La participación social en el INAH, de la concesión al derecho Jaime Delgado Rubio 1 Yo participo, el participa, nosotros participamos, ellos deciden…Anonimo Abstrac: en este ensayo discutimos el concepto de participación social en torno al patrimonio arqueológico en dos etapas de la historia del INAH; la época nacionalista, donde se cargó a los vestigios arqueológicos de un sentido político y teleológico, y la del neoliberalismo dominado por formas de participación social valoradas con criterios de eficacia gerencial y programación institucional. Este breve estudio recorrido puede resultar útil para abrir la discusión sobre el estado actual que guarda la participación social. -------------------------------------------------- ----------------------------------------- La palabra participación alude a la acción de tomar parte, ser parte o simplemente compartir acciones y objetivos comunes (Diccionario de la Real Academia, 2012). No obstante, su significado se torna complejo cuando adquiere una connotación política, es decir, cuando se refiere a la relación entre el gobierno y la sociedad. Bajo esta perspectiva entendemos a la participación como la intervención organizada de ciudadanos individuales u organizaciones civiles en los asuntos públicos, lo cual implica una posibilidad real y/o un acto concreto de concurrir en una decisión de política pública de gestión gubernamental (Tejera Gaona 2002:34). Con esta breve definición debemos subrayar que, con o sin adjetivo, la participación social resulta un concepto toral ubicado en el punto de intersección entre las 1 Doctor en Arqueología por el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM e investigador de la Zona Arqueológica de Teotihuacán. 1
Transcript
La participación social en el INAH, de laconcesión al derecho
Jaime Delgado Rubio1
Yo participo, el participa, nosotros participamos,
ellos deciden…Anonimo
Abstrac: en este ensayo discutimos el concepto de participación social en torno alpatrimonio arqueológico en dos etapas de la historia del INAH; la época nacionalista, dondese cargó a los vestigios arqueológicos de un sentido político y teleológico, y la delneoliberalismo dominado por formas de participación social valoradas con criterios deeficacia gerencial y programación institucional. Este breve estudio recorrido puede resultarútil para abrir la discusión sobre el estado actual que guarda la participación social.
La palabra participación alude a la acción de tomarparte, ser parte o simplemente compartir acciones yobjetivos comunes (Diccionario de la Real Academia, 2012).No obstante, su significado se torna complejo cuandoadquiere una connotación política, es decir, cuando serefiere a la relación entre el gobierno y la sociedad. Bajoesta perspectiva entendemos a la participación como laintervención organizada de ciudadanos individuales uorganizaciones civiles en los asuntos públicos, lo cualimplica una posibilidad real y/o un acto concreto deconcurrir en una decisión de política pública de gestióngubernamental (Tejera Gaona 2002:34).
Con esta breve definición debemos subrayar que, con o sinadjetivo, la participación social resulta un conceptotoral ubicado en el punto de intersección entre las1 Doctor en Arqueología por el Instituto de InvestigacionesAntropológicas de la UNAM e investigador de la Zona Arqueológica deTeotihuacán.
1
políticas de protección del patrimonio arqueológico enMéxico y los derechos plenamente democráticos de cualquierciudadano en México.
No obstante, para aproximarnos al tema, debemos señalar queen diferentes instancias gubernamentales, como por ejemploen la Secretaría de Marina y Recursos Naturales (SEMARNAT),se han realizado algunos ejercicios de participación socialcon las comunidades locales en el marco de la Ley Federal deProtección del Medio Ambiente. A decir de Elvira Quezada y JoséSarukhán Kermez (2010), el involucramiento de estascomunidades en el diseño y ejecución del plan de manejo delas reservas naturales ha sido exitoso gracias a que losconflictos surgidos durante este proceso han sido resueltospor instancias de intermediación.
Otro ejemplo de participación en el país han sido loscomités vecinales instaurados en la Delegación Tlalpan delDistrito Federal, que hasta los años 2002 y 2003 contabancon un presupuesto participativo aplicado a la construcciónde módulos de atención ciudadana, reuniones vecinales yventanillas únicas ubicadas en las colonias de lademarcación, lo que trajo consigo un incremento en elnúmero de asambleas vecinales. No obstante que taliniciativa terminó luego del arribo de un gobierno dederecha a la delegación (Bolos Silvia 2004).
