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EXPEDIENTE: RR.SIP.1847/2012
MARÍA DE LOS ÁNGELES MAGDALENO CÁRDENAS
FECHA RESOLUCIÓN:12/12/12
Ente Obligado: INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL DISTRITO
FEDERAL
MOTIVO DEL RECURSO: Inconformidad por las respuestas emitidas
por el Ente Público.
SENTIDO DE LA RESOLUCIÓN: El Pleno del Instituto de Acceso a la
Información
Pública del Distrito Federal, Resuelve: se MODIFICA la respuesta
emitida por el
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, y ORDENA
que emita una
nueva en la cual deberá:
Proporcionar el informe de actividades [requerimiento 1)], así
como el informe final de actividades [requerimiento 2)], de forma
integra, sin testar el nombre de los estudiantes referidos, con el
objeto de atender cabalmente la solicitud de información de la
particular.
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RECURSO DE REVISIÓN
RECURRENTE: MARÍA DE LOS ÁNGELES MAGDALENO CÁRDENAS
ENTE OBLIGADO:
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL DISTRITO FEDERAL
EXPEDIENTE: RR.SIP.1847/2012
Calle de La Morena No. 865, Local 1, “Plaza de la
Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez,
Distrito Federal.
Teléfono: 56 36 21 20
En México, Distrito Federal, a doce de diciembre de dos mil
doce.
VISTO el estado que guarda el expediente identificado con el
número
RR.SIP.1847/2012, relativo al recurso de revisión interpuesto
por María de los Ángeles
Magdaleno Cárdenas, en contra de la respuesta emitida por el
Instituto de Ciencia y
Tecnología del Distrito Federal, se formula resolución en
atención a los siguientes:
R E S U L T A N D O S
I. El once de octubre de dos mil doce, a través del sistema
electrónico “INFOMEX”,
mediante la solicitud de información con folio 0310500015712, la
particular requirió en
medio electrónico gratuito:
“… Copia de los informes parciales y del informe final del
convenio ICYTDF/061/2011- Copia del programa y calendario de
trabajo del mismo convenio, así como acta de finiquito del
mismo
Datos para facilitar su localización
http://es.scribd.com/doc/109731689…” (sic)
II. El veinticinco de octubre de dos mil doce, el Ente Obligado
remitió a la particular a
través del sistema electrónico “INFOMEX”, las siguientes
documentales:
Oficio ICyTDF/SJ/OIP/237/2012 del veinticinco de octubre de dos
mil doce, suscrito por la Responsable de la Oficina de Información
Pública del Ente Obligado, mismo que contiene esencialmente lo
siguiente:
“… Derivado de lo anterior, me permito anexar al presente el
oficio número ICyTDF/SJ/OIP/202/2012, mediante el cual fue turnada
su solicitud a las áreas correspondientes de éste Instituto,
asimismo se anexan los oficios número
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Distrito Federal.
Teléfono: 56 36 21 20
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ICyTDF/DRI/519/2012 de fecha 17 de octubre de 2012, expedido por
el área de Relaciones Institucionales, mediante el cual se hace
entrega de la versión pública del informe final de actividades e
informe de actividades del convenio número ICyTDF/061/2011,
testándose los nombres de los becarios por ser datos personales, ya
que se requiere su consentimiento para poder ser proporcionados,
tal y como lo estableció el Comité de Transparencia a través de su
acuerdo ICyTDF/CT/SE/05/02/2012 del citado Comité, en la Quinta
Sesión Extraordinaria del día 25 de octubre de 2012, lo anterior a
que el Instituto apoyo a la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, y es a quien se le entregaron los recursos y quien puede
tener la autorización de los estudiantes para dar a conocer sus
datos, motivo por el cual se le orienta para que realice dicha
solicitud directamente a la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, quien es la que detenta la información que solicita. Misma
que puede ser solicitada en la siguiente dirección electrónica:
http://www.uacm.edu.mx/. ...” (sic)
Oficio ICyTDF/DRI/519/2012 del diecisiete de octubre de dos mil
doce, suscrito por la Directora de Relaciones Institucionales del
Ente Obligado, el cual refiere lo siguiente:
“… Cabe mencionar que la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México otorgó la ampliación al plazo al mes de diciembre de 2012 a
41 estudiantes que no concluyeron su trabajo recepcional, motivo
por el cual el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito
Federal no ha expedido la carta finiquito, toda vez que no se ha
cumplido el convenio en todos sus términos. …” (sic)
Informe final de actividades, suscrito por la Coordinadora de
Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México, del cual se desprende lo siguiente:
“… Conforme al convenio ICYTDF/061/2011 celebrado entre la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) y el Instituto
de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal (ICyTDF) para apoyar
la titulación de los estudiantes de la UACM, la Coordinación de
Servicios Estudiantes de la UACM emitió tanto la página electrónica
de la Universidad como en los espacios destinados para la difusión
de eventos en cada uno de los planteles, la Convocatoria para el
término de trabajo recepcional o tesis antes del 29 de
http://www.uacm.edu.mx/
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febrero de 2012 (anexa al presente) en la cual se estipula que
se otorgarían doscientas becas con una duración de seis meses a
partir de septiembre de 2011 y hasta febrero de 2012. … CALENDARIO
DE TRABAJO REFERENTE AL CONVENIO ICyTDF/061/2011 CELEBRADO ENTRE EL
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA Y LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
Actividad Fecha
Emisión de la Convocatoria 23 de mayo de 2011
… …
Entrega del informe final Una vez concluida la vigencia del
convenio
…” (sic)
A la respuesta de mérito, el Ente Obligado adjuntó el documento
denominado “Informe
de Actividades”, mismo que contiene un cuadro titulado
“ESTUDIANTES ACEPTADOS
PARA SER BECADOS EN TORNO A LA CONVOCATORIA PARA TÉRMINO DE
TRABAJO RECEPCIONAL O TESIS DEL 29 DE FEBRERO DE 2012 (BECAS
UACM-
ICyTDF)”.
