revista mexicana de sociologia

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

MÉXICO, 2015

REVISTA MEXICANA DE

SOCIOLOGÍAAño 77, núm. 1 (enero-marzo, 2015)

REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA

CD 301/RLC H8/R

Revista Mexicana de Sociología / ed. por el Instituto de Investigaciones Sociales.-- vol. 1 no. 1 (marzo 1939- ).-- México: Universidad Nacional Autónoma de México, IIS, 1939-v-. Trimestral ISSN: 0188-2503

Publicación trimestral del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, incorporada al Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y a los siguientes índices, resú-menes y bases de datos:Fuentes que indizan la revista: Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades (CLASE); CSA Worldwide Political Science Abstracts; Dialnet; Google Scholar; Handbook of Latin American Studies (hLAS); Hispanic American Periodicals Index (hApI); Índice de Revistas de Edu- cación Superior e Investigación Educativa (IRESIE); Internationale Bibliographie der Geistes-und So-zialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur; Social Services Abstracts; Sociological Abstracts; Scopus (2011- ); Thomson Reuters Master Journal List (2013); Scielo Citation Index.Directorios donde se encuentra la revista: Directory of Open Access Journals (DOAj); Sistema Re-gional de Información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Por-tugal (Latindex); Ulrich’s Periodical Directory.Fuentes que incluyen el texto completo de la revista: jSTOR; E-Journal; Redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe); Scielo (S cientific Electronic Library Online); Portal de Revistas Científicas y Arbitradas de la UNAM.

D. R. © 2015, UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICOINSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES

Revista editada, impresa y manufacturada en México.ISSN: 0188-2503

Fundador: Lucio Mendieta y Núñez Directora: Matilde Luna Ledesma

Editora asistente: Rosalba Carrillo Fuentes correo-e:<[email protected]>

Teléfono: 5622-7354Jefa del Departamento de Publicaciones: Berenise Hernández Alanís

Cuidado de la edición: David Monroy GómezFormación de textos y gráficos: Angélica Nava Ferruzca

Portada: Cynthia Trigos Suzán Página web: <http://www.iis.unam.mx>

Certificado de licitud de título: 5547; certificado de licitud de contenido: 4292, expedidos el 8 de febrero de 1991. Reserva de derechos al uso exclusivo: 04-2006-020916530400-102, otorgada al 9 de febrero de 2015. Tiraje: 750 ejemplares. Se terminó de imprimir en diciembre de 2014. Imprenta: Gráfica Premier, S. A. de C.V., calle 5 de Febrero núm. 2309, Col. San Jerónimo, C.P. 52170, Chicahualco, Metepec, Estado de México.Se prohíbe la reproducción total o parcial de los artículos de esta revista por cualquier medio (sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación u otros métodos) sin la autorización previa y por escrito del titular de los derechos de autor.

Revista Mexicana de Sociología 77Núm. 1 (enero-marzo, 2015)

Contenido

Perfil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Profile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Espacio público, ¿espacio de todos? Reflexiones desde la ciudad de México

Public space, a space for everyone? Reflections from Mexico CitypATRICIA RAMíREz KURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7-36

La bioseguridad mexicana: una “actuación de seriedad”Mexican biosafety: “serious acting”jEAN FOyER y ChRISTOphE BONNEUIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-68

La puesta en soberanía de la moneda: la discusión parlamentaria Establishing the sovereignty of currency: the parliamentary debate ALEXANDRE ROIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69-94

Agrario y no agrario: ingresos de hogares rurales argentinos Agricultural and non-agricultural: the incomes of rural

Argentine households MARIELA BLANCO y SILVIA BARDOMáS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-127

Acciones colectivas de innovación democrática local en contextos de violencia

Collective actions of local democratic innovation in contexts of violenceSANDRA hINCApIÉ jIMÉNEz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129-156

RESEÑAS

Natividad Gutiérrez Chong (coordinadora). Etnicidad y conflicto en las Américas. Volumen I. Territorios y reconocimiento constitucional. Volumen II. Violencia y activismo político (México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales/Abya-Yala, 2013), 366 pp. y 424 pp.

RODOLFO STAVENhAGEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157-161

Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios y Maribel Ríos Everardo (coordinadoras). Investigación feminista. Epistemología, metodología y representaciones sociales (México: Universidad Nacional Autónoma de México-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-Facultad de Psicología, 2010), 406 pp.

ÚRSULA OSwALD SpRING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161-165

Gunther Dietz. Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en educación. Una aproximación antropológica (México: Fondo de Cultura Económica, 2012), 279 pp.

MARíA DE LOURDES VARGAS GARDUñO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166-168

NORMAS EDITORIALES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169-175

Perfil

La Revista Mexicana de Sociología, fundada en 1939, es la más antigua de su género y una de las más reconocidas en América Latina por su calidad académica. A través de su historia y de su publicación ininterrumpida, ha reflejado tanto los cambios ocurridos en el desarrollo teórico y empírico de la sociología a lo largo de más de siete décadas, como los problemas sociales más sobresalientes de cada época.

Con el propósito fundamental de difundir el conocimiento y promover el debate académico, la revista ha tenido diferentes etapas. Actualmente, con un carácter internacional y con una periodicidad trimestral, publica trabajos originales, que son resultado de investigación y que contribuyen al avance del conocimiento en la sociología en todos sus campos y temas, así como al abordaje sociológico en interacción con otras disciplinas y otras ciencias sociales que la enriquecen.

Incluye artículos que contribuyen al desarrollo teórico, a la innovación metodológica o al avance de la comprensión de los procesos sociales de distintos países y regiones, privilegiando siempre la calidad y el rigor académicos.

Su principal público lector es la comunidad de ciencias sociales de habla hispana, entre la cual goza de prestigio y reconocimiento.

Profile

The Revista Mexicana de Sociología, founded in 1939, is the oldest of its kind and one of the most renowned in Latin America for its academic quality. Its uninterrupted publication throughout its history reflects both the changes in the theoretical and empirical development of sociology in over seven decades and the most outstanding social problems of each period.

With the aim of disseminating knowledge and promoting academic debate, the journal has gone through various stages. At present, as an international, quarterly publication, it publishes original papers that are the result of research and contribute to the advancement of knowledge in socio-logy, in all fields and issues and to the sociological approach in its interaction with other disciplines and social sciences that enrich it. It includes articles that contribute to theoretical development, methodological innovation and the advancement of the understanding of the social processes of various countries and regions, always emphasizing academic quality and rigor.

Its main reading public is the Spanish-speaking community of social sciences among which it enjoys prestige and recognition.

Palabras clave: ciudad, espacio público, ciudadanía, conflicto urbano.Key words: city, public space, citizenship, urban conflict.

Un punto de partida para conocer la ciudad es pensarla como espacio social y simbólico percibido, vivido y apropiado por individuos y grupos diferentes, que tienen un papel activo en la

definición del orden urbano y en la producción de la forma, la estructura y las actividades socioeconómicas y político-culturales (Lefebvre, 2013). En la construcción social y simbólica de la ciudad, el espacio público es un elemento fundamental del orden urbano que, en su relación con el

* Doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Instituto de Investigaciones Sociales-unam. Temas de especialización: procesos urbanos, espacio público, ciudadanía, conflicto urbano y política urbana. Este artículo se desarrolla con base en la línea de investigación Procesos urbanos, espacio público y ciudadanía, orien-tada a replantear conceptual y metodológicamente el concepto de espacio público en la ciudad de México, y en el que he realizado proyectos y estudios empíricos sobre pro-ducción social y simbólica de lo público urbano en el contexto latinoamericano. Agra-dezco a Lucero Rugama, asistente académica, el apoyo brindado en las tareas de investi-gación y edición de este artículo.

Resumen: Este artículo trata el tema del espa-cio público como lugar de encuentro, comunica-ción y relación, que se produce en la ciudad en forma conflictiva, fragmentada y contradictoria. El texto discute conceptualmente lo público en el contexto del orden económico de capitalismo flexible y de democratización de la vida social, poniendo atención en la ciudad de México, en el universo de la ciudad latinoamericana. Se aproxima a actores y prácticas sociales que in-tervienen en la construcción social y simbólica del espacio público, en el que se dirimen dis-crepancias, se reivindican derechos y se crean vínculos sociales.

Abstract: This article addresses the issue of pu-blic space as a place for meeting, communica-tion and relations that is produced in the city in a conflicting, fragmented and contradictory manner. The text conceptually discusses what is public in the context of the economic order of flexible capitalism and the democratization of social life, focusing on Mexico City within the universe of Latin American cities. It analyzes the actors and social practices involved in the social and symbolic construction of the public space, in which differences are settled, rights claimed and social ties created.

Espacio público, ¿espacio de todos? Reflexiones desde la ciudad de México

Patricia ramírez Kuri*

D. R. © 2015. Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales. Revista Mexicana de Sociología 77, núm. 1 (enero-marzo, 2015): 7-36. México, D.F. ISSN: 0188-2503/15/07701-01.

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Revista Mexicana de Sociología 77, núm. 1 (enero-marzo, 2015): 7-36.

Patricia ramírez Kuri

espacio privado, expresa la manera como los habitantes usan y tienen acceso a los recursos sociales, y la relación entre éstos, la ciudad y las instituciones. Las tensiones en esta relación tienen que ver (entre otras cuestiones) con la tendencia a la subordinación de lo público a lo privado y con el predominio de lo privado como interés general, lo que altera el sentido colectivo de lo público como espacio de todos.

De acuerdo con Richard Sennett (2011), la ciudad contemporánea, sede del capitalismo industrial y postindustrial, es “una colonia humana”, una clase particular de sociedad, diversa y diferenciada, un escenario de encuentro entre extraños que tienen sus vidas entrelazadas en grados distintos. En este escenario urbano aparecen problemas de expresión y de comunicación equivalentes a los que enfrentan los actores y el pú-blico en el teatro. Desde este enfoque, la ciudad es el mejor escenario para observar lo que ocurre en el dominio público y el debilitamiento que experimenta como espacio de participación con fines sociales y de compromiso cívico. Señala el autor que esta situación en la sociedad occidental se debe a que la participación se ha transformado en un asunto de responsabilidad formal, los ciudadanos se relacionan con el Estado en actitud de conformidad y la desconfianza es un rasgo de las interacciones sociales (Sennett, 2011).

El concepto de espacio público, como dimensión de la política y del orden social urbano, se ha transformado históricamente. Identificado en la época renacentista, en el siglo xv, con el bien común, con lo abierto y lo manifiesto a la observación de todos y con la política, en los siglos posteriores incorpora diversas formas de sociabilidad que aluden no sólo a las audiencias y a los públicos de obras de teatro o de conciertos, a los actores y a los escenarios donde se representan. También, y quizá sobre todo, aluden a la relación entre los públicos —la sociedad— y los personajes públicos de la política y de la cultura, y a los vínculos entre el ciudadano y la calle como espacio de encuentro. Lo público adquiere paulatinamente el sentido actual, que se refiere a la vida social que se desarrolla fuera del dominio privado y a una amplia diversidad de per-sonas que configuran un público urbano cosmopolita, cuyo escenario es la ciudad capital donde convergen grupos sociales complejos (Sennett, 2011).

¿Cómo pensar lo público en la ciudad contemporánea? Desde la segunda mitad del siglo xx hasta los años transcurridos del siglo xxi, el debate sobre el dominio público se desarrolla vinculado sobre todo con la construcción política de relaciones democráticas, y en menor escala

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Espacio público, ¿Espacio dE todos?

con la expresión espacial de estas relaciones en ciudades diferentes, si-tuadas en contextos sociales específicos de países y regiones. Este debate se ha nutrido de perspectivas teóricas de diversos autores, entre los que destacan Hannah Arendt, Richard Sennett, Jürgen Habermas y Manuel Castells. En las últimas décadas se han ampliado estudios y análisis que han puesto a prueba enfoques metodológicos y conceptuales propuestos por estos y otros autores (Lins Ribeiro, 2003; Borja, 2003; Cunnill Grau, 1991; Rabotnikof, 2005).

Estos enfoques han influido en los estudios urbanos latinoamericanos y contribuido al debate académico y político sobre la ciudad y la cons-trucción de la democracia liberal en contextos sociales con tradiciones históricas, culturales, urbanas y políticas muy distintas de aquellas so-ciedades industriales y postindustriales de alto desarrollo, con las que comparten procesos que entrelazan al mundo capitalista. Lo público resurge en este periodo como concepto polisémico que se aborda como esfera, como espacio o como lugar de relación con distintos significados que responden a los cambios en la vida urbana pública y privada, en las formas de expresión, de interacción y de organización social y política.

En las sociedades occidentales de la posguerra, el proceso de secula-rización y la importancia cada vez mayor del espacio personal, íntimo, privado y familiar, son factores que influyen en la re-significación de lo público urbano en la vida social. En este contexto, lo público se desarrolla articulado con conceptos tales como ciudadanía, sociedad, democracia, instituciones y Estado, aludiendo a la reivindicación de la pluralidad y de la diferencia, a la formación de opinión pública-política, a las formas de comunicación, de participación y de acción colectiva que revelan maneras diversas de vivir en un mundo compartido entre miembros diferentes de la sociedad urbana (Arendt, 1993; Sennett, 2011; Rabotnikof, 2005).

En este artículo me interesa discutir el concepto de espacio público como lugar de encuentro entre grupos sociales complejos y diferenciados, que exhibe la condición sociocultural de la vida urbana. Reflexiono sobre el espacio público real como proceso que se construye en la ciudad de México, su condición actual, los conflictos urbanos que en éste aparecen, las prácticas de la ciudadanía y las realidades discrepantes que condensa. Estas realidades revelan la imagen moderna y grandiosa de la ciudad con segmentos globalizados, formas de privatización, fenómenos de exclusión social, de desigualdad y de pobreza. Con este propósito, recupero resul-tados de investigaciones que he realizado en los últimos años en la línea

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de análisis que articula procesos urbanos, espacio público y ciudadanía en la capital del país.

En la última parte se presentan en forma esquemática tres casos de estudios realizados en la línea de análisis mencionada, elegidos porque ilustran la construcción social de lo público como espacio de conflicto: el uso comercial informal, el uso político y el uso para expresiones tra-dicionales en los pueblos urbanos del Distrito Federal.

notas sobre lo Público urbano en américa latina. ¿erosión y reinvención?

En América Latina, uno de los autores con mayor influencia en el debate sobre lo público es Jürgen Habermas, quien lo define como el ámbito de formación democrática de la opinión pública en torno de temas de interés general, donde los ciudadanos acceden y se relacionan en forma libre, racional y voluntaria (Habermas, 1990).1 En Habermas, “el poder se concibe de entrada como medio de comunicación, no como medio de control [sino como] un código de símbolos generalizados que posibilita la transmisión de decisiones […] de reducir la complejidad para el otro” (Rabotnikof, 2005: 271). Habermas converge con Hannah Arendt al entender lo público como el espacio de la política como relación social, donde “el sujeto de la política vuelve a ser la polis, a través de la acción y la argumentación”. En los dos autores, “la preocupación gira en torno a la sociedad integrada o a la acción concertada” (Ibid.: 274).

Al hablar del contexto de los cambios histórico-sociales latinoame-ricanos, Marianne Braig explica que no existe unanimidad sobre la propuesta habermasiana, que representa sobre todo una introducción en el debate sobre el tema de lo público en la región. De acuerdo con esta autora, “un modelo de lo público que lo concibe como un escenario de intermediación entre la esfera privada y el Estado, regulado por la dis- cusión libre y racional, no se puede aplicar ‘tal cual’ a las realidades del continente” (Braig, 2009: 15). En convergencia con esta discusión, Sergio Costa y Leonardo Avritzer explican que el contexto que sustenta el plan-teamiento de Habermas es el del “capitalismo mercantil en la Europa del siglo xvii”, donde surge lo público entre el espacio privado y el Estado (Costa y Avritzer, 2009: 31). Argumentan, recuperando las críticas de diversos autores, que el modelo habermasiano es excluyente, entre otras

1 Transformación estructural de la vida pública.

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cuestiones, por no considerar que en el proceso histórico de construcción de la esfera pública intervienen relaciones desiguales de poder.

Esta condición de desigualdad en el proceso político y decisorio contribuye al control de las formas de reproducción de los discursos he-gemónicos “considerados legítimos en cada Estado-nación particular”. También está asociada con la definición selectiva de los actores y los temas públicos, lo que subordina a grupos discriminados o en condiciones de subalternidad, como en los casos de la infancia, las minorías étnicas, las mujeres y los jóvenes, entre otros.2 La discusión libre y racional relacio-nada con la condición de selectividad y con códigos de comunicación generalizados en la toma de decisiones públicas es un factor que limita la aplicación del modelo habermasiano en el contexto urbano latino-americano, donde se imponen desigualdades socioculturales y de poder que restringen la construcción de ciudadanía. En ciudades capitales de América Latina, el análisis de lo público como lugar de participación de-mocrática en asuntos y decisiones de interés general requiere considerar que estas ciudades experimentaron en el siglo xx procesos acelerados de urbanización y de modernización excluyentes que fragmentaron las for-mas de comunicación y limitaron la existencia de “códigos generalizados”, lo que impuso mayor complejidad en la vida social y en las relaciones entre ciudadanía e instituciones.

Para discutir el significado del dominio público en ciudades latinoa-mericanas, interesa poner atención en el enfoque procesual de Richard Sennett, porque contribuye al debate conceptual y metodológico de la vida pública urbana. En el estudio de la ciudad en relación con el proceso de construcción de lo público, Sennett es precursor en el análisis de las transformaciones del espacio público en la sociedad urbana capitalista occidental, sede de la democracia liberal y de la formación del ciudadano moderno. En Sennett como en Arendt, lo público es un proceso produci-do por las relaciones y las prácticas sociales, que alude a lo colectivo y al sentido de comunidad entre sujetos diferentes. Estos autores convergen al entender lo público como espacio político que tiene como sujeto la polis. Comparten la crítica a la modernidad en la que el Estado, referente de la política y la sociedad replegada hacia lo privado, ha degradado la pluralidad, la visibilidad y el mundo en común. Lo público, desde este enfoque fenomenológico, es un proceso que se ve, se escucha y se difunde,

2 Véase Costa y Avritzer, 2009: 35-36. Estos autores reflexionan a la luz de las críticas de Cohen y Arato, 1992; Fraser, 2002; Gilroy, 1993; Schmalz-Bruns, 1994, y Epple-Gass, 1992.

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construyéndose como espacio plural donde interactúan miembros dife-rentes de la sociedad, quienes establecen vínculos en torno de un objeto común (Arendt, 1993). En esta línea de discusión, hablar del dominio público para Sennett es referirse

a vínculos de asociación y compromiso mutuo, que existen entre personas que no se encuentran unidas por lazos de familia o de asociación íntima; se trata del vínculo de una multitud, de un pueblo, de una política, más que de aquellos vínculos referidos a una familia o a un grupo de amigos (Sen-nett, 2011: 16).

En la crítica a la modernidad desde los cambios en la vida pública, Sen-nett pone énfasis en el repliegue de la sociedad hacia el espacio íntimo, ideal de la imaginación moderna. Argumenta que se trata de la búsqueda de contrarrestar en la intimidad y en el aislamiento la carencia de socia-bilidad impersonal que distingue a una vida pública vacía. Si bien este traslado hacia el interior se hizo evidente en la posguerra y se enfatizó en la segunda mitad del siglo xx, Sennett explica que esta tendencia ha estado en proceso desde el siglo xviii, “con la formación de una cultura capitalista, nueva, secular y urbana” (Sennett, 2011: 30). Por otra parte, señala que la descomposición y el abandono de lo público se imponen a través del predominio del individualismo moderno y del repliegue al ámbito de lo privado y a lo íntimo personal. La atención en lo personal ha desplazado paulatinamente la importancia tanto de las relaciones sociales impersonales como del carácter de clase de estas relaciones y de los vínculos comunitarios, elementos necesarios para comprender la sociedad occidental, en particular en las grandes ciudades.

Una consecuencia de este desplazamiento hacia el interior del yo es que la vida privada y la pública se trastocan, los asuntos públicos y el sentido impersonal que exige su trato y solución se abordan como cues-tiones personales. Esta situación en que lo público es concebido como espacio carente de sentido conjuga aislamiento y visibilidad. En la ciudad se manifiesta en el entorno construido y en la organización del espacio urbano, a través de la transformación del espacio público —la calle, la plaza— en “un derivado del movimiento” (Sennett, 2011: 28).

Sennett analiza procesos históricos, socioculturales y urbanos de capitales occidentales como Londres, París y Nueva York, notablemente diferentes de aquellos procesos que se producen en las ciudades latinoa-mericanas. En el escenario urbano de la ciudad cosmopolita, este autor

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entiende lo público como proceso que se construye y se transforma en contextos que se distinguen por la diversidad social, cultural y política, así como por el individualismo moderno que transforma el papel del ciudadano en la ciudad, en la sociedad y frente al Estado.

En la construcción de lo público, explica Sennett, destaca el predo-minio de la libertad y de la velocidad de movimiento representada en el uso del automóvil particular, convertido en “el mayor portador de ansiedad en las actividades cotidianas” (Sennett, 2011: 26). Este factor debilita y anula el sentido experimental e independiente de lo público, que muere al transformarse en espacio “contingente para el movimiento”. La función de la calle se consolida como facilitadora y reguladora de este movimiento, asumido como “un derecho absoluto del individuo” que se ejerce por medio del automóvil particular, lo que hace “insignificante o irritante” el espacio público y lo reduce a una función del movimiento libre. La condición de aislamiento inscrita en este proceso debilita el sentido de lo público e impone inhibición “para sentir cualquier relación con el medio urbano” (Sennett, 2011: 28-29).

En la obra de Sennett, una de las más originales en el pensamiento crítico contemporáneo, la diferencia es una categoría central en el análisis del carácter de clase de lo público, de la relación entre la vida urbana y la producción social del espacio, de las transformaciones socioculturales y de las formas de expresión de los actores que intervienen con distintos roles en el dominio público.

En América Latina lo público es el espacio de la vida social, donde no sólo se encuentran grupos sociales complejos y diversos, sino que se producen relaciones sociales desiguales entre la ciudadanía, las ins-tituciones y la ciudad. En un sentido histórico, se ha entendido como culto del pueblo relacionado con los asuntos de la política, la cultura, el Estado, el gobierno, los poderes públicos, la autoridad, las institucio-nes, la comunidad y la sociedad (Guerra y Lempérière, 1998). Si bien lo público se refiere a formas jurídicas de propiedad, su significado va más allá del marco legal que define la relación entre lo público y lo pri-vado. Nuria Cunnill Grau explica que en el sistema capitalista destaca la propiedad pública estatal, inscrita en el poder del Estado; la pública no estatal, de interés público, sin fines de lucro y regida por el derecho privado; la propiedad corporativa, que no tiene fines de lucro y protege los intereses grupales, sectoriales o de corporaciones, y la propiedad privada, con fines de lucro y de consumo privado colectivo (Bresser Pe-reira y Cunill Grau, 1998: 31). En esta línea de discusión, se plantea que

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lo que es estatal es público, pero lo público no necesariamente es estatal. Lo público alude al espacio de todos, en oposición a lo privado y a lo corporativo, y se desarrolla articulado con la búsqueda de espacios de expresión, comunicación y participación en la vida política.

En la ciudad latinoamericana se distingue la convergencia de tres vertientes que revelan la condición social y política de lo público y su debilitamiento como bien común, como lugar abierto y accesible. La primera se refiere al predominio de lo público-estatal, a la condición institucional y jurídica de la propiedad, y a la normatividad que regula el uso, la provisión y el acceso a bienes y a servicios públicos. La segunda vertiente discute el sentido de lo público como espacio autónomo donde aparecen distintas formas de participación y de apropiación colectiva de la ciudad. Reconociendo estas dos vertientes, lo público urbano se plantea en la tercera vertiente como mecanismo integrador y como ele-mento distributivo que se distingue por condensar atributos potenciales como polivalencia, tolerancia, inclusión, democracia, pluralidad, bienestar y significado (Bresser Pereira y Cunill Grau, 1998; Borja, 2003; Ramírez Kuri, 2009).

Sin embargo, en las condiciones actuales de revalorización de lo público en la reconstrucción de la ciudad, uno de los problemas en el uso del concepto como elemento integrador es que la realidad empíri-ca expresa en forma limitada y fragmentada los atributos potenciales asignados. Pensar lo público como mecanismo distributivo, como lugar proveedor de bienestar, generador de integración social y urbana y de prácticas democráticas, se refiere más al espacio deseable y menos al espacio vivido en la ciudad real.

En el contexto del capitalismo flexible y de predominio del libre mer-cado, las tres vertientes mencionadas en forma esquemática cuestionan la tendencia a la privatización, a la burocratización y al dominio de intereses particulares que erosionan el sentido de lo público como espacio de todos. Ante esta situación, destaca la relevancia de la construcción de lo público no estatal, como el espacio de la democracia participativa, los derechos ciudadanos y el patrimonio público. Lo público no estatal se plantea como un proceso que es posible construir a partir de prácticas sociales basadas en relaciones de solidaridad y de compromiso cívico, y a través de la asignación de responsabilidades y derechos a la sociedad en términos de poder político, de reivindicación de la pluralidad, de opinión pública crítica y de atención a demandas colectivas (Bresser Pereira y Cunill Grau,

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1998). Este enfoque reconoce la institucionalidad de lo público pero no subordina la ciudadanía a las decisiones públicas del Estado.

En la experiencia urbana de la ciudad latinoamericana, la desigualdad es un fenómeno central que interviene en el proceso de construcción de lo público, lo que se expresa en las relaciones sociales y de poder, en el acceso a recursos urbanos y a bienes públicos, en la participación en decisiones públicas que afectan el entorno habitado. En este contexto, el concepto de espacio público es útil como herramienta de análisis en los estudios urbanos porque permite ampliar el conocimiento de procesos, realidades socioculturales, políticas y económicas específicas, diferentes de las ciudades occidentales, que se expresan en los modelos de urba-nización, en la construcción de ciudadanía y en la participación social.

En la ciudad de México, lo público urbano revela en la actualidad tendencias contrapuestas que se expresan en ofertas privadas de espacios de usos públicos, en formas masificadas y mercantilizadas de uso y de apropiación de los lugares. Éstas coexisten con formas de sociabilidad y de apropiación colectiva para expresión de demandas ciudadanas y de conflicto político, de formas de confrontación y de violencia. Esta si-tuación, cruzada por las marcadas desigualdades en la calidad física y relacional de los lugares, contradice el sentido democrático asociado con el espacio público en la ciudad europea occidental, no obstante que América Latina comparte en forma asimétrica procesos históricos, concep-ciones de ciudad y representaciones físico-sociales de lo público urbano, y el anhelo democrático que comienza a construirse en la segunda mitad del siglo xx y que muestra a principios del siglo xxi la fragilidad de los logros políticos y sociales.

Estos procesos han influido en los modelos de ciudad y de urbaniza-ción, introduciendo esquemas arquitectónicos y comerciales en la imagen y en la estructura del entorno, construido con elementos como la calle, la plaza, el cabildo, el café, el mercado, el transporte colectivo, el centro histórico, el centro moderno, la escuela, los museos, las universidades, el centro comercial, el estadio de futbol, los macroproyectos urbanos multi-funcionales, los espacios concentradores de oferta cultural global y local, como en el caso de sedes de conciertos masivos, entre otros. Entre estos lugares, existen marcadas diferencias que se expresan en las relaciones entre grupos y clases sociales, entre ciudadanos e instituciones, en las prácticas sociales, culturales y políticas, y en las formas de vida pública.

En distintos contextos urbanos de América Latina y del mundo, el espacio público resurge en décadas recientes como el lugar común donde

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se expresan conflictos políticos, sociales y culturales. En algunos casos, estos conflictos urbanos contribuyen a reconstruir vínculos sociales, re-laciones de cooperación y formas de cohesión que denuncian problemas y reclaman el derecho a la ciudad como derecho colectivo y democráti-co. Cuestionan las instituciones y las políticas urbanas que excluyen las demandas ciudadanas, confrontan a los poderes fácticos y al orden eco-nómico capitalista. En otros, son expresiones de confrontación, de crimen y de violencia de grupos delictivos que se disputan el control del espacio urbano, atentando contra la sociedad y las instituciones.

Lo público aparece como el lugar donde se producen condiciones de desigualdad social, relaciones asimétricas de poder, disputas por el acceso a bienes públicos, por el control del espacio urbano y por la reivindicación de derechos de la primera a la cuarta generación. Es-tas realidades urbanas tienen que ver con procesos sociales y políticos de cierre y de apertura de espacios democráticos de encuentro, de comu- nicación, participación y acción ciudadana. Pero también están relaciona-das con lo que se hace público, con lo que es visible y accesible a diversos actores, grupos y clases sociales, con la difusión de información a la so-ciedad respecto de temas de interés general, y con las interpretaciones y discursos que se construyen y difunden, influyendo en la opinión y en la formación de públicos diferentes y fragmentados.

la construcción de lo Público urbano en la ciudad de méxico

De acuerdo con Sennett, las ciudades son concebidas por la gente como “escenarios necesarios en los que deben luchar con las oportunidades y las dificultades del nuevo orden económico”, lo que ha alterado las identida-des basadas en el lugar y el sentido de pertenencia a un sitio concreto en el mundo (Sennett, 2001: 252). La experiencia de los lugares públicos los configura como sedes de conflictos urbanos, donde convergen fenómenos discrepantes que los develan como “los salvajes contornos sociales de la ciudad que poseen un carácter de clase concreto”, donde los habitantes se disputan los bienes públicos. Estos conflictos se desarrollan en espacios públicos abandonados a las clases medias y bajas, mientras las nuevas élites de las ciudades se retiran de lo público (Sennett, 2001: 255).

El espacio público en la ciudad de México condensa las transforma-ciones urbanas de la capital, revelando formas diferentes de vida pública, la manera como la ciudadanía se relaciona con la ciudad y el papel de las

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instituciones en la planeación, la gestión local y la política urbana. En la ciudad de México, habitada por cerca de nueve millones de personas, en un territorio organizado política y administrativamente en 16 delegacio-nes heterogéneas entre sí, se localiza una diversidad de colonias, pueblos y barrios que configuran un cúmulo de microgeografías urbanas articu-ladas por una compleja estructura vial y de transporte, pero escasamente integradas social y espacialmente.3 Existen en estas localidades lugares públicos de encuentro y de movilidad —cotidiana, funcional y ritual—, que son de todos, pero no todos los usan ni los significan, ni se apropian de ellos de la misma manera, lo que hace evidente el carácter de clase de lo público y las disputas por la ciudad (Ramírez Kuri, 2009, 2013).

En este contexto, se inicia en las últimas dos décadas el reconocimien-to en México de que lo público urbano es central en la comprensión de las ciudades y sus transformaciones, y que lo que ocurre en los espacios públicos es tan importante como cualquier otro aspecto de la vida so-cial. El debate académico, político y urbanístico sobre la importancia del espacio público se desarrolla con posiciones muy diferentes, lo que ha ampliado el interés en el tema y causado la generación de mayor conoci-miento sobre lo público urbano desde distintos enfoques disciplinarios. Actores públicos y privados ponen atención en lo público como recurso urbano digno de “regeneración” o de “rescate” a partir de acciones urba-nísticas en lugares centrales. También interesa como recurso económico proveedor de rentabilidad para el mercado inmobiliario, financiero y comercial. En este debate aún predomina la disociación entre la dimen-sión física-espacial y la sociocultural y política, que da sentido relacional a los lugares comunes y permite comprender los procesos que debilitan o degradan el espacio de lo público. Pensar en estas dimensiones articuladas no sólo implica reconocer que lo público aparece como un escenario que, por sus atributos físico-urbanísticos, exhibe a la ciudad que lo produce, a las personas y grupos sociales que lo usan en forma distinta e incluso incompatible, así como los fenómenos que lo debilitan y degradan, sino también reconocer que lo público es el lugar donde se producen proce-sos y tendencias antagónicas que se expresan a través de la diversidad de formas de comunicación, expresión, uso y apropiación, organización, trabajo, participación, sociabilidad y conflicto.

3 En 2010 se indicaba una población total para el Distrito Federal, capital política del país, de 8 851 080 habitantes. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi), Censo General de Población y Vivienda 2010 y Conteo de Población 2005.

