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VII. EL CASO DE HONDURAS A. El contexto...

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1 VII. EL CASO DE HONDURAS A. El contexto económico y social Después de un largo período de golpes y gobiernos militares, Honduras empezó, a principios de los años ochenta, su transición al régimen democrático, no sin fuertes oscilaciones que se extendieron hasta el final de la década. En esos años, el país hacía frente al desequilibrio de las cuentas externas, resultante de los cambios adversos en el ambiente internacional, mediante el control físico de las importaciones, la elevación de los recargos arancelarios y el importante flujo de recursos externos asociado al papel que el país jugaba en el conflicto político centroamericano 1 . En la segunda mitad de los ochenta, se redujo la afluencia de tales recursos, a raíz de los esfuerzos de pacificación en la región, y los desequilibrios fiscales se agudizaron hasta 1989. En la década de los 80, el PIB de Honduras creció a un promedio anual del 2.3%, inferior al crecimiento de la población. Esto se tradujo en un decrecimiento del 0.6% por habitante. El poder adquisitivo del salario mínimo se redujo en casi un 30% durante el mismo período. La agricultura se vió afectada, al reducirse la capacidad productiva de granos básicos (Secretaría de Educación, Estudio Sectorial, tomo I, 1997). A principios de 1990, el Gobierno inicia un programa de ajuste y estabilización, con medidas que incluyeron la liberalización de la tasa de cambio y de las tasas de interés, la eliminación de los controles de precios, la reducción del déficit fiscal y la liberalización del comercio internacional 2 . La administración que se inició en enero de 1994, encontró una situación caracterizada por profundos desequilibrios internos y externos, una pesada carga representada por el servicio de la deuda, inflación ascendente y bajos niveles de reservas internacionales. El impacto de la severa sequía que castigó al país la mayor parte del año, la crisis energética que se derivó y el efecto de plagas que afectaron la agricultura y la actividad pesquera contribuyeron al agravamiento de la recesión de la actividad económica y a la aceleración de la inflación. En el mismo año de 1994, el Gobierno adoptó medidas de disminución del elevado gasto público, de fomento a la producción y de compensación social y puso en marcha el programa de modernización del Estado 3 . A partir de 1995, la producción comenzó a responder favorablemente. Sin embargo, los efectos del ordenamiento estructural de la economía se siguieron manifestando en el incremento de los costos de la canasta básica, la limitada disponibilidad de alimentos, el 1 CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ONUDI. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Centroamérica: agenda para la modernización industrial. Junio, 1996. 2 GEMAH. Gerentes y Empresarios Asociados de Honduras. Gerencia dinámica, enero/marzo, 1997. La economía hondureña continua presentando condiciones de inestabilidad y crecimiento vacilante. 3 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Informe de progreso económico y social. Versión preliminar. Junio, 1995.
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VII. EL CASO DE HONDURAS A. El contexto económico y social Después de un largo período de golpes y gobiernos militares, Honduras empezó, a principios de los años ochenta, su transición al régimen democrático, no sin fuertes oscilaciones que se extendieron hasta el final de la década. En esos años, el país hacía frente al desequilibrio de las cuentas externas, resultante de los cambios adversos en el ambiente internacional, mediante el control físico de las importaciones, la elevación de los recargos arancelarios y el importante flujo de recursos externos asociado al papel que el país jugaba en el conflicto político centroamericano1. En la segunda mitad de los ochenta, se redujo la afluencia de tales recursos, a raíz de los esfuerzos de pacificación en la región, y los desequilibrios fiscales se agudizaron hasta 1989. En la década de los 80, el PIB de Honduras creció a un promedio anual del 2.3%, inferior al crecimiento de la población. Esto se tradujo en un decrecimiento del 0.6% por habitante. El poder adquisitivo del salario mínimo se redujo en casi un 30% durante el mismo período. La agricultura se vió afectada, al reducirse la capacidad productiva de granos básicos (Secretaría de Educación, Estudio Sectorial, tomo I, 1997). A principios de 1990, el Gobierno inicia un programa de ajuste y estabilización, con medidas que incluyeron la liberalización de la tasa de cambio y de las tasas de interés, la eliminación de los controles de precios, la reducción del déficit fiscal y la liberalización del comercio internacional2. La administración que se inició en enero de 1994, encontró una situación caracterizada por profundos desequilibrios internos y externos, una pesada carga representada por el servicio de la deuda, inflación ascendente y bajos niveles de reservas internacionales. El impacto de la severa sequía que castigó al país la mayor parte del año, la crisis energética que se derivó y el efecto de plagas que afectaron la agricultura y la actividad pesquera contribuyeron al agravamiento de la recesión de la actividad económica y a la aceleración de la inflación. En el mismo año de 1994, el Gobierno adoptó medidas de disminución del elevado gasto público, de fomento a la producción y de compensación social y puso en marcha el programa de modernización del Estado3. A partir de 1995, la producción comenzó a responder favorablemente. Sin embargo, los efectos del ordenamiento estructural de la economía se siguieron manifestando en el incremento de los costos de la canasta básica, la limitada disponibilidad de alimentos, el

1 CEPAL. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ONUDI. Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Centroamérica: agenda para la modernización industrial. Junio, 1996. 2 GEMAH. Gerentes y Empresarios Asociados de Honduras. Gerencia dinámica, enero/marzo, 1997. La economía hondureña continua presentando condiciones de inestabilidad y crecimiento vacilante. 3 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Informe de progreso económico y social. Versión preliminar. Junio, 1995.

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crecimiento del sector informal y el empobrecimiento generalizado de muchos de los sectores mayoritarios de la población. Honduras constituye una sociedad pluricultural, predominantemente mestiza y con varios grupos étnicos minoritarios. Persisten en la sociedad hondureña trazos de clientelismo y de caciquismo, factores que, aunados a la pluralidad étnica y cultural, imponen mayores dificultades a los procesos de democratización y de concertación política y social. La religión cristiana juega un papel importante y sus líderes buscan apoyar e incentivar la participación social y el fortalecimiento de los valores éticos y cívicos. En 1999, la población total hondureña se estimaba en 5,9 millones de habitantes, con una tasa de crecimiento de 2,8% al año, una de las más altas de América Latina. La población, casi igualmente dividida entre hombres y mujeres, es esencialmente joven: la edad promedio de los hombres es de 17,7 años y de las mujeres de 18,4 años. Más de la mitad de los hondureños (53%) vive en áreas rurales. A fines de 1994, la población ocupada era de 1,8 millones de personas, el 70% hombres y un 55% en el medio rural. El sector primario de la economía absorbe aproximadamente el 37% de la población ocupada, la industria un 24% y el sector comercio y servicios (incluyendo el transporte y la construcción) el 39% restantes4.

El 87% de las tierras hondureñas es de vocación natural forestal y el 24% del territorio está protegido legalmente. En las últimas décadas ha tenido lugar un proceso desordenado y

4 GOBIERNO DE HONDURAS. SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN. Marco estratégico para la formación de recursos humanos en Honduras. 1996. Panorama y tendencias.

Gráfico No. 1Honduras. Población ocupada por rama de actividad

económica. 1996

37%

24%

39%

Agricultura Industria Comercio y servicios

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acelerado de deforestación, con fuertes impactos negativos para la población que vive en los bosques5. La importancia de las pequeñas y microempresas, agrícolas y no agrícolas, se refleja en un 32%, tanto del empleo, como del PIB6. El sector informal, caracterizado principalmente por actividades comerciales, crece en la medida del incremento de las migraciones del campo a la ciudad y de la escasez de suficientes oportunidades laborales. A pesar de los notables avances en los indicadores sociales en las últimas décadas – la esperanza de vida se incrementó de 45 años en 1961 a 68 años en 1993; la tasa de analfabetismo entre los adultos decreció en más de 20 puntos porcentuales en los últimos 30 años – los problemas siguen siendo críticos. La tasa global de analfabetismo se estima en 32%, representando el 17% de la población urbana y el 42% de la población rural. El 25% de la población económicamente activa no tiene ningún grado de escolaridad; un 57% posee algún grado del nivel primario; el 14% ha realizado estudios de secundaria y aproximadamente 4% lograron llegar al nivel universitario. Como resultado, el promedio de educación de esa población no alcanza los cuatro años de escolaridad. El PIB per cápita anual es de US$900. Datos de 1992 indicaban que el 71% de la población vivía por debajo de la línea de pobreza: 55%, clasificados como “indigentes” o en situación de pobreza extrema, no lograban satisfacer con sus ingresos los requerimientos mínimos nutricionales; 16%, identificados como “pobres”, tenían acceso a alimentos pero no a otras necesidades básicas. Enfermedades asociadas a la pobreza y a escasas condiciones de higiene son, por ende, las que más afectan la población rural y urbana marginada7. En ese cuadro, las políticas de desarrollo económico con equidad social asignan prioridades a la disminución de los niveles de pobreza, la seguridad alimentaria – mediante la reactivación de la capacidad productiva del sector primario – la erradicación del analfabetismo, la educación básica de jóvenes y adultos orientada hacia el trabajo, la generación de empleo y el mejoramiento de la salud pública. Durante el período 1990-96 se registró un crecimiento contínuo del PIB a un ritmo moderado, poco importante a nivel per cápita, con excepción de 1992 en que se registró un crecimiento del 6%. Las cifras del 1995 indican una tasa del 3.6% del PIB y del 3% en 1996. Para 1997 se calcula un crecimiento del PIB del 4%. Estos logros han sido con base en un aumento de la inversión privada que ha inyectado dinamismo a los sectores de electricidad,

5 PROGRAMA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - REPÚBLICA DE HONDURAS. Programa Social Forestal. El bosque: un potencial subutilizado. 6 GRUPO CLAVE DE HONDURAS. Contribución al taller Atención a la Micro y Pequeña Empresa. Proyecto “Elementos para una Estrategia de Educación para el Trabajo en el Istmo Centroamericano”. Banco Interamericano de Desarrollo/Unión Europea. Septiembre, 1997. 7 ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS. 1996. Año internacional para la erradicación de la pobreza. Honduras.

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gas y agua potable (12.3%), servicios comunales, sociales y personales (6.5%) y servicios financieros (6.1%). Sin embargo, por su importancia en la economía, sobresalen los sectores agrícola (4.7%), de la industria manufacturera (4.0%) y de la construcción, que registró un leve repunte (1.4%) después de tres años de depresión. La industria de la maquila continúa expandiéndose, aunque a un ritmo menor debido a los beneficios otorgados a México por el Tratado de Libre Comercio (TLC). Al analizar de manera más específica las tendencias del mercado laboral a partir de 1990, indica que el cambio más notorio ha sido al disminución de la importancia relativa de las actividades del sector primario (agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca, minas y canteras) como proveedores de empleo. En los años analizados, se registró una caída de aproximadamente un 8% (del 43% al 35%). Las actividades primarias resultan significativas fuentes de empleo en la zona rural y semirural. Sin embargo, áun en el área rural, ha disminuido la importancia del empleo en el sector primario. En las dos ciudades principales no supera el 2%, pero aumenta al 15% en el resto urbano y al 60% en la zona rural. Aún en estos dos últimas áreas, ha descendido el peso del sector primario. La disminución de la PEA del sector primario ocurre paralelamente a la diversificación del mercado de trabajo, en especial en el sector secundario (manufactura y construcción) y terciario (servicios de todo tipo). En 1990 la manufactura se situó en el cuarto lugar en la ocupación de fuerza de trabajo y los servicios comunales, sociales y personales en el segundo. En 1996 la manufactura pasa a tomar el segundo lugar. A esto se une un moderado crecimiento urbano que impide un rápida terciarización e informalización de la economía. En el sector primario, café, bananos, madera y carne son los productos de exportación más importantes. La mayor parte del cultivo de granos básicos se lleva a cabo en parcelas pequeñas y se destina al consumo interno. La producción se está diversificando con el incremento del cultivo de hortalizas y frutas; en las costas, adquiere importancia la cultura del camarón8. En el sector industrial, se destaca la agroindustria (productos alimenticios), el procesamiento de la madera y del cuero, la fabricación de muebles y de calzado y el cemento. Además, asume gran importancia la presencia de las empresas maquiladoras, las que se concentran en la rama de la confección. En 1994, por ejemplo, las “prendas y complementos de vestir” representaron un 60% de las exportaciones totales de Honduras a los Estados Unidos9. La instalación de empresas maquiladoras constituye uno de los principales factores de crecimiento de la “ciudad industrial” hondureña, San Pedro Sula. Esta industria está causando un impacto considerable en el aumento de la PEA femenina, la cual ha pasado del 29% en 1990 al 33% en 1996.

8 Idem; ibidem. 9 CEPAL/ONUDI. Op. cit.

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Las tendencias apuntan hacia dos grandes cambios: un progresivo aumento de la fuerza de trabajo femenina en la PEA y un decrecimiento relativamente rápido del empleo en las actividades primarias. Por otra parte, se registra una pérdida de dinamismo coyuntural del empleo en la construcción, los servicios básicos y los servicios comunales, sociales y personales. La coyuntura económica ha favorecido el aumento del empleo en la manufacutra, el comercio y los servicios financieros. En el sector comercio y servicios, adquiere importancia creciente el turismo y el sector financiero demuestra pujanza. La construcción civil se viene manteniendo a raíz de la construcción de “zonas industriales de procesamiento” (instalaciones para maquilas), centros comerciales en las principales áreas urbanas y edificios a ser ocupados por bancos. Para el año 1996, la mayor parte de la fuerza de trabajo se ubicaba en el sector primario (35%), seguida por la manufactura (18%), los servicios comunales, sociales y personales (18%), el comercio (17.9%), la construcción (5.4%), los servicios básicos (2.9%) y, finalmente, los servicios financieros (1.9%). La mayor parte de los trabajadores del sector primario trabaja por cuenta propia, es decir, como minifundistas y pequeños productores (43%), seguido por los trabajadores asalariados (31%) y trabajadores familiares no remunerados (20%). Los empleadores representan apenas el 4%. En la manufactura, la PEA ha crecido cerca del 4% entre 1990 y 1996 en todas las regiones del país. El porcentaje de la PEA masculina es asalariada (69%) y de la femenina son trabajadoras por cuenta propia (TCP) (46%) y una parte asalariada (36%). En el sector de servicios comunales, sociales y personales, las mujeres sobrepasan a los hombres en 12% (56% y 44%). La categoría salarial más importante son los asalariados (58.5%). Sigue en importancia el servicio doméstico (20.6%) y luego los TCP (18%). El empleo en los servicios de este tipo predomina en las áreas urbanas. En Teguciglapa se concentra cerca de un tercio de la PEA (33%) y en San Pedro Sula y en el resto urbano un poco más de la quinta parte. En el sector comercio la mayor parte de la fuerza de trabajo es femenina también (59%). La categoría laboral predominante es la de TCP (50%), seguido en importancia por el servicio doméstico (20.6%), asalariados no profesionales (24.6%) y los trabajadores familiares no remunerados (13%). En su ubicación regional, la PEA en el comercio tiene más importancia en las ciudades (alrededor del 25%) que en el área rural (11%). En este subsector la informalidad parece ser mayor que en otras áreas. El sector construcción es virtualmente masculino (98%). La categoría predominante es la de los asalariados en ocupaciones no profesionales (66%), seguido por los TCP (17%) y los patronos o empleadores (11.3%).

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En los servicios básicos (agua, electricidad, transporte) el predominio de la fuerza de trabajo masculina es también grande (92%). La categoría predominante son los asalariados no profesionales (40%) y le siguen los asalariados profesionales (27%) y los TCP (24%). En los servicos financieros predomina la PEA es masculina (67%). La categoría laboral predominate son los asalariados y de éstos los profesionales (52%). Los no profesionales representan el 35%.

En resumen, el sector que absorbe más fuerza de trabajo a nivel nacional es el primario, aunque con una clara tendencia a perder su importancia relativa, seguido por la manufactura, los servicios sociales y personales y el comercio; estos tres últimos en un porcentaje de aproximadamente un 18%. En los restantes sectores (construcción, servicios básicos y financieros), la PEA presenta porcentajes inferiores al 6%. Entre las categorías laborales, la más frecuente es la de trabajador asalariado. La preeminencia de esta categoría suele considerarse como indicador de modernidad del sector. Los únicos dos sectores donde dicha categoría no es mayoritaria son el primario y el comercio, donde predominan los TCP. En la actividad agrícola, el TCP está asociado al minifundismo o tenencia precaria de la tierra, mientras que en la zona urbana se identifica con el trabajo informal. Ambas tienen en común el hecho de que están dirigidas a la subsistencia. En términos regionales, las diferencias más marcadas ocurre entre las actividades primarias en el sector rural y la mayor

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Porcentaje

Patronos Asalariados del sectorpúblico

Asalariados del sectorprivado

Trabajadores por cuentapropia

Categoría ocupacional

Gráfico No. 2Honduras. Evolución de la distribución de la PEA, según categoría

ocupacional en zonas urbanas. 1990-1997

19901997

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fuerza que tienen los sectores secundario y terciario en las ciudades. Esta diferencia es un indicador del grado de atraso de la zona rural, manifestado en la escasez de servicios diversos y una menor industrialización. 1. Los problemas del empleo y la pobreza El informe del PNUD sobre el Desarrollo Humano en Honduras, referente al año 1998, ubica a Honduras en el tercer lugar de los países más pobres de América Latina, superado únicamente por Nicaragua y Haití. Honduras está ubicada en la posición 119 entre 174 países analizados a nivel mundial. Nicaragua se ubica en el lugar 126 y Haití en el 159. La distribución del ingreso es una de las peores del continente. La proporción del ingreso del cuartil más pobre de la población ocupa el cuarto lugar entre los más bajos de América Latina. En 1992 la diferencia entre los segmentos de mayor y menor ingreso era de 30 veces. La distribución del ingreso tampoco ha mejorado en las últimas tres décadas. Además, se considera que el mejoramiento de los índices de pobreza difícilmente se podría lograr con una tasa de crecimiento poblacional tan elevada, con un crecimiento anual del PIB de apenas un 3%.

De acuerdo con los estudios de la CEPAL, el desempleo abierto es relativamente moderado. Esto debido a que los estratos de menor productividad e ingresos absorben parte importante del incremento de la fuerza de trabajo urbana. Estos están formados por asalariados no profesionales empleados en la microempresa, trabajadores por cuenta porpia no calificados y empleados domésticos. Con excepción de los últimos, este grupos constituye el llamado sector informal urbano (SIU).

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Tasa por mil

Tasas de participación Tasa de desempleototal

Jóvenes Mujeres Tasa de informalidad

Indicadores

Gráfico No. 3Honduras.Evolución de los principales indicadores del trabajo.1990-

1997

19901997

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Hacia 1992, Honduras se situaba en el grupos de los seis países con una elevada proporción de empleo urbano en ocupaciones típicas de estratos de baja productividad e ingreso, en un porcentaje que fluctuaba entre el 40% y el 50%. El 40% de los salarios estaba por debajo del nivel mínimo, dentro de un contexto de deterioro del poder adquisitivo, el cual disminuyó en un 15% entre 1989 y 1994. 2. La Educación La educación formal hondureña se organiza en cuatro niveles. La educación preescolar, distribuida en tres ciclos, atiende a los niños de 3,5 a 6,5 años de edad. La educación primaria, cuyo carácter es obligatorio y gratuito, tiene una extensión de seis grados y destínase a la población de los 6,5 a los 13 años. La educación media comprende un ciclo común de tres grados y un diversificado de dos o tres años de duración. La educación superior incluye la educación no universitaria y la educación universitaria propiamente dicha. La educación ocupa hoy, en Honduras, un lugar destacado en las preocupaciones de distintos sectores, gubernamentales y no gubernamentales. La situación de la Educación es más heterogénea que en otros países del OCDE, porque deben compensarse los bajos niveles de educación de los padres y los bajos niveles de rendimiento académico de los alumnos. El PIB per cápita en Honduras es también considerablemente menor que el de los países de la OCDE. Los recursos destinados a la educación per cápita son relativamente pequeños para las necesidades del país. El Gasto Público en educación como porcentaje del PIB alcanzó el 4.7% en 1996, mientras que el gasto total en educación como porcentaje del PNB alcanzó el 6.7% en el mismo año. Mientras los países del OCDE dedican un 12.3% en promedio a la educación, Honduras dedica un 20.2%. este porcentaje podría parecer razonable en comparación con los de la mayoría de los países del OCDE, perso es pequeño si se toma en cuenta que existe una población en edad escolar más grande que la de los países citados; el presupuesto nacional es relativamente pequeño en relación con el PIB y tiene un sistema educativo controlado centralmente, lo que implica un mayor gasto público. A lo largo del período 1990-1996 se destinó entre un 54.4% y un 57.6% del presupuesto a atender a la educación primaria, entre un 17.1% y un 23.3% para atender al nivel medio; y entre un 0.6% y un 0.9% para la educación de adultos. Honduras invierte anualmente alrededor de $116 por alumno para el conjunto de los niveles de educación($300 cuando se usa la paridad del poder adquisitivo), cifra muy por debajo de los $4.760 por alumno en los países de la OCDE. El sistema educativo hondureño ha recibido un fuerte apoyo por parte de fuentes de cooperación externa bilaterales y multilaterales que ha permitido promover el cambio y la innovación. Esto ha hecho que la política gubernamental de aumentar el gasto social en educación, junto con el Plan de Acción Nacional con metas de cobertura para la educación primaria y otros, hayan orientado en esa dirección la inversión de importantes recursos externos.

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Es importante mencionar que el 41.1% del total de los recursos la cooperación externa multilateral dirigidos a la educación fueron ejecutados por la Secretaría de Educación en 1996. Lo cual pone de manifiesto el grado de apoyo externo a al educación vía Gobierno Central. La ejecución de proyectos por parte de las ONG es escaza. Del total de los recursos provenientes de fuentes multilaterales de cooperación el 57.7% se invirtió en la educación formal, el 33.1% en infraestructura educativa y el 9.2% en proyectos de educación no formal. A la deficiencia en materia educativa se atribuye la situación que vive el país en términos económicos y sociales. Por ende, a la elevación de la calidad y la ampliación de la cobertura de la educación se asocia la reducción de la pobreza, el fortalecimiento de la estructura moral de la sociedad y la creación de condiciones para que el país pueda sobrevivir en un mundo cada vez más competitivo. A nivel gubernamental, se desarrolla una variedad de planes y programas. Representaciones gremiales del sector privado opinan públicamente o efectivamente se involucran en iniciativas destinadas a contribuir a la discusión del tema. Un trazo característico y distintivo de tales manifestaciones es la vinculación de la educación al trabajo productivo y la amplia utilización de la expresión “educación para el trabajo”. De forma coherente – y asimismo como efecto de la situación educacional de la población hondureña – varios documentos y proyectos focalizan el ambiente educativo de manera más comprensiva, tratando de la educación formal y de la educación no formal con similar énfasis. La participación del sector privado dentro del sistema de educación formal es significativa, sobre todo en el ciclo común de la enseñanza secundaria y en el nivel superior. Un 52% de las escuelas secundarias, que cubren el 44% de la matrícula total a ese nivel, son de carácter privado10. La cobertura neta de la educación primaria se estima en un 90%; datos de la Secretaría de Educación mencionan para 1992 una deserción escolar de 3,3% y una tasa de reprobación de 11,7%. En los niveles secundario y superior, la cobertura en 1996 era de 30% y de 8,5%, respectivamente11. Particularmente en lo que se refiere a la educación primaria, los datos traducirían un desempeño bastante razonable, en términos regionales. Sin embargo, parecen reflejar avances recientes, en la medida que son incompatibles con las tasas de analfabetismo y los niveles educativos de la población económicamente activa. Por otro lado, es posible que esos resultados no se produzcan de manera homogénea en distintas partes del país y en distintos grupos sociales. En realidad, se estima que cada año unos 15 mil niños no tienen acceso a la escuela primaria, especialmente en las zonas rurales o habitadas por minorías étnicas. En tales regiones, sólo un 65% de la población en edad escolar asisten a una escuela; 35% logran terminar la educación primaria en los seis años previstos; un tercio de los alumnos deserta,

10 SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN. Op. cit. 11 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Documento interno.

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gran parte en los primeros dos años12. Asimismo se identifica que la tasa de deserción es particularmente significativa al término de la educación primaria, como resultado de las insuficientes oportunidades de acceso al ciclo común de la educación secundaria. En esta última, la cobertura es muy reducida, apenas el 35% de la población ubicada en el correpondiente rango de edad, mientras que la tasa de escolarización neta llega apenas al 21.89%. El 94.6% de los estudiantes de la educación primaria son por centros oficiales y el 5.4% en centros privados. En la educación media funcionan 818 institutos, de los cuales 364 (el 44.4%) son oficiales, 32 son semioficiales (3.9%) y 422 privados (51.5%). La matrícula en la Educación Media durante 1998, fue de 266.528 alumnos, de los cuales el sector oficial atendió al 63.6% y el privado al 36.4%. En términos generales, los diagnósticos de la educación formal apuntan a las siguientes deficiencias: �� Los egresados de los centros educativos no están formados en el manejo de las nuevas

tecnologías relacionadas con los procesos productivos del país (propuesta de transformación del Sistema Educativo en Honduras).

�� La desvinculación del curriculo con la práctica crea dificultades a los egresados para insertarse eficientemente en el mercado laboral.

�� Inadecuada formación de los docentes. �� Baja calidad del proceso enseñanza aprendizaje. �� Desarticulación del sistema educativo. �� Escasa atención a la diversidad étnica. En los grupos étnicos (garífunas, lencas, chortis,

miskitos, tahuakas, pech, tolupanes, isleños, etc.) la lengua materna no es el castellano, por lo que es necesario establecer programas bilingues. La carencia de estos significa una desventaja para los niños que pertenecen a dichas etnias.

Para 1996, la cobertura regional ya no se consideraba un problema grave. La cobertura neta se mantuvo relativamente constante (alrededor del 86%), mientras que la cobertura bruta aumentó ligeramente (94.7% en 1990 a 98.3% en 1996). La inversión deberá dirigirse al mejormiento de la calidad. Esto implica, elevar los niveles de escolaridad de la población adulta, que actualmente es de 4.3 años en promedio. La educación formal dentro del sector público se critica en distintas instancias. Las debilidades señaladas van desde la administración deficiente y la escasez de recursos, hasta la disminución de la cobertura en la medida que se pasa de un nivel educativo a otro y la deficiente formación de los egresados en todos los niveles. La politización de los puestos es frecuentemente mencionada como uno de los factores que inciden en los precarios resultados. En el campo de la educación especial, a pesar de que aproximadamente el 10% de la población hondureña presenta algún tipo de discapacidad, la cobertura de los servicios de

12 PROGRAMA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA - REPÚBLICA DE HONDURAS. Proyecto Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica.

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educación especial es de apenas el 0.1%. La cantidad de instituciones públicas es menor que las del sector privado. Gran parte de las instituciones están ubicadas en Tegucigalpa y San Pedro Sula. 3. El marco institucional Para comprender y analizar acciones e iniciativas en el ámbito educativo, parece imprescindible buscar algunos elementos del marco institucional actual de la educación hondureña, en particular de la educación no formal. Como parte del Programa de Modernización del Estado 1994-1998, mediante el Decreto Legislativo no. 218-96, de diciembre de 1996, se reformó la Ley General de Administración Pública, definiéndose el marco de competencias de las Secretarías de Estado. De acuerdo a ese dispositivo legal, a la Secretaría de Educación compete “lo concerniente a la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas relacionadas con todos los niveles del sistema educativo formal, con énfasis en el nivel de educación básica, exceptuando la educación superior13; lo relativo a la formación cívica de la población y el desarrollo científico, tecnológico y cultural; la alfabetización y educación de adultos, incluyendo la educación no formal y la extraescolar”. Entre las atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, se enumera la responsabilidad de la “formación de mano de obra y el fomento de la educación obrera”14. Atendiendo a lo dispuesto en esa normativa, el Decreto Ejecutivo nº PCM-008-97, de junio de 1997, aprobó el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo. En el momento de detallar las competencias de la Secretaría de Educación, dicho Decreto establece, entre varias otras, la elaboración de programas de educación preescolar, primaria, media, incluyendo la técnica o vocacional y la magisterial, su puesta en ejecución y su evaluación y seguimiento; la alfabetización y educación de adultos, incluyendo programas de educación no formal, en el ámbito de su competencia; la evaluación del proceso educativo formal, no formal y extraescolar. A la Dirección General de Educación Continua se atribuye la responsabilidad de los programas de educación no formal15. De la misma forma, el detalle de las competencias de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social hace referencia a la coordinación de las acciones públicas y privadas relacionadas con 13 La educación superior es dirigida por un Consejo de Educación Superior, cuyo órgano ejecutivo es la Dirección de Educación Superior de la Universidad Autónoma de Honduras - UNAH. 14 PODER LEGISLATIVO. Decreto nº 218-96, Artículo 29. La Gaceta. Diario Oficial de la República de Honduras, 30 de diciembre de 1996. 15 PODER EJECUTIVO. Decreto Ejecutivo nº PCM-008-97. Artículos 70 al 72. La Gaceta. Diario Oficial de la República de Honduras, 7 de junio de 1997. Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Secretaría de Educación cuenta con cuatro Direcciones Generales, adscritas a dos Subsecretarías: la Dirección General de Servicios Pedagógicos, la Dirección General de Evaluación de la Calidad de la Educación, la Dirección General de Educación Continua y la Dirección General de Servicios Estudiantiles.

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la formación de mano de obra y el fomento de la educación obrera, promoviendo acciones coordinadas entre los sectores público y privado. Sin embargo, la formación de mano de obra se define como responsabilidad de la Dirección General de Empleo y la educación laboral como responsabilidad de la Dirección General de Previsión Social16. Es interesante señalar que en la redacción del Decreto se sintió la necesidad de definir seis términos utilizados en el mismo, entre los cuales “educación no formal”: “la que se imparte en establecimientos públicos o privados o por medios electrónicos de difusión, programas a distancia u otros similares, que tienen por objeto el adiestramiento en artes y oficios o la alfabetización o educación de adultos”. Es posible que la preocupación que haya orientado la inclusión en el dispositivo legal de una tal definición esté relacionada con la necesidad de demarcar ámbitos de actuación. De considerar esa posibilidad, sin embargo, quedan sin definirse conceptos como los de educación técnica, educación vocacional, formación de mano de obra, educación obrera y educación laboral. Órgano rector de las actividades de educación no formal – y, por lo tanto, de programas de adiestramiento en artes y oficios – la Dirección General de Educación Continua define sus atribuciones como “la promoción y gestión de programas de educación de jóvenes y adultos y de la comunidad en general, con ofertas diversas que continúan, complementan, amplían y profundizan los esfuerzos de la educación formal y diversifican, sistematizan, cualifican, desarrollan y expanden la educación no formal en una perspectiva de educación comunitaria”. Los criterios definidos para que los programas se enmarquen como competencia de esa Dirección son los de sustituir una área de la educación formal a la cual los participantes no hayan tenido acceso en su oportunidad, bien como completar la educación formal (en el caso de no sustituir áreas de ella), fortaleciendo aprendizajes relevantes de las personas que no la cursaron o no prosiguieron estudios, o cubriendo aprendizajes que no se adquieren o se logran deficientemente en la educación formal, en razón de las limitaciones inherentes a ésta. Se esclarece específicamente que “se excluye la educación ocupacional, para la cual el Estado hondureño ha desarrollado una estructura fuera de la Secretaría de Educación y cuya cabeza se encuentra en el Instituto Hondureño de Formación Profesional”17. El examen de algunas características del marco institucional del sistema educativo hondureño permite observar que en la fijación de las competencias de las Secretarías de Estado se mantiene una división tradicional en los países latinoamericanos: el subsistema de educación técnica de nivel medio adscrito a los organismos mayores de la educación y la formación profesional dependiente de los órganos reglamentadores de las relaciones de trabajo. Al referirse a la educación técnica “o vocacional”, sin embargo, la ley introduce un nuevo espacio de actuación no bien definido. 16 Idem. Ibidem. Artículos 64 al 66. Para el ejercicio de sus funciones, la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social cuenta con los siguientes órganos: la Dirección General del Trabajo, la Inspección General del Trabajo, la Dirección General de Empleo, la Dirección General de Salarios, la Dirección General de Previsión Social y la Procuraduría del Trabajo. 17 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. Dirección General de Educación Continua. Op. cit. La Dirección General de Educación Continua.

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En cuanto a la responsabilidad o rectoría de las actividades de educación no formal, también es usual que las instancias responsables de la educación cuiden de las actividades educativas de carácter supletorio, mientras las “instituciones nacionales” sean las responsables de la capacitación. Las posibles dificultades pueden empezar a surgir cuando se define por objeto de la educación no formal en el ámbito de la Secretaría de Educación “la alfabetización de adultos o el adiestramiento en artes y oficios” y cuando todas las acciones del órgano responsable de tales actividades se orientan por el principio de la vinculación de la educación al trabajo productivo. El panorama se complica con la creación del CENET y su asignación para ejecutar tanto programas de educación de adultos, como formación profesional. No se trata de aferrarse excesivamente a términos y definiciones legales de atribuciones y ámbitos de actuación. Indudablemente, resultaría un gran logro que las ideas de “educación para el trabajo productivo” que hoy se difunden pudieran representar, como expresan los autores de la síntesis del POCET, un llamado de atención hacia los fines mismos de toda educación y se concretaran en cambios de objetivos, contenidos y métodos educativos en todos los ámbitos y niveles. El peligro que se advierte es que a los inconvenientes de la excesiva institucionalización de las actividades de educación para el trabajo, se sumen problemas adicionales de burocratización, definición de responsabilidades y de rectorías, dificultando aún más los esfuerzos de convergencia y cooperación y dando como resultado la dispersión de los ya escasos recursos.

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B. El Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) El INFOP fue constituido mediante el Decreto no. 10, de diciembre de 1972, con la misión de “dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades encaminadas a la formación profesional a nivel nacional”, representa el órgano ejecutivo a través del cual la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, organismo de comunicación entre el Poder Ejecutivo y el Instituto, realiza su cometido con la formación de mano de obra y la educación obrera o laboral. Para los efectos de la ley de creación del INFOP, se entiende como formación profesional “la acción destinada a preparar o readaptar a una persona para que ejerza un empleo, sea o no por primera vez, o para que sea promovida en cualquier rama de la actividad económica, incluida la enseñanza general, profesional y técnica que sea necesaria para alcanzar el mencionado fin”. Entre las atribuciones de la institución, se especifica la de “colaborar en el desarrollo de programas de alfabetización de adultos en cuanto estén relacionados a los planes y programas del Instituto”18. El Instituto Nacional de Formación Profesional - INFOP fue creado con el objetivo de contribuir al aumento de la productividad y al desarrollo económico y social del país, mediante el establecimiento de un sistema nacional de formación profesional para todos los sectores de la economía y para todos los niveles de empleo, correspondiéndole dirigir, controlar, supervisar y evaluar las actividades encaminadas a la formación profesional a nivel nacional. Si en la definición de los objetivos se destaca la función rectora del sistema de formación profesional, en la enumeración de las atribuciones se establece la responsabilidad de la ejecución de varias actividades en ese ámbito (véase recuadro). Atribuciones del Instituto Nacional de Formación Profesional Realizar investigaciones sobre los recursos humanos existentes, determinar la necesidad de su formación profesional y planificar ésta: �� Organizar y ejecutar programas de formación profesional para todos los sectores de la

economía nacional y para todos los niveles de empleo. �� Organizar y ejecutar programas de formación profesional para trabajadores empleados,

desempleados y subempleados. �� Prestar asistencia técnica a los empresarios aportantes, para la creación, estructuración

y funcionamiento de sus propios servicios de formación profesional, incluyendo el Aprendizaje.

�� Colaborar en el desarrollo de programas de alfabetización de adultos en cuanto estén relacionados a los planes y programas del Instituto.

�� Colaborar en los servicios nacionales de colocación y empleo. Fuente: Decreto Ley nº 10, del 28 de diciembre de 1972.

18 Ley del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y sus reformas. Decreto nº 10, del 28 de diciembre de 1972. Artículos 2, 3 y 5.

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1. Estructura organizativa La dirección superior del Instituto está a cargo de un Consejo Directivo y de un Director Ejecutivo, nombrado por el Consejo Directivo. El Consejo Directivo está integrado por cuatro representantes del Estado, dos representantes de la empresa privada y dos representantes de los trabajadores. Al tiempo de la creación del Instituto, los representantes por parte del Estado eran los Secretarios de Estado del Trabajo y Previsión Social (Presidente), de Educación Pública, de Economía y de Planificación Económica; los representantes de la empresa privada eran nombrados por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada - COHEP y los representantes de los trabajadores por la Confederación de Trabajadores de Honduras. Los miembros del sector privado, empleadores y trabajadores, durarían en sus cargos tres años y podrían ser reelectos. En 1991, mediante el Decreto nº 142, se introdujo modificaciones en la constitución del Consejo Directivo y en las normas de nombramiento de sus miembros, considerando la necesidad de que dicho colegio fuera “integrado con la mayor participación de los sectores laborales”. Sin embargo, la cantidad de representantes del Estado, del sector empleador privado y de los trabajadores fue mantenida. Los representantes por parte del Estado pasaron a ser los Secretarios de Estado del Trabajo y Previsión Social (Presidente), de Educación Pública, de Economía y Comercio y de Recursos Naturales. Los representantes del sector empresarial y de los trabajadores pasaron a ser propuestos, respectivamente por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y por las organizaciones de tercer grado legalmente reconocidas (definiéndose en este caso, un representante de la Confederación General de Trabajadores - CGT y un representante de La Confederación de Trabajadores de Honduras - CTH) y nombrados por el Presidente de la República. A pesar de que el mandato de los representantes del sector privado siguió siendo de tres años, ellos pasaron a no poder ser reelectos. La estructura organizativa del INFOP está conformada por seis Unidades de Apoyo (Auditoría Interna, Relaciones Públicas, Asesoría Legal, Cooperación Técnica, Sistemas y Procedimientos, Ingeniería y Mantenimiento) y por cinco Divisiones: División Administrativa Financiera, División de Recursos Humanos, División de Programación, Evaluación y Presupuesto, División Técnico Docente y División de Acciones Formativas. La División de Acciones Formativas, integrada con tres Departamentos – Agropecuario, Industria y Comercio y Servicios – tiene a su cargo la red operativa. Existen, además, dos Direcciones Regionales – Noroccidental y Litoral Atlántico – cada una de las cuales integrada por un Departamento Administrativo y por un Departamento de Acciones Formativas. La División Técnico Docente es la responsable de la capacitación de los instructores internos y de las empresas.

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2. La red operativa La red operativa del INFOP, distribuida por todo el territorio nacional, está conformada por 37 unidades de diferentes tipos, de acuerdo al sector económico, a las características de la clientela, al objetivo de los programas y a la metodología empleada (véase recuadro). El Departamento Agropecuario tiene bajo su responsabilidad 23 unidades: diez Unidades de Apoyo a la Producción Agrícola, siete Centros Familiares Educativos para el Desarrollo de Honduras, un Programa para la Pequeña Empresa Rural, tres Centros de Mecanización Agrícola, un Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica y un Proyecto Post-Cosecha. El Departamento Industrial opera con nueve unidades, ubicadas en los edificios de la Oficina Central y de las Oficinas Regionales del Instituto: tres Centros Fijos de Formación Profesional Industrial, un Centro de Formación Profesional Urbano Marginal y cinco Centros de Capacitación Artesanal. El Departamento de Comercio y Servicios está constituido por cinco unidades: tres Unidades Regionales de Formación y Desarrollo Empresarial, una Unidad de Formación Turística y Hotelera y una Unidad de Formación Secretarial. Con el objetivo de ampliar la oferta de acciones formativas, el INFOP ha iniciado el proceso de identificación y reconocimiento de instituciones privadas o públicas que se dedican a desarrollar actividades de capacitación y que cuentan con condiciones técnico-pedagógicas aprobadas por el Instituto, para actuar como Centros Colaboradores. En el año 96, entre 45 empresas visitadas, se homologaron seis Centros Colaboradores, ubicados en la Capital, en San Pedro Sula y en La Ceiba, todos dedicados a la capacitación en el área de informática. 3. Modos de formación y especialidades Las principales estrategias de capacitación adoptadas por el INFOP consisten en el Aprendizaje, la Habilitación y la Complementación. Otras estrategias utilizadas son: �� La capacitación individualizada de la empresa rural (CIER), que se realiza en los

puestos de trabajo, mediante la identificación de factores limitantes en la producción agrícola de una zona determinada;

�� la formación por alternancia (o formación CEFEDH), dirigida a jóvenes del área rural, con duración de dos años y en la que se alterna una semana de formación tecnológica en el centro con internado y dos semanas en la parcela en su comunidad de origen;

�� La formación preocupacional y el “informativo”19. El Instituto participa en el desarrollo de las actividades de “educación para el trabajo” del CENET y del proyecto de apoyo EPT 2000. Las empresas son atendidas mediante acciones de asesoría y asistencia técnica.

19 No se dispone de información sobre las características de estas modalidades.

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Las especialidades o ramas profesionales atendidas por medio de las diferentes estrategias de capacitación son: �� En el sector agropecuario, agricultura, forestal, ganadería, pesca y administración

agropecuaria; �� En el sector industrial, albañilería, artes gráficas, artesanía, alimentos, carpintería,

cerámica, curtiembres, ebanistería, electricidad, electrónica, fontanería, joyería, metal-mecánica, mecánica automotriz agrícola y pesada, panadería, plástico, refrigeración, relojería, repostería, sastrería, vidrio y zapatería;

�� En el sector comercio y servicios, administración de personal, asistencia social, cocina, comercio, contaduría, hotelería y turismo, peluquería y belleza, procesamiento electrónico de datos, secretariado.