III. El veintiséis de octubre de dos mil doce, la particular
presentó recurso de revisión
inconformándose porque en la respuesta se testaron los nombres
de los estudiantes de
una institución pública beneficiados con una beca pagada con
dinero público, sin
justificación alguna.
IV. El treinta y uno de octubre de dos mil doce, la Dirección
Jurídica y Desarrollo
Normativo de este Instituto admitió a trámite el recurso de
revisión interpuesto, así como
las constancias de la gestión realizada en el sistema
electrónico “INFOMEX” a la
solicitud de información.
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Del mismo modo, con fundamento en el artículo 80, fracción II de
la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal, se ordenó requerir
al Ente Obligado el informe de ley respecto del acto
impugnado.
Por otra parte, como diligencias para mejor proveer, se requirió
al Ente Obligado que
remitiera a este Instituto copia simple de la información que
clasificó como de acceso
restringido en su modalidad de reservada o confidencial, misma
que debía ser remitida
sin testar ningún dato.
V. Mediante acuerdo del quince de noviembre de dos mil doce, la
Dirección Jurídica y
Desarrollo Normativo de este Instituto, hizo constar el
transcurso del plazo concedido al
Ente Obligado para que rindiera su informe de ley, sin que
hiciera manifestación alguna
al respecto, por lo que se declaró precluído su derecho para tal
efecto, lo anterior, con
fundamento en el artículo 133 del Código de Procedimientos
Civiles para el Distrito
Federal, de aplicación supletoria a la ley de la materia. En
consecuencia, de
conformidad con el artículo 85 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal, se determinó que el plazo para
resolver el presente recurso
de revisión sería de veinte días hábiles.
Asimismo, se requirió de nueva cuenta al Ente Obligado para que
remitiera a este
Instituto sin testar ningún dato, copia simple de la información
que clasificó como de
acceso restringido en su modalidad de reservada o confidencial,
con motivo de la
solicitud de información.
Por otra parte, se determinó que una vez desahogado el
requerimiento del Ente
Obligado o transcurrido el término concedido para tal efecto, se
emitiría el acuerdo del
cierre del periodo de instrucción correspondiente.
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VI. El dieciséis de noviembre de dos mil doce, se recibió en la
Unidad de
Correspondencia de este Instituto, el oficio
ICYTDF/SJ/OIP/293/2012, por medio del
cual el Subdirector Jurídico y Responsable de la Oficina de
Información Pública del
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal rindió el
informe de ley que le fue
requerido, de manera extemporánea.
Por otra parte, con motivo de las diligencias para mejor proveer
que le fueron
requeridas por este Instituto, remitió lo siguiente:
Copia del Convenio Específico de Colaboración ICyTDF/061/2011,
celebrado entre el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito
Federal y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
Informe final de actividades suscrito por la Coordinadora de
Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
Informe de actividades, suscrito por la Coordinación de
Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México.
VII. Mediante acuerdo del veintiuno de noviembre de dos mil
doce, la Dirección Jurídica
y Desarrollo Normativo de este Instituto, tuvo por presentado al
Responsable de la
Oficina de Información Pública del Instituto de Ciencia y
Tecnología del Distrito Federal
remitiendo las diligencias para mejor proveer que le fueron
requeridas a través del
diverso del quince de noviembre de dos mil doce, ordenándose su
resguardo; de igual
manera, se tuvo por presentado al Ente Obligado rindiendo de
forma extemporánea su
informe de ley, por lo que debía apegarse a lo ordenado en el
acuerdo del quince de
noviembre de dos mil doce.
Finalmente, se decretó el cierre del periodo de instrucción y se
ordenó elaborar el
proyecto de resolución correspondiente.