En el ámbito internacional, en la ciudad de Porto Alegre,Brasil, se puso en marcha el llamado presupuestoparticipativo, que hasta donde ha sido documentado porAdriana Rofman (2007: 11) ha resultado muy exitoso entérminos del aumento de la confianza ciudadanía en elmanejo de las finanzas del municipio. La autora describeque antes de la creación de esta iniciativa, la ciudad dePorto Alegre, con una población de 1.5 millones dehabitantes, presentaba serios problemas de exclusión urbanay favelización, en la cual el 98% del presupuesto municipal
2
estaba destinado al pago de salarios de los funcionarios ysolo el 2% se aplicaba a servicios urbanos. Fue así que enel año 2007 el alcalde Olivio Dutra del triunfante partidolaborista, decidió preguntar directamente a la comunidad enqué deseaban invertir el 30% de los fondos municipales através de un proceso de elección de los delegadosvecinales, con temáticas bien definidas, entre las que seencontraban salud, educación, movilidad, desarrolloeconómico y desarrollo urbano.
A reserva de analizarlo críticamente, debemos señalar quecon esta iniciativa la infraestructura de la ciudad aumentóconsiderablemente. Por ejemplo, el suministro de agua pasódel 75% al 98%, mientras que el sistema de alcantarilladopresentó un aumento del 46% al 74% y la recaudación deimpuestos del 13% al 35%. También se cuadruplicó el númerode escuelas aunado al interés ciudadano por discutir loscontenidos de los planes de estudios. En la actualidad,esta interesante fórmula sigue incrementando el número departicipantes día con día (ídem) y falta por estudiar losefectos sociológicos ocurridos a nivel de susorganizaciones políticas y sociales.
Otro caso es el de España, donde la Constitución de estepaís ha incluido desde 1985 la posibilidad de “ampliar”las políticas públicas relativas a la utilidad pública delpatrimonio cultural, mediante las llamadas asociaciones socialesde utilidad pública, es decir juntas vecinales interesadas enidentificar y atender sus problemáticas locales de índolecultural. Por la información disponible, sabemos que talesorganizaciones tienen que registrarse obligatoriamente entribunales gubernamentales especificando cómo y de quéforma realizaran esta incidencia. Artículo 3º de la LeyEspañola 1/2002.
Con estos antecedentes, realizaremos a continuación unbreve mapa de ruta sobre las fases por las que han
3
transitado las políticas de participación social en elInstituto Nacional de Antropología e Historia, organismoencargado por ley de la investigación, difusión,conservación y salvaguarda del patrimonio arqueológiconacional.
La participación social en el INAH
Para comenzar este recorrido hemos decidido dividir estetema en dos grandes etapas: la primera en el contexto de laideología nacional comprendida desde finales del siglo XIXy hasta el sexenio de Luis Echeverría Álvarez (1970-1976),caracterizada por vincular a estos vestigios con el estadonacional, adjudicándoles una carga política., y la segundacorresponde a la participación dentro del modeloneoliberal, en la cual la presencia de las comunidades enlos planes y proyectos del INAH se conciben desde unalógica de eficacia gerencial.
La participación social en la época del Estado Nacional
Como sabemos, los orígenes tempranos de la ideologíanacional se remontan a los años posteriores a laIndependencia de México, en donde una vez decretada laexpulsión de los peninsulares en 1828, cundía unsentimiento antiespañol y prevalecía la idea de que la¨nación¨ no era algo que tenía que ser construido, sino quedebía retomado del pasado prehispánico (Cottom 2008). Bajo esta ideología las antigüedades prehispánicasempezaron a figurar como temas propios de la instrucciónpública y la educación. Prueba de ello es que en el año de1830 Lucas Alamán, eminente político, historiador yescritor mexicano, quien estuvo a cargo de elaborar elprimer Plan Educativo Nacional, exigió integrar elconocimiento existente sobre las culturas prehispánicas enlos planes de estudio de todo el país (ídem).
4
Recordemos que México, tras una serie de batallas,invasiones y calamidades vividas durante la segunda mitaddel siglo XIX, estaba a tiempo con el surgimiento dediferentes nacionalismos en el mundo. Con este contextodurante el Porfiriato en México la ideología nacionalconstruyó un relato histórico que incluía imágenes ymonumentos asociadas a una idea de civilizacionesprehispánicas pobladas por grandes matemáticos, astrónomos,ingenieros, arquitectos y sacerdotes sumergidos en una vida¨profundamente ritualizada¨. No es exagerado afirmar que duranteeste momento se empezaron a arraigar dogmas y fundamentosdel pasado prehispánico en la población en general. 2
Esta cultura nacional se apuntaló además con una literaturanacional, una poética nacional, incluso una medicinanacional, en una ideología que estaba a coro con el trabajode políticos, artistas, escritores e intelectuales queconstruyeron discursos, litografías, pinturas, canciones,celebraciones cívicas, poesía y proclamas públicastendientes a abonar a la construcción de un sentimiento deunidad nacional.