4. Recursos Los recursos con los cuales cuenta el INFOP para desarrollar sus actividades provienen principalmente de las aportaciones de empleadores públicos (Poderes del Estado e instituciones autónomas, a la excepción de las Fuerzas Armadas y de la Universidad Autónoma de Honduras) y privados (que ocupen cinco o más trabajadores), calculadas sobre el monto total de sueldos y salarios devengados (el 0,5% en el caso de los Poderes del Estado y el 1% en los demás casos). En 1996, la recaudación representó el 96,7% de los ingresos corrientes del Instituto. La forma de demostración de los gastos no favorece un adecuado examen de su distribución. Sin embargo, se identifica que las actividades directivas y de apoyo técnico-administrativo consumieron al menos el 41% de los recursos, en la medida en que la División de Acción Formativa y las Oficinas Regionales Noroccidental y del Litoral Atlántico – en las cuales existen asimismo departamentos administrativos – participaron con un 59% en el monto total de los egresos. Para diciembre de 1998, el INFOP contaba con un planta de personal de 823 empleados, en cuenta 28 directivos, 96 técnicos, 331 docentes, 178 empleados administrativos y 190 empleados de servicios.

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Unidades operativas del INFOP Sector agropecuario Centros Familiares Educativos para el Desarrollo de Honduras - CEFEDH: son unidades operativas o centros rurales, ubicados en comunidades generalmente aisladas, con potencial agropecuario, destinados a la capacitación de jóvenes mediante la metodología de alternancia. Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica - CITTEC: es un centro especializado de investigación agropecuaria y transformación de tecnologías, conformado por laboratorios, talleres de implementos agropecuarios y áreas de cultivo, ubicado en la ciudad de La Paz. Desarrolla programas de capacitación en el internado del centro o en las mismas comunidades beneficiarias. Centros de Mecanización Agrícola - PROMECH: son las sedes del Programa de Mecanización Agrícola, ubicadas en tres localidades del país, capacitando productores, reparadores y operadores de implementos agrícolas, mediante los modos de formación habilitación y complementación. Programa para la Pequeña Empresa Rural - PER: unidad operativa ubicada en la zona rural del municipio de Sabanagrande, destinada a la formación y desarrollo de pequeñas empresa rurales, generalmente agropecuarias, promoviendo la organización de los campesinos como medio de fortalecer sus relaciones con el mercado. Adopta una metodología de investigación participativa y desarrollo de proyectos y atiende a nueve municipios en el entorno. Unidades de Apoyo a la Producción Agrícola - UAPA: son unidades con oficinas locales, ubicadas en comunidades o ciudades, destinadas a brindar capacitación a los productores agropecuarios, bajo diferentes modos de formación (capacitación individualizada a la empresa rural, complementación, asesoría y asistencia técnica). Unidad de Post-Cosecha: es la sede del Proyecto Post-Cosecha, ubicada en la ciudad de Tegucigalpa, en la cual se capacita el artesano en la fabricación, uso y manejo del silo metálico, así como en la fabricación de utensilios de hojalatería de uso casero. Sector industrial Centros de Capacitación Artesanal - CENCART: son unidades operativas de capacitación en ocupaciones artesanales, ubicadas en comunidades con vocación artesanal, donde asisten generalmente jóvenes a cursos de habilitación y, en menor escala, adultos, a cursos de complementación. Centro de Formación Profesional Urbano-Marginal: unidad destinada a la capacitación en el área industrial, ubicada en zona urbano marginal de la Capital, dedicada a la atención de la población de zonas similares. Centros Fijos de Formación Profesional Industrial - CFPI: son centros convencionales de formación profesional, conformados por talleres, aulas y áreas deportivas, destinados a la capacitación de jóvenes para el primer empleo y de trabajadores adultos, empleados y desempleados. Sector comercio y servicios Unidades de Formación y Desarrollo Empresarial: son unidades operativas ubicadas en las oficinas de la Dirección General y de las Direcciones Regionales del INFOP,

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destinadas a la capacitación de trabajadores de última línea, mandos medios, mandos superiores y gerencia, en técnicas de gestión, generación y desarrollo de empresas. Unidad de Formación Secretarial: unidad ubicada en las oficinas centrales del INFOP, destinada a capacitar personal para funciones secretariales y correlacionadas. Unidad de Formación Turística y Hotelera: trátase de un centro de capacitación especializado, con instalaciones didácticas fijas (en la ciudad de Tegucigalpa) y móviles (mediante las cuales extiende sus acciones a las regionales de San Pedro Sula y La Ceiba).

5. Utilización de la información En 1996, el INFOP realizó una investigación de necesidades de formación profesional a nivel nacional – la tercera en sus 25 años de operación – con el objetivo de “disponer de información sobre la capacitación requerida por las empresas de los tres sectores económicos, a fin de estructurar un programa de acciones formativas a corto y mediano plazo que responda a esta problemática y que permita mejorar la producción y productividad en el país”20. En la planificación de la investigación se determinó una muestra del 1% del universo del sector agropecuario, del 100% para el sector industrial y del 30% para el sector comercio y servicios. Resultaron encuestadas 6.441 empresas (1.992 del sector agropecuario, 1.806 del sector industrial y 2.643 del sector comercio y servicios), 54% de las cuales clasificadas como microempresas y 32% como pequeñas unidades productivas. Con base en entrevistas realizadas en las empresas, la determinación de las necesidades de capacitación se hizo mediante la identificación del puesto de trabajo, de la cantidad de empleados en cada puesto que necesitarían capacitarse (“personal que requiere capacitación”) y de los asuntos o áreas en que tales trabajadores requerirían capacitación (“en que requiere capacitación”). De la utilización de esa técnica, resultaron identificadas 228.025 “necesidades de capacitación” (temas x trabajadores), generadas por aproximadamente 84 mil empleados que requerirían capacitarse. Tales necesidades de capacitación están representadas por un extenso listado de títulos, de los más amplios (“cultivo del café”) a los más específicos (“regulación de sombra en café”). Relaciones humanas, atención al público, “motivación”, seguridad e higiene, control de calidad, computación y técnicas de ventas fueron los títulos que más contribuyeron al monto total de “necesidades de capacitación” identificadas. La investigación también recogió información acerca de la opinión del empresario con respecto a la labor que desarrolla el INFOP: el 20% la consideró excelente, el 25% muy buena y el 26% buena, mientras el 23% reveló desconocer las acciones que realiza la institución y los beneficios que pudiera obtener.

20 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL. División de Programación, Evaluación y Presupuesto. Informe de investigación de las necesidades de formación profesional a nivel nacional. Tegucigalpa, 1997.

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Entre las sugerencias que en la oportunidad hicieron los empresarios, sobresalen la divulgación de las actividades programadas y de los logros obtenidos a cada año, la ampliación de la cobertura a nivel nacional, el establecimiento de planes anuales de capacitación a las empresas y la creación de oficina que ofrezca a las empresas el personal egresado. 6. Cooperación internacional y proyectos A la fecha, el INFOP mantiene convenios y acuerdos de cooperación técnica con el Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo - SNV, la Sociedad Alemana de Cooperación Técnica - GTZ, la Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico - SWISSCONTACT, con la Compañía Pacific Architects and Engineers Incorporated, con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - AID y con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD. Asimismo ejecuta un proyecto que resulta de un convenio regional entre los Gobiernos de Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Dos proyectos son destacados por el Instituto por su importancia para la economía nacional. Mediante el Proyecto de Mecanización Agrícola - PROMECH, se implementan técnicas de tracción animal, permitiendo la construcción de arados a bajo costo, la mejora de la eficiencia de la producción y la sustitución de maquinaria agrícola de alto costo y alto consumo de combustible. El Proyecto Post-Cosecha capacita al artesano en la fabricación, uso y manejo del silo metálico, evitando una pérdida de unos 10% de la producción de granos básicos, resultante del almacenaje inadecuado. Con la capacitación brindada, se han fabricado aproximadamente 100 mil silos, de diferentes capacidades, los que permiten almacenar alrededor de dos millones de quintales de granos. En 1996, con el financiamiento de organismos internacionales y de países cooperantes, 72 empleados del INFOP recibieron capacitación en diferentes áreas y países. El INFOP mantiene un reconocido programa de preparación de docentes, orientado a formar metodológicamente a sus instructores y apoyar a las empresas privadas e instituciones públicas en la formación de sus propios cuadros. En 1996, se capacitaron 331 instructores y se formaron otros 75 para atender las necesidades internas del Instituto. 7. Resultados en 1998 Durante 1998 se matricularon 37.405 alumnos en la Institución, de los cuales 33.515 resultaron aprobados, lo cual representa una tasa del 89.6% de aprobación. Además, se certificaron 42.126 participantes. Del total de alumnos aprobados, el 58.6% son hombres y el 41.4% mujeres. Se ejecutaron 2.689 acciones formativas con un total acumulado de 255.806 horas de acción. Por modo y modalidad de formación, principalmente el 62.8% se capacitó bajo el modo de complementación, seguido por la modalidad informativa con el 16.9% de las acciones y el modo de habilitación con el 9.2%.

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En lo que respecta al campo de la capacitación y la formación profesional, durante el año 1998, el número de trabajadores capacitados por sector de la economía se concentró principalmente en el sector comercio, el cual abarcó el 55% del total, seguido por el sector industria con el 23% y el sector agrícola con el 22% (cuadro no. 1).

Cuadro No. 1 Trabajadores capacitados por sector económico. 1998

Trabajadores capacitados Sectores Económicos Absoluto Relativo

Sector Agrícola 7,456 22.2 Sector Industrial 7,489 22.4 Sector Comercio y Servicios 18,570 55.4 TOTAL 33,515 100.0 Fuente: Cifras estadísticas del INFOP, 1998.

Según las áreas de capacitación, el esfuerzo de capacitación realizado por el INFOP se desarrolló en la proporción presentada en el cuadro no. 2. Como puede observarse en dicho cuadro, en términos absolutos la mayor cantidad de cursos y de participantes se concentró en la rama económico administrativa con 893 cursos, lo que representa el 33.2% del total, e involucró a 14.598 participantes (43.6%) y 26.874 horas de acción formativa (10.6%), seguida por la agricultura con 623 cursos (23.2%), 5.600 participantes (16.7%) y 44.183 horas de acción formativa (17.3%). Sin embargo, es importante notar que la cantidad de horas de acción invertida en dichos cursos fue de las más bajas en comparación con otras ramas, entre ellas, la de artesanía con 723 horas acumuladas en promedio por alumno, seguida por carpintería y ebanistería con 662 horas y metal mecánica con 333 horas.

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Cuadro No. 2 Oferta de cursos distribuidos por áreas de capacitación. 1998

Promedios por curso

Áreas de capacitación Total cursos

Total participantes

Total horas

P.A. Horas Agricultura 623 5.600 44.183 9 71 Ganadería 187 1.208 12.464 6 67 Admon. Agropecuaria 51 508 1.821 10 36 Pesca 28 136 2.466 5 88 Económico Administrativo 893 14.598 26.874 16 30 Hotelería y turismo 82 1.204 4.322 15 53 Cocina 40 604 2.255 15 56 Secretariado 147 2.164 2.971 15 20 Artesanía 57 175 7.230 18 723 Albañilería 57 691 16.977 12 298 Alimentos 39 304 2.651 8 68 Carpintería y ebanistería 26 295 17.209 11 662 Electricidad 61 789 14.087 13 231 Electrónica 29 393 6.106 14 211 Panadería y repostería 41 575 2.195 14 54 Metal mecánica 98 942 32.665 10 333 Sastrería 122 1.508 30.169 12 247 Otros21 35 795 11.572 23 15 Total 2.689 33.515 255.806 12 95

Fuente: INFOP. Cifras estadísticas, 1999. En total, las ramas en las que se invirtieron 200 horas o más de acción formativa, entre los que se incluyen además de los anteriores: albañilería, electricidad, electrónica mecánica automotriz, refrigeración y aire acondicionado, sastrería, zapatería y curtiembres acumularon apenas 503 cursos para 6.147 alumnos con 150.316 horas acumuladas, lo cual representa 18.7% de los cursos, el 18.3% de los alumnos y el 58.8% de las horas acumuladas. Desde su fundación, el INFOP ha experimentado un crecimiento considerable en términos de su matrícula, de la cantidad de cursos impartidos y de la cantidad de horas de acción formativa (cuadro no. 3).

21 Incluye: Forestal, fontanería, artes gráficas, zapatería, curtiembres, fabricación de envases de alimentos, química y farmacia.

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Cuadro No. 3 INFOP. Participantes matriculados-aprobados, cursos y horas por años.

1973-1998. Participantes Cursos Año

Matriculados Aprobados % * Iniciados Finalizados Horas

TOTAL 684,001 580, 664 84.9 49,308 48,303 4,629,878.01973 359 333 92.8 26 26 768.01974 4,148 3,288 79.3 287 277 17,372.01975 8,775 7,545 86.0 586 587 34,732.51976 8,734 7,075 81.0 557 562 35,431.01977 14,063 10,458 74.4 846 756 66,270.01978 20,003 17,752 88.8 1,197 1,213 85,161.01979 24,795 21,769 87.8 1,405 1,473 129,818.01980 31,593 25,923 82.1 1,813 1,790 170,725.51981 31,320 25,657 81.9 1,845 1,822 178,717.01982 29,074 23,516 80.9 1,789 1,743 159,871.01983 37,981 31,025 81.7 2,296 2,259 201,838.01984 29,912 24,071 80.5 1,915 1,877 195,006.61985 30,551 24,551 80.4 2,048 2,019 205,764.51986 29,402 23,976 81.6 2,066 2,017 199,980.21987 29,197 24,312 83.3 2,025 1,972 218,776.41988 31,398 26,608 84.7 2,197 2,145 218,515.81989 30,289 25,725 84.9 2,284 2,229 235,495.71990 22,871 19,448 85.0 1,849 1,802 202,171.01991 19,887 17,575 88.4 2,162 2,080 199,691.01992 28,215 24,088 85.4 2,474 2,403 227,552.01993 34,216 29,714 86.8 2,886 2,828 276,890.01994 39,560 34,207 86.5 3,303 3,223 300,139.01995 40,001 35,385 88.5 3,245 3,192 294,651.01996 34,940 31,293 89.6 2,781 2,715 258,475.01997 35,312 31,855 90.2 2,669 2,604 260,259.01998 37,405 33,515 89.6 2,757 2,689 255,806.0

Fuente: Cifras estadísticasdel INFOP. División de Planificación, marzo de 1999. * Se refiere al porcentaje de aprobación

Sin embargo, dicho crecimiento ha sido errático a lo largo de la década de los años 80 y 90. Como puede apreciarse en el cuadro no. 4, el INFOP experimentó un gran crecimiento en cuanto a la cantidad de cursos desarrollados, horas curso y participantes egresados durante los primeros cinco años a partir de su creación, alcanzando tasas de crecimiento superiores al 40%. Posteriormente, durante los quince años siguientes hasta 1993, la Institución disminuyó considerablemente su crecimiento, mostrando un leve repunte en el período 1989-1993. A partir de este último año, las tasas de crecimiento han sido negativas lo que evidencia que la Institución está en un período de estancamiento en términos relativos.

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Cuadro No. 4

INFOP. Tasas de crecimiento para el período 1974-1978. Período Cursos

desarrolladosHoras-curso Egresados

1974-1978 41.4 48.8 47.1 1979-1983 11.2 9.2 11.6 1984-1988 3.3 2.5 2.8 1989-1993 6.1 3.6 4.1 1994-1998 -4.4 -0.5 -3.9

Fuente: Cifras estadísticas del INFOP, 1998 Si se analizan otros indicadores para medir la calidad de la gestión formativa, se tiene que durante 1998 el desempeño de la Institución fue bastante satisfactorio en general. Se tiene así que la tasa de capacidad operativa (participantes matriculados/capacidad instalada) fue del 90.4% durante 1998; la tasa de deserción (desertores/participantes matriculados) fue del 7.2%; la tasa de cumplimiento de la duración de los cursos (horas realizadas/horas programadas) fue del 97.2%. Si se analiza la evolución en la composición de la matrícula por sexo, se tiene que a partir de 1993 ha habido un crecimiento considerable en la proporción de mujeres matriculadas con respecto a los años anteriores (cuadro no. 5).

Gráfico No. 4Honduras. Evolución de la matrícula de las IFP. 1990-1998

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Años

Mat

rícul

a en

mile

s

25

Cuadro No. 5 INFOP. Cantidad de personas capacitadas, según sexo.1973-1998. Años Hombres % Mujeres % Total

1973-1977 21,645 75.4 7,054 24.6 28,699 1978 10,683 60.2 7,069 39.8 17,752 1979 14,088 64.7 7,681 35.3 21,769 1980 18,549 71.6 7,374 28.4 25,923 1981 17,541 68.4 8,116 31.6 25,657 1982 16,441 69.9 7,075 30.1 23,516 1983 21,229 68.4 9,796 31.6 31,025 1984 16,646 69.2 7,425 30.8 24,071 1985 17,271 70.3 7,280 29.7 24,551 1986 16,628 69.4 7,348 30.6 23,976 1987 16,319 67.1 7,993 32.9 24,312 1988 17,837 67.0 8,771 33.0 26,608 1989 16,687 64.9 9,038 35.1 25,725 1990 12,687 65.2 6,761 34.8 19,448 1991 12,140 69.1 5,435 30.9 17,575 1992 16,034 66.6 8,054 33.4 24,088 1993 18,756 63.1 10,958 36.9 29,714 1994 20,650 60.4 13,557 39.6 34,207 1995 20,777 58.7 14,608 41.3 35,385 1996 18,437 58.9 12,856 41.1 31,293 1997 18,453 57.9 13,402 42.1 31,855 1998 19,636 58.6 13,879 41.4 33,515

TOTAL 379,134 100.0 201,530 100.0 580,664 Fuente: Cifras estadísticas del INFOP, 1998.

En cuanto a la evolución de los modos y modalidades de capacitación impartidos, se tiene que el esfuerzo formativo se ha concentrado mayoritariamente en el modo de complementación (cuadro no. 6), lo cual indica que la Institución se ha abocado principalmente a la capacitar personal con algún grado previo de calificación.

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Cuadro No. 6 INFOP. Evolución de los modos y modalidades de capacitación. 1973-1998.

Participantes por modalidad de formación Años Complementa

ción Habilitación Formación

Básica Aprendizaje En centros

Aprendizaje

dual

Complementación dual

Otros * Total

1973 228 - - - - - 105 1331974 2,799 27 59 - - - 168 3,0531975 6,987 311 - - - - 199 7,4971976 6,599 255 - - - - 211 7,0651977 9,047 825 374 48 - - 151 10,4451978 15,299 1,264 1,189 - - - - 17,7521979 16,824 1,696 1,769 - - - 1,462 21,7511980 20,489 1,854 2,155 33 - - 1,392 25,9231981 19,041 1,735 2,130 103 - - 2,648 25,6571982 17,178 1,653 2,226 149 - - 2,310 23,5161983 23,509 2,609 1,931 130 - - 2,846 31,0251984 18,618 2,079 167 118 61 - 3,028 24,0711985 18,413 2,679 82 153 134 - 3,090 24,5511986 19,898 2,400 91 145 106 - 1,336 23,9761987 19,267 2,743 200 158 158 - 1,555 24,0811988 21,362 2,196 285 151 133 - 2,404 26,5311989 20,724 2,065 297 207 189 - 1,752 25,2341990 15,241 1,943 63 171 158 - 1,420 18,9961991 10,845 1,465 284 240 163 - 4,505 17,5021992 16,265 2,092 421 - 218 226 4,866 24,0881993 21,179 2,654 394 8 297 152 5,007 29,6911994 23,994 2,764 439 107 62 136 6,669 34,1711995 25,798 3,049 340 264 47 143 5,744 35,3851996 22,563 2,011 314 136 105 75 6,089 31,2931997 21,273 2,892 408 236 56 132 6,858 31,8551998 21,054 3,086 726 282 57 41 8,269 33,515Fuente: INFOP. Cifras Estadísticas, 1999. * Comprende las siguientes modalidades: Informativo, formación CEFEDH, educación para el trabajo, Asesoría, asesoría técnica y el CIER.

Al analizar la relación entre la cantidad de trabajadores capacitados y el total de la fuerza de trabajo se tiene que la mayor proporción correspondió a los trabajadores de las rama de electricidad, gas y agua con 7.52 trabajadores capacitados por cada 100 de la misma rama, mientras que la menor proporción correspondió a la de los trabajadores de la rama de la construcción, con menos de 5 trabajadores capacitados del total (cuadro no. 7).

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Cuadro No. 7 Relación entre los trabajadores capacitados

y el total de la fuerza de trabajo. 1998 Actividades productivas Fuerza de

trabajo No. de

personas

Trabajadores capacitados

Relación trabajadores

capacitados/fuerza de trabajo

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 783.590 7.520 0.96 Explotación de minas y canteras 4.200 - - Industria manufacturera 220.600 3.890 1.76 Construcción 127.700 599 0.47 Electricidad, gas y agua 15.700 1.180 7.52 Transporte, almacenaje y comunicación 52.200 - - Comercio al por mayor y menor 205.100 - - Sector financiero 39.400 - - Sector servicios 428.200 12.500 2.92 Total 1.876.690 33.515 1.79

Fuente: Idem. En general, puede afirmarse que la proporción de trabajadores capacitados durante 1998 si bien ha venido aumentando de manera irregular durante la década de los 90, sigue teniendo un impacto muy reducido en relación con la fuerza de trabajo, ya que representó apenas 1.79% del total, menor incluso al crecimiento de la PEA, por lo cual son necesarios esfuerzos mucho mayores para aumentar la cobertura nacional y la calidad de la capacitación y la formación profesional.

Cuadro No. 8 INFOP. Personas capacitadas y montos invertidos.

1994-1998 (Monto en lempiras)

Años Participantes capacitados

Monto de Inversión

Costo por participante capacitado

1994 34,207 41,164,943.9 1,203.4 1995 35,385 50,589,732.0 1,429.7 1996 31,293 54,185,721.8 1,731.6 1997 31,855 61,068,799.0 1,917.1 1998 33,515 85,517,875.3 2,551.6

Fuente: Cifras estadísticas del INFOP, 1998

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8. Información obtenida mediante entrevistas sobre la formación profesional Acerca del grado de conocimiento tiene el personal del INFOP sobre los cambios mundiales y su efecto sobre Honduras, en general puede afirmarse que éste tiene poco conocimiento acerca de los cambios que están ocurriendo en el mundo y en Honduras, así como del impacto de estos sobre el Instituto. Se sabe que están sucediendo cambios en todos los ordenes, pero no se les identifica con claridad; por ello el quehacer institucional no cambia al ritmo de la dinámica del contexto exterior, ni se tiene una clara visión de futuro. El personal de mandos medios tiene un cierto manejo de esta información, sin embargo, esto no se ha constituido en conocimiento colectivo ni se traduce en decisiones anticipadas al futuro. Probablemente por ello la gestión institucional tiene la tendencia a ser más reactiva que proactiva. Es evidente la necesidad de realizar estudios sobre el contexto nacional, análisis del internacional y eventos de reflexión que le permitan a la institución una mayor apropiación de su entorno. En cuanto a los cambios están ocurriendo en el país (tecnológicos, económicos, sociales, etc.) que ejercen influencia sobre la formación profesional, la educación técnica y la capacitación y la manera en que los ámbitos empresarial y laboral del país, se indicó que el país padece un fuerte rezago tecnológico: la generación e innovación de tecnología son casi inexistentes, y la capacidad de asimilación es bastante débil. El reducido sector empresarial moderno tiene capacidad de absorción de tecnología, especialmente si se vinculan con las inversiones extranjeras que introducen tecnología nueva, pero las empresas micro, pequeñas y medianas se mantienen aplicando tecnología obsoleta o que rápidamente queda en desuso. Ha habido decrecimiento económico, especialmente agudizado por el Huracán Mitch, con sus consecuencias de ampliación de la pobreza y marginalidad social, problemas de empleo, delincuencia u otros problemas sociales. A pesar de los recientes avances en disminución del analfabetismo y mejoramiento de los principales indicadores en la educación primaria, la escolaridad promedio de la población se mantiene en un nivel muy bajo, las demandas de calificación de la mano de obra se incrementan en proporciones muy superiores a la velocidad de mejoramiento de la capacidad de la población, y el sistema educativo en su totalidad evoluciona muy lentamente. El sector informal de la economía crece cuantitativamente, con lo que se reproduce la pobreza, la marginalidad y las actividades de subsistencia sin impacto en crecimiento económico. Las micro y pequeñas empresas tienen la tendencia a diluirse en el cada vez más amplio sector informal y las medianas se estancan o se adhieren a las grandes mediante mecanismos de subcontratación para poder sobrevivir. El bajo nivel educativo y la insuficiente calificación de la mano de obra desestimulan la inversión productiva, con lo que se mantienen inalterados los problemas de desempleo y subempleo y sus consecuentes efectos socioeconómicos. Al consultarse cómo los cambios mundiales y del contexto hondureño influyen en el INFOP, la respuesta obtenida es que por ahora, la influencia de estos cambios sobre el INFOP es

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apenas percibida por la mayoría del personal, y la decisiones que se están tomando conllevan innovaciones o transformaciones institucionales leves si se comparan con la trascendencia de los cambios externos. El conocimiento que la institución, como colectivo, tiene sobre estos cambios es muy limitado, lo que no le permite comprender a profundidad la evolución de la necesidades de formación profesional de los distintos sectores demandantes. La institución vive la presión que ejerce el volumen de la demanda y se percibe a sí misma incapacitada para atenderla plenamente, especialmente si se tiene la concepción que el INFOP es un organismo ejecutor responsable de la totalidad de necesidades de formación profesional. Los sectores que mayores expectativas mantienen sobre la labor del INFOP intensifican sus demandas y reclaman estrategias de formación masivas, aceleradas y adecuadas a las necesidades cualitativas. Dentro de la institución se produce un cierto desconcierto en cuanto a ¿cómo atender lo voluminoso de la demanda cuantitativa satisfaciendo además la complejidad cualitativa de la innovación tecnológica, mejora de la productividad, impacto en el empleo, etc.? La tecnología que están introduciendo las empresas grandes o modernas rebasan la capacidad de respuesta del INFOP, y en muchas ocupaciones la formación brindada es de un nivel casi artesanal en comparación con las innovaciones y conocimientos existentes en ese campo. Es opinión del sector empresarial dentro del Consejo Directivo que el INFOP a lo largo de su vida institucional no se preparó para este momento, por lo que ahora no está inmediatamente listo para afrontar con éxito estos cambios. El Instituto se mantuvo por mucho tiempo adormecido, probablemente debido a la intervención de la política partidista, y distanciado de los dos sectores con los que más debe interactuar: empresarial y laboral. a) Adaptación Institucional al Cambio Con respecto a si está consciente el personal sobre las interacciones entre el INFOP y su contexto y sobre la necesidad de adaptación al cambio, se considera que el INFOP como conglomerado tiene poca consciencia acerca de las cada vez más estrechas relaciones de interacción con su contexto, lo que se evidencia en situaciones como las siguientes: �� Muchas acciones todavía ejecutándose como en el pasado para responder a necesidades

puntuales ahora rebasadas por necesidades mayores. �� Imprecisas ideas acerca de las necesidades futuras y de las políticas y prioridades en el

devenir institucional. �� Desconocimiento de la situación del empleo y poco interés en atenderlo como problema

relacionado. �� Limitado conocimiento de la oferta de formación y capacitación que otros agentes

desarrollan. �� Poco conocimiento de la dinámica empresarial. �� Relaciones entre la institución y sus demandantes poco fluidas, lo que durante años

pasados le dificultó encontrar mecanismos de adecuación de la oferta con la demanda.

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El personal entrevistado está consciente de lo anterior, sin embargo, probablemente bajo la presión de procurar respuesta a la gran demanda de diferentes sectores de la sociedad se pospone o relega en importancia el estudio de las situaciones del contexto y la preparación institucional para la adaptación al cambio. Al consultarse sobre el tipo de transformaciones institucionales (estructura, servicios, métodos, etc.) se están aplicando para la adaptación institucional, se expresó que el INFOP experimenta diversos cambios aunque su magnitud no contrarresta el impacto de los factores externos. Al comparar ambos tipos de cambios, los realizados internamente parecen ser superficiales, poco sustantivos y de débil impacto en las necesarias transformaciones institucionales. Algunos cambios no tienen una contribución significativa en la preparación institucional, por ejemplo, las modificaciones que sufre la estructura organizativa con cada cambio de autoridades gubernamentales, el crecimiento del personal administrativo sobre el técnico-docente, la disminución de la identificación y compromiso del personal con su institución. Ejemplo de otro tipo de cambios que apuntan en la dirección deseada son: impulso a la creación de una red de centros colaboradores como paso previo a la integración institucional, propuesta de integración del SINAFOP y ejercicio de la atribución de rectoría, ampliación de las relaciones interinstitucionales, búsqueda de nuevos acercamientos con el sector empresarial. Con respecto a si han habido variaciones en el rol institucional en cuanto a las atribuciones de rectorar y ejecutar la formación profesional, el INFOP está incursionando recientemente y de manera cautelosa en explorar su ámbito de responsabilidad como rector de la formación profesional a nivel nacional. El primer paso, aun cuando no se realizó específicamente con ese propósito fue el de seleccionar y asistir centros colaboradores. Actualmente está en estudio al interior del instituto una propuesta para la integración del Sistema Nacional de Formación Profesional (SINAFOP). Simultáneamente se están realizando otro tipo de acciones que apuntan en el mismo sentido: mejora de la imagen y credibilidad institucional, introducción al campo de la normalización y certificación ocupacional, adopción de la planeación estratégica. Los representantes del sector laboral en el Consejo Directivo consideran que esta transformación del papel del INFOP es muy necesaria, que debió iniciarse hace mucho tiempo y que debería concretarse con mayor agilidad. Esta opinión es coincidente con la del representante del sector empresarial, quien agrega que como ejecutor el INFOP no satisfizo las expectativas de los empresarios, porque su quehacer enfatizó extremadamente en lo cuantitativo sin profundizar en la calidad e impacto de su labor. Acerca de los cambios se están produciendo actualmente en los programas y servicios ofrecidos, se considera que las instituciones hondureñas tienen una débil cultura del cambio, lo que se manifiesta en pocas iniciativas de innovación, carencia de propuestas, insuficiente voluntad de experimentar y tomar riesgos en nuevas direcciones. Similarmente, en el INFOP las modificaciones en los programas y servicios son tímidos en comparación con la

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agresividad de los cambios en el entorno. Algunos ejemplos: estimulo a algunas empresas a crear sus propios centros de capacitación, contratación de servicios privados de capacitación, organización de grupos de empresas para definir modificaciones a ciertos programas de formación. Tanto el sector de los trabajadores como el de los empresarios perciben que a lo largo de su vida institucional el INFOP debió haber introducido más cambios, por ello, probablemente las modificaciones actuales parecen leves en relación con el cúmulo de expectativas de los beneficiarios. Demandan cambios más profundos y ágiles que muestren impacto evidente en el mejoramiento de los programas y servicios. b) Visión de Futuro En el INFOP no ha existido tradición en cuanto a formular visión de futuro, la gestión institucional se ha realizado usualmente por períodos de un año. Ejercicios de formular visiones más allá de ese plazo probablemente se han circunscrito a personas o unidades, no a la totalidad institucional. En general, el personal no tiene idea clara del futuro del Instituto o de la formación profesional a nivel nacional, concentra su pensamiento en lo inmediato de su puesto de trabajo, o a lo sumo en la unidad a la que pertenece. Visiones de este tipo usualmente se asocian a las necesidades de crecer en espacio físico, en personal, o a renovar el equipamiento para mejorar la capacidad instalada. Actualmente, como parte de un plan estratégico, se ha incluido un texto sobre la visión y misión institucionales, el que refleja la aspiración de que el INFOP se convierta en institución líder en materia de formación de recursos humanos. Esta visión, aun perfilándose, no es conocida ni compartida por la mayoría del personal. El Consejo Directivo si la conoce y está de acuerdo con ella, aunque el sector empresarial duda que se pueda concretar, pues con los cambios de gobierno se abandonan estos procesos, antes de su conclusión, para iniciar otros. Sobre la visión que se tiene acerca de la Institucionalidad de la formación y educación en el futuro, la mayor parte del personal conserva la concepción tradicional de que el INFOP es un organismo ejecutor de formación profesional. El personal mejor informado está clarificando la visión del INFOP como un ente rector nacional. Está ultima visión aun no ha sido socializada al interior de la institución, por lo que el personal podría no estar comprendiendo las implicaciones que el asumir un nuevo rol tiene para todos. Parte de esta nueva visión es considerar al INFOP como el centro de un sistema que orienta, dirige y emite normas de actuación y que controla el quehacer de otras instituciones concentradas en su papel de ejecutores. De acuerdo con esta visión muchas de las funciones que tradicionalmente el INFOP ha venido realizando serían delegadas a entidades con mejores condiciones de ejecutarlas, se buscaría, además, descentralizar a nivel departamental y municipal algunas responsabilidades para concentrarse en el papel rector y para estimular la participación de otros sectores de la sociedad.

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En cuanto a las previsiones se han establecido acerca de las políticas y prioridades en el futuro, algunas acciones en este sentido son: �� Se está realizando un estudio de impacto y demanda que servirá para definir políticas y

prioridades. �� Se está socializando la propuesta del SINAFOP, la que en su etapa final generará

nuevas ideas. �� Se está introduciendo la institución al proceso de planeación estratégica. �� Se propician mayores acercamientos con el sector empresarial. c) Correspondencia entre oferta y demanda Se consultó acerca del grado de conocimiento se tiene acerca de la demanda actual y futura de formación profesional y cómo se conoce la demanda. En este sentido se respondió que las necesidades de formación profesional son investigadas por el INFOP mediante el método clásico de aplicar encuestas a una muestra de las empresas del país. El más reciente estudio de este tipo se realizó en 1994, estando previsto efectuar el próximo durante el año 2000. El conocimiento que se tiene de la demanda actual es aproximado y de la futura es un tanto intuitivo. Se percibe la necesidad de complementar el método utilizado con un sistema de información que se actualice continuamente mediante: estudios de empleo, análisis de evolución de la PEA, evaluaciones de impacto, encuestas de interés de los trabajadores y público en general, análisis de políticas y estrategias del sector, encuestas de opinión del sector empresarial, u otros medios que permitan un conocimiento más completo y confiable de la dinámica demanda de educación, formación y capacitación. Los representantes de los trabajadores y de los empresarios concuerdan en que el alejamiento que el INFOP mantuvo con estos sectores no le permitió tener un conocimiento completo y objetivo sobre sus necesidades y prioridades, y que debido a ello muchas de las acciones realizadas solo sirvieron para demostrar cumplimiento de metas institucionales. El INFOP ha respondido muy lentamente a las reales necesidades, esta falta de agilidad ha incidido en que se hayan acumulado muchas demandas al punto que ahora es difícil cumplirlas. Por otra parte, se indicó que el INFOP no tiene un conocimiento propio y confiable de la situación del trabajo y empleo en el país, cuando se necesita algún dato se acude al Ministerio de Trabajo u otra fuente de información. Se tiene el conocimiento general que ésta es una situación problemática en el país y que el INFOP debería tener alguna participación en su solución, sin embargo no se cuenta con mecanismos para estudiarlo detenidamente y derivar decisiones que fortalezcan la función de la formación profesional como un factor contribuyente a su solución. El representante de los trabajadores coincide en que este es un aspecto casi desconocido por el INFOP y que para la sobrevivencia y éxito institucional es vital desarrollar habilidades en

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este campo. El representante de los empresarios enfatiza en que el INFOP debería adentrarse en este aspecto, con una adecuada coordinación con el Ministerio del Trabajo. Acerca de los estudios que ha realizado el INFOP para conocer la oferta de formación, educación y capacitación en Honduras, la oferta de educación, formación y capacitación dentro del subsistema no formal es muy amplia y dispersa en el país, amerita estudios de fondo. Otras instituciones han realizado estudios para satisfacer sus propios intereses, los que aun son parciales o incompletos. El INFOP no ha incursionado en este campo, solamente tiene conocimiento sobre los recientemente incorporados Centros Colaboradores. En cuanto a la percepción de los funcionarios del INFOP acerca de la opinión de los empresarios y trabajadores sobre la correspondencia de la oferta con la demanda, la opinión de los funcionarios del INFOP entrevistados es reveladora de dos percepciones diferentes: un sector considera que actualmente la opinión de los trabajadores y empresarios es bastante favorable, en tanto que otro percibe que el Instituto no satisface las expectativas, excepto en algunos campos que no son los de mayor impacto para el desarrollo del país. La primera percepción se fundamenta en que la imagen pública del INFOP ha mejorado recientemente como resultado de una más efectiva estrategia de relaciones públicas y que los empresarios comprenden que no es posible que el INFOP pueda dar satisfacción plena a las necesidades. La percepción del otro sector es que la mediana y gran empresa no encuentra en la oferta del INFOP la respuesta exacta a sus necesidades, que el sector informal, de la micro y pequeña empresa se siente respaldado por el INFOP, pero que el impacto aquí es débil por el estancamiento y recesión económica padecidos por este sector. Los representantes de los trabajadores y de los empresarios concuerdan en considerar que para ambos sectores de beneficiarios las acciones del INFOP no satisfacen sus expectativas, que los servicios proporcionados se quedan cortos en comparación con los gastos institucionales y con el volumen de las necesidades. Al consultarse sobre cómo se autoevalua dentro del INFOP la vinculación de su oferta con la demanda de formación y de qué manera se procura mejorar la articulación oferta-demanda, algunas personas entrevistadas opinan que la vinculación entre oferta y demanda es mínima, debido a que: �� Muchos de los programas ofrecidos tienen contenidos obsoletos. �� La oferta es cuantitativamente limitada frente al volumen de la demanda. �� La tecnología institucionalmente disponible es muy inferior a la que están incorporando

las empresas. �� El conocimiento sobre la demanda actual y futura es insuficiente. �� La oferta nacional de educación, formación y capacitación es muy dispersa y no se

realizan suficientes esfuerzos para integrarla.

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Otros entrevistados opinan que el INFOP tiene condiciones favorables para que su oferta de formación guarde mayor correspondencia con la demanda, pero que no se está logrando la articulación necesaria. Consideran que se tendrían que mejorar aspectos como los siguientes: �� Intensificar la adopción de la formación basada en competencias. �� Invertir en nuevos programas y sistemas orientados específicamente a sectores de

demanda puntual y que son clave para generar empleo e incentivar la producción. �� Intensificar y acelerar la integración del Sistema Nacional de Formación Profesional. �� Desarrollar programas masivos con estrategias y métodos de formación profesional

acelerada para el sector informal de la economía. �� Crear programas especiales para sectores especiales de población (jóvenes, mujeres,

etnias, etc.). �� Incrementar la contratación de servicios privados para brindar formación especializada

en campos que el Instituto no domina. �� Adoptar una nueva estrategia de formación que comience con la definición de

estándares profesionales por ocupación y que se ejecuten los programas en cumplimiento de estos.

Se están realizando diversos esfuerzos institucionales para mejorar la vinculación, por ejemplo: actualización de los currículos de cierta áreas, mejora de las relaciones con las empresas, apoyo a algunas empresas para crear sus propios mecanismos de capacitación, transformación de los programas de desarrollo empresarial. Con respecto a la prioridad con que se atiende a los grupos especiales de población: mujeres, jóvenes, indígenas, discapacitados u otros, se señaló que no existe una prioridad especial para la atención a estos grupos, se les atiende con los programas regulares, tratando de ajustarlos en el momento en que se presenta la demanda específica. Se procura facilitarles acceso a los programas regulares de la institución. Sobre la importancia que se le asigna al sector informal de la economía, aun cuando se le considera un sector muy importante debido a su tamaño y al crecimiento que está experimentando actualmente, no se dispone de una política que explícitamente le asigne una prioridad especial. Se estima que una gran parte de las acciones del INFOP benefician a este sector, pero se desconoce qué incidencia se tiene sobre él. Además de los programas regulares, dentro de los cuales este sector también obtiene provecho, se ha iniciado la ejecución de un programa de Centros Populares que atiende a población de algunos barrios marginados de Tegucigalpa y San Pedro Sula. A consecuencia del Huracán Mitch, este sector se ha incrementado, por ello se le está prestando mayor atención. Para el representante de los trabajadores este sector debería recibir la prioridad número uno, puesto que su desproporcionado crecimiento augura consecuencias difíciles de controlar en el futuro de Honduras. El representante de los empresarios está de acuerdo en que este es un sector al que debe prestarse mucha atención, sin que ello signifique olvidarse de los servicios que debe prestarse a las empresas. Es necesario encontrar nuevas estrategias en que se atiendan ambas demandas, evitando sacrificar niguna.