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En razón de que ha sido debidamente substanciado el presente
recurso de revisión y
que las pruebas integradas al expediente consisten en
documentales, que se
desahogan por su propia y especial naturaleza, con fundamento en
el artículo 85 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, y
C O N S I D E R A N D O
PRIMERO. El Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos
Personales del Distrito Federal es competente para investigar,
conocer y resolver el
presente recurso de revisión con fundamento en los artículos 6
de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 9, 63, 70, 71,
fracciones II, XXI y LIII,
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 85 y 88 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal; 2, 3, 4, fracciones I y IV, 12,
fracciones I y XXIV, 13,
fracción VII y 14, fracción III de su Reglamento Interior.
SEGUNDO. Previo al análisis de fondo de los argumentos
formulados en el presente
medio de impugnación, este Instituto realiza el estudio oficioso
de las causales de
improcedencia del recurso de revisión, por tratarse de una
cuestión de orden público y
de estudio preferente, atento a lo establecido por la
Jurisprudencia número 940,
publicada en la página 1538, de la Segunda Parte del Apéndice al
Semanario Judicial
de la Federación, 1917-1988, que a la letra señala:
IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe
examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser
una cuestión de orden público en el juicio de garantías.
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Una vez analizadas las constancias que integran el presente
recurso de revisión, se
observa que el Ente Obligado no hizo valer causal de
improcedencia o sobreseimiento
este Órgano Colegiado tampoco advirtió la actualización de
alguna de las previstas en
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal o sus
ordenamientos supletorios, por lo que resulta procedente entrar
al estudio de fondo de
la controversia planteada.
TERCERO. Una vez realizado el estudio de las constancias
integradas al expediente en
que se actúa, se desprende que la resolución consiste en
determinar si la respuesta
emitida por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito
Federal, transgredió el
derecho de acceso a la información pública de la ahora
recurrente y, en su caso,
resolver si resulta procedente ordenar la entrega de la
información solicitada, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal.
Por razón de método, el estudio y resolución del cumplimiento de
la obligación del Ente
recurrido de proporcionar la información solicitada se realizará
en un apartado y, en su
caso, las posibles infracciones a la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal, se tratarán en un capítulo
independiente.
CUARTO. Con el objeto de ilustrar la controversia planteada y
lograr claridad en el
tratamiento del tema en estudio, es conveniente ilustrar en una
tabla los requerimientos
de información, la respuesta del Ente Obligado y el agravio
hecho valer por la
recurrente en su escrito inicial, de la siguiente manera:
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SOLICITUD DE INFORMACIÓN
RESPUESTA DEL ENTE OBLIGADO AGRAVIO
Del Convenio ICYTDF/061/2011, solicitó copia de: 1) Los
informes
parciales. 2) El informe
final. 3) Programa y
calendario de trabajo.
4) Acta de
finiquito. Como datos para facilitar su localización, señaló la
dirección electrónica: http://es.scribd.com/doc/109731689
“Se hace entrega de la versión pública del informe final de
actividades e informe de actividades del convenio número
ICyTDF/061/2011, testándose los nombres de los becarios por ser
datos personales, ya que se requiere su consentimiento para poder
ser proporcionados, tal y como lo estableció el Comité de
Transparencia a través de su acuerdo ICyTDF/CT/SE/05/02/2012 del
citado Comité, en la Quinta Sesión Extraordinaria del día 25 de
octubre de 2012, lo anterior a que el Instituto apoyo a la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y es a quien se le
entregaron los recursos y quien puede tener la autorización de los
estudiantes para dar a conocer sus datos, motivo por el cual se le
orienta para que realice dicha solicitud directamente a la
Universidad Autónoma de la Ciudad de México, quien es la que
detenta la información que solicita. Misma que puede ser solicitada
en la siguiente dirección electrónica: http://www.uacm.edu.mx/.
Cabe mencionar que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México
otorgó la ampliación al plazo al mes de diciembre de 2012 a 41
estudiantes que no concluyeron su trabajo recepcional, motivo por
el cual el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal
no ha expedido la carta finiquito, toda vez que no se ha cumplido
el convenio en todos sus términos” (sic)
Único.- En la respuesta se testaron los nombres de los
estudiantes de una institución pública beneficiados con una beca
pagada con dinero público, sin justificación alguna.