De acuerdo con autores como Alfredo Ávila, Juan OrtizEscamilla y José Antonio Serrano Ortega (2010:89), duranteel año 1900, aun con una población mexicana heterogénea ydesigual, nadie dudaba de la legitimidad de este relato.Tal relato fue incorporado a los nuevos paradigmas de laRevolución mexicana, tales como la justicia social, laeducación y la reforma agraria en donde se incluíanpoemas que describían los sufrimientos de la gente delcampo y los lamentos de la clase explotada.
2Como ejemplo de ello citamos las obras La Tortura de Cuauhtémoc, de LeandroIzaguirre, El Abrazo, de Jorge González Camarena, así como Tlatelolco, de DavidAlfaro Siqueiros. El sentimiento antiespañol representó una pieza clave en laconformación de la identidad nacional durante este periodo.
5
En este momento adquiere especial relevancia la corrientede muralistas mexicanos encabezados por Diego Rivera yDavid Alfaro Siqueiros, quienes elaboraron murales sobremomentos cruciales de la historia de México en sintonía conel discurso nacional, Era la época donde la exaltación delmundo mestizo debía vincularse con sus orígenesprehispánicos.
Es en este contexto el Presidente Lázaro Cárdenas del Ríocrea en 1934 el Instituto Nacional de Antropología eHistoria, no solo como un organismo encargado de lainvestigación, conservación y difusión del patrimonioarqueológico nacional, sino fundamentalmente como unainstitución encargada de proveer y salvaguardar estossímbolos, imágenes, sentidos y significados prehispánicospara continuar nutriendo el relato nacional, mismo quesería trasmitido a miles de niños mediante el sistemaescolar oficial3.
A estas alturas del siglo, es decir durante elcomprendido de 1919 y hasta mediados de los añossetentas, los perfiles de los funcionarios públicoscorresponden también al de arqueólogos con ampliosconocimientos de las problemáticas de la historiacultural en distintas regiones del país, además de tenerclaridad sobre el papel que el INAH mantenía en lapolítica de Estado. Entre estosfuncionarios/especialistas, podemos mencionar a ManuelGamio, Lucio Mendieta, Alfonso Caso, Ignacio Bernal,Jaime Torres Bodet, incluso contra hegemónicos, comoGuillermo Bonfil Batalla y Leonel Durán por citaralgunos.
3En este sentido, Carlos Monsiváis (1985) afirma que las escuelas primarias y secundarias del país fungirían desde entonces como auténticas fábricas de la identidad nacional.
6
No obstante, la riqueza de sus investigaciones contrastónotablemente con la indiferencia hacia temas departicipación social. Eran los tiempos donde la misióndel Estado Benefactor paternalista asignaba sentidosfijos al pasado prehispánico, por lo que se asumía que suconservación debería ser independiente de los reclamossociales sobre su uso y acceso, lo cual se vio reflejadoen el marco normativo.
Sobre el particular debemos mencionar que en la discusiónde la Ley sobre Protección y Conservación de Monumentos y BellezasNaturales de 1930, presentado por Manuel Gamio y LucioMendieta y Núñez4, la visión de Gamio de la poblaciónmexicana era la de ¨un pueblo vencido, falto de preparación,pesimista ante el progreso, a la que se le debía hacer justicia con laRevolución Mexicana¨ (Gamio 1916: 21).
En este contexto Gamio le imprimió una fuerte carganegativa respecto a la posibilidad de que la poblaciónmexicana participara de la política pública entorno a losmonumentos arqueológicos localizados en su territorio, taly como se menciona en la siguiente cita:
¨la protección y participación social se lograrían mediante una buenaley, pero sobre todo con una estricta vigilancia hacia los grupossociales participantes; además agrega: la acción del individuo necesitade claros límites legales¨ (Cottom 2008)
Años más tarde y en contexto de la creación de la LeyFederal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticose Históricos en 1972, el licenciado Jorge Williams García yel diputado Guillermo Ruiz Vázquez elaboraron un documentointitulado ¨Consideraciones a la iniciativa de Ley sobre MonumentosArqueológicos, Históricos y Zonas Monumentales¨, donde advierten lanecesidad de considerar a los gobernadores, las autoridades
4 Proyecto de Ley sobre monumentos y objetos arqueológicos, Secretaria de Agricultura y Fomento, 29 de diciembre de 1922.