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Por otra parte, tampoco hay énfasis definidos para atender a los distintos estratos de la pirámide empresarial del país. Se atiende con mayor prontitud a las empresas aportantes (mediana y grande), aunque se estima que el grueso de las acciones va hacia las micro y pequeñas por ser más numerosas. Lo deseable, según el representante de los trabajadores, es que las prioridades se concentraran en la base de la pirámide y que disminuyeran en la medida en que se acerca a la cúspide, dado que la gran empresa tiene recursos para atender sus propias necesidades de capacitación. Acerca de la prioridad que el INFOP le asigna al problema del empleo, no se le atiende como un problema de especial prioridad, pues se considera que la institución más especializada en su tratamiento es el Ministerio de Trabajo. Probablemente por ello, se desconoce su magnitud y la forma en que evoluciona. Sobre este tema, lo que se procura es que los egresados, particularmente los del modo aprendizaje, logren colocación y darle seguimiento a su desempeño en el puesto. Ocasionalmente se apoya a las empresas a encontrar mano de obra para algunos proyectos especiales cuando estas solicitan la intervención institucional. Parte del personal ejecutivo entrevistado considera que ya es necesario que el INFOP tenga un servicio de apoyo al problema del empleo o que sea parte activa de uno ya creado, puesto que el Ministerio del Trabajo es muy débil en esta función. Sobre el grado de prioridad deberían asignar otras instituciones a los problemas de empleo, formación y marginalidad de la población hondureña, recientemente se ha comenzado a tomar conciencia acerca de la necesidad de mayor coordinación y comunicación entre las instituciones involucradas en este tipo de problemas y necesidades. Se establecen convenios con OPDs, instituciones gubernamentales, universidades y otro tipo de organizaciones en procura de aplicar abordajes conjuntos a situaciones complejas que requieren de un tratamiento integral. d) Políticas Nacionales sobre Formación de Recursos Humanos Se consultó la opinión acerca de la formulación de políticas nacionales sobre formación, educación técnica y capacitación en Honduras, si son adecuadas, existen vacíos, se les da seguimiento, etc. Las respuestas obtenidas fueron que la la formulación de políticas nacionales en estos campos ha sido tradicionalmente errática o inexistente. Las instituciones formulan anualmente políticas para orientar su propio accionar, sin rebasar su ámbito de gestión. Este tipo de políticas, aun cuando podrían trascender dependiendo de su vigencia, cambian con cada renovación de las autoridades gubernamentales, interrumpiéndose su aplicación y debilitándose su sostenibilidad. Los intentos del pasado en cuanto a la formulación de políticas nacionales han concluido sin mayor impacto porque cada institución sigue su quehacer rutinario, independientemente del contenido de la política y del esfuerzo de consenso que se aplicó para su formulación.

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Hay vacíos evidentes en cuanto a: �� Un rumbo o dirección única que deben tomar las instituciones y sectores involucrados

en la formación de recursos humanos. �� Los necesarios consensos sobre los énfasis o prioridades. �� Las principales estrategias y metodologías en procura de aproximarse a formas de

ejecución más armónicas. �� El papel de la cooperación externa. �� Los medios de integración de las distintas formas de educación, formación y

capacitación. �� La articulación de estos tres elementos con los esfuerzos nacionales de desarrollo. Acerca de la función que cumplen los empresarios y trabajadores en cuanto a la formulación de políticas nacionales de este tipo, con sus planteamientos representativos de sus propios intereses, los empresarios y trabajadores influyen en la formulación de políticas institucionales, especialmente sobre el INFOP, no así sobre otros sectores de educación directamente dependientes de decisiones gubernamentales. Cuando en el reciente pasado se han realizado procesos de formulación de políticas nacionales, estos sectores han tenido una participación activa. Las centrales de trabajadores han presentado propuestas en el pasado, sin embargo la adopción de estas por las instituciones gubernamentales ha sido muy tímida. Los empresarios también han sugerido ideas de políticas, pero han visto que no se le da seguimiento a su cumplimiento. Sobre la manera se pueden mejorar los procesos de formulación de políticas, las principales ideas expuestas fueron: �� Integrar en sistemas los esfuerzos dispersos de educación técnica, formación

profesional, educación de adultos y capacitación para emitir políticas conjuntas con visión nacional, no institucional.

�� Que el INFOP aproveche la potestad que su propia ley le otorga para emitir políticas de carácter y aplicabilidad nacional, es decir que involucren todas las instituciones con similar misión.

�� Realizar procesos de consulta específicamente orientados a la identificación de los temas centrales de las políticas y eventos ampliamente participativos de formulación de las políticas.

�� Crear mecanismos de seguimiento y control a la aplicación de las políticas. �� Divulgación amplia de las políticas formuladas y apoyo a las instituciones involucradas

para su apropiada interpretación y aplicación. Referente a los aspectos en que deberían enfatizar las políticas nacionales referidas a la formación de los recursos humanos, se expresó que son necesarias: �� Una visión de futuro compartida y asociada al ideal de sociedad de la población. �� Integración sistémica de las instituciones, sectores y esfuerzos dispersos.

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�� Mejora del aprovechamiento de la cooperación externa y de los recursos nacionales. �� Formación del hondureño con un nuevo perfil, acorde las expectativas de la sociedad

entera y con los nuevos escenarios. �� Elevación del nivel de educación básica y, sobre este, la capacidad de competencia

profesional del trabajador. �� Ataque a la pobreza y marginalidad social. �� Nuevo impulso al desarrollo estimulando la producción agrícola, la transformación

agroindustrial, y el turismo. En cuanto al grado de importancia debería tener la coordinación interinstitucional dentro de las políticas nacionales de formación de recursos humanos, se indicó que en consideración del irracional uso de los recursos por duplicidad de esfuerzos, la coordinación interinstitucional debería considerarse como una dimensión de especial importancia dentro de las políticas nacionales. El concepto de coordinación debería ir más allá de la mecánica vinculación para ejecutar procesos coyunturalmente útiles para los intereses institucionales, y acercarse a la integración en sistemas permanentes. Con respecto a la opinión acerca de la capacidad del sector publico y del INFOP para rectorar la educación, formación y capacitación, se indicó que el sector gubernamental no tiene suficiente credibilidad para ejercer una efectiva función rectora en los temas de educación y formación. La sociedad civil ha crecido rebasando el ámbito de autoridad de las entidades de gobierno, los oferentes de educación y formación se han multiplicado y diversificado, y el público en general manifiesta con mayor insistencia sus necesidades e intereses. El INFOP, por su constitución tripartita y por los recursos que recibe, tiene condiciones para cumplir la función rectora que la ley le atribuye, sin embargo toda su vida institucional ha estado dedicada a la tarea de ejecución, lo que le ha rezagado en el desarrollo de las capacidades inherentes y en la creación de los mecanismos básicos al ejercicio de esa responsabilidad. Por otra parte, han habido varias iniciativas tendientes a la integración de un “Sistema Nacional de Formación Profesional”, que surgió en ese país como resultado de la ejecución del “Proyecto de Educación para el Trabajo” (POCET), patrocinado por la OIT, el Gobierno de Honduras y el Gobierno de los Países Bajos), ejecutado por la Secretaría de Educación Pública y el INFOP. De acuerdo con el estudio: "Evaluación de la Fuerza Laboral en Honduras", financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID), para mediados de los años 90, la situación actual del mercado laboral hondureño indicaba la existencia de una marcada brecha que separa a los trabajadores en dos grupos bien definidos. Por un lado, se encuentra una mayoría de los trabajadores quienes posee escasa instrucción y con pocas diferencias salariales según la función desempeñada. Dentro de este grupo, la capacitación de un obrero no se traduce automáticamente en un salario más alto, por lo cual se elimina el incentivo personal para que el obrero desee adquirir nuevas aptitudes. De ahí que en el mercado la demanda de capacitación sea restringida.

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Por su parte, los empleadores siguen prefiriendo los métodos de producción y servicios basados en el uso extensivo de mano de obra barata, aprovechando la ventaja de los salarios comparativamente más bajos que en el resto de la región, mientras al mismo tiempo critican la falta de aptitudes y de ética de trabajo en el obrero. Los empleadores no crean una fuerte demanda de aptitudes técnicas en el mercado. Por encima de cierto nivel básico de instrucción y capacitación (educación secundaria y luego enseñanza técnica especializada), el mercado laboral comienza a funcionar de manera más clásica; es decir, permitiendo que el trabajador mejore su situación y sus ingresos cuando adquiere nuevas aptitudes. Los empleadores rápidamente contratan a dichas personas y les pagan en consonancia. La brecha que separa a esos trabajadores de la gran masa de mano de obra no calificada es considerable. Por consiguiente, el factor crítico sigue siendo la situación en que se encuentra la educación básica en Honduras. En este sentido cabe preguntarse hasta qué punto es posible capacitar al trabajador, si se cuenta o no con recursos adecuados de enseñanza técnica, como también la demanda de este tipo de enseñanza por parte de los empresarios y los trabajadores. Hasta el presente, pese al aumento considerable en la inscripción de estudiantes en los programas de enseñanza técnica, no se observan esfuerzos significativos por aumentar la oferta de tales programas a fin de satisfacer los requerimientos del mercado laboral. 1. Pertinencia de la capacitación para el trabajo a) Opinión acerca del estado de la capacitación para el trabajo en Honduras y

recomendaciones para mejorar la calidad y cobertura Se percibe como de regular a baja, por su baja cobertura, su rigidez y por no corresponder con la demanda. Las recomendaciones externadas son trabajar en forma coordinada con el INFOP en programas eficientes y actualizados, fomentar metodologías de enseñanza no presencial y modernizar los currícula. b) Fortalezas y debilidades percibidas en la capacitación para el trabajo i) Fortalezas: se identifica la capacidad instalada que brinda el INFOP en términos de

recursos humanos capacitados, infraestructura, maquinaria, equipo y una oferta definida de formación.

ii) Debilidades: está la injerencia política, la oferta limitada y la falta de focalización y

coordinación institucional, aspectos que limitan el "deber ser" de la institución de formación.

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2. Pertinencia de la Formación Profesional a) Opinión acerca del estado de la formación profesional en Honduras, recomendaciones

para mejorar la calidad y cobertura de la formación profesional ante las condiciones que enfrenta el sector informal del país y fortalezas y debilidades percibidas

De igual forma que con la capacitación profesional, se recomienda despolitizar al INFOP, actualizar sus currículos y brindar capacitación para el sector informal. i) Fortalezas: se identifican las mismas que para la capacitación para el trabajo, sumada

la anuencia del sector privado y el de trabajadores por participar en el mejoramiento de la calidad formativa

ii) Debilidades: las mismas de la capacitación para el trabajo, enfatizando siempre la politización del INFOP.

b) Opinión sobre la formación profesional para ocupaciones semicalificados en su país y

recomendaciones para mejorar la calidad y cobertura de las mismas Se califica como de regular a baja, ya que a pesar de que los estratos que le corresponde son atendidos, la calidad de la formación es baja y el perfil de entrada muy exigente, porque para ingresar hay que tener el sexto año aprobado. En cuanto a las recomendaciones, no difieren mucho de la capacitación para el trabajo, pero se sugiere hacer énfasis en la elaboración de programas de formación y capacitación, atendiendo las necesidades de la demanda y además, buscar mayores recursos económicos. c) Opinión acerca de la formación profesional para ocupaciones calificadas en su país y

recomendaciones para mejorar la calidad y cobertura La opinión es que es buena, porque se le identifica con la labor de las universidades públicas y privadas, pero se sugiere captar más recursos para mejorar su gestión e involucrar al INFOP en sus programas de formación. 3. Legislación vigente acerca de las competencias de las instituciones estatales para

formular, definir e impulsar políticas sobre la capacitación para el trabajo y la formación profesional

La legislación vigente es clara, ya que señala por medio de la Ley de Educación del INFOP y Ley de Educación Alternativa no Formal, las competencias de las Instituciones encargadas de aplicarlas, dándole al INFOP la rectoría de la formación profesional y consecuentemente, la responsabilidad del diseño y ejecución de políticas de capacitación y formación.

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a) Cambios necesarios en la legislación para fortalecer las competencias institucionales en materia de formulación de políticas sobre la capacitación para el trabajo y formación profesional

Se proponen mecanismos de participación para los actores involucrados y una mayor articulación entre las organizaciones vinculadas a la capacitación para el trabajo y la formación profesional. b) Cambios en la asignación de las competencias de las instituciones en lo concerniente a

la capacitación para el trabajo y la formación profesional Para el presidente del COHEP no han habido cambios, pero para los demás entrevistados si, sobre todo el trabajo que realizan muchas ONG, quienes brindan procesos de formación. Por otro lado, se cuenta con la Ley de Educación Alternativa no Formal, que a nivel legal representa un cambio importante. 4. Viabilidad para la constitución y funcionamiento de una instancia rectora

supraministerial Esta propuesta es muy bien valorada por los entrevistados, aspecto que según ellos debe ser consultado en el Foro Nacional de Convergencia. Incluso, para el gerente del COHEP es necesaria una instancia tripartita privada y que no sea el Estado quien dirija el proceso de formación y por otro lado, los funcionarios de la Secretaría del Trabajo. El otro estudio de Battle et al. (1994) citado en el Estudio Sectorial de Plan Decenal de educación y Desarrollo, sobre la demanda y oferta actual y futura de recursos humanos calificados se plantea en qué medida el mercado laboral está demandando mayores inversiones en capital humano. En análisis señala que entre 1989 y 1992 hubo mayores tasas de incremento de las personas con niveles superiores de educación que las de las de aquellas con niveles bajos, lo cual no quiere decir que la demanda de fuerza laboral se está inclinando hacia trabajadores con mayores niveles de educación. Dichos cambios pueden deberse más bien al efecto de variaciones en la oferta. Por tal razón los autores del estudio optaron por considerar como el mejor indicador de la demanda con respecto a determinado nivel de capacitación o educación, los precios del trabajo. Los autores presentan un análisis de los ingresos mensuales, según el nivel de educación para el período mencionado. Los resultados muestran un deterioro general de la remuneración del trabajo masculino, donde la peor parte la llevan los trabajadores con el más bajo nivel. En el caso de las mujeres, se registra una aumento de la remuneración de trabajadores con niveles educativos bajos. Se observa también un deterioro del ingreso de las personas con educación universitaria completa. El estudio concluye que la economía hondureña en general ha producido menos demanda en relación con la oferta de personas de mayor nivel educacional o que la calidad de la educación es discutible (Estudio sectorial, 1997, pp. 195). El que se vieran favorecidos los ingresos de las mujeres de bajo nivel educativo tiene clara relación con el aumento del empleo en las maquilas. Los autores hacen la salvedad de que no debe

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pensarse que los niveles superiores de educación no son gratificados, puesto que los datos muestran que los ingresos aumentan junto con la educación. De acuerdo con el Estudio Sectorial, al analizar el período 1990-96, se tiene un comportamiento similar al reseñado anteriormente, es decir, que los trabajadores con jornada compelta con bajo nivel educativo aumentaron menos que aquellos con niveles educativos más altos. Los trabajadores sin ningún nivel educativo o analfabetas disminuyeron en el período aproximadamente un 6%. Las personas del siguiente nivel (primaria incompleta) aumentaron en un 10%, las de primaria completa en un 61%, las de secundaria y técnica incompletas en un 69%, las de secundaria y técnica completa, 61% y las de educación superior, 108%. También las mujeres exhiben en términos relativos, un mayor nivel de escolaridad que los hombres. En 1996, el porcentaje de mujeres con nivel de secundaria o superior era del 37%, mientras que el de los hombres alcanzaba el 22%. A pesar de esto, existe una considerable diferencia entre los ingresos de las mujeres y de los hombres en todos los niveles. Se observa una tendencia marcada de la PEA a aumentar su nivel de escolaridad, indicador indirecto de un aumento creciente de la demanda de educación formal de parte de los trabajadores a la que el sistema educativo ha estado respondiendo. Al utilizar el índicador de Edwards y Todaro para analizar el cambio en el nivel educativo de los desempleados y subempleados en el período, la oferta excede efectivamente a lo que puede absorber el mercado de trabajo. En efecto, la escolaridad promedio de la población desocupada (aproximadamente 7 años entre 1990 y 1996) es mucho más alta que la de la PEA ocupada (5.3 años en 1996). En el caso de la PEA subocupada22, el promedio de escolaridad es de tres años. Por otro lado, el estudio menciona que cabe pensar que la política deliberada para bajar el precio de la fuerza de trabajo del país en términos de dólares (devaluación controlada) con el objetivo de atraer la inversión extranjera, provocó la reducción del poder adquisitivo de los salarios, efecto nada extraño en una economía altamente dependiente de las exportaciones. Sin embargo, recalca que lo anterior no significa que los logros educativos dejen de considerarse importantes en la remuneración del trabajador. Por el contrario, al analizar las diferencias salariales según los niveles de escolaridad en un año determinado, se observa que los ingresos aumentan con cada nivel de educación conquistado por los ocupados. A este respecto, se cita que un trabajador masculino ocupado con educación primaria completa tiene un ingreso superior en 150% al de otro sin educación formal. Esta diferencia es del 163% en el caso de las trabajadoras. Esto indica que la inversión en la educación primaria tiene altos retornos privados. Se puede suponer que la tasa de retorno social también

22 Recuérdese que la PEA desocupada incluye a personas que están ejerciendo presión sobre el mercado de trabajo, se trata principalmente de personas buscando empleo por primera vez y de los cesantes. En el csao de la PEA subocupada se trata, por lo general, de personas con un bajo nivel educativo y que no están en condiciones de encontrar un puesto de trabajo, por lo que terminan autoempleándose o aceptando jornadas de corta duración.

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es elevada para este nivel, porque los costos del Estado por alumno son mucho más bajos que para los siguientes niveles. La diferencia entre la educación primaria completa y la media incompleta no es alta (37% en los hombres y 6% en las mujeres), necesitándose terminar la educación media para lograr dar un importante salto salarial en relación al obtenido en la primaria. Para el nivel superior los ingresos resultan comparativamente altos. Esto significa que para una persona la educación superior es altamente rentable y baja en costos, aunque para la sociedad el costo sea elevado (y su rentabilidad poco conocida). Esto justificaría la mayor participación en los costos del nivel superior por parte de los estudiantes o sus familias.

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C. La Secretaría de Educación De acuerdo con diagnóstico incluido en el documento: "Educación y Desarrollo. Estudio Sectorial del Plan Decenal" de la Secretaría de Educación y la Escuela Morazánica, publicado en 1997. El énfasis de las políticas públicas debe estar centrado en el aumento de la inversión para el mejoramiento de la calidad de la educación. Durante 1996, la cobertura total de la educación media fue de apenas el 35%. La matrícula fue atendida en 818 centros educativos, de los cuales 364 son oficiales, 32 semioficiales y 422 privados, lo cual es un indicativo de que dicho nivel es altamente excluyente. En total se impartieron 54 modalidades de estudio, entre ellas 7 se ubican en el ciclo común. Esto representa una oferta exagerada de cursos específicos, desde el punto de vista de la eficiencia y de la pedagogía. Al analizar las modalidades de estudio del ciclo diversificado, se impartieron cinco ofertas diferentes para secretarias, por ejemplo "secretaria en computación", generándose dudas sobre el sentido que tiene en esta carrera tal diversidad, especialmente cuando no se concibe actualmente una secretaria eficiente sin conocimientos de computación. Se impartieron 35 modalidades de bachillerato en temas tan especializados como "control de calidad". En algunas solamente hay unos pocos graduados al año. Se puede suponer que en estas escuelas no existe el equipo y las máquinas mínimas para la enseñanza práctica, con lo cual no puede garantizarse un mínimo de calidad y existen dudas sobre si los graduados en realidad encuentran empleo en su especialización. El número de modalidades debería reducirse a la mitad o menos. Al mismo tiempo debe evaluarse el grado de vinculación de estas especialidades con las posibilidades de continuar estudios universitarios. En el ciclo diversificado existe gran variedad de instituciones de formación de recursos humanos. Sin embargo, dichas instituciones difícilmente satisfacen la demanda cuantitativa y cualitativa del sector productivo. Las instituciones más numerosas del ciclo diversificado de la enseñanza técnica son los institutos de educación técnica que se clasifican en polivalentes, técnicos, agrícolas, de comercio y servicios. En 1993 existían 15 institutos técnicos en el sector agropecuario (20-30 egresados al año), 17 institutos técnico industriales (800-900 graduados por año) y 189 institutos comerciales en las ramas de secretariado, perito mercantil y bachilleratos en administración de empresas, cooperativismo y mercadotecnia (aproximadamente 15.000 graduados por año) y con una duración efectiva de 4 a 5 años en lugar de 3. El informe señala en síntesis, que existen problemas cuantitativos relacionados con una sobrepoducción de maestros de educación primaria y peritos mercantiles y, al mismo tiempo con una insuficiente producción de técnicos para el sector productivo. El hecho más preocupante es la deficiente calidad de la formación de recursos humanos a nivel medio. Aunque la Secretaría de Educación en cooperación con la UPN hizo grandes esfuerzos en la

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profesionalización de los docentes, continúa vivo cierto grado de empirismo. Los planes y programas de estudio no son adecuados para las necesidades del mercado laboral y el nivel científico no responde a la demanda del sector productivo (Estudio Sectorial, tomo II, pp. 212). Una sugerencia para el ciclo diversificado podrá ser que a corto y mediano plazo no se invierta mucho en la ampliación de la cobertura de los colegios técnicos, sino que concentren esfuerzos en el mejoramiento de la calidad educativa. Para proveer modelos de colegios de calidad, se podrían convertir algunos de los institutos existentes en centros de excelencia con equipo moderno, un currículum y materiales adecuados y docentes de alta calidad y rendimiento. Al mismo tiempo, se necesitaría investigar cómo aumentar la oferta del INFOP, del CADERH y de las ONG que colaboran con esta última institución. Se considera que tal vez lo más importante es la creación de posibilidades de educación vocacional en el propio puesto de trabajo. Hasta el momento existen pocas posibilidades para que los aprendices en las empresas privadas y estatales puedan mejorar sus conocimientos básicos, logrando conocimientos y destrezas prácticas y más especializadas. En conclusión, la educación vocacional satisface las necesidades de educación de apenas el 6% de los desempleados y subempleados de la fuerza laboral actual. Si el sistema educativo y de capacitación vocacional permanece bajo las condiciones actuales, solamente el 1.3% de la población adulta tendrá acceso a la educación vocacional en el año 2000, constituyéndose en uno de los obstáculos más poderosos que puede impedir la integración de los sectores de bajos ingresos y los menos educados en una economía de mercado. Para lograr el mejoramiento de la calidad que requiere la educación secundaria, es necesario "reordenar el menú" de opciones educativas ofrecidas a los jóvenes. Las investigaciones y las tendencias identificadas en el mercado de trabajo indican que lo más recomendable es instituir un contenido de formación general, sin que esto sea malentendido como sinónimo de abstracto, carente de aplicación práctica. Las inversiones estatales continuarán siendo importantes en este nivel, especialmente porque se considera fundamental en la elevación del nivel del recurso humano nacional, pero el mantenimiento de la calidad exigirá pensar en modalidades de contribución financiera del estudiante (sin menoscabo del apoyo a los que tienen menos recursos y demuestren potencial de aprovechamiento) que se inscriba en los centros públicos de enseñanza). Respecto a los centros privados, se requerirá reordenar su oferta y adecuarla a la nueva orientación de formación general de alta calidad. Si en el nivel superior se llegara a instituir un sistema más riguroso de ingreso (los exámenes de admisión por ejemplo), ello se convertiría en un aliciente para la competencia entre los centros educativos privados (y públicos) por demostrar calidad. En cuanto a la educación vocacional, de naturaleza más especializada, lo más racional sería involucrar al sector empresarial en el esfuerzo para crear programas especiales de entrenamiento en el trabajo o en escuelas especiales, no muy alejadas de la actividad productiva. En ello tendrán un papel destacado el INFOP y CADERH, junto con las ONG como coordinadores y sistematizadores de dicha modalidad educativa.

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1. Planes y proyectos a) Innovaciones en la educación media La innovación más importante ha sido la de preparar teórica, técnica y científicamente a los institutos vocacionales en la áreas de su competencia, a fin de incrementar la produción y la productividad bajo el principio de la autosostenibilidad por medio de la autogestión. Uno de los proyectos que apoya esta innovación es el de la Producción en Colegios Vocacionales, iniciado en 1995 con el financiamiento del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y dirigido básicamente a la educación para la producción, en cuanto se plantea como objetivos: Generar producción en los institutos técnicos del área industrial y de servicio administrativo, comercializar los ártículos y bienes producidos en los institutos beneficiarios y fortalecer los centros educativos por medio del equipamiento, construcción, dotación de insumos y capacitación del personal técnico y docente laborante en los mismos. El proyecto se desarrolla en 13 institutos y con una cobertura de 4.000 estudiantes. Por su naturaleza, vincula al educando con la realidad regional y nacional. Se integra la educación técnica a la producción, elevando la capacidad productiva y formativa de los colegios. Un proyecto similar al referido es de las Empresas Estudiantiles desarrollado por el Instituto Técnico de Administración de Empresas de Tegucigalpa. Este se inicia en 1988 con el objetivo de promover y fomentar el espíritu y la visión empresarial de los estudiantes. En el proceso de constitución de una empresa estudiantil, se dan tres fases: la idea de empresa (primer año); el mercado (segundo año); y el desarrollo de la empresa estudiantil (tercer año). En este proceso interviene la dirección del Instituto, los padres de familia y los estudiantes-socios, y se formaliza o concreta mediante la firma de un acta de constitución y el aporte de un capital inicial. Una empresa puede estar constituida por entre 4 y 14 miembros. Es importante destacar la existencia de mecanismos de supervisión y la responsabilidad exclusiva de los socios y la junta directiva en la toma de decisiones. El Instituto solamente proporciona el seguimiento y la asesoría. Al finalizar sus actividades anuales, en el mes de octubre, se invita nuevamente a los padres de familia, socios y la dirección para firmar un acta de cierre de la empresa. En esta ocuación se le hace entrega a los padres de familia de la inversión inicial y las utilidades obtenidas durante la gestión de la empresa. Estas empresas compiten y dan su servicio a nivel local y nacional. Es preocupación de la institución brindar un servicio de calidad y productos que reúnan las condiciones higiénicas apropiadas. Las empresas son vendidas a personas ajenas a la institución, pero si uno de los socios la quiere comprar, también se le vende; esa es una responsabilidad de los socios de la empresa. El 40% de las empresas ha quedado en manos de los estudiantes y son empresas que se han mantenido en el mercado nacional. Para el año 1997 se organizaron 12 empresas estudiantiles: comercializadoras de productos: papel, miel, granos

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básicos, ventas de pollo, servicios de empleo, turismo, bienes y raíces, bancos, financieras, productoras de envasados, alquiler de sillas y otros servicios.

En los últimos años, una variedad de iniciativas se ha venido desarrollando en pro del mejoramiento del sistema educativo hondureño, con apoyo de la cooperación internacional. Tales iniciativas se enmarcan en los lineamientos de la Escuela Morazánica, planteamiento teórico de la política educativa nacional, divulgado por la Secretaría de Educación en 1994. El modelo define la calidad de la educación como el eje de todo el proceso educativo, elemento integrador de las diferentes acciones y criterio de evaluación de los resultados. Asimismo, enfatiza la idea de “educación para todos”. Se plantean las intenciones de desarrollar una educación integral; incrementar la cobertura del sistema educativo; orientar la educación en función de las demandas del desarrollo social, económico, político y cultural del país; fortalecer los valores cívicos y éticos y el respecto a los derechos humanos; poner en práctica mecanismos de convergencia y coordinación interinstitucional en el ámbito educativo. �� De acuerdo a la prioridad atribuida a la educación básica, el proyecto “Eficiencia de la

Educación Primaria”, desarrollado con apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - AID, objetivó incrementar la eficiencia, la calidad y el acceso a la escuela primaria. Actualmente, el Banco Mundial y el Banco de Reconstrucción Alemán - KfW financian el proyecto “Mejoramiento de la Calidad de la Educación Básica”, cuyo objetivo es mejorar la calidad de la educación primaria, a través de medidas técnico-pedagógicas, que incluyen la construcción de escuelas, la adquisición de libros escolares y de material didáctico, la capacitación de maestros y la introducción de la educación bilingüe.

�� En 1996, la Secretaría de Educación inició un programa piloto, destinado a ampliar la educación primaria de seis a nueve grados, absorbiendo el ciclo común de la enseñanza secundaria y conformando la educación básica, con el propósito de incrementar las oportunidades de acceso, principalmente en áreas rurales y urbano marginales. El programa prevee una expansión gradual de las escuelas primarias para absorber los tres grados adicionales.

�� En el ámbito del Programa de Modernización del Estado, se espera realizar la reorganización de la educación técnica de nivel medio, redefinir las atribuciones de la Secretaría de Educación e incrementar la participación del sector privado en la oferta de servicios

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Principios de la Escuela Morazánica �� Impulsar la transformación del Sistema Educativo Nacional, mediante el

establecimiento de un nuevo modelo pedagógico, en función de una sociedad más justa y más democrática y de un nuevo tipo de hondureño.

�� Orientar el nuevo modelo educativo de acuerdo al principio de una educación de calidad para todos. La calidad de la educación será el eje de todo el proceso educativo, el elemento integrador de las diferentes acciones y criterio fundamental de la evaluación de los resultados.

�� Orientar la educación en función del proceso de desarrollo humano, fortaleciendo la autoestima del hondureño, la formación integral del individuo y las potencialidades del ser nacional.

�� Orientar la educación hacia el fortalecimiento de la integración familiar, la convivencia democrática, la solidaridad humana y la disminución de las desigualdades propias de la sociedad hondureña.

�� Orientar la educación en función de las demandas del desarrollo social, económico, político y cultural del país, de las necesidades de la persona humana y del aprendizaje crítico, haciendo del alumno el centro de la acción docente.

�� Orientar la educación hacia el fortalecimiento de los valores cívicos y éticos, en función del desarrollo de la conciencia ciudadana.

�� Ampliar las posibilidades de incorporación de los alfabetizados a la vida productiva y al disfrute de los bienes de la cultura.

�� Fortalecer la conciencia de la necesidad de defender, preservar y respetar los derechos humanos, especialmente los de la niñez, la mujer y las minorías.

�� Dar cumplimiento a las obligaciones que se desprenden de los compromisos internacionales y nacionales suscritos en materia de educación.

�� Incrementar la cobertura del sistema educativo, sin menoscabo de la calidad, dando prioridad a la atención de las zonas rurales y urbano marginales y al nivel de educación básica.

�� Definir y poner en práctica procesos y mecanismos de convergencia con todos los sectores sociales vinculados con el que hacer educativo.

Fuente: Secretaría de Educación. Dirección General de Educación Continua. Educación para el trabajo, nº 5, mayo de 1997. Políticas educativas. Por Rosario Córdova Santos.

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Como consecuencia de los déficits educacionales acumulados, las políticas enfatizan la prioridad de desarrollar programas que se concentren en proveer de destrezas educativas y laborales básicas a la población joven, pobre, desocupada y analfabeta, o con educación primaria incompleta. El desarrollo de acciones masivas de alfabetización y nivelación escolar básica destinadas a amplios sectores de la población constituye evidente prioridad del Gobierno hondureño. �� En el marco de los lineamientos y de los esfuerzos de convergencia del modelo de la

“Escuela Morazánica”, se ha concebido el “Plan Nacional de Educación para el Desarrollo Productivo de Jóvenes y Adultos Ramón Rosa 1996-200123, que busca impulsar, a través de un conjunto orgánico de objetivos, políticas y estrategias, la satisfacción de las necesidades educativas de los sectores más deprimidos de la población joven y adulta hondureña, con el propósito de que logren su educación básica, vinculada al trabajo productivo. El plan comprende varias ofertas educativas, mediante la integración de varios ejes curriculares: la educación instrumental, la educación en y para el trabajo y la educación en valores y derechos humanos.

�� Como resultado de un esfuerzo de más de diez años, en 1996 se constituyó la Red Educativa Nacional de Jóvenes y Adultos - EDURED, conformada por instituciones gubernamentales y no gubernamentales dedicadas a la educación de adultos, como una instancia permanente de diálogo, concertación, convergencia, acuerdo, cooperación e integración y con el objetivo de promover la educación de adultos a nivel nacional. Entre los principios filosóficos que orientan las acciones de las instituciones organizadas en red están el enaltecimiento del trabajo como medio para mejorar la calidad de vida y la vinculación del proceso educativo con el proceso productivo24.

�� Del proyecto “Educación Básica y Capacitación Técnica”, que se lleva a cabo con apoyo de AID, hace parte el Programa EDUCATODOS, dedicado a personas que no tuvieron oportunidad de ingresar a la escuela primaria o que, habiendo ingresado, no pudieron terminarla. El Programa, basado en la actuación de facilitadores y de voluntarios, ofrece la posibilidad de cursar la educación primaria en tres años y el ciclo común de la secundaria en dos años adicionales.25

b) El concepto hondureño de "Educación para el Trabajo" “Con la expresión ‘educación para el trabajo’ no se está designando alguna categoría particular de educación, ni tampoco un nivel, como cuando se habla de educación primaria, de educación de adultos o de educación para la salud... Pueden destacarse dos connotaciones: la primera conlleva un llamado de atención hacia los fines mismos de toda educación, en cuanto debe preparar al ser humano para su actividad transformadora y productiva... En la segunda connotación, se está entendiendo como Educación para el Trabajo una metodología que, diseñada para los grupos humanos más pobres, viene ensayándose en

23 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. Dirección General de Educación Continua. Op. cit. 24 Idem, ibidem. Se consolida la red nacional de jóvenes y adultos de Honduras. 25 Idem., ibidem. La Secretaría de Educación propició capacitación a jóvenes y adultos con apoyo de Estados Unidos.

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Honduras ...”26 Así se expresan los autores de la síntesis de la experiencia del Proyecto de Educación para el Trabajo - POCET. Hace más de una década, la entonces Dirección General de Alfabetización y Educación de Adultos de la Secretaría de Educación formuló el Plan Nacional de la Educación de Adultos - PLANDEA 1987-200027, como una experiencia de carácter integral en ese tipo de educación. Su enfoque se orientó “a la satisfacción de las necesidades e intereses y a la resolución de los problemas de la población con necesidades educativas básicas no satisfechas, para contribuir a elevar los niveles de vida de las áreas urbano-marginales y rurales del país”. En su formulación, el Plan tomó en consideración la Recomendación 150 de la Organización Internacional del Trabajo - OIT y expresó como políticas las de integrar la educación de adultos con el trabajo productivo; estimular la participación del sector privado, organizaciones sociales y comunidad en general, en procesos de erradicación del analfabetismo; desarrollar la educación de adultos en el contexto de la educación permanente. El PLANDEA sólo llegó al nivel de planificación y se plasmó posteriormente en forma operativa en el Proyecto de Educación para el Trabajo - POCET, que se desarrolló en forma de plan piloto, con la finalidad de comprobarse la validez del enfoque conceptual y operativo de los lineamientos curriculares del Plan.28 No se trata de definir con precisión el origen del énfasis en el trabajo social y económicamente significativo en el tratamiento de los temas de la educación, pero sí de constatar su indudable difusión. La idea parece haber transpuesto los límites de la educación de adultos para extenderse, sea a nivel de propuesta o discurso, a otros ámbitos educativos y a diferentes instancias sociales. En ese tránsito y propagación, el concepto de “educación para el trabajo” se asume con las características con las cuales se conformó en el ámbito del POCET, más también de manera más amplia o general, como la preparación de las personas para su incorporación eficiente al mundo del trabajo. 2. La oferta de Educación para el Trabajo en Honduras El abordaje que se hace en este apartado adopta el concepto de educación para el trabajo como toda actividad educativa destinada a desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas directamente relacionadas a la inserción de los individuos en la actividad productiva. De acuerdo a esa concepción, la oferta de educación para el trabajo en Honduras está conformada, en el ámbito de la educación formal, por el ciclo diversificado del nivel secundario y, en el ámbito de la educación no formal, por actividades realizadas por

26 ALFONSO L.A., ESPINOZA, M. y MARTÍNEZ, M.A. La educación para el trabajo en Honduras. Síntesis de la experiencia metodológica y de gestión del POCET. Tegucigalpa, 1996. 27 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN. Dirección General de Educación Continua. Educación para el trabajo, nº 5, mayo de 1997. Recorrido histórico de la educación de adultos en función del desarrollo. Por Jose Antonio Gonzalez. 28 Por su peculiaridad e importancia, el POCET es objeto de un apartado especial en este documento.

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organismos públicos y privados. La oferta pública incluye acciones coordinadas por la Dirección General de Educación Continua, de la Secretaría de Educación; las actividades desarrolladas por el Proyecto de Educación para el Trabajo - POCET, recientemente asignadas al Centro Nacional de Educación para el Trabajo - CENET y las actividades del Instituto Nacional de Formación Profesional - INFOP.

Los Centros de Cultura Popular Los Centros de Cultura Popular que funcionan en varias partes del país fueron creados con la finalidad de satisfacer la demanda de capacitación en artes y oficios a una gran mayoría de jóvenes y adultos que, por múltiples razones, se han quedado sin poder continuar sus estudios. En cada uno de los Centros, se imparte Educación para el Trabajo Productivo y, más recientemente, capacitación en autogestión, a fin de motivar y posibilitar a que los participantes planifiquen y desarrollen proyectos productivos que los lleven a mejorar su calidad de vida. En los siete Centros existentes, están instalados 28 talleres que ofrecen capacitación en audio, belleza y cosmetología, carpintería, corte y confección, electricidad, electrodomésticos, manualidades, mecanografía, refrigeración, sastrería, tallado en madera, TV a color y TV blanco y negro. Los cursos se imparten en horarios flexibles, durante dos horas diarias, generalmente en jornadas vespertinas y nocturnas y las cuotas que se cobran en concepto de matrículas son simbólicas. Fuente: Secretaría de Educación. Dirección General de Educación Continua. Educación para el trabajo, nº 5, mayo de 1997. Objetivos fundamentales de los Centros de Cultura Popular de Honduras.

En el proceso de preparación del presente estudio, no fue posible obtener ninguna información sobre la educación técnica de nivel medio29; asimismo y por igual razón, no se hace referencia a las actividades desarrolladas por los Institutos Polivalentes. Debe destacarse que la casi totalidad de registros de la Secretaría de Educación se perdieron como consecuencia de la inundación que afectó a Tegucigalpa como consecuencia del Huracán Mitch en octubre de 1998, el cual destruyó las instalaciones centales de la Secretaría en sus 2/3 partes. 29 La ausencia de información escrita no permite comentar la educación técnica. Fue posible conocer la opinión de que ese nivel educativo se encuentra en total descuido, sin actualización de lo que se ha implantado hace 20 años, con problemas de administración y de inadecuación de las carreras impartidas.

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a) El Proyecto de Educación para el Trabajo - POCET El Proyecto de Educación para el Trabajo - POCET30 representó la culminación de la búsqueda de una alternativa metodológica de educación de adultos, más allá de una visión puramente remedial orientada a la alfabetización y, por ende, más eficiente en dar respuesta a las carencias educativas y productivas de esa población, que pase por el entrenamiento vocacional para el empleo y una educación para el desarrollo por medio del trabajo. El Proyecto se desarrolló entre los años 1990 y 1996, en carácter experimental, con la cooperación del Gobierno de Holanda y la asistencia técnica y administrativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, en su primera fase, y de la Oficina Internacional del Trabajo - OIT, en todo el proceso. En el ámbito nacional, representó una actividad de coejecución de la Secretaría de Educación y del INFOP. Tal como se define en el proyecto, la Educación para el Trabajo se propone integrar los componentes educativos de alfabetización y formación básica con los de capacitación ocupacional y hacer que los procesos educativos fructifiquen en trabajo productivo, mediante la realización de actividades concretas y la constitución de asociaciones comunales o intercomunales de producción, de carácter autogestionario. Destinado a la población más pobre del país, el proyecto involucró a comunidades de tres departamentos, teniendo como meta la población económicamente activa, desocupada, con edades entre los 15 y los 49 años – con especial atención a la población femenina – y la población ocupada o subocupada percibiendo ingresos menores al salario mínimo. El objetivo del proyecto fue desarrollar la capacidad productiva y gestionaria de los participantes, con base en procesos integrados de educación instrumental y educación ocupacional. La educación instrumental se orientó a la dotación de herramientas básicas, tales como lectura, escrita y cálculo elemental, así como al ejercicio de habilidades intelectuales complejas, como el análisis y la reflexión. La educación ocupacional, por su parte, correspondió a la capacitación específica para un trabajo u oficio determinado, por medio de la ejecución de un proyecto productivo o social, el que se convertiría en el medio didáctico por medio del cual los participantes adquirían la capacidad para enfrentar un problema, procurando resolverlo: el aprender haciendo. Como resultado, se desarrollaron tres tipos específicos de capacitación: la capacitación técnica para el ejercicio de una actividad productiva, la capacitación para organización en trabajo asociado y la capacitación empresarial para el manejo y gestión de unidades productivas. Como parte de la metodología, se constituyeron Comités de Educación para el Trabajo (CET) y Comités de Investigación Comunal (CIC), encargados de desarrollar diversas acciones relacionadas con la educación para el trabajo en la comunidad, producción y validación del 30 La información sobre el POCET fue resumida de ALFONSO, L.A., ESPINOZA VERGARA, M. y MARTÍNEZ, M.A. La educación para el trabajo. Síntesis de la experiencia metodológica y de gestión del POCET. Tegucigalpa, 1996 y de ESPINOZA VERGARA, M.E. y MARTÍNEZ, M.A. Sistematización de la metodología de un proyecto. La experiencia del POCET. Tegucigalpa, 1997.

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material didáctico de la educación instrumental y ocupacional, con la participación de los educadores locales, establecimiento de un banco curricular completo que incluye planes, programas y material didáctico, itinerarios, guías metodológicas, documentación teórica y realización de pasantías, jornadas de inducción, seminarios, talleres, charlas y distribución de documentos con el fin de lograr la transferencia del proceso metodológico a instituciones nacionales e internacionales (Estudio Sectorial, Secretaría de Educación, tomo I, pp. 234). Si bien al principio no fue considerado el crédito, las necesidades de financiamiento como condición para ejecutar los proyectos – base, a su vez, del proceso educativo – llevaron a incluir ese elemento como un medio necesario para la realización integral del proceso metodológico. Después de cinco años de iniciado el proyecto y habiéndose completado un 80% de las actividades previstas, los resultados cuantitativos se sintetizaban en las siguientes cifras: 87 comunidades en las que se mantenía una atención sostenida (71% de las involucradas inicialmente en el trabajo); 187 proyectos productivos activos (70% de los grupos creados); 640 educadores locales ocupacionales y 417 educadores locales instrumentales capacitados; 344 Círculos de Estudio y 57 Comités de Educación para el Trabajo (CET) organizados; 7.268 personas participantes en las actividades desarrolladas. Se calcula que para el año 1996, el proyecto contaba con aproximadamente 5.000 beneficiarios directos y unos 30.000 beneficiarios indirectos. Su cobertura abarcó 100 comunidades en 20 municipios de los departamentos de Comayagua, Intibucá y La Paz.