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En un sentido social y urbanístico, hasta años recientes lo público estuvo ausente de las políticas urbanas, así como de los lineamientos, estrategias e instrumentos de planeación urbana. En la zonificación de usos y funciones, lo público se ha concebido como elemento del equipa-miento urbano, como espacio abierto, residual, área verde o vía pública, con un sentido predominantemente funcional, sin distinción de los di-versos tipos, usos y calidades ambientales, paisajísticas y patrimoniales, y disociado de la trama de relaciones y prácticas que lo construyen social y simbólicamente, que lo fortalecen, lo debilitan o lo fragmentan. Sin embargo, en la experiencia urbana de la ciudad, los lugares públicos históricamente han cumplido un papel activo en la percepción que la gente tiene de la ciudad que habita y han sido elementos centrales en la vida social y política, donde se desarrollan actividades cotidianas de encuentro, de intercambio y de movilidad.

En la actualidad, habitantes y actores sociales organizados reclaman el derecho a un espacio público de calidad; otros se apropian de los lugares públicos para trabajar y generar ingresos con actividades informales en la calle, las plazas públicas y las vialidades principales, y amplios grupos sociales usan y ocupan los espacios públicos centrales con fines políticos, culturales, recreativos y de consumo. En la experiencia cotidiana, las calles son los espacios más representativos en la relación entre la gente y la ciudad. En éstas convergen tendencias contrapuestas que muestran la tensión entre lo público como idea asociada con el espacio de la ciudada-nía, lo que es de todos, en contraste con lo público vivido, que muestra estructuras y jerarquías, imágenes y realidades urbanas discrepantes y fragmentadas. Estas tendencias, en forma esquemática, tienen que ver por una parte con procesos de privatización, modernización y mercantili-zación inmersos en visiones hegemónicas de desarrollo urbano; por otra, con ideas derivadas de un urbanismo proveedor de bienestar relacionado con demandas sociales y acciones a favor de la reconstrucción de la ciudad como espacio de la ciudadanía y de la democracia participativa.

En ciudades como la de México, donde se entrelazan la escala local (delegaciones), la capital (el Distrito Federal), la metrópoli (los munici-pios) y la megalópolis (la región centro del país), los procesos y tendencias mencionados se producen en el espacio de lugares que habita la gente. Espacios urbanos de la modernidad globalizada y selectiva coexisten con espacios en condiciones de desigualdad, con geografías fragmentadas y depauperadas. Las fronteras sociales y simbólicas entre éstos, trazadas y representadas en el espacio público, revelan códigos distintos de lo

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común y lo compartido entre miembros diferentes de la sociedad que usan y se apropian de la ciudad desarrollando actividades compatibles o incompatibles entre ellas y con las funciones urbanas hegemónicas.

Lo público urbano en la capital nos acerca a la ciudad cosmopolita, densa y diversa, donde ocurren encuentros e intercambios entre personas diferentes y coexisten grupos sociales complejos que expresan formas e ideas discrepantes de lo público asociadas con tipos de ciudadanía distin-tos que coexisten en proximidad física, revelando las marcadas distancias socioculturales entre unos y otros. En esta ciudad, la construcción social y simbólica del espacio público se inscribe en el entorno construido, en la imagen y en la memoria urbana, y se expresa en las relaciones y las ac-ciones sociales e institucionales —de poder, sociabilidad y conflicto—, así como en las formas de comunicación, organización y participación social.

En el contexto de sociedades urbanas diferenciadas y desiguales como la ciudad de México, estudios empíricos sobre lo que ocurre en el espacio público muestran éste como experiencia que cambia históricamente y como un proceso conflictivo que se construye con diferencias de clase a través de percepciones y vínculos sociales entre actores con posiciones e intereses distintos, opuestos e incluso irreconciliables. Algunos ejemplos notables son las formaciones y apropiaciones físico-sociales producidas y organizadas en las calles centrales por el despliegue del comercio calle-jero; los rituales religiosos que las comunidades locales organizan y las fiestas y procesiones del santo patrono en espacios públicos de barrios y pueblos urbanos tradicionales; las celebraciones oficiales, cívicas y po-pulares de las denominadas Fiestas Patrias (Independencia y Revolución, Bicentenario), y la ocupación de calles y plazas para celebraciones depor-tivas, movilizaciones y concentraciones político-culturales impulsadas por colectivos ciudadanos, partidos políticos o movimientos sociales social.

Los fenómenos y las tendencias antagónicas que se producen en los lugares públicos nos introducen a la condición de fragilidad de la vida pública, donde se dirimen no sólo diferencias entre unos y otros, sino también conflictos urbanos que difícilmente logran soluciones socialmente incluyentes. La geografía desigual y fragmentada que distingue al espacio público coloca el tema en un lugar central en el debate sobre la ciudad, la ciudadanía y las instituciones, sobre la democracia en las formas de gestión y en la política urbana (Ramírez Kuri, 2013).

El espacio de lo público se produce en forma conflictiva, fragmentada y contradictoria, expresando los siguientes fenómenos:

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El primero lo forman la distribución, el acceso y la calidad desiguales de los lugares de encuentro que usan individuos y grupos heterogéneos social y culturalmente. Se distingue una marcada concentración en de-legaciones y localidades centrales y una dispersión de lugares públicos de escala y calidad distinta, en localidades no centrales, periféricas. La baja calidad y la carencia de espacios públicos son notables sobre todo en las delegaciones con elevados índices de marginalidad y pobreza al sur y poniente de la ciudad. En éstas es restringido el derecho de los habitantes a transformar las condiciones precarias o degradantes del entorno que habitan.

El segundo fenómeno está formado por la mercantilización y la masi-ficación de los espacios públicos. En los lugares centrales destaca por una parte la apropiación privada de calles y banquetas por establecimientos mercantiles, que se desdoblan en las banquetas y obstruyen los usos peatonales; por otra, la apropiación social de los lugares públicos por colectivos y organizaciones del comercio informal, que se reproduce en el contexto de predominio de la terciarización económica, asociada con el empleo precario y deficitario. Esta situación revela realidades urbanas que rebasan la capacidad institucional de regulación a través del marco legal y normativo, a lo que se agregan las dificultades enfrentadas para hacer efectivo el cumplimiento de la normatividad, que regula las actividades públicas y privadas.

El tercer fenómeno es la tendencia a la privatización de lo público a través de la reorganización del espacio urbano, donde el cierre de espa-cios abiertos afecta la calidad física y relacional al contribuir al aislamiento y el repliegue hacia el espacio privado, lo que debilita lo público urbano como espacio de encuentro entre miembros diferentes de la sociedad. Destaca, por un lado, el cierre para el uso privado y controlado de calles y colonias, así como la proliferación de fraccionamientos residenciales ce-rrados impulsados por agentes inmobiliarios y por particulares; por otro, el desarrollo de proyectos habitacionales y grandes centros comerciales multifuncionales que concentran en el interior actividades de comercio, servicios, cultura y entretenimiento. Esta situación que transforma la espacialidad de la vida urbana expresa el temor de diversos sectores de la sociedad ante problemas de inseguridad y el desencanto ante la con-dición de lo público, percibido como lugar de riesgo y de convergencia de conflictos urbanos no resueltos, enfatizando la desconfianza entre unos y otros, diferentes y extraños entre sí. En esta situación, las deman-das legítimas de vecinos organizados se dirigen a acciones colectivas de

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cierre de lo público en calles y colonias, introduciendo mecanismos de control y vigilancia para proveer seguridad (Duhau y Giglia, 2008; Cal-deira, 2000). El énfasis de la desconfianza hacia los extraños estimula prácticas de exclusión de actores en condiciones de vulnerabilidad social y marginalidad, como los grupos que sufren adicciones, los jóvenes, los vendedores ambulantes, los sin casa.

El uso del espacio público como mecanismo funcional para facilitar el movimiento a través del uso del automóvil particular ha provocado en la ciudad de México la privatización de la calle y de la vía pública, transformada en espacio de circulación donde se imponen la velocidad de movimiento y el estacionamiento de vehículos en calles y banquetas. El dominio del automóvil privado en las formas de movilidad cotidiana se naturaliza como respuesta al predominio de vías rápidas en la estructura urbana de la ciudad frente a las opciones aún restringidas de transporte público colectivo, de transporte no motorizado en años recientes y de espacios peatonales. La libertad y la velocidad de movimiento son, como señala Sennett, un factor que debilita y anula el sentido de lo público.

En el proceso de modernización urbana acelerada que experimentó la ciudad de México en la segunda mitad del siglo xx se privilegió la libertad de movimiento a través del uso del automóvil privado en la estructura y la traza urbana moderna, subordinando el espacio público al movimiento y la circulación de vehículos. El uso privado de lo público también apa-rece en la imagen urbana de la ciudad a través del despliegue en calles y avenidas de propaganda comercial en bardas, postes, semáforos, ca-setas telefónicas, plazas públicas y edificios, promovida por empresas comerciales privadas de espectáculos, telefonía, farmacéutica, tiendas departamentales y centros comerciales, entre otras representaciones de marcas, gustos y estilos de vida. La propaganda política contratada a empresas privadas contribuye a esta situación.

Estos fenómenos en la ciudad de México nos proponen profundizar en las transformaciones históricas y socioculturales de la vida pública, consi-derando las creencias, las aspiraciones y los mitos que Sennett propone para analizar las ciudades occidentales, con énfasis en tres cuestiones que contribuyen al debilitamiento del espacio público. La primera es que el sentido trascendente de lo público es desplazado por el proceso de secu- larización de la sociedad y por el desarrollo de la personalidad como creencia central contextualizada espacio-temporalmente. Este tránsi- to de la trascendencia a la inmanencia como principio del conocimiento secular coloca a la persona, a las apariencias en público y al hecho social

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como expresión concreta e inmediata de la realidad (Sennett, 2011). Mientras el capitalismo industrial desgasta el sentido de la vida pública como esfera moralmente legítima, la secularización debilita lo público al colocar la vida privada personal y familiar en un lugar privilegiado de la experiencia social y sensorial. El dominio privado, la familia, se transforma en referente idealizado de intimidad, de estabilidad y de mora- lidad. La segunda cuestión es la transformación de la conducta social en las relaciones entre extraños en el espacio público, “la idea de no hablarse entre ellos”, y con esta práctica social, la defensa del “derecho público al silencio”, a transitar solo, al “aislamiento en medio de la visibilidad de los otros” (Sennett, 2011: 44). La tercera cuestión es la tendencia a la subordinación de lo público a lo privado, que cruza diversas inter-pretaciones y debates posteriores sobre el debilitamiento, el declive y la muerte del espacio público.

Una de las preocupaciones centrales en la obra de Sennett es la tendencia a sentirse ajeno al destino de los demás, lo que limita la cons- trucción del sentido cívico de lo público, que históricamente ha signifi-cado “un destino entrelazado con otros, un cruce de suertes” (Sennett, 2011: 393). Esta condición se expresa en las grandes ciudades capitales, donde en la actualidad coexiste lo público real, definido por el movi-miento continuo y rápido de vehículos, de personas y de interacciones que se producen en el espacio de lugares, con lo público virtual, que se produce de manera vertiginosa y simultánea en el ciberespacio, flujos de información y comunicación, mensajes y símbolos (Castells, 1998, 2014). En la ciudad de México, estas cuestiones aportan claves para la compren-sión y el análisis de la vida pública a la luz de las marcadas diferencias y desigualdades sociales y de poder existentes en las relaciones entre los actores sociales e institucionales que aparecen como prácticas sociales en el espacio público, y que muestran formas distintas y desiguales de ciudadanía.

el esPacio de lo Público desde las Prácticas sociales4

La urbanización acelerada ocurrida en las últimas décadas ha convertido a las ciudades en centros estratégicos de actividad económica mundial y de

4 En el desarrollo de este apartado se recupera información de primera mano, así como resultados de la investigación que he desarrollado los últimos años, junto con fuentes bibliográficas propias y de otros autores que se citan en el texto.

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movilización de transacciones a gran escala. En el contexto del orden eco-nómico de capitalismo flexible, caracterizado por procesos de desarrollo geográfico desigual que transforman la producción y la organización social del espacio urbano, se distinguen entre los efectos políticos y sociales: la precarización de las condiciones de empleo, que complejizan las formas de organización laboral; los flujos migratorios a escala mundial, que introducen mayor diversidad étnica, religiosa, racial y cultural; el papel limitado del Estado frente a la sociedad; el impulso de democratización geopolítica, la descentralización del poder y la creación de nuevos poderes periféricos (Harvey, 2000). ¿Cómo se expresan estos efectos en ciudades como la nuestra en México y en América Latina?

En el espacio local de la ciudad de México, estos procesos transforman el orden social urbano y la vida pública, impulsan formas de participación ciudadana y enfatizan las tensiones, disputas y conflictos por los derechos socioculturales, políticos y urbanos en los lugares que habita la gente, y adquieren —aunque no siempre— importancia mediática al difundirse en el ciberespacio y en medios masivos de comunicación y redes sociales que tienen alcance local, nacional y mundial. Las tensiones y los conflictos se concentran y despliegan principalmente en los espacios públicos de centralidades estratégicas históricas y modernas de la capital. Expresan tanto el uso social y político del espacio público para reivindicación de demandas locales, regionales y nacionales, disputas para el desarrollo de actividades mercantiles y de empleo informal asociado con formas de consumo masivo social y cultural, como la oposición de distintos grupos y actores sociales locales ante los efectos no deseados del desarrollo de proyectos urbanos e inmobiliarios de gran escala, producto de acuerdos público-privados.

Estos desarrollos introducen cambios en los usos y funciones del entorno construido local, alteran el significado del lugar y desplazan a grupos sociales vulnerables. El malestar social que estas intervenciones generan tiene que ver con la falta de información pública sobre los pro-yectos y su impacto en el entorno local, y con la ausencia de consulta a la sociedad local sobre las transformaciones proyectadas. Esta situación provoca movilizaciones en favor de la legalidad y en demanda de meca-nismos democráticos en la toma de decisiones sobre cambios urbanos que atraen grandes inversiones pero afectan la calidad de vida de residentes y usuarios.

Entre las prácticas sociales representativas de esta situación, menciono en forma esquemática tres inscritas en la línea de investigación que de-

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sarrollo sobre el espacio público, tema de este artículo. La primera es la que impulsan los actores de la informalidad como práctica generadora de ingresos a través de intercambios comerciales de bienes y de servicios. La segunda es la que impulsan actores políticos y sociales a través del uso de la calle y la plaza por grupos sociales distintos, como espacio político de encuentro y movilización en favor de la reivindicación de la diferencia y de los derechos urbanos. La tercera es la que impulsan comunidades locales de los pueblos urbanos dispersos en la capital, como actores colectivos que reproducen tradiciones socioculturales en los lugares públicos.

1. Las prácticas sociales promovidas por actores del comercio informal impul-san el desarrollo de funciones y actividades de intercambio mercantil y de servicios, generadoras de empleo y subempleo informal, no regulado, que provee ingresos básicos o adicionales a diferentes grupos sociales, desiguales entre sí, distintos en edad, género, estructura familiar, capa-cidades, religión y origen. Estos actores usan el espacio público como lugar de trabajo articulado con la vida cotidiana, viven de él a través del intercambio comercial que se despliega en calles, plazas y avenidas de la ciudad, como ambulantes o en puestos fijos o semifijos. Estas prácticas se distinguen no sólo por organizarse en forma corporativa con rela-ciones sociales y de poder asimétricas entre los participantes, sino por desarrollarse en forma irregular, al margen del marco legal y carentes de compromisos contractuales, en el contexto de una sociedad urbana que tiende a la institucionalización (Portes, Castells y Benton, 1989). También se distinguen por mostrar algunos de los efectos sociales del predomi-nio del libre mercado en el contexto del orden económico neoliberal, como las formas de flexibilidad laboral y de empleo precario, carente de derechos para quienes lo desarrollan, e inscrito en la tendencia al predominio de actividades terciarias. Estas prácticas sociales impulsadas por procesos locales y globales se producen en el espacio urbano de la ciudad mostrando algunos de los efectos de los ajustes estructurales en la economía, expresan la búsqueda de formas alternativas de trabajo e ingreso de grupos sociales que, frente a una situación de desventaja, vulnerabilidad o exclusión del mercado de trabajo formal —profesional, técnico, operativo, artesanal, comercial o de servicios—, han optado por incorporarse al mercado informal, desprovistos de derechos laborales. La expansión de la informalidad se despliega en el espacio público y genera formaciones físico-sociales concentradoras de actividad comercial

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que promueve una oferta muy diversa de bienes y artículos de consumo a bajo costo (Cross, 2005; Ramírez Kuri, 2009, 2013).

En el último cuarto de siglo se han incrementado en forma notable las prácticas comerciales formales e informales en la capital del país, particularmente en centros históricos y en centralidades modernas.5 En 2013, el Sistema de Comercio en Vía Pública (Siscovip) presentó una cifra de 1 204 046 personas en calidad de trabajadores independientes, de los cuales 190 000 se encuentran oficialmente registrados como co-merciantes ambulantes en vía pública. Este dato representa sólo 16% de las personas que trabajan en la informalidad en la ciudad de México, lo que permite observar tanto el crecimiento acelerado de este fenóme-no como la imprecisión en las cifras oficiales6 (Ramírez Kuri, 2013). El caso más emblemático es el del Centro Histórico de la capital, donde desde 1989 la política urbana ha puesto en práctica un conjunto de programas, estrategias y acciones orientados a revalorizar el patrimonio cultural urbano a través de inversiones inmobiliarias públicas y privadas para vivienda, equipamiento y servicios, y programas de desarrollo so-cioeconómico. Con el propósito de erradicar el comercio callejero en el espacio público, en la década de los años noventa se inició el proceso de reordenamiento y regulación del comercio en vía pública a partir de la introducción de la política de reubicación de los comerciantes callejeros en plazas comerciales (Ramírez Kuri, 2013).7 Un estudio reciente señala que el gobierno local del Distrito Federal consideró desde 2007 reubi-car a los comerciantes ambulantes en el oriente del Centro Histórico, la zona “menos atractiva para la inversión privada”. Dicho estudio indica que en el mismo año el número de comerciantes ascendía a 18 913 per-sonas, agrupadas en 69 organizaciones, en 35 de las cuales las mujeres son líderes (Alba Vega y Braig, 2012). La estrategia de reordenamiento y reubicación del comercio informal se apoya en la construcción y rehabi-

5 De acuerdo con cifras oficiales, en 2012, en el país, cuatro de cada 10 personas trabajaban en el sector informal, sin prestaciones. Este sector generó cuatro veces más empleos que la economía formal (La Jornada, 8 de febrero de 2012, p. 38).

6 Véase Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, Trabajadores Independientes: en el campo, cielo abierto, ambulante de casa en casa o en la calle, puestos improvisa-dos, en vehículos, propio a domicilio, puestos fijos o semifijos, lugares no especificados. inegi, segundo trimestre de 2010, y periódico La Jornada, 16 de enero de 2013, con base en datos oficiales de la Secretaría del Trabajo, Fomento y Empleo, Gobierno del Distrito Federal.

7 Véase “En marcha, el reordenamiento del ambulantaje en el Centro”, La Jornada, 8 de enero de 2003.

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litación de 36 plazas comerciales, que pretenden garantizar el retiro de la vía pública de cerca de 15 000 comerciantes informales.8

Esta política urbana ha ampliado la oferta de lugares públicos y ha colocado en la discusión académica el contenido sociopolítico y eco-nómico de la regeneración urbana de lugares histórico-patrimoniales de importancia estratégica, al favorecer acciones de mejoramiento de infraestructura, imagen urbana y calidad física de edificios históricos de valor patrimonial, calles y plazas emblemáticas para el uso peatonal en el Centro Histórico de la capital del país, como es el caso de las calles Regina, Madero y, recientemente, Moneda. La regeneración urbana en las últimas tres décadas ha introducido cambios en la morfología físico-social que se expresan, entre otras cuestiones, en la llegada paulatina de nuevos habitantes y trabajadores paralelamente a la tendencia al despla-zamiento de antiguos residentes y comerciantes pobres —que viven de la venta callejera— hacia localidades dentro y fuera del Centro Histórico; en el cambio de propietarios privados y en el incremento del valor inmo-biliario de las propiedades asociado con la introducción de nuevos usos comerciales y de servicios para usuarios con mayor poder adquisitivo; en la concurrencia de usuarios jóvenes con mayor capacidad de consumo, que socializan en nuevos bares y restaurantes; en relaciones de tensión y conflicto entre grupos de comerciantes y entre algunos grupos de co-merciantes desplazados y el gobierno de la ciudad.

2. Las prácticas sociales impulsadas por actores heterogéneos, que se movilizan a través de la apropiación colectiva del espacio público para expresar demandas ciudadanas, impulsa el resurgimiento de lo público-político, donde aparecen disputas por el acceso a los bienes públicos, por el reconocimiento de las diferencias políticas, sociales, culturales y de género, y por el derecho a transformar el lugar que se habita, entre otras cuestiones. En la última década, se distingue el auge de los usos públicos en la ciudad de México a través de múltiples formas de apropiación colectiva de lugares centrales, para expresión de diferencias políticas y en denuncia de arbitrariedades vinculadas con temas de interés general,

8 Las acciones más recientes (2007-2008) de reubicación de los comerciantes en vía pública requieren vigilancia de elementos de seguridad pública para prevenir la reins-talación. En este contexto se creó la figura de Autoridad del Centro Histórico (ach), con atribuciones que abarcan desde la promoción de inversiones inmobiliarias públi-cas y privadas para vivienda, equipamiento y servicios, hasta la promoción y puesta en práctica de políticas y programas de desarrollo socioeconómico y de atención a grupos vulnerables.

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como provisión de bienes y servicios públicos (infraestructura, vivienda y seguridad), demandas laborales, sindicales, de respeto y reconocimiento a las diferencias de género, así como derechos sexuales, civiles, políticos y electorales; la inseguridad, la violencia, el cumplimiento de normas jurídicas, denuncia de formas de corrupción no erradicadas, abusos en contra de los derechos humanos, entre otros.

El uso del espacio público de la capital para expresiones político-sociales (marchas, bloqueos, concentraciones nacionales, regionales y locales), en favor de la reivindicación de derechos políticos, sociales, culturales y urbanos, es quizá la práctica más visible y polémica por su impacto urbano, mediático y en la formación de opinión pública. Es notable que de septiembre de 2009 a septiembre de 2010, de acuerdo con cifras oficiales, se realizaron 3 095 actos públicos en las calles de la ciudad, un promedio de 8.6 movilizaciones diarias.9 En los últimos años se han incrementado las expresiones públicas de rechazo a las formas de violencia y criminalidad que cruzan la vida pública del país, así como hacia la violencia de la política del Estado. Poco más de la mitad de estas movilizaciones, 52%, corresponden al ámbito federal de gobierno, mientras que 34% corresponden al Gobierno de la Ciudad de México (gdf, 2010). Un ejemplo reciente fue la expresión de malestar con la problemática del país, impulsada por las movilizaciones de grupos de jóvenes estudiantes de universidades privadas y públicas en desacuerdo con los procesos políticos que vulneran su condición de ciudadanos en relación con la frágil democracia en construcción. Estos actores sociales, que formaron el movimiento autodenominado #YoSoy132, emergie-ron en la vida pública de la ciudad ocupando calles centrales y lugares emblemáticos como el Zócalo, la avenida Reforma, el Ángel de la Inde-pendencia, la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. También, usando espacios virtuales a través de redes sociales para informar y denunciar la complicidad de intereses mediáticos de monopolios televisivos y de grupos hegemónicos-partidistas en el contexto del año electoral 2012.

Estas movilizaciones son quizá las prácticas sociales más conflictivas y controvertidas por las consecuencias políticas que expresan posiciones no sólo diferentes y opuestas, sino irreconciliables, que requieren reflexión y debate con mayor profundidad. Sin pretender ser exhaustiva, distingo por una parte el malestar legítimo de la ciudadanía que habita y se traslada

9 4º Informe de Labores de la Secretaría de Gobierno del D.F., periodo 2009-2010, pp. 45-49.

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en la capital enfrentando los efectos de los bloqueos en las formas de movilidad urbana y se opone a estas formas de comunicación y denuncia; por otra, los actores sociales que —como en el caso de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, entre otros— se pronun-cian colectivamente en los lugares centrales en reclamo de respuesta a las demandas ciudadanas legítimas planteadas a las instituciones. A esta situación, ante la cual se han propuesto regulaciones controvertidas, se agregan tanto el papel (cuestionado por diversos sectores) de los medios de comunicación, en particular los monopolios televisivos, en la formación de la opinión pública-política, como las respuestas de las insti-tuciones locales y federales que enfrentan el desafío político de contribuir a lograr soluciones socialmente sanas a los conflictos urbanos, regionales y nacionales que cuestionan a los poderes públicos del Estado y al orden económico actual.

No es propósito de este artículo analizar las sin duda relevantes dis-crepancias generadas que se abordan en distintos trabajos sobre este tema y que contribuyen al debate académico y político. En este debate interesa plantear que las movilizaciones aluden a lo que Hilda Sábato denomina “el pueblo en la calle” para referirse a la aparición pública de la gente en ésta “como la forma más directa, visible y contundente de participación” a través de la presencia física de la sociedad civil en busca de referentes comunes ante el incumplimiento de la sociedad política de contribuir a construir el bien común como problema vigente en sociedades com-plejas y plurales (Sábato, 2009: 154).

3. Prácticas sociales y rituales de los pueblos urbanos en el Distrito Federal.10 En estas comunidades locales se yuxtaponen símbolos, tradiciones y prácticas del pasado prehispánico, colonial y preindustrial que antecedió a los cambios sucesivos impulsados por la urbanización capitalista. La tierra y el parentesco son dos factores centrales que influyen en el signi-ficado de ser pueblo, en las formas de cohesión social y en las prácticas sociales que reproducen en la vida pública local las tradiciones, a través de organizaciones comunitarias. Los pueblos urbanos en la ciudad de México son heterogéneos, pero tienen en común la experiencia de los lugares públicos emblemáticos en la vida cotidiana y ritual, expresada en las celebraciones periódicas, en las fiestas patronales, que tienen como sedes las calles y las plazas, las iglesias, los atrios y los mercados (Portal y Álvarez, 2011; Ramírez Kuri, 2011).

10 Véase Álvarez, 2011.

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Investigaciones recientes muestran que en la actualidad los pueblos urbanos se pronuncian como actores colectivos que enfrentan en el es-pacio local situaciones problemáticas que los afectan como comunidad de ciudadanos (Álvarez, 2011). Estas situaciones tienden a debilitar los vínculos sociales, las relaciones de confianza entre unos y otros y hacia las instituciones, y degradan el sentido de lo público como espacio de todos. Esta situación se expresa en las formas de resistencia, cooperación, confianza y compromiso cívico y religioso entre grupos sociales diferentes que habitan barrios distintos y contiguos, y comparten problemáticas similares. Es el caso de Culhuacán, en el límite de las delegaciones Co-yoacán e Iztapalapa en el Distrito Federal (Ramírez Kuri, 2011). En la escala microgeográfica, entre originarios y avencidados entre la gente del pueblo, las colonias populares y las unidades habitacionales en condicio-nes de proximidad física, escasamente se han construido lazos sociales, relaciones de comunicación y redes de cooperación en la experiencia urbana compartida durante el último medio siglo. La condición de desigualdad no está disociada de estas realidades urbanas nuevas y preexistentes, ni de los problemas locales que han erosionado la vida pública local.

Frente a esta situación, las formas participativas y organizativas inde-pendientes impulsan la reconstrucción de lo público, resisten a los efectos des-estructurantes de la urbanización y de la modernización de la ciudad, a través de la revaloración constante del lugar y de las tradiciones, como referente de identidad social y urbana (Álvarez, 2011). Estos actores se apropian social y simbólicamente del lugar, mediante autoridades, prác-ticas y representaciones socioculturales propias, heredadas del pasado mesoamericano y del colonial católico-hispánico. También lo hacen con elementos del “liberalismo popular” del México independiente que en el siglo xix contribuye a la refundación de los pueblos (Héau y Giménez, 2005). Este proceso discontinuo se prolonga en el siglo xx, de la Revo-lución a la post-revolución; de la reforma agraria con las dotaciones de tierras ejidales y las posteriores expropiaciones de estas tierras (Azuela y Cancino, 2007) para responder a las necesidades y funciones de la urba-nización capitalista en una ciudad en expansión acelerada sustentada en un discurso modernizador. Este discurso y las acciones políticas, sociales y urbanísticas que se materializaron en el espacio urbano de estos luga-res en el curso del último siglo, fueron trasladando a los pueblos y a los poderes locales a una condición de subalternidad (Ramírez Kuri, 2011).

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No obstante que los cambios urbanos modernizadores durante el siglo xx tendieron a fragmentar las culturas y las tradiciones locales de los pueblos, éstas se han conservado hasta principios del siglo xxi. El sistema de cargos es una forma organizativa que reproduce tradiciones sociopolíticas y culturales que se ponen en escena en los sitios públicos durante las fiestas patronales, reconstruyendo la identidad basada en el lugar de pertenencia, donde convergen la memoria de la tierra y sus ciclos agrícolas, la devoción religiosa y el parentesco. La microsociedad organizada ha jugado un papel activo, entre otras cuestiones, al dar con-tinuidad a las tradiciones a través de formas organizativas que cohesionan a la comunidad. También, al denunciar los fenómenos de disolución social que ocurren en el espacio público y patrimonial local, al tomar parte en la conservación de la calidad de los lugares, y al proponer a las instituciones proyectos vinculativos y de cooperación para dar solución a algunos de los problemas que se producen en los lugares que habitan.

Es a partir de estas prácticas sociales que estos actores intervienen en la vida pública local y de la ciudad (Safa, 1998; Álvarez, 2011; Portal, 2011, Gomezcésar, 2011). Sin embargo, los pueblos urbanos en la capital del país aún enfrentan restricciones para intervenir en forma democrática en decisiones públicas que afectan el entorno que habitan. En la política institucionalizada, estos actores colectivos han tenido en el debate pú-blico una voz restringida y una capacidad de acción muy acotada para contrarrestar los efectos de los cambios urbanos en el espacio local y pa-trimonial. Estas cuestiones han debilitado la vida pública y la confianza de la ciudadanía local hacia las instituciones, y han evidenciado la tensión entre el espacio social histórico del pueblo y el espacio social producido por la urbanización del siglo xx y de la primera década del xxi. Los rasgos histórico-geográficos comunes al espacio social de los pueblos y barrios enfrentan hoy, a través de la tenacidad de la cultura y las formas organizativas y participativas, los conflictos urbanos no resueltos y las consecuencias excluyentes de la modernización y de la metropolización de la capital del país (Ramírez Kuri, 2011).

Los procesos y las prácticas sociales considerados han alterado el mapa sociocultural y han generado espacios interculturales complejos que se producen conflictivamente. Sin embargo, como señala Manuel Castells (1998), el conflicto —socialmente sano y estéticamente creativo— no es el problema principal, sino la des-conexión y la separación entre las sociedades locales y los instrumentos globales. Al pensar la ciudad como entorno social y cultural compuesto de personas desconocidas, el tema

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de la diferencia y la desigualdad continúa siendo central en el estudio de los conflictos urbanos, donde se expresan y se construyen formas dis-tintas de ciudadanía, entendida no sólo como repertorio de derechos y obligaciones, sino como el conjunto de prácticas socioculturales, jurídicas y políticas que definen el acceso pleno o limitado a los recursos de la sociedad (Turner, 1993; Ramírez Kuri, 2009).

En esta línea de reflexión, la relevancia de pensar en una política de la diferencia resurge en un mundo social y urbano que ha transitado de contextos multiculturales definidos por la yuxtaposición de etnias o grupos en una ciudad o nación, donde el desafío es aceptar la heteroge-neidad, hacia otros contextos interculturales globalizados, donde “los diferentes son lo que son en relaciones de negociación, de conflicto y de préstamos recíprocos” (García Canclini, 2004: 15). La situación revela el contenido político de lo público como espacio que une y separa a los que intervienen en su construcción dirimiendo posiciones diferentes y contrapuestas. En este proceso se observa la búsqueda de un discurso de denuncia ante problemas de desigualdad, arbitrariedad, exclusión e inseguridad, entre otros, y la reconfiguración de formas de ciudadanía políticamente activas vinculadas con acciones colectivas.

reflexión final

El espacio público revela ideas y prácticas no sólo diferentes, sino des-iguales de ciudadanía, a través de la manera como la gente se relaciona y lucha con las oportunidades y las dificultades del orden económico neoliberal. En la producción social y simbólica de la ciudad de México, el espacio público —quizá como ningún otro lugar— nos acerca a la ciudad fragmentada, a las microgeografías urbanas globales y locales que en el universo urbano expresan el carácter de clase de grupos y actores sociales heterogéneos que ponen en juego en los lugares comunes intereses, nece-sidades, deseos, prácticas sociales y simbólicas diferentes e incompatibles.

