisionado, doctor Luís Carlos Restrepo, él me dice que el Gobierno no puede revelar los nombres de los testigos, por el interés superior del país en la paz y en el acuerdo humanitario", señaló el presidente Uribe. "En consecuencia el Gobierno no puede probar las declaraciones contra el Senador Pardo. En virtud de lo anterior, el Gobierno se retracta de esas declaraciones, le ofrece disculpas públicas al Senador Pardo, por mi conducto directamente, y tratará el tema con él en privado” (71). Otra reciente información que da cuenta de estrategias electorales poco limpias fue la relativa a la pensión del candidato presidencial por el PDA, Carlos Gaviria Díaz. La in-formación presentada por el noticiero CM& y que según su director Yamid Amat tuvo como fuente a miembros de la campaña Uribe, lo señalaba como un beneficiario de una de las pensiones más altas del Seguro Social. Al día siguiente Carlos Gaviria, en el mismo noticiero, manifestó que la información era falsa y con documentos en mano demostró el verdadero monto de su pensión. De igual forma declaró que lo sucedido "es una señal inicial, están mostrando las armas, a qué tipo de armas pueden apelar para desprestigiar a un contendor. Fue una actitud bastante reveladora de a qué tipo de co-sas están dispuestos" (72). En campaña electoral, el uribismo ha hecho gala de una es-pecie de juego sucio orientado a desprestigiar y sacar de contienda a los adversarios de turno. ¿Perdón a los morosos?

70 “Primero Auc, ahora Farc: la campaña sigue enredada”, El Colombiano, 19 de enero, 2006. 71 “El presidente Álvaro Uribe se retracta de las acusaciones contra Rafael Pardo”, El Tiempo, Enero 22, 2006. 72 “Campañas presidenciales se enfrentan por versión sobre pensión de Carlos Gaviria publicada en CM&”, El Tiempo, 15 de Abril, 2006.

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En el mes de marzo de 2006, el presidente sorprendió al país al formular una serie de medidas de corte claramente demagógico y poco viables. El 3 de marzo propuso una amnistía a los morosos, borrándolos de las bases de datos de deudores. Casi al instan-te, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla salía a la opinión pública contradiciendo a su jefe ya que consideraba que “la metodología de generar amnistías es mala”. Asi-mismo propuso reducir en 1,5 puntos el impuesto del cuatro por mil y en 6.5 el de la renta, en medidas con baja probabilidad más aun para un gobierno que se ha caracteri-zado por el ajuste fiscal. El invento de un avión decomisado El 7 de marzo, con el pecho inflado de orgullo, el presidente salió a la opinión pública informando sobre la desmovilización de la columna La Gaitana de las FARC-EP y la entrega de una aeronave en su poder. Setenta hombres liderados por alias Biófilo. Un muy buen golpe de opinión para el gobierno, más cuando se trataba de miembros de las FARC-EP. “El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, dio la bienvenida a los desmoviliza-dos y afirmó que "la Seguridad Democrática que hasta ayer los enfrentó, a partir de hoy empieza a protegerlos" (73). Sin embargo, de la columna no existían registros judiciales, a su vez que las FARC-EP informaron que en su estructura no hay ni ha habido una columna o un comandante con esos nombres. Los rumores conducían a que se trataba de un grupo conformado con desertores de distintos frentes que se habían reagrupado para la “desmovilización”. La aeronave a su vez había sido incautada en el pasado, por lo que la información resulta-ba aún menos creíble. El presidente, en una nueva disculpa pública confesó que lamen-taba “la información imprecisa que transmití sobre el supuesto decomiso del avión” (74). La Campaña Uribe en el Magdalena Las informaciones recientes que dan cuenta de la corrupción y la infiltración paramilitar en la Costa Atlántica colombiana, parecen señalar que allí el poder es ejercido por per-sonajes como Jorge 40, La Gata o Hernán Giraldo, que tienen una marcada influencia en el mundo político y en los organismos de inteligencia. Elecciones municipales y de-partamentales en donde sólo se presentó un candidato, alcaldes comprometidos en la desviación de recursos de salud hacia grupos paramililtares, masacres y hallazgo de fosas comunes, presunto fraude electoral en las elecciones de 2002, entre otros, corro-boran esta sensación de una federación norte bajo el poder paraestatal. Una vez cono-cido el caso del DAS, en donde apareció relacionado el nombre de Raúl Montoya, ge-rente de la campaña uribista en el Magdalena, residente de Santa Marta, el presidente en su explayada reacción ante la adversidad manifestó:

73 “Columna de las FARC entregó sus armas”, El Colombiano, 8 de marzo, 2006. 74 “Presidente se disculpa por noticia errónea”, El Colombiano, 11 de marzo, 2006.

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“Y ahora entonces le van a quitar legitimidad a este gobierno cambiando a don Raúl Montoya, un hombre honesto que vive en Santa Marta, por Diego Montoya, un narcotra-ficante. Hombre, no hay derecho que pongan a los colombianos a leer unas revistas importantes en Semana Santa que violan la Constitución, que violan el derecho a la intimidad y al buen nombre de las personas (...) Pregunten ustedes en Santa Marta quién es don Raúl Montoya” (75). Señor presidente, nadie confundía a Raúl Montoya -director de su campaña electoral en el Magdalena- con Diego Montoya, reconocido narcotraficante. Luego de que el 20 de abril el Nuevo Herald de Miami informara que Raúl Montoya se había quedado sin visa a Estados Unidos debido a “sombríos episodios”, la prensa suministró información adi-cional sobre este “honesto hombre” según el concepto presidencial. Según el semanario El Espectador “al empresario lo unían vínculos en el pasado con Luís Carlos Molina Yepes, cercano a Pablo Escobar, quien le había girado cheques en los años ochenta. Las investigaciones determinaron que de la misma cuenta habían sido girados los dineros del pago a los sicarios que asesinaron al director de El Espec-tador, Guillermo Cano. De igual manera, El Espectador, en su edición del pasado 23 de abril, reveló que Montoya Flórez recibió en 1986 cinco cheques por valor de $56 millo-nes, del pagador del magnicidio del director de El Espectador Guillermo Cano, Luís Car-los Molina Yepes. Los cheques salieron de la cuenta 005-21826-8 y fueron girados en-tre los meses de julio y noviembre de 1986. Montoya es un empresario que maneja ne-gocios de licores a través de las empresas Licores Cañamar y Licores del Magdalena. El presidente Uribe había defendido a Montoya, de quien dijo era “un hombre honesto que vive en Santa Marta”. Raúl Montoya presentó su renuncia a la campaña, lamentando que “la no aprobación de una visa no se puede convertir para los colombianos en un certificado de buena conducta…”. Lo lamentable, señor Montoya no es lo de la visa, lo preocupante es el pasado oscuro que liga a quienes rodean al presidente con el sombrío mundo narcopa-ramilitar. En la campaña anterior, el director de la campaña Uribe en el Magdalena fue Jorge Noguera, el hoy cuestionado ex director del DAS. Hasta abril de 2006, el director era Montoya, de quien hoy se conoce un oscuro pasado que lo liga con el narcotráfico. ¿Quién será el siguiente? Otro Gerente de la campaña Uribe comprometido con paramilitares Otro informe del equipo de investigación del semanario El Espectador (V-13-2006) puso en evidencia los nexos paramilitares de otro gerente de la Campaña reelecionista del Presidente Álvaro Uribe Vélez en el departamento del Casanare: Andrés Rueda Gómez. Señala el importante hebdomadario colombiano: En diciembre de 2001 las autoridades detuvieron en Bogotá a Jesús Emiro Pereira Rivera, un temible paramilitar que, como cabecilla del llamado Bloque Capital de las Auc, estaba señalado de ser el autor intelec- 75 Equipo de Periodismo Investigativo, “Los cheques de Montoya”, El Espectador, 23 al 29 de abril, 2006.