7
municipales y a los inspectores escolares como coadyuvantesen la vigilancia de los sitios arqueológicos, poniendo enconocimiento de la autoridad competente los saqueos, ladestrucción y los daños ocasionados a los monumentos.
En este sentido, también resulta interesante su propuestade otorgar a todos los comisarios ejidales del país ciertaresponsabilidad en el asunto, como por ejemplo en lavigilancia y la protección de los sitios arqueológicosubicados dentro de sus ejidos (Cottom 2008). Estasobservaciones fueron aceptadas en lo general por la Cámarade Diputados, quedando asentadas en Ley Federal de Zonas yMonumentos de 1972 de la siguiente forma:
¨…el INAH puede autorizar a asociaciones civiles, juntas vecinales oa uniones de campesinos para que lo auxilien en el cuidado ypreservación de una zona o monumento determinado y promoverla visita pública (Artículo 2 de la Ley Orgánica del INAH y Artículos1,2,6,7 y 8 de su reglamento).
¨acreditar ante el instituto competente que sus miembros gozan debuena reputación y que no han sido sentenciados por la comisiónde delitos internacionales; estas organizaciones solo requieren deun mínimo de 10 miembros y pueden recibir permisos con duraciónde hasta 25 años, prorrogables por una sola vez por igual termino50 años, para instalar estaciones de servicios para visitantes dentrode zonas de monumentos determinados¨ (Artículo 2, Fracción IV dela Ley Orgánica del INAH).
Esta situación también quedó reflejada en el Reglamento de laLey Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos deMéxico de 1975:
Artículo 1.- El Instituto competente organizará oautorizará asociaciones civiles, juntas vecinales ouniones de campesinos, que tendrán por objeto:I.- Auxiliar a las autoridades federales en elcuidado o preservación de zona o monumentodeterminado;
8
II.- Efectuar una labor educativa entre losmiembros de la comunidad, sobre la importancia dela conservación y acrecentamiento del patrimoniocultural de la Nación;III.- Proveer la visita del público a lacorrespondiente zona o monumento;IV.- Hacer del conocimiento de las autoridadescualquier exploración, obra o actividad que no estéautorizada por el Instituto respectivo; yV.- Realizar las actividades afines a lasanteriores que autorice el Instituto competente.
Con estas consideraciones queda claro que estas cláusulasfueron un avance en el reconocimiento y ampliación de laparticipación social en torno al patrimonio arqueológico,no obstante también se advierte que esta participación seredujo a una serie de ¨formas de coadyuvancia¨, altransferirles a los grupos sociales parte de lasobligaciones del INAH y del Estado en la protección,difusión y restauración de los bienes arqueológicos, sinexplorar la posibilidad legal o política de que losparticipantes pudieran incidir en la toma de decisionessobre las políticas de protección o en el diseño de losplanes de manejo para sus localidades.
Con lo expuesto hasta aquí es pertinente aclarar que elINAH no ha sido una entidad monolítica compuestaexclusivamente de los rasgos y factores propios de laselites dominantes, sino que en su seno se han registradoaspiraciones y críticas a su actuación. Como ejemplocitamos los señalamientos de Guillermo Bonfil y LeonelDurán (1900), quienes desde entonces advertían que laideología nacional era políticamente útil para elsistema, ya que era utilizada como un velo que ocultabalas profundas contradicciones del sistema político, losconflictos entre clases y las desigualdades económicasexistentes.
9
Pese a ello existe cierto consenso entre losespecialistas respecto a que en muchos ámbitos de la vidanacional de esta época, el Estado, el INAH y diversossectores sociales eran entidades políticas que semantenían unidas discursivamente con la argamasaideológica del nacionalismo.
El INAH y el neoliberalismo
Un segundo momento en la historia de la participaciónsocial en el INAH se dio bajo la concurrencia de treshechos históricos fundamentales: el primero fue ladisolución de la ideología nacional dominante y susustitución por un modelo económico de libre mercado; elsegundo fue la adscripción de las institucionesculturales del país hacia los principios generados porlos organismos internacionales como la Organización delas Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) y el Fondo Monetario Internacional(FMI), y el tercero ha sido la introducción de nuevastecnologías y con ello la atomización de las identidadesindividuales y colectivas.