El conflicto sociocultural que surge y se espacializa en distintos lugares públicos cumple un papel cohesionador —más entre semejantes y menos entre diferentes— y hace visibles realidades urbanas inscritas en procesos locales, regionales, nacionales y mundiales. Las diferencias que se dirimen están cruzadas por el temor, la desconfianza y la estigmatización entre unos y otros, al caracterizar las posiciones políticas y sociales ante los

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problemas y demandas que expresan, así como ante las arbitrariedades y los actos de violencia que denuncian.

En esta línea de reflexión, el espacio de lo público revela sobre todo expectativas de grupos que demandan reconocimiento e inclusión en la ciudad formal y el derecho a intervenir en la organización y trans-formación del entorno que habitan. Pareciera que en la actualidad los conflictos urbanos exhiben la existencia de ciudadanías divididas, con códigos diferentes de compromiso cívico e ideas discrepantes de lo que significa el derecho a la ciudad.

En los conflictos urbanos que distinguen a la construcción social de lo público se aprecia la polarización de posiciones entre actores sociales e incluso la fractura de las relaciones entre ciudadanos y entre éstos y las instituciones. Esta situación debilita el sentido de lo público como espacio político y como lugar de comunicación entre diferentes actores, frente a problemas comunes que requieren respuestas incluyentes en lo social, lo urbano, lo político y lo cultural.

En este contexto surgen formas de expresión, de organización y de participación que generan sinergias sociales asociadas con la reivindica-ción de derechos, que en algunos casos han comenzado a transformar el marco legal. Lo público enfrenta en la actualidad el desafío de construir propósitos comunes y vínculos de compromiso cívico entre diferentes actores que intervienen en su construcción. Pareciera que en la ciudad latinoamericana lo público resurge con la participación de distintos actores sociales que buscan espacios de inclusión, de solidaridad y de participación que puedan transformar los códigos y las prácticas predo-minantes en la vida pública y en la cultura política, para contrarrestar los efectos fragmentadores de los procesos urbanos. Por ello, el espacio público se plantea como el desafío de una política de la diferencia capaz de estimular la reconstrucción de lo colectivo, de reconocer y resolver los conflictos urbanos interculturales, sociales y políticos.

La condición actual de los espacios públicos revela que la pluralidad de expresiones y la reunión de miembros diferentes de la sociedad urbana no produce por sí misma integración, inclusión y relaciones democráticas. La concepción de lo público como el espacio de todos abre el debate aca-démico y político sobre el reconocimiento de que los diferentes actores que intervienen en su construcción usan diversas formas de comunicación y de acción que tienen que ver con la reivindicación de la pluralidad, con la denuncia de la desigualdad y con la capacidad de la ciudad y las

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instituciones para responder a las demandas y a los derechos diferencia-dos de la ciudadanía.

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Recibido: 3 de noviembre de 2013

Aceptado: 3 de octubre de 2014

Palabras clave: bioseguridad, maíz, contaminación, políticas públicas, ciencia, transgénicos.Key words: biosafety, corn, pollution, public policies, science, transgenic crops.

En enero de 2013, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó un importante volumen titulado Late Lessons From Early Warnings (Lecciones tardías de alertas tempranas), en el que se detallaban

diversos estudios de caso donde el principio de precaución no se aplicó, con consecuencias dramáticas a nivel ambiental o de la salud (European

* Doctor en Sociología por la Universidad París III-Sorbonne Nouvelle. Institut des Sciences de la Comunication du Centre National de la Recherche Scientifique (iscc). Te-mas de especialización: relaciones entre saberes, medio ambiente y sociedad; biotecno-logías, gobernanza de la biodiversidad y ecologización de la agricultura. 20 Rue Berbier du Metz, 75013, París, Francia.

** Doctor en Historia por la École des Hauts Études en Sciences Sociales (ehess). Centre Alexandre Koyré d’Histoire des Sciences et des Techniques. Tema de especializa-ción: historia de las transformaciones entre ciencia, naturaleza y sociedad desde Darwin hasta hoy. 27 Rue Damesme, 75013, París, Francia. Esta investigación recibió el apoyo del programa BioTEK de la Agence Nationale de la Recherche.

La bioseguridad mexicana: una “actuación de seriedad”

Jean Foyer* y christophe Bonneuil**

Resumen: Partiendo de la problemática de la contaminación de los maíces nativos de México por transgenes, este artículo analiza la evolu-ción de las políticas mexicanas de bioseguridad. Muestra cómo el problema de la contaminación transgénica fue objeto de un proceso de “distanciamiento” por parte de varias instancias gu-bernamentales, y cómo ha sido descartado de la agenda pública. Las políticas de bioseguridad pueden analizarse como una “actuación de seriedad” porque no se articulan con ningún dispositivo concreto para controlar la disemina-ción de organismos genéticamente modificados. El análisis se enfoca en el papel ambiguo que desempeñan los actores y las instituciones cien-tíficas.


Abstract: Beginning with the problem of the contamination of native corn in Mexico by transgenes, this article analyzes the evolution of Mexican biosafety policies. It shows how the problem of transgenic contamination was subject to a process of “distancing” by various government agencies, and how it has been re-moved from the public agenda. Biosafety poli-cies can be analyzed as “serious acting” because they are not linked to any particular device to control the spread of genetically modified orga-nisms. The analysis focuses on the ambiguous role of scientific actors and institutions.

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Jean Foyer y Christophe Bonneuil

Environment Agency, 2013). A lo largo de más de 700 páginas, que van de los casos del tabaco hasta los de diferentes productos químicos (bisfenol A, pesticida dBcp, percloroetylena, berilio, cloruro de vinilio, etcétera), los autores demuestran cómo instituciones públicas de todo el mundo fallaron en la gestión de diferentes riesgos a pesar de haber recibido nu-merosas pruebas de los problemas que estaban ocurriendo. Casi al mismo tiempo que se publicaba este volumen, el nuevo gobierno mexicano tenía que responder a solicitudes de las compañías Monsanto, Pioneer y Dow acerca de la posibilidad de sembrar maíz transgénico a escala comercial en más de 2.5 millones de hectáreas. Siendo México centro de origen y diversidad de esta planta, que representa la base de la alimentación de su población, la decisión de otorgar o no estos permisos es una de las más importantes en cuanto a medio ambiente y salud se refiere.

La polémica alrededor del maíz transgénico en México parece re-presentar un caso paradigmático de controversia sociotécnica (Callon, Lascoumes y Barthes, 2001), en el cual las dimensiones científicas y políticas están intrínsecamente mezcladas y son difícilmente disociables. Tan sólo en el área de estudios sociales, ésta ya ha sido objeto de diversos análisis por parte de investigadores mexicanos y extranjeros. La alerta en cuanto a la contaminación transgénica lanzada desde las columnas de la revista Nature (Delborne, 2005), las redes de movilización social en con-tra de los organismos genéticamente modificados (ogm) (Kinchy, 2012), la política de bioseguridad (Chauvet y Gálvez, 2005; González y Chauvet, 2006; Serratos Hernández, 2008), el peritaje puesto en tela de juicio de la Comisión para la Cooperación Ambiental sobre la contaminación transgénica (McAfee, 2008) e incluso la cuestión de la contaminación ge- nética y de las posibilidades eventuales de descontaminación (Mercer y Wainwright, 2008; Wainwright y Mercer, 2009), han sido objeto de estu-dios específicos.

Después de proponer una lectura transversal de las distintas proble-máticas (Foyer, 2010), nos enfocamos aquí específicamente en aquella que presenta la contaminación transgénica1 de los maíces locales como objeto de política pública de bioseguridad. El objetivo de este trabajo es

1 Desde un punto de vista meramente técnico, debemos hablar de presencia inde-seable de transgenes en las variedades de maíces nativos pues, por falta de estudios, se desconocen los efectos reales de la misma en los maíces nativos. Por razones de claridad y porque esa presencia es generalmente percibida como una contaminación, empleamos este término a lo largo del artículo. Se entiende aquí por contaminación al paso de cons-trucciones transgénicas a las variedades de maíces locales. Esto puede ocurrir fácilmente

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La bioseguridad mexicana: “una actuación de seriedad”

proponer un análisis detallado de las políticas de bioseguridad mexicana a través de la gestión del caso de la contaminación transgénica, basa-da en la escuela francesa de la sociología de la acción pública (Muller, 2000; Lascoumes y Le Galès, 2012) y de la sociología del riesgo y de las controversias (Callon, Lascoumes y Barthe, 2001; Bonneuil y Joly, 2008; Chateauraynaud y Torny, 1999; Chateauraynaud, 2011). La constitución de este caso como objeto de políticas públicas (Cefai, 1996), la in- clusión del problema en la agenda política y los dispositivos políticos, institucionales y administrativos movilizados para tratarlo acapararán particularmente nuestra atención, siempre con la perspectiva de mostrar el papel que desempeña la ciencia en los diferentes problemas.

La hipótesis central que defendemos considera que las políticas mexi-canas de bioseguridad constituyen una política simbólica (Edelman, 1976) en la que, siguiendo la interesante tipología propuesta por Ingolfur Blüd-horn (2007), no se trata tanto de usar símbolos de manera política, sino más bien de reemplazar acciones eficientes con declaraciones o acciones muy limitadas, siguiendo una estrategia deliberada para tranquilizar al público y seguir con otra agenda prioritaria, en este caso la política agro-comercial de importación de granos con Estados Unidos. Apropiándonos la expresión de Frank Nullmeier, queremos hablar más específicamente de “actuación de seriedad” (performance of seriousness) para mostrar cómo la ciencia es un elemento fundamental de legitimidad y credibilidad en la construcción de esta política simbólica. De cierta manera, más que una so- ciología de la acción pública, proponemos aquí una sociología de la inacción pública.

Para analizar esta “actuación de seriedad”, retomamos en parte el marco teórico propuesto por el sociólogo Marc Barbier para entender el tratamiento político en Europa del problema de la encefalopatía es-pongiforme bovina (esB o “vaca loca”) durante los años noventa y 2000. Según el autor, este grave problema sanitario fue objeto de una estrategia sistemática de “distanciamiento” e incluso de una “descalendarización de la agenda” (Barbier, 2003: 242).2 Por distanciamiento se entiende aquí

a través del cruce involuntario de un maíz transgénico con un maíz local; aún más fácil-mente, ya que el maíz es una planta de polinización abierta.

2 Se puede considerar el concepto de “distanciamiento” que propone Barbier como un caso peculiar de lo que Roger W. Cobb y Marc H. Ross describen como “negación de la agenda” (agenda denial) (Cobb y Ross, 1997). Preferimos recurrir al marco teórico propuesto por Barbier para el estudio de caso que nos ocupa aquí porque, primero, el concepto de distanciamiento se refiere claramente a las estrategias para eludir un pro-

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el conjunto de diferentes estrategias políticas que consisten en eludir un problema público haciéndolo invisible, considerándolo como resuelto, redefiniéndolo como no problemático e incluso minimizándolo.

En su trabajo, Barbier distingue tres modalidades principales de distanciamiento. La primera es lo que llama “la psicologización”, que consiste en callar las opiniones críticas por su supuesta irracionalidad. La segunda es la “transformación institucional”, que constituye de cierta manera una respuesta política más o menos estratégica al problema, sin que se garantice por lo tanto un tratamiento efectivo de este último. La tercera y quizá la más interesante para nuestro estudio de caso es la que Barbier llama la “fabricación del vacío”, descrita como un intento de hacer que el asunto no exista como problema político, imponiendo una fuerte presión sobre la comunidad científica para conservar el control de la definición del problema. En el caso de México, veremos cómo se encuentran y combinan también estos procesos en la manera de tratar la contaminación transgénica por parte de las diferentes autoridades mexicanas a cargo de la bioseguridad.

A nivel metodológico, este trabajo está basado en más de 30 entre-vistas con científicos mexicanos y extranjeros que han publicado sobre el tema de la contaminación transgénica; igualmente entrevistamos a funcionarios de diferentes instancias públicas encargadas de la biosegu-ridad. También revisamos de manera sistemática publicaciones científicas y documentos administrativos acerca de la contaminación transgénica (incluso manuscritos de artículos y documentos administrativos no pu-blicados). Estas investigaciones dieron lugar a dos trabajos simétricos: el que presentamos aquí, sobre el papel de la ciencia en las políticas de bioseguridad, y otro acerca de las dimensiones políticas y culturales implícitas en las publicaciones científicas que tratan de la contaminación transgénica.3

En primera instancia, veremos cómo la contaminación transgénica se constituye como objeto de política pública a partir del descubrimiento de transgenes en las variedades locales de maíces en el estado de Oaxaca por parte de científicos de la Universidad de Berkeley. Dicho descubri-

blema que ya ha llegado a la agenda (no se le impide llegar, sino que más bien se trata de sacarlo), y segundo, Barbier está especifícamente atento al papel de los saberes cien-tíficos en las políticas públicas que analiza.

3 Este trabajo complementario trata en particular del choque entre la cultura epis-temológica de la biología molecular, dominante en la cuestión de la detección de trans-genes, con el contexto biocultural de los maíces mexicanos (Bonneuil et al., 2014).

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miento dio lugar a una publicación científica en la revista Nature que puso a prueba un marco de bioseguridad todavía frágil. Las diferentes autoridades mexicanas preocupadas por el problema tomaron esta alerta muy en serio y trataron de controlar los datos científicos sobre el asunto para atenuar la alerta y retrasar la toma de medidas.

La segunda parte del trabajo muestra de qué manera los datos cien-tíficos producidos por estas mismas autoridades se ponen al servicio de un proceso de comunicación política dirigido a tranquilizar al público sobre la cuestión de la contaminación transgénica. El problema de este flujo se encuentra minimizado en una publicación científica internacional dirigida a legitimar las políticas de bioseguridad mexicanas e incluso es negado por las autoridades agrícolas, preocupadas por no obstaculizar los movimientos transfronterizos de maíz ni los intereses comerciales del país.

La tercera parte pone en evidencia el trato legal y político-adminis-trativo del problema de la contaminación a través de la adopción de un nuevo marco de bioseguridad, con el objetivo de instaurar las condiciones para una coexistencia entre variedades transgénicas y variedades locales de maíz que trata de cerrar toda posibilidad de mantener la alerta ante la contaminación.

cuadro 1 marco institucional mexicano relativo

a los asuntos de Bioseguridad

Autoridades de medio ambiente

Autoridades de bioseguridad

Autoridades agrícolas

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) Instituto Nacional de Ecología (ine) Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio)

Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem)

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (cnBa) (1993-1999)Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica)

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controlar la alerta y la producción de datos cientíFicos (2000/2002)

A lo largo de la década de los años noventa, la cuestión de los ogm en México fue objeto de una gestión confinada al marco de un comité de especialistas mexicanos de bioseguridad formados en Estados Unidos, el Comité Nacional de Bioseguridad Agrícola (cnBa). Éste fue polarizán-dose poco a poco respecto de la cuestión de las autorizaciones del maíz transgénico. Por un lado, algunos especialistas minimizan el problema de la contaminación transgénica e insisten sobre los beneficios productivos y comerciales de los maíces transgénicos; al mismo tiempo, otra parte del comité se preocupa por los daños potenciales a la biodiversidad de los maíces mexicanos y defiende una visión fuerte del principio de precau-ción. Esta segunda perspectiva parece imponerse cuando la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) instaura en 1998 una moratoria de facto sobre las plantaciones de cultivos experimentales y comerciales de maíces transgénicos.4 Al final de 1999, parece que el gobierno mexicano considera el asunto de los riesgos de los ogm como un problema nacional, ya que decide crear una estructura intersecretarial sobre el tema, la Comisión Intersecretarial de Biosegu-ridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem). El gobierno mexicano también es uno de los primeros en firmar el protocolo internacional de Cartagena sobre bioseguridad, en mayo de 2000. Sin embargo, paralelamente, las autoridades mexicanas permitieron más y más importaciones de maíz de Estados Unidos sin que se discriminara si era transgénico o no y sin que se ejerciera ningún tipo de control sanitario ni de etiquetaje en la frontera.

Se evidenciará la fragilidad de los dispositivos de bioseguridad me-xicanos con la publicación, en noviembre de 2001, en la prestigiosa revista científica Nature, de un artículo de David Quist e Ignacio Chapela que muestra la presencia de diferentes tipos de transgenes en las variedades locales. Esta revelación era, por sí misma, suficientemente explosiva. Sin embargo, Quist y Chapela no olvidan localizar su objeto de estudio en “las montañas lejanas de Oaxaca” y durante una moratoria sobre las autorizaciones para sembrar maíz transgénico, lo cual hace suponer que “las regiones más accesibles estarán probablemente expuestas a más altas

4 Sobre las políticas de bioseguridad en el periodo de los años noventa, remitimos a Serratos Hernández, 2008.

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tasas de introducción” (Quist y Chapela, 2001: 542). Ambos investiga-dores quisieron dar máxima visibilidad a esta noticia, buscando hacerla pública a través de una revista de talla internacional y de legitimidad incontestable como lo es Nature. El sociólogo de las ciencias Jason Del-borne analiza esa voluntad de difundir de la manera más amplia posible como una estrategia de “construcción de audiencia”, en la que el control de los medios de difusión de la información es por lo menos tan impor-tante como los mismos datos científicos (Delborne, 2005: 43 y 165-170).

Quist y Chapela están conscientes del impacto científico de su descu-brimiento —el flujo genético entre plantas transgénicas y no transgénicas en los paisajes agrícolas es entonces una probabilidad debatida y es-perada, pero todavía no demostrada claramente—, al igual que de su impacto sociopolítico. La existencia de una contaminación transgénica cuestiona de manera directa la eficiencia de las políticas de bioseguridad mexicanas que pretendían proteger el centro de origen y diversidad del maíz. Aun antes de su publicación, el artículo provoca una tormenta en las instituciones responsables de la bioseguridad, ya que la contaminación transgénica pasa de ser un problema potencial a un problema actual, al cual hay que responder de manera urgente.

De manera paralela al proceso de revisión de su artículo, que durará cerca de ocho meses, de marzo a octubre de 2001, desde mayo de dicho año Chapela tuvo cuidado de poner al corriente a los responsables de las principales instituciones mexicanas en materia de medio ambiente y bioseguridad: al presidente de la Comisión Nacional para el Conoci-miento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), al presidente del Instituto Nacional de Ecología (ine) y al de la Cibiogem. El objetivo de Chapela era que estos actores no fueran tomados por sorpresa al conocer la noticia, sin que esto impidiera la publicación en Nature, que tiene por costumbre no publicar informaciones científicas que ya hayan sido objeto de una amplia difusión en la prensa general. El anuncio de esta noticia provo-cará reacciones muy diversas por parte de diferentes instituciones, que implementarán prácticamente de manera inmediata diversas estrategias de gestión de esta alerta.

La reacción más radical fue la de la Cibiogem y de su secretario, Fernando Ortiz Monasterio. Este funcionario trató de callar la alerta y después de minimizarla. Chapela afirma haber recibido presiones directas e intimidaciones de aquél para que el artículo no fuera publicado (Ignacio Chapela, entrevista personal, 24 de diciembre de 2004). Sería todavía con el mismo propósito de impedir la publicación del artículo en Nature

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que Ortiz Monasterio habría convocado a una reunión semipública a me-diados de septiembre, para anunciar él mismo la noticia de la presencia de transgenes. Frente a la obstinación de Chapela de querer publicar su artículo, la estrategia de Ortiz Monasterio habría sido entonces difundir la información que debía permanecer confidencial, porque prefería ver la noticia hecha del dominio público a través de las organizaciones o de los medios menos “prestigiosos” que la revista Nature. En estas batallas político-científicas, la respetabilidad y la credibilidad de las fuentes de información representan, efectivamente, un factor simbólico extrema-damente importante. Al comprender que su voluntad de transparencia frente a las autoridades mexicanas era instrumentalizada para “desinflar” el impacto de la noticia, arriesgando incluso la aparición de su artículo, Chapela consigue entonces la publicación de la famosa sección “News” de Nature el 27 de septiembre de 2001, en la que se anuncia por prime-ra vez la presencia de transgenes en los maíces nativos de Oaxaca y la publicación próxima de un artículo científico al respecto (Dalton, 2001). El impacto internacional es inmediato, pues se retoma esa noticia el 2 de octubre en los periódicos The New York Times (Kaesuk Yoon, 2001) y Le Monde (Kempf, 2001), lo que no impidió la aparición del artículo científico dos meses después.

Otra reacción inmediata frente al artículo de Chapela fue la de las autoridades de medio ambiente. Se trató en un primer momento de la ve- rificación por parte de la Conabio y del ine del anuncio de Chapela a través de su propio peritaje. Desde mayo de 2001, es decir, sólo algunos días después de haber sido puestos al corriente de la situación por Cha-pela, estas instituciones enviaron a la responsable de la bioseguridad en el seno del ine a recolectar maíces locales en el estado de Oaxaca. La rapidez en la reacción de las instancias del medio ambiente muestra que este problema de contaminación es tomado en serio. Entonces se decidió que se analizarían las muestras recolectadas en dos laboratorios públicos mexicanos con capacidades técnicas de llevar a cabo exitosamente la detección de transgenes. Los primeros resultados estuvieron disponibles desde finales del año 2001, casi simultáneamente a la publicación del artículo de Quist y Chapela.

Los primeros resultados son presentados por los responsables del ine y de la Conabio a finales de noviembre de 2001, durante una conferen-cia sobre ogm y medio ambiente realizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (ocde) en Estados Unidos. Esta presentación toma entonces la forma de un anuncio oficial de las instancias

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mexicanas del medio ambiente y los resultados anunciados públicamente (contaminación en 95% de las localidades y 7.6% de las pruebas) parecen confirmar claramente la presencia de transgenes a pesar de la morato-ria (Ezcurra, Ortiz y Soberón Mainero, 2002). Una versión científica de este estudio debía ser publicada rápidamente en Nature para mostrar la reactividad de las autoridades de medio ambiente y para otorgar a esta información la legitimidad científica que le faltaba. Sin embargo, por razones esencialmente metodológicas, este artículo (Álvarez-Buylla et al., 2002) será rechazado por los dictaminadores de Nature en septiembre de 2002 al mismo tiempo que la controversia contra el artículo de Cha-pela (Metz y Futerrer, 2002; Kaplinsky et al., 2002) se desencadena (Foyer, 2010). Entonces, este estudio nunca será publicado en su versión científica, pero un acuerdo formal se concretó entre el ine y los dos laboratorios de investigación (el Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autó-noma de México y el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional) para continuar los estudios reforzando la metodología.

Para responder a esta misma situación de crisis provocada por el ar-tículo de Quist y Chapela, la Secretaría de Agricultura no se quedó atrás y decidió realizar su propio peritaje, complementario al de las instancias de medio ambiente. Se creó así, en octubre de 2001, una estructura mix-ta, interdisciplinaria e interinstitucional, en la cual participan científicos pero también los responsables de la Conabio, del ine y de la Cibiogem. Sin embargo, esta instancia llamada Comité Ad Hoc5 permanece diri-gida por la Sagarpa. La reunión del 3 de octubre de 2001 fue convocada directamente por el entonces subsecretario de Agricultura, Víctor Villalo-bos Arámbula, quien seguía de cerca las actividades del Comité Ad Hoc. Uno de los encargados de los análisis genéticos confirma este interés por las actividades del comité más allá de la jerarquía de la Secretaría de Agricultura:

Sí estuvo a muy alto nivel. El secretario de Agricultura a cada rato hablaba: “¿Cómo van?” O sea, había interés. ¿Cómo iban a utilizar la información? Yo no creo que a Sagarpa le interesara un artículo científico, lo que le inte-

5 No confundir con el Grupo Ad Hoc que precedió la creación del cnBa. Este pare-cido entre los nombres está lejos de deberse al azar, ya que los principales integrantes del Grupo Ad Hoc y del cnBa participaron en las actividades del Comité Ad Hoc. Ambas instancias están ligadas igualmente de manera estrecha con la Dirección General de Salud Vegetal.

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resaba saber era cómo estaba la distribución para saber qué medidas tomar (Rafael Rivera Bustamante, entrevista personal, 13 de febrero de 2009).

El objetivo del Grupo Ad Hoc era determinar una estrategia sistemática de biomonitoreo para analizar los posibles efectos y la amplitud de la presencia de transgenes en los maíces locales (Comité Ad Hoc, 2001) en los estados de Oaxaca y Puebla, donde se llevaba a cabo una amplia re- colección de maíz. Las muestras serían analizadas y los primeros resul-tados de los análisis estarían disponibles a finales de 2002. Parecerían alarmantes a priori, ya que los resultados fueron positivos en 40% de las parcelas recolectadas. A pesar de la importancia de estos resultados, se hicieron públicos a través de una lacónica presentación por parte del presidente del Grupo Ad Hoc durante el Séptimo Simposio Internacional de Beijing, el 13 de octubre de 2002. El documento oficial que retoma este artículo es de una sola página, y aunque reconoce que “transgenes como Cry1A pueden ser encontrados ampliamente en especies nativas del estado de Oaxaca”, no proporciona estimación alguna sobre la frecuencia de los transgenes y prefiere hacer notar la ausencia de efectos notables sobre los fenotipos de los maíces locales (Álvarez Morales, 2002: 65).

El reporte del 14 de noviembre de 2002 al gobierno, que presentaba una estimación de 40% de las parcelas en las cuales los transgenes ha-bían sido detectados y preconizaba el seguimiento de las investigaciones, permaneció desde luego confidencial. Sin embargo, en octubre de 2001, durante la segunda reunión, los miembros del Comité Ad Hoc reco-mendaron al subsecretario de Agricultura, Manuel Villalobos, que fuera “implementado dentro de la página Internet de la Sagarpa un sitio en el cual se mantendría informada a la sociedad sobre los avances de la presente investigación [del Comité Ad Hoc] y que ese sitio fuera único y oficial para la publicación de la información” (Álvarez Morales, 2001: 3). Esta petición de transparencia de parte de los miembros del Comité no fue escuchada por las autoridades mexicanas. Éstas son las primeras ambigüedades de una estrategia de comunicación selectiva.

Se comprende entonces que la alerta lanzada por Quist y Chapela fue-ra tomada muy en serio por las diferentes instancias a cargo de la cuestión de la bioseguridad en México, ya que incluso antes de la publicación en Nature dos iniciativas de recolección y análisis fueron realizadas por las autoridades mexicanas de medio ambiente y agricultura para verificar la información. Las autoridades mexicanas parecían querer mostrar que no estaban siendo tomadas por sorpresa por ese anuncio, que ponía en tela

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de juicio radicalmente la bioseguridad del maíz. Sin embargo, las formas de gestión de la alerta divergían en función de las diferentes instan-cias gubernamentales. La dirección de la Cibiogen buscaba en primera lugar acallar o al menos aislar la información de la presencia de trans-genes; las instancias de medio ambiente desplegaban cierta energía para confirmar la presencia de transgenes y para dar a conocer esta noticia al público. Las instancias agrícolas se mostraron en general más ambiguas, utilizando medios importantes de información sobre esta situación de contaminación transgénica, sin por ello desear que fuera conocida del público. Se verá en las siguientes páginas cómo las políticas de bioseguri-dad convergirán poco a poco alrededor del control de la información y de un acuerdo sobre la coexistencia entre producción de ogm y producción de maíces locales.

FaBricar el vacío

La bioseguridad de la Semarnat: publicar para sanear

Se ha visto que el ine y la Conabio decidieron proseguir con las investiga-ciones sobre la presencia de transgenes en el estado de Oaxaca, después del rechazo del artículo por Nature en 2002. Debido a esto, la responsable del ine empezó a desconfiar de los resultados de los laboratorios públicos mexicanos y prefirió llevar a cabo otro esfuerzo de recolección-aná- lisis con un laboratorio estadounidense especializado en la detección, del cual los estándares de calidad e independencia6 son reconocidos a nivel mundial. Basada en nuevas recolecciones en 2003 y 2004 y sobre los análisis de Genetic id, esta investigación será objeto de una publicación muy difundida en la prestigiosa revista Proceedings of The Natural Academy of Science (pnas) en junio de 2005. Desde luego, el artículo reportaba una “ausencia de transgenes detectables en las variedades locales de maíz de Oaxaca” (Ortiz García et al., 2005: 12238). Antes de llegar a esta conclusión, los autores toman diferentes precauciones: hacen notar que sus resultados no contradicen los datos iniciales de Quist y Chapela, ya que no pertenecen al mismo año; reconocen también que “aunque ningún reporte del gobierno mexicano revisado (revisión por pares) haya

6 Genetic id forjó en 2001 su reputación de independencia confirmando la presen-cia del ogm Starlink, prohibido para el consumo humano, en los productos distribuidos por Kraft Foods.

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sido publicado en las revistas científicas, la presencia de transgenes en Oaxaca era ampliamente conocida” (Ibid.: 12239), y previenen que esos resultados no podrían ser extrapolados hacia otras regiones. Entonces, partiendo del principio que los transgenes efectivamente estaban pre-sentes en 2001 en esta región, los resultados presentados sugieren que éstos habrían desaparecido.

El impacto científico y político del artículo es considerable. A pesar de los elementos de prudencia que acabamos de evocar, este texto es mencionado constantemente en las discusiones como el símbolo de la desaparición de transgenes en Oaxaca y, más aún, en todo México. Una nota en Nature tiene como título “Four years on, no transgenes found in Mexican maize” (Marris, 2005: 760) y otra en Science, “Calming fears, no foreign genes found in Mexican maize” (Kaiser, 2005: 1000). El comenta-rio de Peter Raven, director del Jardín Botánico de Saint Louis Missouri,7 en la revista pnas presenta el estudio de Ortiz García et al. como un “aná-lisis espectacular” (outstanding analyse) (Raven, 2005: 13003); sin embargo, explica que la cuestión de saber si los transgenes están presentes o no en el centro del origen mexicano no tiene importancia en realidad, ya que la tecnología transgénica es segura. Además, Raven aconseja explicar las ventajas agronómicas de esta tecnología a los campesinos mexicanos. Las respuestas en forma de artículos científicos8 al de Ortiz García et al. son más críticas, sobre todo en cuanto a los métodos de recolección utilizados (Cleveland et al., 2005; Soleri et al., 2006), pero el eco se mantiene limi-tado y la lectura rápida que se impone entonces es la de la desaparición de transgenes, abriendo un flanco para la recuperación por parte de la industria biotecnológica.

A pesar del riesgo de recuperación, consciente pero subestimado, podemos preguntar cuál era el objetivo de tal publicación en una revista internacional. Según una de las autoras, por honestidad intelectual se habría decidido publicar estos resultados:

Desde mi punto de vista muy particular, creo que es bueno que uno publi-que lo que está encontrando. Aunque quizá no te convenga mucho porque tú habías dicho hasta ese momento que había [transgenes]. Pero creo que si eres consecuente, congruente y estás usando recursos públicos, debes

7 Peter Raven es conocido por su posición a favor de las biotecnologías agrícolas y la institución que dirige está financiada en parte por los donativos de Monsanto.

8 Se debe hacer notar que Ignacio Chapela no logrará jamás publicar su respuesta al artículo de Ortiz García et al.

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transparentar las cosas (Francisca Acevedo, entrevista personal, 21 de no-viembre de 2008).

Más allá de estas justificaciones, se pueden sin duda adelantar hipótesis más políticamente “realistas” que expliquen la elección de publicar resul-tados negativos en pnas. Desde luego, se puede pensar, como en el caso de la publicación de Chapela, que la de Ortiz García et al. respondía a una estrategia de construcción de audiencia. La elección de una publicación científica en una revista internacional como pnas responde a la voluntad de dar a sus resultados un máximo de eco, sobre todo con respecto a los reportes gubernamentales precedentes que, como lo hacen notar los autores, no han sido objeto de la famosa revisión por pares (peer review) y, por lo tanto, no cuentan con la misma legitimidad. Entonces, el eco internacional y la legitimidad científica son elementos estratégicos en esta batalla acerca de la contaminación transgénica. El débil eco que recibió la publicación en Internet en 2003 de los preocupantes resultados (48.6% de muestras contenían proteínas transgénicas), obtenidos en la base de las colectas y de los análisis de las asociaciones civiles Red en Defensa del Maíz, confirma este carácter estratégico de publicar en una revista de rango internacional.