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tual de los asesinatos de los ex congresistas Alfredo Colmenares y Octavio Sarmiento y de tres integrantes de una familia de ganaderos del Casanare. En el momento de su captura, Pereira Rivera (concuñado del desaparecido jefe parami-litar Carlos Castaño y mano derecha de José Vicente Castaño) trató de desaparecer un documento que llevaba consigo. Pero la policía se lo impidió. Era un cheque por $10 millones girado en favor de un hombre llamado Andrés Rueda Gómez. Por ese título valor, la Fiscalía llamó a declarar a Rueda, quien aceptó conocer a Emiro Pereira. De él dijo que lo había conocido a principios de 2001 en la Feria de Agroexpo de Bogotá. Sobre el cheque que le fue encontrado a Emiro Pereira, Rueda explicó que ese título valor se lo prestó un amigo en Yopal y que, posteriormente, para evitar pagar la comi-sión bancaria, le pidió a Emiro Pereira que se lo consignara en una de sus cuentas bancarias de Bogotá. No obstante sus antecedentes judiciales Rueda Gómez fue nombrado por Fabio Eche-verri Correa, como jefe de campaña de Álvaro Uribe Vélez en Casanare. Tras soportar por varios días los ataques de políticos de ese departamento —lo acusaron de tener presuntos nexos con los paramilitares y de actuar de manera irregular en contratacio-nes oficiales—, el ingeniero Rueda renunció al cargo. Entonces, una especie de caja de Pandora empezó a destaparse en torno a este con-trovertido ingeniero. Por ejemplo, no estaban lejos los congresistas Julio César Rodrí-guez y Óscar Leonidas Wilches de las acusaciones que por paramilitarismo le hicieron a Andrés Rueda. Aparte de sus nexos con Emiro Pereira, sobre ese particular hay abundante información en el proceso Nº 2.017 de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía, que investiga los asesinatos de tres políticos del Meta: Eusser Rondón, Nubia Inés Sánchez y Carlos Sabogal. Un hombre llamado Andrés de Jesús Vélez Franco acusó a Rueda de haber participado en las reuniones en las que se planeó el triple homicidio, perpetrado el 13 de septiem-bre de 2004. También Vélez Franco aseguró que Rueda era el encargado de las contra-taciones de Meta y Casanare, con destino a las autodefensas de Martín Llanos y Miguel Arroyave. “Vélez Franco es un mitómano. Una persona con problemas de drogadicción y alco-holismo”, le dijo Rueda el pasado viernes a El Espectador (ver entrevista) y entregó abundante documentación en la que, en efecto, Vélez Franco confiesa ser un mentiroso empedernido. Aparte de eso, Vélez está detenido por lavado de activos provenientes del narcotráfico. Nexos con Pereira

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El 11 de abril de 2002, Andrés Rueda se presentó en la Fiscalía para hablar de su rela-ción de negocios con Emiro Pereira, condenado a 40 años de cárcel por homicidio agravado. Aparte de la historia del cheque de $10 millones, Rueda resumió así su rela-ción con Pereira: “La gran mayoría de las veces que yo me he visto con Emiro Pereira ha sido en Bogotá (...) En una oportunidad viajé con él a Yopal (Casanare) por tierra, los dos solos y am-bos íbamos completamente desarmados, y yo no vi nada extraño, y la vez que lo atendí en Yopal, él iba acompañado de su esposa”. A la pregunta de si había visitado a Pereira en su sitio de reclusión, Andrés Rueda res-pondió: “Sí, en dos oportunidades, y fue para preguntarle qué había pasado con el che-que que le había entregado y qué posibilidades había de continuar con los negocios de reforestación”. Posteriormente, el fiscal del caso Pereira le preguntó al declarante qué negocios en concreto había tenido con el concuñado de Castaño. Rueda habló de un negocio de ganado en Casanare, pero advirtió que la sociedad no duró mucho. Alias ‘Chubasco’ También a Rueda le preguntaron en la Fiscalía si en alguna oportunidad había hablado con algún integrante de grupos al margen de la ley. Entonces contó que por cuestiones accidentales había conocido a tres jefes paramilitares, alias Chubasco, alias Elías y alias Leo. También explicó su encuentro con alias Daniel, guerrillero del Eln. Para terminar su diligencia en la Fiscalía, Rueda recordó lo que Pereira le había dicho sobre el origen de su patrimonio. “Sí, él contaba que desde pequeño empezó a trabajar en un pueblo de Córdoba, y después vivió en Medellín y que terminó en Bogotá. Que se dedicaba a la compraventa y que le gustaba mucho jugar billar, cartas y que siempre ganaba”. ¿Por qué con tantos testimonios en su contra, Andrés Rueda no ha sido vinculado a ningún proceso? “Estamos investigando”, dijo un vocero de la cúpula de la Fiscalía. Versión de la campaña Fabio Echeverri Correa, gerente de la campaña del candidato-presidente Álvaro Uribe, explicó que antes de aprobar la designación de Andrés Rueda como coordinador de la campaña en el Casanare, solicitó referencias al senador uribista Jairo Clopatofsky. “A Rueda lo conocí el día que vino a la campaña, pero previamente el senador Clopa-tofsky me lo referenció como una persona correcta, un empresario reconocido. Con es-ta revisión aprobé el nombramiento la semana pasada”, señaló Echeverri. El directivo comentó que desde hace 88 días cuando comenzó la campaña, se tienen limitaciones de personal, económicas y de infraestructura que impiden analizar con pro-

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fundidad todos los antecedentes de quienes a ella se vinculan. “Se parte de la buena fe de las personas”, concluyó. Rueda presentó su renuncia el jueves 11 de mayo de 2006”, concluye el informe de El Espectador. Los que ganaron con Uribe De acuerdo con un informe del programa “Votebien”, promovido por la Revista Semana: “Algunas empresas que financiaron a Uribe en su primera campaña han tenido unos buenos cuatro años: La campaña de Álvaro Uribe en 2002 marcó un récord al doblar el número y el monto de los aportes, frente a los recibidos por la campaña de Andrés Pastrana cuatro años antes. Los empresarios y colombianos en general se sintieron atraídos por el carisma y el proyecto de seguridad de Uribe. Hubo aportes tanto de los grandes grupos económi-cos, como de colombianos comunes, que consignaron, incluso contribuciones de $50.000. Todos los colombianos se han visto beneficiados de alguna forma durante el gobierno de Uribe: las familias pueden viajar por las carreteras, los empresarios pueden transpor-tar sus mercancías, bajó el desempleo, los secuestros y los ataques a pueblos y al mundo le está interesando invertir en el país. Los donantes no fueron la excepción. Algunas de las empresas y personas que financiaron a Uribe en su primera campaña presidencial obtuvieron beneficios representados en nombramientos, decretos favora-bles e impulso a algunos proyectos, entre otros. Es posible que en muchos casos se trate de una mera coincidencia. Al fin y al cabo, por una donación de 15 millones no moviliza un gobierno. Además, otras empresas que no aportaron ni un peso también se han visto beneficiadas con exenciones, o con las negociaciones del TLC o con nom-bramientos de familiares. "Puedo garantizar que ninguno de los donantes ha ido a Palacio a hacer valer su dona-ción", le dijo a Votebien Alberto Velásquez, el gerente de la campaña anterior y coordi-nador de la actual. "El Presidente nunca quiso ver el listado de donantes, para no sen-tirse comprometido", agregó. Esta fue la suerte de los donantes estos cuatro años: Condecoraciones Entre los patrocinadores de Uribe, recibieron en los últimos cuatro años estos recono-cimientos: Julio Mario Santo Domingo: El grupo económico siempre aporta a todas las campa-ñas presidenciables. A la de Uribe donó casi 600 millones de pesos, a través de todas sus empresas (Bavaria, $202.000.000; Malterías de Colombia, $100.000.000, y Cerve-cería Unión, $100.000.000, entre otras). En 2004, Julio Mario Santo Domingo recibió la Orden de Boyacá por su aporte al país. "Ha conducido con acierto un emporio empresa-