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Los lineamientos metodológicos del POCET Del método experimentado y validado, resultó definir la Educación para el Trabajo como un proceso permanente de educación no formal de jóvenes y adultos que, a partir de las características y necesidades de la población, proporciona los elementos formativos necesarios para la incorporación, con mayor capacidad, tanto de hombres, como de mujeres, al trabajo productivo, para que puedan lograr su bienestar y contribuir en mejor forma al desarrollo comunitario sobre bases de sustentabilidad. El método está basado en el “aprendizaje significativo”, lo que quiere decir que las personas, especialmente las adultas, aprenden fácilmente cuando el proceso de enseñanza-aprendizaje se centra en actividades que verdaderamente dan sentido a sus vidas. Manteniendo sus supuestos teóricos y filosóficos, durante el proceso de experimentación la metodología sufrió adecuaciones y ajustes, como resultado de la efectiva confrontación con la realidad, de la interacción práctica entre técnicos y beneficiarios y de la más clara identificación de la lógica del pensamiento adulto campesino. Como resultado, la metodología sistematizada establece las siguientes fases esenciales:

�� Promoción: se inicia cuando la comunidad ya ha sido seleccionada para participar en el proceso. Durante esta fase se deben generar las condiciones para sensibilizar a los miembros de la comunidad sobre la experiencia que se ofrece, para que tomen una decisión consciente sobre su voluntad de participar y para aprestarse a participar. Como producto de esta fase, la comunidad designa algunos de sus miembros con la responsabilidad de conducir, con apoyo del personal del Proyecto, el estudio del medio o investigación comunal, bajo la forma de un Comité de Investigación Comunal.

�� Investigación comunal: en esta fase los participantes adquieren técnicas mínimas de investigación social, las cuales son puestas en práctica en la elaboración del diagnóstico de la comunidad que cubre los principales aspectos de la realidad local. La fase culmina con la priorización y el análisis de los principales problemas de la comunidad. Su producto está constituido por una Monografía de la Comunidad, que describe la realidad local, plantea y ordena los problemas y ofrece alternativas de solución a los mismos.

�� Planificación del desarrollo comunal: con base en los elementos obtenidos en la fase anterior, la comunidad planifica su propio proceso de desarrollo, trazando el camino entre la realidad presente y la realidad a construir, de acuerdo con las aspiraciones y expectativas que sus miembros definan como posibles. El producto específico es un Plan de Desarrollo comunal que servirá como orientador de los próximos pasos.

��Organización para el desarrollo comunal: en esta fase, adecuando los lineamientos del plan de desarrollo colectivo a sus propios intereses y motivaciones, los miembros de la comunidad que se hayan integrado al proceso se organizan en dos tipos de grupos básicos: los grupos productivos o los grupos sociales. Los grupos productivos se organizan para desarrollar una actividad de producción de bienes o servicios; los grupos sociales se aglutinan en torno a la ejecución de una obra o trabajo de interés colectivo.

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��Ejecución de los proyectos productivos o sociales: en la medida en que los proyectos son concebidos, diseñados y ejecutados por los grupos organizados en la fase anterior, se intensifica el aporte de los componentes de educación instrumental (con el objetivo de desarrollar la capacidad de lectura y escrita de los miembros analfabetos del grupo, organizados en círculos de alfabetización) y de educación ocupacional (la cual aporta la capacitación del grupo en los temas de organización, técnicas productivas y gestión empresarial).

��Consolidación y integración empresarial: esta última fase del proceso metodológico se concentra en el esfuerzo por dar sostenibilidad y permanencia a los grupos organizados, en busca de su plena autogestión. Esto implica continuar el esfuerzo de educación instrumental, introduciendo nuevas capacidades en materia de cálculos básicos y formación humana y asimismo desarrollar un proceso de formación profesional continua, según las necesidades específicas que vayan surgiendo en las áreas productiva y de gestión. Aunque es difícil precisar el tiempo de duración de esta fase, su producto más concreto es la transformación de los grupos en unidades productivas permanentes y la existencia de organizaciones que integran a esas unidades en cooperativas, asociaciones de productores u otras.

Fuente: Espinosa Vergara, M. y Martínez, M.A. Sistematización de la metodología de un proyecto. La experiencia del POCET. Tegucigalpa, 1997. Además de la cuantificación de resultados, se buscaron indicios de los efectos de la experiencia en las poblaciones involucradas en el proceso. Una importante constatación fue que el tipo de comunidad determina el grado y la calidad del impacto, con los mejores resultados siendo obtenidos en las comunidades tipificadas como “campesinas tradicionales” (véase recuadro). También se identificó una importante influencia del agente externo, de su selección y formación y de la interacción entre los actores comunitarios y los agentes externos. El proyecto consumió recursos del orden de seis millones de dólares. De acuerdo a los responsables, es sabido que la experimentación en materia de proyectos de participación comunitaria incluye gastos que los convierten en iniciativas de alto costo y que una vez que se haya logrado la validación de la experiencia realizada los costos de su reproducción disminuyen drásticamente. Del monto total de recursos empleados, el 95% correspondió a los aportes de la cooperación internacional (PNUD y Gobierno de Holanda). La experiencia del POCET se documentó y sistematizó en ocho libros. De la realización del proyecto, resultó la creación del CENET y una propuesta de conformación de un Sistema Nacional de Educación para el Trabajo.

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Las comunidades tipificadas en el POCET

��Comunidades campesinas tradicionales: son aquellas en donde la mayor parte de sus habitantes se hallan en situación de pobreza, sus niveles educativos son mínimos, su capacidad técnica es limitada y su producción tiene como destino esencial el autoconsumo. En este tipo de comunidad se lograron los mejores resultados en la aplicación de la metodología.

��Comunidades de pequeños productores para la comercialización: se trata de comunidades en donde los productores son generalmente parcelarios que cultivan tierra propia o alquilada, suelen poseer sus propias herramientas, contratan mano de obra temporal y reciben asistencia técnica de organismos especializados, no siendo el tipo de comunidad que mejor responde a la descripción de la población objetivo del proyecto. Por consiguiente, sería preciso realizar adecuaciones en la metodología que tuvieran en cuenta las características especiales de ese grupo.

��Los grupos del sector reformado: en estos grupos, se destaca la prioridad dada a la reivindicación de la tierra como medio básico de producción. Si bien hay elementos de la metodología que pueden ser utilizados con provecho por esos grupos, tampoco constituyen ellos su población objetivo.

�� Las comunidades suburbanas: son grupos ubicados en la cercanía de los centros urbanos mayores o de las explotaciones agrícolas modernas y que se caracterizan por facilidades relativas de comunicación, trabajo esencialmente asalariado, carácter marginal del patrimonio agropecuario familiar, presencia de agencias de desarrollo de tipo asistencialista, ausencia de conciencia comunitaria. De los resultados de la experiencia, se deduce que es muy poco lo que la metodología de educación para el trabajo puede ofrecer a tales personas, las cuales requieren otro tipo de oferta educativa, no orientada de inmediato a fortalecer formas comunitarias, sino a ayudarles a insertarse en la sociedad capitalista moderna.

Fuente: Alfonso, L.A., Espinoza, M. y Martínez, M.A. La educación para el trabajo en Honduras. Síntesis de la experiencia metodológica y de gestión del POCET. Tegucigalpa, 1996.

En el Programa de Educación Contínua se atendieron 74.743 jóvenes y adultos en los Centros Básicos de Educación de Adultos durante 1999, mientras que en 1998 se atendieron 100.062. Este decrecimiento aparente se debe a que parte de la población atendida fue absorbida por los proyectos EDUCATODOS, PRALEBAH y otros de la Secretaría de Educación. De acuerdo con la memoria de la Secretaría de Educación de 1999, entre los principales logros obtenidos en el campo de la educación básica para jóvenes y adultos está la atención a 35.860 participantes en el Programa de Educación Básica para Jóvenes y Adultos (PRALEBAH). En 1996, se atendió en las escuelas primarias aceleradas un total de 84.088 alumnos en 3.999 instituciones. El 88% de la matrícula correspondió al sector formal y el 12% a programas en las ONG. En esta actividad se destaca el Programa EDUCATODOS que atendió al 39.7% y el PRALEBAH, que desde 1997 ha atendido a 44.000 alumnos de una meta de 65.000 al finalizar

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el proyecto. En este campo queda aún mucho por avanzar dado que el analfabetismo se estima en un 19%. A pesar de estos esfuerzos aún se considera que los avances son insuficientes. Para 1999 se tenían contabilizados 16 institutos de educación media a distancia (ISEMED), 6.000 Centros Comunitarios de Iniciación Escolar (CCIE), 506 Escuelas del Proyecto Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), 34 Centros de Educación Básica y 6.139 Centros de EDUCATODOS. En lo que respecta a los proyectos y programas educativos ejecutados con financiamiento internacional y fondos nacionales, destaca el apoyo a la Educación para el trabajo (CENET) EPT 2000, con cobertura en los departamentos de Comayagua, La Paz e Intibucá. Los beneficiarios son las cooperativas y comunidades más pobres del área rural. Dentro de los planes está la ejecución de 100 proyectos físicos y tiendas de consumo, 20 grupos campesinos, avícola y ganaderos. Tiene una duración prevista de 3 años, de 1997 al 2000. Cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de Honduras, el Gobierno de Holanda y la asistencia administrativa de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El programa de Apoyo a la Formación Profesional en Honduras (AFOPH), tiene el objetivo de mejorar el sistema de formación profesional, partiendo de las necesidades prioritarias y de la capacidad instalada, de modo que el desarrollo técnico lo haga atractivo a las inversiones. Su cobertura abarca a los institutos técnicos de San pedro Sula y La Ceiba. Se tiene proyectado beneficiar a 1.200 formadores y 60.000 alumnos. Su ejecución está prevista para el período 1997-2001 y cuenta con el financiamiento del Gobierno de Honduras y la Unión Europea. El Programa de Alfabetización y Educación Básica de Adultos (PRALEBAH) realiza un proceso de educación básica, iniciándose con una formación instrumental de alfabetización vinculada a elementos introductorios de educación en y para el trabajo productivo, de valores y derechos humanos significativos para la superación de la calidad de vida de los participantes. Su cobertura abarca los departamenteos de Colón, Olancho, El Paraíso, Yoro y Gracias a Dios. Los beneficiarios son las personas que se encuentran en probreza y con necesidades de educación básica. La fase I se ejecutó de 1996 a 1999. El financiamiento proviene de la Junta de extremadura, gobierno de España y la Agencia Española de Cooperación Internacional y es administrada por la Organización de Estados Iberoamericanos. (OEI). El programa de Educación Básica y Capacitación Técnica (BEST) por medio de su componente EDUCATODOS es un programa de educación básica para jóvenes y adultos que no han tenido la oportunidad de ingresar o terminar la educación primaria. Su cobertura incluye los departamentos de Valle Choluteca, La Paz, Intibucá, Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, cuatro municipios de El Paraíso y dos municipios de Cortés. Los beneficiarios son personas rezagadas del sistema formal de educación. El programa se inició en 1995 y fue financiado por el Gobierno de Honduras y USAID.

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Producción en Colegios Vocacionales de Honduras es una metodología alternativa para mejorar la calidad de la educación técnica por medio de la autogestión y particularmente vincula de manera directa e inmediata la educación y la producción. Tiene cobertura nacional e involucra a 20 institutos de educación técnica, escuela agrícolas e INTAE. Su período de ejecusión fue de 1995 a 1999. Fue financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). El Centro de Educación para el Trabajo de Yoro (CETY) esta dirigido a mejorar la calidad de la población participante, mediante una acción integrada y orientada a lograr una mejor disponibilidad y uso de los recursos productivos, humanos, materiales y financieros. Eleva los ingresos de las familias campesinas, fortalece su nivel organizativo y de gestión, logrando así la satisfacción de las necesidades básicas de las familias campesinas. Su ejecusión está programada para el período 1996-2000 con el financiamiento del Gobierno de Suiza y el Gobierno de Honduras. Un esfuerzo por articular una propuesta para la conformación de un sistema nacional de formación profesional y de educación técnica se adjunta en el documento titulado: "propuesta de reorganización de la Educación Técnica y la Formación Profesional"31 (ver anexo), por considerar pertinente y de interés su contenido. En lo referente al desarrollo de programas alternativos de la Secretaría para atender las necesidades de educación técnica y educación de adultos del sector informal, se han desarrollado programas de alfabetización y educación para jóvenes y adultos, así como capacitación para grupos de madres, con el objetivo de que se organicen en cooperativas o en pequeñas empresas. En el sector formal se han capacitado alumnos para la creación y desarrollo de pequeñas empresas En conjunto con la Secretaría del trabajo, ONGs, organizaciones de empleadores, de trabajadores y organismos privados se han ejecutado una serie de programas conjuntos para atender al sector informal. Estos son los siguientes:

- Secretaría del Trabajo-INFOP. - Secretaría del Trabajo-ACPH-IHER-ALFALIT. - Secretaría del Trabajo-AMDC. - Secretaría del Trabajo-CNTC-SECOP. - Secretaría del Trabajo-CADERH-SELAC.

3. Cambios institucionales realizados en determinadas áreas para responder al proceso de

apertura y modernización de la economía Existe consenso en el sentido de que se han desarrollado nuevas políticas y cambios en la organización institucional, así como cambios en los programas de formación, educación y capacitación. Sin embargo, no se justifican los cambios realizados, excepto los que se han introducido en la gestión empresarial. 31 Documento elaborado por la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Presidencial de Modernización del Estado de la Presidencia de la República. A cargo del Consultor Alfredo Tampe Birke, fechado en abril de 1999.

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En cuanto a los nuevos contenidos formativos, se han realizado cambios en este aspecto; aunque los demás no los han percibido. En otros aspectos, como en las carreras técnicas, contenidos programáticos e incorporación de innovaciónes, hay consenso en que no se han desarrollado nuevas políticas. Finalmente, en lo que respecta al aspecto tecnológico y a las nuevas metodologías didácticas, se han implementado nuevas metodolgías con el programa EBNC, el cual ofrece una pedagogía alternativa y un currículo basado en normas de competencia. En lo referente a los mecanismos de comunicación con las empresas para adecuarse a la cambiante demanda formativa de las empresas, los empleadores, los trabajadores y el gobierno, el único convenio que se ha establecido es entre ésta y el COHEPE e INFOP, en el marco del Convenio de Cooperación de Asistencia Técnica, para la implementación de dos nuevas carreras: Técnico en Construcción y Técnico en Confección Industrial. Sin embargo, no existen mecanismos formales. 4. Estudios estadísticos sobre la oferta formativa privada (social y comercial) De acuerdo con la Secretaría de Educación, existen estadísticas sobre oferta formativa privada, tanto comercial como social. Los aspectos cubiertos por estas estadísticas son: origen, evolución, políticas, estructura, costos, financiamiento, programas, atención, cobertura, modosb y modalidades formativas que se utilizan, así como la población y los programas que atienden. Sin embargo, otras opiniones sostienen que no existen estadísticas sobre la oferta formativa en Honduras. 5. Iniciativas y experiencias desarrolladas desde el Ministerio para la conformación de

un Sistema Nacional de Educación Técnica No se han desarrollado experiencias concretas, únicamente se han establecido diálogos, por ejemplo, entre la Secretaría y el INFOP, y se han presentado algunas propuestas, pero nada en concreto. La propuesta de la Secretaría de Educación está en brindar servicios de capacitación técnica con programas definidos, así como abrir Centros de Cultura Popular que ofrezcan programas de formación profesional con una oferta diversificada y buscando mejorar su capacidad instalada por medio de la autogestión; también sugiere fortalecer la Educación Básica y crear una instancia de concertación y coordinación con la empresa privada y los trabajadores. Finalmente, propone una mayor cobertura para los sectores excluidos. Con el fin de generar nuevos roles para las instancias del Estado en cuanto a la adecuación y modernización de la educación técnica y la educación de adultos. En primer lugar, se menciona la necesidad de darle mayor participación al sector privado y a la sociedad civil, articulando también a otros actores como las ONG, el INFOP y la Secretaría de Trabajo. Para esto se propone la creación de un subsistema de investigación y mejoramiento de la Educación Técnica y también el trabajar en conjunto con la sociedad civil la planificación y diversificación de los procesos productivos.

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Entre las políticas y estrategias que deben seguir las instancias del Estado para apoyar los esfuerzos del sector privado en materia de educación técnica y educación de adultos, de acuerdo con los funcionarios de ASED y FEBLI, es necesario establecer normativas claras y precisas en el sector educativo, así como la comunicación de expectativas y necesidades. En cuanto a la Secretaría de Educación, ésta propone operativizar el convenio COHEP/INFOP y lograr concertación de los actores involucrados en los programas de capacitación: Estado, empresa privada y trabajadores.

6. Pertinencia de la Educación Técnica a) Opinión sobre la calidad de la Educación Técnica en el país Las opiniones emitidas fueron regular a baja, porque ésta no responde a las demandas del mercado laboral y porque no cuenta con el recurso humano, la infraestructura y el material didáctico requerido para brindar una enseñanza técnica de calidad. Aparte de esto, casi no hay participación de la empresa privada en la educación técnica. b) Fortalezas y debilidades de la Educación Técnica i) Fortalezas: son las menos, pero se le reconoce una actitud hacia el cambio y una alta

demanda en el mercado en lo que respecta a la educación técnica. También se le reconoce una infraestructura y un recurso humano adecuados.

ii) Debilidades: se considera obsoleta y con una oferta rígida de cursos, muchos de ellos con contenidos irrelevantes. También se señala la falta de equipo y maquinaria, así como la falta de coordinación pedagógica y una capacitación deficitaria.

7. Adecuación de la Educación Técnica de acuerdo con las exigencias del proceso

productivo A criterio de los especialistas se debe vincular la Educación Técnica con el mercado laboral por medio de programas como el FEPRO (Fondo para vincular y fortalecer la educación y la producción) y establecer un diálogo entre el sector educación y la empresa privada por medio de su gremial (el COHEP). Las propuestas son bastante diversas y sugerentes, ya que por una parte, se considera necesario establecer convenios interinstitucionales con empresarios y expertos en el tema, a fin de conocer el mercado productivo laboral y poder concertar acciones con él. Además, es necesario definir el sistema educativo en la rama de la Educación Técnica, así como definir perfiles curriculares de acuerdo con la realidad del país y establecer planes de seguimiento. Por otra parte, se considera que, aunque la tecnología disponible en los centros educativos es obsoleta, el principal obstáculo es la falta de capacidad gerencial para constituir alianzas estratégicas con el sector productivo, para aprovechar de él la infraestructura y las tecnologías innovadoras. Se considera que no hay capacidad para diseñar sistemas de gestión y organización.

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En este sentido, la propuesta es realizar un análisis funcional sobre la Educación Técnica en Honduras y a partir de ahí conformar un Equipo Técnico Interdisciplinario e intersectorial que en coordinación con el FONAC, brinde consulta a los siguientes sectores: productivo; académico; público; instituciones profesionales; campesinos organizados; obreros organizados; ONG´s; padres de familia; estudiantes. Para desarrollar esta fase, es necesario utilizar metodologías de “Respuesta Rápida y Participativa” sin prolongarse mucho tiempo, porque los resultados para la toma de decisiones puede sufrir obsolescencia en el proceso. A partir de este momento, será posible diseñar un currículo flexible y plurifuncional, con posibilidades de seguimiento y monitoreo. Finalmente, es necesario establecer el Sistema Nacional de Evaluación, sobre la base de un enfoque sistémico que tenga la siguiente estructura: entrada, proceso, productos, salida, retroalimentación, ajuste o rendición de cuentas. Entre otras acciones desde el Ministerio en materia de educación técnica para ofrecer mayores oportunidades a los sectores excluidos del mercado formal de trabajo, se plantea como necesario definir y establecer un Sistema de Certificación y Acreditación de Competencias sobre la base de evaluación de terceros, con el objetivo de elevar la calidad de la Educación Técnica. Los nuevos roles que se plantean para las instancias del Estado en cuanto a la adecuación y modernización de la educación técnica son bastante generales. En primer lugar, se plantea que el Estado debe modernizar sus enfoques y reconvertir el actual modelo de gestión de la Educación Técnica sobre la base de la planificación estratégica. También se sugiere reorganizar el Departamento de Educación Técnica en las direcciones regionales de Educación, para que se encargue de hacer estudios de factibilidad con base en las oportunidades que brinde el mercado laboral. De forma más general, se considera que al Estado le corresponde coordinar todas las acciones educativas a nivel nacional. En cuanto a la formulación de nuevas políticas y estrategias para apoyar los esfuerzos del sector privado en material de educación técnica, no hay planteamientos claros, sino más bien se sugirieron nuevas directrices de forma muy general, tales como "abrir el sistema" y establecer alianzas estratégicas entre el Estado y el sector privado, para cubrir las necesidades de los empresarios. También se plantea "crear una administración adecuada" para mejorar la educación técnica. 8. Articulación de la Educación Técnica con las necesidades de las empresas de punta Hubo amplia coincidencia en que actualmente se encuentra desarticulada de la tecnología de punta, básicamente porque los cambios a nivel mundial son bastante rápidos y la educación técnica en Honduras tiene un rezago de 50 años y presenta un comportamiento cerrado, aún cuando en teoría es un subsistema abierto. Por otra parte, no hay nexos ni convenios con el sector privado que cumplan con ese objetivo.

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Entre las recomendaciones dadas para mejorar la calidad y la cobertura de la educación técnica ante los nuevos retos de la globalización y la demanda cambiante de las empresas, los cambios se deben hacer a nivel curricular, diseñado desde la perspectiva de la demanda formativa, con un enfoque flexible basado en competencias y no tanto desde la oferta. Para lograr estos cambios, se sugiere la integración de un equipo multidisciplinario e intersectorial. También se consideran necesarios más y mejores proyectos de inversión con recursos nacionales e internacionales, así como consultorías y capacitación permanente. 9. Legislación vigente acerca de las competencias de las instituciones estatales para

formular, definir e impulsar políticas públicas sobre la educación técnica Es la Secretaría de Educación por mandato constitucional, a quien corresponde la función rectora de la Educación Técnica en los niveles pre-básico, básico y medio. Más que realizar cambios en la legislación para fortalecer las competencias institucionales en materia de formulación de políticas sobre la educación técnica es necesario poner a funcionar el marco legal vigente, definir las políticas educacionales y poner en funcionamiento mecanismos de rendición de cuentas. Los cambios son necesarios a fin de permitir una mayor participación de la sociedad civil en la formulación de las políticas educativas. Los cambios propuestos van hacia la desconcentración y el fortalecimiento de la autonomía de los centros de Educación Técnica, con participación igualitaria del Estado y la Empresa Privada, con el objetivo de aumentar la capacidad autogestionaria de dichos centros. En materia de la asignación de las competencias institucionales en lo concerniente a la educación técnica, la necesidad de cambios percibida tiene que ver con el funcionamiento administrativo de los centros y la autogestión de los equipamientos, los cuales no son proporcionados por el Estado. Por otra parte, se considera que más bien se ha involucionado, con excepción de algunos proyectos específicos que representan casos aislados.

10. Pertinencia de la Educación de Adultos a) Opinión sobre la calidad de la educación de adultos: fortalezas y debilidades La opinión es apenas regular y como debilidades y fortalezas se identificaron las siguientes: i) Fortalezas Se señala el hecho de que hay una institucionalidad que respalde este esfuerzo educativo, así como un personal muy capacitado en el tema, que llevan a cabo prácticas innovadoras con niveles aceptables de calidad educativa. Otra fortaleza es el hecho de contar con un currículo de Educación Básica para jóvenes y adultos y una propuesta para la educación formal y no formal de adultos, la cual expresa un proceso educativo menos formal, pero con gran flexibilidad y apertura al cambio.

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Finalmente, se señala como otra fortaleza el contar con una fuente de financiamiento permanente por parte de la Secretaría de Educación y una actitud de diálogo con otros organismos del Estado y la sociedad civil. ii) Debilidades La principal debilidad que se identifica es la no existencia de un marco legal que la respalde y la falta de capacitación y especialización de su personal, especialmente los formadores (vinculando esto con las fortalezas, se infiere que el personal de la secretaría se integra con una formación básica y no se le brinda capacitación y especialización). Otra debilidad no menos importante es la falta de material educativo y en general de recursos para el área de aprendizaje. En el plano administrativo, se identifica la "poco ágil" y la ejecución de planes y programas no pertinentes. Ha habido una pérdida gradual de capacidad de convocatoria hacia el grupo meta y falta de coordinación interinstitucional. 11. Recomendaciones para mejorar la calidad y cobertura de la educación de adultos ante

las condiciones que enfrenta el sector informal hondureño Se considera que la principal herramienta para mejorar la calidad de la educación de adultos es la elaboración y ejecución de planes estratégicos para el mejoramiento de la educación de adultos. En primer lugar se requiere un estudio actualizado sobre la demanda y oferta del sector informal dentro de su respectivo contexto, para luego diseñar y ejecutar el Plan Estratégico de mejoramiento de la calidad de la educación no formal de adultos. También se requiere un plan estratégico para ampliar la cobertura de la educación de adultos y para la elaboración de materiales educativos y otros recursos de aprendizaje con enfoque de multimedia. Se recomienda además, la creación de un marco legal para la Educación de Adultos y establecer un 5% de financiamiento para la educación en Honduras. También se recomienda que el personal incorporado al sistema educativo de la EDA sea especialista en el tema y se le brinde capacitación permanente, tanto para el personal docente como el administrativo. Se considera posible elevar la calidad de la educación de adultos en tanto se puedan aprovechar al máximo los recursos técnicos y financieros de los cooperantes internacionales. Se recomienda también la coordinación abierta con las municipalidades, con el objetivo de crear un nivel desconcentrado de educación de adultos, ya que ha sido desarrollado con éxito en otros países. 12. Competencias legales de las instituciones estatales para formular, definir e impulsar

políticas públicas sobre la educación de adultos. Para los entrevistados no existe ningún tipo de legislación, por lo que es necesario trabajar en ese sentido.

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Los cambios propuestos en la legislación para fortalecer las competencias institucionales en materia de formulación de políticas sobre educación de adultos se ven como muy necesarios, ya se está dando un proceso de transformación con el programa FONAC, que arrancó en junio del 2000. Los cambios propuestos van en el sentido de dotar de un marco legal y financiero a la educación de adultos e incorporar con rango de ley las transformaciones que se hagan; por ejemplo, que la Educación de Adultos se incorpore al Sistema Nacional de Formación Profesional. Con respecto a los cambios en la asignación de competencias entre las instituciones en lo concerniente a la educación de adultos, el único cambio identificado es la creación de una nueva instancia por medio de la Ley de Educación Alternativa no Formal, con funciones relacionadas con la educación formal, no formal y la formación para el trabajo. 13. Nuevos roles de las instancias del Estado en cuanto a la adecuación y modernización

de la educación de adultos De acuerdo con lo expresado por los entrevistados, le corresponde un papel protagónico, en el sentido de que debe legitimar la educación de adultos a nivel nacional, por medio de procesos de planificación, evaluación y seguimiento. Sobre la estructuración de nuevas políticas y estrategias de las instancias del Estado para apoyar los esfuerzos del sector privado en material de educación de adultos, como prioridad se plantea involucrar a la empresa privada en la definición y diseño de la capacitación para el trabajo, abriendo foros permanentes de concertación EDA-sector privado. Por otro lado, es importante construir un sistema abierto de educación técnica, con capacitación y especialización permanente y con la posibilidad de acreditar los aprendizajes de acuerdo con los procedimientos correspondientes. 14. Adecuación de la Educación de Adultos de acuerdo con las exigencias del proceso

productivo Por un lado, se considera necesario un currículo congruente con las demandas de trabajo para ofrecer mayores oportunidades a los sectores excluidos del mercado formal de trabajo y aumentar la equidad; es decir, promover la formación de habilidades de gestión empresarial que permitan la vinculación con el mercado laboral. Por otra lado, se deben aprobar nuevas políticas de educación de adultos que tengan un componente de capacitación laboral y sus poblaciones meta sean los sectores excluidos del mercado formal de trabajo. En cuanto a la Adecuación de la EDA de acuerdo a las exigencias del proceso productivo, no hay una respuesta clara, pero se sugiere articular los objetivos de la alfabetización con la educación técnica y además, crear programas que relacionen al estudiante con contenidos de nuevas tecnologías que le permitan cambios ocupacionales. Se brindan una serie de posibles acciones, entre las que destacan la propuesta de un marco legal para la educación de adultos y el diseño de políticas educativas que contemplen la elaboración de curriculos validados por un sistema de evaluación. Para lograr esto, se

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considera que lo ideal es la creación del "subsistema de educación no formal", con sus respectivos mecanismos de coordinación interinstitucional. En la misma línea que lo anterior, se considera necesario propiciar un acercamiento efectivo entre los contenidos de la educación de adultos y la demanda de las empresas para el mediano y largo plazo. En consecuencia, es necesario el diseño y ejecución de un plan estratégico para adecuar la educación de adultos a las exigencias del proceso productivo. En el caso de los sectores excluidos del mercado formal de trabajo, la acción más pertinente es el impulso de talleres públicos de educación no formal para jóvenes desocupados de áreas urbano-marginales, los cuales deben estar enmarcados dentro de una estrategia de lucha contra la pobreza y la exclusión. También se sugieren convenios con las empresas para emplear jóvenes desocupados que hayan recibido capacitación inicial y apoyar la consolidación de la experiencia de la Formación Dual, que puede ayudar a incorporar a los aprendices al sector formal de la economía.

La EDA es vista como una alternativa para vincular a sectores excluidos al mercado de trabajo y así contribuir a la disminución del desempleo.

Por parte de los programas que ejecutan acciones de educación de adultos se considera que, las prioridades de la Secretaría debiera concentrarse no tanto en la formulación de políticas y estrategias o en la coordinación interinstitucional y la coordinación entre el sector público y el privado, como en la ejecución directa de programas y proyectos y la investigación conjunta para medir el crecimiento del sector informal. En el caso de la Educación de Adultos, es necesario el establecimiento de mecanismos de coordinación con las demás instituciones que brindan programas educativos, en aspectos relativos a la definición de políticas de investigación, planificación, evaluación y sistematización de resultados. Entre otras acciones propuestas está la creación de la Escuela de Educación de Adultos, la constitución de un marco legal y financiero para la EDA y la dotación de mayores recursos técnicos, financieros y humanos, entre los que se cita la capacitación para los instructores, material didáctico de calidad y mejor infraestructura. En cuanto a la valoración con respecto a la prioridad que debe fijar la Secretaría de Educación, las respuestas son claras en el sentido de que todas son áreas prioritarias o muy prioritarias de atender con excepción de la ejecución directa de programas y proyectos y refuerza lo mencionado enteriormente por los entrevistados, en el sentido que es necesario que la Secretaría asuma un papel rector de la Educación, que se fortalezcan los programas educativos y curriculares y que se incorpore al sector privado en la definición y ejecución de las políticas educativas. Las acciones relacionadas con la función rectora como la formulación de políticas, la propuesta de estrategias y la evaluación rigurosa de planes y proyectos, junto con la coordinación interinstitucional del sector público, recibieron las valoraciones más altas por parte de los entrevistados. Se incluye también como prioridad la creación de un marco legal para la Educación de Adultos.

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En términos generales, la valoración de la capacidad rectora del sector público en cuanto a liderazgo, capacidad de convocatoria, capacidad de propuesta, capacidad de regulación, capacidad de evaluación y retroalimentación, en materia de educación técnica va de regular a baja, lo cual confirma los argumentos dados anteriormente en cuanto a los vacíos que presenta la gestión actual del sector público en materia de educación Técnica y Formación Profesional en Honduras y la poca capacidad de regulación, debido a la ausencia de un marco legal para la Educación de Adultos, aunque se reconoce que si bien es cierto la Secretaría no tiene liderazgo, sí posee capacidad de generación de propuestas y de convocatoria en el ámbito nacional.

15. Corolario

En términos generales, con respecto a la relación que existe entre la educación de adultos y el mercado de trabajo, los funcionarios entrevistados comparten el punto de vista de que debe existir congruencia entre los contenidos y actividades educativas con el mercado de trabajo, la formación de actividades empresariales en los educandos y los nuevos conocimientos tecnológicos.

En cuanto a las políticas de formación técnica hay visiones encontradas, ya que se afirma por una parte que debe ser responsabilidad del sector privado y por otra, que debe ser asumida total o parcialmente por el Estado, en vista de la necesidad de impulsar la transformación del sistema educativo. Sin embargo, todos reconocen la importancia de la participación del sector privado no sólo como aportante, sino como una esfera de actividad lucrativa en la educación y capacitación de adultos.

En cuanto al avance de las reformas educativas se reconoce unánimemente que muchos de los cambios han comenzado a operar a nivel normativo en las instituciones públicas, pero que los cambios decisivos en las aulas, los nuevos contenidos y métodos aún están muy distantes después de varios años de esfuerzo.

Hay acuerdo entre los entrevistados sobre las expectativas futuras del desempeño del Estado en la educación, ya que se reconoce la necesidad de introducir mejoras en sus políticas y en buscar una mejor coordinación Ministerial. En cuanto a la valoración que se hace de las prioridades que debe dar el ministerio, existe coincidencia en el sentido de que corresponde al Estado un papel en los aspectos normativos y la coordinación de la Educación Técnica, no así en la propia ejecución. 16. Repensar las políticas hacia el sector informal en lo concerniente a la educación

técnica y educación de adultos Existe una posición positiva, pero con diferentes visiones. Por un lado, se considera que la Secretaría debe dedicarse a la Educación Básica y Media y que la Educación Técnica debe propiciar espacios para el sector privado. Por otro lado, se opina que es necesario plantear nuevas políticas ya que hay pocas posibilidades para el empleo en el sector formal y además, porque es necesario repensar todo el sistema educativo.

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Hay consenso sobre la existencia de vacíos en la formulación de políticas públicas institucionales sobre educación técnica y la educación de adultos, porque se reconoce que la gestión de las instancias encargadas es muy baja ya que no hay claridad en la delimitación de las responsabilidades institucionales y que lo poco que hay en materia de políticas públicas no se practica; incluso se hizo desaparecer el Departamento de Educación Técnica de la Secretaría de Educación, lo que ha restado capacidad de conducción. Es urgente plantear nuevas políticas, estrategias, programas y proyectos para apoyar el proceso de transformación educativa a nivel nacional. Además, se considera necesario mejorar la calidad de la educación y expandir los programas y proyectos en el campo de la formación y la capacitación laboral y profesional. Se reconoce plenamente la necesidad de políticas que articulen la acción de la diversidad de instituciones del sector público y privado (ONG´s e IPFP) en las áreas de Educación Técnica y la Educación de Adultos con carácter de urgencia, porque las acciones llevadas a cabo actualmente son bastante dispersas y provoca que los esfuerzos se pierdan y se minimice el impacto de los resultados. Por otra parte, es preciso romper el paradigma academicista, rígido y con carácter de exclusividad que domina actualmente al sistema educativo hondureño. Más allá de asumir objetivos, los entrevistados consideran que la Secretaría debe asumir su papel de rectora de la Educación, gerenciando un proceso transparente con todos los sectores de la sociedad hondureña. Para esto se necesita crear la Dirección General de Educación Técnica, la cual es muy necesaria para el desarrollo integral de la educación en el país. Es necesario orientar y adecuar el sistema educativo a las demandas del mercado de trabajo, adecuando los sistemas curriculares. Finalmente, se considera que debe planetarse una propuesta de transformación educativa y coordinar la ejecución de las acciones desde el nivel político al operativo. En cuanto a la definición y ejecución de formas alternativas de ET y EDA para el sector informal y los sectores excluidos, en la Secretaría hay oposición, porque ésta no tiene la capacidad administrativa, financiera y organizativa para llevarlos a cabo y que su papel debe focalizarse en la educación básica y media. A lo sumo, puede definir y regular programas, pero no ejecutarlos. El FEBLI-GTZ rescata el proyecto con metodología educativa basada en normas de competencias (EBNC) como alianza estratégica del sector productivo, porque el sector informal y los excluidos son la meta de la EDA. Por otra parte, existe anuencia a que participen las ONG en el proceso, porque el Estado comparten los mismos objetivos en este campo. Se menciona incluso, la necesidad de integrar al sector privado y la necesidad de elaborar y sistematizar un programa para atender de forma mancomunada la formación técnica.

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17. Viabilidad para la creación de una instancia supraministerial integrada por los mandantes de la OIT y otras organizaciones de la sociedad civil para definir e impulsar políticas nacionales de educación técnica y educación de adultos

En términos generales, la propuesta no es bien aceptada por parte de los entes externos. Para el ASED, es mejor la integración de un grupo consultivo a nivel nacional y para el FEBLI sería interesante la posibilidad de crear una instancia que coordine las Secretarías de Educación y de Trabajo. Por otra parte, la constitución y funcionamiento de una instancia supraministerial se considera viable, en tanto esté enmarcada dentro de una propuesta de transformación global de la educación técnica y tenga legitimidad política por medio del FONAC y esté adscrita al Ministerio de la Presidencia. La idea es valorada de forma positiva en la Secretaría, porque se reconoce que el Estado no se ha responsabilizado de la Educación Técnica. Sin embargo, la viabilidad de esta instancia debe ser analizada para que no se econvierta en una "supraburocracia internacional". Dicha instancia debe tener un carácter operativo y más vinculado a acciones de gerencia ejecutiva y no quedarse en el nivel meramente burocrático.

18. Corolario

En términos generales, la calidad de la educación es valorada en forma deficitaria y se reconocen como principales debilidades, la irrelevancia de sus contenidos y su poca vinculación con el mercado de trabajo, además de su baja capacidad rectora y la marginación del sector privado en la definición y ejecución de las políticas educativas. Contribuye a esta situación otros factores como el mal estado de las estructuras físicas, los equipos de trabajo y los materiales.

En consecuencia con lo anterior, se reconoce la necesidad de impulsar reformas que eleven la eficiencia de la gestión y el impacto sobre los beneficiarios y no solamente se realicen cambios a nivel de la legislación. Se requieren cambios en cuanto a políticas, transparencia en la gestión y mayor participación de la sociedad civil, especialmente del sector privado, en la formulación ejecución y evaluación de las políticas educativas.

Las reformas que se plantean como urgentes tienen que ver con la desconcentración y la autonomía de los centros, mayor inversión en materiales, equipo e infraestructura y una mayor vinculación de los currículos con las necesidades del mercado de trabajo, la empresa privada y los demás actores productivos del país.

Para atender las necesidades de los sectores excluidos, se sugiere el establecimiento de un sistema de certificación de competencias y la apertura de alternativas de formación continua, con el fin de mejorar la calidad de la mano de obra En cuanto al desempeño futuro del sector publico en el ámbito de la educación técnica, hay coincidencia sobre la necesidad de modernizar la gestión en cuanto a enfoques curriculares y en la coordinación con los distintos sectores e instancias relacionadas con el sector educativo.

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La valoración hecha por parte de los distintos actores sobre los roles que la Secretaría de Educación debe asumir de cara al futuro, coincide en cuanto al papel normativo, estratégico, evaluador, coordinador y de apoyo que ésta debe tener, para absorber los cambios que el entorno mundial presenta actualmente.

Para los entrevistados, la calidad de la enseñanza para adultos es de regular calidad y las debilidades se identifican en el ámbito de los recursos humanos y la capacitación, la gerencia de los programas y la baja capacidad de gestión. Las Fortalezas se ubican en la existencia de propuestas flexibles, la apertura a la innovación y la existencia de personal de alto nivel calificado.

El cambio que se considera más urgente es la promulgación de normas que regulen la Educación de Adultos, porque los cambios habidos hasta ahora se juzgan como de poca eficacia. La vinculación de la Educación de Adultos al sector productivo se ve como necesaria, sobre todo en el aspecto de vincular el currículo a las necesidades de las empresas y del proceso productivo, lo cual exige coordinación estrecha entre ambos sectores.

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D. La Secretaria del Trabajo 1. Acciones desarrolladas por la Secretarías para resolver la problemática de exclusión

por calificación En lo que respecta a la apertura de programas por parte de la Secretaría de Trabajo para atender la necesidad social latente al nivel de educación técnica, educación de adultos y capacitación de los trabajadores del sector informal, actualmente mantiene el programa de autoempleo para la inserción de personas con discapacidad al mercado laboral y según el presidente de STIBYS, por medio del INFOP se han desarrollado programas de aprendizaje centro, Aprendizaje Dual, habilitaciones, asesorías, asistencia técnica y el programa CIER de Asistencia Rural Individualizada, los cuales buscan llenar las demandas planteadas. En cuanto a la apertura de programas alternativos por parte de la Secretaría para atender la demanda social existente a nivel de capacitación para el trabajo de los grupos excluidos de la calificación, ee reconoce una serie de programas por medio del INFOP, el CIER y la propia Secretaría del Trabajo, para atender a la población de no videntes, discapacitados, indígenas, adultos mayores, desmovilizados y retornados, organizaciones campesinas, jóvenes que ingresan al mercado de trabajo y organizaciones campesinas. Por otra parte, se considera necesario que la Secretaría del Trabajo inicie o redefina sus políticas orientadas hacia el sector informal de la economía, en lo concerniente a la educación de adultos y a la capacitación profesional, por dos razones fundamentales, una por el crecimiento de la PEA no asalariada, su bajo nivel educativo y la desprotección y vulnerabilidad que presenta el sector informal, la otra porque la Secretaría ha venido trabajando de una forma desordenada, con subutilización de recursos y duplicidad de funciones. Además, se considera urgente incorporar este tema al debate sobre la reforma del Estado, sobre todo lo relativo al sector informal y a la capacitación laboral. También se considera necesario que la Secretaría defina y ejecute formas alternativas de educación técnica y formación profesional para el sector informal por la necesidad de mejorar los niveles de bienestar de este sector, pero por otro lado, lo que se considera urgente es el fortalecimiento de los programas que ya ejecuta el INFOP, ajustando la formación profesional a las necesidades reales e inmediatas de calificación laboral. Además, de acuerdo con el STIBYS, es necesario romper con el paradigma actual, basado en la oferta y no en la demanda, tal y como se necesita. Paralelamente se reconoce la necesidad de desarrollar programas de educación para el autoempleo, empresarios jóvenes e incubadoras de empresas y de incorporar otros como la conservación del empleo y programas para jóvenes y mujeres. En cuanto a las ONG, se acepta la posibilidad de que aquellas que no tengan fines de lucro se incorporen, principalmente por la imposibilidad del gobierno para dar una cobertura total a los programas y los recursos que manejan las ONG, así como los recursos materiales y humanos que poseen.