Y es que en la década de 1970 el sistema autoritarionacionalista empezó a fracturarse debido principalmente alas recurrentes crisis económicas y políticas sexenales,como por ejemplo la inflación se disparó del 4.5% en 1971a 22.2% en 1976, el déficit público creció de 11.082pesos a 102 710 pesos en 1976; la deuda externa paso de 4millones de dólares en 1971 a 102 millones en 1976. Enagosto de 1976 el gobierno tuvo que devaluar la moneda encasi un 100%, lo que puso fin a más de veinte años deparidad con el dólar (Ponte 2004), lo cual generó unproceso de liberación de la economía.
10
De allí que autores como Durand Ponte (ídem) afirman queel abuso del uso de los símbolos y rituales prehispánicosque caracterizó la época nacional, fuera ahoracontraproducente en la medida que se asociaron a lacorrupción del antiguo régimen monopartidista.
Derivado de este cambio de modelo económico, el aparatoestatal experimentó un repliegue de las elites degobierno respecto a lo social, proceso que el sociólogoChristopher Lasch (1986:67) ha denominado como ¨la rebeliónde las elites¨, proceso en el que los principales actoreseconómicos y políticos se liberan de la suerte de lasmayorías, dando por concluido el compromiso social quecaracterizó discursivamente al Estado nacional.
En el ámbito de las instituciones culturales del paístambién se observa una adscripción a los postuladosdictaminados por organismos internacionales como laUNESCO, adoptando premisas ¨universales¨ tales como lademocracia y la participación social como condición paraconsiderar a un país democrático y en plena vía dedesarrollo, pasando por alto el hecho de que sonprecisamente las condiciones del gran capital la causa yel efecto de las enormes desigualdades económicas,políticas y sociales existentes en un país multiculturaly diverso como el nuestro (Rodríguez 2010). Para ilustraresta perspectiva citamos el documento de la UNESCO:
Situar la cultura en el núcleo del desarrollo constituye unainversión esencial en el porvenir del mundo y la condicióndel éxito de una globalización bien entendida que tome enconsideración los principios de la diversidad cultural: laUNESCO tiene por misión recordar este reto capital a lasnaciones […]. Se trata de anclar la cultura en todas laspolíticas de desarrollo, ya conciernan a la educación, lasciencias, la comunicación, la salud, el medio ambiente o elturismo, y de sostener el desarrollo del sector cultural
11
mediante industrias creativas: a la vez que contribuye a lareducción de la pobreza, la cultura constituye uninstrumento de cohesión social (Pérez de Cuellar, 1996: 23)
Para cumplir con este propósito la UNESCO se ha dio a latarea de emitir ¨listas de sitios de patrimonio mundial¨ mismosque son incluidos en listas internacionales sujetos definanciamiento económico. Bajo estos lineamientos ¨losnuevos funcionarios¨ mexicanos se apresurarían aconstruir planes de manejo que a la usanza de EstadosUnidos y Europa asimilarían a algunos sectores de lasociedad bajo criterios gerenciales y operativos, con elobjetivo de cumplir con los requisitos y los términos queestablecen dichos protocolos.
El organigrama del INAH también sufrió transformaciones,ya que en 1988 se le sujetó administrativamente a unanueva cabeza de sector, el Consejo Nacional para laCultura y las Artes (CONACULTA), un organismoadministrativo desconcentrado de la Secretaria deEducación Pública (SEP) que a la postre absorbió buenaparte del recurso destinado a la cultura, incrementandoel aparato burocrático cultural, lo cual derivo a su vezen la división y súper especialización los departamentosy coordinaciones al interior del INAH.
Este conjunto de acontecimientos dio como resultado queel patrimonio arqueológico se visualizara como un recursogenerador de desarrollo económico. Esto quedo demostradocon los más de 14 actos legislativos, entre los que secuentan acuerdos de ley, puntos de acuerdos ylegislaciones que intentan cambiar el marco jurídico parafacilitar los cambios en las instituciones y con ello eltratamiento comercial de ese patrimonio (Cottom 2000).Sobre este en particular vale la pena señalar la que seestablece en el Plan Nacional de Cultura en México 2007-2012:
12
México está inserto en una dinámica globalizadora que obliga aenfrentar importantes retos culturales propios del siglo XXI. Para ellonecesita replantearse sus estrategias y mecanismos que coadyuven ala protección, promisión y difusión de la cultura mexicana tanto anivel nacional como internacional en este sentido las políticasculturales deben ser generadoras de desarrollo social y económico ydeben ocupar un lugar prioritario dentro de las políticasgubernamentales. (Vela 2006)
Con estas directrices la SEP-CONACULTA-INAH desde ladécada de 1990 promovieron un plan de ciudadanización ydescentralización tendiente a activar lascorresponsabilidades de los tres niveles de gobierno encada entidad federativa, multiplicando los ¨convenios¨con la participación de la sociedad civil en materia depreservación del patrimonio cultural.