La pregunta que surge entonces es por qué, de todos los reportes gubernamentales, únicamente aquel que presenta resultados negativos ha sido objeto de tal publicación. Otras investigaciones gubernamentales, conocidas de Ortiz García y su equipo, sugerían una presencia impor-tante de transgenes en numerosos lugares del país. Incluso, aunque los autores parezcan defenderse, está claro que la noticia de la desaparición de transgenes en Oaxaca tendía a acreditar las políticas de bioseguridad mexicanas. En efecto, las notas en Nature y Science sugieren que las po-líticas de información hacia los campesinos de la Sierra Norte dirigidas por las autoridades mexicanas de medio ambiente explicarían en parte la reversibilidad de la presencia de transgenes. Desde luego, los campesinos habrían realizado una selección negativa contra las variedades susceptibles de contener transgenes, sembrando de manera prioritaria variedades locales. De eso a concluir que las autoridades de medio ambiente aplican una política de bioseguridad coherente y que sobre el asunto de la conta-minación transgénica tienen la situación en sus manos a nivel nacional, hay sólo un paso que fácilmente un lector apurado hubiese podido dar. El efecto global de esta publicación es, entonces, haber tranquilizado la

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controversia sugiriendo que la situación de la contaminación transgénica estaba bien manejada.

También se puede interpretar esta actitud de las autoridades ambien-tales como una estrategia clásica de lo que Kent Weaver ha llamado politics of blame avoidance (Weaver, 1986): lo más importante para los encargados de las políticas públicas no es solucionar determinado problema, sino evitar que la opinión pública le eche la culpa. Al publicar un artículo científico que sugiere que el problema de la contaminación se está arre-glando, las autoridades ambientales combinan las dos primeras estrategias para evitar la culpa que define Weaver: la limitación de la agenda (para no tomar medidas costosas) y la redefinición del problema (para nublar la percepción del mismo).

La bioseguridad neoliberal de Sagarpa: “business as usual”

Por parte de las instancias agrícolas y de la Cibiogem, la cuestión del flujo transgénico sigue siendo objeto de un atento seguimiento pero con una preocupación evidente por atenuar la amplitud y los efectos, todo en un contexto más general de una política de bioseguridad cada vez más permisiva.

Se vio que los resultados de las investigaciones del Grupo Ad Hoc fueron objeto de una comunicación mínima dentro de una reunión in-ternacional en Beijing en octubre de 2002.

En ausencia de resultados sobre el tipo de transgenes presentes pero con los elevados niveles de detección de 37% en lo que concierne a las localidades y de 7.6% con respecto a las plantas analizadas (Cibiogem-Comité Ad Hoc, 2004: 3), se hubiera podido esperar una fuerte reacción de la Cibiogem y las autoridades agrícolas. Sin embargo, tanto en el plano de la comunicación como de las medidas tomadas, esta reacción fue objeto de una atención mínima.

Los resultados en cuanto a la presencia de transgenes son objeto, en todas las publicaciones, de un simple comunicado de prensa y de una conferencia en la cual el objetivo es claramente minimizar esta presencia y sus eventuales efectos. El comunicado de prensa del 13 de febrero de 2004 comienza en los siguientes términos:

El Consejo Consultivo de Bioseguridad de la Cibiogem informa que incluso aunque hemos detectado la presencia de transgenes en las muestras de maíz

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de Oaxaca y Puebla, la presencia de estos últimos disminuye con el tiempo y no existe ninguna prueba científica de que esta presencia represente un riesgo para la salud humana, los cultivos de base o la biodiversidad de nues-tro país (Cibiogem-Consejo Consultivo de Bioseguridad, 2004: 3).

Puede sorprender que este comunicado presente conclusiones en cuanto a la disminución de esta presencia y la ausencia de consecuencias a pesar de que reconoce la presencia de transgenes, mientras que el reporte del Comité Ad Hoc sobre el cual está fundamentado no menciona en ningún momento estos elementos. Para inferir la disminución de la presencia de transgenes es muy probable que la Cibiogem se haya apoyado en los primeros resultados del estudio de ine-Conabio que será publicado en pnas hasta dos años después, pero esta conclusión puede parecer muy precoz. En cuanto a la deducción de la ausencia de repercusiones, ésta no parece estar fundamentada en estudio alguno. En ningún momento el comunicado evoca las cifras del reporte del Comité Ad Hoc, que perma-necieron confidenciales. Éste prefiere subrayar la ausencia en las muestras del gen Cry9C Starlink, prohibido para el consumo humano, y precisar que el uso de las variedades agrícolas modificadas genéticamente está ahora extendido ampliamente y que “ha beneficiado a la agricultura y al medio ambiente por el hecho de la disminución considerable del uso de pesticidas” (Cibiogem-Consejo Consultivo de Bioseguridad, 2004).

Igualmente, el comunicado recuerda que México es centro de origen y diversificación del maíz por el hecho de su gran variedad de razas locales, que no están en peligro, precisa. Incluso concluye que las actividades de mejoramiento de plantas han contribuido a la conservación de la diver-sidad. Los resultados del estudio del Grupo Ad Hoc están claramente minimizados, sin ningún elemento concreto para fundamentar las con-clusiones. Vemos aquí un esfuerzo claro por no mostrar la presencia de transgenes como un problema de contaminación, sino como un asunto resuelto, algo que no es problemático, y hasta como una oportunidad.

Para entender mejor esta estrategia para negar el carácter problemá-tico de la contaminación es preciso contextualizarla en las evoluciones de las políticas de bioseguridad en México. En su comunicado, la Cibiogem recuerda “la necesidad de implementar un sistema adecuado de moni-toreo y vigilancia para mejorar las capacidades técnicas que permitan cubrir los compromisos del Protocolo de Cartagena”. Efectivamente, México ratificó el Protocolo de Cartagena sobre la bioseguridad el 30 de abril de 2002 y éste entró en vigor el 11 de septiembre de 2003, con

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la dificultad para México de tener que aplicar un protocolo que sus principales socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, no ratificaron. Para adecuar el Tratado de Libre Comercio (tlc) con el Protocolo de Cartagena, las secretarías de Agricultura de México, Canadá y Estados Unidos se pusieron de acuerdo sobre la implementación de la North American Biotechnology Initiative (naBi), de la cual el primer objetivo es “promover y facilitar el uso de la biotecnología agrícola en América del Norte” (Villalobos, 2008: 98). Defendida por las autoridades mexicanas como la aplicación del Protocolo de Cartagena,9 la firma en el marco de la naBi de un acuerdo en octubre de 2003 concerniente a la docu-mentación requerida para los movimientos transfronterizos de ogm fue denunciada, al contrario, como “el tlc transgénico” por los opositores mexicanos de los ogm. Manuel Villalobos, uno de los creadores de este acuerdo, rechaza las acusaciones de los militantes pero confirma la visión muy liberal de la bioseguridad que refleja.

La gente que se opone a las biotecnologías fue muy agresiva en contra de este acuerdo trilateral. Trataron de convencer a la opinión pública de que no era suficiente y de que se hizo sin consulta previa, que era confuso. Luis Usabiaga y yo mismo fuimos involucrados en todas esas demandas, pero nuestra principal idea era procurar parar las importaciones de maíz. En esos años, importábamos casi 10 millones de toneladas anualmente y sabía-mos que cierta proporción era transgénica porque nunca pedimos la segre-gación. No la pedimos a causa del costo que representa (Manuel Villalobos, entrevista personal, 27 de marzo de 2009).

El objetivo principal de la naBi y de este acuerdo es que la bioseguridad no represente un obstáculo para la comercialización y las importaciones de maíz a México. Corresponde a una visión pragmática y liberal según la cual México no tiene los recursos humanos ni financieros para instaurar un control eficaz de sus importaciones de maíz, de las cuales una parte creciente y mayoritaria es transgénica. Ausencia de etiquetaje, permisi-vidad legal y carencia de un dispositivo concreto para implementar las políticas de bioseguridad, en nombre de un pragmatismo administrativo, una preocupación económica y una voluntad de asumir el no afectar

9 El primer párrafo del artículo 24 prevé que “los movimientos transfronterizos de organismos vivos modificados entre Partes y Estados que no son Partes deberán ser com-patibles con el objetivo del presente Protocolo. Las Partes podrán concertar acuerdos y arreglos bilaterales, regionales y multilaterales con Estados que no son Partes en relación con esos movimientos transfronterizos” (Protocolo de Cartagena, 2000).

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el comercio internacional, parecen ser los principios del enfoque de la bioseguridad en el marco de la naBi y la Sagarpa.

Después de haber tranquilizado al público sobre los peligros de la con-taminación transgénica y haber asegurado la fluidez de las importaciones de maíces ogm, las autoridades mexicanas agrícolas y de bioseguridad lógicamente quieren romper el último candado que impide el desarrollo de biotecnologías agrícolas en México. El objetivo es, entonces, quitar la moratoria y asegurar la posibilidad de producir maíz transgénico.

estaBilizar el proBlema en un marco legal e institucional

Después de las publicaciones controladas de los esfuerzos guberna-mentales de biomonitoreo, la cuestión de la contaminación transgénica será objeto de un trato político particular en el marco de una nueva legislación sobre la bioseguridad, en la cual las autoridades mexicanas parecen ponerse de acuerdo poco a poco sobre el principio de organizar la coexistencia entre variedades ogm y variedades locales. A pesar de las nuevas publicaciones científicas que muestran claramente la presencia de transgenes en las variedades locales en el conjunto del territorio mexi-cano, la cuestión de la contaminación más bien parece ser objeto de una atención marginal por parte de las autoridades mexicanas.

El trato legal de la contaminación transgénica o la implementación de la coexistencia

Se supone que desde febrero de 2005 la cuestión del flujo de transgenes está considerada por la nueva Ley de Bioseguridad de Organismos Gené-ticamente Modificados (lBogm). Esta ley fue redactada en conjunto por la Academia Mexicana de Ciencias (amc) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Ha sido objeto de fuertes controversias a nivel social (Foyer, 2010) y tensas negociaciones entre diferentes instituciones mexicanas. Por parte de las autoridades mexicanas, la aprobación de esta ley propició cierto juego de poder entre la Sagarpa y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre la cuestión de la atribución de las competencias en cuestiones de bioseguridad. A pesar de las numerosas críticas realizadas a ese texto en cuanto a omisiones e imprecisiones, los representantes de la Semarnat defienden este proyecto por las importantes prerrogativas otorgadas a las instituciones de medio

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ambiente, especialmente en lo que concierne a la posibilidad otorgada a dicha secretaría en el artículo 66, de emitir opiniones obligatorias sobre las liberaciones en el medio ambiente de ogm en el dominio de compe-tencia de la Sagarpa. Este artículo parece haber sido obtenido por los miembros del sector ambiental al cabo de negociaciones intensas y signi-fica claramente una ventaja mayor de la Semarnat sobre las instituciones agrícolas. José Luis Solleiro, representante de empresas de biotecnolo-gías agrícolas a través de la asociación AgroBio México, confirma estas divergencias de puntos de vista entre secretarías:

Las desventajas de esta ley para el sector privado tienden a situarse del lado de los mecanismos de regulación, por ejemplo, en lo que concierne a la autoridad conjunta de Sagarpa y Semarnat. Va a ser muy difícil porque tie-nen agendas diferentes en la administración actual, mantienen ciertas di-ferencias y son claramente opuestas. Asistí a reuniones en las cuales casi se agarran a golpes (José Luis Solleiro, entrevista personal, 21 de enero de 2005).

Aunque ambas secretarías coinciden en la necesidad de tranquilizar al público sobre la cuestión de la contaminación transgénica, se comprende que su respectiva preocupación sobre el asunto de los ogm permanezca divergente.

Entonces, se levanta la moratoria sobre la plantación de maíz trans-génico; sin embargo, la cuestión de la introducción de ogm en un centro de origen es tratada de manera específica en la ley. Ésta prevé el establecimiento de un régimen especial para el maíz. La ausencia de implementación de dicho régimen será el argumento principal presentado por las organizaciones de la sociedad civil, en primer lugar Green-peace, para mantener una presión legal sobre el gobierno y así impedir las autorizaciones de siembra.

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el organismo de Sagarpa encargado de dar las autorizaciones de cultivos de ogm, estará obligado a negar las autorizaciones de cultivo entre 2005 y 2006, con base en este argumento.

Más allá de las batallas jurídicas, es probable que la administración de Vicente Fox, al final del mandato, no haya querido tomar la responsabili-dad política de autorizar los primeros experimentos de maíz transgénico. Es a partir de marzo de 2008 que las cosas se aceleran verdaderamente, en especial desde un punto de vista político y legal. El nuevo gobierno del presidente Felipe Calderón (también del Partido Acción Nacional)

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parece cada vez más claramente decidido a otorgar las primeras autori-zaciones de experimentación de maíz ogm, teniendo cuidado de respetar las formas legales y la aceptabilidad medioambiental. El 27 de julio de 2008, Calderón declaró frente a la Asamblea General del Consejo Na-cional Agropecuario:

Queridos amigos, quiero decirles que tomamos las medidas necesarias para garantizar la riqueza genética de los cultivos agrícolas del país, dando una atención especial a las especies originarias de México. Estamos decididos a proteger todas las variedades de maíz local y sus parientes silvestres frente a la presencia de material transgénico pero, al mismo tiempo, sabemos la importancia de la genética y la tecnología transgénica, vital para aumentar la productividad del campo mexicano. Es por esto que varios años después de la aprobación de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamen-te Modificados, he emitido el reglamento correspondiente y trabajamos ya para dar los primeros pasos también hacia la liberación de la producción de maíz genéticamente modificado (Calderón, 2008).

Sin embargo, este reglamento parece eludir o al menos rodear el complejo tema del régimen especial del maíz, ya que el artículo 65 dice solamen-te que “el régimen especial estará formado por disposiciones jurídicas relativas a la bioseguridad que establecerá la autoridad”. Entonces, el ré-gimen especial se convierte en una serie de medidas de bioseguridad por tomar en un futuro indeterminado, y no es un texto específico del cual dependen las autorizaciones de experimentación. Desde ese momento, la vía legal y política parece abierta, sobre todo porque las autoridades agrícolas y de medio ambiente parecen estar de acuerdo en la necesidad de acelerar el proceso de autorización. Víctor Manuel Villalobos, alto funcionario de la Secretaría de Agricultura y especialista de las cuestiones de bioseguridad, explicó a propósito de los maíces transgénicos que

las autoridades de Semarnat y Sagarpa van en la misma dirección. Hay su-balternos de estas instituciones que no estarán de acuerdo. Pero yo diría que las secretarías de Agricultura y Medio Ambiente consideran que existen más beneficios que desventajas y que el riesgo puede ser controlado (Víctor Manuel Villalobos, entrevista personal, 27 de marzo de 2009).

En 2009, 34 solicitudes de experimentación concerniente a maíces ogm y provenientes de las empresas Monsanto, Pionner y Dow son presen-tadas ante el Senasica. Estas solicitudes son revisadas por la Sagarpa y la Semarnat, las que acuerdan finalmente permisos a 33 para una

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superficie total de 34 hectáreas aproximadamente (Senasica, 2010). En 2010 son 76 las solicitudes que llegan a las autoridades mexicanas. En 2011 se autorizaron 61 permisos, entre experimentales y piloto, y se re-chazaron 15 solicitudes; en 2012 se autorizaron 33 y 26 se mantuvieron en revisión (Martínez, 2013). El reto para las empresas parece pasar de la fase experimental de una producción sobre máximo una hectárea a la fase piloto precomercial. Ciertas solicitudes de Dow, en 2010, abarcaron 200 hectáreas; las superficies máximas autorizadas por las autoridades mexicanas fueron de 8.2 hectáreas, en el estado de Sinaloa.

Notamos claramente que lo esencial de estos experimentos se lleva a cabo en los estados del norte, principales productores comerciales de maíz. Parece que las autoridades mexicanas tienen la voluntad de diri-girse hacia una fragmentación del país entre el norte, donde los maíces transgénicos estarían autorizados, y el centro sur, donde las políticas de conservación de los maíces locales estarían implementadas al margen. Esta fragmentación geográfica del país disminuye probablemente el ries-go de contaminación transgénica hacia las variedades nativas, pero no lo elimina, como lo indican estudios recientes10 y opiniones de expertos de la propia Conabio (Burgeff et al., 2014).

El final de 2012, periodo de transición política entre el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, confirma esas evoluciones. Las solicitudes de Monsanto y Pioneer abarcaban más de dos millones de hectáreas en el norte del país, lo que confirmaba la voluntad de las empresas de pasar a una fase comercial. Aunque el gobierno panista saliente parecía querer dejar la decisión final al propio pri, éste facilitó la apertura a los cultivos comerciales de maíz transgénico, consolidando el marco legal e institucional favorable a las autorizaciones.

El retorno de los transgenes

Paralelamente a estas evoluciones legales y administrativas, una nueva serie de publicaciones científicas vino a poner en evidencia el hecho de que los transgenes están lejos de haber desaparecido de las variedades locales y que la cuestión de su detección sigue siendo un problema am-

10 Un estudio reciente (Wegier et al., 2011) sobre flujo genético entre algodón trans-génico del norte del país y algodones nativos del sur sugiere que dicho flujo es casi imposible de controlar con simples estrategias de segmentación geográfica, aun con una planta cuya polinización es mucho menos abierta que la del maíz.

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pliamente sin resolver. Entre 2007 y 2009 se publicaron tres estudios de resultados positivos en diferentes estados de México.

El primero de estos estudios coordinados indica la presencia de pro-teínas transgénicas de maíz en la zona de Conservación de los Suelos del Distrito Federal (Serratos Hernández et al., 2007). En 2009, la segunda publicación de Alma Piñeyro-Nelson et al. en Molecular Ecology reavivó claramente la controversia sobre la presencia de transgenes en las varieda-des locales de maíz en Oaxaca (Piñeyro-Nelson et al., 2009b). Este estudio cuestiona explícitamente el de Ortiz García et al. en 2004. Piñeyro-Nelson y sus colegas sugieren que el fracaso de Ortiz García en la detección de transgenes puede deberse tanto a un problema de muestreo como a fal-sos negativos en los análisis de Genetic id. Efectivamente, además de los resultados presentados, el artículo propone numerosas consideraciones metodológicas para mejorar el biomonitoreo de la contaminación trans-génica, tanto a nivel del muestreo como de las técnicas de análisis.

Desde luego, el artículo de Molecular Ecology apunta hacia el problema de calibración de las técnicas de detección de Genetic id que serían, según Piñeyro-Nelson et al., adaptadas a los maíces comerciales estándar pero no a la diversidad de genomas de maíces nativos mexicanos (Bonneuil, Foyer y Wynne, 2014). Este artículo encontró cierto eco en la prensa científica internacional (Dalton, 2008, 2009) e incluso fue aplaudido por una de los coautoras del criticado artículo de Ortiz García et al. como un “trabajo destacable que resuelve contradicciones aparentes en la litera-tura científica” (Snow, 2009: 570). Por lo contrario, Bernd Shoel y John Fagan, dirigentes de Genetic id, respondieron ásperamente al artículo de Piñeyro-Nelson et al. Explicaron que la interpretación de bajo nivel de amplificación por pcr (Polymerase Chain Reaction) y los resultados positi-vos de Piñeyro-Nelson et al. eran el resultado de una mala interpretación e indicaban probablemente una contaminación en laboratorio (Shoel y Fagan, 2009). A pesar de la acumulación de datos publicados o no que mostraban la presencia de transgenes, concluían que ninguna publicación hasta ahora probaba esta presencia en los maíces mexicanos.

Esta controversia científica implica cuestiones fundamentales para la política de bioseguridad mexicana. Ocho años después de las dudas sem-bradas por Genetic id sobre los primeros resultados del laboratorio de Elena Álvarez-Buylla concernientes a la confirmación de los estudios de Quist y Chapela, surge nuevamente la pregunta de saber cuáles de entre todos los resultados son los más dignos de confianza desde el punto de vista de las autoridades mexicanas: los de una empresa estadounidense o los de

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un laboratorio público mexicano. En su artículo, Piñeyro-Nelson et al. no sólo pusieron en tela de juicio los resultados del texto de Ortiz García et al., sino también la estrategia de biomonitoreo de las autoridades de medio ambiente en su conjunto, basada en las técnicas de detección vendidas a nivel internacional por Genetic id.

Las autoridades mexicanas deben instaurar una red de biomonitoreo capaz de dar seguimiento a los posibles riesgos para el medio ambiente o la salud de la liberación de ogm, mediante financiamientos internacionales y en aplicación de la lBogm de 2005. Evidentemente, esta red su-pone una capacidad de detección en laboratorios de análisis competentes. Sin embargo, la capacidad de los laboratorios para realizar actividades de detección atraviesa, en México y de manera más general en América Latina, por un proceso de certificación internacional garantizado por Genetic id. La inadaptación de las técnicas de detección de Genetic id a los genomas de las variedades nativas de maíz mexicano significaría entonces una falla mayor en el sistema mexicano de detección. Sin em-bargo, hasta ahora las autoridades mexicanas prefieren seguir confiando en los estándares internacionales de Genetic id.11 Las consideraciones metodológicas para mejorar las técnicas de muestreo y detección en el seguimiento de los transgenes propuestos por el artículo de Piñeyro-Nelson et al. no fueron tomadas en cuenta por las autoridades mexicanas. La instauración de una red mexicana de biomonitoreo capaz de seguir en tiempo real la cuestión de la contaminación transgénica está todavía lejos de lograrse, tanto por razones técnicas como financieras. De acuerdo con las propias declaraciones de miembros de la Conabio,

México no ha implementado todavía un mecanismo eficaz para el monito-reo de la polinización cruzada y de la contaminación genética en las condi-ciones de la agricultura local, a pesar de la declaración que indica que este mecanismo ha sido instituido (Acevedo et al., 2011: 23).

A pesar de las afirmaciones de Genetic id sobre la falta de pruebas en cuanto a la presencia de transgenes en las variedades locales de maíz, un artículo de George A. Dyer et al. se publicó en mayo de 2009 en PLoS One (Dyer et al., 2009), con la participación de científicos mexicanos ya im-plicados en publicaciones precedentes. Este artículo refuerza claramente

11 Igualmente, cuando se miden los intereses comerciales que representa el mercado internacional de la certificación de los laboratorios de detección se comprende la viru-lenta respuesta de Genetic id.

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las conclusiones a propósito de la presencia de transgenes en los maíces mexicanos, ya que presenta resultados positivos para 5% de la muestra nacional obtenida en 2002 en 49 localidades de 14 de los 31 estados de México. La presencia de transgenes resulta particularmente importante en los estados del sureste y en la región centro-oeste del país. El texto propone la hipótesis según la cual el origen de la diseminación de transgenes podría provenir de granos no certificados vendidos como convencio-nales mientras que, evidentemente, una parte sería transgénica. A pesar de la amplitud de este esfuerzo de detección a nivel nacional, este artículo no suscitó ninguna reacción a nivel de las autoridades mexicanas.

Al contrario del caso de Quist y Chapela, es interesante hacer notar que los diferentes artículos científicos no logran influir en las políticas mexicanas de bioseguridad, que tienen una línea claramente definida a favor de la implementación de la coexistencia entre maíces transgénicos y maíces locales. Los principales autores de estos últimos artículos, espe-cialmente José Antonio Serratos Hernández (autor de tres de los textos y antiguo miembro del cnBa y del Grupo Ad Hoc) y Elena Álvarez-Buylla (autora de dos de los textos y responsable de los primeros análisis del ine), son científicos que habían participado en diferentes iniciativas ofi-ciales de bioseguridad antes de haber sido separados de las instancias en las cuales colaboraban. Después de Chapela, estos científicos correspon-den a la figura de lanzadores de alertas y su actividad “consiste muchas veces en ‘despertar’ a los agentes absorbidos por la rutina, inclinados naturalmente a desdramatizar o relativizar el alcance de los eventos” (Chateauraynaud y Torny, 1999: 16). Estas publicaciones coinciden con el momento en el cual las experimentaciones de los maíces ogm están en fase de ser autorizadas nuevamente. Constituyen entonces una renovación de la alerta y una tentativa de resistencia hacia el distanciamento de esta cuestión por parte de los poderes públicos, sin que por ello la alerta deje de ser tomada en cuenta por las autoridades mexicanas.

Después de haber tranquilizado al público nacional e internacional, el gobierno mexicano parece haber logrado consolidar su estrategia de distanciamiento del problema de la contaminación a través de un trata-miento institucional que, sin resolver el problema de ninguna manera, impone un enfoque particular de la bioseguridad (paradigma de la co-existencia) capaz de resistir nuevas formas de alertas científicas.

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conclusión

Hemos analizado de qué manera la cuestión de la contaminación transgé-nica se ha transformado en problema público y, posteriormente, cómo éste ha sido relegado por los poderes públicos mexicanos a través de diferentes estrategias. La alerta lanzada desde una revista internacional puso en evi-dencia los límites de la bioseguridad mexicana y, por consiguiente, obligó a las diferentes autoridades mexicanas a reaccionar: produjeron su propio peritaje para poder controlar mejor los resultados científicos e impedir nuevas formas de alerta. De hecho, las autoridades mexicanas reaccionan rápidamente a esta alerta, para atenuar a continuación la dimensión de la problemática con el objetivo de tranquilizar a la comunidad interna-cional sobre la “solidez” de las políticas de bioseguridad mexicanas y de calmar los miedos del público mexicano sobre la amplitud y los efectos de la contaminación transgénica. Para retomar los análisis de Marc Bar-bier, esta fase corresponde a una estrategia de “fabricación del vacío”, en la cual el control de la actividad científica por las autoridades traduce “un manejo de la incertidumbre […] apuntando sobre todo a tranquilizar y no a actuar de manera precautoria” (Barbier, 2003: 245).

Efectivamente, la lógica de las instituciones apunta a que “en ausencia de pruebas científicas, no sirve de nada tomar decisiones de pro-tección perturbadoras para el mercado” (Barbier, 2003). Después de esta fase de recuperación del control científico y de la comunicación, la contaminación transgénica es tratada en el contexto de una política de bioseguridad que se apoya en un nuevo marco legal en el que el objetivo es dividir el territorio nacional en zonas de producción de ogm y zonas de conservación de variedades locales. La instauración de una red de laboratorios de detección debería permitir el seguimiento permanente de flujos de transgenes. Esta fase corresponde a un manejo de la alerta ante los transgenes a través de transformaciones institucionales (Barbier, 2003) que supuestamente resolverían el problema.

Una nueva serie de publicaciones viene a mostrar una vez más la fragilidad de los dispositivos mexicanos de bioseguridad y su dimensión ampliamente simbólica. En estas diferentes estrategias de distanciamiento del problema de la contaminación pudimos ver que la ciencia representa un elemento fundamental, pues actúa como fuente de legitimidad máxi-ma. Es un artículo en Nature el que desestabiliza las políticas, y desde entonces el control de la producción de datos científicos se vuelve estra-

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tégico por parte del gobierno mexicano, para reducir el nivel de alerta y legitimar su propia acción en una gran “actuación de seriedad”.

Efectivamente, las políticas mexicanas de bioseguridad pueden ser ca-lificadas como “actuación de seriedad”, en el sentido en que no se apoyan en ningún dispositivo realmente eficaz más allá de instituciones, normas y declaraciones. Las iniciativas de bioseguridad puestas en marcha (firmas de acuerdos internacionales, creación de comisiones, publicaciones cientí-ficas, conferencias de prensa, adopción de una nueva legislación, etcétera) son antes que nada retóricas, en la medida en que tienen muy poco efecto en relación con el problema de la contaminación transgénica. Éstas en realidad no están acompañadas por la implementación de dispositivos que permitan influir en la realidad de la contaminación transgénica. La ausencia de control en las fronteras sobre las importaciones de maíz pro-veniente de Estados Unidos, la permisividad (por no decir la ausencia) de las normas de etiquetaje, la debilidad de las capacidades de detección, la ausencia de biomonitoreo que permita un seguimiento permanente de los transgenes, e incluso la imprecisión en cuanto al control de las experimentaciones en curso, permiten suponer que múltiples puntos de acceso para los transgenes se dejaron abiertos y sin control.

La debilidad de estos mecanismos de control contrasta con los pesados dispositivos de bioseguridad (construcción de infraestructuras de segrega-ción, biomonitoreo sistemático, etcétera) que se han implementado, por ejemplo, en Europa (Berthaud et al., 2013). Es posible que la importancia de los dispositivos europeos no asegure un mejor control sobre la con-taminación transgénica, ya que este fenómeno parece extremadamente difícil de contener; sin embargo, revela un enfoque relativamente basado de manera más clara en el principio de precaución. Se ha visto que esta diferencia muestra, según algunos, una falta de medios técnicos y econó-micos propios de un país en situación de transición, pero también muestra probablemente una voluntad muy realista de responder a dos agendas contradictorias: no poner trabas a los intercambios comerciales y respetar, al menos aparentemente, los estándares de la gobernanza internacional del medio ambiente. La política simbólica de bioseguridad resulta en-tonces igualmente una política realista. México hace “como si”, al firmar los protocolos internacionales, publicar en revistas internacionales, crear una ley y una comisión de bioseguridad, estuviese escrupulosamente instaurando una política pública de bioseguridad.

Sin embargo, el análisis anterior amerita matizarse, ya que no es válido para el conjunto de las instituciones mexicanas a cargo de la bioseguridad

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porque, como se ha visto, las instituciones mexicanas no forman un blo-que homogéneo y sus líneas políticas pueden divergir. Las instituciones para el medio ambiente se muestran preocupadas por parecer “buenos alumnos” de la bioseguridad a nivel internacional; incluso a pesar de que las instancias dirigentes de la Semarnat parecen partidarias de la llegada próxima de maíces transgénicos, algunas de estas instancias defienden una posición más claramente basada en el principio de precaución. Por parte de las autoridades agrícolas y la Cibiogem, la concepción de la biosegu-ridad apunta más hacia una gestión superficial de eventuales problemas relacionados con los desarrollos científicos y comerciales biotecnológicos que a una implementación de la aplicación del principio de precaución.

Después de haber asegurado las importaciones ilimitadas de maíces transgénicos, el siguiente objetivo parece ser quitar los límites a la produc-ción comercial de maíz ogm en el territorio mexicano. Así, el secretario ejecutivo de la Cibiogem, Ariel Álvarez, declaraba que México “debía atreverse a utilizar los transgénicos” (Gómez Mena, 2011), sobre todo con la perspectiva de luchar contra la sequía. En general, se debe hacer notar que a pesar de que los enfoques comerciales de la bioseguridad dominan sobre los manifiestos en términos de precaución, el hecho de que en México los maíces transgénicos no estén autorizados todavía, a más de 15 años de su primera comercialización en Estados Unidos, muestra que la relación de poder no está completamente a favor de los enfoques comerciales.12 Esta situación mexicana contrasta especialmente con la ola transgénica que ha inundado otros países latinoamericanos en transición, como Argentina o Brasil con la soya.

A pesar de estas divergencias, ninguna de las diferentes instancias mexicanas encargadas de la bioseguridad trabaja sobre lo que, más allá del tema de la presencia de transgenes, parece un tema central: el de los efectos eventuales de los transgenes en las variedades de maíz nativo. El retraso en las cuestiones de detección de transgenes ha permitido hasta

12 En octubre de 2013, un juez federal decidió otorgar una medida cautelar a fa-vor de una coalición de ambientalistas, productores y científicos que pedían paralizar la implantación experimental, piloto o comercial de maíz genéticamente modificado en México. Esa decisión jurídica ha representado un evento importante en la contro-versia acerca de los maíces transgénicos, porque ha creado una primera jurisprudencia en contra del avance de los transgénicos. En el mismo sentido, a mediados de 2014, diferentes decisiones jurídicas a favor de apicultores afectados por polen transgénico de soya prohibieron la siembra de soya transgénica en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

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ahora eludir casi por completo el tema de los efectos de la introducción de transgenes en las variedades locales, a nivel biológico o jurídico, especialmente en términos de propiedad intelectual para los pequeños productores. Ningún estudio sobre el tema de los efectos ha sido reali-zado hasta ahora.