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rial que es motor en el desarrollo económico y social, fuente de trabajo y progreso para miles de familias colombianas", dice el decreto presidencial. Hernán Echavarría Olózaga: El fallecido empresario aportó, a través de la Fundación Renacimiento, que presidía, $413.399.751. A finales de 2002 obtuvo la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Cruz. "Es el último de una etapa de grandes pioneros an-tioqueños (...) como empresario, representa el sentido de la solidaridad, del esfuerzo y del patriotismo", dijo Uribe en la condecoración de este gran industrial. Luis Carlos Sarmiento Angulo: Aportó $400.000.000, a través de Capirrendi, una em-presa disuelta en diciembre de 2002. En 2004 recibió la Orden de Boyacá. "Es un traba-jador incansable, ostenta una brillante hoja de servicios a la comunidad, al desarrollo del país y a la construcción de confianza en el país", dice el decreto presidencial. Carlos Manuel Echavarría Toro, presidente del grupo Crystal ($15.800.000) recibió del gobierno de Uribe la Orden de Boyacá; aunque ya había sido condecorado por Andrés Pastrana en 2001. Nombramientos Entre los financiadores de Uribe se encuentran tres ministros y una embajadora. Todos tienen estudios y experiencia que demuestran su idoneidad para desempeñarse en ca-da uno de los cargos. Luis Ernesto Mejía, ministro de Minas y Energía. Mac S. A., la empresa de propiedad de su padre, Ernesto Mejía Amaya, aportó $10.500.000. Por su parte, Mejía Amaya aportó, como persona natural, un millón de pesos. Jorge Alberto Uribe Echavarría, ex ministro de Defensa. Aportó, como persona natu-ral, 300.000 pesos. Además, la aseguradora Delima Marsh, que él presidía, aportó a la campaña $26.500.000. Fue nombrado Ministro de Defensa en reemplazo de Marta Lu-cía Ramírez. Fernando Londoño Hoyos, ex ministro del Interior y de Justicia. Aportó $12.000.000. Este reconocido abogado ocupó la cartera al principio del gobierno. Renunció antes de conocerse el fallo por el caso Invercolsa, que lo involucraba. Helena Echavarría de Aparicio, embajadora en Suiza. La Fundación Renacimiento, que presidía su hermano, Hernán Echavarría Olózaga, estuvo entre las mayores apor-tantes de la campaña, con $413.399.751. La empresa del esposo de Claudia Blum, Tecnoquímicas, aportó 130 millones de pesos. La senadora acompañó al Presidente desde el principio de su primera campaña. En las últimas elecciones no se lanzó al Senado, supuestamente, para aspirar a un car-go en el gobierno.

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José Roberto Arango, amigo íntimo del Presidente desde jóvenes, aportó un millón de pesos a la campaña. Fue Alto Consejero presidencial en la primera fase del gobierno. Sectores Beneficiados Todo gobierno adopta medidas para proteger algunos sectores estratégicos desde el punto de vista de generación de empleo y, por consiguiente, algunas de ellas se ha-brían tomado incluso si no hubieran aportado a la campaña del Presidente. Algunos sectores que aportaron a la campaña se han visto perjudicados en estos cuatro años, como varios que salieron perdiendo con el TLC. Sin embargo, estos son los sectores aportantes a los que mejor les fue: Apostadoras: A mediados de 2003 se hundió en el Senado un proyecto de ley para aumentar el aporte parafiscal de las apostadoras a la salud. Se quería pasar del 12 a más del 17 por ciento, con base en sus regalías. En ese entonces, el representante Gustavo Petro, del Polo Democrático, denunció que "el proyecto se hundió por presión del gobierno, que se encontró en un conflicto de intereses", pues ocho empresas de apuestas invirtieron 300 millones de pesos a la campaña de Uribe. Apostar ($25.000.000), Apuestas Ochoa ($50.000.000), Apuestas Unidas de Urabá ($20.000.000), Gane Corredores de Apuestas ($5.000.000), Inverapuestas ($25.000.000), Sonapi ($50.000.000), Uniapuestas ($100.000.000) y Unión de Apuestas ($25.000.000) fueron las empresas aportantes y algunas de las beneficiadas con el hundimiento del proyecto. Cultivos de palma africana: Uno de los proyectos más defendidos por Uribe es el cul-tivo de palma africana, "uno de los cultivos con más alto potencial exportador en el futu-ro", ha dicho en numerosas ocasiones. La idea del gobierno es reemplazar con palma africana cultivos ilícitos y otros poco pro-ductivos. Aunque las organizaciones indígenas y ecologistas se oponen, las hectáreas sembradas están en aumento (Fedepalma, con apoyo del gobierno, pretende pasar de 170.000 hectáreas en el año 2000, a 743.000 en el 2020). Los incentivos tributarios con los que el gobierno promueve este cultivo benefician -entre otras empresas- a nueve que aportaron en total 65 millones de pesos: Palmar del Oriente ($5.000.000), Palmas de Tumaco ($20.000.000), Palmas del Cesar ($5.000.000), Palmas oleaginosas de Ca-sacara ($5.000.000), Palmas oleaginosas Bucarelia ($5.000.000), Palmasol ($5.000.000), Palmeras de Alamosa ($5.000.000), Palmeras de Puerto Wilches ($10.000.000) y Palmeras La Carolina ($5.000.000). Fábrica de calcetines Crystal S. A.: ($15.800.000) La empresa paisa, dueña de las marcas Punto Blanco, Gef y Galax, es la líder del mercado de las medias en Colombia. Cuando las medias chinas iban a entrar a Colombia, el gobierno les impuso un arancel adicional del 88 por ciento para defender la industria nacional, que genera miles de puestos de trabajo. El mayor beneficiado fue el grupo Crystal. Grupo Empresarial Antioqueño (GEA): El conglomerado paisa aportó a la campaña más de 350 millones de pesos, a través de varias de sus empresas. A principios del