Lo anterior, se desprende de las documentales consistentes en la
impresión de los
formatos denominados “Acuse de recibo de solicitud de acceso a
la información pública”
y “Acuse de recibo de recurso de revisión” del sistema
electrónico “INFOMEX”, relativos
a la solicitud con folio 0310500015712, así como de los
oficios
ICyTDF/SJ/OIP/237/2012, ICyTDF/SJ/OIP/202/2012,
ICyTDF/DRI/519/2012 del
veinticinco, doce y diecisiete de octubre de dos mil doce
respectivamente, a los que se
les otorga valor probatorio con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 374 y 402
del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
de aplicación supletoria a
la ley de la materia, así como con apoyo en el siguiente
criterio aprobado por el Poder
Judicial de la Federación, que a la letra señala:
http://www.uacm.edu.mx/
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Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta Tomo: III, Abril de 1996 Tesis: P. XLVII/96
Página: 125
PRUEBAS. SU VALORACIÓN CONFORME A LAS REGLAS DE LA LÓGICA Y DE
LA EXPERIENCIA, NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL
(ARTÍCULO 402 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO
FEDERAL). El Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal,
al hablar de la valoración de pruebas, sigue un sistema de libre
apreciación en materia de valoración probatoria estableciendo, de
manera expresa, en su artículo 402, que los medios de prueba
aportados y admitidos serán valorados en su conjunto por el
juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia;
y si bien es cierto que la garantía de legalidad prevista en el
artículo 14 constitucional, preceptúa que las sentencias deben
dictarse conforme a la letra de la ley o a su interpretación
jurídica, y a falta de ésta se fundarán en los principios generales
del derecho, no se viola esta garantía porque el juzgador valore
las pruebas que le sean aportadas atendiendo a las reglas de la
lógica y de la experiencia, pues el propio precepto procesal le
obliga a exponer los fundamentos de la valoración jurídica
realizada y de su decisión. Amparo directo en revisión 565/95.
Javier Soto González. 10 de octubre de 1995. Unanimidad de once
votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Luz
Cueto Martínez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada
el diecinueve de marzo en curso, aprobó, con el número XLVII/1996,
la tesis que antecede; y determinó que la votación es idónea para
integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a
diecinueve de marzo de mil novecientos noventa y seis.
En primer lugar, es importante establecer que en el único
agravio formulado por la
recurrente, manifestó que “en la respuesta se impusieron
cintillos de veto a los nombres
de los estudiantes de una institución pública beneficiados con
una beca pagada con
dinero público, sin justificación de peso”, de lo anterior, se
advierte que se encuentra
inconforme con las versiones públicas del informe final de
actividades y del informe de
actividades del Convenio ICyTDF/061/2011, que le fueron
proporcionadas por el Ente
Obligado y en las que se testaron los nombres de los becarios
(nombres de los
estudiantes que obtuvieron una beca), ya que señaló que no
tenían justificación alguna
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para hacerlo, por lo tanto, dicha manifestación se encuentra
encaminada a impugnar la
legalidad de la respuesta emitida a los requerimientos
identificados con los numerales
1) y 2) de la solicitud de información, en relación con la
versión pública que recibió.
Por otra parte, del análisis efectuado al único agravio de la
recurrente, no se advierte
que se encuentre inconforme respecto de la respuesta brindada
por el Ente Obligado a
los requerimientos identificados con los numerales 3) y 4),
aunado a que del análisis
efectuado a la respuesta impugnada, se desprende que el Ente
recurrido proporcionó a
la particular el calendario de trabajo respecto del Convenio
ICyTDF/061/2011, y en
relación con el acta finiquito le informó que la Universidad
Autónoma de la Ciudad de
México otorgó la ampliación del plazo a diciembre de dos mil
doce, a cuarenta y un
estudiantes que no concluyeron su trabajo recepcional, motivo
por el cual el Instituto de
Ciencia y Tecnología del Distrito Federal no había expedido la
carta finiquito, toda vez
que no se había dado cumplimiento al Convenio en todos sus
términos, sin que la
particular haya expresado inconformidad alguna respecto de
dichas manifestaciones.
En virtud de lo anterior, al no haber expresado inconformidad
alguna en contra de la
atención brindada a los requerimientos identificados con los
numerales 3) y 4), este
Órgano Colegiado determina que se trata de actos consentidos
tácitamente, razón por
la cual su análisis queda fuera del estudio de la controversia
planteada. Sirve de apoyo
a lo anterior, la Jurisprudencia y Tesis aislada que se citan a
continuación:
No. Registro: 204,707
Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta II, Agosto de 1995
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Tesis: VI.2o. J/21 Página: 291
ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos
del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no
hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley
señala. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en
revisión 104/88. Anselmo Romero Martínez. 19 de abril de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario:
Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 256/89. José
Manuel Parra Gutiérrez. 15 de agosto de 1989. Unanimidad de votos.
Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Humberto Schettino
Reyna. Amparo en revisión 92/91. Ciasa de Puebla, S.A. de C.V. 12
de marzo de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo
Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en
revisión 135/95. Alfredo Bretón González. 22 de marzo de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario:
José Zapata Huesca. Amparo en revisión 321/95. Guillermo Báez
Vargas. 21 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo
Calvillo Rangel. Secretario: José Zapata Huesca. No. Registro:
219,095 Tesis aislada Materia(s): Común Octava Época Instancia:
Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la
Federación IX, Junio de 1992 Tesis: Página: 364
CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS
PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción
XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente
contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no
reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21,
22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados
expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica
tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción
humana: cuando una persona sufre una afectación con un
acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese
acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio
determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la
demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad
con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el
razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto
de autoridad; b) Una persona
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afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha
persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención;
d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el
ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse
presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir
necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de
alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho
desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos
conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría
el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento;
si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción;
si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la
justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base
para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad,
en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la
ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o
habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la
demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del
acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la
posibilidad de entablar la contienda. CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN
MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo en revisión 358/92. José
Fernández Gamiño. 23 de marzo de 1992. Unanimidad de votos.
Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretaria: Aurora Rojas
Bonilla. Amparo en revisión 421/92. Rodolfo Aguirre Medina. 19 de
marzo de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo
González. Secretario: J. Jesús Contreras Coria. Amparo en revisión
704/90. Fernando Carvajal. 11 de octubre de 1990. Unanimidad de
votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Jaime Uriel
Torres Hernández. Octava Época, Tomo VI, Segunda Parte-1, página
113.
Precisado lo anterior, el único agravio hecho valer por la
recurrente se encuentra
encaminado a impugnar la legalidad de la respuesta recaída a los
requerimientos
identificados con los numerales 1) [informe de actividades], y
2) [informe final de
actividades] con relación a las versiones públicas que le fueron
entregadas, y sobre los
cuales tratará el estudio de la presente resolución.
Al respecto, cabe señalar que la particular, con relación al
Convenio ICYTDF/061/2011,
solicitó copia de: 1) informes parciales, y 2) informe final, a
lo que el Ente Obligado
entregó copia simple en versión pública del informe final de
actividades [2)] y del
informe de actividades [1)] del Convenio de su interés, testando
los nombres de los
becarios por ser datos personales, de conformidad con la
resolución emitida por su
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Comité de Transparencia a través del acuerdo
ICyTDF/CT/SE/05/02/2012, en la Quinta
Sesión Extraordinaria del veinticinco de octubre de dos mil
doce; asimismo, señaló que
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México era la que estaba
autorizada por los
estudiantes para dar a conocer sus datos.
En ese orden de ideas, de la respuesta impugnada se advierte que
el Ente Obligado
únicamente se limitó referir que testó el nombre de los becarios
contenido en el
“informe final de actividades” y en el “informe de actividades”,
de conformidad con un
acuerdo de su Comité de Transparencia, sin embargo, de la
revisión efectuada a dicha
respuesta, no se desprende el contenido del acuerdo que señaló,
por lo que es posible
concluir que no precisó ni informó a la particular, cuáles
fueron los motivos que tomó en
consideración para determinar que el nombre de los estudiantes
que obtuvieron una
beca era información que revestía el carácter de personal, y por
lo tanto, no
fundamentó debidamente su actuación; en consecuencia, el
Instituto de Ciencia y
Tecnología del Distrito Federal no aportó elementos suficientes
que brindaran certeza
jurídica a la ahora recurrente de que efectivamente el nombre de
los becarios se
trataba de información de acceso restringido en su modalidad de
confidencial.
Lo anterior, permite a este Órgano Colegiado determinar que la
respuesta emitida por el
Ente Obligado es contraria al principio de legalidad previsto en
el artículo 2 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal, de acuerdo con
el cual todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y
motivado,
entendiéndose por lo primero, que se señalen los preceptos
legales aplicables al caso
concreto y, por lo segundo, que se expresen las razones por las
cuales dichos
preceptos resultan aplicables, lo anterior, tiene apoyo en el
siguiente criterio emitido
por el Poder Judicial de la Federación, que a la letra
señala:
-
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Transparencia”, Col. Narvarte Poniente, Delegación Benito Juárez,
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Novena Época Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO
CIRCUITO Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: III, Marzo de 1996 Tesis: VI.2o. J/43 Página: 769
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. La debida fundamentación y
motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del
precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones,
motivos o circunstancias especiales que llevaron a la
autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el
supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo directo
194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. de C.V. 28 de junio
de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.
Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Revisión fiscal 103/88.
Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988.
Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario:
Alejandro Esponda Rincón. Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero.
26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera
Virgen. Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez. Amparo en
revisión 597/95. Emilio Maurer Bretón. 15 de noviembre de 1995.
Unanimidad de votos. Ponente: Clementina Ramírez Moguel Goyzueta.
Secretario: Gonzalo Carrera Molina. Amparo directo 7/96. Pedro
Vicente López Miro. 21 de febrero de 1996. Unanimidad de votos.
Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique
Baigts Muñoz.
Lo anterior es así, pues no es posible citar disposiciones
legales sin relacionarlas con
los hechos de que se trate, ni exponer razones que carezcan de
relevancia para dichas
disposiciones, toda vez que esta correlación entre los
fundamentos jurídicos y los
motivos de hecho, supone necesariamente un razonamiento del Ente
Obligado para
demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a
los hechos de que se
trate, circunstancia que en la especie no aconteció, y en
consecuencia resulta fundado
el único agravio hecho valer por la recurrente.