En el momento de decidir si se deben otorgar los primeros permisos para una siembra comercial de maíz transgénico en todo el norte del país, los efectos potenciales de la contaminación transgénica representan un riesgo que rebasa de lejos las fronteras mexicanas, con el peligro de im-partir otra vez lecciones tardías de alertas tempranas.

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Recibido: 18 de diciembre de 2013


Palabras clave: moneda, convertibilidad, soberanía.Key words: currency, convertibility, sovereignty.

Son las 19:10 horas. La semana llega a su fin. Ese viernes 22 de mar-zo de 1991 habían pasado cinco días desde que Horacio Liendo1 y Juan José Llach2 se encontraran en el departamento del ministro

de Economía Juan Domingo Cavallo el 17 de marzo por la noche (Roig, 2008). Ahí se negoció el contenido de la nueva moneda, la convertibili-dad, que se presenta como proyecto de ley en el Senado. Todo fue muy rápido luego de esa noche. El martes anterior, el plan completo elabo-rado por Liendo estaba en las manos del ministro de Economía. Éste

* Doctor en Sociología Económica del Desarrollo por la École des Hauts Études en Sciences Sociales (ehess). Centro de Estudios Sociales de la Economía del Instituto de Altos Estudios Sociales-Universidad Nacional de San Martín. Temas de especialización: sociología de la moneda y del dinero, economía de los sectores populares, sociología del desarrollo. Paraná 156, 1017, Buenos Aires, Argentina.

1 Abogado, asesor jurídico de Cavallo desde el periodo de la dictadura militar (1976-1982), especialista en derecho económico.

2 Sociólogo, especialista en educación, hombre de confianza del ministro de Econo-mía mencionado.

La puesta en soberanía de la moneda: la discusión parlamentaria

AlexAndre roig*

Resumen: Este trabajo busca dar cuenta, desde la sociología económica, del proceso de la con-vertibilidad argentina como una modalidad de puesta en soberanía de la moneda. Por medio del análisis de los debates parlamentarios sobre la adopción de la ley, se estudian las lógicas y las implicaciones de una moneda creada “para siempre”, como aspiraban sus promotores. Por otro lado, se discute la idea de moneda sobera-na, cuyo modelo permite pensar formas moneta-rias con anclajes nominales y un cierto tipo de crisis asociadas.


Abstract: This paper seeks to explain, from the perspective of economic sociology, the Argenti-nean process of convertibility as a form of esta-blishing the sovereignty of currency. Through the analysis of parliamentary debates on the adoption of the law, the logic and implications of a currency created “forever,” as its promoters hoped, are studied. The idea of a sovereign currency, whose model makes it possible to en-visage monetary forms with nominal anchors and a certain type of associated crises, is also discussed.

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AlexAndre roig

lo discutió con el presidente Carlos Menem e hizo el anuncio público el miércoles 20. Ese mismo día el plan fue enviado al Congreso para su discusión en las comisiones preparatorias. Las transcripciones de las sesiones parlamentarias dan cuenta del carácter igualmente expeditivo de las discusiones que seguirán: “La reunión del Senado de la Nación se ha extendido cinco horas 22 minutos, desde las 19:10 del viernes 22 de marzo hasta las 00:32 minutos del sábado 23”; “La Cámara de Diputados ha debatido el proyecto entre las 20:14 del martes 26 de mar-zo hasta las 9:16 del miércoles 27, estando 13 horas y dos minutos de sesión continuada”. En total, 18 horas y 24 minutos de discusiones sobre dos sesiones estrictamente encuadradas por la prohibición de enmendar o de modificar el texto. Sin embargo, la convertibilidad iba a marcar una década. Una relación uno a uno con el dólar que implica un dólar en reserva por cada peso en circulación, una desindexación generalizada de la economía, la incorporación del principio nominalista al código civil y construir la nueva moneda como ley, eran los principales elementos pensados para crear una “moneda eterna” (Roig, 2007). La realización de este acto implica un doble movimiento simultáneo: la desaparición y la creación. La muerte de la moneda pasada es la condición del nacimiento de la moneda presente y esos dos actos son sincrónicos, se superponen.

Esta dimensión macabra del nacimiento de la moneda engendra un sentimiento contradictorio entre los representantes de la nación en el momento de la discusión de la ley. El senador Juan Carlos Rome- ro, encargado de defender el proyecto frente al Senado, presenta en efecto el asunto en estos términos:

En cuanto a los aspectos constitucionales de este proyecto de ley, destaco que se recupera para el Congreso de la nación una facultad perdida hace mucho tiempo. Me refiero a la que dispone el artículo 67, inciso 10, según la cual corresponde al Congreso de la Nación hacer sellar moneda, fijar su valor y el de las extranjeras. Esto debe ser apreciado en toda su dimensión, por cuanto le toca a este Congreso, por primera vez en muchos años, debatir una ley monetaria, crear en los hechos una nueva moneda y fijar el valor de la moneda nacional en relación con las extranjeras (Diario de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, dshsn: 5817).

Esta reivindicación, considerada en este fragmento como positiva, da a esta sesión legislativa, por esta prerrogativa reencontrada “por prime-ra vez en muchos años”, el estatus de un momento extraordinario y al mismo tiempo fiel a la Constitución, fundamento supremo de la legali-

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La puesta en soberanía de La moneda: La discusión parLamentaria

dad. El momento está a “la altura” de la ley y de sus pretensiones. Sin embargo, a pesar de esta toma de consideración por parte del Congreso, la exigencia del tratamiento de urgencia viene a sembrar un sentimien-to contradictorio que ciertos representantes no dejarán de expresar. Es el caso del senador radical Ricardo Laferriere, quien considera que “la importancia de este proyecto de ley queda desmerecida por la forma en que se organizó esta sesión” y justifica entonces su deseo de profundizar las discusiones por sus endebles conocimientos relativos:

El ministro de Economía es uno de los más brillantes economistas de nues-tro país, y se ha preparado durante años para entender cómo funciona la economía argentina. Seguramente habrá analizado bastante los fundamen-tos que avalan el proyecto para el correspondiente estudio, lo cual le habrá requerido más de varias horas, días y semanas. Y yo soy simplemente un senador, un ciudadano de esta República. No soy un técnico en economía y no poseo el brillo intelectual del señor ministro. Entonces, puedo pretender contar con algunas horas para analizar este proyecto en profundidad, que en mi convencimiento íntimo estoy seguro de que andará si somos capaces de ponerle la mística de la nación entera detrás (dshsn: 5830).

Detrás de este comentario aparecen, en palabras encubiertas, los tér-minos de una negociación: “Si yo no tengo el tiempo de comprender el proyecto, no podré votarlo y por ello otorgarle toda la mística de la nación”. Con esto, este senador radical expresa una división del trabajo, expresión del régimen de saber autorizado, y que implica una jerarqui-zación inversa entre el economista y el legislador. En lo que concierne a la concepción del proyecto, el economista es superior, el legislador debe tomar el tiempo de analizarlo para comprenderlo, ya que no es más que “un simple senador”. En cambio, la “mística de la nación”, de la que el proyecto debe ser cargado para que “funcione”, está en las manos de los legisladores.

Las discusiones durante esas sesiones no tienen por objeto precisar la interpretación de la ley, ya que está previsto en los artículos 9 y 12 del proyecto de la convertibilidad qué reglamentaciones posteriores serán elaboradas por el poder ejecutivo. El senador Laferriere había compren-dido mejor la lógica de esta “nueva moneda” que lo supuesto. El proyecto de ley pasa por el Congreso no en razón de cualquier restauración de la “moral democrática”, sino para dar a esta moneda un estatus “por primera vez en muchos años”: impregnarla de toda “la mística de la nación”. ¿En qué consiste esto?

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AlexAndre roig

La interpretación que proponemos de este acto es la de un sacrificio que tiene una doble dimensión. El fin de una moneda pasada (y las re-laciones sociales que se articulan alrededor de ella) y la supresión, por un acto político, el voto, de la capacidad de acción de lo político sobre la moneda. Como describiremos, este sacrificio separa la moneda de la capacidad de acción de los hombres sobre ésta: deviene sagrada, intocable por medio de una mano profana, y por ello se engalana con los atributos de la eternidad deseada el 17 de marzo por la noche.

Esta interpretación se inscribe entonces en el registro de lo religioso, y debemos precisar la razón de ser y la naturaleza de esta aproximación, que puede prestarse a confusión. Lejos de nosotros está la idea de endosar un tono denunciador o de volcarnos hacia una mezcla de imprecación y de sarcasmo. La literatura que trata sobre los economistas “neoliberales” o sobre las medidas “neoliberales” tiende a abusar, desde nuestra pers-pectiva, del recurso a las categorías de “profetas”, de “magos”, para hacer referencia a esas personas, y de lo “religioso” para calificar al discurso económico, queriendo inscribirlos de esta manera en una especie de “os-curantismo” que se opondría a la clarividencia laicizada de lo “moderno”. Pero en el caso presente, además del hecho de que en los debates entre los parlamentarios el recurso al registro religioso es explícito, adoptamos esta interpretación ya que ciertas “profecías”, aunque “racionalmente falsas”, tienen efectos concretos. Por ello, no deben ser despreciadas, sino comprendidas en sus sentidos y sus efectos. Además, y de manera más general, nos inscribimos en la interpretación durkhemiana pero sobre todo maussiana y batailleana de la presencia de lo sagrado en diferentes esferas de las sociedades llamadas “modernas”. En este sentido, nos pa-rece que las continuidades entre lo “primitivo” y lo “moderno” son más profundas que lo que pretenden nuestros contemporáneos, al punto de que esta dicotomía nos parece cada vez menos ilustrativa.

Las discusiones parlamentarias propuestas al análisis son, en este sen-tido, sorprendentes. La necesidad de explicar, justificar, atacar o defender un proyecto por parte de los legisladores pone a la luz los implícitos de la lógica monetaria. Sus dimensiones políticas, económicas y simbólicas, siguiendo la perspectiva de la topología de los social propuesta por Bruno Théret (1992), se objetivan en estas horas, y la descripción de un proce-so de sacralización (Bataille, 1967) permite iluminar los hechos sociales como totales (Mauss, 1925).

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el doble sAcrificio y lA sAcrAlizAción de lA monedA

La interpretación que proponemos puede parecer a priori sorprendente. ¿Cuál es el sentido de sacrificar una moneda que pierde día tras día su capacidad de convertirse en bien o en servicio? ¿No está ya “muerta” o tan “enferma” que un esfuerzo tal se comprobaría inútil, y por ello nuestra interpretación excesiva? Si miramos más de cerca las discusiones parlamentarias, las cosas no parecen tan simples. En efecto, lo que va a votarse, lo que este acto legislativo va a instituir por esta ley, es la imposi-bilidad de llevar adelante una política monetaria, es decir, de actuar sobre la moneda. El problema de la inflación no va a ser leído únicamente en términos de masa monetaria en circulación, sino de intervención de lo político sobre la moneda.

Debido a la experiencia de la hiperinflación, la moneda no es pensada como neutra; tal como la considera el precepto de la teoría monetarista, la moneda debe ser neutralizada. El senador Romero especifica implíci-tamente esta diferencia:

¿Qué mayor castigo se le puede haber infligido a nuestra moneda —y no entro a buscar culpables— que una continua práctica de emisión espuria, que hizo que no existiera un valor referencial? Por eso estamos fijando un tipo de cambio. Estamos obligados a hacer algo que el gobierno no estuvo haciendo, que es no emitir sin respaldo (dshsn: 5831).

Para los defensores del proyecto, el problema no está en la emisión, sino en “la emisión sin garantías” que proviene de la voluntad política. Si la emisión está ligada “automáticamente” con las reservas, no aparece en sí misma como un problema para los defensores del proyecto. El problema tiene lugar, para ellos, cuando la emisión es leída como intervención de lo político. El diputado José Luis Manzano es muy claro en ese aspecto: “Ya no se cree en las promesas porque no bastan; hasta las leyes generan dudas. Venimos aquí a anclar una referencia, a ponerle un corsé a la capacidad del Estado de emitir moneda” (dshdn: 5350).

El diputado Rafael Martínez Raymonda, igualmente de la mayoría gubernamental, lamenta que el Congreso no haya controlado la moneda durante décadas y que

dejó que el poder ejecutivo y el Banco Central de la República Argentina fueran los que dictaran las políticas monetarias y crediticias. Y así ocurrió que desde su fundación en 1935 el Banco Central nació con el pecado ori-

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ginal de un exceso de potestades que permitieron que a lo largo del tiempo se fuera deteriorando el valor de la moneda, tantas veces señalada como símbolo de la soberanía nacional (dshsn: 5292-5293).

Es necesario entonces para estos representantes algo más fuerte que una ley monetaria para “lavar” este “pecado original” de la intervención polí-tica. Como “incluso las leyes crean dudas”, lo que es necesario construir es la prohibición de toda política monetaria y las sanciones ligadas con esta prohibición. La ley instaura así el pasaje de una moneda profana a una moneda sagrada. El diputado Jesús Rodríguez expresará en un registro catastrófico y fatalista las consecuencias percibidas en este acto:

Hoy estamos encadenando el futuro a la imposibilidad de desarrollar una po-lítica monetaria, y si esto no funciona nos hallaremos en medio de una dola- rización de la economía, de un caos que involucrará al aparato productivo y al sistema financiero (dshsn: 5338).

En este sentido, no es solamente la moneda pasada la que será elimi-nada, sino igualmente lo que ella representa, la capacidad de acción sobre la moneda, objeto concreto del sacrificio realizado. Será entonces “imposible” actuar sobre la moneda y dos vías son proyectadas: el éxito o el caos.

Vemos aparecer aquí la doble dimensión de este sacrificio. Terminar con las prácticas pasadas asociadas con la moneda “enferma” para acabar con la“enfermedad”, pero al mismo tiempo advertir sobre los peligros de volver a la forma pasada. La “enfermedad” de la moneda no es, enton-ces, la inflación o la hiperinflación, que no son más que síntomas, sino la acción de lo político sobre la moneda.

En este pensamiento sobre la moneda aparece la idea según la cual ésta tiene una naturaleza atemporal, independiente de las formas his-tóricas que ha tomado y de sus nombres. Lo que traduce mejor esta concepción es el retorno afirmado al “nominalismo”, especialmente en el artículo 7 de la ley:

El deudor de una obligación de dar una suma determinada de australes cumple su obligación dando el día de su vencimiento la cantidad nomi-nalmente expresada. En ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación por precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa, haya o no mora del deudor […].

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Como lo señalará el diputado Óscar Santiago Lamberto, “el proyecto del poder ejecutivo establece el poder cancelatorio del valor nomi-nal o escrito del dinero” (dshsn: 5291). Esta concepción jurídica de la moneda parte del principio abstracto de la estabilidad permanente de ésta y, por ello, de la supremacía de la cantidad nominal sobre la varia-ción de la capacidad de una moneda de adquirir un bien. La adopción de este principio representa entonces una modificación sustancial del prin-cipio jurídico fundando el “valor del dinero” y el “valor de las cosas”.3

Los posibles efectos no escapan a los legisladores. El senador Leonar-do Grosso, de la oposición, considera en efecto que

el artículo 7 del proyecto, al pretender implantar a rajatabla el nominalismo monetario dentro de una realidad económica que es inflacionaria, constitu-ye un absurdo […]. Corren aquí parejos el voluntarismo que autoconvence al autor del proyecto de que la inclusión de una norma legal es suficiente para cambiar la realidad [y] la idea de que la sanción de normas de este tipo basta para detener la inflación (dshsn: 5843).

El senador Romero reconoce que

el nominalismo es un principio aceptable mientras la capacidad adquisitiva de la moneda se mantiene razonablemente estable. Pero cuando la infla-ción comienza a deteriorar la capacidad adquisitiva, el principio se torna totalmente injusto en perjuicio del acreedor de una suma de dinero (dshsn: 5812).

A pesar de las apariencias, esta concesión hecha a la crítica no hace más que reforzar el argumento según el cual no hay que intervenir de ningu-na manera sobre la moneda. El principio nominalista actualiza la idea de que esta intervención engendraría una injusticia. El diputado Andrés Fescina hace justamente referencia a este tema como a una “concepción ética de la moneda” (dshsn: 5338), afirmando que

la posibilidad del nominalismo en el orden contractual va a depender del gran comprometido que es el gobierno, si realmente está dispuesto a ima-ginar el futuro a través del esfuerzo y el sacrificio que en esta instancia le corresponde hacer (dshsn: 5338).

3 El principio nominalista refuerza aquí la idea de una moneda autorreferencial, es decir, cuyo valor no remite a un anclaje material, como podría ser el caso para las con-cepciones metalistas, sino a una convención en torno de la unidad de cuenta.

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Adoptando el principio nominalista, toda intervención creará inflación pero también injusticia en los contratos, sometiendo al autor de esa in-fracción monetaria a las consecuencias de su intervención: es responsable de la injusticia. El círculo vicioso de la acción política sobre la moneda es creado así: es injusta ya que produce injusticia, y esta injusticia está pro-ducida por el principio nominalista. Esta construcción es una prohibición que reglará la relación entre política y moneda. Hay una diferencia entre considerar que la inflación es producida por la intervención política y la construcción legal respecto a que esta intervención “creará injusticia” en los contratos. El principio nominalista crea una prohibición concreta sobre la base de una concepción de la inflación y de sus causas, al mismo tiempo que predice los efectos de la transgresión: el oprobio a aquel que es culpable de una injusticia. La garantía de esta prohibición no reposa sobre la intervención de un sistema penal, como lo pretendían los legisladores liberales, sino sobre la sanción potencial al conjunto de la sociedad, sobre la superposición de una crisis política a todo proceso inflacionario, sobre la creación de condiciones de una crisis total.

Tenemos aquí una dimensión central del sacrificio, que es crear una prohibición. Señalando con el dedo a quienes en el pasado han “prosti-tuido la palabra y la firma” (diputado Fescina, dshsn: 5358), los culpables de “la infame indexación”, “de la emisión bastarda”, estos “políticos” han trasgredido a través de su acción esta prohibición, que no estaba todavía establecida en derecho pero que lo era ya en los hechos económicos. Porque, como nos lo recuerda Georges Bataille, “es sagrado lo que es objeto de una prohibición” (Bataille, 1967: 75); para los defensores del proyecto, la moneda era por “naturaleza” sagrada, pero estaba mancilla-da permanentemente por “los políticos”. Esta nueva norma de derecho da a la prohibición un estatus jurídico que no poseía.

Esta sacralización de la moneda a partir de una prohibición es el fundamento de la manera de concebir la confianza que se presenta. Este “shock de confianza” que defendía Cavallo en la concepción del proyecto se reencuentra literalmente en esta idea: se trata de una confianza de shock que pretende ser instituida, que busca rechazar y atraer al mismo tiempo.

El “shock de confianza” en la moneda pasa en primer lugar por la prohibición de la intervención de lo político, resignificando así lo que es la Moneda: es Moneda ese medio de cambio que no es objeto de intervención de lo político. La “moneda pasada” de una cierta manera vuelve a perder su estatus mayúsculo de Moneda. Esta afirmación del

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nominalismo, que implica en teoría la estabilidad absoluta de los pre-cios, es considerada como el retorno de la Moneda en sí, de tal manera, como lo enuncia el diputado Lamberto, que “el hombre común no ten-ga que desprenderse de sus australes porque ellos van a valer lo mismo durante mucho tiempo; vendría a ser algo así como que los argentinos volveremos a tener Moneda” (dshsn: 5291). Así, Moneda e interven-ción política devienen antinómicas en esta concepción: no hay Moneda si hay intervención de lo político. Allí donde la moneda es presentada como eterna, la acción política se sitúa, a la inversa, en el ámbito de lo “corruptible” y en consecuencia, de lo perecedero. La moneda pasada no alcanzaba el estatus de una “verdadera” moneda, estaba “mancillada” por la intervención política.

Así, la reafirmación del nominalismo puede ser leída como el vector legal de las concepciones negociadas el 17 de marzo en el departamento de Cavallo. Inscribir la moneda en la eternidad consiste aquí en operar una separación entre la “Moneda” y los “instrumentos monetarios” o la “política monetaria”. No es la utopía de una sociedad sin moneda, como lo soñaba Friedrich Hayek (Orléan, 2006), sino la utopía de una sociedad sin política monetaria. La moneda es lo que es objeto de prohibición, lo que es sagrado y eterno; el resto es del ámbito de lo profano y de lo mortal.

Los efectos concretos de la transgresión de la prohibición no están en la pura declamación, que puede tener efectos performativos, sino que se sitúan sobre todo en los efectos cuantitativos que el principio nominalista engendra en el centro mismo de las relaciones contractuales. Si hay inter-vención de lo político, habrá inflación, y si hay inflación, por mediación del principio nominalista, los contratos se destruirán. El responsable deberá asumir todas las consecuencias.

El diagnóstico que se hace de la inflación en términos de consecuencia de la intervención del gobierno que viene a destruir el “valor de la mone-da” parte de la hipótesis que es el gobierno, y sólo él, ha intervenido en el pasado sobre la moneda. A partir de esta ley, solamente los parlamentarios tienen ahora ese poder, recuperando sus prerrogativas constitucionales, pero al mismo tiempo convirtiéndose en los únicos depositarios del poder de transgresión de la prohibición. Por esta transferencia, paradójicamen-te, el nuevo gobierno se distingue de los precedentes liberándose de la maldición, colocándola en las manos de los legisladores.

Transferencia envenenada, de un veneno inoculado por los legisla-dores mismos. Siguiendo este esquema, una sola intervención sobre la

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moneda es “válida”: la primera, la que crea “una nueva moneda”. Toda intervención posterior, no siendo más que “perversión” y “degradación” de la moneda, activaría el veneno incorporado. El solo acto legislativo liberado de la prohibición es entonces el primero, el que funda la pro-hibición. “Debe ser” el último, bajo pena de sanciones. El carácter único del acto legislativo da a este momento sacrificial toda la fuerza de la singularidad.

El legislativo recupera la capacidad única de enunciar lo que es moneda, pero no la intervención sobre ésta. No es sólo la capacidad de acción del ejecutivo sobre la moneda que es sacrificada por una ley, sino también la de la acción de los políticos en su conjunto: el sacrificante y el sacrificado se superponen en este acto. El nacimiento de la moneda está asociado con lo político, que la crea enunciándola, pero sin poder actuar sobre ella. Abandona su creación a las lógicas de las reglas que instaura, reglas que prevén las sanciones de no respeto a la no interven-ción. La moneda sale del campo de la acción “posible” de lo político que la ha creado: es separada en el nacimiento, deviene sagrada. El cuchillo sacrificial se elevará en la mano de los votantes que, poniendo fin a la moneda pasada, hacen nacer una moneda “eterna”.

Afirmando esta separación, ciertos legisladores van más allá, que-riendo reforzar el carácter intocable de la Moneda, inquietándose por el contenido del artículo 4 de la Ley 23.928:

En todo momento, las reservas de libre disponibilidad del Banco Central de la República Argentina en oro y en divisas extranjeras serán equivalentes a por lo menos el ciento por ciento (100%) de la base monetaria. Cuando las reservas se inviertan en depósitos, otras operaciones a interés, o en títulos públicos nacionales o extranjeros pagados en oro, metales preciosos, dóla-res estadounidenses u otras divisas de similar solvencia, su cómputo a los fines de esta ley se efectuará a valores de mercado.

La posibilidad de que una parte de la reservas sea en títulos nacionales, emitida entonces por el Estado, aparece para algunos como problemática. El diputado Martínez Raymonda afirma que “aunque tengamos confianza en la prudencia del gobernante, es preferible que la prudencia esté en la ley” (dshsn: 5298). El diputado Álvaro Alsogaray, manifestando su sorpresa en lo que concierne a esta medida: “Creo que se trata de una válvula de seguridad o de escape y es algo que abre muchos interrogan-tes sobre la viabilidad del plan” (dshdn: 5325). Aunque este artículo fue

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votado, estas observaciones explicitan la voluntad de separar estrictamen-te la moneda de lo político.

La insistencia en la necesidad de reducir los gastos del Estado y de llegar al equilibrio fiscal va en el mismo sentido. Esta referencia no se limita aquí a una declaración automática de un discurso neoliberal, sino que es explicitada como la causa inicial de la emisión de moneda por parte del Estado. Si la intervención de lo político es una transgresión de la prohibición de tocar la moneda y la inflación el castigo asociado, el déficit público tiene aquí estatus de tentación. En referencia al gasto público, el diputado José María Ibarbia considera que

debe irse al fondo de la cuestión, sin quedarse en meros cambios cosméti-cos. No creo en los cambios cosméticos […] si no están absolutamente des-truidas todas las naves que permiten al Estado volver a la emisión de papel moneda sin ningún respaldo (dshsn: 5341).

El senador Leopoldo Bravo precisa lo que son esas “naves”:

Si la autoridad política no reduce el gasto público inoficioso, si no sabe decir que no cuando hay que decirlo, si no se terminan los favoritismos, si no está dispuesta a imponerse ante los desbordes sindicales y económicos, si está con la mira puesta en mayor medida en las elecciones que en la recuperación global del país, entonces inútiles serán todas las leyes que podamos dictar fijando utópicas paridades (dshsn: 5304).

La separación de la moneda de lo político implica entonces, siguiendo este pasaje, una separación de lo político de otras presiones que no sean las de la “recuperación global”. Lo “social” mismo deviene una amenaza contra la cual lo político debe intervenir para proteger la moneda.

La voluntad de ubicar a “la prudencia en la ley”, el hecho de que la convertibilidad funcione sola, independientemente de la acción política, implicará que la moneda “actúe según sus propias reglas”, que se autorre-gule aunque haya sido normada y nombrada por lo político. Es porque es sagrada, es decir, separada del mundo de la acción humana, que la moneda deviene soberana. Esta soberanía no es eterna, es histórica, por-que en realidad la prohibición y las sanciones a la transgresión son una construcción social, la sacralidad desaparecería con la profanación de la acción humana. Lo que es “realmente” imposible es que esta moneda dure para siempre, pero lo que este acto legislativo funda es la posibi-lidad de que esta imposibilidad se realice. Esto se opera justamente por

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la sacralización, yendo en el sentido de esa paradoja según la cual “lo sagrado es esencialmente lo que, siendo imposible, es a pesar de todo verdad” (Bataille, 1967: 78).

Ubicar detrás de este proyecto “toda la mística de la nación” consistió concretamente en construir una prohibición, pensar posibles sanciones a toda transgresión de esa prohibición y sacrificar una capacidad de acción potencial. Catorce artículos y un voto habrán sido suficientes para separar la moneda de la acción humana. Este carácter sagrado de la moneda que toma cuerpo en la autonomía de la regla monetaria con respecto a lo político plantea el problema de su muerte. Matar la moneda, cambiarla, implica un acto legislativo y político. Ahora bien, el nacimiento de la moneda está fundado sobre “la imposibilidad teórica” de este acto de matanza. Desde un punto de vista lógico, la moneda deviene entonces “eterna”, y toda su paradoja aparece ya aquí. Esta moneda nace de la imposibilidad teórica de su propio fin. El fin de la moneda es manifes-tado y comprendido por los legisladores como el fin de lo político. La potencialidad de la crisis económica y de la crisis política se superponen en este acto a tal punto que el fin de la moneda está asociado con la posibilidad de la reproducción de lo social.

La moneda no es sólo aquí poder, es también autoridad, aproximán-dose así a lo que Bruno Théret describe como “moneda salvaje”:

La moneda salvaje está así presente en los dos niveles de la autoridad y del poder: representa la autoridad última, la vida humana que se confunde con la de la sociedad, valiendo simultáneamente en el campo del poder en tan-to que instrumento de los intercambios sociales que aseguran la reproduc-ción diaria de la sociedad. En estas condiciones, mientras que una crisis de la moneda moderna es la expresión de una crisis política (lo que no signi-fica por lo tanto que ponga necesariamente en duda los fundamentos de la soberanía) […] las monedas salvajes no plantean un tal problema sino que testimonian su solución, lo que explica […] que no puedan conocer crisis endógenas y fatales […] (Théret, 2007: 13).

Todas las prohibiciones construidas alrededor de la moneda van jus-tamente en el sentido de hacer fatal toda crisis de ésta. No porque la moneda tenga el monopolio de la representación de la autoridad, como en el caso de las monedas salvajes, sino porque funciona como si lo tu-viera. Es evidente para nosotros hoy que ninguna sociedad ha conocido una “moneda para siempre” y que la convertibilidad no podía, más que cualquier otra, alcanzar su razón de ser: la eternidad. Pero esperamos

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haber descrito al menos que la voluntad de ciertos legisladores es dar a la moneda el estatus de autoridad, de lo que escapa a la temporalidad y de lo cual depende la vida de los “mortales”. La moneda actúa entonces soberanamente.

los momentos soberAnos de lA monedA convertible

Hablar de soberanía de la moneda puede parecer sorprendente en tanto es verdad que la noción está asociada con los principios de legitimidad; en última instancia, con el poder político. Que la soberanía sea nacional, popular o territorial hace referencia a la “fuente” del poder político y a su campo de acción, y en ese sentido no está asociada más que in-directamente con la moneda. Estos principios, fruto por lo menos de cinco siglos de filosofía política, buscan despejar al poder político de sus fundamentos religiosos para crear una soberanía profana propia a un mundo autodefinido como “moderno”. Estos diferentes principios se traducirán en la estructura normativa-legal de las sociedades, bajo las formas de constituciones o de derechos fundamentales (del Estado, de la propiedad, de los pueblos, del hombre) que aparecen simultáneamente y a menudo bajo formas contradictorias en los sistemas políticos concretos que conocemos en occidente.4

Pero cuando los legisladores discuten la convertibilidad, la noción de soberanía es movilizada muchas veces alrededor de la cuestión implícita: ¿la convertibilidad es un ataque a la soberanía? En efecto, la pregunta se plantea debido a la adopción de una moneda alógena, el dólar. Y los legisladores deben cuestionarse cuál es el fundamento político de esta moneda extranjera. ¿Está conforme a la Constitución? ¿Se somete legal-mente a esta norma superior en jerarquía? La distinción, sobre la cual volveremos enseguida, entre “moneda legal” y “moneda posible” vendrá de cierta manera a resolver esta tensión. La moneda dólar será tolerada, como lo hacíamos al dejar entrar a un extranjero dentro de las murallas de las ciudades antiguas bajo el pretexto de bondades que podría atraer; esto no impedía que siguiera siendo un extranjero.

Hay, sin embargo, otra preocupación que atraviesa las discusiones parlamentarias y que hace igualmente referencia a la soberanía: el posible fracaso de la convertibilidad y la crisis que esto engendraría, especial-

4 Quiero agradecer a Bruno Théret por haberme cedido sus trabajos en curso sobre los principios de soberanía, que retomo aquí en gran parte.

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mente a nivel político. La pérdida de soberanía no está ligada aquí con la moneda dólar, sino con el hecho de la acción destructiva que la moneda puede tener sobre el conjunto de la sociedad. No estamos aquí en el ám-bito de la legitimación, sino en el de la acción y sus consecuencias: una crisis generalizada.

La soberanía no debe ser leída entonces como un principio de filo-sofía política, sino como un hecho. En este caso, es la consecuencia de la sacralización de la moneda. La soberanía no es enunciada como podría serlo la de un rey, de la nación o del pueblo: es el efecto involuntario de la sacralización de la moneda.

Para trabajar esta perspectiva, retomemos la posición de Georges Bataille sobre el tema. Aunque no encontraremos en este autor una definición unívoca de lo que es la soberanía, nos propone sin embargo un enfoque que nos parece pertinente para comprender la relación entre moneda y soberanía y sobre el cual quisiéramos fundar nuestra interpretación. Esta concepción compleja puede parecernos a veces con-tradictoria, y si bien no haremos aquí un estudio de la obra de Bataille, conviene retomar la distinción que se establece implícitamente entre “el ser soberano” y “la soberanía”.

La soberanía es una fuerza impersonal, “sin ser”, una pura entidad que puede, por momentos, ser personificada. Las soberanías son fuer-zas activas, impersonales, que cuando se personifican dotan de poder a sus depositarios. Para comprender mejor esta perspectiva, retornemos a Bataille y a la interpretación que ofrece de la literatura del Marqués de Sade.