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año, una de estas se vio implicada en una polémica que involucró al gobierno. Todo comenzó cuando Cementos Andino, una cementera pequeña, denunció que sus com-petidoras (entre las que se cuentan cinco del GEA) acordaron aumentar los precios del cemento en un 50 por ciento, para sacarla del mercado. El gobierno intervino. Juan Lo-zano, asesor de la Presidencia, fijó con Argos (empresa del GEA que aportó $35.400.000) el precio del cemento en $12.000. Las demás cementeras, entre las que se cuentan Cemex (que aportó $230.000.000 a través de Cementos Diamante) y Paz del Río, denunciaron que el gobierno había permitido un control velado de precios. La Superintendencia de Industria y Comercio está investigando el caso. Hoteles Decamerón Colombia y Aviatur: ($100.000.000 y $5.000.000, respectiva-mente) Las dos empresas, al lado de Cielos Abiertos Ltda., ganaron la concesión para prestar los servicios ecoturísticos del Parque Nacional Natural, en Amazonas. Aviatur, una de las agencias de viajes más grandes del país, también ganó un contrato por 10 años para prestar servicios ecoturísticos en el Parque Nacional Tayrona, en Santa Mar-ta. Colombiana de chasises S. A.: ($3.000.000) Es propiedad de los Jaramillo, una impor-tante familia caleña, propietaria también de Expreso Palmira, que aportó 12 millones de pesos bajo el nombre de Afiliados Palmira S. A. Javier Antonio Jaramillo Ramírez, uno de los socios del conglomerado, también aportó $1.250.000 como persona natural. Algunos de los seis grupos que se disputan la operación del Masivo Integrado de Occi-dente (MIO) han acusado a Colombiana de chasises de aprovechar su cercanía con el ministro de Minas y Energía, Luís Ernesto Mejía, que aprobó un decreto que ofrece in-centivos tarifarios para los sistemas de transporte masivo que usen el gas natural como combustible. La idea del gobierno es reducir así los costos de los pasajes y la contami-nación ambiental y auditiva. Colombiana de chasises es la única en el país que puede construir buses articulados que incorporen esta tecnología. De ahí viene la denuncia, en la que se señala, además, que con el decreto, el ministro Mejía obedece también a in-tereses familiares, pues su padre tiene una empresa en sociedad con varios miembros de la familia Jaramillo. Tres acciones del diario El Tiempo –vocero oficioso del presidente Uribe en su cam-paña por la reelección: cuenta ahora con tres de sus accionistas duros en cargos de alto nivel estatal, veamos: Francisco Santos Calderón, Vicepresidente de la república, Juan Manuel Santos Calderón, Ministro de la defensa nacional y Juan Lozano Ramírez, ministro del medio ambiente y la vivienda (non comment). Exenciones El gobierno de Uribe ha concedido un número considerable de exenciones tributarias a ciertos sectores, para estimular su productividad. "El Presidente defiende algunas exen-ciones tributarias porque la tarifa de renta es muy alta. Es costosísimo crecer en Co-lombia, más que en ningún otro país", le dijo a SEMANA el ministro de Hacienda, Alber-to Carrasquilla, en defensa de estos controvertidos incentivos. Para algunos economis-

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tas, las exenciones pueden crear grandes desigualdades, hacer más compleja la admi-nistración de los impuestos o desincentivar actividades que no estén cubiertas. La reglamentación de estos beneficios está llena de incisos, condiciones y notas, por lo que las rentas exentas de cada sector varían según la empresa o las utilidades que ca-pitalicen, por lo que es imposible generalizar. De las empresas patrocinadoras de Uribe se benefician de las exenciones tributarias: Productores de alcohol carburante, se aplica también a los plantas de biodiesel, con las que se benefician Incauca, de Ardila Lülle (que a través de todas sus empresas aportó casi 500 millones de pesos) y los ingenios Providencia, Manuelita ($43.000.000), Mayagüez ($50.000.000) y Risaralda ($10.000.000). Transmisión o distribución domiciliaria de energía eléctrica: Para los años grava-bles 2001 y 2002, estuvieron exentas las rentas provenientes de la transmisión o distri-bución domiciliaria de energía eléctrica. Se beneficiaron Megaproyectos de iluminacio-nes de Colombia ($100.000.000), que presta el servicio de alumbrado en Cali desde 2000. Y, por supuesto, otras empresas como EPM de Medellín, que no aportaron a la campaña. Zonas francas: Se benefician la Zona Franca de Barranquilla S. A. ($11.000.000) y Zo-na Franca S. A., en Cartagena ($4.000.000). Otros Las rentas de los servicios hoteleros, las empresas que cultiven palma; las empresas de acueducto, alcantarillado y aseo oficiales o de sociedad mixta, y la explotación y dis-tribución de hidrocarburos, minas y gases también están exentas bajo algunas condi-ciones. Se beneficiarían la Compañía Asociada de Gas ($40.000.000) y Promigás ($47.000.000). Los nuevos financiadores La Ley de Garantías, que reglamenta las elecciones presidenciales después de que fue aprobada la reelección, establece que de ahora en adelante las empresas no pueden financiar a los candidatos, en aras de mantener la independencia del gobierno frente a os grupos económicos. En efecto, en el reporte más reciente de donantes de Primero Colombia -el movimiento que avala la candidatura de Uribe-, aparecen únicamente per-sonas naturales. La ley también establece que estas personas naturales no pueden aportar más de 200 millones de pesos, cada una. El coordinador de esta campaña, Alberto Velásquez, le aseguró a Votebien que Primero Colombia puso un tope de 50 millones para permitir la participación de más personas (las donaciones totales de personas naturales no pue-den exceder los 2.000 millones). Así consta en los registros de campaña, en los que se encuentran, esta vez a nombre personal, importantes empresarios que también hicieron sus aportes en la campaña 2002:

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Luís Carlos Sarmiento Angulo: $50.000.000 Julio Mario Santo Domingo: $50.000.000 Carlos Ardila Lülle: $50.000.000

CONCLUSIONES A manera de un breve resumen, se han presentado elementos de juicio que permiten hacer un balance del gobierno de Álvaro Uribe. Si se revisa su propuesta de gobierno resumida en los cien puntos del manifiesto democrático, se constata que son muchas las promesas incumplidas. El gobierno priorizó en la agenda legislativa asuntos como el referendo y la reelección, dejando a un lado temas sociales, económicos y culturales vitales para el país. El presidente, sirviéndose de un recurso similar al teflón, se ha caracterizado por evadir cualquier responsabilidad que pueda afectar su imagen. Ante la adversidad, producto de las informaciones publicadas por los medios de comunicación, se ha mostrado recio y agresivo, cuestionando principios básicos de la democracia como la libertad de pren-sa y los derechos humanos. Por otra parte, frente a cercanos y siniestros personajes de la vida pública nacional, el presidente se ha mostrado permisivo, evasivo y con una marcada actitud defensiva. No es gratuito que se haya negado a participar en debates con los otros candidatos, ya que es muy probable que se le vea más ofuscado que nunca cuando se le cuestionen sus amistades y los nexos de éstas con el mundo narcoparamilitar. El limbo entre los personajes que Uribe ha conocido como personas “honestas”, “hono-rables”, “simpáticas” o “divertidas”, y su vinculación posterior como “narcotraficantes”, “testaferros” o “paramilitares”, es francamente muy difícil de precisar. Al presidente, desde su entorno familiar, lo han unido vínculos con el mundo del narcotráfico y el pa-ramilitarismo difíciles de ignorar. Ante ellos, la sentencia popular de “cuando el río sue-na, piedras lleva”, parece cobrar mayor vigor (76). Como se desprende de la lectura, se ha tratado de un gobierno con múltiples salidas en falso y por ende, que en muchas ocasiones ha tenido que retractarse y pedir disculpas. ¿Cuántas veces más estará el país dispuesto a aceptar las disculpas presidenciales? No se trata de recibir o dar disculpas. Las permisivas y blandas acciones del gobierno han significado el cruel avance del paramilitarismo en el mundo político, social y económico del país. Ahora con el tinte de pseudo desmovilizados. Los escándalos del DAS son prueba de ello y el país espera que la verdad salga a flote.