Precisado lo anterior, lo procedente es analizar la naturaleza
de la información
requerida, misma que fue remitida por el Ente Obligado a este
Instituto en cumplimiento
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a la diligencia para mejor proveer que le fue requerida, con
relación al Convenio
Específico de Colaboración ICyTDF/061/2011, celebrado entre el
Instituto de Ciencia y
Tecnología del Distrito Federal y la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México,
consistentes en los siguientes documentos:
Informe final de actividades, suscrito por la Coordinadora de
Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (nombre de los estudiantes).
Informe de actividades, suscrito por la Coordinación de
Servicios Estudiantiles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México (nombre de los estudiantes).
De la revisión efectuada a los documentos referidos, se advierte
que el nombre de los
estudiantes se encuentra desglosado de la siguiente forma:
“… Se recibieron 305 solicitudes, y se determinó otorgar un
total de 251 becas a los siguientes estudiantes:
Consecutivo Nombre
1 …
… …
…” (sic)
Como se advierte de los documentos proporcionados por el Ente
Obligado, se
encuentra el nombre de los estudiantes que fueron beneficiados
con las becas,
derivadas del Convenio Específico de Colaboración
ICyTDF/061/2011, dato personal
que el Ente recurrido resguardó por considerarlo como
información de acceso
restringido en su modalidad de confidencial, sin embargo, a
consideración de este
Órgano Colegiado es conveniente analizar la naturaleza jurídica
del nombre, a efecto
de determinar si es un dato que tiene que ser resguardado o si
es susceptible de ser
proporcionado.
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En ese sentido, resulta conveniente traer a colación lo
dispuesto por los artículos 3, 4,
fracciones II, VII, VIII, IX y XV, 11, 36, 38, fracciones I,
III, V y párrafo cuarto, 41 y 44 de
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Distrito Federal, así
como el diverso 2 de la Ley de Protección de Datos Personales
para el Distrito Federal,
los cuales a la letra señalan:
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL
DISTRITO FEDERAL
Artículo 3. Toda la información generada, administrada o en
posesión de los Entes Obligados se considera un bien de dominio
público, accesible a cualquier persona en los términos y
condiciones que establece esta Ley y demás normatividad
aplicable.
Artículo 4. Para los efectos de esta Ley se entiende por: …
II. Datos Personales: La información numérica, alfabética,
gráfica, acústica o de
cualquier otro tipo concerniente a una persona física,
identificada o identificable entre otros, la relativa a su origen
racial o étnico, las características físicas, morales o emocionales
a su vida afectiva y familiar, información genética, número de
seguridad social, la huella digital, domicilio y teléfonos
particulares, preferencias sexuales, estado de salud físico o
mental, correos electrónicos personales, claves informáticas,
cibernéticas, códigos personales; creencias o convicciones
religiosas, filosóficas y morales u otras análogas que afecten su
intimidad; …
VII. Información Confidencial: La información que contiene datos
personales y se encuentra en posesión de los Entes Obligados,
susceptible de ser tutelada por el derecho fundamental a la
privacidad, intimidad, honor y dignidad y aquella que la ley prevea
como tal;
VIII. Información de Acceso Restringido: Todo tipo de
información en posesión de Entes Obligados, bajo las figuras de
reservada o confidencial;
IX. Información Pública: Es pública todo archivo, registro o
dato contenido en cualquier medio, documento o registro impreso,
óptico, electrónico, magnético, químico, físico que se encuentre en
poder de los Entes Obligados o que en ejercicio de sus atribuciones
tengan la obligación de generar en los términos de esta ley, y que
no haya sido previamente clasificada como de acceso restringido;
…
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XV. Protección de Datos Personales: La garantía que tutela la
privacidad de datos personales en poder de los Entes Obligados;
…
Artículo 11. … …
Toda la información en poder de los Entes Obligados estará a
disposición de las personas, salvo aquella que se considere como
información de acceso restringido en sus distintas modalidades.