Para dar ejemplos concretos que sirvan para ilustrar elestado de la cuestión analizamos los tipos departicipación social contemplada en los Insitutos deCultura, Los Convenios Marco de Colaboración, losOrganismos Sociales Coadyuvantes del INAH y los ConsejosConsultivos Estatales.
La participación social en los Institutos de Cultura Los Institutos de Cultura en el país se crearon conpropósitos descentralizadores y coadyuvantes en lastareas de protección del INAH, INBA y CONACULTA en cadaentidad de la Federación. Actualmente existen 26 de éstosen diferentes estados de la República (Olivé y Cottom2000). No obstante al analizar sus actas fundacionalesse advierte que la estructura orgánica refleja laestructura organizacional del INAH y la Federación, yaque en todos los casos, sus consejos consultivos estánencabezados por el gobernador de la entidad y los cargos
13
suplementarios son ocupados por los subsecretarios,desactivando a priori la posibilidad de mantener algúnnivel de autonomía en la toma de decisiones.
Otra característica de estos espacios es que operan conformas de participación social delimitadas en la propiaLey de 1972, por lo que pueden ser considerados comocontinuadoras de ésta, además de que, administrativamentesu operación depende de los recursos económicos delEjecutivo y del Congreso local. Por otra parte cuando,revisamos detalladamente sus clausulados, nos percatamosque de los 26 estados analizados, 7 omiten laparticipación social y los restantes 19 la concibenpragmáticamente, es decir entienden por ¨participar¨ a laconformación de patronatos de apoyo económico, difusiónde valores culturales o promotores de actividadesartísticas culturales, asociadas a las actividadespolíticas de sus directivos.
Conceptualmente, llama la atención que en todas las actasconstitutivas se haga alusión al patrimonio cultural consentidos fijos, equiparándolo con el de ¨identidad local¨o en otros casos con conceptos como el de ¨idiosincrasiadel estado¨. Luego entonces se llama a los grupossociales de sus entidades a ¨proteger¨ dichaidiosincrasia, desatancando en este sentido los casos deBaja California Norte, Campeche, Colima y Nayarit.
En contraparte los estados de Nayarit y Jalisco reflejanun clausulado más profundo de los conceptos de cultura ypatrimonio, y hasta sugieren apoyar la participaciónfinancieramente por vía de la Federación.
Con estas excepciones podemos afirmar que debido a lasinocuas representaciones de participación ciudadana enlos Institutos de Cultura puede afirmarse que estosespacios fungen como representaciones corporativas
14
vinculadas a diferentes instancias de gobierno, tal ycomo lo mostramos en los siguientes ejemplos.
La participación social en los Convenios Marco deColaboración
Los Convenios Marco de Colaboración surgieron comoiniciativa de los propósitos de ciudadanización deCONACULTA (La Cultura en tus Manos 2001-2006) para fortalecerla cuadyuvancia entre el INAH y diversos grupos de lasociedad civil en torno al manejo de los sitiosarqueológicos. Hasta el momento se han publicado demanera oficial 10 Convenios Marco de Colaboración: uno enNayarit, uno en Yucatán, dos en Querétaro, uno enCoahuila, cuatro en Colima, y uno en Guerrero (ídem).
Al igual que los Institutos de Cultura, la participaciónsocial se ha ceñido a las disposiciones establecidas enla Ley Federal de 1972, por lo cual en ninguna de suscláusulas se especifican las funciones y beneficioseducativos y materiales para las comunidadesparticipantes, así como las posibilidades de interveniren el diseño y puesta en marcha de los planes de manejode los sitio arqueológicos de sus localidades.
Otra constante es que los recursos económicos para losconvenios provienen de fórmulas mixtas entre el INAH, losestados y la Federación, por lo que se advierte a prioriuna sujeción administrativa para las comunidadesparticipantes, de allí que el sentido del Convenio Marcode Colaboración, a pesar de concebirse como una opcióninteresante, termina generando un proceso de asimilaciónde grupos comunitarios a las dinámicas gubernamentales.
Hasta ahora, los Convenios Marco de Colaboración no hancambiado las bases reales de la participacióncomunitaria; por el contrario, están en vías de
15
convertirse en instancias de formalización y legitimaciónde las decisiones tomadas por agentes estatales. Losgrupos sociales involucrados no tienen capacidad realpara debatir e incidir en dichos convenios marco, si nocomo elementos meramente complementarios de la ejecuciónde una política pública decidida desde el centro.