76 El país conoce del parentesco de primos hermanos que unía al asesor presidencial José Obdulio Gavi-ria, con el extinto narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. El asesor siempre ha manifestado que nunca tuvo vínculos con esa rama de la familia. Sin embargo, en informaciones recientes, el país conoció que dos de sus hermanos – actualmente en cargos públicos en Antioquia – estuvieron presos por narcotráfico en Estados Unidos. ¿Será que tampoco conocía a esa parte de la familia?

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Asimismo, la postura del gobierno ante avances de la Constitución del 91, como la tute-la o la defensa de las libertades individuales (77), ha significado un notable retroceso en la consolidación del Estado Social de Derecho. Y los muy publicitados avances en ma-teria de orden público, dejan mucho que desear. Los cultivos de coca siguen aumentando, las estructuras guerrilleras están vigentes, los paramilitares siguen operando ahora bajo la legalidad, a la par que el país es testigo de altos índices de inseguridad y de tenebrosos crímenes contra activistas y personas cer-canas a la oposición. Un aporte significativo al análisis de la degradación clientelista de este gobierno que prometió “luchar contra la politiquería y la corrupción”, se encuentra en la generosa dis-tribución de instituciones públicas y canonjías presupuestales entre sus paniaguados de los partidos uribistas y sus ministros. Fuera de los casos más conocidos como los de los hijos de Carlos Holguín Sardi -presidente del Partido Conservador- en la embajada del Ecuador y de Alberto Santofimio Botero en la embajada de Francia -sindicado de ser el determinador del homicidio de Luís Carlos Galán-, se ha conocido la oferta de la emba-jada de Francia al ex presidente Ernesto Samper, caso que produjo una oleada enorme de protestas de la sociedad colombiana y una especie de remezón uribista en la política exterior de Colombia. Leñazo al medio ambiente Antes de retirarse de su cargo de ministra de Ministra de Medio Ambiente y vivienda la juvenil doctora Sandra Suarez le legó al país, en llave con el ministro de agricultura Andrés Felipe Arias, una Ley forestal que despertó fuerte oposición entre los ambienta-listas y agricultores nacionales y entusiasmo a latifundistas y ganaderos. Bien lo escribe el excelente columnista Lisandro Duque Naranjo en El Espectador del sábado 29 de julio de 2006: “El hecho es que la ministra Suárez, tan drástica con esos lugareños (de la Mohana, que envenenaron patos canadienses) hambreados e inhábiles, fue impasible ante las fumigaciones con glifosato, inclusive cuando éstas amenazaron a los parques natura-les, lugares también poblados por toda clase de especies vivas, el hombre entre ellas. Y nunca se pronunció respecto a los platudos y logreros que, violando normas ambienta-les y de vivienda (las dos carteras que ella se echó encima), han invadido las Islas del Rosario y los cerros orientales de Bogotá. “Eso en cuanto a lo que dejó de hacer. En cuanto a lo que emprendió, se le recuerda su alianza con el ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, para sacar adelante una ley forestal que, con el pretexto de la “sostenibilidad”, iba en realidad a facilitar la tala a la

77 En días recientes el ministro Pretelt anunció que el gobierno proyectaba proponer la modificación de la tutela. El presidente – en plena campaña electoral – salió apresuradamente a desmentir a su ministro señalando que “no es cierto que el Gobierno vaya a presentar proyecto alguno en contra de la tutela”. No sería de extrañar nuevos reversazos al respecto. “El tema de la reforma a la tutela puso a revolar ayer al Gobierno y armó debate”, El Tiempo, 21 de abril, 2006.

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lata de árboles en nuestras selvas. El propio Presidente, a causa del rechazo de opinión que produjo esa iniciativa, terminó volviéndoselas leña. “Le queda a la ex ministra por aclarar una conducta final que se presta para sospechas, porque su artículo de El Tiempo, en el que intenta una explicación, es muy trivial e insa-tisfactorio. Resulta que mes y medio antes de entregar el puesto, la doctora Suárez de-rogó una resolución ambiental que prohibía la importación de desechos peligrosos. Ese acto administrativo y, según expertos, inconstitucional, le permitió a “Baterías Mac”, de propiedad de la familia del Ministro de Minas, comprar en el exterior 176.526 baterías usadas, producto que se encontraba entre los de mayor toxicidad y polución en la nor-ma abolida. El hecho de que estemos ante un cargamento potencialmente letal —sobre todo en un país como el nuestro, tan negligente respecto a esa clase de riesgos—, ya mueve a intriga, con mayor razón si fue la titular de la prevención ambiental quien puso sus buenos oficios para facilitar la presencia aquí de esa mercadería azarosa. Sin embargo, así se hubiera tratado de algodones de azúcar, la reputación de los dos ministros está en duda. No porque la doctora Suárez hubiera abolido una norma oficial —acto de gobierno que si tiene beneficiarios anónimos, vaya y pase—, sino porque la penúltima noche de su estadía en el despacho, ella estampó por segunda ocasión su rúbrica, esta vez para expedirles a los parientes de su colega la licencia ambiental para importar aquello que les era prohibido, y a lo que la diligente funcionaria, 45 días antes, le había eliminado todos los obstáculos. Demasiadas pilas. Ha dicho la ex ministra que al derogar la resolución aludida, lo que pretendía era una “armonización normativa”. De la otra armonía, la existente entre la firma del primero y el segundo documento, no dijo nada. Eso se lo dejó a su sucesor, el doctor Juan Lozano, quien se refirió a la misma como una “coincidencia desafortunada”. En cuanto a la de-rogatoria, el nuevo ministro la justifica invocando el “Tratado de Basilea”. Como quien dice, aquí no ha pasado nada. Eso es lo que se llama espíritu de cuerpo ministerial, que ya veremos si los organismos de control y anticorrupción se lo aguantan”. Mejía: la joyita en minas y energía En tal sentido el jefe liberal Horacio Serpa escribió una demoledora crítica sobre la ges-tión del ministro de minas y energía Luís Ernesto Mejía: “Y ahora el ministro Mejía resul-ta involucrado en el grave caso que se dilucida a propósito de la resolución que su co-lega del ministerio de Medio Ambiente, Sandra Suárez, expidió para permitir la entrada al país de residuos tóxicos, nada menos que facilitando la importación de baterías vie-jas para beneficiar los intereses de la familia Mejía”. Y continúa el doctor Serpa “Cierra su "ejemplar" gestión, anunciando el ministro la venta a terceros del 20% del capital de Ecopetrol. Es el comienzo de su privatización, en el momento en que la compañía es más rentable. Una nueva descapitalización del patri-monio nacional, sin saberse en beneficio de quienes. Pero se sabrá, cuando la USO y las verdaderas cooperativas manifiesten que no tiene capital para participar en el mul-timillonario negocio y aparezcan organizaciones manejadas por la elite económica ale-gando que representan a los sectores sociales y solidarios”.