…
Artículo 36. La información definida por la presente Ley como de
acceso restringido, en sus modalidades de reservada y confidencial,
no podrá ser divulgada, salvo en el caso de las excepciones
señaladas en el presente capítulo. … Artículo 38. Se considera como
información confidencial:
I. Los datos personales que requieran del consentimiento de las
personas para su difusión, distribución o comercialización y cuya
divulgación no esté prevista en una Ley; …
III. La relativa al patrimonio de una persona moral de derecho
privado, entregada con tal carácter a cualquier Ente Obligado;
…
V. La información protegida por el secreto comercial,
industrial, fiscal, bancario, fiduciario y otro considerado como
tal por una disposición legal. …
Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y
sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma y los
servidores públicos que requieran conocerla para el debido
ejercicio de sus funciones. …
Artículo 41. La información deberá ser clasificada por el Ente
Obligado antes de dar respuesta a una solicitud de acceso a la
información, la unidad responsable que posea o genere la
información, es la responsable de proponer la clasificación al
Comité de Transparencia, por conducto de la oficina de información
pública. …
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Artículo 44. La información confidencial no está sujeta a plazos
de vencimiento por lo que tendrá ese carácter de manera indefinida
y su acceso será restringido, salvo consentimiento del titular de
la misma para difundirla. …
LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO
FEDERAL
Artículo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entiende
por: …
Datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica,
acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona
física, identificada o identificable. Tal y como son, de manera
enunciativa y no limitativa: el origen étnico o racial,
características físicas, morales o emocionales, la vida afectiva y
familiar, el domicilio y teléfono particular, correo electrónico no
oficial, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias,
convicciones religiosas y filosóficas, estado de salud, preferencia
sexual, la huella digital, el ADN y el número de seguridad social,
y análogos; …
A mayor abundamiento, se estima conveniente traer a colación el
contenido del
numeral 5, fracción I de los Lineamientos para la Protección de
Datos Personales en el
Distrito Federal, que a la letra señala:
5. Los datos personales contenidos en los sistemas se
clasificarán, de manera enunciativa, más no limitativa, de acuerdo
a las siguientes categorías:
I. Datos identificativos: El nombre, domicilio, teléfono
particular, teléfono celular, firma, clave del Registro Federal de
Contribuyentes (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP),
Matrícula del Servicio Militar Nacional, número de pasaporte, lugar
y fecha de nacimiento, nacionalidad, edad, fotografía, demás
análogos; …
De los preceptos normativos transcritos, se desprende lo
siguiente:
El derecho de acceso a la información pública es la prerrogativa
que tiene toda
persona para acceder a la información generada, administrada o
en poder de los
entes obligados, lo que se traduce en la obligación de conceder
el acceso a toda
la información que poseen, siempre que no encuadre en las
hipótesis de reserva
o de confidencialidad establecidas en la ley.
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En principio, toda la información que poseen los entes obligados
tiene el carácter
de pública y solamente es procedente que nieguen el acceso a
aquella que
encuadra en las hipótesis de reserva o de confidencialidad
establecidas en la
ley.
Dentro de la información protegida, se encuentra la de carácter
confidencial, la
cual comprende aquella relativa a los datos personales propios
de los individuos.
Se considera información confidencial, los datos personales que
requieren del
consentimiento de las personas para su difusión, distribución o
comercialización
y cuya divulgación no esté prevista en la ley, la información
protegida por la
legislación en materia de derechos de autor o propiedad
intelectual, así como la
relativa al patrimonio de una persona moral de derecho privado
entregada con tal
carácter a cualquier Ente Obligado.
La información confidencial tendrá ese carácter de manera
indefinida, hasta
en tanto no medie consentimiento expreso del titular o
mandamiento escrito
emitido por autoridad competente.
Toda la información relativa a la vida privada de una persona es
considerada
como un dato personal, entre los cuales se encuentran los datos
alfanuméricos
que hagan identificable a una persona, su vida familiar o su
patrimonio.
Los datos personales son considerados como información
confidencial, y sólo
pueden tener acceso a éstos los titulares de los mismos, o
cuando otorguen
su consentimiento.
Los entes obligados responsables no podrán difundir o ceder los
datos
personales contenidos en los sistemas de datos desarrollados en
el ejercicio de
sus funciones, salvo que medie consentimiento expreso del
titular.
Incluso, conforme a los Lineamientos referidos existen diversas
categorías de
datos personales.
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Precisado lo anterior, este Órgano Colegiado estima procedente
analizar el nombre de
los becarios contenido en el informe de actividades [1)] y en el
informe final de
actividades [2)] del Convenio Específico de Colaboración
ICyTDF/061/2011; al respecto,
resulta conveniente precisar que a pesar de que el nombre es un
dato personal de una
persona física, por tratarse de un dato identificativo, por sí
sólo no se ubica dentro de la
categoría de confidencial, mientras que no identifique o haga
identificable
fehacientemente a una persona en relación a otro dato de la
misma naturaleza.
En tal virtud, se advierte que la determinación del Ente
Obligado de resguardar el
nombre de los estudiantes que recibieron las becas derivadas del
Convenio Específico
de Colaboración ICyTDF/061/2011, fue incorrecta y contraria a
derecho, ya que el
nombre por sí mismo no es un dato que se ubique dentro de la
categoría de información
de acceso restringido en su modalidad de confidencial, en
consecuencia, debe ser
proporcionado al revestir el carácter de información pública,
toda vez que con la entrega
de información, la particular podrá verificar que efectivamente
se trata de estudiantes
becados por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, y
por lo tanto, habrá
recibido información veraz, oportuna y confiable, en relación
con los estudiantes a los
que se les otorgó la beca con motivo del Convenio referido.
Lo anterior, aunado al hecho de que los recursos destinados para
las becas otorgadas
a estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México,
fueron asignados
por el Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal,
Organismo Descentralizado
de la Administración Pública del Distrito Federal, y de
conformidad con el artículo 9,
fracciones III y IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del
Distrito Federal, la entrega de la información debe cumplir con
algunos objetivos del
referido ordenamiento legal, como es garantizar el principio
democrático de publicidad
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de los actos del Gobierno del Distrito Federal, transparentando
el ejercicio de la función
pública, a través de un flujo de información oportuno,
verificable, inteligible, relevante e
integral, así como favorecer la rendición de cuentas, de manera
que se pueda valorar
el desempeño de los entes obligados.