La participación social en los Organismos sociales cuadyuvantes con el INAH
Según la informacion proporcionada por la Dirección deOperación de sitios del INAH, en el país se tiene unregistro de 290 organizaciones sociales coadyuvantes conel INAH en labores de protección y salvaguarda delpatrimonio cultural, destacando los casos del Estado deMéxico, Distrito Federal, Oaxaca y Puebla.
Del total de 290 organizaciones, 174 estan enfocadas a larestauración de templos o conventos, 21 en museosregionales, 19 en defensa del patrimonio intangible, 3 enla protección de archivos documentales, 3 a la imagenurbana de poblaciones tradicionales y solo 43 estánorientados a la protección y difusión del patrimonioarqueológicos, mismos que se encuentran distribuidos dela siguiente manera: 7 en Guerrero, cuatro en Puebla, dosen Nayarit, dos en Veracruz y dos en Oaxaca entre otros (Delgado 2012).
De éstas, el 99% fueron ¨constituidas¨ en los ultimos 10años , siendo las más antigua la Junta Vecinal ubicada enQueretaro en septiembre del año 2000 (ídem), creada apartir del programa gubernamental foxista que anunciabauna política de cuidadanización y fortalecimiento delfederalismo.
Un dato relevante es que los objetos sociales quellevaron a estos grupos a constituirse en cuadyuvancia
16
con el INAH, estan en lógica con el discursonacionalista, contruido históricamente por el Estado, enslogans tales como: nuestras raices, identidad mexicana, tradiciones,pasado glorioso, sin asomo de algun discursocontrahegemónico en este sentido.
Estos organismos han surgido como espaciosinstitucionalizados de participación carentes de unaverdadera respresentatividad comunitaria, desprovistos defacultades para tomar decisiones o para incidir en lasacciones de gobierno y funcionando como órganoscorporativos y clientelares vinculados a gremios osectores políticos o religiosos (Cottom 2008)
Los Consejos Consultivos Estatales
Finalmente la creación de los Consejos ConsultivosEstatales se visualiza como el canal propicio para laparticipación social en torno al patrimonio arqueológicoen la resolución de algunas de las problemáticas locales.La creación de estos Consejos quedó establecida en elArtículo segundo de Ley Orgánica del INAH:
Impulsar, previo acuerdo del Secretario de Educación Pública, laformación de Consejos consultivos estatales para la protección yconservación del patrimonio arqueológico, histórico y paleontológico,conformados por instancias estatales y municipales, así como porrepresentantes de organizaciones sociales, académicas y culturales quese interesen en la defensa de este patrimonio. (Artículo 2 de la LeyOrgánica del INAH, 2002)
Con este mandato de ley se pretende formular planes,programas y proyectos de protección y conservación delpatrimonio cultural y paleontológico a través de laparticipación de instancias estatales y municipales, asícomo por representantes de organizaciones sociales,académicas y culturales que se interesen en la defensa de
17
este patrimonio. Por ello este Consejo se visualizacomo el canal adecuado para que la participación llegue ala institución y entonces las políticas respondan a lasnecesidades locales.
No obstante, desde su decreto hasta la fecha no haimpulsado la creación de un sólo Consejo Estatal. Lasrazones de esta omisión quizá obedezcan a un desdénhistórico hacia los grupos de la sociedad civil, lareticencia para otorgar espacios políticos que impliquenla pérdida de control institucional, o simplemente a laincapacidad para operarlos políticamente. En esteparticular podemos citar el caso de Oaxaca, cuando en unintento reciente por crear dicho Consejo, éstos fueronobjeto de un forcejeo político al querer ser controladosdirectamente por el gobernador de estado versus laspersonas que se hacen llamar ¨líderes de las comunidades¨para satisfacer necesidades locales o de grupo (Cottom,información personal 2011).
Cualquiera que sea el caso, queda claro que la creaciónde estos espacios implican la realización de estudiosantropológicos integrales previos que partan de lascondiciones socioeconómicas, culturales y sociales de lascomunidades con las que se pretende trabajar, por ejemploen sus estructuras de organización, su especificidad enlos contextos históricos y socioeconómicos, así como losmecanismos de ley para ligar ámbitos de competencia enlos tres niveles de gobierno, lo cual generaría lascondiciones estructurales para hacer efectiva laparticipación social.
Ante el trabajo que se advierte, los funcionarios de lasinstituciones culturales han optado por ignorar estemandato, y en su lugar realizan ¨operaciones políticasdiscrecionales¨, negociando acuerdos con grupos comunitarios
18
o particulares, muchas veces contradictorios a lospropios mandatos de ley.