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Y agrega: “Una verdadera joyita nos resultó este personaje, llamado en el Congreso el "ministro negociante", integrante de la nómina de especuladores que so pretexto de la modernización y la eficacia ejerce la administración pública como propia y la aprove-chan para toda clase de abusos y negociados. ¿Será que con tantos atropellos pode-mos dormir tranquilos? Que Dios nos libre de otro ministro tan ejemplar”. Como inauguración de su segundo mandato, Uribe le ha presentado al país una refor-ma tributaria supuestamente estructural, pero que a juicio de expertos y en concepto del señor Procurador Edgardo Maya es “inequitativa e inconstitucional”, según el ministerio público: “Gravar los productos de la canasta familiar y los servicios públicos domicilia-rios esenciales, entre otros, cortaría los derechos básicos de los colombianos de más escasos recursos y desconoce los principios de justicia y equidad tributaria”. ¿Un país arrodillado? Se trata, sin duda, de un instrumento funcional a las políticas de globalización neoliberal de homogeneización cultural, económica e incluso política que, junto con el ya anuncia-do recorte a las transferencias territoriales y locales, la propuesta de revocar administra-tivamente los mandatos de alcaldes y gobernadores, el proyecto de venta del 25% del patrimonio de ECOPETROL al capital privado y la excluyente propuesta de subsidio a ciertos sectores agrícolas, son funcionales a un plan anexionista a las políticas comer-ciales de los Estados Unidos que vulneran la soberanía y debilitan nuestro aparato pro-ductivo. Ese es el botón neoliberal de una amplia muestra de su política económica y social, con la cual se propone responder el doctor Uribe Vélez a sus generosos electores. ¿Cuatro años más de lo mismo? Pachito, el vice de lo fútil: Miss Universo y el Mundial de Fútbol El gobierno se ha servido de la figura del vicepresidente, Francisco “Pachito” Santos, para desviar la atención del país y concentrarla en temas por demás triviales. Tal fue el caso en los días posteriores a la campaña electoral, cuando el vicepresidente manifestó que su agenda se centraba en la consecución de la sede para Colombia del concurso de Miss Universo y de los premios musicales MTV Music Awards (78). Al ser los medios un terreno fértil para toda noticia que se caracterice por la frivolidad y la banalidad, se empezaron a hacer sondeos de opinión e incluso surgieron disputas entre Cartagena y Medellín sobre cuál de las dos ciudades iba a elegirse como la sede del certamen de belleza. La noticia pasó, se la llevaron los cables de prensa y en el aire quedó que Co-lombia aspira a organizar el evento en el año 2007 o 2008, como una iniciativa que busca promover el turismo. En Cartagena se estima que el 75% de la población vive en

78 “Colombia busca ser sede de Miss Universo y de los MTV Latinos”, Caracol Radio, 6 de julio, 2006.

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pobreza y el 45% en estado de miseria (79). ¿Están estas iniciativas encaminadas a fa-vorecer a este grueso de la población? Al parecer contagiado por el furor del mundial de fútbol en Alemania 2006, el presidente Uribe fue presa del entusiasmo y del calor durante la inauguración de los juegos Cen-troamericanos y del Caribe en Cartagena. En su discurso en el estadio Pedro de Here-dia, le asignó al vicepresidente una iniciativa que hasta para el más fanático de los fanáticos resulta inverosímil: "El vicepresidente Francisco Santos iniciará una gestión internacional con miras a obte-ner para Colombia la sede del Mundial de Fútbol [en el 2014]. La Patria lo hará y lo hará bien” (80). De nuevo Pachito empezó las gestiones. Se entrevistó con el presidente de la Confede-ración Suramericana de Fútbol (CONMEBOL), el paraguayo Nicolás Leoz y se enteró de un detalle que hubiera sido bueno conocer antes de lanzar la “audaz” propuesta: Colombia, junto con los demás países suramericanos, había acordado apoyar la candi-datura de Brasil para el mundial del 2014. Ante esta situación, Pachito manifestó que lo único que pretendían era mantener una “ventanita” abierta para poder aspirar a realizar la organización del evento deportivo. Sin embargo, poco o nada se habló de dónde vendrían los recursos que exige una organización de este tipo, ni cómo se vendería la imagen en el exterior de que aquí no hay conflicto armado interno y que la seguridad democrática reina por doquier. Las dos propuestas sobre organizar y realizar en Co-lombia el concurso de Miss Universo y el mundial del fútbol, dejan ver que el gobierno no halla a qué más recurrir para que la atención de la opinión pública no se dirija a te-mas sensibles de su gestión como el proceso de justicia y paz, la firma del TLC o múlti-ples casos de corrupción. Asimismo estas improbables iniciativas dejan entrever que el gobierno estima de mayor conveniencia invertir recursos en un certamen de belleza que supuestamente promueve el turismo y “busca la inversión extranjera”, y no en progra-mas sociales que busquen atender siquiera las necesidades básicas insatisfechas de millones de colombianos. Y para todo eso está y se presta Pachito. LOS QUE GANARON CON URIBE 82 María Fernanda Moreno, “Los patrocinadores de Uribe”, Programa Vote Bien 2006, febrero, 2006. Las campañas electorales se suelen financiar con aportes de empresas privadas y par-ticulares, que luego esperan obtener dividendos a partir de su inversión. Tal fue el caso de la empresaria del chance, Enilse López, La Gata, quien fue aportante en la campaña Uribe del 2002 junto con otros empresarios de las apuestas y quienes curiosamente terminaron siendo favorecidos con un proyecto que rebajaba el pago de regalías de los

79 Alberto Orgulloso, “Cartagena: entre la pobreza y la corrupción”, Actualidad Colombiana, No. 417, oc-tubre 13 al 27 de 2005. 80 “El presidente Álvaro Uribe anunció que Colombia buscará ser la sede del Mundial de Fútbol en 2014”, El Tiempo, 16 de julio, 2006.

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juegos de suerte y azar (81). Así como el caso de La Gata, existen otros casos en donde el gobierno terminó favoreciendo de forma directa a aquellos que le financiaron su cam-paña electoral. Según el programa VoteBien, se estima que en el año 2002 la campaña de Álvaro Uribe dobló “el número y el monto de los aportes, frente a los recibidos por la campaña de Andrés Pastrana [en 1998]” (82). Mientras Uribe contó con 1.341 donaciones, el candi-dato liberal Horacio Serpa recibió 232. Sin embargo, el 53% de los dineros recaudados provinieron de 60 grandes donantes, quienes contribuyeron con donaciones entre $400 y $50 millones de pesos. El trato posterior dado por el gobierno a estos grupos deja ver que los favores e incluso las donaciones en política, se pagan. Algunas de las empresas y personas que financiaron a Uribe en su primera campaña presidencial obtuvieron beneficios representados en nombramientos, condecoraciones y legislación favorable a sus intereses. Puede ser posible que se trate de curiosas y simples coincidencias. En su momento y para evitar comentarios suspicaces, Alberto Velásquez, gerente de la campaña anterior y coordinador de la actual, señalaba: "Pue-do garantizar que ninguno de los donantes ha ido a Palacio a hacer valer su donación (…) El Presidente nunca quiso ver el listado de donantes, para no sentirse comprometi-do". Sin embargo, durante el primer cuatrienio de gobierno la suerte de la mayoría de los donantes fue curiosamente más que positiva. Condecoraciones Los grandes donantes de la campaña Uribe 2002 recibieron reconocimientos por parte del gobierno. Entre este grupo se encuentran industriales, empresarios y banqueros quienes fueron condecorados y premiados por su contribución al “desarrollo del país”. En este grupo vale la pena considerar los siguientes nombres: Julio Mario Santo Domingo El grupo Santo Domingo, suele contribuir con aportes a todas las campañas presiden-ciales. A la campaña de Uribe este grupo económico donó cerca de $600 millones de pesos, a través de todas sus empresas (Bavaria, $202.000.000; Malterías de Colombia, $100.000.000, y Cervecería Unión, $100.000.000 y Cervecería Leona S.A, $100.000). En 2004 Julio Mario Santo Domingo recibió la Orden de Boyacá por su aporte al país. "Ha conducido con acierto un emporio empresarial que es motor en el desarrollo económico y social, fuente de trabajo y progreso para miles de familias colombianas", dice el decreto presidencial. El grupo Santo Domingo es el propietario del canal Cara-col, por lo cual no es plausible exigirle un equilibrio informativo frente a las realizaciones del gobierno. Más aun cuando el otro canal privado, el canal RCN pertenece al Grupo Ardilla Lülle y realizó un aporte a la campaña 2002 por $202.215.256. Por ello la posibi-lidad de información equilibrada y neutral frente al gobierno, es por ahora una realidad lejana e impensable. 81 “La Gata Caliente”, El Espectador, febrero, 2006.