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En cuanto a las ONG con fines de lucro, hay reservas en cuanto a su incorporación, porque a criterio de los especialistas el Estado puede endeudarse (inquietud válida también para las ONG sin fines de lucro). Sin embargo, para la funcionaria de la Secretaría, siempre y cuando estén certificadas, no hay problema. Por último, se reconoce como de mucha utilidad el establecimiento de una instancia de servicios de información e intermediación en el empleo, pero se considera que ya está establecida por medio de la bolsa de empleo del COHEP y la Dirección General de Empleo de la Secretaría de Trabajo, con el Servicio de Colocación al Público. Sin embargo, se considera que la información que manejan estas instancias no es fidedigna y que es necesario conocer la situación actual del empleo y la calificación de los demandantes, para así fortalecer una oferta de empleo de acuerdo a la demanda. 2. Estado de adecuación y modernización De acuerdo con los funcionarios de la Secretaría de Trabajo, las respuestas se han dado por medio del INFOP ante la nueva demanda formativa de las empresas (empresas exportadoras con tecnología de punta), los empleadores, trabajadores y el gobierno se han dado en la modalidad de Formación Dual, que además atiende al sector maquila y el sector de producción de melón y camarones. Sin embargo, según la jefe de capacitación de la Secretaría de Trabajo, hay poco interés por parte de los empresarios y trabajadores respecto al tema. En lo referente a la existencia de estudios estadísticos sobre la oferta formativa privada (social y comercial), no se cuenta con bases estadísticas, el INFOP sólo cuenta con un inventario de instituciones privadas. Tampoco se señalan iniciativas y experiencias desarrolladas desde la Secretaría de Trabajo para la conformación de un sistema nacional de capacitación para el trabajo, pero se rescata la experiencia del Centro Nacional de Educación para el Trabajo (CENET) promovido por la Secretaría y el INFOP. 3. Objetivos generales y acciones debe seguir el Ministerio de Trabajo para asumir con

capacidad política e institucional una función rectora en la definición e impulso de nuevas políticas de capacitación formación profesional

De acuerdo con los funcionarios, el principal objetivo debe ser el fortalecimiento de la capacidad institucional y como acción, la rehabilitación del Concejo Nacional de Empleo. Otro objetivo planteado debe ser la coordinación, fomento y desarrollo de programas de gestión de empleo. Según el gerente del COHEP, con la creación de la instancia supraministerial, ésta sería la encargada de diseñar las políticas y de definir los objetivos y acciones a seguir, buscando siempre el consenso de las partes involucradas.

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Hubo además, una gran dispersión en cuanto a la valoración con respecto a la prioridad que debe tener la Secretaría de Trabajo en materiade Educación de Adultos, aunque se puede afirmar que se le dió un alto valor a la necesidad de que la Secretaría formule políticas educativas, proponga estrategias y evalúe los planes y proyectos de capacitación para el trabajo. Hubo también criterios divididos sobre la ejecución directa de los programas y proyectos y la coordinación de acciones entre el sector privado y el público (aunque fue una de las necesidades más sentidas en las otras opiniones) y se le da una gran importancia a la coordinación interinstitucional entre las instancias que brindan educación técnica y al realizar investigaciones conjuntas para la medición del sector informal. La capacidad rectora del sector público es evaluada como baja o muy baja, tanto en el aspecto de la capacitación para el trabajo como en la propia formación profesional, con lo cual la tendencia en los criterios no se modifica sustancialmente. 4. Corolario En cuanto a las alternativas de programas de capacitación para el sector informal, la mayoría de los entrevistados afirma que se han abierto algunas opciones para discapacitados y jóvenes, por medio de instituciones para estatales o autónomas. Todos son coincidentes en la necesidad de reorientar las políticas de la Secretaría de Trabajo respecto de la capacitación dirigida hacia el sector informal, en vista de las necesidades propias del sector y por la ineficacia actual con que se trabaja, incluyendo la necesidad de formular cursos alternativos de capacitación.

Por otra parte, la educación hacia el autoempleo, la formación de empresarios jóvenes y la modalidad de incubación de empresa, unánimemente se consideran pertinentes. En cuanto a la participación y coordinación con ONG’s no lucrativas en los procesos de capacitación para el trabajo, se considera como una condición necesaria, no así con las lucrativas.

También se considera prioritario desarrollar competencias en servicios de información, para conectar la oferta de trabajo con su demanda y se manifiesta que el interés de empresarios y trabajadores por los servicios de capacitación es baja y no se conoce la oferta de servicios de capacitación que existe en el sector privado. Congruente con lo anterior, los entrevistados aseveran que el estado de la capacitación va de regular a malo.

Las recomendaciones para mejorar esta situación van dirigidas a la actualización de los programas, métodos y una mayor coordinación en el sector de la formación profesional.

En lo que respecta a las fortalezas que tiene el sector de capacitación para el trabajo, se señalan la infraestructura instalada y los recursos humanos existentes. En lo que son las debilidades, como la más fuerte se señala la politización en la gestión de las instituciones.

Todos los entrevistados señalan al INFOP como el responsable normativo y principal actor en la capacitación labora y al igual que en la Secretaría de Educación, los entrevistados perciben que las funciones del Estado hacia el futuro en lo que respecta a educación técnica y formación para el trabajo, deben ser normativas, coordinadoras y evaluadoras más que ejecutoras. Finalmente, la capacidad rectora actual del sector público en las políticas

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educativas, se juzga de regular a mala, enfatizando en la falta de liderazgo y la poca coordinación con los distintos sectores que tienen que ver con la educación.

5. Conclusiones Generales

Como una apreciación general, se puede afirmar que hay una mayor concentración en los esfuerzos de reformas y de experimentación en la Secretaria de Educación que desde la del Trabajo. Ello es perceptible en los recursos que se invierten, en el numero de proyectos de reforma y de impulso de alternativas, en la cantidad de personas involucradas y la atención que ponen agencias externas de colaboración técnica y financiera. Sin embargo, el juzgamiento de las capacidades rectoras de ambas instituciones en el tema es muy similar: de regular a malo.

Las diferencias existentes radican en la capacidad propositiva que se esta desarrollando en la Secretaria de Educación y la interlocución que mantiene con el Foro Nacional de Convergencia, pero es del criterio de los entrevistados, que se está aún lejos de que los cambios lleguen a los demandantes finales de los servicios. Las principales propuestas para el mejoramiento de la gestión de estas dos instancias son:

�� El desarrollo de una nueva institucionalidad en el sector educativo, mediante la creación del Sistema Nacional de Formación Profesional, en la que se integren el sector formal con el informal.

�� La promulgación de la Ley de Educación Alternativa no Formal.

�� La valorización de los sistemas no formales de educación y capacitación.

�� La vinculación de la educación al trabajo o capacitación para el trabajo.

�� La focalización de la educación en sectores laborales importantes: cooperativas, jóvenes empresarios, áreas urbano marginales, etc.

�� El mayor énfasis que adquiere la formación técnica de nivel medio ante la educación en ciencias, cuyo logro mas sobresaliente es el impulso de los Institutos técnicos y polivalentes.

�� La formulación de normas de calidad de la enseñanza técnica.

Algunas de las propuestas anteriores apenas comienzan a ser experiencias pilotos oficiales32.

32 Vale la pena decir que muchas de estas propuestas han sido implementadas aisladamente por proyectos o por ONG’s y comienzan a observarse sus resultados por el sector publico.

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E. La oferta privada de formación profesional y capacitación para el trabajo en Honduras En la oferta privada, destácase el Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos - CADERH; el país cuenta, además, con la presencia de la Comunidad Salesiana y la actuación de Organizaciones no Gubernamentales - ONGs y Organizaciones Privadas para el Desarrollo - OPDs. La formación profesional no formal, recientemente ha sido impulsada en el país con la emisión de la Ley de Educación Alternativa no Formal, en la que se proponen mecanismos para que la sociedad civil organizada participe de la gestión educativa. En la encuesta, además de considerarse las características institucionales de cada organización, han sido tomados en cuenta temas de la interacción entre ellas y las instancias normativas del Estado, por lo cual el analisis permite tener un panorama amplio dentro del marco institucional que actualmente se busca implantar. Las organizaciones consultadas han sido seleccionadas a partir de un listado informativo proporcionado desde la oficina de la OIT en San José de Costa Rica y de la guía de organizaciones publicada por la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH). En particular las instituciones privadas de formación profesional han sido seleccionadas por informantes claves y del conocimiento que el responsable tiene del medio. Por la naturaleza del tema y la extensión de la investigación, fueron seleccionadas finalmente las organizaciones / instituciones que tienen sede en las principales ciudades industriales del país: Tegucigalpa, San Pedro Sula y Choluteca. Lo anterior es un sesgo que debe tomarse en cuenta el analisis ya que en el país existe una cantidad apreciable de instituciones que actúan en la formación técnica agrícola, pero que resultaba difícil tomarlas en cuenta en el presente estudio. Para ampliar detalles de cada una de las organizaciones se presenta un perfil de las mismas. Seguidamente se hace un analisis de los ítem que contiene la encuesta.

1. Perfil de las Instituciones y ONG’s consultadas

a) Asociación COMPARTIR

Es una asociación civil sin fines de lucro con 9 años de existencia, que presta servicios a niños y niñas “de y en la calle” que no tienen acceso a los beneficios que la sociedad debe prestar para su desarrollo integral. Promueve acciones de prevención y reintegración a la sociedad, por medio de capacitación en formación para el trabajo, atendiendo además de los niños y niñas a mujeres jóvenes mayores de 25 (normalmente las madres). La formación comprende la capacitación en oficios técnicos de electricidad y estructuras metálicas. Proporciona además asistencia médica y atención familiar llegando a un total de 2.500 niños pertenecientes a unas 780 familias.

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Su cobertura abarca tres barrios marginales del Distrito Central. Esta asociada a dos redes: Coordinadora de Instituciones Privadas Pro – Derechos del Niño (COIPRODEN) y la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Honduras (FOPRIDEH). Se financia con donaciones de Agencias de cooperación internacional. Coordina y se asesora con el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y el Consejo Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos de Honduras (CADERH) para la revisión de políticas, programas y planes de estudio en formación no formal. b) Asociación San José Obrero (ASJO) Asociación Civil sin fines de lucro con 28 años de funcionamiento. Su surgimiento esta vinculado a la Iglesia Católica. Es probablemente una de las ONG más grandes de Honduras. Promueve la capacitación técnica, social, política y religiosa de sus beneficiarios creando núcleos de trabajadores alrededor de proyectos económicos de generación de empleo e ingresos. Sus programas principales son: capacitación de promotores de salud y servicios de capacitación, los cuales se imparten en el Instituto de Capacitación Técnica (INCATEC) que brinda cursos de capacitación técnica en albañilería, artesanías, carpintería, cerámicas, electricidad, electrónica, fontanería, mecánica, refrigeración, radio y televisión, soldadura, administración por objetivos, análisis financiero, técnicas ortográficas, corte y confección, cocina y repostería, relaciones humanas, etc. Atiende además programas especiales como un conservatorio de música, creación de centros de trabajo para la fabricación de guantes, muebles de madera, bloques de concreto, derivados de la leche, construcción de vivienda, préstamos en efectivo o materiales de construcción, ecología y medio ambiente. Atiende mujeres y jóvenes menores de 25 años y personas mayores. Se financian con donaciones, contribuciones de agencias de cooperación internacional, venta de servicios, productos y matrícula. Siendo muy importantes los ingresos que se derivan de las ventas de los productos de los proyectos. Coordinan con INFOP, FOPRIDEH y EDUCATODOS. c) Centro de Capacitación Don Bosco Este centro técnico con 15 años de funcionamiento, es una obra social del Instituto Salesiano San Miguel, del cual es parte. Tiene como objetivo la formación integral de jóvenes críticos, participativos y solidarios que contribuyan a la construcción de una sociedad mas justa, fraternal y orientada a la paz. El centro sirve de escuela de capacitación técnica de jóvenes obreros en las especialidades de electricidad, ebanistería, soldadura, tapicería y mecánica automotriz.. Sus cursos tienen una duración de dos años para aprendices de 14-17 años con 150 alumnos los cuales funcionan con un horario continuo de 7:30 am a 4:00 pm de lunes a viernes. Así mismo ofrece cursos sabatinos de 1:30 pm a 5:00 pm, con 150 obreros que complementan o perfeccionan sus

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conocimientos en las especialidades de ebanistería, electricidad básica, electrodomésticos y mecánica automotriz.

Se mantiene financieramente por medio de donaciones, venta de servicios y matrícula.

Actualmente están revisando sus planes y programas para adecuarse a los cambios tecnológicos y obtener un joven capacitado de acuerdo a la demanda laboral.

d) Asociación Hondureña para el Desarrollo de la Juventud y Mujer Rural (AHDEJUMUR)

Asociación Civil sin fines de lucro con 17 años de funcionamiento.

Tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las familias de aquellos sectores más pobres del área urbana y rural de Honduras, por medio de la capacitación, la asistencia técnica para la autogestión de proyectos que les permitan acceder a nuevas oportunidades. Sus áreas de servicio son: capacitación, asistencia técnica, asistencia crediticia a bancos comunales y microempresas, con miras a establecer las empresas solidarias. Sus cursos de capacitación laboral duran de 16 a 48 horas con grupos de 15 mujeres. Atiende a mujeres, jóvenes y mayores de 45 años a nivel nacional. Tiene sedes en Tegucigalpa y Juticalpa. La ejecución de proyectos ha sido posible mediante la cooperación de fuentes internacionales y de nacionales. e) Integración Hondureña de Promoción Empresarial Juvenil (IHPEJ) Asociación Civil sin fines de lucro con 9 años de servicio. Tiene como objetivo la promoción del desarrollo integral del joven y la mujer con el fin de mejorar sus condiciones de vida personal y la familia. Atiende al sector social de la economía por medio de la capacitación y formación no formal de mujeres y jóvenes de 25 años y personas mayores. Sus cursos tienen una duración de 16 a 48 horas, tres veces al año en cinco centros de adiestramiento con una participación de 1.500 personas (20 por grupo), contratando asistencia de técnicos de Unidad de Servicios de Apoyo a la Mujer (UNISA) y del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Esta iniciando la formación profesional en capacitación de albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas y otros. Adicionalmente, realiza proyectos y programas de capacitación en manejo y protección del medio ambiente y protección de micro cuencas.

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f) Fundación Hondureña de Rehabilitación e Integración del Limitado (FUHRIL)

Con el fin de realizar esfuerzos para el desarrollo de la rehabilitación integral de Honduras e impulsar el reconocimiento de las personas para obtener mejores condiciones de vida, un grupo de representantes de organizaciones que trabajan en el campo de la rehabilitación, acordaron formar una fundación sin fines de lucro hace ya 17 años. Inician y realizan proyectos de suma importancia para las personas que tienen discapacidad, mismos que han venido consolidando y ampliando. Esta fundación impulsa, patrocina, financia y ejecuta proyectos específicos que tienden a la capacitación técnica, vocacional y laboral que posibiliten la participación de personas que por cualquier razón se encuentran física, mental o socialmente discapacitados. Atiende el sector informal y a todas las edades a nivel nacional. Los programas específicos son: rehabilitación integral, consulta externa en rehabilitación, adaptación ocupacional e inserción laboral de personas con discapacidad, comunidades en desarrollo e industrias de buena voluntad, producción, alquiler y reparación de sillas de ruedas y de andadores, centro de capacitación y trabajo en situación especial para personas con discapacidad y talleres de estructuras metálicas. Los cursos son de 160, 210 y 240 horas con 35 participantes por taller. Desde mayo de 1986 han desarrollado 145 eventos de capacitación con más de 1.000 participantes con o sin discapacidad.

g) Instituto Técnico Santa María (ITSM)

Instituto sin fines de lucro con 16 años de existencia. Fundado con el apoyo de la Iglesia Episcopal y dedicado a la capacitación, educación y formación económica y social, siendo su finalidad impartir a los alumnos una educación integral, acorde a los adelantos de la ciencia, la tecnología y la cultura, garantizando una adecuada formación que permita formar un profesional en el campo industrial que sea factor determinante del desarrollo socioeconómico del país. Atiende a jóvenes menores de 25 años de todo el país en sus edificaciones y talleres en Tegucigalpa. Estos salen graduados a nivel secundario de bachilleres en electricidad, soldadura y carpintería. A nivel informal, capacita obreros en soldadura de gas, chapistería, soldadura eléctrica, construcción de muebles de madera, acabado de muebles, preparador de yardas, manejo de herramientas manuales, reparación de electrodomésticos e instalaciones eléctricas domiciliarias. Se financian con donaciones de la Iglesia Episcopal, agencias de cooperación internacional, venta de servicios y matrícula (simbólica). Los cursos para la formación profesional formal duran 3.000 horas con 60 alumnos matriculados. Los cursos en la formación informal tienen duraciones de 192 horas con 25 matriculados y 394 horas con 55 matriculados. Su acreditación es reconocida o avalada por el Ministerio de Educación, CADERH e INFOP.

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Su currículo ha sido revisado en los últimos cinco años y adaptado a la nueva tecnología, manteniendo el 90% de índice de colocación de empleo en sus graduados.

h) Hogares Manantial de Acción Humanitaria

Asociación Civil sin fines de lucro fundada hace 5½ años con el fin de rescatar a los niños abandonados.

Tiene como objetivo brindar un lugar permanente y estable a niños abandonados, donde proporciona estudios formales y capacitación en oficios, tratando de devolver a la sociedad jóvenes formados y orientados hacia el trabajo productivo y conocedor de sus derechos.

Sus principios son religiosos.

La educación a nivel formal es la Educación primaria; la formación a nivel informal es capacitación vocacional (carpintería, corte y confección, valores morales, autoestima y derechos del niño).

Posee dos centros de capacitación, uno en San Pedro Sula y otro en Choloma.

i) Centro Modelo de CADERH (CEMOCATE)

Centro de capacitación de recursos humanos con sede en San Pedro Sula, adscrito al CADERH, el cual ejecuta actividades de educación y capacitación en la región, atendiendo a mujeres y hombres mayores de 16 años. Actualmente asiste proyectos específicos, como talleres de soldadura industrial, ebanistería y capacitación en gestión de empresas.

Se sostiene por medio de la venta de servicios y producción de sus talleres. Los cursos profesionales tienen una duración de 500 horas con 120 participantes matriculados y los de capacitación para el trabajo o habilitación de 40 horas y 90 matriculados. Para la planificación de su currículo y orientación de su trabajo educativo tiene Comités Asesores y tiene el auxilio de la Oficina de Tegucigalpa.

j) Centro de Capacitación Técnica Honduras-Corea (CCTHC)

Centro Técnico sin fines de lucro – también una asociación civil - financiado con fondos de la República de Corea y aportes de la Municipalidad Sampedrana. Tiene año y medio de haberse fundado. Posee instalaciones físicas, equipos y materiales de alta tecnología con personal técnico calificado.

Fue creado para calificar obreros y empleados de fábricas y maquilas de alta calidad. Se atienden hombres y mujeres de todas las edades.

Los programas de formación están calificados en dos niveles: educación para el trabajo con 960 horas, 62 matriculados; capacitación para el trabajo con 480 horas, 145 matriculados.

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Los planes y programas, fueron elaborados de acuerdo con las necesidades reales de capacitación y de la demanda laboral de la región con carreras como: electricidad, instalaciones domiciliarias, electricidad básica, soldadura, supervisores e instructores de maquila, refrigeración, computación y cursos libres en computación.

Los requisitos generales de ingreso incluyen aprobar el examen de admisión, ser mayor de 14 años, haber concluído el 6º grado y tener tarjeta de salud.

k) Centro de Capacitación Femenina del Instituto María Auxiliadora (IMA)

Es un centro promovido por las comunidades salesianas al servicio de los y las jóvenes, como una participación de la iglesia católica.

Su objetivo es promover el desarrollo integral de la persona, en una actitud de profundo respeto, desarrollando su misión educativa la basada en los principios del evangelio conduciendo a los educandos / as a actuar con criterios y actitudes cristianas.

Las áreas de atención son: educativa, evangelizadora y económico social, trabajando con los sectores formal e informal. La población atendida son jóvenes menores de 25 años y mayores de 45, que viven en sectores marginados, empleadas domésticas y trabajadores de maquila de SPS.

Los programas de educación de adultos contienen 600 horas por curso en tres años y 430 participantes en capacitación para el trabajo 340 horas con 719 participantes.

l) Instituto Tecnológico del Norte (ITN)

Es un instituto con fines de lucro, reconocido por el Ministerio de Educación.

Su objetivo es la capacitación del hombre y mujer para desarrollar sus potencialidades humanas, elevar su productividad y aumentar su participación social. Además, proporciona al educando una formación práctica a corto plazo que le facilite su incorporación inmediata al mercado de trabajo, por medio de una educación técnica que le prepare para participar activamente en el proceso de desarrollo socioeconómico nacional.

El sector que atiende es formal de educación secundaria para mujeres y hombres menores de 25 años, los que obtienen el título de bachiller como Técnico en Electrónica, Técnico en Computación y Técnico en Electricidad con 1.680 horas de capacitación en tres años.

Los planes y programas de estudio están adaptados a los que maneja el Ministerio de Educación.

m) Instituto Técnico de Capacitación Sampedrano (ITEC-S)

Centro técnico, fundado hace 28 años, ofrece servicios educativos técnicos, en diferentes áreas de instrucción, con una metodología de aprender “produciendo” y utilizando conceptos de formación integral para los estudiantes.

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Atiende el sector informal en las áreas de: ebanistería, asistente de ebanistería, electrónica, soldadura industrial, electricidad industrial, refrigeración industrial, tallado en madera y corte y confección.

Esta financiado con donaciones, contribución de afiliados, agencias de cooperación internacional, venta de servicios, matrícula y sobre todo apoyado por la Municipalidad de San Pedro Sula.

Ha hecho cambios en su programación y planes de estudio sobre la base de la demanda de servicios, introduciendo mas práctica (80%) que teoría (20%).

n) Acción Cultural Popular Hondureña (ACPH)

Organización no gubernamental sin fines de lucro, que ofrece servicios educativos a la población joven y adulta de la zona rural marginada. Es la organización más antigua de las consultadas: 40 años. Nacida con el auspicio de la Iglesia Católica.

Tiene como objetivo fomentar una conciencia crítica que le permita cuestionar su realidad y buscar en forma creativa las alternativas de transformación de la sociedad. Promueve la incorporación de los campesinos en sus organizaciones representativas y su participación responsable en todas las actividades de las mismas.

Atiende mujeres, jóvenes y adultos, con una cobertura nacional y sedes en Choluteca, Francisco Morazán, El Paraíso, Olancho, Yoro y Santa Bárbara. Imparte:

- Educación Básica de Jóvenes y Adultos.

- Educación a Organizaciones en producción y con enfoque de género y medio ambiente.

Con financiamiento de donaciones de la Iglesia Católica, agencias de cooperación internacional, atiende 5.000 beneficiarios en formación inicial, aprendizaje y habilitación.

2. Análisis de las instituciones privadas de formación profesional

a) Tipo de instituciones

Las organizaciones encuestadas todas son en estricto sentido asociaciones civiles. Por la naturaleza de su orientación pueden dividirse en dos categorías:

�� Asociaciones civiles con orientación al desarrollo en general y que tienen como una de sus actividades la educación profesional no formal; y

�� Asociaciones civiles especializadas en la formación profesional formal e informal.

Las primeras son ONG’s en el sentido clásico y las segundas se definen como institutos y centros técnicos de formación profesional.

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De las 15 consultadas siete pertenecen a la primera categoría y ocho a la segunda (53%).

En la primera categoría, el peso que se da a la formación profesional, normalmente informal, varia de acuerdo con su objetivo más global de desarrollo (mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad). La formación profesional destaca en dos de ellas, ya que no es un acompañamiento sino el centro de la estrategia de desarrollo de la organización (Acción Cultural Popular Hondureña (ACPH) y Asociación San José Obrero (ASJO)33.

En las organizaciones especializadas resalta que tres de ellas pertenecen a la Iglesia Católica, orden salesiana principalmente34.

b) Antigüedad de las instituciones

Por una parte, la institución más antigua de las encuestadas tiene 40 años de funcionamiento (ACPH) la cual nació como una acción de la Iglesia Católica y es una Asociación de desarrollo, pionera en el movimiento de las ONG’s. Por otra parte, la más reciente tiene un año y es un Centro Técnico surgido de la Cooperación Bilateral entre Honduras y Corea, en el marco de la expansión de la industria de maquila en el norte de Honduras, época de la globalización de la economía.

En promedio las instituciones tienen una edad de 15.6 años, habiendo surgido siete de ellas en el decenio de los 80. Sólo cinco de las organizaciones surgieron en los años 90. Las restantes son de los años 60 y 70.

En general las asociaciones de desarrollo son más antiguas que las de formación profesional, lo cual es muy compatible con la estructura y dinámica de desarrollo histórico del país.

c) Objetivos y Fines

Para las organizaciones que se califican como de Desarrollo, los objetivos están centrados en el tema de mejorar las condiciones de vida en general o aspectos de reintegración social. Para las organizaciones especializadas sus objetivos están la formación técnica, excepto cuando son de orientación religiosa en donde se agrega además el mejoramiento de la calidad moral del alumno.

d) Áreas de Interés y cobertura

Entre las organizaciones de desarrollo se registra una mayor amplitud de áreas de interés – dispersión en algunos casos – en cambio de los institutos especializados la formación técnica es el centro de interés y específicamente la calificación de la mano de obra.

Lo anterior es congruente también con la cobertura geográfica. Mientras que en las organizaciones de desarrollo la aspiración siempre es la máxima cobertura (nacional), en casi 33 La ASJO, con sede en Choluteca, vista desde el capital que moviliza es posiblemente una de las mas fuertes empresas de la ciudad. También ligada a la Iglesia Católica. 34 Los salesianos a nivel mundial tienen esta especialidad entre todas las ordenes que conforman la iglesia católica.

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todas las instituciones especializadas solo hay una sede en donde reciben alumnos o aprendices de varias partes del país. Ello es compatible con la magnitud de las inversiones que hay que realizar para abrir nuevas sedes.

e) Sectores económicos que atienden Seis de las 15 organizaciones consultadas dirigen su oferta al sector formal de la economía, las restantes lo hacen para el sector informal. De las seis primeras una es ONG (ASJO35) y las restantes son asociaciones especializadas en el tema de formación profesional. De las asociaciones especializadas todas forman personas para el sector secundario (formal o informal) y el terciario. Las asociaciones de desarrollo forman personas para el sector informal en todos los sectores económicos. f) Grupos sociales atendidos

Excepto tres organizaciones, las doce restantes tienen como población meta la mujer, la población menor de 25 años y la población mayor de 45 años. Curiosamente el énfasis en estos tres grupos es muy similar tanto para organizaciones de desarrollo como especializadas.

Las tres organizaciones que se exceptúan son FUHRIL que utiliza la formación para la rehabilitación y reinserción laboral de personas discapacitadas (la única de las 15) y dos (COMPARTIR y Hogares Manantial de Acción Humana) utilizan la formación para acompañar la reinserción de niños/as de la calle, objetivo principal de ellas.

g) Programas que imparten

Los programas que imparten siguen el mismo comportamiento de las áreas de interés institucional. Los temas muy abiertos en las asociaciones de desarrollo y más concentrados en las especializadas. Incluso los programas de educación son menos definidos en las asociaciones de desarrollo (horas de instrucción por curso) que en las asociaciones especializadas. En éstas los programas son de tipo formal e informal y la temática de los oficios técnicos es variada.

35 Pero también forma personas para el sector informal.

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Cuadro No. 9 Temas de formación de las asociaciones

Temas de Formación Profesional Asociaciones de Desarrollo

Asociaciones Especializadas en Formación Profesional

Administración de Recursos Humanos I Contador mercantil I Administrador de pequeña empresa I I Desarrollo Empresarial I Supervisor Industrial I Administración de Crédito por medio de bancos comunales

I

Agricultura General I Beneficio de café I Carpintería II II Chapistería I Cerámica I Computo II Construcción de muebles de madera I Corte y confección I I Ebanistería I IIII Electricidad II II Electricidad industrial III Electrónica II Estructuras metálicas II Formación Profesional I Instalación eléctrica domiciliaría III Manejo de herramientas manuales I Mecánica automotriz II Mecánica industrial II Mecánico cepillador industrial I Mecánico de banco I Mecánico forestador industrial I Preparador de yardas I Recepcionista I Refrigeración industrial I III Reparación de electrodomésticos I II Sastrería I Secretaria I Soldadura II Soldadura de Gas I Soldadura eléctrica I Soldadura industrial IIII Tallado de madera I Tapiceria I Zapatería I

Fuente: elaboración propia con base en las entrevistas realizadas.

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Los temas predominantes se sitúan en la Electricidad, la metalmecánica (incluida la soldadura), la mecánica e industria de la madera. Comienzan a destacar la enseñanza en puestos de gestión bien dentro de la empresa o desempeñándose como microempresario. Entre las asociaciones orientadas al desarrollo en general su integración hacia redes es mayor que en las asociaciones especializadas. Destacan en las primeras sus relaciones de tipo gremial / político. Las principales organizaciones de integración en el tema de Formación Profesional para todas las organizaciones son, en primer lugar, el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) y, en segundo lugar, el Consejo Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos (CADERH). Destaca la ausencia de la Secretaria de Educación, la cual solo es utilizada como instancia formal de validación de la formación mediante la expedición de diplomas. h) Fuentes de Financiamiento

En las organizaciones de desarrollo el tipo de recursos que las financian son principalmente de donación: seis reciben apoyo de organizaciones de cooperación internacional, cinco reciben donaciones de otras fuentes. Muy pocos de los ingresos totales se derivan de contribuciones de afiliados, de la venta de servicios o de la matrícula que paga la población por su formación. En general la institución y los servicios que da son subsidiados por las donaciones internacionales.

En las organizaciones especializadas en formación profesional los recursos que provienen de la Matricula y la venta de servicios tienen mas importancia, pero no se sabe si son los ingresos principales en vista que también hay presencia de organizaciones de cooperación internacional (en cuatro de las ocho organizaciones).

Para ambos tipos de organización los fondos estatales tienen muy poca significación como fuente de financiamiento, excepto en para dos asociaciones especializadas en formación profesional que reciben el apoyo financiero de la Municipalidad de San Pedro Sula.

i) Organización interna

Las organizaciones, independientemente de su tipo, reflejan distintos grados de complejidad y elaboración. Hay desde las organizaciones de mayor simplicidad en donde esta presente un nivel decisorio (asamblea u otro), un nivel ejecutivo (director) y un nivel operacional (personal técnico y administrativo). A este tipo de organización pertenecen tres de las siete organizaciones de desarrollo y tres de las ocho organizaciones especializadas en formación profesional. En ellas normalmente pesa una persona muy carismática.

En las restantes organizaciones puede inferirse una mayor estructuración en su gerencia y en la organización de su cuerpo operativo técnico. La diversificación de los órganos de gestión es mayor y refleja una división del trabajo moderna.

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j) Acreditación

Las organizaciones independientemente de su tipo buscan acreditar sus planes de estudio ante las instituciones nacionales normativas: INFOP, Ministerio de Educación Publica y en algunos casos ante el Consejo Asesor de Desarrollo de los Recursos Humanos de Honduras.

Normalmente las organizaciones buscan la acreditación en las dos primeras instituciones. En el caso de las asociaciones de desarrollo tres no están acreditadas ante ninguno de los dos; en el caso de asociaciones especializadas solo una no esta acreditada.

k) Oferta educativa: modalidades En cuanto a los tipos de formación, sólo las asociaciones especializadas en el tema hacen Formación Profesional, lo cual es un reflejo de las capacidades instaladas a uno y otro tipo de organización. En proporciones similares hacen Educación de Adultos, para el trabajo y capacitación para el trabajo.

Cuadro No. 10 Tipo de formación impartido por organización de desarrollo y especializadas en

formación profesional Tipo de formación Asociaciones de

Desarrollo Asociaciones

Especializadas en Formación Profesional

Formación profesional 4 Educación de adultos 2 2 Educación para el trabajo 2 2 Capacitación para el trabajo 5 6 Fuente: elaboración propia con base en datos de las entrevistas. En los modos de formación brindada las diferencias son más notables por la orientación de la asociación. Las de desarrollo hacen fuerte énfasis en la habilitación de los capacitados en cuanto buscan para ellos no sólo una nueva calificación sino una opción de integración a la vida productiva. Las Especializadas están orientadas hacia la producción de recursos calificados y por ello los modos en que más énfasis ponen son el aprendizaje y la formación intensiva, ultima ésta en donde la inversión de horas curso es fuerte. Normalmente la formación intensiva esta orientada hacia carreras profesionales de nivel medio.

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Cuadro No. 11 Modos de formación utilizados por organización de desarrollo y especializadas en

formación profesional Modos de formación Asociación de

Desarrollo Asociación

especializada en Formación

Formación inicial 2 3 Aprendizaje 3 5 Habilitación 7 2 Complementación 1 1 Formación intensiva 6 Rehabilitación personal 1 Readaptación profesional 1

Fuente: elaboración propia con base en datos de las entrevistas.

En cuanto a las modalidades de formación hay una preferencia en ambos tipos de organización por la formación modular en vista que permite una entrega de conocimientos programada y en función de la disponibilidad del tiempo y oportunidad del capacitado. Las asociaciones especializadas tienen bastante énfasis en la formación continua.

Llama la atención que la modalidad de capacitación en servicio es casi inexistente, ya que la formación dual o la formación en la empresa no tienen significación. Lo anterior es una pista a investigar en cuanto a la visión que la empresa privada tiene sobre la formación profesional.

Cuadro No. 12 Modalidades de Formación impartidas por organización de desarrollo y especializadas

en formación profesional Modalidades Asociación de

Desarrollo Asociación

especializada en Formación

Formación basada en competencias 1 3 Formación modular 6 8 Formación dual Formación continua 2 5 Formación en la empresa 1 Otros Fuente: elaboración propia con base en datos de las entrevistas. l) Contratación de servicios

Entre las organizaciones de desarrollo la contratación de servicios para dar formación es una práctica establecida: cinco de las siete recurren a contratar los servicios especializados de los que no dispone la asociación. El INFOP es una institución solicitada y otras contrataciones se da con organizaciones del mismo tipo especialista del tema necesitado. No hay contratación de empresas privadas.

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Entre las organizaciones especializadas la contratación de servicios es también una práctica frecuente (seis de las ocho) y se recurre mucho al INFOP y el CADERH.

Como oferentes o prestadores de servicios la situación es diferente: las asociaciones de desarrollo tienen una participación marginal y no hay intercambio con la empresa privada. Las asociaciones especializadas tienen una situación ligeramente diferente: aproximadamente la mitad de ellas no vende servicios y las restantes prestan sus servicios a los cuatro tipos de demandantes considerados, inclusive la empresa privada, con la cual hay relaciones de colaboración. Un dato importante es que la mayoría de estas asociaciones tienen como centro de operaciones San Pedro Sula, la ciudad industrial del país, en donde las posibilidades de intercambio y colaboración son más amplias que en el resto del país.

Cuadro No. 13 Venta de servicios

Asociación de desarrollo Asociación especializada en formación profesional

Organizaciones a quienes prestan servicio

SI NO SI NO Instituciones publicas (INFOP, Secretaria de Educación)

1 5 3 5

Empresas Privadas 6 4 4 Otras instituciones privadas de formación y capacitación

1 6 4 4

ONG’s 2 4 3 3 Fuente: elaboración propia con base en datos de las entrevistas. m) Adaptaciones de los programas al entorno Todos afirman tener como práctica la revisión de sus programas de estudio.

Las dos principales causas impulsoras para hacerlo es la creciente demanda de mano de obra calificada que existe y la adecuación tecnológica que experimenta el sector industrial del país. Estas dos causas las ven las organizaciones como la adecuación de su oferta a la demanda del mercado.

En algunos casos la adecuación además esta ligada a razones institucionales de mejorar su entrega de servicios y de lograr que las personas que pasan por sus cursos tengan un alto índice de empleo posterior. Sólo en un caso se menciona como causa de adecuación el estar en sintonía con la reforma educativa que vive el país.

Los cambios que suscitan estas adecuaciones tienen que ver con la necesidad de retroalimentarse permanentemente creando consejos asesores, buscando mejorar la coordinación externa o el establecimiento de alianzas con otras instituciones.

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n) Sistema Nacional de Formación

En todas las organizaciones consultadas se manifestó estar de acuerdo con la promoción e instalación de un Sistema Nacional de Formación Profesional.

Las principales razones son:

�� Compartir e intercambiar experiencias entre las instituciones con el mismo perfil;

�� Establecer estándares de calidad de la formación profesional;

�� Unificar esfuerzos en la enorme tarea de mejorar la calificación de la mano de obra;

�� Mejorar la acreditación de los estudios;

�� Ampliar el currículo actual;

�� Definición de roles entre las instituciones;

�� Facilitar el acceso de la población a la formación profesional;

Todo lo anterior dentro del respeto a la autonomía de cada organización. 3. Otras organizaciones que brindan capacitación y formación profesional El Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos de Honduras – CADERH Es una institución privada sin fines de lucro con 14 años de existencia, la cual nació vinculada a los organismos de la empresa privada. Su junta directiva esta integrada por 20 miembros que representan los sectores empresarial, gubernamental y sindical. Dedica sus esfuerzos a la ampliación y el mejoramiento de las acciones de asistencia técnica, de administración, selección, capacitación y entrenamiento de recursos humanos y certificación de ocupaciones laborales en instituciones técnicas, vocacionales, empresariales y gubernamentales. Atiende al sector informal no estructurado de la economía. Está establecido a nivel nacional con 2 sedes: una en Tegucigalpa y otra en San Pedro Sula. Sus programas principales son: Administración de Recursos Humanos, Desarrollo Empresarial, Desarrollo Educativo, Multimedios y enseñanza de lenguas (inglés). Ha manejado 17 proyectos (13 ejecutados y 4 actualmente en ejecución), sus cursos oscilan en 8,16, 32 y 40 horas cada uno según el área, con una participación mínima de 25 alumnos por curso y posee el reconocimiento o certificación del Ministerio de Educación e INFOP. En los últimos años ha actualizado los objetivos originales, ha definido prioridades, calificado su personal técnico dotándolo de instrumentos y de equipo moderno, introduciendo

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la sinergia entre los diferentes componentes y consolidando y ampliando la cooperación externa. En 1986, AID ofreció su apoyo técnico y financiero a un grupo de empresarios hondureños para poner en práctica un conjunto de medidas que permitieran superar las grandes deficiencias detectadas en la preparación de recursos humanos en el país y, al mismo tiempo, involucrar al sector productivo privado en acciones concretas destinadas a contribuir a la resolución de esos problemas. La iniciativa se basaba en estudio sobre la “educación vocacional” impartida en centros que dependían especialmente de comunidades religiosas y de municipalidades, el cual identificó elevado nivel de deserción; bajo índice de aprovechamiento de los egresados en ocupaciones para las cuales se habían capacitado; infraestructura, equipamientos y materiales deficientes; métodos y técnicas de enseñanza inadecuados; preparación excesivamente teórica; escasez de recursos para financiar la operación de los centros. Como resultado, mediante la Resolución nº 1-86 del Poder Ejecutivo, de febrero de 1986, se creaba el Consejo Asesor para el Desarrollo de los Recursos Humanos de Honduras - CADERH, hoy Centro Asesor, como entidad privada de desarrollo, sin fines de lucro, dirigida por empresarios, trabajadores y profesionales, con los objetivos de apoyar centros vocacionales privados y públicos que atienden a jóvenes de escasos recursos, así como las empresas industriales, agroindustriales y comerciales, mediante el desarrollo de programas de capacitación que contribuyan a aumentar efectivamente la productividad y la calidad del recurso humano. a) Modos de operación Al iniciar sus actividades, el CADERH definió como filosofía básica que los centros apoyados por la entidad deberían atender a poblaciones marginales urbanas o rurales y estar dirigidos por organizaciones civiles sin fines de lucro, tales como comunidades religiosas, patronatos y alcaldías. El CADERH asumiría los costos de construcción y/o equipamiento inicial y la asistencia técnica y asesoría permanente. No obstante, debería haber un compromiso de parte de los centros de autosuficiencia financiera de todos los costos directos en un plazo no superior a cuatro años. Con el monto inicial de recursos proporcionados por AID, se lograron crear o equipar 12 Centros Vocacionales en el país. Cuando se agotaron los recursos, el proceso de apoyo inicial a nuevos centros se estancó. La entidad continuó ofreciendo supervisión y asistencia técnica para garantizar que los centros inicialmente apoyados siguieran respondiendo a las exigencias de pertinencia y calidad de los programas. Durante ese período, el CADERH contó con un supervisor para cada dos centros. Para sobrellevar los costos de administración y mantener la atención a los centros apoyados, la entidad desarrolló una área de producción propia, combinando acciones de impacto social con servicios productivos que generan ingresos.