Encerrado en su celda, prisionero como ha sido una gran parte de su vida, Sade escribe Justine. En El erotismo Bataille retoma la obra del marqués para entrar en la comprensión de la soberanía y encuentra un primer elemento de análisis en las palabras del personaje Clairwill:

Quisiera encontrar un crimen cuyo efecto perpetuo actúe, aun cuando yo no actuara más, de manera que no hubiera un solo instante de mi vida, donde, incluso al dormir, no fuera causa de un desorden cualquiera, y que ese desorden pudiera extenderse al punto que acarreara a una corrupción general o a un trastorno tan formal que, más allá de mi vida, el efecto se prolongara todavía (citado en Bataille, 1967: 192).

Llevada al extremo la lógica sadiana, no encontramos el egoísmo hedo-nista que sometería al Otro y su sufrimiento a su propio placer. El sádico no sería un utilitarista “perverso”, forma patológica de la racionalidad

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instrumental. En los límites del pensamiento de este autor, no es un ego cartesiano enfermo lo que encontramos, sino la negación de sí. El “crimen” es la fuerza que “actúa aún cuando yo no actuara más”. Hay “efectos perpetuos”. Amélie, otro personaje que retoma Bataille, dice: “Yo quiero morir solamente de esta manera: devenir muriendo, la ocasión de un crimen” (Bataille, 1967: 194). El soberano es, en Sade, el crimen en sí, cuya continuidad sobrepasa a aquel que lo comete y a aquel que lo sufre. La soberanía no se expresa más que en un momento, en la víc-tima o en el criminal, es conducida por medio del crimen o aquel que conduce el crimen.

Así, Bataille nos invita a buscar la soberanía en formas impersonales cuya personificación no puede ser más que momentánea.5 La soberanía no es más que pura fuerza actuante. Sobre la base de esta interpretación la soberanía se deduce, no se enuncia, ya que se expresa en un efecto. La soberanía no es aquí un principio sino un hecho (que puede depender de los principios pero que se diferencia de ellos).

Primera consecuencia de este enfoque de la soberanía en cuanto a la moneda de la convertibilidad: no está en el orden de la legitimación, está en el ámbito de la pura acción soberana, ella es su propia regla. No importa su naturaleza, la moneda no es por esencia soberana, ella actúa soberana e impersonalmente como consecuencia de la sacraliza-ción. “Ella” actúa siguiendo sus propias reglas, “ella” escapa a las manos profanas. Decir que la moneda es soberana no quiere decir que se sienta en un trono y que por medio de un efecto antropomórfico es dotada de voluntad. La moneda no tiene más designios establecidos que el crimen sadiano. Actúa siguiendo las reglas que le conceden sus “creadores”. Tenemos allí otra gran paradoja de la moneda de la convertibilidad. Fundada sobre una concepción que aspira a dotar a los individuos de una libertad máxima sobre la base de principios de racionalidad instrumental, se crea una moneda soberana, fuerza impersonal que opera siguiendo sus propias reglas. El mercado “autorregulador” que denuncia Karl Polanyi (1944) podría ser asimilado a esta lógica que consiste que en nombre de la neutralidad de la regla y de la racionalidad individual, fundar una entidad impersonal, por lo tanto, incontrolable, actuando soberanamente tal como un crimen sadiano.

5 Lo que es para Bataille el sentido trágico de la vida, ya que esas experiencias soberanas no hacen más que devolvernos por oposición a nuestra condición de ser no soberano, limitado y discontinuado.

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Esta forma impersonal de la acción soberana de la moneda no debe hacernos olvidar que se trata de personas que la han ubicado en esas alturas. La moneda, siendo considerada el instrumento que permitía la expresión de esa racionalidad privada, debía ser neutralizada, dando así a los precios la “estabilidad” que un pensamiento calculador exige. Cuando la “nueva cuestión económica”, la inflación, se convierte en la articuladora de los conflictos sociales (bajo las formas políticas, econó-micas y discursivas), este pensamiento puede ejercer su potencial por medio de los que son sus depositarios. La convertibilidad que, según Juan José Llach, “transforma en derecho el deseo de la gente”, será la deducción lógica de esta racionalidad. En este sentido, esta ontología utilitarista no es contradictoria con el fundamento de una “moneda so-berana”. Esta última es, de hecho, el resultado “hasta el extremo” de la lógica utilitarista.

La moneda eterna que es pensada el 17 de marzo por la noche y que es votada algunos días más tarde no tiene otras ambiciones que la de imponer ese corsé utilitarista a los intercambios económicos, haciendo los precios absolutamente previsibles, destruyendo toda posibilidad de in-tervención sobre la moneda. La soberanía de la moneda es la condición de realización del “ser soberano” liberal que es un límite a la experiencia soberana del ser batailleano. La moneda soberana de la convertibilidad se convierte entonces en una moneda hipermoderna, fundada sobre la racionalidad.

Esta colusión entre los principios de soberanía y el hecho soberano perturbará a los legisladores. Como lo remarca Luis Moisset de Espanés (1991: 52), la inquietud se apodera de los legisladores cuando asumen que se encuentran frente “al hecho del Príncipe”, un acto “extraordina-rio” e “imprevisible” que cambiará de manera retroactiva las relaciones contractuales. La cuestión de los contratos y de las deudas pasadas está evidentemente en el centro de las discusiones, teniendo en cuenta tanto el fin de los regímenes de indexación como la reafirmación del régimen nominalista. Los artículos 9 y 10, que prevén en efecto có- mo debían actualizarse los montos de los contratos, simbolizan la inter-vención sobre las relaciones jurídicas civiles y, por lo tanto, constituyen un acto soberano que engendra una cierta molestia, especialmente entre los que defendieron el proyecto de la convertibilidad desde una argu-mentación antiestatal y “liberal”. Uno de los informantes del proyecto no duda en confirmar esta inquietud:

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Al solo efecto de que quede constancia en el Diario de Sesiones, la comi-sión estima que ninguna disposición contenida en el proyecto de ley que estamos considerando puede obstar a la utilización de la teoría de la impre-visión que legisla el artículo 11986 del Código Civil por parte de quienes es-timen afectados sus derechos por aplicación del artículo 9º” (dshsn: 5385).

Dicho de otra manera, el legislador asume que este acto es el hecho del Príncipe y que serán perturbadas las relaciones contractuales. Pero el problema que se plantea aquí es saber quién es el Príncipe.

El senador Juan Ramón Aguirre Lanari hace referencia a “la intromi-sión del Estado en las relaciones contractuales” (dshsn: 5820), mientras que el senador radical Grosso pretende que “los artículos 9º y 10 coartan la libertad de contratación y llegan a afectar derechos adquiridos cuando pretenden alterar correcciones en los valores intercambiados” (dshsn: 5843). Muchas concepciones de la soberanía aparecen aquí. Para el pri-mero, la ley es instrumento de la acción del Estado. Para el segundo, los artículos de la ley son directamente los sujetos de esta “libertad de contratación” que es limitada. El desasosiego del diputado Fescina da cuenta de la profundidad de la intromisión de este aspecto:

[Este artículo] es altamente peligroso y riesgoso respecto a la estabilidad que se pretende, la perturbación de relaciones jurídicas que incorpora el artículo 9º del proyecto en estudio. No es útil, no es bueno, no es saludable, no ejerce docencia, no tiene fundamento ético. La inalterabilidad de las relaciones jurídicas está por encima de las coyunturas económicas si es que queremos restablecer estabilidad como instrumento válido, en la vida nacio-nal tanto económica como jurídicamente expresada (dshsn: 5358).

“El artículo” es “peligroso” y amenaza a la “estabilidad pretendida”. Adosado de atributos vitales de bondad y de salud, no es más solamente el instrumento técnico de un poder soberano encarnado, y toma vida en las palabras del diputado Fescina.

Bien reconocemos aquí un acto soberano que consiste en cambiar las reglas, incluso de manera retroactiva. La cuestión que se plantea, sin

6 “En los contratos bilaterales conmutativos y en los unilaterales onerosos y conmu-tativos de ejecución diferida o continuada, si la prestación a cargo de una de las par-tes se tornara excesivamente onerosa, por acontecimientos extraordinarios e imprevisi- bles, la parte perjudicada podrá demandar la resolución del contrato. El mismo princi-pio se aplicará a los contratos aleatorios cuando la excesiva onerosidad se produzca por causas extrañas al riesgo propio del contrato [...].” Esto permite considerar los casos extraordinarios y singulares.

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embargo, es saber qué es el activo. Vemos bien el estatus del contrato que deviene objeto de los efectos de este acto y, por lo tanto, es sometido al soberano, pero la duda persiste sobre la entidad que realiza este acto: ¿El redactor de la ley, los que la votan, la ley, el artículo 9º, “las coyunturas económicas” o la moneda creada por esta ley? La entidad parece, en efecto, más difícil de delimitar.

La soberanía de la moneda deviene una excepción, un momento en el que la acción soberana no está entre las manos del hombre, es una lógica actuante creada por el sacrificio. Si, como lo hemos visto, es antropomor-fizada por los propios sujetos políticos, no resulta menos una entidad no pensante, sin vida. La moneda es en este caso pura fuerza autónoma, actúa siguiendo sus propias reglas, pero no piensa. Actúa como el crimen sadiano, más allá de los límites de sus creadores.

El “soberano” es, en la concepción que defendemos, el activo y debe ser buscado en la acción concreta que engendra. Es más cercano en ese sentido de la idea de acción soberana o de momentos soberanos que la personalizada del soberano. Respecto de los efectos sobre el contrato, lo que plantea problemas, como lo subraya el legislador, es “el intercambio de valores”, es el momento en el que se cuenta y se nombra. Es el momento monetario del contrato, aquel en el que se expresan lingüística-mente y cuantitativamente los valores intercambiados. A priori, es entonces la moneda la que es soberana, ya que es la entidad que actúa sobre el objeto, somete el contrato a sus reglas de la misma manera que somete a lo político. Si el actuante es el soberano, es en la moneda donde se sitúa la soberanía. Podríamos detenernos en este estadio en nuestra investigación, pero el soberano parece más complejo, ya que representa a la vez una moneda nacional, el austral y el peso, y una moneda extranjera, el dólar. La sobe-ranía de la moneda es aquí un punto de partida y no una conclusión.

La adopción del dólar es justificada durante las discusiones parla-mentarias por el senador Romero haciendo referencia explícita a la Ley 3871 del 4 de noviembre de 1899, que establecía, bajo la presidencia de Carlos Pellegrini, una convertibilidad del peso papel a 44 cénti- mos de peso oro. Inscribiéndose en esta línea, el senador exclama que la ley discutida concede al portador de un austral “el derecho a ser conside-rado acreedor de una obligación de conversión” (dshsn: 5806). Pero aquí no está presente la cuestión del oro, sino la del dólar. El mismo senador justifica esta diferencia por medio de una referencia historiográfica:

Luego de la Segunda Guerra Mundial el patrón oro fue desplazado en el mundo —no sólo en Argentina— por el patrón dólar. Esto no responde

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a nuestras decisiones. La convertibilidad cambiaria establecida en el siglo pasado estaba basada en el patrón oro o plata, porque eran la referencia mundial del valor. Ahora es ésta la referencia mundial; no depende de no-sotros. Tal vez habríamos provocado confusión si hubiéramos tomado otra moneda. Pero sabemos que ésta es la moneda que se utiliza como reserva en el mundo. No está en nosotros optar (dshsn: 5811).

El dólar aparece como una entidad presente. En el análisis microeco-nómico “está en la cabeza de la gente” y en el análisis macroeconómico “es la reserva de valor mundial”. En los dos casos, la adopción del dólar se presenta bajo los trazos de una moneda cuya adopción va de suyo, “puesto que no está en nosotros optar”, “esto no corresponde a nuestras decisiones” y “eso no depende de nosotros”. Para el senador Romero, el dólar es una moneda que se impone de hecho, siguiendo lógicas exter-nas al país sobre las cuales éste no tiene ninguna influencia. El senador José Antonio Romero Feris recuerda entonces las consecuencias de esta adopción: “Esto significa sin duda atar la moneda argentina a las con-tingencias de otro país soberano” (dshsn: 5811). El diputado Exequiel Ávila Gallo sostiene por su parte:

En este caso creo que se han cometido gran cantidad de errores y hay uno que es fundamental, que es utilizar el dólar como patrón igual que el oro. Eso no lo podemos aceptar jamás porque significa la dependencia y atentar contra la soberanía del país (dshsn: 5364).

De esta divergencia emerge la idea de una contradicción: la moneda nacional y la moneda extranjera tienen reglas diferentes. Las discusiones alrededor del artículo 11 nos permitirán comprender esta diferencia.

Esta disposición prevé en efecto una redefinición de los artículos 617,7 6198 y 6239 del Código Civil. El artículo 617 es particularmente ilustrativo, ya que hace referencia a las monedas extranjeras. Estipula

7 “Artículo 617. Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero.” (Sustituido por el artículo 11 de la Ley N° 23.928 B.O. 28/3/1991.)

8 “Artículo 619. Si la obligación del deudor fuese de entregar una suma de determina-da especie o calidad de moneda, cumple la obligación dando la especie designada, el día de su vencimiento.” (Sustituido por el artículo 11 de la Ley N° 23.928 B.O. 28/3/1991.)

9 “Artículo 623. No se deben intereses de los intereses, sino por convención expresa, que autorice su acumulación al capital, con la periodicidad que acuerden las partes, o cuando liquidada la deuda judicialmente con los intereses, el juez mandase pagar la suma que resultare, y el deudor fuese moroso en hacerlo. Serán válidos los acuerdos de

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la cuestión siguiente: “Si por el acto por el que se ha constituido la obligación, se hubiere estipulado dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar sumas de dinero”. Esta formulación reemplaza a la precedente, que hacía refe-rencia al hecho que “la obligación debía ser considerada como el hecho de dar cosas”. Esta modificación hace referencia de nuevo al principio nominalista y permite la conversión legal de dos monedas de naturalezas jurídicas diferentes pero jurídicamente equivalentes en sus expresiones contractuales.

El principio nominalista permite la aparente disolución de la dife-rencia entre las dos monedas; la equivalencia se hace por medio de la “suma de dinero”, por la cantidad, conversión únicamente posible por el hecho de la relación 1=1. Sin esta ecuación, el principio nominalista no podría engendrar sus efectos jurídicos de equivalencia entre dos monedas de naturaleza jurídica diferente, el peso y el dólar. Es así que el senador Romero especifica esta diferencia:

La posibilidad de pagar deudas contraídas en moneda extranjera entre-gando la misma especie, lo que hasta ahora estaba impedido por los artícu- los 617 y 619 del código civil. […]. Estamos sincerando [de esta manera] una costumbre ya incorporada (dshsn: 5816).

Precisando el rol de la moneda extranjera, el senador Adolfo Rodríguez Saa propone una distinción, para nosotros esclarecedora, entre moneda de “curso legal” y moneda de “curso posible”:10

Para que una moneda tenga curso legal, tiene que ser creada por una ley: se le pone una denominación, se fijan sus equivalencias, se emite, etcétera. La moneda extranjera se llama “moneda extranjera”. Como ahora, se entende-rá que se trata de deudas de sumas de dinero —no como antes, que se con-sideraban como deudas de cosas—, se pagará en una moneda, como sucede en todos los países del mundo. Pero no es curso legal porque no hemos legalizado el dólar ni lo hemos creado. Es curso posible si los particulares convienen en utilizar esa moneda para sus transacciones (dshsn: 5844).

capitalización de intereses que se basen en la evolución periódica de la tasa de interés de plaza.” (Sustituido por el artículo 11 de la Ley N° 23.928 B.O. 28/3/1991.)

10 Esta distinción había sido propuesta por Cavallo cuando explicaba el proyecto a los senadores el viernes 22 de marzo de 1991 (“Cavallo defendió el plan en el senado”, La Nación, 22 de marzo de 1991, p. 10).

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El diputado Martínez Raymonda insistirá sobre esta idea:

Pareciera que se crea una moneda nueva de curso legal, pero no es así. Esto es importante afirmarlo como concepto de nuestra propia concepción de país soberano. Nuestra moneda de curso legal es el austral. El dólar es una moneda alternativa que voluntariamente las partes pueden pactar. […] Este primer concepto es importante destacarlo para evitar que haya malas interpretaciones de aquellos que piensan que estamos abjurando del reco-nocimiento de nuestra propia moneda (dshdn: 5297).

La “moneda de curso posible” es lo que no está creado, alternativa tole-rada si proviene de un acto voluntario de aceptación. En consecuencia, esta moneda posible preexiste a la moneda legal y existe fuera de ella. La coexistencia entre moneda de “curso legal” y moneda de “curso po-sible” está operada entonces por el principio nominalista que permite la “transustanciación” de una moneda en otra, suerte de piedra filosofal de la conversión monetaria que permite al peso de “brillar” como el dólar. La “moneda posible” deviene un equivalente del oro. No es creada, ya está allí y presume resistir a la usura del tiempo.

Esto se traduce en la modificación del artículo 617 del código civil. Allí donde había “obligación de dar cantidades de cosas” hay ahora obligación “de dar sumas de dinero”. Allí donde la “cosa” intervenía en sí en las relaciones contractuales como “valor intercambiado”, ahora la referencia es la “suma de dinero”. El “valor de la cosa” está sometido a las “sumas de dinero”, independientemente de la moneda que se utiliza para liberar esa deuda.

Todos los que votarán la ley, por medio de este acto legislativo sacri-ficial, crearán una moneda legal, el austral convertible, cuya naturaleza jurídica es la de estar ligada cuantitativamente con una “moneda posible”. El lazo cuantitativo es igual de sagrado que la “moneda legal”, fruto de un sacrificio. En cuanto al dólar como moneda extranjera, es por defi-nición intocable y, por lo tanto, ya sagrado. Pero no haría falta, a través de esta manera de presentar las cosas, negar la especificidad del dólar. Aunque presentada como “moneda posible”, lo que podría trivializarla de una cierta manera, vemos bien en las diferentes intervenciones que no se trata de cualquier moneda, es la moneda dominante, a la cual “no la elegimos, se impone”. Al mismo tiempo, una contradicción aparece aquí en los debates de los legisladores. La “moneda legal” es reconocida por ellos como la sola moneda soberana, siendo la única creada nacio-nalmente, pero, de común acuerdo, una moneda que responde a “otra

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soberanía” está incorporada. Es justamente esta contradicción lo que puede aclararnos las relaciones que se instauran entre los elementos de esta entidad soberana plural.

La ley de convertibilidad da a la “moneda legal” un estatus sagrado, la impregna de la “mística de la nación”, intocable por manos profanas. El dólar, por su parte, era ya sagrado, no podía, por definición, ser acti-vado por una entidad nacional argentina. Este proceso legislativo ubica así a estas dos monedas en un universo equivalente: ambas devienen sagradas. Sin embargo, las diferentes discusiones parlamentarias que hemos transcrito más arriba dan cuenta de que había conciencia de una diferencia, o más bien una jerarquía: la moneda posible es sin duda “más sagrada” que la moneda legal, ya que no hay ninguna posibilidad de intervención sobre ella. El dólar no puede ser profanado, puede en última instancia ser eliminado, desaparecer del territorio nacional, pero jamás ser tocado. La única prohibición posible sobre el dólar se refiere a su circulación, lo que no haría más que confirmar su carácter sagrado. En consecuencia, no hace falta rodear a esta “moneda posible” de una maldición cualquiera.

A esta primera observación agreguemos que el dólar participa en la sacralización de la “moneda legal”. En efecto, la lógica de la conver-tibilidad, la “posibilidad de elección entre monedas” —de lo que nos habla Cavallo— y la relación uno a uno, el equivalente de la “suma de dinero”, cualquiera que sea la moneda utilizada, reposa sobre la idea de que el austral convertible es “(como) el dólar”, es decir, equivalente en “valor”. La sacralización tiende tanto al sacrificio de la posibilidad de intervención de lo político como a que el austral convertible sea presen-tado bajo la forma de una metáfora nacional del dólar, moneda sagrada que estaba ya allí. Como imagen, el austral convertible es subordinado al dólar, construido por medio de su referencia. Como símbolo, el dólar está instrumentalizado por el austral convertible, se engalana de sus atributos de moneda “dominante”, “eterna”, de “moneda del mundo”. Colocando una máscara sobre su naturaleza jurídica, el austral dependerá, por lo tanto, del dólar, haciéndolo funcional a su sacralización.

Además de ese juego de espejos, pongamos atención en el estatus de la “suma de dinero” en esta entidad soberana. Como lo hemos dicho más arriba, “la suma de dinero”, igualmente sacralizada por la ley, permite la compatibilidad de dos formas monetarias contradictorias. Engloba dos elementos contradictorios cuyas jerarquías respectivas se explican o se comprenden en referencia a este elemento. El ordenamiento que se

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instaura entre las dos monedas es variable, casi contradictorio, pero lo que, in fine, le asegura la coherencia es “el dinero”, categoría que engloba “moneda legal” y “moneda posible” al mismo tiempo que se opone a ellas. Es en tanto que pura cantidad que el dinero permite fundar la unidad de monedas de cualidades diferentes, monedas que no son sólo cantidades. Hay entonces una oposición entre la “suma de dinero”, que no es más que cantidad y las monedas que no son más que cantidad. El signo “=” y la cifra 1 presente en los dos costados de la ecuación 1=1 dan cuenta no de una simetría sino de un conjunto de contradicciones resueltas por medio de la subordinación a la “suma de dinero”. El signo “=” deviene símbolo de una jerarquía entre las diferentes lógicas actuantes, entre dinero y monedas en el seno mismo de la entidad soberana. Como lo define Louis Dumont, la jerarquía se debe

distinguir del poder o mandamiento: orden resultante de la puesta en juego del valor. La relación jerárquica elemental (u oposición jerárquica) es aque-lla entre un todo (o un conjunto) y un elemento de ese todo (o conjunto), o más aún entre dos partes en referencia al todo; esta relación se analiza en dos aspectos contradictorios de diferente nivel: distinción al interior de una identidad (englobamiento de lo contrario) (Dumont, 1985: 303).

En nuestro caso, es el dinero el que es el Todo y las monedas los elemen-tos de ese Todo, elementos contradictorios y que sin embargo fundan la identidad del sujeto soberano.

Esta jerarquía en el centro de la entidad soberana es coherente con los valores profundos que los lazos sociales pretenden refundar, en una sociedad que tiende a escaparse de la desagregación que representa una hiperinflación. El valor dominante que atraviesa el conjunto de las discusiones en el seno del Parlamento, que encontramos como noción dominante en el seno del régimen del saber autorizado, es “la estabilidad”.

conclusión

Son las 9:16 de la mañana del miércoles 27 de marzo. La noche ha sido larga en la Cámara de Diputados. La “moneda-dinero” es ley. Tiene dos nombres, una relación cuantitativa entre la “moneda legal” y la “moneda posible”, reglas. Las deudas serán redefinidas y renombradas. La moneda es sagrada, es soberana, puede actuar siguiendo sus propias reglas, sepa-

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rada del mundo profano. ¿Pero cuáles serán los efectos de esta acción? ¿Cómo será recibida por los argentinos? Será fácil decir, algunos meses más tarde, que todo ha funcionado como estaba previsto, que la hiperin-flación ha sido interrumpida, que esta moneda “funciona”; estamos en ese momento en el estado de la experimentación pero no todavía en el de la experiencia. Es cierto, la moneda tiene reglas escritas, discursos, apoyos concretos en el momento de su formación, ¿pero será aceptada?

En ese momento apareció una duda que se disipará con el correr del tiempo, pero que es central. ¿Esta sacralización tendrá los efectos espe-rados? Los legisladores temen “la inestabilidad parlamentaria”, el “caos”, la dolarización completa de la economía. No todos están convencidos. Ese 27 de marzo por la mañana el dilema es expresado en estos términos. Si la moneda es aceptada, es que la “gente” tiene “confianza” en ella, y como la confianza “es la no intervención de lo político”, es entonces lo que es necesario proteger a todo precio. Si la moneda no es aceptada, la consecuencia inevitable será la dolarización, es decir, la pérdida de la moneda nacional. La convertibilidad nace de la esperanza de que será aceptada sobre la base de una concepción particular de la “confianza”: la ausencia de la intervención de lo político, o lo que es asimilado, el hecho de que la moneda es sagrada y soberana. Más de una década después de esta noche sabemos que un “shock de confianza” puede parecerse mucho a un “crimen impersonal” que prolonga sus efectos más allá del acto que lo inicia.

La convertibilidad y el régimen de confianza con el cual se asocia nos advierten de los peligros de los automatismos en economía y de la necesidad de una reflexión sobre las instituciones que no haga abstracción del problema central de la soberanía.

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Recibido: 17 de enero de 2014


Palabras clave: productores agropecuarios familiares, pluriactividad, hogares, población rural, com-posición de los ingresos.

Key words: family farmers, pluriactivity, households, rural population, income composition.

En las dos últimas décadas, una vasta bibliografía internacional ha dado cuenta de las transformaciones experimentadas por la estructura ocupacional de la población de los espacios rurales.

La pérdida de importancia relativa de la agricultura en términos de generación de empleo es uno de los fenómenos destacados. Si bien la combinación del trabajo predial y extrapredial como estrategia destinada a generar ingresos adicionales tiene una larga tradición en los estudios de los pequeños productores, la articulación de ocupaciones agrícolas y no agrícolas entre los integrantes de los hogares rurales aparece como

* Doctora en Sociología. Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Tema de especialización: sociología rural. Saavedra 15, 4º piso, 1083, Buenos Aires, Argentina.

** Maestra en Ciencias Sociales con especialización en Estudios Rurales. Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Tema de especialización: sociología rural. Saave-dra 15, 4º piso, 1083, Buenos Aires, Argentina.

Resumen: Este artículo analiza la evolución y los cambios en las ocupaciones y en los ingresos agrícolas y no agrícolas de un grupo de peque-ños productores de las provincias de Chaco y Misiones, Argentina. A partir de una encuesta realizada en 2000 y 2007, se construyó una tipología de hogares definida por la supremacía de la fuente de percepción de ingresos, que hizo posible examinar la composición de los ingresos. Entre los hallazgos destaca un incremento de los hogares pluriactivos. Dicha tendencia está acompañada por un mejoramiento de los ingre-sos procedentes de la actividad predial y por la especialización de las tareas.

Abstract: This article analyzes the evolution and changes in the agricultural and non-agri-cultural occupations and incomes of a group of small farmers in the provinces of Chaco and Misiones, Argentina. Based on a survey carried out in 2000 and 2007, a typology of homes was constructed in which income sources was the main factor, making it possible to study income composition. One of the main findings is the increase in pluriactive homes. This trend is accompanied by an increase in income from property activity and the specialization of tasks.

Agrario y no agrario: ingresos de hogares rurales argentinos

Mariela Blanco* y Silvia BardoMáS**


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Mariela Blanco y Silvia BardoMáS

algo más reciente y, al mismo tiempo, frecuente (De Janvry et al., 1990; Klein, 1992; Berdegué et al., 2000; Da Silva, 1999; Neiman et al., 2002).

En un estudio previo1 analizamos comparativamente la composición de los ingresos de los hogares de pequeños y medianos productores de las provincias de Chaco y Misiones2 durante el año 2000, en relación con las particularidades socio-demográficas, la dinámica productiva de las explotaciones y las oportunidades de empleo que ofrecen los mercados de trabajo local y regional.

En ese trabajo se destacó la importancia de la pluriactividad para este tipo de hogares; en la mitad de éstos se encontró al menos un miembro ocupado en alguna actividad fuera de la unidad agropecuaria. A pesar de la relevancia de las actividades extraprediales, la mayor demanda de trabajo continuaba recayendo en las tareas de la explotación. Asimismo, las inserciones extraprediales se hallaban mayormente en el sector agro-pecuario y asumían un carácter transitorio.

En este artículo, a partir de una nueva encuesta realizada en ambas provincias a una muestra del mismo estrato de productores, en 2007, ana-lizamos la evolución y los cambios que se produjeron en las ocupaciones y en los ingresos agrícolas y no agrícolas, según la tipología de hogares elaborada en el estudio anterior (definida por la supremacía de la fuente de percepción de ingresos). Por otra parte, dado que el interés se centra en el análisis de la composición de las diferentes fuentes de ingreso, nos proponemos profundizar la articulación de las características de la oferta de trabajo en los hogares pluriactivos y su incidencia en la conforma- ción del ingreso de las familias rurales.

la pluriactividad en loS eStudioS ruraleS

En los estudios realizados tanto en países centrales como en aquellos en vías de desarrollo, la incorporación de actividades extraprediales es explicada, a nivel general, por las oportunidades de empleo fuera de la ex- plotación y los procesos de crisis que atraviesan las unidades familiares

1 “La explotación agraria familiar como contexto significativo de la pluriactividad en las provincias de Chaco y Misiones”, en Neiman y Craviotti, 2006.

2 Las provincias de Chaco y Misiones se encuentran localizadas en el extremo nor-deste de la Argentina. La colonización de estos espacios con inmigración europea a lo largo del siglo xx dio lugar a una estructura agraria con una importante participación de explotaciones familiares.

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AgrArio y no AgrArio: ingresos de hogAres rurAles Argentinos

y, en particular, por la estructura del hogar y los cambios en el ciclo de vida de la familia (Krasovec, 1981; Schneider, 1999; Neiman et al., 2002). Estos cambios configuran una nueva sociedad rural en la que, sin negar el peso de la actividad agraria, han ido surgiendo otras formas de actividades no agrarias, algunas veces complementarias y otras como alternativas a la sociedad rural tradicional. Actualmente, buena parte de los hogares rurales depende de una diversidad de fuentes de ingresos para su sostén: agrarias, no agrarias y contribuciones monetarias ajenas al trabajo (García Sanz y Palacios Izacara, 2000).

En las últimas décadas del siglo xx y en las primeras del actual, los espacios rurales evidenciaron procesos de modernización, primero, y de reestructuración económica y social, después; actualmente se encuentran en profunda transformación. Esto ha generado un intenso debate acerca de la definición de lo “rural” que se ve reflejada en la extensa bibliografía internacional (Marsden et al., 1993; Entrena Durán, 1998; Hart, 1995; Ilbery, 1998; Linck, 2000; Pérez, 2001, entre otros).

Históricamente, estos espacios eran definidos como lo opuesto a lo urbano, con características específicas: baja densidad poblacional, predo-minio de la actividad agrícola, modo de vida y de trabajo particularmente rural e indisolublemente relacionado con la agricultura. La disminución de la centralidad de la agricultura, los nuevos usos de las áreas rurales y la importancia que cobra el ambientalismo ponen de relieve cómo estos espacios se vuelven menos autosuficientes, autocontenidos, sectorialmen-te controlados y más abiertos a fuerzas económicas, sociales y políticas globales (Marsden et al., 1993). Estos cambios plantean la necesidad de redefinición de la “ruralidad”, poniendo la mirada en los vínculos del mundo rural con el urbano, en sus articulaciones económicas como espa-cios de producción y consumo, así como en sus relaciones socioculturales e identitarias.

Si bien no todas las sociedades rurales han sido afectadas de la misma manera por estos cambios, en el caso de los países de América Latina se pueden enunciar como tendencias comunes, en sentido amplio, la pér-dida de importancia relativa de la agricultura en términos de empleo, el crecimiento de la pluriactividad entre la población rural y el incremento significativo del empleo rural no agrícola (erna) y de la participación del ingreso no agrícola (irna) (cepal-riMiSp-idB-fao, 2004).

En países menos desarrollados y/o en regiones menos favorecidas, el trabajo fuera del predio está asociado generalmente con una estrategia familiar de supervivencia, mientras que en otros contextos socioeconómi-

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cos estas actividades tienden más a ser una elección que una necesidad. No sólo depende de la viabilidad de la explotación, sino también de las aspiraciones y los deseos personales de los integrantes del hogar, así como de las oportunidades de empleo que brindan los mercados de trabajo locales.

De acuerdo con un estudio de la cepal-oit-fao (2012: 15), la infor-mación disponible para 10 países de América Latina y el Caribe revela que en la mitad de los hogares el empleo no agrícola ha aumentado en términos absolutos y a una tasa de crecimiento mayor que el empleo agrícola; en estrecha relación, crece sustancialmente la participación de los ingresos no agrícolas en los hogares rurales. Por otro lado, las carac-terísticas del mercado de trabajo en las áreas rurales explican en parte las condiciones de pobreza en la que vive buena parte de la población rural. La predominancia del trabajo temporario, la informalidad del empleo y los bajos salarios percibidos son características comunes de ciertos es-pacios rurales latinoamericanos y de algunas provincias de la Argentina (Neiman, 2012: 10-35).