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Hernán Echavarría Olózaga El fallecido empresario aportó a través de la Fundación Renacimiento que presidía, la suma de $413.399.751. A finales de 2002 obtuvo la Orden Nacional al Mérito en el gra-do de Gran Cruz. "Es el último de una etapa de grandes pioneros antioqueños (...) co-mo empresario, representa el sentido de la solidaridad, del esfuerzo y del patriotismo", sostuvo Uribe en la ceremonia. Su hermana Helena Echavarría de Aparicio, miembro suplente de la junta directiva de la Fundación Renacimiento, fue nombrada embajadora de Colombia en Suiza. Luis Carlos Sarmiento Angulo El presidente del grupo AVAL, Luis Carlos Sarmiento Angulo, aportó la suma de $400.000.000, a través de Capirrendi, una empresa disuelta en diciembre de 2002. En 2004 recibió la Orden de Boyacá: "Es un trabajador incansable, ostenta una brillante hoja de servicios a la comunidad, al desarrollo del país y a la construcción de confianza en el país", señala el decreto presidencial. Sarmiento Angulo se ha mostrado de acuer-do con la política de seguridad democrática y ha aceptado el pago del impuesto al pa-trimonio como instrumento para fortalecer las Fuerzas Militares. Carlos Manuel Echavarría Toro La Fábrica de Calcetines Crystal S.A. aportó a la campaña Uribe 2002 una donación de $15.800.000. Esta empresa antioqueña, dueña de las marcas Punto Blanco, Gef y Ga-lax, es la líder del mercado de las medias en Colombia. Cuando las medias chinas iban a entrar a Colombia, el gobierno les impuso un arancel adicional del 88 por ciento para defender la industria nacional, que genera miles de puestos de trabajo. El mayor bene-ficiado fue el grupo Cristal, cuyo presidente, Carlos Manuel Echavarría Toro, recibió del gobierno de Uribe la Orden de Boyacá, pese a que ya había sido condecorado por Andrés Pastrana en 2001. Nombramientos Así como sucedió con la hermana de Hernán Echavarría Olózaga, quien fue nombra-da embajadora de Colombia en Suiza, otros financiadores de Uribe obtuvieron dividen-dos al ser nombrados en cargos públicos del Estado. En este grupo encontramos minis-tros y embajadores. La empresa Baterías Mac S.A. aportó $10.500.000 a la campaña Uribe. Esta compañ-ía es propiedad de Ernesto Mejía Amaya, padre de quien fue nombrado ministro de Mi-nas y Energía, Luis Ernesto Mejía, y quien aportó a la campaña $1.000.000. El ministro se vio involucrado en el negocio del alcohol carburante, que terminó beneficiando a su familia. Recientemente una resolución de la ex ministra de Medio Ambiente, Sandra Suárez, autorizó la importación de desechos tóxicos, lo que benefició de forma directa a Mac S.A. compañía que se dedica a reciclar material para la fabricación de baterías.

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La aseguradora Delima Marsh aportó a la campaña $26.500.000. Su presidente en ese entonces, Jorge Alberto Uribe Echavarría, aportó como persona natural $300.000 pesos y a la postre fue nombrado ministro de Defensa en reemplazo de Marta Lucía Ramírez. El controvertido abogado Fernando Londoño Hoyos aportó $12.000.000. Fue nom-brado como ministro del Interior y de Justicia y renunció al cargo al conocerse el fallo por el caso de INVERCOLSA, que lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por quince años. Tecnoquímicas, empresa del esposo de la ex senadora Claudia Blum, aportó $130.000.000 de pesos. La senadora, que ofició como presidente del Senado, acom-pañó al presidente desde el inicio de campaña. Como presidente del Senado, Blum faci-litó el trámite de los proyectos de actos legislativo claves para los intereses del gobier-no. En las elecciones de 2006 no presentó su nombre y aguarda que sus aportes y fide-lidad le alcancen siquiera para llegar a un ministerio. Finalmente cabe recordar a José Roberto Arango, Josefo, amigo íntimo del Presiden-te desde jóvenes, quien aportó un millón de pesos a la campaña. Fue nombrado Alto Consejero Presidencial y renunció al cargo por el caso de una licitación para proveer toallas al ejército, que terminó favoreciendo a la empresa textilera de su familia. Sectores beneficiados La política económica de cualquier país busca generar empleos y mejorar la condición social de sus habitantes. En el caso colombiano, el manejo de esta política no siempre ha estado orientado hacia los intereses de los ciudadanos del común, sino que de for-ma un tanto curiosa ha terminado beneficiando a aquellos sectores que aportaron a la campaña presidencial. El caso más sonado fue el proyecto de ley que se hundió a mediados de 2003 y que buscaba aumentar – del 12 al 17% - el aporte de las empresas de apostadores al sector de la salud. En su momento, el representante Gustavo Petro, del Polo Democrático, denunció que "el proyecto se hundió por presión del gobierno, que se encontró en un conflicto de intereses", pues ocho empresas de apuestas invirtieron 300 millones de pesos en la campaña de Uribe. Apostar ($25.000.000), Apuestas Ochoa ($50.000.000), Apuestas Unidas de Urabá ($20.000.000), Gane Corredores de Apuestas ($5.000.000), Inverapuestas ($25.000.000), Sonapi ($50.000.000), Uniapuestas ($100.000.000) y 65 Unión de Apuestas ($25.000.000) fueron las empresas aportantes y algunas de las be-neficiadas con el hundimiento del proyecto. Otro asunto espinoso es que el que gira en torno a los cultivos de palma africana, que se ha convertido en los proyectos bandera del gobierno uribista. El planteamiento es que este tipo de cultivos representan un potencial a futuro para ser exportado y se pro-yecta sustituir los cultivos ilícitos con este tipo de plantaciones. Pese a la oposición ma-nifiesta por parte de grupos ecologistas y de organizaciones hacia estos cultivos, las cifras sobre hectáreas cultivadas van en aumento. Para estimular su producción el go-