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De esa forma, en el ámbito de su trabajo social, representado por el apoyo a la “educación vocacional”, el CADERH se mantiene como un centro asesor y no ejecutor, salvo en los casos en que sea necesario experimentar y validar nuevos modelos o metodologías. En sus demás actividades, el Centro Asesor se caracteriza efectivamente como una empresa privada de servicios de consultoría y asesoría, cuyos productos son diversificados: diagnósticos organizacionales; estudios, análisis y evaluación de puestos; selección de personal; asistencia técnica en montaje de plantas; asesoramiento en productividad; producción de videos; alquiler de salas de conferencia y de equipos audiovisuales; servicios de imprenta; cursos de inglés; diseño de proyectos agropecuarios; capacitación ocupacional en el área técnica y en el área administrativa (mediante cursos abiertos, programados trimestralmente, o cursos cerrados, programados de acuerdo a las necesidades específicas de una empresa). i) Estructura organizativa CADERH define su estructura como conformada por tres áreas: una área estratégica, una área sustantiva y una área adjetiva. El área estratégica incluye la Asamblea General de Socios (empresarios, trabajadores y profesionales) y la Junta Directiva, electa cada dos años. El área sustantiva, la conforman las unidades operativas: Certificación Ocupacional, Productividad en Centros Vocacionales y Desarrollo Educativo, Capacitación Ocupacional, Capacitación en la Industria, Servicios de Artes Gráficas, Multimedia, Centro Americano de Lenguajes y Alternativas de Desarrollo Rural. El área adjetiva provee la logística, con unidades como contabilidad, proveeduría, transporte y servicios generales. ii) La estrategia educativa Las premisas que han orientado la adopción de la estrategia educativa de CADERH se pueden resumir como: atender las expectativas de los jóvenes en consonancia con los intereses del sector productivo y social, respetar la individualidad (potencialidades y límites) de cada persona que intenta aprender y ofrecer servicios educativos con pertinencia y calidad. El logro de tales principios exige, fundamentalmente, la participación de los actores en el diseño de los programas. Contenidos y procesos obtenidos de la realidad, en un concepto de educación-producción, se consideran factores de motivación que contribuyen para reducir la deserción y mejorar los logros de aprendizaje. Por otro lado, la participación directa del sector productivo en las diferentes etapas del proceso fortalece su compromiso con las instituciones educativas y hace más viable la actualización del currículo36.

36 BETANCOURTH, O. El sector productivo, la comunidad y las nuevas escuelas técnicas de Honduras. El caso del CADERH. Sin fecha.

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Las estrategias básicas que adopta el CADERH para garantizar que tales aspectos se concreticen en la práctica son los Comités Técnicos Asesores y la metodología de Instrucción Basada en Competencias. Los Comités Asesores, conformados por trabajadores y profesionales, organizados por especialidad u ocupación, son los responsables de la definición de los contenidos y de los estándares de desempeño en cada ocupación para la cual se estructura el programa, información tratada por expertos en metodología y tecnología educativa para la estructuración del currículo. La Instrucción Basada en Competencias consiste en un sistema modular, en el cual cada módulo está diseñado de manera a conducir al dominio de una destreza particular; del conjunto de destrezas, resulta el dominio completo de la ocupación elegida. El alcance de los objetivos de cada módulo debe ser demostrado por el participante mediante la resolución de una prueba escrita con una exactitud del 90% y de una prueba práctica con una exactitud del 100%. Siendo modular, el sistema ofrece la posibilidad de salidas intermedias y de entradas abiertas. El CADERH ha desarrollado los currículos de acuerdo a la metodología modular basada en competencias para las siguientes ocupaciones o áreas: beneficiado de café en finca, carpintero (mobiliario escolar), contador mercantil, ebanista, electricista instalador residencial, gerente de pequeña empresa, mecánico automotriz, mecánico de banco, mecánico cepillador industrial, mecánico fresador industrial, mecánico tornero industrial, modista, productor de flores, frutas y hortalizas, recepcionista, reparador de electrodomésticos, sastre, secretaria comercial, soldador y zapatero. iii) Certificación ocupacional Desde su creación, el CADERH ha desarrollado el Programa de Certificación Ocupacional, que permite comprobar los conocimientos y destrezas que posee un trabajador en función de los requisitos de una ocupación, independientemente de cómo y dónde haya obtenido su capacitación. Con base en estándares definidos en los Comités Asesores, se han desarrollado pruebas de Certificación Ocupacional para las siguientes ocupaciones: ayudante de ebanistería, ayudante de mecánico automotriz, contador administrativo, contador asistente, contador auxiliar, ebanista, electricista instalador residencial, mecánico automotriz, mecánico de banco, mecánico cepillador industrial, mecánico fresador industrial, mecánico tornero industrial, modista, recepcionista, sastre, secretaria comercial, secretaria taquimecanógrafa, soldador en diferentes posiciones, soldador de metales ferrosos, soldador mig, soldador en posición plana. La aplicación del programa encontró resistencias en los propios trabajadores, que lo consideraron como una “amenaza” a las posiciones ya ocupadas en las empresas.

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iv) Resultados En sus once años de operación, el CADERH ha manejado trece proyectos, en distintas líneas de actuación. En el ámbito de la “educación vocacional”, se han creado o mejorado 12 Centros Vocacionales dirigidos por Organizaciones no Gubernamentales, beneficiando a 30 comunidades en el país y formando a un número aproximado de 25 mil personas en alguna de las ocupaciones ofertadas. De acuerdo a estadísticas del propio CADERH y de otras fuentes independientes, la colocación de los egresados se sitúa entre 85% y 90%. Las actividades realizadas directamente a las empresas han beneficiado a unas 800 unidades, mejorando su productividad de niveles del 40% hasta el 80%, mediante intervenciones en la planta. v) Nuevos recursos En octubre de 1995, el CADERH recibió una nueva donación de AID, por una cantidad un poco superior a los cuatro millones de dólares, para construcción, equipamiento y capacitación de personal de 15 nuevos centros, y de 600 mil dólares para la creación de un fondo dotal que sirva para el financiamiento de los costos de asistencia técnica a tales Centros por un período de 20 años. El Centro Asesor también participa como organismo ejecutor en el Proyecto ”Incentivo a la Inversión Empresarial en Capacitación”, financiado por el BID, por un monto de 1.950 mil dólares. El proyecto apoyará a pequeñas y medianas empresas en los sectores de turismo, transformación de madera y construcción civil, para capacitar a sus trabajadores. Asimismo deberá poner en ejecución proyectos piloto que sienten las bases para la creación de un Programa Nacional de Estándares y Certificación Ocupacional. b) La Institución Salesiana Así como en los demás países centroamericanos, también en Honduras se nota la presencia de la congregación dedicada, por misión de su fundador, Don Bosco, a la educación integral de los jóvenes. Hace 85 años, los salesianos iniciaron sus labores eclesiales, educativas y de promoción humana en el país, en la Parroquia María Auxiliadora, que reunía un complejo de instalaciones donde se ubicaba el Instituto San Miguel. En la década de los sesenta, el Instituto fue trasladado a su ubicación actual, en una zona de rápido crecimiento urbanístico. En los edificios del Instituto funciona, desde hace diez años, el Centro de Capacitación Don Bosco. El Centro ofrece cursos para jóvenes aprendices y para trabajadores en servicio. Los cursos de Aprendizaje están destinados a jóvenes de muy escasos recursos, con edades entre los 15 y los 18 años. Son impartidos a tiempo completo, durante dos años, en las áreas de ajuste de banco, ebanistería, mecánica industrial, soldadura, muebles y tapicería. Los cursos dirigidos a obreros se imparten los sábados en la tarde, están organizados por semestres y tienen igualmente duración de dos años. Son ofrecidos en las especialidades de mecánica

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automotriz, ebanistería, electricidad y reparación de electrodomésticos. Participan personas de ambos sexos, con más de 18 años. El Don Bosco ha sido uno de los centros apoyados por CADERH, que sigue asesorando técnicamente la utilización de la metodología de Instrucción Basada en Competencias. Para el mantenimiento de sus operaciones – adquisición de nuevas herramientas y materiales, pago de instructores, alimentación de los aprendices – el Centro cuenta con una ayuda del Instituto San Miguel que permite cubrir la mitad del sueldo de los instructores y del personal y con los ingresos resultantes de la venta de los productos elaborados por los alumnos en sus actividades prácticas. c) Los Centros Empresariales Comunitarios En la Parroquia María Auxiliadora, ubicada en una zona conformada por 26 colonias, en las cuales habitan más de 120 mil personas de muy escasos recursos, los salesianos conducen actividades de promoción humana, apoyadas en la conformación de grupos comunitarios, destinadas a la atención a la población en riesgo – particularmente niños y adolescentes – y a contribuir a la reducción de las condiciones de pobreza extrema en la que viven los habitantes. Entre tales actividades, destácase el proyecto de los Centros Empresariales Comunitarios. El propósito central del proyecto es promover el establecimiento de empresas comunitarias que puedan proporcionar a sus integrantes una fuente estable de empleo y una alternativa de generación de ingresos. Inspirado en la experiencia del Polígono Industrial Don Bosco, que mantienen los salesianos de El Salvador, el proyecto basa su acción metodológica en la creación de unidades empresariales autogestionadas y en el desarrollo educativo de los participantes. Ambos aspectos se tratan de forma sistemática, a través de la consolidación de la organización comunitaria, la creación de puestos de trabajo permanentes, el surgimiento de oportunidades de capacitación productiva, el aumento de los servicios de educación formal, el incremento de la producción local y otros beneficios indirectos, tales como la mejora de la infraestructura física del lugar. En el ámbito del proyecto se busca crear, inicialmente, seis empresas de producción de baja tecnología industrial, en las siguientes áreas: panadería, metal de banco, carpintería, mecánica, moldeado de aluminio, serigrafía e imprenta. En una primera fase, se organizaron tres de esas empresas: panadería, mecánica y carpintería. Sus miembros viajaron a El Salvador para capacitarse por seis meses y al regreso empezaron sus actividades productivas. En esa fase, el proyecto recibió la cooperación de los católicos irlandeses, de la Alcaldía de Tegucigalpa y de las Procuras Salesianas de Alemania y de los Estados Unidos. A pesar de contar con una metodología experimentada y validada en El Salvador, el proyecto sufre la falta de recursos para completarse y ampliar sus actividades. De la descripción, aunque breve, de las características de las principales instituciones que actúan en la oferta de educación para el trabajo en Honduras, se puede concluir que cada una de ellas presenta sus fortalezas y sus debilidades.

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3. El medio productivo a) La Asociación Nacional de Industriales - ANDI Organización integrada por las empresas industriales en sus diferentes ramas y por empresas que prestan servicios o están vinculadas directamente a la actividad industrial, ANDI es parte del COHEP, de la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica - FECAICA y está representada en diferentes foros y comisiones de discusión de asuntos de interés para el conglomerado industrial, incluyendo a la Junta Directiva del INFOP. Entre los proyectos y programas relacionados al desarrollo industrial de los cuales participa ANDI, asumen relevancia el proyecto de la Red CAISNET y la creación del Centro de Recursos y Tecnología - CERTEC. b) Red CAISNET Es una iniciativa de FECAICA consistente en la conformación de una Red de Asistencia Tecnológica Industrial en Centroamérica. En el ámbito del proyecto, en 1996 se realizó en Honduras un estudio nacional de las necesidades tecnológicas de doce actividades industriales. c) El Centro de Recursos y Tecnología - CERTEC Desde mayo de 1992, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - ONUDI, conjuntamente con ANDI, ANMPIH y la entonces Secretaría de Planificación, Coordinación y Presupuesto - SECPLAN, han venido implementando el proyecto “Desarrollo, Reestructuración y Modernización del Sector Industrial”. En el marco del proyecto se ha promovido y fortalecido la organización gremial, principalmente de pequeños y medianos industriales, por medio de la implementación de nuevas formas de producción basadas en la articulación de las unidades productivas. El enfoque ha permitido la cooperación entre empresas en las ramas de madera y muebles, cuero y calzado, textil y vestuario, metal-mecánica, agroindustria, empaque y embalaje. Se han promovido servicios comunes en abastecimiento de materia prima y relaciones directas con los suplidores; la utilización compartida de tecnología, equipo y maquinaria; la implementación de la especialización flexible por proceso o por producto y la comercialización en común de ciertos productos. El proyecto propició que más de 400 empresas, organizadas en redes, obtuvieran mejoras significativas en sus niveles de calidad y productividad y asimismo incrementaran la producción en más del 100%. Para asegurar la continuidad y la ampliación de las actividades desarrolladas por el proyecto, se funda el CERTEC, justificado, además, por la no existencia en el país de instituciones y/o centros que oferten servicios integrados de asesoría, información, consultoría e investigación y que promuevan el desarrollo de técnicas, conceptos y principios modernos de organización empresarial, gestión de calidad y medio ambiente, principalmente aplicados a las pequeñas empresas.

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El sector industrial El sector industrial de Honduras ha decrecido en forma progresiva y experimentando un proceso de desarticulación, en el seno del sector, como con relación a los demás sectores, sobretodo con la agricultura. En los setenta, el sector industrial logró tasas de crecimiento de hasta un 7% o 8% anual, convirtiéndose en el sector más dinámico de la economía. Sin embargo, durante los ochenta, creció sólo al 3% acompañada por un descenso en la productividad. El sector contribuye en un 14% a la generación del PIB. El sector se caracteriza por la alta dependencia de insumos importados, por la carencia de una producción de equipo, maquinaria y de partes y piezas que demanda la industria y el resto de la economía, lo que presiona por una cantidad creciente de divisas para su expansión, contribuyendo a agravar el endeudamiento externo del país. Otra característica de la industria hondureña es su alto nivel de concentración espacial: más del 70% de los establecimientos industriales registrados y el 75% de la producción manufacturera se concentran en las ciudades de San Pedro Sula y Tegucigalpa. La productividad industrial se ha visto afectada por la carencia de una infraestructura tecnológica y de capacitación que coadyuve a la innovación continua del sector. No existen centros tecnológicos capaces de brindar servicios técnicos ni tampoco información tecnológica a los industriales. Las universidades y centros de capacitación no tienen una estrecha vinculación con la industria a fin de que sus programas se adecuen, primero, a las necesidades presentes y, segundo, que promuevan y implementen nuevas formas de capacitación para responder a los retos futuros a los que será sometida la industria. Fuente: Centro de Recursos y Tecnología . CERTEC, noviembre de 1996

El CERTEC surge como una fundación privada, sin fines de lucro, apoyada en ANDI y ANMPIH como socios fundadores y en un grupo de socios honorarios, a ser incorporados al Centro en calidad de asesor, con los cuales se buscará una relación de beneficios mutuos. Esos socios deberán ser la Universidad Tecnológica - UNITEC, la Fundación para Inversiones y el Desarrollo de las Exportaciones - FIDE, el Instituto Nacional de Formación Profesional - INFOP, la Escuela Agrícola Panamericana “El Zamorano”, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés - CCIC y la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa - CCIT. Los productos y servicios que deberá ofertar el CERTEC se concentrarán en tres áreas: promoción y desarrollo de redes de empresas, elaboración e implementación de estrategias de rama y desarrollo de sistemas productivos locales.

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d) La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés - CCIC La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés se ubica en la región de mayor crecimiento poblacional y de actividad económica en el país, la entidad se destaca por su capacidad de convocatoria de la comunidad sampedrana en torno a problemas comunes y por sus iniciativas para el mejoramiento de la educación hondureña. En junio de 1997, a iniciativa de la Cámara, se constituyó el Foro Regional de Educación, como una entidad de carácter permanente y deliberativo, que tiene por objetivo contribuir al mejoramiento de la educación, en particular en la región norte del país. Conformado por representantes de distintos sectores de la comunidad de San Pedro Sula, el Foro pretende trabajar por una educación con calidad y por la promoción de la participación activa de diversos sectores sociales en los asuntos relacionados con la educación. En la oportunidad de la instalación del Foro, la CCIC anunció la constitución de la Fundación Empresarial para la Educación, cuyo objetivo específico será brindar apoyo logístico en las áreas administrativa, técnica y económica a los centros educativos de la región. e) La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción - CHICO De la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción participa, en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada y en la Organización Regional de Cámaras de Construcción de Centroamérica. Al inicio de los noventa, CHICO e INFOP firman un convenio con el objetivo de desarrollar actividades de capacitación para la industria de la construcción. Sin embargo, no se logran los resultados esperados. Las lecciones aprendidas de la experiencia37 indicaron, de parte del INFOP, reducida flexibilidad para adaptarse a condiciones innovativas en el desarrollo de las actividades; de parte de las empresas, resistencia en invertir parte del tiempo productivo de sus trabajadores en actividades de capacitación y asimismo falta de oportunidad a los alumnos de “probarse en todas las tareas aprendidas en la escuela, sino en algunas de escaso valor y de tipo rutinarias”; de parte de los estudiantes, poco interés y elevada deserción, “porque consideraron que no necesitaban el diploma para poder trabajar en el oficio e iban a ganar más trabajando en serio de inmediato”. 4. Entidades privadas de apoyo empresarial GEMAH y FUNADEH constituyen asociaciones privadas sin fines de lucro, las cuales, en su ámbito específico de actuación y con sus sedes principales en San Pedro Sula, ofrecen servicios a las empresas hondureñas. a) Gerentes y Empresarios Asociados de Honduras - GEMAH nació en 1980, con apoyo de

la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional - AID y con el objetivo de ofrecer programas de desarrollo gerencial, área en la cual cuenta con la asistencia técnica de la Asociación Americana de Gerentes - AMA.

37 Informe especial para la Junta Directiva de la Cámara Hondureña de la Construcción, agosto, 1992.

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Los programas ofrecidos por GEMAH, además de técnicas y habilidades gerenciales, focalizan temas como planeación y control de la producción, técnicas secretariales, ventas, cobranzas, atención al cliente, control de costos, análisis de estados financieros y otros similares. Los cursos y seminarios tienen una duración de uno a tres días, son pagados y ofrecidos bajo dos modalidades: abiertos al público o cerrados, en las empresas. GEMAH también ofrece servicios de consultoría en gestión empresarial y mantiene cursos de informática y de inglés. b) La Fundación Nacional para el Desarrollo de Honduras - FUNADEH tuvo su origen en

el año 1983, con el soporte de la Fundación Panamericana para el Desarrollo - FUPAD y con el objetivo de apoyar el desarrollo de las pequeñas y microempresas.

El programa de capacitación de FUNADEH se desarrolla en las áreas de Capacitación Empresarial Básica y de Capacitación Administrativa Complementaria. En la primera, se imparten módulos de registros contables, costos y mercadeo. En la segunda, se ofrecen cursos en temas como técnicas de ventas, análisis e interpretación de estados financieros, administración de la producción, servicio al cliente, herramientas estadísticas para el control de la calidad, entre otros. Los cursos o módulos tienen duración de una semana, son pagados y abiertos a todo el público. Existe una visión de que, en Honduras, el sector productivo y el sector social no han considerado como su responsabilidad directa al problema educativo, a pesar de su continua y manifiesta inconformidad por los resultados. En lo que respecta a los liderazgos de los sectores industrial y comercial, tal vez se esté produciendo un cambio en ese cuadro. La Asociación Nacional de Industriales de Honduras - ANDI se involucra en un importante proyecto de atención al sector industrial, el Centro de Recursos y Tecnología - CERTEC. La Cámara de Comercio e Industrias de Cortés - CCIC utiliza su poder de convocatoria para realizar un Foro Regional de Educación y anuncia la creación de la Fundación Empresarial para la Educación. Existe un evidente interés en la gerencia de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción - CHICO en reactivar las actividades conjuntas con el INFOP. La pequeña y microempresa, sin embargo, componente importante de la estructura productiva hondureña – más del 30% del PIB y del empleo – no cuenta con un medio institucional facilitador de servicios orientados a su fomento: información, tecnología, capacitación y crédito.

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F. (Anexo) Propuesta de reorganización de la Educación Técnica y la Formación Profesional (capítulos 6 y 7). 1. Modalidades operativas del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación

Profesional Con el fin de responder adecuadamente a las necesidades de recursos humanos calificados que requiere el desarrollo económico y social del país el Sistema se orientaría preferentemente a desarrollar las modalidades de educación técnica y formación profesional que se detallan a continuación: a) Educación Técnica Formal Esta modalidad debería tener una duración de cuatro años, con prácticas controladas en las empresas. Al concluir el cuarto año se les titularía como técnicos de nivel medio. Los alumnos que por razones de rendimiento o interés deseen egresar al concluir el tercer año, podrían obtener una certificación como técnicos básicos. Con la posibilidad de reinsertarse nuevamente al proceso, para completar de acuerdo a sus posibilidades, los estudios mediante el cumplimiento del cuarto año y poder ser graduados como técnicos de nivel medio. A los efectos de brindar esta posibilidad, se recomienda flexibilizar el proceso a través de una estructura curricular modular, con programas y contenidos e itinerarios semestrales con un total de ocho semestres incluidas las prácticas. Esta estructura facilitaría el reingreso de alumnos que por circunstancias justificadas tengan que abandonar prematuramente sus estudios, pero que sin embargo podrían retomar su formación bajo condiciones preestablecidas. Cada semestre aprobado constituiría un crédito que el estudiante iría acumulando en un período predeterminado pero que no necesariamente tiene que ser cronológico. La estructura propuesta facilitaría también el acceso a personas adultas que habiendo cumplido los requisitos de estudios básicos de nueve años deseen completar su formación técnica. En horarios adecuados (vespertinos por ejemplo) para facilitar el acceso a las personas que trabajan en el día. Lo anterior supone una forma distinta de diseñar y planificar la educación técnica, cuyas exigencias curriculares, necesitarán cargas horarias más compatibles con la formación de un técnico de nivel medio, capaz de interpretar los procesos y gestionar adecuadamente una producción eficiente de calidad y a costo competitivo. Desde el punto de vista de la gestión administrativa de los centros o institutos de educación técnica, especialmente los dependientes de la Secretaría de Educación, se recomienda devolverles el perfil de Institutos de Educación Técnica, lo cual significa una gestión y administración diferente, respecto de los colegios de educación media. Supone así mismo, por un lado, una estrecha vinculación con el sector productivo y por el otro, una mayor inserción del establecimiento educativo en el proceso de desarrollo económico y social local.

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b) Reconversión profesional Los programas de reconversión se destinan a la complementación profesional de trabajadores adultos desocupados, o amenazados de perder su empleo, como consecuencia de cambios estructurales en las empresas en las cuales se desempeñan o desempeñaban. Tal situación puede ser motivada por cambios en el uso de tecnología, en la organización o en la gestión de la producción, que desplaza mano de obra, por procesos de ajuste, o de modernización, como es el caso en algunas empresas y servicios del Estado, o como consecuencia de depresiones en sectores productivos afectados por procesos de apertura económica. En el caso de Honduras, el problema se acentuó por la situación creada por el Huracán Mitch, el cual dejó a vastos sectores de la población sin trabajo, de los cuales muchos necesitan ser reconvertidos profesionalmente para reinsertarse en la vida laboral, ya sea por cuenta propia, o en puestos asalariados en la estructura moderna de la economía. c) Capacitación en las empresas En el futuro inmediato será importante, incentivar a las empresas, activando el Artículo No. 25 de la Ley Constitutiva de INFOP, la cual nunca se ha aprovechado, porque no está reglamentada. La cual permite que las empresas puedan usar en forma directa una parte del 1% que tributan al INFOP. Este mecanismo permitiría resolver una serie de necesidades de capacitación específicas que tienen las empresas, y que normalmente el INFOP no está en capacidad para servirlas. A la vez generaría una capacidad de oferta de las propias empresas para realizar capacitación con base en sus propias demandas. Para poder aprovechar mejor el incentivo descrito, las empresas podrían actuar individualmente o agrupadas; en este último caso, el crédito tributario contra la contribución al INFOP se aplicaría a prorrata. Asimismo, dado que el crédito tributario puede ser débil para las pequeñas empresas a nivel individual por su menor contribución al INFOP, se recomienda considerar la posibilidad de crear estímulos adicionales o mecanismos institucionales para atenderlas en forma colectiva. El derecho al crédito tributario estaría sujeto al cumplimiento de las normas que habría de establecer el INFOP, con el apoyo del Consejo Coordinador del Sistema. Estas normas deberían considerar, por ejemplo: el visado de los programas; la participación de trabajadores en la elaboración de los programas de capacitación en las empresas; los tipos y estándares de costos admisibles para la deducción tributaria; los proveedores elegibles para la entrega de los servicios de capacitación: y los procedimientos de liquidación de los gastos de capacitación deducibles de la contribución al INFOP. d) Los programas públicos de Educación Técnica y Formación rofesional Los programas públicos de formación o capacitación profesional estarían dirigidos a los sectores laborales de menores recursos no cubiertos por los programas de capacitación en las empresas, los que serían atendidos a través de diferentes líneas de acción, entre otras: (i) programas de formación inicial para jóvenes que ingresan a la fuerza de trabajo, mediante diferentes modalidades formativas incluido el aprendizaje dual o de alternancia; (ii)

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programas de capacitación continua para trabajadores de empresas pequeñas y microempresas; (iii) programas de capacitación para adultos desocupados o subocupados en el sector informal o pequeña empresa agrícola; (iv) programas de formación o capacitación para grupos sociales en desventaja, por ejemplo jóvenes en situación de riesgo social, minusválidos, trabajadoras del hogar; (v) damnificados por desastres, conflictos políticos o bélicos. Por ejemplo las víctimas del Huracán Mitch, que dejó un significativo grupo de damnificados que necesitan apoyo educativo para su reinserción laboral. Los programas públicos contarían con dos modalidades alternativas de subsidio: (i) el subsidio por el lado de la oferta, que se haría efectivo mediante licitaciones entre proveedores acreditados, para financiar la ejecución de la formación profesional en forma gratuita; (ii) un subsidio a la demanda mediante bonos de capacitación que se entregarían a los beneficiarios para pagar una parte de los costos de los servicios que éstos elijan dentro de una gama de organismos acreditados y programas registrados. Si bien, el sistema de bonos tiene el mérito para responder a la demanda efectiva de la formación profesional, su aplicación se limita en lugares rurales donde la oferta de éstos servicios es reducida o no existe. e) Acreditación de los organismos de Educación Técnica y de Formación Profesional en el

Sistema Nacional El Consejo Coordinador, del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, en conjunto con la Secretaría de Educación y el INFOP, abriría un Registro de Instituciones y Organismos de Educación Técnica y de Formación Profesional autorizados para prestar servicios en el marco del Sistema, ya sea en el marco de los programas públicos de educación técnica y formación profesional como de los programas de las empresas beneficiarias del crédito tributario por sus gastos de capacitación. Podrían solicitar la inscripción otras entidades públicas y privadas que cumplan con los requisitos de calidad y solvencia que establezca el Consejo Coordinador. Entre éstas, las siguientes: universidades, colegios técnicos y vocacionales, ONG's, institutos privados de educación técnica o de capacitación, centros de capacitación sindical o gremial, firmas consultoras y empresas proveedoras de tecnología. El propósito del registro es disponer de los antecedentes necesarios para precalificar a los proveedores de la Educación Técnica o Formación Profesional, elegibles para participar en las licitaciones y en el sistema de bonos de formación o capacitación. Ello no solo facilitaría los procedimientos administrativos relacionados con las licitaciones y los bonos, sino también garantizaría la calidad de los servicios y brindaría a los usuarios y los propios proveedores, información sobre la oferta de formación o capacitación. El registro estaría abierto permanentemente para asegurar la actualización de los antecedentes de las instituciones y organismos acreditados. Además de acreditar a las Instituciones y Organismos, el Consejo Coordinador, en conjunto con la Secretaría de Educación y el INFOP, estaría facultado para autorizar los programas y

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cursos elegibles por parte de las empresas para hacer uso del crédito tributario y los programas de bonos que podrían ser manejados por una comisión ad-hoc, hasta que se verifique la ventaja de esta modalidad. Si al cabo de un tiempo no menor de un año se acepta el sistema de bonos por tener ventajas comparativas se puede crear la estructura organizativa definitiva, la cual debería ser independiente de la Secretaría de Educación y de INFOP. Eventualmente se podría pensar en la estructura de la Educación Alternativa no Formal, creada recientemente por la Ley No. 313/98, la cual podría hacer efectivo el sistema de bonos de formación o capacitación orientados al trabajo, aprovechando algunas de las ventajas que dispone por medio de las disposiciones legales contempladas en sus Capítulos I, IV, y VIII. Se recomienda ésta metodología como una alternativa moderna para ser aplicada en el contexto de la Educación Alternativa no formal, precisamente porque está orientada a la atención de la población en desventaja, por un lado, y por otro genera una forma de incentivo para las entidades proveedoras de servicios educativos orientada a dicha población, y a la vez constituye un mecanismo para mejorar la oferta en términos de calidad y de costo efectividad; y también favorecería la ampliación del menú de los proveedores en cuanto a modalidades de educación no formal orientada al trabajo. A fin de lograr una mejor comprensión del sistema de bonos, se amplía la información operativa, en carácter de ejemplo: Hipotéticamente el Consejo Directivo de la Educación Alternativa no Formal, abriría un registro de entidades de educación no formal que ofrezcan servicios de educación no formal dirigidos esencialmente a la población excluida de la educación formal y de escasos recursos. La acreditación de éstos organismos estaría sujeta a ciertos requisitos con el objeto de asegurar la calidad de los servicios y la solvencia institucional. En efecto se podría usar el mismo listado de las Instituciones y Organismos acreditados por el Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, sin embargo existen entidades, como por ejemplo ONG's, que prefieren trabajar más el área de la Educación no Fonnal Social, y por tanto es probable que no aparezcan en el listado del Sistema ficial. Adicionalmente los organismos postulantes deberían presentar un listado de programas, cursos y modalidades educativas no formales que puedan ofrecer a la población de escasos recursos. Esta debe ser acompañada por la información que permita a las personas determinar su opción. Como por ejemplo: La descripción del programa, contenidos, horarios de los cursos, materiales didácticos ofrecidos, dirección de los locales donde estos se realizan, facilidades de transporte, etc. Si bien los organismos tendrían amplia libertad para inscribir sus programas o cursos de educación no formal en el registro, éstos deberían cumplir con algunas normas en cuanto a duración mínima, calidad de los locales y equipos de enseñanza, costos para los interesados y formas de publicidad. Los programas y sus cursos de educación no formal registrados en el sistema de bonos de capacitación no podrían participar en el sistema de licitaciones descrito más adelante.

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La promoción del programa, el suministro de información a los interesados y la entrega de los bonos a los beneficiarios se haría a través de Agencias Distribuidoras Privadas, que serían contratadas por el Consejo Directivo de la Educación Alternativa no formal, para promover éstos servicios en base a licitaciones. En una primera etapa, por razones de economía de escala mientras el sistema de bonos alcanza una dimensión importante, las Agencias Distribuidoras abrirían las postulaciones para bonos de educación para el trabajo dos o tres veces al año por un plazo que no debería exceder de dos a tres meses en cada oportunidad. Entonces cada persona puede elegir la institución y el curso de educación que desee, dentro de los cursos registrados. Los bonos servirían para pagar una parte de la matrícula del curso la otra parte debería pagarla el interesado. Los bonos se emitirían a nombre del organismo de educación o capacitación, contra presentación del correspondiente certificado de matrícula. Los beneficiarios serían informados acerca de la oferta de Educación no formal así como de las tendencias en la colocación de los bonos por instituciones y cursos. Esta información sería elaborada oportunamente por la Secretaría Técnica de Educación Alternativa no formal y distribuida en las Agencias Distribuidoras. Al término del proceso educativo los organismos tenedores de los bonos podrían cobrarlos en un banco por cuenta del Fondo para Bonos de Educación Alternativa no formal. Previo visado del Secretario, de la Educación Alternativa no formal. El control del desempeño de las Agencias de Distribucion especialmente en lo que se refiere a la entrega de información y selección de los beneficiarios, asi como la supervisión del desarrollo de la Educación no formal y la verificación de las condiciones de rescate de los bonos, estarian a cargo de Agencias de Supervisión, contratadas para estos efectos por el Consejo Directivo de la Educación Alternativa no formal. f) Licitaciones para Programas Públicos de Educación Técnica o Formación Profesional La contratación de Instituciones Proveedoras de Educación Técnica o de Formación Profesional, para ejecutar los programas públicos de formación o capacitación, se realizaría mediante licitaciones a las cuales podrían concurrir las instituciones y organismos acreditados. Dado que uno de los objetivos del Sistema es fomentar la flexibilidad y la pertinencia de la oferta de formación o de capacitación por sobre el diseño burocrático de los programas, los concursos podrían adoptar tanto la modalidad de propuestas libres o propuestas sujetas a bases técnicas, más o menos específicas, que establecería el Consejo Coordinador en conjunto con la Secretaría de Educación y el INFOP, según corresponda. Mediante las licitaciones se puede lograr un doble objetivo: por una parte estimular una sana competencia entre los proveedores, como mecanismo para mejorar la calidad de los servicios educativos y por el otro ampliar la cobertura y diversidad de los servicios de Educación Técnica y de Formación Profesional, con criterios de costo-beneficio. Las licitaciones se harían según las disponibilidades de recursos financieros, y se convocaría dos o tres veces al año a las entidades acreditadas a participar en las lícitaciones, las cuales se

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resolverían a favor de aquellas propuestas que se enmarquen dentro de los estándares de costos y presenten las mejores perspectivas de efectividad en términos de los siguientes aspectos: (i) la focalizacíón de los programas en la población meta que interese atender; (H) la calidad de la formacion o capacitación; (iii) las perspectivas de empleo o autoempleo para los egresados y; (ív) las expectativas de mejoramiento de ingreso o calidad de vida de las personas formadas o capacitadas. El Consejo Coordinador en conjunto con la Secretaría de Educación y el INFOP, tendría que elaborar las normas en el marco legal que permita administrar el proceso de licitación de programas y cursos de Educación Técnica y de Formación Profesional. g) El Currículo en el Marco del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación

Profesional Quizás, lo más importante es advertir que la definición de las necesidades básicas de aprendizaje y de perfiles de desempeño, no es una operación pedagógica, como fue tradicional en el pasado, sino que es una operación socio política y técnica, ya que es la sociedad y las empresas las que deciden qué desempeño quieren para los egresados. Los pedagogos y los actores internos del Sistema Educativo continúan siendo los responsables de brindar un servicio que responda a esa demanda de necesidades básicas de aprendizaje y perfiles de desempeño. Una de las caracterizaciones de este nuevo tipo de aprendizaje, es que, se puede agrupar en dos grandes bloques, el primero de tipo más instrumental y el segundo en forma más relacional. El de tipo de instrumental se refiere a las necesidades que tiene la persona para obtener la información, o sea los códigos que le permiten acceder a la lectura, la escritura, las matemáticas, la computación etc.; como también en poder pensar con claridad, para que esa información pueda ser procesada y le permita expresarse en forma clara y precisa respecto de su opinión sobre cultura, cuestiones afectivas, técnicas y políticas, entre otras que la persona pueda asimilar. El segundo bloque se refiere a los aspectos de tipo relacional y abarca las necesidades referidas a la relación consigo mismo, que comprende todo lo que tiene que ver con la salud, con el cuidado personal, las enfermedades, la relación con los demás, la solidaridad, la participación cultural, la política y la relación con la conservación del medin ambiente. Otro aspecto importante, a considerar es el referido al tipo de diseño curricular más apropiado para una etapa en la cual los cambios se producen cada vez más acelarados, en la organización del trabajo y la incorporación de tecnológicas en la producción y en los servicios. En este contexto es necesario distinguir cual es el tipo de diseño curricular mas apropiado para la Educación Técnica formal o la Formación Profesional no formal. Que a pesar de sus diferencias cuentan con elementos y contenidos comunes y otros que tienen que ser dejados a la diversidad institucional, regional o local. La modularización, es especialmente funcional en el caso de la Educación Técnica y la Formación Profesional, ya que permite articular programas con sus respectivos contenidos en

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forma rápida y flexible de acuerdo a las exigencias del conocimiento científico, tecnológico y el nivel enseñanza requerida. En general, los currículos y contenidos concebidos con sesgos conductistas han perdido definitivamente importancia frente al diseño curricular flexible basado en las competencias necesarias para que la persona se pueda desenvolver adecuadamente en la sociedad y el trabajo. h) El Currículo y su vinculación con la empresa productiva La articulación del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, con el mundo productivo, no sólo, pasa hacer necesario, sino que constituye un requisito para el fortalecimiento organizacional de la educación y formación orientada al trabajo, en función de poner en práctica un currículo orientado a desarrollar las competencias de las personas a fin de mantener su empleabilidad. La propuesta de creación de un Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, contempla como prioridad revisar, adecuar y complementar los currículos y contenidos programáticos, tanto de los Colegios de Educación Técnica formal, como de los Centros de Formación Profesional no formal, a las nuevas necesidades que impone la modernización del país y en particular las exigencias que impone el sector productivo. i) La Certificación Profesional

Si bien la Certificación se aplica normalmente en el Sistema Formal de Educación Técnica, en la Formación Profesional no ha ocurrido lo mismo. Esto fundamentalmente porque en la educación vocacional y técnica se abarca pocas familias ocupacionales y son de carácter más genérico, en cambio en la formación profesional las posibilidades de aplicar la certificación profesional en el área de capacitación laboral son más limitadas debido a la variedad, volatilidad y especifidad con que se forma a las personas. En teoría, los Sistemas de Certificación Profesional tienen por objeto validar, con base en estándares y pruebas oficiales, la capacidad teórica y practica, es decir, la competencia de los individuos para desempeñar un trabajo. Tradicionalmente la Certificación se ha otorgado respecto de una ocupación genérica, lo que se ha llamado "Certificación Ocupacional" en el ámbito de la Formación Profesional no formal. j) Evolución en la política de Educación Tecnica y Formación Profesional hacia el enfoque

de competencia laboral Es necesario reconocer que en la Región Latinoamericana no se ha avanzado sustancialmente en el desarrollo de la certificación ocupacional. Sin embargo, a partir de los últimos años, se ha retomado el tema de la certificación a la luz de las mayores exigencias curriculares impuesta por el sector productivo. En Honduras, la Secretaría de Educación como el INFOP y el CADERH, están realizando esfuerzos para avanzar en este importante componente del desarrollo de la Educación Técnica y de la Formación Profesional.