El crecimiento cuantitativo del empleo rural no agropecuario en Amé-rica Latina se presenta como una posible solución a problemas como la pobreza, la transformación del sector agropecuario y la modernización del mundo rural. En distintas regiones de Bolivia cada vez se hace más evidente la diversificación de actividades agrícolas y no agrícolas (Jiménez y Lizárraga, 2009); en Brasil se confirma el crecimiento de las familias pluriactivas rurales sustentado principalmente en un mayor incremen-to de las ocupaciones no agrícolas (Schneider, 2009), mientras que en México se estima que la mitad de la población rural económicamente activa se encuentra trabajando en el sector secundario y terciario (Gram-mont, 2009).

En la Argentina, la combinación de trabajo en la explotación y fuera de ella como estrategia orientada a lograr ingresos adicionales ha sido, históricamente, una característica de los hogares de pequeños produc-tores extrapampeanos.3 Sin embargo, las particularidades productivas de cada lugar y las dinámicas del mercado regional de trabajo agrícola

3 La región pampeana constituye el núcleo de las producciones agrarias extensivas basadas en cultivos de cereales y oleaginosas, cuyo principal destino es el mercado mun-dial. En las regiones extrapampeanas, también conocidas como economías regionales, se desarrollan de manera intensiva distintos cultivos industriales, así como también una diversidad de productos orientados al mercado interno. Además, presentan marcadas dife-rencias en la conformación de la estructura agraria.

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y no agrícola inciden en las especificidades que asume la combinación de ocupaciones y, en consecuencia, en la supremacía de alguna de las fuentes de ingresos.

Numerosos estudios han profundizado acerca de cómo la pluriactividad ha modificado la visión clásica del mundo rural asociada exclusiva-mente con la actividad agraria. La combinación de ingresos procedentes de distintas actividades se ha convertido en una característica inherente de las familias rurales. En la actualidad se abandona la interpretación de la pluriactividad como actividad complementaria, dando paso a su incor-poración como actividad principal (Arias, 2009).

Procesos como la intensidad de los flujos de remesas producto de las migraciones, el aporte de los subsidios o ayudas sociales estatales, y la opción de la asalarización como efecto de los cambios en los mercados de trabajo revelan una tendencia creciente a considerar lo rural como residencia más que como un espacio productivo susceptible de generar ingresos suficientes para la reproducción de los hogares. Así, se reconoce un proceso de progresiva desagrarización no como resultado del abando-no total de las actividades agrícolas, sino del crecimiento de los ingresos monetarios procedentes de las actividades extraprediales (Grammont, 2009).

Actualmente está muy difundida la idea del vínculo entre la adopción de la pluri-inserción de los integrantes de los hogares agrícolas y el “de-sarrollo rural”, especialmente por su difusión en ciertas áreas rurales y por el impacto que produce en el ingreso total del hogar. Además, esta ocupación simultánea en distintos sectores pone de manifiesto el grado de integración de ciertos espacios rurales a mercados de trabajo urbanos.

Sin embargo, un estudio reciente sobre productores agropecuarios del Alto Valle de Río Negro, en el que se analiza la pluri-inserción de los sujetos en relación con las tareas desempeñadas y los ingresos percibi-dos, revela la persistencia de lo agrario en la diversidad de situaciones presentadas a través de una tipología (Murmis et al., 2009). Los autores observan la pluriactividad en distintos momentos de crisis o expansión y destacan que, lejos de lo que postulan otros trabajos, el mantenimiento de las ocupaciones agrarias es lo predominante entre productores insertos en una actividad capitalista moderna.

Más allá de las distintas estrategias que llevan a la ocupación fuera del predio, las diversas fuentes de trabajo se encuentran subsumidas al inte-rior de lo que comúnmente se define como agricultura familiar. Este tipo de agricultura resuelve con diferentes grados de éxito la inclusión en los

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mercados, la incorporación tecnológica, la conservación del patrimonio (la tierra) entre generaciones y el uso de la mano de obra. El concepto se sostiene a partir de la compleja articulación entre la actividad productiva agropecuaria y la reproducción económica y social de la familia.

Por lo tanto, este elemento de diversificación puede producirse tanto por factores externos a la unidad familiar como por factores internos de las dinámicas familiares (Fuller, 1990). De esta manera, la heterogeneidad de las situaciones se relaciona con las estrategias sociales y productivas que adoptan las familias y sus miembros, como también con las oportuni-dades que brindan el contexto y el territorio. Asimismo, puede adquirir significados diversos y servir para satisfacer proyectos colectivos o como respuesta a decisiones individuales (Schneider, 2009).

Asociado con esto, un cambio fundamental tiene que ver con la ruptura de la visión de la familia como proyecto único vinculado directamente con la actividad agraria. Se rompe con la idea de familia rural subsumida a la unidad productiva. La pluriactividad deja paso a una multiplicidad de adscripciones profesionales individuales y la familia aparece como el resultado de las trayectorias individuales y variadas que, en un momento dado, convergen en torno de un interés común, el cual conforma el gru-po familiar, de acuerdo con Alice Barthez (1987). Para esta autora, las explotaciones ya no constituyen un conjunto estable que considerar como unidad de análisis. Para observar la familia es imprescindible contemplar la movilidad de sus miembros, que gozan de cierta autonomía para ne-gociar sus relaciones.

Mientras que antaño la explotación agraria formaba el centro unificador de la familia, con el desarrollo de la pluriactividad la familia se convertía, a su vez, en el centro unificador de las diversas actividades ejercidas por sus miembros (Barthez, 1987: 169).

Los diferentes miembros se relacionan según su edad, sexo, capacidad de trabajo y actividad. La capacidad laboral de los distintos integrantes se conforma y combina según la estrategia familiar en un momento dado del ciclo de vida del hogar. La combinación de los factores individuales, colectivos, productivos y de capacidad económica hará manifiesta la es-tructura de la pluriactividad en el campo de las familias rurales (Marini y Pieroni, 1987).

Por lo tanto, el incremento de la asalarización de las familias rurales no implica la desaparición de la unidad productiva, sino el paso a una

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organización sistémica pluriactiva en la que la actividad más lucrativa marca la dinámica del trabajo familiar (Grammont, 2009).

el caSo de eStudio

Los ingresos agrarios y no agrarios

En el presente trabajo adoptamos un enfoque centrado en el análisis de los ingresos totales del hogar de pequeños productores, su nivel y composición, y su articulación con la dinámica productiva de las explo-taciones y con las oportunidades de empleo que ofrecen los mercados de trabajo locales y regionales. Si bien las provincias de Chaco y Misiones están insertas en una misma región, las diferencias en la supremacía de los ingresos según la fuente y las oportunidades de inserción laboral constituyen contextos significativos para analizar cómo conforman la estructura ocupacional este tipo de hogares rurales.

El estudio de los hogares rurales reviste gran interés, dada su posición dentro de la estructura socioeconómica de la región, ya que no se trata de familias afectadas por índices de pobreza estructural, sino que se en-cuentran insertas en lógicas productivas orientadas al mercado aunque, en diferentes momentos sociohistóricos, puedan atravesar procesos de vulnerabilidad, especialmente en cuanto a la percepción de ingresos.

La unidad de análisis es la explotación agraria familiar, entendida como unidad de producción y doméstica. Ponemos especial énfasis en la relación familia-mercado de trabajo en el contexto rural de estas provin-cias, con el fin de observar en qué situaciones se presenta la pluriactividad (viabilidad o no de la explotación, ciclo vital del hogar, vulnerabilidad o no del mismo) y qué particularidades adopta (miembros del hogar a quienes involucra y sector donde se insertan).

En este sentido, consideramos que la combinación de ingresos está condicionada por las oportunidades del mercado de trabajo y mediatizada por la estrategia familiar para la distribución de sus recursos laborales como un todo. La división del trabajo se origina dentro de la familia y la mano de obra que se ofrece como resultado está producida por la misma: “Frente al mercado está más la familia que el individuo”. Por lo tanto, en este estudio se distinguen dos formas de inserción ocupacional pluriac-tivas: por un lado, aquella que recae sobre el individuo que desempeña diferentes ocupaciones (dentro y fuera de la explotación agropecuaria),

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en la que el tipo de inserción se encuentra asociado con determinados atributos como la edad, el género, la posición en el hogar y el nivel educativo, entre los más relevantes; por otro, se reconoce al hogar plu-riactivo como unidad económica y social que desarrolla diferentes tipos de inserción predial y extrapredial, en los que la supremacía de algunos de estos ingresos es el resultado de la trayectoria del hogar como un todo.

Características socio-productivas de las provincias analizadas

Misiones y Chaco tienen un tamaño poblacional similar. De acuerdo con el Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda de 2010, la primera cuenta con 1 101 593 habitantes y la segunda con 1 055 259. En el periodo intercensal 2001-2010, Chaco experimentó un crecimiento demográfico de 7.2%, en tanto que en Misiones fue de 14.1%, menor al evidenciado en el periodo 1991-2001 (de 17% y 22%, respectivamente).

Si bien no se cuenta todavía con la información de la población des-agregada para áreas urbanas y rurales (Censo Nacional de Población de 2010), se estima que la urbanización ha seguido creciendo en la última década. En el periodo anterior, la población rural había mostrado una caída en valores absolutos y relativos en ambas provincias: en Chaco el descenso es mayor (de 31% a 20%) y va acompañado por una pérdida en términos relativos de la población rural dispersa (de 88% a 82%). En Misiones, aunque disminuye la población rural (de 37.5% a 29,6%), se mantiene sin variante la proporción de población rural agrupada (15%) y dispersa (85%).

Para 2001, la población económicamente activa ocupada en el sector agropecuario adquiere mayor relevancia en la provincia de Misiones (28%) que en la de Chaco (18%); la distribución por categoría ocupacional también es diferente. Mientras en Misiones los trabajadores por cuenta propia y la mano de obra familiar alcanzan los mayores valores (42% y 27%, respectivamente), en Chaco algo menos de la mitad de los ocupados en el sector son asalariados (42%) y los trabajadores por cuenta propia son los siguientes en importancia (30%).

La estructura agraria de ambas provincias presenta también ciertas diferencias. Aunque en rasgos generales podemos decir que predominan las pequeñas explotaciones, esto es más evidente en el caso de Misiones, donde las unidades de hasta 25 hectáreas representan 55% del total de las explotaciones agropecuarias (eap) y las de 25 a 100 hectáreas, 38%. En

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cambio, en Chaco 10% de las explotaciones se encuentra en el estrato de hasta 25 hectáreas y 20% en el de 25 a 100 (Censo Nacional Agropecua-rio, 2002). Por otra parte, según esta fuente, una característica común de estas provincias es que casi dos de cada 10 explotaciones correspondientes a personas físicas son pluriactivas y más de la mitad de estos pluriactivos se inserta fuera del sector agropecuario. Según la categoría ocupacional, en el conjunto de los productores pluriactivos predominan los trabajadores por cuenta propia (43% en Chaco y 46% en Misiones). La mayoría de los pluriactivos asalariados en el sector agropecuario trabaja fuera del predio sólo una parte del año, mientras que en otros sectores lo hacen todo el año (Quaranta, 2006).

Con respecto a la estructura productiva, según estimaciones agro-pecuarias en 2006/2007, Chaco tiene una superficie total de 1 741 520 hectáreas sembradas con algodón, soya, girasol, maíz y trigo, princi-palmente. El cultivo de algodón representa una quinta parte de esa superficie.4 Alrededor de un cuarto de las explotaciones algodoneras dispone de una superficie inferior a 25 hectáreas, en tanto que 17% tie-ne entre 25 y 50 hectáreas y 21% entre 50 y 100 hectáreas (Elena, 2010: 150). Sin embargo, son las explotaciones medianas y grandes las que controlan 70% de la superficie con este cultivo. En las unidades pequeñas predomina la cosecha manual y el trabajo descansa en la mano de obra familiar, con contratación ocasional de trabajadores en el momento de la cosecha; en las explotaciones medianas y grandes la cosecha se en-cuentra mecanizada, lo que ha reducido la contratación de asalariados e impactado fuertemente en el mercado de trabajo provincial.

A mediados de la década de los años noventa se inició un proceso de agriculturalización como resultado de los nuevos adelantos tecnológicos, que modificaron de manera significativa el uso del suelo agrícola. La in-tensa deforestación de grandes superficies en el oeste y el centro-oeste de la provincia de Chaco y la existencia favorable de un ciclo húmedo dieron lugar a una expansión extraordinaria de la frontera agrícola. La privati-zación de grandes superficies de tierras fiscales y el desmonte continuo de esos espacios facilitaron la introducción y la expansión del cultivo de la soya en las grandes explotaciones (mayores de 1 000 hectáreas). Im-portantes grupos económicos provinciales y extra-regionales, alentados por la creciente demanda externa, los favorables precios internacionales

4 Estimaciones Agropecuarias del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Ali-mentación, 2006-2007, disponibles en <www.minagri.gov.ar>.

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de este cultivo y las ventajas comparativas de estas zonas chaqueñas en cuanto al precio de la tierra (arrendamiento, contratos accidentales y pools de siembras), fueron los artífices del boom soyero en Chaco (Slutzky, 2011). En 2006-2007, la soya representa 40% de la superficie sembrada.

En la última década, el stock ganadero vacuno se incrementó nota-blemente y se produjo también un cambio en la orientación ganadera provincial. Mientras que anteriormente se desarrollaba una ganadería vacuna de cría y el ganado terminado se destinaba al consumo local, en los últimos años se tendió a una ganadería de ciclo completo y a una pro-ducción de carne de mejor calidad. Las explotaciones de mayor tamaño (de 2 500 hectáreas y más) ubicadas en el este de la provincia son las que registran esta expansión y transformación ganadera (Slutzky, 2011). En 2007, Chaco cuenta con 1 930 825 cabezas de ganado vacuno (16% más que en 2002).

En tanto, en la provincia de Misiones, la yerba mate, el tabaco y el té son los cultivos centrales de la producción agropecuaria familiar. En 2002, las unidades en manos de pequeños productores representaban 88% del total de las eap, seguidas por los grandes productores (9%) y por los medianos (3% restante).

Los pequeños productores tienen una importante participación en las principales producciones agrícolas de Misiones: son los responsables de 66% de las hectáreas plantadas con yerba mate, de 73% de la super-ficie con plantaciones de té y de 91% de la tierra cultivada con tabaco (información de 2002).

En las principales zonas yerbateras de Misiones, las explotaciones con-sideradas dentro de un perfil tecnológico alto, en cuanto a la densidad y antigüedad de la plantación, al manejo del suelo y de los cultivos, al uso de agroquímicos y al tipo de herramientas utilizadas, controlan un tercio de la superficie total con yerba mate y colaboran con algo menos de la mitad del total de la producción provincial (Colcombet, 2010: 133-147).

En cuanto a la mano de obra utilizada, el productor y los integrantes de la familia se encargan de las tareas de precosecha, mientras que 75% del trabajo de cosecha es cubierto con trabajadores temporarios (tareferos). Se encuentra muy difundida la contratación de estos asalariados a través de intermediarios o contratistas.

El tabaco, el cultivo anual más importante de la provincia, se desa-rrolla principalmente en pequeñas explotaciones de hasta 15 hectáreas, con escasa o nula mecanización, en las que se destinan a este producto menos de 2 hectáreas. En los años 2005-2006, el promedio de la pro-

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ducción de tabaco es de 42 706 500 kilogramos. Más de la mitad de los productores son ocupantes de tierras fiscales o privadas. El productor y los integrantes de su familia constituyen, básicamente, la mano de obra ocupada en esta actividad.

Por otra parte, la expansión de la forestación en el área noroeste de la provincia produjo un importante cambio del perfil productivo de la provincia y generó, en los departamentos del Alto Paraná, un fuerte pro-ceso de concentración de tierras en desmedro de la agricultura familiar.

tipología de hogareS Según la SupreMacía de la fuente de percepción de ingreSoS

Dada la centralidad de los ingresos, en la propuesta de trabajo se elaboró una tipología de hogares de productores teniendo en cuenta su composi-ción, la procedencia —predial, extrapredial— y la supremacía de alguno de estos ingresos. La decisión de considerar los ingresos como variable principal para la construcción de la tipología nos permite evidenciar de manera más simple el peso de lo predial y/o lo extrapredial como diná-mica de actividad de los hogares.

Es importante mencionar que forman parte de la tipología los hogares que son exclusivamente agropecuarios, tanto por su peso cuantitativo dentro del grupo de explotaciones por analizar como por su posible diferenciación respecto de las otras familias.

La utilización de esta herramienta metodológica se considera perti-nente en función de los objetivos del artículo:

• En primer lugar, observar para el periodo estudiado los princi-pales cambios en las fuentes de percepción de los ingresos y su incidencia en los ingresos totales de los hogares.

• En segundo lugar, dada la centralidad de la actividad agropecua-ria, analizar las transformaciones productivas que tuvieron lugar y su peso monetario en el hogar.

• Por último, diferenciar la dinámica de los hogares en función de la oferta y la demanda del trabajo predial y extrapredial de los integrantes del hogar.

Se consideraron como ingresos aquellos que provienen del trabajo di-recto de los miembros del hogar; en el caso de los procedentes de las producciones del establecimiento, se tuvo en cuenta el ingreso bruto. La

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presencia frecuente de combinación de ingresos en este tipo de hogares hace que el gasto relevado para la actividad agropecuaria no pueda dedu-cirse exclusivamente del ingreso de la explotación (de ahora en adelante eap). Si bien esta dimensión no fue considerada en la construcción de los tipos, sí se consideró como indicador de los diferentes niveles de actividad de estas unidades. De la misma manera, los otros ingresos del hogar (jubilaciones, pensiones no contributivas, planes gubernamentales de asistencia social y remesas enviadas por familiares que han migrado) fueron calculados en relación con el ingreso total del hogar, con el pro-pósito de constatar su incidencia frente a las otras fuentes de percepción.

Para realizar este estudio nos basamos en una encuesta aplicada a una muestra estadística de pequeños productores (N=130) de las provincias de Misiones y Chaco (Región del Noreste Argentino), en 2000 y 2007. Los criterios utilizados para la selección probabilística de los productores fueron: contar con una superficie cultivada de entre 7 y 25 hectáreas, una superficie total menor a 150 hectáreas, la realización del trabajo directo por parte del productor, la ausencia de contratación de asalariados per-manentes y la residencia del productor en la explotación.5 Este perfil de productores se enmarca en la definición clásica de “agricultura familiar” de la región analizada.

El periodo de referencia de la encuesta es, para 2000, el comprendido entre el 1-7-99 y el 30-6-2000; para 2007, entre el 1-7-2006 y el 30-6-2007. El relevamiento de la encuesta se realizó en los meses de julio y agosto en ambos casos.

El diseño muestral es aleatorio estratificado, con asignación de las unidades en forma proporcional al tamaño de los estratos; la estratifica-ción se realizó a partir de los departamentos listados con presencia de productores con las características buscadas, a los efectos de garantizar la mayor cobertura geográfica en el interior de cada provincia.

El cuestionario comprende las siguientes secciones:

1. Información básica del hogar: composición del hogar, nivel edu-cativo de sus integrantes, condición de actividad e inserción ocu-pacional.

2. Ocupaciones extraprediales de cada miembro del hogar e ingre-sos percibidos en el año de referencia.

5 En el marco del Programa de Desarrollo Rural para las Provincias del Noreste Argentino (Prodernea), que responde al perfil de beneficiarios del mismo.

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3. Información de la explotación agropecuaria: Tamaño, tenencia, disponibilidad de riego, tierras aptas, etcétera.

Actividades productivas llevadas a cabo en la explotación (agríco- las y ganaderas), superficie utilizada, rendimientos, comerciali-zación, ingresos obtenidos por venta, gastos ocasionados por la realización de estas actividades y presencia de la producción para autoconsumo familiar.

Tecnología, instalaciones y mejoras existentes en los estableci-mientos.

Mano de obra utilizada, toma de créditos y/o préstamos para de-sarrollar la actividad, entre otros.

4. Información referida a la percepción de otros ingresos por parte de cada integrante del hogar (jubilación, pensión, planes sociales, etcétera).

Debemos aclarar que estos productores no son los más pobres de ambas provincias; las explotaciones están integradas a los mercados donde se comercializa la producción de sus principales cultivos.

A partir de lo dicho presentamos los siguientes tipos de hogares:

a) Tipo 1: Hogares con ingresos procedentes exclusivamente de la actividad agropecuaria de la explotación (en 2000: Chaco 50% y Misiones 56.9%, del total de unidades de cada provincia; en el 2007: Chaco 40.6% y Misiones 44.4%).

b) Tipo 2: Hogares con ingresos de la actividad agropecuaria de la explotación superiores a los extraprediales (en 2000: Chaco 32.3% y Misiones 23.1%; en 2007: Chaco 20.1% y Misiones 20.9%).

c) Tipo 3: Hogares con ingresos extraprediales superiores a los de la actividad agropecuaria de la explotación (en 2000: Chaco 18.7% y Misiones 20%; en 2007: Chaco 39.3% y Misiones 34.8%).

Evolución de los ingresos de los tipos de hogares

Los ingresos de los hogares sufrieron, entre 2000 y 2007, modifica-ciones en cuanto a la participación relativa de los tipos considerados, la composición y el nivel de los mismos, tanto en el interior de cada una de las provincias como en la comparación de ambas. Sin embargo, la variación entre los periodos en Misiones y Chaco presenta tendencias similares.

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gráfica 1 evolución de loS tipoS de hogareS, por provincia, 2000-2007

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta a Productores Agropecuarios de las Provincias de Chaco y Misiones, Prodernea, 2000-2007.

Chaco

Misiones

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Lo primero que llama la atención es la reducción que experimentan los hogares con ingresos procedentes exclusivamente de la explotación y aquellos en los que los ingresos prediales superan a los extraprediales, aunque en el tipo 2 esta reducción es menos significativa. En ambas provincias, la disminución de la proporción del tipo 1 es similar, ya que fluctúa entre 10 y 12 puntos. Como contrapartida, se evidencia un nota-ble crecimiento de los hogares en los que las remuneraciones del trabajo fuera de la explotación constituyen la principal fuente de ingreso (tipo 3).

En cuanto a los hogares con múltiples ingresos (tipos 2 y 3), se observa un aumento de la importancia del originado en las actividades produc-tivas de la explotación, en desmedro del procedente de ocupaciones de fuera de ella. No obstante, se advierte una expansión de los ingresos extraprediales de origen no agrícola: en Chaco en ambos tipos y en Mi-siones en el tipo 3, donde se presenta un extraordinario crecimiento (de 57% en 2000, pasa a representar 85% de los ingresos generados fuera de la eap en 2007). Se constata también una contracción de los ingresos percibidos por inserciones agrícolas fuera de la unidad productiva.

Por otra parte, la participación de otros ingresos monetarios en el total de ingresos del hogar (jubilaciones, pensiones no contributivas, planes gubernamentales de asistencia social y remesas enviadas por familiares que han migrado) aumenta su proporción en las familias en las que los ingresos extraprediales superan al de la explotación. Sin embargo, si bien esto mejora su situación, no alcanza para que superen el nivel de ingresos de los hogares exclusivamente agrícolas.

Cabe señalar que en 2007, el notorio mejoramiento de los ingresos generados por la explotación en Misiones contribuye a que los hogares de dicha provincia sean los que presentan los mejores ingresos totales, contrariamente a lo que ocurría en 2000, cuando los de Chaco eran los mejor posicionados.

Las características productivas de las explotaciones

El mejoramiento observado anteriormente en los ingresos generados por la explotación estuvo acompañado por algunos cambios productivos, así como por cierto aumento del tamaño medio de las eap, y además se vio beneficiado por el mejoramiento de los precios de los principales productos.

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En la provincia de Chaco lo más relevante es, por un lado, la dismi-nución relativa de explotaciones que realizan cultivos anuales; por otro, la menor participación de los ingresos generados por estos cultivos (en los tipos 2 y 3); como contrapartida, crece la importancia de la ganadería bovina.

En cuanto a la dinámica productiva, hay importantes diferencias entre los tipos estudiados, lo cual, en alguna medida, podría reflejar el tipo de orientación hacia la pluriactividad. Los hogares del tipo 1 basan sus in-gresos en el cultivo de algodón y maíz, seguramente como insumo para la actividad ganadera, y es significativa la presencia de una gran diversidad de cultivos hortícolas orientados al autoconsumo o a la venta en pequeña escala. Los hogares del tipo 2 muestran un perfil más empresarial, diver-sificado; si bien predomina el algodón, cobran importancia los cultivos de soya, girasol y maíz, en tanto que tiene poco peso la actividad hor-tícola. A la vez, crece la actividad ganadera, situación que se expresa en el peso de los ingresos de esta actividad. Por último, los hogares del tipo 3 muestran una tendencia hacia el monocultivo de algodón, y cultivan maíz en menor proporción; está ausente la producción para el consumo del hogar, a excepción de algunas unidades que cultivan mandioca. Al igual que en el tipo anterior, cobran relevancia los ingresos percibidos por la ganadería vacuna.

En la provincia de Misiones se producen mayores cambios producti-vos: el crecimiento del número de explotaciones con cultivos anuales se ve reflejado en los ingresos de los hogares del tipo 1, mientras que los cultivos permanentes y la implantación forestal involucran a un mayor número relativo de eap pero sin expresarse en los ingresos (probable-mente por estar todavía en etapa de crecimiento). También se observa que la ganadería vacuna involucra una proporción mayor de unidades productivas del tipo 1 y 2, pero sin presentar cambios importantes en los ingresos totales de las explotaciones. Además, aumenta en valores relativos la cantidad de explotaciones con ganado menor y en las que se elaboran subproductos.

En los hogares del tipo 1 predominan, en orden de importancia, los cultivos de tabaco, yerba y té; llamativamente, no hay grandes registros de producciones de características más orientadas hacia el autoconsumo, aunque sí disponen de montes frutales. A diferencia del tipo anterior, en los hogares del tipo 2 predomina la producción de yerba y tabaco; en menor medida, té; la producción para el autoconsumo no es muy sig-nificativa. Los hogares de tipo 3 son prácticamente yerbateros, aunque

113



con alguna incidencia del té y del tabaco. A diferencia de los otros tipos, estos hogares tienen una mayor diversificación de actividades, con más participación del autoconsumo.

Hemos podido observar que el comportamiento más clásico de pro-ductores familiares, que se asocia con la articulación de producciones para la venta y actividades para la reproducción, se presenta en los dos extremos de la tipología, es decir, en hogares exclusivamente agrícolas (en Chaco) y en los hogares con ingresos extraprediales superiores a los de la explotación (en Misiones). Sin embargo, la opción para la obtención de ingresos en los primeros se ubica dentro de la unidad productiva, mientras que en los otros se centra en el trabajo extrapredial.

La importante evolución positiva de los ingresos procedentes de las actividades de la unidad productiva se relaciona con el notable mejora-miento de los precios de los principales productos. En 2007, los precios medios de los tres cultivos más importantes de Misiones superan los valores actualizados según el Índice de Precios al Consumidor (Indec). Para el caso de la yerba mate, el precio creció de $0.11 a $0.23 centavos por kilo; el tabaco, de $1.85 a $2.84 por kilo.6 El precio del algodón, principal cultivo de Chaco, se incrementó de $0.35 centavos el kilo en 2000, a $0.90 en el 2007.7 Con respecto a la ganadería, los precios de los novillos y novillitos aumentan de $336 la cabeza a $593.

Este crecimiento en los precios de los productos, que supera en la mayoría de los casos 100%, explicaría la mayor participación del ingreso de estas actividades frente a otras en ambas provincias, a pe-sar de la disminución del número de explotaciones dedicadas a esas producciones.

La inserción laboral de los integrantes del hogar

A grandes rasgos, podemos mencionar que en todos los hogares más de la mitad de los miembros que se encuentran ocupados lo están en las actividades prediales. No obstante, se observan variaciones en las representaciones que tienen las diferentes formas de inserción. Tal vez, como consecuencia del mejoramiento de los precios de los cultivos, en

6 Informe Final de la Encuesta a Productores Agropecuarios de las Provincias de Chaco y Misiones, Prodernea, 2007.

7 Precio promedio anual según datos de la Dirección de Algodón de la Subsecretaría de Agricultura de la provincia de Chaco, actualizado según el Indec.

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los hogares se mantiene o incrementa la participación de los miembros en tareas exclusivas del predio (con la excepción del tipo 3 de Chaco).

Los mayores cambios pueden visualizarse en las situaciones de trabajo fuera de la explotación. En todos los tipos de hogares se evidencia una fuerte caída de la doble inserción, que se traslada a un mayor incre-mento de los miembros trabajando exclusivamente fuera de la unidad productiva. Por lo tanto, se observa una división del trabajo dentro de las familias claramente especializada, lo que revela una tendencia mayor hacia la pluriactividad de los hogares en desmedro de la pluriocupación de los individuos.

En cuanto a las particularidades de los trabajadores, para los tres tipos de hogares vemos que el promedio de edad no difiere según el tipo de inserción entre quienes se ocupan “únicamente fuera” de la explotación y aquellos que lo hacen “dentro y fuera” de ésta (en torno de los 35 años de edad); en cambio, los integrantes del hogar que participan sólo en el trabajo en la eap en Chaco tienen, en promedio, unos años más (superan los 40 años).

Si consideramos el género, vemos que en los hogares del tipo 1 hay mayor proporción de hombres que desempeñan tareas agropecuarias. Las mujeres se desempeñan predominantemente en tareas fuera de la

cuadro 5 inSerción laBoral de loS integranteS del hogar, por tipo, 2000-2007

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MisionesÚnicamente en la explotación 66.0 77.9 57.9 59.9

Dentro y fuera 25.5 3.6 36.8 6.4

Sólo fuera 8.5 18.5 5.3 33.7

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta a Productores Agropecuarios de las Provincias de Chaco y Misiones, Prodernea, 2000-2007.

117



explotación, superando incluso a los hombres. La doble inserción es pri-vativa del género masculino. No obstante, el aporte de trabajo femenino dentro del establecimiento continúa siendo significativo.

cuadro 6 inSerción laBoral por tipo de hogar y Sexo, 2007

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Sólo fuera de la eap

— — 62.5 37.5 46.2 53.8

Dentro y fuera de la eap

— — 16.3 83.7 25.0 75.0

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta a Productores Agropecuarios de las Provincias de Chaco y Misiones, Prodernea, 2007.

En relación con el nivel educativo alcanzado, las categorías más bajas, “primaria incompleta” y “primaria completa”, prevalecen entre quienes trabajan sólo en el predio, mientras que la proporción con instrucción “secundaria incompleta” y “secundaria completa y más” aumenta entre las personas que se emplean fuera o que tienen doble ocupación.

Al analizar la posición que tiene el trabajador en el hogar, observa-mos que en el tipo 1, la mitad de los integrantes que realizan tareas en la explotación son jefes, y algo más de un cuarto, hijos/yernos y/o nueras del jefe. Es diferente en los hogares de los tipos 2 y 3, en los que la doble inserción se da sobre todo en los jefes, mientras que los demás miem-bros se emplean fuera de la unidad productiva. La fuerte incidencia de los jefes que desarrollan tareas fuera del predio constituye un indicador acerca del impacto de la pluriactividad en este tipo de hogares, situación

118



que también se confirma en el resto de las regiones del país (Gras, 2006; Craviotti y Gerardi, 2002).

En cuanto al sector de inserción de las actividades extraprediales, continúa predominando la agricultura. En la provincia de Chaco se puede observar la centralidad que tienen las inserciones fuera del predio en el sector agrícola en aquellos hogares donde predominan los ingresos de las eap (72.6%), en tanto que en los hogares con ingresos extraprediales superiores, la proporción de las ocupaciones en la agricultura desciende (39.5%) y aumenta la de empleos en otras actividades, como el comercio, la elaboración de diversos productos, la enseñanza y la construcción.

En la provincia de Misiones, en los hogares del tipo 2, algo menos de la mitad de los que trabajan fuera de la explotación lo hace en el sector agrícola (45.9%), una décima parte en el comercio y otro tanto en la ela-boración de diversos productos; la construcción y la enseñanza son los sectores que siguen en importancia. En los hogares del tipo 3, las inser-ciones agrícolas tienen menor participación (30.6%); por el contrario, se presenta una mayor diversidad de ocupaciones en distintas actividades, entre las que cobran relevancia la industria —con gran participación de la maderera—, el comercio, el transporte y la administración pública.