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bierno ha otorgado incentivos tributarios a empresas, entre las que figuran nueve com-pañías que donaron cerca de 65 millones a la campaña: Palmar del Oriente ($5.000.000), Palmas de Tumaco ($20.000.000), Palmas del Cesar ($5.000.000), Pal-mas oleaginosas de Casacara ($5.000.000), Palmas oleaginosas Bucarelia ($5.000.000), Palmasol ($5.000.000), Palmeras de Alamosa ($5.000.000), Palmeras de Puerto Wilches ($10.000.000) y Palmeras La Carolina ($5.000.000). El Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) aportó a la campaña más de 350 millones de pesos a través de varias de sus empresas. Las empresas cementeras del GEA junto con otras compañías acordaron un aumento en los precios del cemento en un 50%. Cementos Andino, una cementera de pequeño tamaño, denunció estos hechos alegan-do que el acuerdo buscaba sacarla del mercado, así como a los otros pequeños cemen-teros. Juan Lozano, en ese entonces asesor de la presidencia y hoy ministro de Medio Ambiente y Vivienda, intervino y acordó con Argos (compañía del GEA, que aportó $35.400.000) fijar el precio del cemento en $12.000. En las otras cementeras como Paz del Río y CEMEX, que aportó $230.000.000 a través de Cementos Diamante, quedó la sensación que el gobierno había permitido un control velado de precios. Hoteles Decamerón Colombia y Aviatur que aportaron $100.000.000 y $5.000.000 res-pectivamente, ganaron junto con Cielos Abiertos Ltda., la concesión para prestar los servicios ecoturísticos del Parque Nacional Natural, en Amazonas. Aviatur, una de las agencias de viajes más grandes del país, también ganó un contrato por 10 años para prestar servicios ecoturísticos en el Parque Nacional Tayrona, ubicado en la Sierra Ne-vada de Santa Marta. Para muchos ecologistas esta concesión significó el inicio de la privatización de los parques nacionales naturales en Colombia. La compañía Colombiana de Chasises S. A., aportó $3.000.000. Esta compañía de propiedad de la familia Jaramillo, que también es propietaria Expresos Palmira (que aportó $12 millones de pesos) es la única compañía en el país en capacidad de cons-truir buses articulados que utilicen gas vehicular. Por esta razón, la resolución del ex ministro de Minas y Energía, Luis Ernesto Mejía, que ofrece incentivos tarifarios para los sistemas de transporte masivo que usen el gas natural como combustible no fue del todo bien vista. La resolución favorece a la compañía Colombiana de Chasises S. A. en medio de la disputa por la operación del sistema de transporte Masivo Integrado de Oc-cidente (MIO). Incluso versiones señalan que el padre del ex ministro, mantiene nego-cios en común con la familia Jaramillo. Cabe también señalar la forma como el diario El Tiempo ha logrado posicionar a tres de sus miembros en la nómina de alto nivel del Estado. Se trata del experto en volteretas políticas, ideólogo del partido de la U. y ahora ministro de Defensa, Juan Manuel San-tos. Le siguen el vicepresidente Francisco Santos Calderón y el columnista Juan Loza-no, ahora en la cartera de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. De nuevo resulta difícil esperar un equilibrio informativo por parte del principal diario del país. Exenciones

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Con el objeto de estimular la productividad de ciertos sectores, el gobierno del presiden-te Uribe ha otorgado un número considerable de exenciones tributarias. Aun cuando este mecanismo puede resultar adecuado para el estimulo de la industria y la produc-ción nacional, puede transformarse en un mecanismo que genera desigualdades al be-neficiar a sectores específicos de la economía que no siempre requieren este tipo de estímulos para sobrevivir. De nuevo, algunos sectores que apoyaron la campaña de Uribe resultaron beneficiados con exenciones tributarias. El estimulo a la producción de alcohol carburante estipuló un subsidio de 147 millones de pesos al año. Este subsidio, además de exenciones tributarias, beneficia a INCAU-CA del grupo Ardila Lülle, que a través de todas sus empresas aportó casi 500 millones de pesos, así como a los ingenios Providencia, Manuelita ($43.000.000), Mayagüez ($50.000.000) y Risaralda ($10.000.000). El negocio también beneficia a terratenientes del Valle del Cauca, entre quienes se encuentra la familia del ex ministro Luis Ernesto Mejía, quienes a su vez se benefician del arriendo y la siembra de sus tierras. Otros sectores beneficiados con exenciones tributarias fueron los distribuidores de energía eléctrica. Entre otras compañías, resultó beneficiada la empresa Megaproyec-tos de iluminaciones de Colombia, que aportó $100.000.000 a la campaña. Asimismo se realizaron exenciones a las zonas francas, entre las que se encuentran la Zona Franca de Barranquilla S. A. que aportó $11.000.000 y Zona Franca S. A. en Cartagena cuyo aporte fue de $4.000.000. Finalmente se vieron beneficiados con exenciones la Compañía Asociada de Gas que aportó $40.000.000 y Promigas con $47.000.000. En síntesis surgen mucho más que simples coincidencias entre los sujetos, sectores y compañías aportantes a la campaña Uribe 2002, que en el transcurso de estos cuatro años de gobierno (2002-2006) resultaron favorecidos con iniciativas de gobierno. Las coincidencias de existir, existen, pero ¿tantas? Con la Ley de Garantías se prohibió que las empresas financiaran los candidatos, con el objeto de garantizar la independencia del gobierno frente a los grupos económicos. En ese sentido en la campaña de Uribe 2006 por el movimiento Primero Colombia, sólo figuraron personas naturales con un tope de $50 millones de pesos. Sin embargo, en la lista de aportantes figuran Luis Car-los Sarmiento Angulo, Julio Mario Santo Domingo y Carlos Ardila Lülle con donaciones por $50 millones, el tope máximo para las donaciones. Con ello la supuesta indepen-dencia del gobierno frente a los grupos económicos sigue en entredicho y se abrió un nuevo boquete a la Ley de Garantías.

BIBLIOGRAFÍA Libros Cristina de la Torre, Álvaro Uribe o el neopopulismo en Colombia, La Carreta Editores, Medellín, 2005. Instituto de Pensamiento Liberal (IPL), El Frenesí del poder reflexiones académicas en torno a la reelección personalizada, Bogotá, 2004.

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Joseph Contreras y Fernando Garavito, Biografía no autorizada de Álvaro Uribe, Edito-rial Oveja Negra, Bogotá, 2002. María Izquierdo, Álvaro Uribe, el hombre, el presidente, R & P Editores, Bogotá, 2004. María Jimena Duzán, Así gobierna Uribe, Editorial Planeta, Bogotá, 2004. Fuentes institucionales Presidencia de la República de Colombia, www.presidencia.gov.co Oficina del Alto Comisionado para la Paz, www.altocomisionadoparalapaz.gov.co Fundación para la Libertad de Prensa, www.flip.org.co Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP/OEA), www.mapp-oea.org Prensa Revistas -Revista Cambio, Bogotá -Revista Semana, Bogotá -La Nota.com Periódicos -El Tiempo, Bogotá. -El Espectador, Bogotá -Portafolio, Bogotá -Un pasquín, Bogotá -El Colombiano, Medellín -La Patria, Manizales -El País, Cali -El Universal, Cartagena Servicios informativos

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-BBC noticias, www.bbc.co.uk -Agencia Reuters, www.reuters.com -Indymedia Colombia, colombia.indymedia.org -Ediciones Desde Abajo, www.desdeabajo.info

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