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Es la razón por la cual, tanto la Educación Técnica como la Formación Profesional debe estructurase en forma modular, lo que, no implica necesariamente seguir un itinerario prefijado, la flexibilidad del Sistema permite al demandante, seleccionar las áreas programáticas para desarrollar sus competencias e ir completando su formacion segun su capacidad y exigencias para mantener la empleabilidad en un mercado competitivo. k) Información para el Sistema Nacional de Educación Técnica Formación Profesional Una oportuna y actualizada información es fundamental para, orientar a los actores del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, a fin de que puedan planificar eficientemente las actividades educativas formales y no formales. La información oportuna sobre la demanda recursos humanos y oferta de los servicios de Educación, es determinante para fijar políticas y normas que permitan mejorar la cobertura y calidad de las acciones formativas. En la práctica, existe una serie de informaciones provenientes de diversas fuentes, sin embargo dicha información está dispersa, y en la mayoría de los casos incompleta, ha sido procesada y analizada en forma distinta, lo que favorece su interpretación de diferentes maneras. Sumado a lo anterior la debilidad en las políticas sobre Educación Técnica y Formación Profesional orientada al trabajo, hace doblemente difícil realizar proyecciones de recursos humanos que el país necesita en el corto, mediano y largo plazo, distribuidas por sectores y rarnas de actividad económica. La incoherencia de los datos básicos y las nuevas exigencias curriculares del sector productivo, hace que los organismos proveedores de servicios educativos, planifiquen sus acciones formativas preferentemente con base en su capacidad de oferta y no en la real demanda. La situación explicada, necesita ser revertirla urgentemente teniendo en cuenta que no es estratégico ni rentable invertir en Educación Técnica y Formación Profesional, si ello no contribuye a la inserción de las personas en el mercado laboral. En efecto, hoy día la inversión en capital humano tiene que ser planificada y proyectada en el mediano y largo plazo, considerando que una buena Educación Técnica o una Formación Profesional, orientada al trabajo, tiene costos altos y debe dar resultados, es decir, tener tasas de retorno aceptables. No obstante, se reconoce que la actual situación por la que atraviesa el país, con cambios, ajustes y reordenamientos de la administración pública, modernización de la estructura del trabajo. Y efectos producidos por el Huracán Mitch, dificulta realizar estudios detallados sobre demandas de recursos humanos calificados para el mediano y largo plazo, dado que éstos dependen de hipótesis económicas episódicas no verificables, por la misma situación de ajuste en que vive la economía nacional y su entomo regional y mundial. Sin embargo, y a pesar de estas aparentes dificultades, es necesario obtener información, quizás no tan detallada como sería realizando estudios científicos que ayudan a tomar

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decisiones a nivel superior en relación a las políticas de Educación y Formación Profesional de los recursos humanos, por lo menos para el corto y mediano plazo. La estrategia se basa en la creación de un "observatorio" que permita captar información proveniente de la Secretaría de Educación, Dirección de Empleo de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social; Dirección de Estadísticas y Censos; Cámaras de Empleadores; Sindicatos; Organizaciones no Gubernamentales y otra serie de entidades que de alguna forma procesa y maneja información relacionada con el tema de los recursos humanos el empleo, la Educación y la Formación Profesional. El Observatorio propuesto constituiría una red de información necesaria para que todos los actores involucrados en el quehacer de la Educación Técnica y la Formación Profesional, puedan acceder a los datos necesarios para planificar sus aciones educativas. l) Construcción de un Observatorio El observatorio estaría integrado por una base de datos interconectada entre los diferentes organismos que generan información relacionada con demanda de empleo y recursos humanos calificados, y de la oferta de los proveedores de servicios especializados en Educación Técnica y de Formación Profesional. La organización y puesta en práctica de esta iniciativa sería responsabilidad del Consejo Coordinador del Sistema Nacional de Educación para el Trabajo, en conjunto con la Secretaría de Educación, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, el INFOP, el COHEP y las entidades interesadas en integrarse a la base de datos. Como así mismo la ubicación fisica el equipamiento, los programas, presupuesto y otros implementos necesarios para su adecuado funcionamiento, serán de competencia del Consejo antes señalado. m) Información sobre seguimiento y evaluación de la Educación Técnica y de la Formación

Profesional La información sobre el seguimiento de las actividades de Educación Técnica y de Formación Profesional corresponden al examen continuo o periódico del proceso educativo, los resultados y los insumos relacionados con la ejecución de las acciones fonnativas. Sin embargo, es necesario aclarar que la información sobre el seguimiento está enfocada de preferencia sobre los aspectos operativos de la Educación Técnica o Formación Profesional, quedando fuera generalmente los controles financieros o administrativos que forman parte de la contabilidad y auditoría , así como la medición de sus efectos externos. n) Información sobre la evaluación de la rentabilidad de la Educación Técnica y de la

Formación Profesional La información sobre la rentabilidad de la Educación Técnica y de la Formación Profesional es hoy importante para la toma de decisiones y la planificación de nuevas acciones educativas. A pesar de lo dificil que se hace medir la inversión social con criterios estrictamente económicos, es posible estimarla comparando los flujos de costos y beneficios

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económicos que produce la Educación Técnica o la Formación Profesional en valores monetarios actualizados. Los valores de estos beneficios resultan del incremento de la productividad de las personas calificadas, cuyos efectos se prolongan en el tiempo y tienden a reflejarse en mayores ingresos que estos obtienen en su trabajo. o) La Cobertura del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional La cobertura estaría dimensionada por los recursos financieros de infraestructura y humanos que se pueda lograr asociar en el contexto del sistema, y las características de los programas y modalidades de Educación Técnica y de Formación Profesional que se implementen. En el nivel de Educación Técnica formal sería estratégico incorporar progresivamente y por grupos a los centros educativos que atienden la modalidad de ciclo diversificado. De los 74 centros de este nivel, se recomienda seleccionar en una primera etapa a los que tienen perfil de Colegios de Educación Técnica en las áreas; industrial, agropecuaria y comercial, y de éstos, los que están vinculados con el Proyecto de Producción, financiado por el BCIE, para aprovechar la experiencia en el tema de: enseñar-haciendo y enseñar-produciendo. Los cuales con un esfuerzo adicional pueden convertirse en 'Centros Pilotos". En estos Colegios Técnicos será importante actualizar los currículos y contenidos programáticos, además de apoyarlos a través la creación y puesta en funcionamiento de los Consejos Asesores Técnicos (CAT) con la participación de la sociedad civil y en particular con la empresa privada, con la cual se debería mantener una permanente interacción que viabilice una contribución tecnológica y de gestión administrativa orientada a mejorar la eficiencia, calidad y oportunidad de la Educación Técnica. Como así mismo facilitar la generación de recursos financieros orientados a satisfacer necesidades docentes, mantención de infraestructura y equipos didácticos y de producción. En el ámbito de la Formación Profesional (Educación no formal) se considera estratégico incorporar a todos los proveedores acreditados en el Sistema Nacional, tanto públicos como privados, que tengan interés de participar en el mercado de la Formación Profesional. Incluido los Centros de Educación Técnica formal, y otros que tengan capacidad para proveer programas específicos especialmente dirigidos a la población joven que ha desertado del Sistema de Educación formal. p) Proyecciones de la Cobertura

En términos reales el Sistema podría aumentar su cobertura, toda vez que se mejore el sistema de distribución de los recursos financieros y se establezca un sistema de costos, que permita mejorar el costo-beneficio en la Educación Técnica. En concreto sería estratégico trasladar un mayor porcentaje del presupuesto a los usuarios de los servicios de Educación Técnica y de Formación Profesional, disminuir los costos indirectos sobre todo en personal de apoyo logístico, que en la práctica, no siempre, tiene una incidencia significativa en la calidad y eficacia de la oferta educativa.

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Se puede simular que la cobertura potencial del Sistema a partir de algunos supuestos respecto a; (i) la distribución de los recursos en educación media diversificada, cuyo costo promedio hora de instrucción, se estimó en US$. 20; (ii) con una carga horaria anual de 800 horas alumno; (iii) una distribución de 20 alumnos por aula; (iv) se podría atender a 80.000 alumnos por año; (v) con un presupuesto de US$. 64.000.000. En la Formación Profesional no formal, se discriminó, entre los Programas altamente especializados en las empresas, cuyo costo hora de instrucción se estimó en US$. 30; los costos hora de los cursos realizados por las entidades de Formación Profesional se estimaron en US$. 20; y los costos por hora de Instrucción. De los programas públicos en general en US$15. Lo que en promedio proporciona un costo de US$. 21. Manejando estos costos y con un presupuesto de US$ 10.000.000 (que fue el de INFOP año 1977) se estima que se podrían ejecutar 476.190 horas de instrucción, con cursos de 100 horas de duración en promedio, con 15 participantes en cada curso, se podría atender a 71.428 personas en un año. El ejercicio anterior, demuestra que es posible ampliar la cobertura de la oferta educativa, tanto formal como no formal, por medio de una gestión administrativa financiera orientada a establecer costos competitivos, por un lado, y por el otro adicionar recursos por la vía de la producción para acercarse a la autogestión de los Centros de Educación Técnica. Los Centros de Formación y Capacitación del INFOP, también deberían incorporar al proceso de enseñanza-aprendizaje, la producción, con miras a vincular las prácticas de los participantes con la producción real, que mejore el principio de; aprender-haciendo y aprender-produciendo. Además los Centros de INFOP podrían desarrollar en conjunto con las empresas, experiencias tecnológicas orientadas a favorecer su producción y productividad, sobre todo para favorecer a las empresas medianas, pequenas y micrgempresas. Lo cual podría significar importantes ingresos para dichos centros de capacitación. No obstante, para desarrollar estas iniciativas, INFOP tiene que vincularse i más con el sector productivo y trabajar directamente con las empresas, rodearse con los mejores profesionales de ese sector y establecer convenios de investigación, desarrollo de tecnologías apropiadas, diseño de prototipos de procesos productivos y otros de interés para las empresas, que a la vez permite retroalimentar los currículos, contenidos de los programas y el perfeccionamiento de los profesores e instructores. q) Aspectos legales a tener en cuenta En la institucionalización del Sistema Nacional de Educación Técnica Formación y Profesional, se deberá analizar en cada oportunidad la viabilidad legal que permita la implementación de las medidas a tomar, así, entre los aspectos legales se destaca; (i) aplicación de] Decreto Ley No. 218-96 y su respectivo Reglamento para en su contexto establecer el Consejo Coordinador del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional y su estructura operativa; aplicación en el contexto del Sistema Nacional de Educación y Formación Profesional, del Decreto de Ley No. 31398, sobre el desarrollo de la Educación Alternativa no fórmal; (iii) reglamentación del Artículo No. 25 de la Ley Orgánica de INFOP, que permite a las empresas el uso directo de un porcentaje del 1%, que estas

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tributan a INFOP; (iv) la aplicación del Decreto de Ley 383-98 sobre concesiones en la administración pública y la Formación Profesional. La cual puede facilitar el traslado de la administración de algunos Colegios Técnicos y Centros de Formación Profesional a la sociedad civil, fundaciones o empresas privadas; (v) Ley y Reglamento para elaborar el Presupuesto de la Nación. Adicionalmente será necesario establecer una serie de normas que hagan operativo, ágil y eficiente el Sistema. Entre las más importantes se destacan: (i) funcionamiento de] Consejo Coordinador del Sistema Nacional de Educacion Técnica y Formación Profesional; (ii) acreditación de las instituciones y organismos proveedores de los servicios de Educación Técnica y Formación Profesional; (iii) diseño currículos; (iv) seguimiento y evaluación de los programas educativos; (v) certificación de competencias; (vi) bases para llamar a licitaciones y evaluar propuestas de licitaciones; (vii) funcionamiento de los Consejos Departamentales de Educación para el Trabajo (CODEET); (vii) funcionamiento de los Consejos Asesores Técnicos (CAT) en los Colegios Técnicos y Centros de Formación Profesional; (viii) administración de los bonos de educación; (íx) acreditación de programas y cursos de formación o capacitación; (x) acreditación profesional de instructores; (xi) acreditación de modalidades de Formación Profesional, incluidas la formación a distancia apoyadas por multimedios. 3. Organización de un Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional

para el Trabajo a) Estructura institucional Para organizar un Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, orientado al trabajo, en forma más descentralizada y abierta, se recomienda establecer una separación efectiva entre los actores del sistema, en cuanto a las funciones que tienen que ver con: (i) las políticas y aspectos normativos; (ii) la asignación de los recursos financieros; (iii) la operación y ejecución de las acciones de Educación Técnica formal y la Formación Profesional no formal. La separación indicada tiene la ventaja que exige generar mecanismos con visión de Nación, superando la segmentación compartimentalizada sectorial, que en el caso de la educación técnica y de la formación profesional que se observa en el país. La propuesta apunta a mejorar el desempeño del sistema de educación técnica y formación profesional en general, buscando una mayor apertura, en la cual, el Estado en conjunto con la sociedad civil organizada, generen los mecanismos orientados a lograr una adecuada oferta de servicios educativos en sintonía con los intereses de las personas, las características regionales y la potencialidad de cada sector y rama de actividad económica. Bajo estos criterios el Estado, representado por la Secretaría de Educación a los efectos de la educación formal y el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), en lo que se refiere a la educación no formal, tendrían que asumir crecientemente un rol más, de conductor que de ejecutor, tendiente a corregir las eventuales distorsiones que suelen obstaculizar el logro de la libre oferta en el mercado de la educación técnica y de la formación profesional.

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En efecto, para llenar el vacío que existe en cuanto a políticas de formación de recursos humanos, y en el entendido de que la educación técnica y la formación profesional no es patrimonio exclusivo del Estado, y que es un imperativo asumir que la educación orientada al trabajo debe ser una responsabilidad compartida entre el Gobierno y la sociedad civil organizada, en particular con el sector productivo por ser uno de los más beneficiados al disponer de recursos humanos calificados, se hace indispensable crear nuevas formas para determinar, planificar, ejecutar y financiar las actividades de educación técnica de manera moderna, eficiente y pertinente respecto de las exigencias del desarrollo social y económico del país. La propuesta no implica necesariamente introducir modificaciones sustantivas en los instrumentos legales que regulan esta actividad, se trata de aprovechar los espacios creados por la Ley General de Administración Pública, Decreto Ley No. 218-96 que en su Capítulo H, Sección Segunda, Artículo 9, Inciso 3; permite a la Presidencia de la República tomar medidas tendientes a mejorar la administración pública por medio de gabinetes sectoriales. Estos gabinetes sectoriales, según el Capítulo 11, Sección Cuarta, Artículo 14 de la mencionada Ley, se constituyen para asistir al Presidente de la República, para la formulación de políticas determinadas. Las que en el caso particular de la educación se orientaría a la fijación de políticas de formación de los recursos humanos con base en las prioridades sociales y económicas del país. No obstante, en el caso de la Educación Técnica y la Formación Profesional lo más importante es lograr una adecuada coordinación de los entes públicos responsables de su conducción y para ello bastaría crear una instancia para generar políticas y coordinar los esfuerzos que el Estado hace con el apoyo del sector privado, a fin de optimizar el uso de los recursos disponibles, en materia de educación técnica y de formación profesional. Situación que se puede lograr en el contexto de la Ley General de La Administración Pública con base en su Capítulo V Artículo 90 (relativo al Gabinete Económico) el cual establece la competencia del Presidente de República para invitar a participar cuando lo considere conveniente, a representantes de las organizaciones políticas, económicas y sociales del país para que expongan sus opiniones. Teniendo en cuenta las crecientes necesidades que tiene el país en cuanto a educar y formar para el trabajo a sus recursos humanos y atendiendo a las posibilidades que la Ley 218~96 permite, se ha diseñado una propuesta de Sistema Nacional de Educación Técnica y de Formación Profesional, que por un lado apunta a mejorar los servicios a nivel central nacional, en la generación de políticas y normas generales que contribuyan a coordinar y mejorar los servicios de Educación Técnica y de Formación Profesional. Y por el otro, lograr en el nivel regional y local, una adecuada oferta de servicios de Educación Técnica y de Formación Profesional, con base en la demanda real, según intereses de las personas, las empresas y el potencial de desarrollo de cada departamento. En el nivel local, se trata de reforzar el esfuerzo que ya esta realizando la Secretaría de Educación, por medio de las Direcciones Departamentales de Educación. En el nivel central nacional se ha estimado útil proponer dos modelos alternativos para coordinar los esfuerzos que realizan las instituciones y los actores que participan en la Educación Técnica y la Formación Profesional.

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En el nivel central, el Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional para el trabajo, busca una mayor coordinación con miras a mejorar la oferta y ampliar la cobertura por medio de la generación de políticas orientadas a la formación de los recursos humanos. Como así mismo la creación de acuerdos y normativas encaminadas a lograr una optimización de los recursos, técnico, docentes, infraestructura y financieros disponibles, destinadas a las acciones de Educación Técnica y de Formación Profesional. Los modelos que se proponen para coordinar el Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, en el nivel central con los correspondientes actores sociales se describen a continuación: b) Propuesta de Modelo A El Estado, establecería el marco normativo del sistema y aseguraría el financiamiento público subsidiario para atender necesidades de Educación Técnica y Formación Profesional que están más allá de la iniciativa privada y que son importantes desde el punto de vista de la eficiencia económica global y, la equidad social. (Se mantiene el mismo mecanismo para elaborar el Presupuesto Nacional, Ley Orgánica del Presupuesto Nacional y las leyes orgánicas de las entidades implícitas en la propuesta). El Consejo Nacional Coordinador de la Educación Técnica y la Formación Profesional, que actuaría como instancia de diálogo y concertación entre los actores sociales interesados en el tema: gobierno, empresarios, trabajadores, sociedad civil organizada y proveedores de servicios de educación técnica y formación profesional. El Consejo estaría encargado de coordinar el diseño y fijación de políticas de Educación Técnica y Formación Profesional, orientadas al trabajo para ayudar a los órganos oficiales encargados de su aplicación: los representados por la Secretaría de Educación y el INFOP. El Consejo Coordinador se apoyaría en una Secretaría Técnica pequena dotada de personal altamente calificado, proveniente de la Secretaría de Educación, el INFOP y eventualmente de otras entidades que quisieran colaborar, la cual podría generar comisiones de trabajo específicas para desarrollar las tareas emanadas del Consejo Coordinador, o también podría subcontratar servicios externos para ejecutar ciertas tareas operativas y técnicas relacionadas, por ejemplo, con la acreditación, homologación de programas, certificación, administración financiera, evaluación de proyectos, evaluación de resultados, y observatorio de información sobre Educación Técnica y Formación Profesional, y mercado de trabajo. El Consejo y su Secretaría Técnica cumplirían las siguientes funciones: (i) coordinar la generación de políticas relativas a los programas públicos de Educación Técnica y Formación Profesional, y las actividades de las instituciones encargadas de implementarlos: la Secretaría de Educación y el INFOP; (ii) proponer las normas para el otorgamiento de concesiones o contratos de gestión de servicios públicos (Decreto 283/98) así como para la aplicación del sistema de estímulos para la fonnación profesional en las empresas (Art. 25, Ley Orgánica de INFOP); (iii) proponer las normas que regularían la acreditación de las entidades de Educación Técnica y Formación Profesional que podrán operar en el Sistema; (iv) proponer las normas para la homologación de programas, cursos y modalidades educativas que operarían en el sistema; (v) proponer las normas para la certificación de las competencias

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adquiridas por los alumnos egresados en el contexto del sistema; (vi) proponer las normas para asignar, con base en criterios de mérito, los fondos públicos destinados a subsidiar programas de Educación Técnica y Formación Profesional, y proponer y eventualmente otorgar incentivos para el mejoramiento de la calidad, eficiencia y pertinencia de los mismos; (vii) verificar la efectividad y la eficacia de las políticas de Educación Técnica y Formación Profesional, y evaluar el impacto económico y social de los respectivos programas; (viii) proponer y organizar en conjunto con las entidades vinculadas a la educación un observatorio (red de información interconectada) sobre la oferta y la demanda de Educación Técnica y Formación Profesional, y de recursos humanos calificados en el país, tanto para fines de formulación de políticas como de orientación de los usuarios y proveedores del sistema. También le correspondería al Consejo, como tarea prioritaria, proponer a las autoridades responsables las estrategias para la construcción del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, orientada al trabajo. El Consejo tendría una estructura pública (se recomienda vinculado o adscrito a la Presidencia de la República por medio del Gabinete Económico), dotado de gran autonomía técnica, administrativa e influencia sobre la asignación de los recursos financieros. Estaría integrado de manera tripartita e igualitaria por representantes, del más alto nivel, del gobierno, empleadores y trabajadores. A través de la composición tripartita y una presidencia rotativa del Consejo se pretende logÉar una distribución balanceada del poder entre los actores sociales involucrados, lo que evitaría el predominio de uno sólo de ellos en las decisiones relativas a las políticas de educación técnica y formación profesional. La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no formal (organismo de reciente creación por Decreto Ley No. 313-98) se relacionaría con el Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional en dos niveles: a nivel de coordinación de políticas con el Consejo Nacional Coordinador de la Educación Técnica y la Formación Profesional, y a nivel operativo con los proveedores de servicios de educación técnica y fonnación profesional acreditados. La demanda del sistema estaría constituida por el público representado por: los jóvenes que postulan o están en proceso en la educación técnica, las empresas y los participantes en los programas públicos de formación profesional. Las necesidades de estas clientelas serían atendidas a través de programas subsidiados de Educación Técnica y Fonnación Profesional ofrecidos por entidades acreditadas. Los subsidios del Estado serían asignados tanto por el lado de la oferta (a los proveedores) como de la demanda (los usuarios). En este último caso, se trata de los incentivos para la capacitación contínua en las empresas, pero sería conveniente considerar la implementación en el futuro de un sistema de "bonos" que podrían usar las personas para pagar servicios de Educación Técnica o de Formación Profesional de libre elección que ofrezcan las instituciones acreditadas. El mecanismo de incentivo a las empresas sena por medio de activar el Artículo No. 25 de la Ley de INFOP, para que las empresas puedan utilizar con base en sus necesidades específicas una parte del 1% de su contribución a esa institución. Se recomienda reglamentar dicho Artículo 25 de la Ley de INFOP. Para proporcionar a las empresas un crédito tributario con cargo al 1%, que podría fluctuar entre el 0.25 y 0.50 del 1% del tributo a esa entidad.

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La oferta del sistema estaría formada por las instituciones de Educación Técnica y de Formación Profesional acreditadas, incluidos aquellos Centros de Educación Técnica o de Formación Profesional, que en el futuro podrían bajo regimen de concesión o contrato de gestión privada en virtud del Decreto Ley 283/98. La acreditación para participar en el sistema sería otorgada por la Secretaría de Educación o por el INFOP, según el caso, a los organismos públicos y privados que la soliciten y que cumplan con los estándares de calidad y solvencia aprobados con la anuencia del Consejo Nacional Coordinador de la Educación Técnica y la Formación Profesional. La acreditación sería un requisito para que los proveedores de Educación Técnica y Formación Profesional puedan prestar servicios tanto en los programas de interés público de formación profesional como a las empresas y los trabajadores beneficiarios de los subsidios para la capacitación contínua. Entre las entidades que podrían postular a la acreditación estarían las universidades, los institutos tecnológicos, los colegios técnicos, los centros de capacitación privados incluidos los que son manejados por organizaciones de trabajadores o empleadores, las academias de ensefianza vocacional no formal, los organismos sociales (sin fines de lucro) no gubernamentales que operan en el área de la capacitación, las empresas proveedoras de tecnología y las firmas consultoras. Los Centros del INFOP se entenderían acreditados por derecho propio. i) Financiación Los recursos del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional incluirían las siguientes partidas: �� Los recursos del Presupuesto Nacional asignados a la Secretaría de Educación para el

funcionamiento de los establecin-iientos de Educación Técnica. Estos fondos deberían ser aplicados a través de las Direcciones Departamentales en los centros de educación técnica públicos (incluidos los que a futuro puedan estar bajo concesión o contrato de administración privada en virtud del Decreto 283/98) y privados subvencionados.

�� La contribución de las empresas al INFOP por el equivalente al 1% de su masa salarial 1. Estos recursos se usarían para financiar programas públicos de formación profesional (inicial o continua) y programas de capacitación contínua de las empresas, en respuesta a las necesidades de los sectores aportantes. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de INFOP, las empresas podrían usar.

�� Hasta un porcentaje de su contribución al INFOP (entre un 0.25 y un 0.50 del 1% según se reglamente) para contratar servicios de capacitación específicos con proveedores acreditados, incluidos los establecimientos de educación técnica, los Centros del INFOP y otros proveedores, privados o públicos acreditados por el Sistema.

�� Un aporte del Estado al INFOP equivalente al 0,5% de los salarios y jornales consignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación.

�� Aportes de las instituciones autónomas del Estado al INFOP por el equivalente al 1% de su masa salarial.

�� Otros aportes extraordinarios del Estado para financiar programas de interés público de formación profesional de interés social, especiales. Estos recursos serían asignados al INFOP para la ejecución de dichos programas, debiendo contratar parte de éstos,

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mediante licitaciones, con centros de educación técnica y otros proveedores de servicios formativos acreditados.Una contribución de esta naturaleza no es necesariamente una carga exclusiva de las empresas, ya que parte se traslada a los trabajadores (salarios y empleo menores) y los consumidores (precios más altos).

�� Recursos de créditos y cooperaciones internacionales, que serían destinados preferentemente al desarTollo y mejora del sistema de Educación Técnica y Formación Profesional, especialmente en lo relativo a infraestructura, equipamiento y desarrollo tecnológico de las instituciones formativas; programas de formación y mejoramiento del personal docente; y estudios.

�� Los fondos que eventualmente destine la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no formal, para programas de su competencia en el ámbito de la educación técnica y la formación profesional. Para estos efectos, la Comisión Nacional asignaría dichos fondos a los proveedores de Educación Técnica y Formación Profesional acreditados, a través de licitaciones o la asignación de bonos de educación.

�� Los recursos que pueda aportar el sector privado (empresas, trabajadores, asociaciones de padres, familias y la producción propia de los centros educativos, autogestión) para fmanciar o cofinanciar costos de Programas de Educación Técnica y Formación Profesional no cubiertos por los subsidios del Estado.

ii) Funcionalidad operativa del Modelo A La funcionalidad del Modelo A, de Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación profesional se describe a continuación: �� El Presupuesto de la Nación, asigna los fondos para la educación técnica y los

programas públicos de formación profesional a la Secretaría de Educación y al WOP, respectivamente. El Consejo Directivo del INFOP estará integrado por igual número de representantes del Estado, las empresas y los trabajadores.

�� El Consejo Nacional Coordinador del Sistema, propone las políticas generales de Educación Técnica y Formación profesional a los organismos encargados de aplicarlas: la Secretaría de Educación y el INFOP.

Las políticas tienen que ver con las normas relativas a las siguientes materias: (i) acreditación de instituciones; (ii) homologación de programas y cursos; (iii) certificación de competencias; (iv) administración privada de los Centros Educativos en virtud de¡ Decreto 283/98; (v) estímulos para capacitación en las empresas (Art.25, Ley del INFOP); (vi) prioridades para programas de interés público de formación profesional; (vi¡) gestión de fondos públicos y cooperación externa, principalmente. El Consejo, a través la Secretaría Técnica, organiza un sistema de información sobre la oferta y demanda de educación para el trabajo y el empleo. El Consejo es un órgano tripartito igualitario del más alto nivel. �� La Secretaría de Educación asignaría a través de las Direcciones Departamentales de

Educación los fondos públicos, que recibe del Presupuesto Nacional, a los centros de

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educación técnica públicos (incluidos aquellos que podrían administrarse bajo contrato de gestión privada en virtud del Decreto 283/98), y privados subvencionados.

�� El INFOP asigna los fondos que recibe del Presupuesto Nacional a sus programas públicos de formación profesional, de carácter social.

�� Las empresas aportan al INFOP el equivalente al 1% de su masa salarial, para financiar programas de formación profesional (inicial y contínua) en beneficio de los sectores aportantes. En virtud de la puesta en vigencia del Artículo 25 de la Ley del WOP, las empresas podrán usar hasta la mitad de su aporte obligatorio al INFOP para contratar servicios específicos con centros de educación técnica, otros proveedores (privados o públicos) acreditados y el propio INFOP.

�� Los Centros o Institutos de Educación Técnica (públicos y privados) prestan servicios gratuitos o subvencionados, a los jóvenes par su formación técnica.

�� El INFOP ejecuta los programas públicos de Formación Profesional, debiendo contratar parte de éstos, por medio de licitaciones, con Centros de Educación Técnica y otros proveedores privados o públicos acreditados.

�� La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no formal asigna, por medio de licitaciones, los fondos que recibe del Presupuesto Nacional y otras fuentes destinados a financiar programas de su competencia, en el área de la educación para el trabajo. A nivel de políticas, la comisión participa y se coordina con el Consejo Nacional Coordinador de la Educación Técnica y Formación Profesional.

c) Propuesta Modelo B El Estado, establecería el marco normativo del sistema y aseguraría el financiamiento público subsidiario para atender necesidades de Educación Técnica y Formación Profesional que está más allá de la iniciativa privada y que son importantes del punto de vista de la eficiencia económica global y la equidad social. El Consejo Nacional Coordinador de la Educación Técnica y la Formación Profesional, que actuaría como instancia de diálogo y concertación entre los actores sociales interesados en el tema: gobierno, familias, empresas, trabajadores y proveedores de servicios de Educación Técnica y Formación Profesional. El Consejo estaría encargado de promover, generar y proponer las políticas de Educación Técnica y Formación profesional orientada al trabajo a los órganos oficiales encargados de su aplicación representados por: la Secretaría de Educación y el INFOP. El Consejo se apoyaría en una Secretaría Técnica, pequeña y dotada de personal altamente calificado, conformada por profesionales de la Secretaría de Educación y del INFOP, la cual estaría encargada de prestar apoyo administrativo y técnico al Consejo. Ya sea en forma directa o subcontratando ciertas tareas operativas y técnicas relacionadas, por ejemplo, con la acreditación, homologación de programas, certificación, administración financiera, evaluación de proyectos, evaluación de resultados, y observatorio de recursos humanos, educación para el trabajo y mercado de trabajo. El Consejo y su Secretaría Técnica habrían de cumplir las siguientes funciones: (i) coordinar la generación de las políticas relativas a los programas públicos de Educación Técnica y Formación Profesional, y las actividades de las instituciones encargadas de implementarlas: la Secretaría de Educación y el INFOP; (ii) administrar los fondos que se reciba del

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Presupuesto Nacional para programas públicos de formación profesional de interés social; (iii) proponer las normas para el otorgamiento de concesiones (Decreto Ley 28/98) sobre contratos de gestión de servicios públicos, así como para la aplicación del sistema de estímulos para la formación profesional en las empresas (Art. 25, Ley del INFOP); (iv) proponer las normas para la acreditación de las instituciones de Educación Técnica y Formación Profesional; (v) proponer las normas para la homologación de programas, cursos y modalidades educativas del sistema; (vi) proponer las normas para la certificación de las competencias adquiridas por los alumnos egresados del sistema; (vii) proponer las normas para asignar, con base en criterios de mérito, los fondos públicos destinados a subsidiar programas de Educación Técnica y Formación Profesional, y otorgar incentivos para el mejoramiento de la calidad, eficiencia y pertinencia de los mismos; (viii) verificar la efectividad y la eficacia de las políticas de Educación Técnica y Formación Profesional, y evaluar el impacto económico y social de los respectivos programas; (ix) organizar un observatorio (red de información interconectada) sobre la oferta y la demanda de Educación Técnica y Formación Profesional, y de recursos humanos calificados en el país, tanto para fines de formulación de políticas como de orientación de los usuarios y proveedores del sistema. También le correspondería al Consejo, como tarea prioritaria, proponer a las autoridades responsables las estrategias para la construcción y puesta en funcionamiento del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional. El Consejo sería un organismo público (Se recomienda vincularlo o adscribirlo a la Presidencia de la República por medio del Gabinete Económico) dotado de gran autonomía técnica, administrativa y financiera. Estaría integrado de manera tripartita e igualitaria por representantes, del más alto nivel, del gobierno, empleadores y trabajadores. A través de la composición tripartita con una presidencia rotativa del Consejo, se pretende lograr una distribución balanceada del poder entre los actores sociales involucrados, lo que evitaría el predominio de uno sólo de ellos en las decisiones relativas a las políticas de Educación Técnica y Formación Profesional. La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no formal (organismo de reciente creación por Decreto Ley 313-98) se relacionaría con el Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional en dos niveles: a nivel de coordinación de políticas con el Consejo Nacional Coordinador de la Educación Técnica y la Formación Profesional, y a nivel operacional con los proveedores de servicios de Educación Técnica y Formación Profesional acreditados. La demanda del sistema estaría constituida por los Jóvenes y alumnos de la educación técnica, las empresas y los participantes en los programas públicos de formación profesional. Las necesidades de estas clientelas serían atendidas a través de programas subsidiados de Educación Técnica y Formación Profesional ofrecidos por entidades acreditadas. Los subsidios del Estado serían asignados tanto por el lado de la oferta (a los proveedores) como de la demanda (los usuarios). En este último caso, se trata de los incentivos para la capacitación continua en las empresas, pero sería conveniente considerar la implementación en el futuro de un sistema de bonos que podrían usar las personas para pagar servicios de Educación Técnica o de Formación Profesional de libre elección que ofrezcan las

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instituciones acreditadas. El mecanismo de incentivo a las empresas sería la utilización de un porcentaje de 1% reglamentado por INFOP, (Art.25, Ley Orgánica de INFOP). La oferta del sistema estaría formada por las Instituciones de Educación Técnica y de Formación Profesional acreditadas, incluidos aquellos Centros de Educación Técnica o de Formación Profesional bajo contrato de concesión o administración privada en virtud del Decreto 283/98. La acreditación sería otorgada por la Secretaría de Educación o por el WOP, respectivamente, a los organismos públicos y privados que los solicite y que cumplan con los estándares de calidad y solvencia aprobados con la anuencia del Consejo Nacional Coordinador de la Educación Técnica y la Formación Profesional. Los programas con centros de educación técnica o centros de formación profesional y otros proveedores de servicios formativos acreditados, mediante licitaciones. �� Recursos provenientes de créditos y cooperaciones internacionales, que serían

destinados preferentemente al desarrollo y mejora del Sistema de Educación Técnica y Formación Profesional, especialmente en lo relativo a infraestructura, equipamiento y desarrollo tecnológico de las instituciones formativas; programas de formación y mejoramiento del personal docente; y estudios relacionados con la mejora de la calidad y cobertura de oferta educativa.

�� Los fondos que eventualmente destine la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no formal para programas de su competencia en el ámbito de la Educación Técnica y la Formación Profesional. Para estos efectos, la Comisión Nacional asignaría dichos fondos a proveedores de Educación Técnica y Formación Profesional acreditados, por medio de licitaciones, o la puesta en práctica de bonos de educación.

�� Los recursos que pueda aportar el sector privado (empresas, trabajadores cooperaciones no reembolsables, autogestión de los propios Centros Educativos) para financiar o cofinanciar costos de programas de Educación Técnica y Formación Profesional no cubiertos por los subsidios del Estado.

�� La estructura general con sus flujos de financiamiento del sistema se muestra en forma esquemática en la Figura 6.2

La acreditación sería un requisito para que los Proveedores de Educación Técnica y Formación Profesional puedan prestar servicios tanto en los programas públicos de formación profesional como a las empresas y los trabajadores beneficiarias de los subsidios para la capacitación continua. Entre las entidades que podrían postular a la acreditación estarían las universidades, los institutos tecnológicos, los colegios técnicos, los centros de capacitación privados incluidos los que podrían ser manejados por organizaciones de trabajadores o de empleadores, las academias de enseñanza vocacional no formal, los organismos sociales (sin fines de lucro) no gubernamentales que operan en el área de la capacitación, empresas proveedoras de tecnología y las firmas consultoras. Los Centros del INFOP se entenderían acreditados por derecho propio.

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i) Financiación Los recursos del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional incluirían las siguientes partidas: �� Los recursos del Presupuesto Nacional asignados a la Secretaría de Educación para el

funcionamiento de los establecimientos de educación técnica. Estos fondos deberían ser aplicados a través de las Direcciones Departamentales en los centros de educación técnica públicos (incluidos los que a futuro puedan ser administrados bajo la modalidad de concesión en virtud del Decreto de Ley 283/98) y privados subvencionados.

�� La contribución de las empresas al INFOP por el equivalente al 1% de su masa salarial. Estos recursos se usarían para financiar programas públicos de formación profesional (inicial o continua) y programas de capacitación continua de las empresas, en respuesta a las necesidades de los sectores aportantes. En virtud de lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de INFOP, las empresas podrían usar hasta una parte de su contribución al INFOP (entre un 0.25 y un 0.50 del 1%, con base en la reglamentación correspondiente) para contratar servicios de capacitación específicos con proveedores acreditados, incluidos los establecimientos de Educación Técnica, los Centros del WOP y otros proveedores, privados o públicos acreditados por el sistema.

�� Un aporte del Estado al INFOP equivalente al 0,5% de los salarios y jornales consignados en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación.

�� Aportes de las instituciones autónomas del Estado al INFOP por el equivalente al 1% de su masa salarial.

�� Aportes extraordinarios que el Estado pueda asignar para financiar programas públicos de formación profesional específicos de interés social. Estos recursos serían administrados por el Consejo Nacional Coordinador de la Educación Técnica y la Formación Profesional quien contrataría la ejecución de dichos fondos.

ii) Funcionalidad operativa del Modelo B La funcionalidad operativa del Modelo B, del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, se describe a continuación: �� El Presupuesto de la Nación, asigna los fondos para la educación técnica y los

programas públicos (sociales) de formación profesional a la Secretaría de Educación y al Consejo Nacional Coordinador, respectivamente.

�� El Consejo Nacional Coordinador propone las políticas de Educación Técnica y Formación Profesional a los organismos encargados de aplicarlas: la Secretaría de Educación y el INFOP.

Las políticas tienen que ver con las normas relativas a las siguientes materias: (i) acreditación de instituciones; (ii) homologación de programas y cursos; (iii) certificación de competencias; (iv) administración privada de Centros Educativos en virtud de Decreto 283/98; (v) estímulos para capacitación en las empresas (Art.25, Ley del INFOP); (vi) prioridades para programas públicos de formación profesional y gestión de fondos públicos y cooperación externa, principalmente.

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Además, el Consejo, a través de una Secretaría Técnica, administra los fondos asignados por el Presupuesto Nacional para los programas públicos de formación profesional de carácter social, y provee información sobre la oferta y demanda de educación para el trabajo y el empleo. El Consejo es un órgano tripartito de conformación igualitaria ubicado al más alto nivel. �� La Secretaría de Educación asignaría a través de las Direcciones Departamentales de

Educación los fondos públicos, que recibe del Presupuesto Nacional, a los centros de educación técnica públicos (incluidos aquellos bajo contrato de gestión privada en virtud del Decreto 283/98), y Privados subvencionados.

�� El Consejo Nacional Coordinador asigna los fondos que recibe del Presupuesto Nacional a los programas públicos de formación profesional, de carácter social, cuya ejecución es licitada entre los organismos acreditados: INFOP, Centros de Educación Técnica y otros proveedores privados y públicos.

�� Las empresas aportan al INFOP el equivalente al 1% de su masa salarial, para financiar programas de formación profesional (inicial y continua) en beneficio de los sectores aportantes. En virtud de la puesta en vigencia del Artículo 25 de la Ley del INFOP, las empresas podrían usar hasta la mitad de su aporte obligatorio al INFOP para contratar servicios específicos con centros de educación tecnica, otros proveedores (privados o públicos) acreditados y el propio INFOP. El Consejo Directivo del INFOP estará integrado por igual número de representantes del Estado, las empresas y los trabajadores.

�� Los Centros de Educación Técnica (públicos y privados) prestan servicios gratuitos o subvencionados, a los jóvenes.

�� La ejecución de los programas públicos de formación profesional, administrados por el Consejo Nacional Coordinador, se contrata por medio de licitaciones entre los organismos acreditados: INFOP, Centros de Educación Técnica y otros proveedores privados o públicos.

�� La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa no formal asigna, por medio de ficitaciones, los fondos que recibe del Presupuesto Nacional y otras fuentes destinados a financiar programas de su competencia, en el área de la educación para el trabajo. A nivel de políticas, la Comisión participa y se coordina con el Consejo Nacional Coordinador de la Educación Técnica y Formación Profesional.

4. Participación de los Actores Sociales en el Marco del Sistema Nacional de Educación

Tecnica y Formación Profesional en el Nivel Local Como ya se adelantó en la primera parte, no sólo es necesario coordinar las acciones educativas en el nivel central nacional, también es muy importante hacerlo a nivel regional y local, a fin de compatibilizar las políticas nacionales con las expectativas y necesidades de la población a nivel de localidades, teniendo en cuenta la diversidad, características específicas y demandas reales de Educación Técnica y de Formación Profesional, basadas en el potencial de desarrollo de cada departamento y su estructura económica y social. El propósito es posible alcanzarlo, aprovechando los esfuerzos que ya está realizando la Secretaría de Educación, el INFOP, y los gestores de la nueva Ley de Educación Alternativa

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no formal, en el sentido de lograr pautas de encuentro y discusión con la sociedad civil en el nivel local. La desconcentración en el nivel de Direcciones Departamentales de Educación, es un buen punto, para establecer un mayor encuentro entre la oferta de los servicios de Educación Técnica y de Formación Profesional con la demanda de estos servicios por parte de la sociedad y en particular del sector productivo. En efecto, la Dirección Departamental de Educación, constituye una excelente instancia para hacer converger los intereses de la población y los proveedores de servicios educativos, en la búsqueda de necesidades e insumos que configure un plan y estrategias a desarrollar en el corto, mediano y largo plazo en materia de Educación Técnica y Formación Profesional. El propósito indicado es posible alcanzarlo, por medio de la generación de asociaciones estratégicas entre el Estado representado por la Dirección Departamental de Educación la sociedad civil, en particular la representada por el sector empresarial. Como así mismo de otras entidades interesadas o vinculadas a la educación tales como: Municipios, Centros de Investigación, ONG's, Colegios Privados, Congregaciones Religiosas, Proyectos de Cooperación Técnica y otras entidades representadas en las localidades interesadas en colaborar con la educación y formación profesional para el trabajo. En efecto, la Educación Técnica y la Formación Profesional, no sólo necesita una mayor vinculación con el sector productivo, sino que, debe insertarse en dicho sector, trabajar con base en las pautas organizativas y tecnológicas empleadas en la producción y los servicios, de modo que los alumnos o participantes adquieran, además de los conocimientos y habilidades propias de su respectiva especialidad o profesión, la cultura y los códigos de la nueva realidad del trabajo, cada vez con mayores exigencias de producción, productividad y competitividad. Esta mayor vinculación de la formación técnica y la formación profesional con la empresa, se necesita, a raíz de que los Centros de Educación o de Formación Profesional, cumplen en la actualidad, una doble finalidad: por un lado, permite a hombres y mujeres, adquirir conocimientos y habilidades para insertarse en el trabajo, y por el otro, se constituye en un medio para intermediar entre la comunidad, la empresa y el centro aspectos relacionados con el apoyo tecnológico orientado a la empresa, sobre todo a la pequeña y microempresa, para la implementación de nuevas tecnologías y formas de gestión apropiadas para mejorar sus productos y productividad. Como también en fomentar aspectos culturales que enriquezcan a la respectiva comunidad. Desde el punto de vista estructural es necesario interpretar la tecnología como un resultado de relacionar la técnica con la ciencia y con la estructura económica y sociorural, con el fin de solucionar problemas concretos en los cuales, tanto empresarios, como docentes y alumnos están inmersos en el mismo proceso, y por lo tanto necesitan colaborarse mutuamente para encontrar soluciones viables y rentables. Se deriva de lo anterior que la tecnología integra las técnicas con los conocimientos científicos, los valores culturales y las nuevas formas de órganizacion del trabajo, la producción y a la propia sociedad.