En consecuencia, toda vez que los recursos destinados para las
becas de los
estudiantes fueron obtenidos de recursos públicos de un Ente
Obligado del Distrito
Federal, en atención a lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley
de Transparencia y
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, es
evidente que debe informar
sobre sus acciones, uso y destino, y por lo tanto deberá
proporcionar el nombre de los
estudiantes a quienes se determinó otorgar becas con motivo del
Convenio Específico
de Colaboración ICyTDF/061/2011.
Por lo expuesto a lo largo del presente Considerando, con
fundamento en el artículo 82,
fracción III de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito
Federal, este Instituto estima procedente modificar la respuesta
emitida por el Instituto
de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, y ordenarle que
emita una nueva en la cual
deberá:
Proporcionar el informe de actividades [requerimiento 1)], así
como el informe final de actividades [requerimiento 2)], de forma
integra, sin testar el nombre de los estudiantes referidos, con el
objeto de atender cabalmente la solicitud de información de la
particular.
La respuesta que se emita en cumplimiento a esta resolución,
deberá notificarse a la
recurrente a través del medio señalado para tal efecto, en un
plazo de cinco días
hábiles, contados a partir del día siguiente a aquél en que
surta efectos la notificación
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correspondiente, atento a lo dispuesto por el artículo 82,
segundo párrafo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal.
QUINTO. Al haber quedado acreditada la falta de presentación del
informe de ley del
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, con
fundamento en los artículos
80, último párrafo y 81, fracción IV, en relación con el diverso
93, fracción VII de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal, resulta
procedente dar vista a la Contraloría General del Distrito
Federal, para que determine
lo que en derecho corresponda.
Por lo anteriormente expuesto y fundado, este Instituto de
Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Distrito
Federal:
R E S U E L V E
PRIMERO. Por las razones expuestas en el Considerando Cuarto de
esta resolución, y
con fundamento en el artículo 82, fracción III de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal, se MODIFICA la
respuesta emitida por el
Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal, y se le
ordena que emita una
nueva, en el plazo y conforme a los lineamientos establecidos en
el Considerando
inicialmente referido.
SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 90 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal, se instruye al Ente
Obligado para que informe
por escrito a este Instituto sobre el cumplimiento a lo ordenado
en el punto Resolutivo
Primero, dentro de los cinco días posteriores a que surta
efectos la notificación de esta
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resolución, anexando copia de las constancias que lo acrediten;
apercibido de que en
caso de no hacerlo, se procederá en términos del artículo 91 de
la ley de la materia.
TERCERO. Por los motivos expuestos en el Considerando Quinto, y
con fundamento
en los artículos 80, último párrafo, 81, fracción IV, en
relación con el diverso 93,
fracción VII de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito
Federal, con copia certificada del expediente y de la presente
resolución, SE DA VISTA
a la Contraloría General del Distrito Federal para que determine
lo que en derecho
corresponda.
CUARTO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 88,
párrafo tercero de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal, se informa a la
recurrente que en caso de estar inconforme con la presente
resolución, puede
interponer juicio de amparo ante los Juzgados de Distrito en
Materia Administrativa en
el Distrito Federal.
QUINTO. Se pone a disposición de la recurrente el teléfono 56 36
21 20 y el correo
electrónico [email protected] para que comunique a
este Instituto
cualquier irregularidad en el cumplimiento de la presente
resolución.
SEXTO. La Dirección Jurídica y Desarrollo Normativo de este
Instituto dará seguimiento
a la presente resolución llevando a cabo las actuaciones
necesarias para asegurar su
cumplimiento y, en su momento, informará a la Secretaría
Técnica.
SÉPTIMO. Notifíquese la presente resolución a la recurrente en
el medio señalado para
tal efecto y por oficio al Ente Obligado.
mailto:recursoderevisió[email protected]
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Así lo resolvieron, por unanimidad, los Comisionados Ciudadanos
del Instituto de
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Distrito Federal:
Oscar Mauricio Guerra Ford, Mucio Israel Hernández Guerrero,
David Mondragón
Centeno, Luis Fernando Sánchez Nava y Alejandro Torres Rogelio,
en Sesión Ordinaria
celebrada el doce de diciembre de dos mil doce, quienes firman
para todos los efectos
legales a que haya lugar.
OSCAR MAURICIO GUERRA FORD COMISIONADO CIUDADANO
PRESIDENTE
MUCIO ISRAEL HERNÁNDEZ GUERRERO COMISIONADO CIUDADANO
DAVID MONDRAGÓN CENTENO COMISIONADO CIUDADANO
LUIS FERNANDO SÁNCHEZ NAVA COMISIONADO CIUDADANO
ALEJANDRO TORRES ROGELIO COMISIONADO CIUDADANO