Conclusiones a la participación social
Con esta breve revisión podemos establecer que laparticipación social ha transitado por dos grandesetapas: la primera, caracterizada por la construcciónpatrimonial vinculada a su utilización como recurso deunificación de la nación con sentidos fijos y¨sacralizados¨ para los vestigios arqueológicos, en lacual la participación de los grupos sociales estuvodelimitada en los términos y acciones que el Estadocentral estableció y reconoció.
La segunda supone la superposición de una nueva ideologíavinculada a los procesos de globalización y libremercado, en la que se hace patente la adscripción aprotocolos dictados por organismos internacionales comola UNESCO y el FMI y donde la participación se transformaen ejercicios de control corporativo con criterios deeficacia gerencial.
Luego entonces podemos afirmar que la ecuaciónpatrimonio-identidad nacional fue desplazada por la depatrimonio-venta-turismo, dirigida por una nueva lógicade mercado.
Sin embargo, a pesar de esta diferencia, en términossociales el resultado fue similar en ambas etapas: laparticipación social en temas de patrimonio arqueológicoen México ha estado ceñida a formas de controlcorporativo y clientelares definidas por simples formasde coadyuvancia, lo cual no representa un problema en símismo ya que al tratarse de un bien público es lógicosuponer que no se puede considerar usos distintos a los
19
conferidos por la ley; los problemas comienzan cuando nose explora la posibilidad de que los participantes puedanagendar y resolver problemáticas locales en el ámbito dedicha utilidad pública, ligando así las competencias deotras instituciones coadyuvantes con el INAH.
Por ello afirmamos que la utilidad pública consagrada enla Constitución y los problemas comunitarios locales noson asuntos incompatibles, ya que se trata del adverso yreverso de una realidad. La falta de una participaciónsocial efectiva como un acto concreto tal y como seordena en los Consejos Consultivos Estatales del INAH yel acuerdo 169 de la Organización Mundial del Trabajo(OIT) son en escencia las vias insitucionales paralograrlo.
Ante estas omisiones las comunidades circunvecinas a lolargo y ancho del país no han sido entidades estáticasque se hayan mantenido a la expectativa de las reformasde ley que les permitan la participación y acceso a losbienes culturales, sino que a lo largo de la historia ybajo sus condiciones socioeconómicas particulares hanconstruido estrategias tendientes a logar accesosfactuales al patrimonio arqueológico a contrapelo de laspolíticas de protección de la institución y muchas vecesen detrimento de la utilidad pública, fenómeno al quehemos denominado como movilidad comunitaria (Delgado 2012).
BIBLIOGRAFIA
Archivo Técnico: Dirección de Operación de Sitios INAH-CONACULTA
Ávila Alfredo, Juan Ortiz Escamilla y José Antonio Serrano Ortega.2010 Actores y escenarios de la Independencia. Guerra, independencia e instituciones en México, 1808-1825, México, Fondo de Cultura Económica, Museo Soumaya.
20
Bolos, Silvia
2004 Organizaciones Sociales y gobiernos municipales, IGLOM, México.
2003 Balance de los problemas más importantes en tornodel patrimonio cultural de interés nacional. En: Revistadiario de Campo Patrimonio Cultural No.27 nov. 2003
2008 Nación, patrimonio, cultura y legislación: los debatesparlamentarios y la construcción del marco jurídicofederal sobre monumentos en México, siglo XX.Miguel Ángel Porrúa, cámara de diputados. México
Chistofer Lash 1986; La rebelión de las elites y la traición a la democracia, Barcelona, Paidós, 1995;
Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 19721972 Ley federal sobre zonas de monumentos arqueológicos,artísticos e históricos de 1972 en:http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/131.pdf
2002 Ley Orgánica del INAH, en:http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/lo1-2002.html
Duran Leonel
l986 ¨El Proyecto Nacional y las Culturas Populares: unaaproximación¨ Mecanuscrito, México.
Durand Ponte, Víctor 2004 Ciudadanía y cultura política, México 1993-2001.Editorial Siglo XXI. México.
1922 La población del Valle de Teotihuacán, Instituto NacionalIndigenista, reimpresión del original publicado en 1922 porla Secretaría de Agricultura y Fomento, México.
Gamio Manuel y Lucio Mendieta y Núñez. 1922. Proyecto de Ley sobre monumentos y objetosarqueológicos, Secretaria de Agricultura y Fomento.