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Sin embargo, en el nivel local se hace mucho más importante esta colaboración entre educación y producción, considerando que Honduras ya entró en una nueva etapa con creciente incorporación de tecnología, que adquiere relevancia creciente en la vida cotidiana; y está llegando a convertirse en un factor clave que condiciona, en gran medida, los actos y el comportamiento e impone nuevos sellos de cultura. Este cambio un tanto artificial, adquiere una amplitud y densidad tal, que hoy ya condiciona, el comportamiento de la población, urbana y lentamente la rural, lo cual implica que en el futuro mediato no se podrá prescindir de la tecnología. Por ello es importante educar para manejar racionalmente la tecnología y no ser manejado por la tecnología. Si bien los objetos tecnológicos hacen más confortable la vida, pero a la vez la condicionan por las mayores exigencias que ello implica. Y que afortunada o desafortunadamente corresponde a un proceso continuo, acelerado e irreversible y que no volverá atrás, porque es producto de la modernidad y los procesos de globalización. En relación a como lograr las asociaciones estratégicas entre la Educación Técnica, la Formación Profesional, con la sociedad civil, es importante tener presente que no existe una fórmula única y por lo tanto se debe analizar y buscar en cada oportunidad, la estructura más adecuada con base en el interés de las partes. El tema que hoy es aceptado por los actores sociales y económicos, es el que se relaciona con la estructura organizacional de los Centros de Educación Técnica y los de Formación Profesional, los cuales requieren crecientemente de una capacidad de gestión técnica y administrativa lo más parecido a la de una empresa real y productiva, y no, a la de un Colegio de Educación Media científico-humanista. a) Una mayor coherencia para buscar Consensos en el Nivel Regional y Local Para lograr la estructura de apoyo efectiva sin la necesidad de crear instancias adicionales se recomienda apoyar las Direcciones Departamentales de Educación y las Direcciones de los Colegios Técnicos o Centros de Formación Profesional, por medio de la participación de la sociedad civil con el objeto de contribuir a establecer políticas a nivel de departamento y a la vez contribuir a mejorar la gestión a nivel de cada establecimiento educativo, tanto los, dependientes de la Secretaría de Educación como los de INFOP. A los efectos de alcanzar esta participación de la sociedad civil, se recomienda organizar su apoyo en dos niveles como se indica a continuación: �� Dirección Departamental de Educación, y �� Dirección de Colegios Técnicos o Centros de Formación Profesional. A nivel de la Dirección Departamental de Educación, el apoyo de la sociedad civil organizada estaría orientada a la elaboración de: (i) las políticas de Educación Técnica y Formación Profesional a nivel del Departamento; (ii) la planificación de las acciones educativas según demandas específicas de la sociedad civil, en particular del sector productivo, según su potencial, por sectores y ramas de actividad económica; (iii) el mejoramiento del nivel tecnológico y requerimientos para mejorar la productividad de los sectores y ramas económicas; (iv) la asesoría en organizar adecuadamente los programas

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anuales y buscar estrategias para elevar la productividad de los establecimientos educativos; (v) la ayuda para implementar indicadores de calidad de la educación en todos los niveles. Complementariamente se podrá realizar estudios de demandas; fijación de prioridades por sector y rama de actividad económica, como también generar oportunidades educativas y de formación profesional vinculadas al trabajo, para los sectores más postergados de las comunidades integrantes del Departamento. b) Estructura de apoyo local (Dirección Departamental de Educación y Dirección de

Centros de Educación o Formación Profesional) Para establecer la participación de la sociedad civil y lograr su asesoría en la Dirección Departamental de Educación, se propone la creación en los departamentos que se justifique, de un Consejo Departamental de Educación para el Trabajo, (CODEET) el cual estaría integrado por los representantes de las cámaras empresariales; representantes municipales; representantes de organizaciones civiles vinculadas al ámbito educativo; miembros o líderes reconocidos en el nivel Departamental; y otras autoridades representativas a nivel local. La participación de estas representaciones en el CODEET sería en el marco de las disposiciones reglamentarias que establezca el Consejo Coordinador de Educación Técnica y Formación Profesional, en conjunto con la Secretaría de Educación y el INFOP. Por otra parte también es importante crear en cada Colegio de Educación Técnica o Centro de Formación Profesional, un Consejo Asesor Técnico (CAT) el cual tendría un carácter de asesor en los aspectos operativos relacionados con la calidad de la Educación Técnica o la Formación Profesional impartida por el respectivo establecimiento. El CAT, brindaría su apoyo técnico y eventualmente económico a los respectivos establecimientos, como así mismo apoyaría el mejoramiento de la calidad y pertinencia de las acciones educativas, incluidos los aspectos académicos, de producción, de administración eficiente, y de vinculación con el medio externo, en la búsqueda de una mayor descentralización y autonomía en la gestión de la producción educativa. En la estructura que aparece en la página siguiente se puede observar la funcionalidad de los CODEET, en el nivel de, Dirección Departamental de Educación. Y los CAT, en el nivel de cada colegio técnico o centro de formación profesional. c) El nuevo enfoque de la Educación Técnica y Formación Profesional, orientada al

trabajo La propuesta de asociación estratégica entre Estado/Sociedad Civil/Empresas, busca concebir una Educación Técnica y de Formación Profesional, cuyo proceso de adquisición de conocimientos de desarrollo de habilidades, destrezas y de asimilación de los valores, doten a la persona de los instrumentos internos necesarios para su propia y plena realización, en el cual el trabajo no se reduce a una obligación, ni a un medio de subsistencia sino que, se concibe como la actividad realizadora de la persona, como instrumento para la transformación y apropiación de la realidad externa.

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Si bien, el trabajo está orientado a la satisfacción de necesidades, materiales y espirituales, se atribuye a la nueva educacion para el trabajo, una función de cambio hacia la transformación cultural, el avance científico y tecnológico y a la incorporación de nuevos valores que propicien el ideal de un desarrollo económico y social más sostenido y una sociedad más equitativa. En el marco de lo expresado anteriormente, el Proyecto de Producción, en 20 Colegios Vocacionales, que desarrolla la Secretaría de Educación, constituye una buena experiencia, que cobra particular relevancia para que pueda ser extendido, a otros Institutos de Educación Técnica y a los Centros de Formación Profesional, con el objeto de propiciar la modalidad de "aprender haciendo" y "aprender produciendo" experiencia que con la participación y contribución de la sociedad civil, como representantes de las fuerzas del mercado, debería alcanzar un real proceso de educación-trabajo-producción, en beneficio de los alumnos, el centro educativo y la empresa local. Tanto los empresarios como los trabajadores son los mejores aportantes por medio de su visión amplia de la realidad local, antecedentes muy valiosos para establecer las metas estratégicas los programas de Educación Técnica o de Formación Profesional, ajustadas a las respectivas realidades de producción y desarrollo local, incluidos ajustes a los currículos, contenidos programáticos y planes de desarrollo productivos. Asimismo, los empresarios pueden contribuir en la definición de criterios y normas sobre canales de abastecimientos de insumos, canales de cornercialización, líneas de crédito y otros relacionados con el buen desempeño de este nuevo modelo del Colegio Técnico o Centro de Formación Profesional. Finalmente se reconoce que los empresarios, los trabajadores y los miembros de la sociedad civil que intervengan en las instancias de apoyo en la educación son los medios más apropiados para promover un mayor compromiso financiero y de apoyo técnico en los esfuerzos nacionales de educación para el trabajo. Sin embargo, esta participación de los agentes sociales no sólo se justifica por razones técnicas y financieras sino que también se fundamenta en los ideales de concertación social que inspira al Gobierno de la República de Honduras. El proceso de organización y puesta en marcha de éstas estructuras de apoyo a los Direcciones Departamentales de Educación, como también en las Direcciones de los Colegios Técnicos o Centros de Formación Profesional, tentativamente denominados CODEET y CAT, deben ser consideradas por el Consejo Coordinador del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional en conjunto con la Secretaría de Educación e INFOP para su implementación según importancia de interés de cada departamento. También dicho Consejo Coordinador debería establecer las disposiciones reglamentarias por las cuales se guiarán dichos órganos asesores del Director Departamental de Educación y Director de Colegio Técnico o Centro de Formación Profesional.

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d) Hacia un cambio en la Administracion de los Centros de Educación Técnica o de Formación Profesional, por la Sociedad Civil organizada

En un futuro y en la medida que los colegios técnicos y los Centros de Formación Profesional adquieran mayor autonomía, se sugiere transferir su administración a organizaciones privadas, bajo régimen de concesion que permite el Decreto de Ley No.283-98. Algunas experiencias en Latinoamérica, han demostrado que las instituciones de Educación Técnica o de Formación Profesional, administradas por el sector privado por medio de: Fundaciones o Corporaciones Privadas u otro tipo de organización con autonomía para administrar, tienen efectos positivos ya que cuentan comparativamente con respecto a la administración pública, con más medios y recursos para cumplir en forma adecuada su función educativa, en estrecha vinculación con el sector productivo, obtienen mayores recursos vía la producción y aportes del sector privado, como de ingresos por servicios profesionales prestados por el propio establecimiento educativo. En desventaja, las instituciones de educación técnica del sector público disponen de pocos recursos financieros, la mayoría de las veces, sólo para cubrir las remuneraciones del personal y poco o nada para el desarrollo de las prácticas de Ips alumnos, el mantenimiento de la infraestructura y la reposición de equipamiento. Asimismo, el espíritu empresarial latente en las entidades administradas por el sector privado de educación, normalmente está ausente en los establecimientos administrados por el sector público. Como ya se ha hecho presente la Educación Técnica y la Formación Profesional administrada por el sector privada tiene ventajas comparativas respecto a la administración pública, sobre todo, por que el sector empresarial vincula directamente la educación con el trabajo productivo y su entorno. Se agrega a lo anterior la facilitación de talleres, predios agrícolas y otros lugares de trabajo reales para efectos demostrativos, desarrollo de prácticas laborales de los alumnos y pasantías de los profesores, como también de facilidades para la inserción laboral de los alumnos egresados. La conjunción de los esfuerzos públicos y privados, en materia de administración de la Educación Técnica y de la Formación Profesional en la región, ha demostrado que es posible y altamente rentable para el Estado, y beneficiosa para los usuarios de estos servicios, el régimen de administración privada por cuanto facilita su vinculación al mundo real de la producción y de los servicios. La participación empresarial en la administración de los establecimientos educativos, no sólo ha beneficiado la actualización de los planes y programas de estudio, colocación de los egresados en prácticas profesionales o en empleos definitivos, sino que aprovechando la iniciativa y creatividad propias de este sector, su intervención en la gestión ha permitido múltiples innovaciones y mejoras en los procedimientos administrativos, técnicos, productivos de los planteles y una adecuada relación del colegio técnico o centro de formación profesional con su entorno.

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La administración privada de muchos establecimientos educativos en la región Latinoamericana supera largamente el tema del financiamiento de la enseñanza técnica y de la formación profesional. Aunque el patrimonio de éstos organismos continúen bajo el régimen fiscal, los beneficios son amplios y pueden reducirse a lo siguiente: �� Flexibilidad para ajustar sus planes y programas con base en las necesidades reales del

mercado laboral. �� Uso de metodologías de enseñanza-aprendizaje sustentadas en aprender-haciendo y

aprender-produciendo. �� Empleo de técnicas de administración modernas, ágiles y desburocratizadas. �� Versatilidad, eficiencia y racionalidad en el empleo de los recursos. �� Facilidad para la autogeneración de recursos y de su reinversión. �� Agilidad en las adquisiciones de insumos y comercialización de los productos. �� Permanente vinculación e integración con el sector productivo o rama correspondiente. �� Actualización tecnológica permanente. �� Relacionamiento constante y fluído con el sector productivo y la comunidad local. �� Posibilidad de vivenciar modelos de producción y administración acordes con las

exigencias del medio productivo por parte del estudiante. Y otras muchas ventajas que permite la administración privada por su flexibilidad adaptabilidad a la situación real y operación a costos competitivos.

2. Estrategia de Implementación del Sistema Nacional de Educación Técnica y

Formación Profesional a) Implementación del Sistema Una vez obtenidos los acuerdos básicos sobre la necesidad de implementar un Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional para el trabajo, como una alternativa para mejorar la eficiencia, calidad, pertinencia y optimización de los recursos que el país destina a esta tarea, se pueden utilizar dos alternativas: la primera, es integrar desde el primer momento el Consejo Coordinador del Sistema, de modo que asuma de inmediato la responsabilidad de implementar la estructura de éste y establecer las disposiciones legales y reglamentarias que lo hagan viable y operativo. Sin embargo, y si ello no fuera posible por razones institucionales, o ajustes legales, adecuaciones administrativas u otras que pudieran obstaculizar y demorar la constitución del Consejo Coordinador, el Ejecutivo, puede nombrar una Comisión de Alto nivel, de integración tripartita, la cual se encargaría de guiar la preparación e impulsar los arreglos legales, administrativos, organizacionales, financieros y técnicos que permitan la consecución de la estructura del Sistema y a partir de ahí se constituya el Consejo Coordinador del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional. Cualquiera sea la fórmula que se acuerde utilizar, es importante adelantar que la transición del antiguo modelo de Educación Técnica Formal, dependiente de la Secretaría de Educación y de Formación Profesional no Formal, a cargo de INFOP, hacia un nuevo modelo sistémico, interactivo, participativo, flexible y adaptado a las nuevas y crecientes demandas del marcado laboral, requerirá de un importante esfuerzo en materia de difusión de información y

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sensibilización, dirigido a los agentes sociales que tendrán el papel protagónico en la creación, desarrollo y sostenibilidad del Sistema de Educación y formación para el trabajo, especialmente: las organizaciones de empleadores, de trabajadores, Municipios, ONG's, entidades proveedoras de Educación Técnica y Formación Profesional, tanto formal como no formal y otras agencias vinculadas al tema educativo. b) Desarrollo del marco legal Como se adelantó en este documento, se trata de aprovechar las disposiciones legales, sobre todo el Decreto Ley No. 218-96, que reformó la Ley General de la Administración Pública, en cuanto al marco de competencias de las Secretarías de Estado, como parte del proceso de la reforma y Modernización del Estado. En efecto, en la Reglamentación de dicho Decreto de Ley, se establecen algunos mecanismos para generar espacios que permiten unir esfuerzos entre las Secretarías, en busca de optimizar los recursos disponibles para procurar mayores beneficios para el desarrollo económico y social de la población. En el caso concreto de la Educación Técnica y la Formación Profesional, es posible lograr este propósito por la vía de hacer uso del Capítulo V Artículo 90, que faculta al Presidente de la República para invitar a participar en las sesiones del Gabinete Económico a los representantes de la organizaciones políticas, económicas y sociales del país para que expongan sus puntos de vista. Complementariamente el Artículo 91 del mencionado Capítulo V, permite la posibilidad de analizar y proponer la creación de Gabinetes Sectoriales, situación que beneficia a la educación, ya que da pie, para proponer la creación de un Gabinete de Educación, como mecanismo para generar las políticas de desarrollo de los recursos humanos y coordinar los planes de la Educación Técnica y Formación Profesional para el trabajo. En este contexto el Consejo Coordinador del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, formaría parte del Gabinete de Educación. En el marco señalado se debería tener en cuanta además las disposiciones legales de la Secretaría de Educación, como responsable de la Educación Técnica formal y del INFOP como encargado de la Formación Profesional no formal. A fin de efectuar los ajuste en lo posible vía reglamento para viabilizar la creacion y operación del Sistema. Como ya se ha mencionado en el capítulo 6, además del marco legal del Sistema Nacional, existe la necesidad de generar una serie de disposiciones legales que permitan regular el funcionamiento del Sistema Nacional, en su interaccionar institucional y permita la adecuada ejecución de los programas públicos y privados de Educación Técnica y de Formación Profesional. Entre las normas más relevantes se debe considerar la elaboración de las siguientes: �� Organización y funcionamiento del Consejo Coordinador y su respectiva estructura

orgánica y funcional. �� Organización y funcionamiento de los CODEET, a nivel departamental y los CAM, a

nivel local, el primero como ente de apoyo a la Dirección Departamental de Educación y el segundo como apoyo directo en la gestión operativa en cada colegio o centro educativo.

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�� Orientaciones generales para realizar las investigaciones sobre demandas de recursos humanos, por sectores y rarnas de actividad económica y su posibilidad de inserción laboral.

�� Orientaciones para la planificación de las acciones de Educación Técnica y Formación Profesional.

�� Orientaciones para la difusión de la información sobre demanda y tendencias del mercado del trabajo, tanto para fines de formulación de políticas como para orientar a los usuarios y proveedores del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional.

�� Normas para establecer la acreditación de las entidades proveedoras de Educación Técnica y de Formación Profesional.

�� Normas para establecer la acreditación los programas y cursos elegibles para impartir en el marco del Sistema.

�� Reglamento sobre la utilización del incentivo tributario, Artículo 25 de la Ley de INFOP.

�� Normas para establecer la validación de los programas y cursos de las empresas que puedan dar derecho al crédito tributario que otorgaría el Sistema vía el Artículo 25 de la Ley de INFOP.

�� Reglamento Decreto de Ley No. 313-98 sobre Educación Alternativa no formal. �� Normas referidas al diseño y actualización del Currículo de la Educación Técnica

formal y de la Formación Profesional no formal. �� Normas sobre Certificación de las competencias de los egresados en el Sistema. �� Normas para la administración de los programas públicos, incluido el diseño de bases,

llamado a licitación y adjudicación de las propuestas. �� Normas sobre la administración de bonos de educación, orientados a la Educación no

formal. �� Normas sobre el seguimiento y evaluación de los Programas de Educación Técnica y de

Formación Profesional. �� Normas sobre diseño de presupuestos nacionales, programas de cooperación externa y

otros relacionados con la administración de los recursos financieros. 3. Modernización de los colegios e institutos técnicos dependientes de la Secretaria de

Educacion Dado que la mayoría de los colegios de educación media diversificada e institutos de educación técnica están desactualizados respecto a sus planes y programas, como también respecto a sus equipos y laboratorios, se recomienda efectuar una evaluación de éstos establecimientos para determinar su real capacidad de convertirse en institutos técnicos de nivel medio (ciclo diversificado mejorado). Este trabajo se debería realizar por áreas de especialización, (industrial, agropecuario, comercio y servicios) para disponer de un catastro exacto de las condiciones de cada establecimiento educativo a fin de proponer alternativas para su modernización. Se adelanta que es preferible concentrar la educación técnica en menor cantidad de Centros de Educación Técnica, que tratar de mantener un alto número en condiciones deficitarias como sucede en la actualidad. Los colegios que no tengan el perfil para ser dotados como técnicos pueden continuar sirviendo el nivel medio de educación ciclo común en bachillerato humanista.

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Una vez se disponga del inventario con el estado detallado de cada colegio se deberán tomar las decisiones sobre cuántos colegios técnicos por área de especialización conviene mantener, cuantos continúan en ciclo diversificado de bachiller humanista o se destina a otra función docente en el contexto de la educación. Para tomar estas decisiones se deberá tener en cuenta algunos criterios como los siguientes: �� Identificación del colegio o instituto técnico. �� Area y especialidades que atiende. �� Número de alumnos por grado y egresados por año. �� Ubicación geográfica del colegio técnico, con relación al crecimiento poblacional

proyectado en el mediano y largo plazo, potencial y tipo de actividad económica que se desarrolla en el lugar, uno o varios departamentos.

�� Tecnología que utiliza la empresa local o de la actividad económica que se desarrolla en el lugar.

�� Tipo de organizaciones sociales, cámaras, sindicatos, cooperativas y otras estructuras económicas presentes o alrededor del colegio.

�� Infraestructura disponible en el colegio técnico, laboratorios, talleres, aulas, servicios generales, oficinas. Además de otras áreas: gimnasio, bibliotecas, comedores etc. Como así mismo lugares de práctica o de producción para los alumnos.

�� Tipo de construcción y estado de la infraestructura, años de uso, mantenimiento que se ha proporcionado, estimación de la inversión que sería necesario realizar para dejarla apta.

�� Estado del equipo, años de uso, distribuido así: equipo en buen estado, equipo recuperable y equipo en mal estado, para ser dado de baja. El estado debería presentarse por área y especialidad.

�� Número y perfil del personal, directivo, docente y de apoyo. �� Presupuesto discriminado por ítems o áreas de gasto, y fuentes de su financiación. Es importante además conocer la opinión de los directivos del colegio técnico, de las asociaciones de padres, como también la de empresarios cercanos a dicho establecimiento educativo. La lista de antecedentes no pretende ser exhaustiva, sólo se presenta como una muestra de lo se debería conocer de los colegios técnicos Para disponer de elementos de juicio que permita con base técnica, científica, definir su futuro. Por la vía de su fortalecimiento; función con otro centro; reasignación de sus recursos; o conversión a colegio de educación media con bachillerato humanista. Este es uno de los primeros trabajos que debería emprender, la Secretaría de Educación con el apoyo del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional. Una vez determinado el número de colegios o institutos técnicos a modernizar se deberá desarrollar un programa detallado para cada establecimiento en el cual conste todo el proceso educativo proyectado en el mediano y largo plazo. Es, éste precisamente un ejercicio ideal para realizarlo con el apoyo de la sociedad civil organizada y en particular la asistencia de la empresa privada puede brindar significativos aportes de orden tecnológico en el diseño del programa, y sus respectivos planes de desarrollo.

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El programa deberá contemplar además de los déficit, curriculares, programáticos, de equipo e infraestructura. Las alternativas para suplir estas deficiencias con un costo estimado y un calendario tentativo para su implementación. De modo que las autoridades de la Secretaría de Educación con el apoyo del Consejo Coordinador del Sistema, puedan programar su viabilización aprovechando recursos de diferentes fuentes, entre las que se destaca la cooperación técnica internacional. Esta forma de planificación permitiría que en un determinado tiempo se vayan superando las deficiencias que presenta la Educación Técnica de nivel medio en el país, con miras a otorgar mejores servicios a la población con vocación técnica , y satisfacer las necesidades de recursos humanos calificados que requiere el sector productivo. 4. Innovaciones en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) Para que INFOP cumpla adecuadamente su cometido en el contexto del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, se recomienda poner en práctica cuatro medidas concretas, las que se refieren a los aspectos siguientes: �� Modificar la estructura del Consejo Directivo Tripartito, de manara que el tripartismo

sea real y equilibrado en cuanto al número de miembros por cada una de las partes. Al respecto se recomienda: (i) mantener la actual representación del Gobierno; (ii) ampliar' en dos representantes del sector privado, de preferencia provenientes de la mediana y pequeña empresa.

�� Modernizar sus programas y contenidos, programáticos para responder a las necesidades de las empresas, tanto de formación inicial para jóvenes que necesitan una fonnación para insertarse laboralmente, como también para las personas adultas insuficientemente equipadas, desocupadas o subempleadas. Como así mismo adecuar con la participación de los miembros de las empresas sus programas orientados a la capacitación continua de trabajadores activos, a fin de contribuir por la vía de la capacitación a mejorar su situación socioeconómica y productividad de la empresa donde se desempeñen.

�� Poner en operación el Articulo 25 de su Ley Constitutiva para incentivar a la empresa privada, para que hagan la capacitación de su personal, utilizando parte del 1% que éstas tributan a INFOP. Para este fin se debe reglamentar el uso de los fondos que permite el mencionado Artículo.

�� Descentralizar la administración de las acciones operativas de la formación profesional, lo que incluye los medios, tanto los Centros Fijos Móviles y otras modalidades formativas en vigencia. Por la vía de establecer asociaciones estratégicas con el sector privado. Por ejemplo: Centro Fijo de Formación en San Pedro Sula, establecer una asociación con la Cámara de Industria y Comercio de Puerto Cortés. La descentralización tiene por objeto acercar más a INFOP al sector productivo, con programas oportunos de calidad y operados en forma eficiente y por el otro darle oportunidad para que ejerza su papel como responsable en la conducción de la Formación Profesional no formal en el país, como señala su Ley Orgánica.

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En este contexto el INFOP jugaría un importante rol en el marco del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, como apoyo técnico y principal proveedor de servicios en áreas altamente especializadas como es por ejemplo; la industria con uso de tecnologías de punta. 5. Educación alternativa no formal (Ley No. 313-98) La Educación Alternativa no formal llenará el vacío entre la Educación formal a cargo de la Secretaría de Educación y la Formación Profesional a cargo de INFOP, escenario en el cual quedaban muchos niños y jóvenes excluidos por ambas ofertas educativas. Se espera que con la puesta en vigencia de esta nueva Ley (aún no reglamentada) se puedan cubrir las áreas desatendidas hasta la fecha, cuya población acumulada aumenta cada año. En efecto, esta es una población muy heterogénea y por consiguiente, necesita programas especiales de educación básica y capacitación en oficios para tener la oportunidad de insertarse en la actividad productiva. En la reglamentación de esta Ley se deberán establecer los mecanismos de interacción con la Secretaría de Educación, el INFOP, y los proveedores de servicios educativos o de formación en oficios, en el marco del Sistema de Educación Técnica y Formación Profesional, la estructura de la Educación Alternativa no formal actuaría a nivel del Consejo Coordinador y a nivel de los proveedores del Sistema, lo cual permitirá una adecuada compatibilización entre la demanda y la oferta de los servicios educativos. 6. Modernización de otros proveedores de Educación Tecnica y Formación Profesional Una vez identificados, evaluados y acreditados los proveedores privados de Educación Técnica y Formación Profesional, el Consejo Coordinador debería procurar los recursos para mejorar la oferta formativa de estas entidades por la vía del perfeccionamiento de sus docentes, ayudarles a incorporar materiales de instrucción e incluso de infraestructura. Para lograr este último propósito se recomienda crear una línea de crédito blando, para que estos establecimientos puedan mejorar su infraestructura. Este tipo de crédito se puede manejar en una forma de fideicomiso por alguna agencia especializada en educación que pueda brindar asistencia técnica, como por ejemplo el CADERH. Los fondos se pueden obtener vía cooperación técnica o bancario a largo plazo. a) Estrategias para actualizar el diseño curricular El diseño curricular será un gran reto para el Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, atrás quedaron los modelos curriculares cerrados y actualmente existe la imperiosa necesidad de operar en sociedad entre entidad de educación o formación con la empresa privada, la relación entidad educativa/empresa es insustituible en el desarrollo del currículo y los contenidos programáticos. En la actual sociedad, en que las innovaciones tecnológicas pasan a convertirse en uno de los factores centrales de la eficiencia económica y en la que, lo que importa es la unidad productiva tomada en su conjunto y no como individuos aislados. El aprender y sobre todo, el aprender rápidamente se ha convertido en una necesidad central, lo cual ha conducido a que los colegios técnicos y de formación

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profesional deban entregar sus servicios en forma eficiente "justo a tiempo". Por ello la Educación Técnica y la Formación Profesional habrá de ser cada vez más dependiente e integrada y entremezclada con el mundo productivo y la vida real de la empresa. La nueva concepción del currículo consiste en entender la Educación Técnica y la Formación Profesional en el contexto del proceso de transferencia de tecnología como uno de los elementos sustantivos del proceso por el cual las empresas productivas y los trabajadores reciben un cúmulo de conocimientos científicos y tecnológicos. La formación vinculada con las diferentes formas de trabajo ligadas a permanentes innovaciones tecnológicas implica el manejo de una gran incertidumbre para la cual las personas deben estar preparadas y ser capases de aprender permanentemente para entender el cambio y ser suficientemente flexibles para desempeñar una amplia gama de ocupaciones, afrontar la movilidad significa ser adaptable rápidamente a las nuevas condiciones de trabajo, independientemente del nivel de calificación que se tenga. Teniendo en cuenta los antecedentes señalados, la Educación Técnica y la Formación Profesional ha de entenderse como la preparación necesaria para llevar a cabo con competencia, actividades laborales que impliquen un trabajo productivo, ya sea dentro de una empresa o en forma independiente. Por ello la nueva Educación Técnica o Formación Profesional debe estar en estrecha conexión con la dinámica del mercado laboral, que dado sus múltiples cambios ha de preparar para ser reconvertible varias veces en la vida activa. La educación y formación basada en competencias tiende a consolidar nuevos modelos curriculares para formar personas flexibles y plurifuncionales que puedan desempefiarse apropiadamente en un mercado basado en la ciencia y la tecnología el cual exige contenidos programáticos de enseñanza aprendizaje inspirados en la pedagogía activa. b) Algunas alternativas para facilitar la actualización del curriculo En el marco del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional se deberá crear las capacidades necesarias en los niveles centrales, local e institucional para producir progresivamente los cambios en el diseño estructura y contenidos curriculares con el apoyo del sector productivo. A la vez será necesario generar un sistema de información coordinación que permita interactuar entre el nivel central, local, y los actores sociales representados por los profesionales de las empresas. La creación de redes interactivas de apoyo puede contribuir a facilitar el proceso de actualización de los currículos en el área de la Educación Técnica formal, como también en la Formación Profesional no formal. Por último, la incorporación de la estructura modular y el desarrollo de competencias laborales en un proceso apoyado por los multimedios, el aprender haciendo y el aprender produciendo debería mejorar cualitativamente la aplicación de un currículo innovado. c) Estrategias para implementar un modelo de certificación de competencias Aún cuando es una de las últimas tareas que deberá abordar el Sistema Nacional de Educación de Técnica y Formación Profesional, la certificación de competencias no es menos importante que el currículo, por el contrario existe una estrecha interacción entre ambos. Que en la actualidad se manejan con criterios diferentes en el país. En efecto se

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debería de propender a lograr el desarrollo de un modelo que articule el currículo con la certificación de las competencias en el nivel de la Educación Técnica formal y a un modelo de certificación de competencias que incluya las excepciones en el sector de la Formación Profesional no formal, a fin de dar oportunidad a las personas que hayan logrado su formación por otras vías extra formales, como podría ser los casos en que obtuvieron las calificaciones durante su vida laboral. La propuesta apunta a generar un modelo sistematizado de certificación de competencia laboral de utilidad para todo el Sistema de Educación Técnica y Formación Profesional. En este contexto y dado que existe una buena experiencia adelantada por el CADERH se estima conveniente recomendar, que sea ésta la entidad en coordinación con la Secretaría de Educación, el INFOP y en conjunto con las empresas elaboren un modelo e instrumentos adecuados al perfil de lo que el país requiere para certificar las competencias de las personas o empresas que así lo requieran, en el marco de las disposiciones y normas que para estos efectos se pongan en función. d) Desarrollo del personal directivo, técnico, y docente El factor más importante para lograr una buena calidad de la Educación Técnica y la Formación Profesional, lo constituye el nivel de preparación del personal directivo, técnico y docente. En efecto, un docente bien preparado, puede realizar una excelente formación con muy pocos elementos de apoyo, sin embargo, un docente insuficientemente preparado por más medios y apoyos que se pongan a su disposición, sus clases serán mediocres y los resultados no llenarán las expectativas de los alumnos y menos el de las empresas. En este campo la Secretaría de Educación, está realizando un gran esfuerzo para perfeccionar a los profesores, muestra de ello es el Programa PROCADO, el cual apunta a la normalización de los estudios pedagógicos y titulación de los profesores. Sin embargo, este esfuerzo no es suficiente para la Educación Técnica, se requiere adicionar nuevas iniciativas para actualizar a los directivos de los colegios técnicos, a fin de que se conviertan en gestores y administradores de colegios-empresas con una clara orientación a la administración moderna vinculada a la empresa productiva con costo-eficiencia y una creciente autogestión instítucional. Asimismo, la adecuada preparación del personal técnico y docente requerirá de esfuerzos importantes para actualizar a los profesores en las tecnologías vigentes utilizadas por las empresas, como así mismo en los modernos métodos de enseñanza-aprendizaje basados en contenidos propios del avance científico y tecnológico, con capacidades para aplicar los cambios e innovaciones metodológicas que implica el "enseñar a aprender" para un mundo cambiante. Plantea también la necesidad de redimensionar el rol del profesor como el actor motivador y propiciador de aprendizajes significativos y creativos, de valores, actitudes y prácticas reales que conduzcan a la formación de cuidadanos democráticos, con capacidad de diálogo con la realidad, con el fin de propiciar alternativas y cambios, por medio de un accionar

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teórico-práctico que permita superar el dualismo existente en la actualidad y la oportunidad de un crecimiento personal y profesional sostenido. En definitiva, se necesita un profesor que promueva la autogestión de los procesos la descentralización de la autoridad, y el poder para compartirlo con los educandos en los diferentes roles; en el aula, el taller y el trabajo productivo y la vida social. Asimismo, promueva la participación de la empresa como corresponsales de las actividades docentes, orientadas a mejorar la calidad de la enseñanza y su vinculación con la realidad circundante. Para el logro del perfeccionamiento de los docentes será necesario desarrollar un programa que incluya contenidos y modalidades a emplear, como así mismo identifique entidades que puedan proveer estos servicios, fechas más apropiadas, costos que significaría el programa. Por otro lado, será importante fijar el perfil del profesor al cual estará dirigida la capacitación y el compromiso que ello implica una vez finalizado el proceso de perfeccionamiento. Se recomienda como estrategia la capacitación de un grupo de; formadores de formadores, de manera que en un corto plazo se pueda contar con uno o dos de éstos formadores en cada colegio técnico, o Centro de Formación Profesional, en los cuales éstos formadores constituirían factores multiplicadores del perfeccionamiento de sus colegas. Los formadores de formadores se dedicarían fundamentalmente a capacitar en aspectos metodológicos del Proceso de ensenanza-aprendizaje, tanto para la Educación Técnica formal como para la Formación Profesional no formal. Sin embargo, también es necesario hacer un esfuerzo para perfeccionar a los profesores e instructores en el campo técnico de su competencia, sobre todo en el dominio de los nuevos procesos productivos y las tecnologías empleadas en dichos procesos. En efecto, para actualizar a los profesores técnicos, será conveniente poner en marcha un programa en el cual se perfeccionen los conocimientos teóricos, lo cual se puede lograr en convenios con centros de enseñanza superior o aprovechar el Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa (INICE), que fue concebido para estos fines, dispone de excelentes instalaciones, y depende de la Secretaría de Educación. La segunda parte del proceso de perfeccionamiento es posible alcanzarla mediante prácticas aplicadas en convenios con las empresas, locales e incluso en algunas empresas en los países vecinos, donde se estén aplicando tecnologías que sean de interés para el mejoramiento del desempeño del docente. Teniendo en cuenta que el proceso de perfeccionamiento, metodológico y tecnológico de los profesores necesita de un apoyo técnico y abundantes recursos financieros, será necesario obtener una cooperación técnica internacional que colabore en esta importante tarea. Dicha cooperación técnica, debería contemplar las partidas siguientes: (i) asistencia técnica en nuevas metodologías de enseñanza considerando los modernos multimedios que hoy están a disposición del mercado educativo; (ii) materiales didácticos sobre métodos de enseñanza; (iii) fondos para becas de los participantes (profesores) para financiar el costo de su formación en el país o en el extranjero; (iv) recursos financieros para consultores internacionales que asesoren a las autoridades nacionales y formen, los formadores de

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formadores, que realizarán el trabajo de multiplicadores en los proceses de enseñanza.aprendizaje; (v) recursos para la adquisición de equipos y materiales multimediales que contribuyan a facilitar la enseñanza. El proyecto elaborado así, podría llegar a una suma estimada en cinco millones de dólares americanos que puede beneficiar el perfeccionamiento de 1.500 profesores en los aspectos técnicos-metodológicos. La administración de este proyecto debería estar a cargo del Consejo Coordinador del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional. 7. Cronograma para la creación e implementación del Sistema Nacional de Educación

Técnica y de Formación Profesional a) Sistematización del proceso La creación e implementación del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, exige realizar una serie de actividades en forma sistematizada constituyendo cada etapa el insumo para la siguiente. Las principales etapas se indican a continuación: i) Primera Etapa Análisis y difusión de la propuesta del Sistema y aceptación de uno de los Modelos, A y B, o una mezcla de ambos modelos, por parte de las autoridades a cargo de las entidades siguientes: Secretaría de la Presidencia, Comisión Nacional de Modernización del Estado, Secretaría de Educación, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, INFOP, COHEP, y otros actores vinculados con el tema de la Educación Técnica y Formación Profesional. ii) Segunda Etapa El Ejecutivo, o en quien éste delegue, en acuerdo con Secretarías de: la Presidencia Educación, Trabajo y Seguridad Social, los representantes de la empresa privada y de los trabajadores, nombraría el Consejo Coordinador Nacional Tripartito del Sistema, y si esto no fuera posible, nombraría un Comité Tripartito de Alto Nivel, hasta que sea posible nombrar al Consejo Coordinador del Sistema. Esta instancia organizarla con el apoyo de la Secretaría de Educación, la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, el INFOP y el COHEP las actividades siguientes: (i) Diseñar el marco legal y orgánico, como así mismo el reglamento operativo y funcional del Consejo Coordinador del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional. iii) Tercera Etapa Nombrar el Consejo Coordinador del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional, si hubiera sido antecedido por un Comité de Alto Nivel, o su ratificación si ya hubiera estado activo. El Consejo Coordinador realizaría con el apoyo de Comisiones de Trabajo, integradas con representantes de la Secretaría de Educación el INFOP, o subcontratando parte de los servicios, las actividades siguientes: (i) organizar la estructura del Consejo Coordinador del Sistema Nacional de Educación Técnica y Formación Profesional el cual incluiría una Secretaría Técnica, pequeña de alta eficiencia; (ii) diseñar las

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normas que permitirán acreditar a las instituciones publicas y privadas que participarían como proveedoras de Educación Técnica y Formación Profesional en el Sistema; (íii) diseñar las normas para acreditar los cursos, programas, medios didácticos elegibles para impartir en el marco del sistema; (iv) diseñar las normas que permitan certificar las competencias de los profesores de taller einstructores especializados que podrán dictar clases en las instituciones acreditadas o en las empresas que requieran sus servicios profesionales; (v) elaborar las normas para diseñar y actualizar los currículos; (vi) diseñar lo normas para certificar las competencias profesionales de los egresados de la Educación Técnica y de la Formación Profesional, como así mismo para certificar las competencias de las personas que logren su formación durante su experiencia laboral y que corresponda a la que podrían haber obtenido en forma sistemática en un establecimiento educativo; (vii diseñar las normas para elaborar propuestas de educación o capacitación, llamados a licitaciones de propuesta para educación o capacitación, evaluar las propuestas de educación o capacitación, y de adjudicación de éstas según disposiciones preestablecidas; (viii) diseñar las normas para los Consejos Departanientales de Educación para el Trabajo (CODEET); (ix) diseñar las normas para los Consejos Asesores Técnicos (CAM) en los Colegios Técnicos o Centros de Formación Profesional. iv) Cuarta Etapa El Consejo Coordinador del Sistema apoyaría a la Secretaría de Educación en la realización de las actividades siguientes: (i) realizar una evaluación detallada de cada colegio técnico y de ciclo medio diversificado, segun pautas establecidas; (ii) realizar una evaluación del perfil profesional de todos los profesores que se desempefian en la educación de cielo medio díversificado o educación técnica; (iii) realizar una evaluación del curriculo y materiales dídáctícos utilizados en la educación media de ciclo diversificado y educación técnica. El Consejo Coordinador del Sistema apoyaría al INFOP a realizar las actividades siguientes: (i) proponer las alternativas legales para que el Consejo Directivo de esa entidad sea tripartito en igual numero de miembros por parte del Estado, los empleadores y los trabajadores; (ii) reglamentar el Artículo 25 de la Ley Orgánica de INFOP, para que las empresas puedan usar entre el 025 y 050 % del 1% que éstas tributan a esa entidad; (iii) apoyar a INFOP para actualizar sus currículos y programas como así mismo el perfeccionamiento de sus instructores, (iv) asesorar a INFOP para lograr formas estratégicas de asociación con las empresas para administrar los Centros Fijos. El Consejo Coordinador apoyaría a los encargados de la Educación Alternativa no formal en las tareas siguientes: (i) Reglamentar la Ley No. 313-98; (ii) reglamentar e implementar un sistema de Bonos Educativos, dirigidos a la población más pobre o excluida de los servicios de educación formal. (iii) diseñar normas para acreditar organismos de educación no formal, no incluidos en el Sistema de Educación Técnica y Formación Profesional. Por ejemplo; ONG's y otros de orden social. El Consejo Coordinador apoyaría la creación de un Observatorio de Información para lo cual realizará las actividades siguientes: (i) evaluar en conjunto con la Secretaría de Educación, Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, INFOP, CADERH, COHEP y otras agencias la

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estructuración de una red de información sobre demanda de recursos humanos calificados, la oferta de proveedores de educación técnica y formación profesional y una bolsa de empleo a la cual puedan recurrir los empresarios para ubicar personas calificadas. v) Quinta Etapa El Consejo Coordinador del Sistema apoyaría a la Secretaría de Educación en las actividades siguientes; (i) realizar una readecuación de los colegios de educación media ciclo diversificado y colegios técnicos, con base en los antecedentes obtenidos en la evaluación que se habría realizado en cada uno de estos colegios. Los colegios que reúnan las condiciones continuarían ofreciendo carreras técnicas de nivel medio, y aquellos que no cumplan con los requisitos continúan con la educación media de ciclo común en bachillerato humanista; (ii) elaborar un proyecto de modernización para cada uno de los Colegios Técnicos , orientado a mejorar su infraestructura, equipo, talleres, laboratorios áreas de producción y de los servicios en general, con miras a ubicar el financiamiento por la vía de la cooperación, interna y externa, u otra fuente de financiación. vi) Sexta Etapa El Consejo Coordinador en conjunto con la Secretaría de Educación y el INFOP, realizarían las actividades siguientes: (i) diseñar una metodología de seguimiento, evaluación de todos los procesos educativos, como también para evaluar el costo/beneficio de la educación y de la formación profesional; (ii) establecer costos básicos por hora de instrucción para cada modalidad educativa, a fin de disponer de costos estándares que permitan diseñar programas de educación, evaluar propuestas y elaborar presupuestos; (iii) diseñar un programa de perfeccionamiento metodológico y tecnológico, dirigido a los profesores técnicos e instructores de las instituciones acreditadas por el Sistema de Educación Técnica y Formación Profesional. vii) Séptima Etapa En la séptima etapa debería haberse logrado el desarrollo de todas las actividades preparatorias, tales como: ajustes legales, disposiciones y normativas que hacen viable la operación del sistema en su conjunto. En esta etapa el Consejo Coordinador tendrá que preocuparse de activar los programas públicos y obtener los recursos financieros extraordinarios para llamar a licitación y poner en marcha los programas orientados a la población de menores recursos. Se reitera la necesidad de obtener una cooperación técnica en lo posible no reembolsable, para apoyar el proceso de creación puesta en marcha del sistema, como así mismo para apoyar temas específicos entre éstos el programa de perfeccionamiento de los profesores que se desempefian en la Educación Técnica y en la Formación Profesional.


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