La asalarización es la vía más representativa de las formas de inserción extrapredial; más de 50% de los que trabajan fuera se encuentran bajo esa categoría ocupacional. Esta característica marca un punto importante de diferenciación con respecto a la pluriactividad que se desarrolla en otras regiones del país. En la región pampeana, por ejemplo, la pluriactividad es asumida dentro de un perfil más cuentapropista. Esta situación obedece a que muchos de estos productores disponen de cierta capitalización en maquinarias que les permite desempeñarse también como prestadores de servicios a terceros. Esta forma de multiocupación no se resuelve exclusi-vamente fuera del predio ya que, en general, es esta misma tecnología la que se aprovecha para realizar las tareas dentro del predio (Gras, 2006). Debido al fuerte impacto de la asalarización, es importante considerar los meses de trabajo fuera, con el propósito de esclarecer tendencias hacia la estabilidad o no del empleo extrapredial. El promedio de meses trabajados fuera del predio es mayor en los hogares con predominio de ingresos generados por ocupaciones fuera, con duración de ocho meses, y disminuye a alrededor de cinco meses en los hogares con supremacía de ingresos procedentes de la explotación. Las inserciones agrícolas son por periodos menores de tiempo: promedios que oscilan entre cuatro meses en el tipo 2 y casi seis en el tipo 3, ya que generalmente se vinculan con

119



tareas que tienen gran estacionalidad e informalidad, como es el caso de la cosecha de distintos cultivos, o con labores muy acotadas, como la limpieza de predios, el desmalezado o alguna tarea puntual vinculada con la ganadería. En cambio, en actividades no agrícolas, el promedio de meses del trabajo temporario oscila entre siete y nueve meses, según la provincia. Si se considera el total de meses trabajados fuera de la explo-tación, sin importar el sector de inserción, vemos que 40% de los hogares del tipo 3 de ambas provincias completa el ciclo anual de trabajo con tareas fuera de la explotación, mientras que en los de tipo 2 esa situación se expresa sólo en 25% de los hogares.

cuadro 7 inSercioneS fuera del predio, Según raMa de actividad econóMica, por tipo

Rama de actividad Chaco Misiones

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Hogar tipo 2 (%)

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Construcción 2.7 7.8 8.1 4.1

Comercio 4.1 11.6 10.8 14.3

Industria 5.5 11.8 10.8 22.4

Administración pública 2.7 6.2 0.0 8.2

Enseñanza 0.0 8.5 8.1 2.0

Salud y servicios sociales 1.4 5.4 0.0 0.0

Servicio doméstico y otros servicios a hogares 5.4 5.4 0.0 0.0

Transporte 0.0 2.3 8.1 8.2

Otra 5.6 1.5 8.2 10.2

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta a Productores Agropecuarios de las Provin-cias de Chaco y Misiones, Prodernea, 2007.

reSultadoS

Se evidencian comportamientos cualitativamente distintos en las dimen-siones de la familia, del trabajo y de la actividad productiva de los tipos construidos ad hoc. Estas dos últimas dimensiones son las que marcan más

120



acentuadamente las diferencias entre los tipos, en tanto que las caracte-rísticas sociodemográficas de la familia aparecen como complementarias.

En 2000 observamos la importante difusión del trabajo fuera de la explotación entre los hogares rurales, donde alrededor de la mitad de éstos tenía al menos un integrante que desempeñaba algún tipo de tra-bajo fuera del predio. Esta tendencia se mantiene e incluso se acentúa, ya que crecen los hogares pluriactivos. Además, en Misiones la mitad de los ocupados fuera del predio siguen siendo los jefes de hogar; se incre-menta notablemente la proporción de éstos en Chaco (de representar un tercio en 2000, pasa a ser algo menos de la mitad en 2007). La presencia de estos jefes que trabajan fuera de la explotación es un indicador de la relevancia de los ingresos extraprediales, puesto que involucra a la mano de obra principal del hogar.

Con respecto al trabajo, observamos que las ocupaciones de la explo-tación demandan la mayor parte de la mano de obra del hogar, más allá del predominio de uno u otro ingreso. En los hogares agrícolas puros el trabajo de la explotación recae en el jefe y el/la cónyuge, en tanto en los otros tipos cobra relevancia la mano de obra familiar (hijos, yernos y nueras). Por otra parte, aunque crecen los hogares con múltiples ingresos, en ellos sigue siendo significativo el trabajo en la unidad productiva, ya que la mitad de los integrantes declaran trabajar únicamente en la ex-plotación. Sin embargo, se señala la relevancia que ha cobrado la doble inserción entre los jefes de hogar.

Si bien en algunos hogares rurales el trabajo fuera del predio responde claramente a una estrategia de sobrevivencia, en otros la diversificación de las fuentes de ingreso se vincula con las transformaciones que han tenido lugar en estos espacios, en general, y en los hogares rurales, en particular. La urbanización, la difusión y el más fácil acceso a la educa-ción secundaria, el acortamiento de las distancias como consecuencia del mejoramiento de las vías y los medios de comunicación contribuyen también a que la pluriactividad esté cada vez más difundida entre la población rural y a que se incrementen las inserciones extraprediales en otros sectores económicos.

Además, debemos señalar que si bien los ingresos de los hogares pluriactivos no superan al de los agrícolas puros, observamos que las contribuciones de inserciones extraprediales no agrícolas aumentan en com- paración con las extraprediales agrícolas, e incluso muestran un promedio mayor de meses de ocupación, cubriendo casi la totalidad del año. Por el contrario, las ocupaciones agrícolas son por periodos cortos y, por lo

121



general, se encuentran asociadas con hogares con escasas oportunida-des laborales en otros sectores económicos. Esto remite a una situación histórica de los pequeños productores, mientras que la presencia de empleo rural no agropecuario con remuneraciones mejores y durante prácticamente todo el año parecería ser más novedosa.

De la comparación entre los dos momentos en los que se aplicó la encuesta, destaca en 2007 no sólo el aumento de los hogares con distintas fuentes de ingresos, sino también que en éstos se produce un crecimiento de la participación de los ingresos originados en las actividades produc-tivas de la eap en el conjunto de los ingresos del hogar. No es extraño el repunte presentado por las producciones si se tiene en cuenta la profunda crisis por la que estaban atravesando el país en general y las economías regionales en particular, durante el año 2000. En el periodo analizado se produce un notable incremento de los precios de los productos tradicionales de las provincias, lo cual podría explicar el incremento de los ingresos de los hogares, sobre todo en Misiones.

A partir del análisis diacrónico en Chaco y Misiones y de la evolución de los distintos tipos de ingresos, podemos destacar, por un lado, situa-ciones más ventajosas en cuanto a la viabilidad de las explotaciones y/o los ingresos; por otro lado, situaciones de mayor vulnerabilidad.

En primer lugar, observamos un cambio en el posicionamiento de los tipos de hogares en las dos provincias. Contrariamente a lo que pasaba en 2000, los hogares exclusivamente agrícolas de Misiones presentan los ingresos totales más elevados, en tanto que en Chaco presentan una notable mejoría.

Los hogares del tipo 2 también evidencian un mejor posicionamiento según el ingreso total del hogar; al igual que en el caso de los del tipo 1, esto se debe al mayor peso del ingreso de la unidad productiva frente a los otros ingresos. En ellos es donde más claramente vemos que la com-binación de inserciones aparece asociada con una estrategia orientada a la complementación de ingresos de la economía familiar; la actividad de la explotación es la central y los otros ingresos vienen a colaborar con los gastos de la puesta en producción. Mientras los varones trabajan en la chacra y realizan tareas extraprediales agrícolas por periodos de pocos meses, generalmente relacionados con la cosecha de los principa-les cultivos, son las mujeres las que conforman la mayoría de quienes se ocupan “fuera de la explotación”.

Los hogares del tipo 3 son los que perciben menores ingresos en cada provincia. Son eap débiles, ya que las actividades productivas son

122



poco relevantes y se observa una notable disminución de miembros del hogar dedicados a tareas del predio. La opción por el trabajo extrapre-dial refuerza esa situación, al evidenciarse un aumento significativo de la asalarización en mercados de trabajo no agrícolas. Esto parecería estar asociado con una estrategia de características más individuales, en la que entran en juego las aspiraciones de los integrantes del hogar que se ven favorecidas por oportunidades de empleos urbanos y de acceso a otros ingresos monetarios (beneficios sociales y asistencia del Estado).

Más allá de la presencia o no de pluriactividad, todos éstos son ho-gares con muy bajos ingresos. Si tomamos en cuenta la remuneración promedio mensual de un asalariado registrado del sector privado para 2006,8 los hogares de los distintos tipos de la provincia de Misiones se encuentran por encima de este promedio,9 aunque debemos considerar que el mismo corresponde a la remuneración de un solo trabajador. La situación en Chaco se presenta más crítica, ya que únicamente los del tipo 2 superan el salario medio de un trabajador. Los hogares de los tipos 1 y 3 se encuentran muy por debajo de ese valor.10 Sin embargo, como ya se mencionó, no se trata del segmento de productores más pobres de estas provincias.

Debemos resaltar también que si bien la inserción fuera del predio en cierta medida compensa la menor productividad y rentabilidad de la ex- plotación, el ingreso no agropecuario no supera al percibido por las explotaciones con mayor actividad productiva. En los hogares del tipo 3 de Chaco y Misiones, donde 85% del ingreso extrapredial proviene de actividades no agropecuarias, el promedio de ingreso mensual de la actividad fuera del predio es menor al salario mensual de un trabajador registrado del sector privado. Esto nos indicaría la relatividad del empleo rural no agropecuario como salida de la pobreza en economías regionales más vulnerables, que en estas situaciones está asociado con actividades de refugio.

Finalmente, la comparación de la información brindada por la encuesta (2000 y 2007) nos permite observar que aunque los hogares pluriactivos han aumentado, esta tendencia ha sido acompañada por un

8 Fuente: Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Observatorio de Em-pleo y Dinámica Empresarial.

9 En 2006 este promedio es de $1 560. En Misiones, la media del ingreso mensual de los hogares es de $2 154 en el tipo 1, de $1 903 en el tipo 2 y de $1 625 en el tipo 3.

10 En Chaco, la media del ingreso mensual de los hogares es de $1 709 en el tipo 2, de $1 200 en el tipo 1 y de $1 154 en el tipo 3.

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mejoramiento de los ingresos procedentes de la actividad predial y por la especialización de las tareas tanto dentro como fuera del predio. Con base en esta evidencia empírica podemos expresar que la pluriactividad se presenta como una situación de estabilidad del hogar, más que como una transición hacia la asalarización del conjunto de los integrantes de estos hogares.

A diferencia de lo que ocurre en otros países de América Latina, si se mira el conjunto de las explotaciones se constata que aun en situaciones en las que el trabajo fuera se presenta como el ingreso más importante de los hogares, éstos no alcanzan a superar en importancia a los procedentes de la actividad agrícola cuando ésta es la principal fuente de ingresos.

¿Cuáles son los motivos por los que algunas familias optan por la inserción fuera y otras por la actividad en la unidad productiva? No podemos responder esta pregunta con la información de este estudio, pero todo indica que hay un fuerte reposicionamiento de los contextos externos —con oportunidades de trabajo aunque no necesariamente mejores, como quedó demostrado—, y así también de los contextos internos de las familias en cuanto a consumos, gastos, valores y necesi-dades. En este sentido, resulta sugestivo el planteamiento de Barthez, quien enfatiza que la pluriactividad es un rasgo privativo de las familias rurales. La diversificación productiva y la división de roles dentro de las unidades productivas es algo que siempre las ha caracterizado. El cam-bio hacia la mayor variedad de inserciones ocupacionales fuera de los predios pone en evidencia, por un lado, la diversificación de las fuentes de ingresos; por otro, que el grado de éxito de esa inserción se sustenta en las particularidades y motivaciones individuales (mejoras educativas de las nuevas generaciones y cuestiones de género), y no en el éxito de la unidad productiva como un todo.

Por último, hemos observado que si consideramos la pluriactividad en función de las características de los hogares, los ingresos de las activida-des prediales han mejorado en ambas provincias, lo que ha posicionado mejor a las familias con ingresos agropecuarios en relación con el pe-riodo anterior. Desde la pluriactividad de los individuos se destaca una caída significativa de la pluriinserción en favor de un incremento de los miembros ocupados únicamente fuera de la unidad agropecuaria, sobre todo mujeres y hombres no jefes de hogar.

Sin embargo, ese mejoramiento no obedece a un cambio importan-te en la organización interna de los hogares, en favor de una mayor dedicación a tareas del predio, ni a transformaciones productivas.

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Paradójicamente, son las estrategias pluriactivas las que muestran mayor dinamismo en el periodo estudiado; por lo tanto, no podríamos afirmar que existe una tendencia hacia la agrarización de este tipo de familias.

De esta manera, vale la pena rescatar que para el estudio de las fami-lias rurales habrá que tener presente cuál es su lógica de organización, siempre en un sentido pluriactivo, teniendo la precaución de no partir desde una mirada basada en la exclusividad del dominio de la producción agropecuaria predial.

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Recibido: 1 de julio de 2013


Palabras clave: gobernanza local, acción colectiva, crimen organizado. Key words: local governance, collective action, organized crime.

El presente artículo analiza formas de acción colectiva innovadoras a través de dos estudios de caso en México (Michoacán) y Colom-bia (Urabá), con el argumento de que la emergencia de la acción

colectiva de comunidades locales en contextos de violencia y resistencia a las dinámicas expansivas y extractivistas del crimen organizado, lejos de constituirse en una amenaza para la democracia, puede ser una oportunidad de configuración de nuevas prácticas democráticas de abajo hacia arriba, construcción de paz, restauración de capacidades para la

* Doctora en Investigación en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales-México. Becaria del Programa de Becas Posdoctorales de la unam, Instituto de Investigaciones Sociales, unam. Temas de especialización: Estado, conflictos sociales, democracia, construcción de paz, derechos humanos. Circuito Mario de la Cue-va s/n, Ciudad Universitaria, 04510, Coyoacán, México, D.F.

Resumen: Este trabajo aplica una metodología de estudios de caso comparados para analizar la emergencia de acciones colectivas de comunida-des locales en Colombia y México en contextos de violencia y expansión del crimen organizado. Plantea que las comunidades locales en Cherán y Urabá han configurado gobernanzas locales que se constituyen en innovaciones democráticas desde abajo, surgidas como resistencia a los con-textos de violencia. Estas acciones colectivas evi-dencian la apropiación de dispositivos institu-cionales creados en las últimas décadas a través de reformas estatales, y se articulan con redes globales e inscriben sus conflictos particulares en una discusión más amplia sobre el desarrollo territorial rural.

Abstract: This paper applies a methodology of comparative case studies to analyze the emer-gence of collective action by local communities in Colombia and Mexico in contexts marked by violence and organized crime expansion. It argues that local communities in Urabá and Cherán have configured local governance sys-tems that constitute democratic innovations from below and have emerged as forms of resistance in contexts of violence. These collective actions show the appropriation of institutional arran-gements created in recent decades through go-vernment reforms by collective actors. These ac-tions have been articulated with global networks and placed their particular conflicts into a broa-der discussion on rural territorial development.

Acciones colectivas de innovación democrática local en contextos de violencia

Sandra Hincapié Jiménez*


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Sandra Hincapié Jiménez

gobernanza territorial, y resiliencias ambientales y sociales. Estas acciones que se enmarcan en conflictos sociales evidencian a su vez la apropiación de dispositivos institucionales creados en las últimas décadas a través de reformas estatales, y se articulan con redes globales e inscriben sus conflic-tos particulares en una discusión más amplia sobre el desarrollo territorial rural.

En primer lugar, ubicamos la importancia de nuestra investigación dentro de las agendas de la ciencia política en América Latina, resaltando la ausencia de estudios de caso que relacionen las dimensiones de la go-bernanza territorial, la innovación democrática y la acción colectiva frente a contextos de violencia y expansión del crimen organizado. En segundo, exponemos los casos de estudio de Michoacán y Urabá. En tercero, ge-neramos conclusiones analíticas siguiendo una estrategia metodológica comparativa que resalta las diferencias y similitudes de los casos, extra-yendo los factores explicativos de cada uno de los procesos y proponiendo hipótesis generalizables para posteriores investigaciones.

Gobernanza, innovación democrática y conflictoS Socio- ambientaleS: una aGenda de inveStiGación en américa latina

Después de la transición definitiva a la democracia en todo el continente latinoamericano, los estudios sobre la “calidad de la democracia” (Dia-mond y Morlino, 2005; O’Donnell et al., 2004; Morlino, 2009; Vargas, 2008), la “consolidación” o “profundización de la democracia” (Munck, 2010; Ackerman, 2006; O’Donnell, 1996), y “la gobernanza” (Aguilar, 2008), dominaron la agenda de investigación en las ciencias sociales, al identificar que la implementación exclusivamente procedimental de la democracia es en sí misma una versión limitada que legitima las fuertes “brechas de representación” y “déficits democráticos” (Mainwaring y Welna, 2003; O’Donnell, 2000).

A partir de allí, las reformas estatales en América Latina crearon diseños constitucionales de pesos y contrapesos, o “accountability horizon-tal” (O’Donnell, 2001; Peruzzoti y Smulovitz, 2006), con el objetivo de vigilar y controlar el ejercicio del poder político y darle mayor calidad y valor a la democracia. Asimismo, se instituyeron “de arriba hacia abajo” procesos de “accountability transversal” (Fox, 2006, 2007), “accountability social” (Peruzzoti y Smulovitz, 2002; Isunza y Olvera, 2006) o “interfa- ces socioestatales” con grados de “innovación democrática” (Welp y

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Acciones colectivAs de innovAción democráticA locAl

Whitehead, 2011; Gurza e Isunza, 2010) y “participación social” (Serafim y Moroni, 2009; Dagnino, Olvera y Panfichi, 2006; Ziccardi, 2004).

Aunque las reformas estatales buscaron crear espacios de toma de decisiones públicas que permitieran construir formas novedosas a tra-vés de las cuales se complementaran los procesos de control político con la participación ciudadana, las investigaciones y evaluaciones sobre los mecanismos implementados han evidenciado cómo en dichos escenarios —lejos de convertirse en espacios alternativos de innovación democráti-ca— se han reproducido las relaciones de jerarquía, clientelismo, disputas por recursos, control y corrupción, características de la trayectoria histó-rica que los antecedía (Cameron, Hershberg y Sharpe, 2012; Wampler, 2007; Pateman, 2012; Lissindi, 2011; Altman, 2010).

Unido a lo anterior, y de manera paralela a los procesos de reforma estatal, se ha presentado en países como Colombia y México un aumento en la capacidad de las organizaciones criminales para ordenar las socieda-des locales y subnacionales desafiando el poder de los Estados. En ese sentido, los gobiernos no sólo siguen haciendo frente a los problemas asociados con la pobreza, el desempleo, la desigualdad y el fortalecimien-to de las instituciones democráticas, sino también a los desafíos estatales relacionados con la actuación de las organizaciones criminales, cuya ma-nifestación más evidente es el incremento de la inseguridad y la violencia.

En este contexto, los problemas asociados con la gobernabilidad territorial se han visto agudizados en los últimos años en toda América Latina, con la emergencia de conflictos sociales ligados con las dinámicas extractivistas, incrementadas de manera exponencial en la última década gracias a diversos mecanismos estatales como el otorgamiento por parte de los gobiernos centrales de concesiones especiales a los inversionistas a través de acuerdos comerciales, políticas de subsidios y contratos de estabilidad, desregulación para la entrega de licencias para la exploración y explotación de recursos naturales no renovables en amplios territorios nacionales. Los conflictos socioambientales liderados por comunidades étnicas y campesinas están centrados en la defensa de los bienes comu-nes de recursos naturales amenazados por el avance del extractivismo depredatorio; es decir, en las disputas entre agentes colectivos por el acceso, control y/o formas de aprovechamiento de los recursos naturales y el territorio en que éstos se encuentran (Svampa, 2012; Leff, 2006, 2009). Dichos conflictos han traído consigo enfrentamientos entre los gobiernos centrales y las comunidades locales, donde la criminalización y la represión de la acción colectiva se han visto incrementadas, en países

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como Ecuador, Bolivia, Paraguay, Guatemala, Perú, Chile y Argentina, lo que ha llevado a graves problemas de gobernabilidad territorial (Pineda, 2012; Svampa 2008, 2011; ocmal, 2011).

En los países donde se han dado procesos de expansión del crimen organizado, como México y Colombia, estos conflictos se han agudizado ya que las comunidades locales, sin encontrar respuestas institucionales efectivas, no sólo hacen frente a las grandes empresas protegidas por los gobiernos centrales, sino también a las organizaciones criminales que convergen y refuerzan las dinámicas de extractivismo depredatorio de los recursos naturales en sus territorios. Aunque de manera diversa, tanto los conflictos sociales como las organizaciones criminales representan un desafío para la gobernanza territorial y la estructuración del orden estatal. Por una parte, las organizaciones criminales logran constituir órdenes que se yuxtaponen al estatal, desafiando la capacidad de las organizaciones estatales para llevar a cabo sus fines; en muchos casos, llegan incluso a suplir a las mismas organizaciones estatales en los territorios donde hacen presencia. Por otra parte, las comunidades locales y regionales, protagonistas de los conflictos sociales, ponen en cuestión las formas de ordenamiento y planificación económica de sus territorios por parte de los poderes centrales, que en contextos de violencia no han cumplido con las garantías mínimas de protección de la vida y la libertad de las comunidades frente a las organizaciones criminales.

micHoacán: SoberaníaS en vilo y territorioS en diSputa

En México, la expansión del extractivismo depredatorio y el crimen orga-nizado, ha llevado a comunidades locales a emprender acciones colectivas de resistencia e incluso a constituir organizaciones coercitivas de autode-fensa (Tetreault, 2012; Paz, 2012; Sierra, 2012; Navarro, 2012; Delgado, 2010; López, 2010). Esta práctica se ha extendido en los últimos meses y algunos analistas la han considerado como una amenaza al Estado de derecho, cuestionamiento al orden estatal, evidencia de la “falla estatal” y sus organizaciones legítimas, y reclaman a su vez al gobierno nacional mayores capacidades en el ejercicio de la coerción y la recentralización de la autoridad y el mando. Sin embargo, estas respuestas ponen en el centro los peligros de regresión autoritaria (Salazar, 2012), donde las promesas de democratización que trajeron consigo la alternancia y el pluralismo electoral a escala nacional podrían desaparecer, para retomar el camino de la restitución del orden autoritario.

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El suroeste de Michoacán ha sido un corredor estratégico habitual de tráfico de drogas. Por un lado, el tráfico que viene de Sudamérica (Colombia y Perú, entre otros países) hacia Estados Unidos; por otro, es la salida al Pacífico de mariguana y amapola, así como de diversas drogas sintéticas que se producen en la sierra, costa y Tierra Caliente. Durante las décadas de los ochenta y los noventa, tres organizaciones criminales fueron predominantes de manera alterna o en procesos de disputa por el control de la región: el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel del Milenio. Este proceso de fragmentación, competitividad y violencia por disputa de territorios entre organizaciones criminales ha tenido una agudización en los últimos años. La Familia Michoacana surgió como organización criminal local que disputó su autonomía y territorios a sus antiguos aliados en 2006 (primero el Cártel del Golfo y después los Zetas), y logró un férreo control coercitivo, político, económico y social en gran parte del estado, que en Tierra Caliente —base de sus operaciones— lle-gó incluso a formas de legitimación social basadas en el fervor religioso (Hincapié, 2013: 256-289).

El gobierno del presidente Felipe Calderón decidió emprender una cruzada y declaró la guerra al crimen organizado; comenzó con el Operativo Conjunto Michoacán. Durante el operativo se realizó un gran despliegue militar con más de 7 000 agentes en la región, que realizaron incautaciones, arrestos, homicidios y destrucción de cultivos de marihua-na (Maldonado, 2012: 33; Astorga, 2007: 184-210). La intensa actividad militar dejó un saldo muy alto de violaciones a los derechos humanos, con un incremento sin precedentes en las denuncias en contra de las organizaciones de coerción estatal por robo, detenciones arbitrarias, ame-nazas, uso indebido de la fuerza, entre otras; en sólo un año, entre 2007 y 2008, crecieron en 300% los casos de tortura denunciados, según lo ha documentado la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán (Maldonado, 2012: 32).

A pesar de la militarización, las organizaciones criminales conso-lidaron su capacidad de dominio y ordenamiento regional en total impunidad. El 26 de mayo de 2009, el gobierno federal, en el marco de su “guerra contra el crimen organizado” y del Operativo Conjun-to Michoacán, con la participación de elementos de la Policía Federal Preventiva y del Ejército, detuvo a 16 servidores públicos de alto nivel y 11 presidentes municipales, acusados de tener vínculos con el crimen organizado. En el operativo que fue dado a conocer por los medios de comunicación como el “Michoacanazo”, fueron violados la Constitución

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y los procedimientos del Estado de derecho; las aprehensiones fueron realizadas sin orden judicial, los arrestados fueron presentados mucho tiempo después ante el Ministerio Público, en la mayoría de los casos no se permitió que fueran asistidos por defensor particular, no se les informó sobre el contenido de las imputaciones, y no se respetó el fuero constitucional de diversos funcionarios; en general, las irregularidades fueron tan evidentes y flagrantes que finalmente todos los arrestados ter-minaron por ser liberados al poco tiempo (El Universal, 28 de septiembre de 2010, 12 de abril de 2011).1

La estrategia militarista del gobierno de Felipe Calderón fracasó en su intento de romper con el predominio del crimen organizado en Mi-choacán, el cual en 2010 protagonizó otro proceso de disputa territorial tras la fractura de la Familia Michoacana y el surgimiento de los Caba-lleros Templarios. Sin embargo, el nuevo predominio de estos últimos no cambió en nada las relaciones de dominio, depredación y violencia en el sur michoacano, las cuales continuaron incluso de manera mucho más agresiva con la población.

Como resultado de los procesos de depredación y expansión del dominio del crimen organizado en la región, en las zonas boscosas de la Meseta Purépecha la tala ilegal de los bosques dio origen a intensos conflictos violentos que tuvieron como epicentro el municipio de Cherán. En este municipio la tala indiscriminada de bosques por parte del crimen organizado arrasó con más de 20 000 hectáreas de bosques (de 27 000 en total de tierras comunales). Asimismo, hubo secuestros y extorsiones, ante la total indiferencia de las autoridades estatales. El 15 de abril de 2011, la comunidad organizada se enfrentó a los comandos armados y expulsó a la policía y al alcalde municipal, acusados de ser cómplices de las organizaciones criminales.

1 La relación entre el crimen organizado y la representación política en Michoa-cán ha sido ampliamente ventilada en la arena pública. Un ejemplo de ello ocurrió en octubre de 2010, cuando la Procuraduría General de la República (pGr) reveló la grabación de una llamada en la que Julio César Godoy, diputado federal por el Par-tido de la Revolución Democrática (prd), y hermano del entonces gobernador Leonel Godoy, dialoga con Servando Gómez, alias “La Tuta”; en esta conversación realizada en el primer semestre de 2009 afirma el hoy jefe de los Caballeros Templarios: “Compa, primeramente, le deseo que gane, cuente con todo el apoyo, usted va a ganar, cuente con todo el apoyo, muy discretamente con los locales, le hicieron por abajo, todo mundo pa’ usted, y sin amenazar a ningún culero de los otros partidos […], usted gana, compa, primeramente Dios, usted va a ser, no hay vuelta” (El Universal, 14 de octubre de 2010).

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La acción colectiva de los habitantes de Cherán llevó a la necesidad de asumir la seguridad de su territorio conformando una guardia comu-nitaria; asimismo, reivindicando el derecho a la autodeterminación, a través de una estructura asamblearia por zonas dispusieron sus propias autoridades municipales. En la medida en que la constitución estatal no contemplaba la autodeterminación de los pueblos originarios, hicieron uso del litigio estratégico, apelando al Convenio 169 de la Organiza- ción Internacional del Trabajo (oit) (artículos 5 y 6), así como a la De-claración de los Pueblos Indígenas firmada por el Estado mexicano en 2007, para que el Instituto Electoral de Michoacán permitiera la elec-ción de autoridades municipales a través del mecanismo legal de Usos y Costumbres; sin embargo, el Instituto Electoral de Michoacán negó la petición de la comunidad y respondió que no tenía competencia para conocer el caso, pues se carecía de regulación local. Los cheraneces decidieron entonces interponer un recurso jurídico ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual reconoció, en su fallo del 2 de noviembre del 2011, a Cherán como pueblo purépecha, así como su derecho a la autodeterminación de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales para la elección de autoridades municipales (Luna Ramos, 2012; Aragón, 2013).

Las visitas y el acompañamiento del proceso realizado por la Ofici-na del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas fueron fundamentales como recordatorio de la obligación estatal de respetar los derechos de los pueblos indígenas consignados en la le-gislación internacional (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2011: 37; Cambio de Michoacán, 30 de noviembre de 2011). Las elecciones que se desarrollaron el 5 de febrero de 2012 permitieron establecer el Consejo Mayor de Gobierno Comu-nal, compuesto por 12 personas, como la nueva estructura de gobierno del municipio, además de seis consejos y 20 comisiones. En palabras de Juan Navarrete, coordinador de Conciliación y Justicia del Concejo Mayor de Cherán: “Nuestra comunidad encontró en la figura de Usos y Costumbres el derecho legal para obtener nuestro reconocimiento como municipio autónomo y de esta forma poder autoorganizarnos y gober-narnos” (Amezcua, 2013).

El costo de enfrentar al crimen organizado, expulsar a las organizacio-nes de coerción estatal, al gobierno municipal y a los partidos políticos, así como elegir a sus propias autoridades en forma apartidista, ha sido muy alto, pues en año y medio fueron asesinados 15 comuneros a manos

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del crimen organizado, ante la indiferencia de las autoridades estatales y federales (Román Burgos, 2012; Ventura, 2012). Asimismo, los comuneros de Cherán afirman que no ha sido fácil poner en marcha su nueva forma de gobierno, pues además de enfrentar a los organizaciones criminales, han encontrado desidia y negligencia en las dependencias gubernamenta-les, tanto estatales como federales, que se niegan a reconocer su gobierno comunal en los procesos administrativos ordinarios.

A pesar de lo anterior, la acción colectiva innovadora de la comu-nidad de Cherán ha dado lugar a diversas estrategias de movilización y articulación de repertorios que exceden el ámbito local y las reivin-dicaciones de las comunidades indígenas para inscribirse en procesos contenciosos más amplios. En noviembre de 2012 fueron realizadas la Octava Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos sobre Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos en el Estado de Michoacán.2 En este encuentro fueron presentados más de una decena de casos regionales de conflictos socioambientales, muchos de ellos relacionados con la expansión de la agroindustria aguacatera y la acción del crimen organizado, como en el caso de las comunidades indígenas de Patamban y Tengüencho, en la de-fensa de sus bosques contra las plantaciones agroindustriales de aguacate; asimismo, se denunció la contaminación de las aguas y la tierra debido a los pesticidas y herbicidas utilizados en la producción industrial de agua-cates y otros cultivos de exportación en el estado de Michoacán. Por otro lado, las comunidades de Cherán, Charo, Angangueo y Cherantzicurin están resistiendo la explotación forestal ilegal por parte de grupos de talamontes del crimen organizado, que además ocasionan un gran daño ambiental, pues la depredación de los bosques ocasiona pérdida de ma-nantiales y zonas de recarga.

En el dictamen presentado como resultado de la Preaudiencia fue-ron denunciadas las autoridades estatales por la falta de respuesta a las iniciativas de la población para frenar la depredación de los bosques. Se consideró que “hay una violencia palpable ejercida por el Estado,

2 El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético internacional de carác-ter no gubernamental que, como tal, examina las causas de la violación de los derechos fundamentales de los pueblos, determina si, en efecto, han sido violados tales derechos y, finalmente, denuncia ante la opinión pública internacional a los autores de dichas violaciones. Está conformado por múltiples personalidades de reconocida autoridad mo-ral provenientes de diversos países, disciplinas y horizontes ideológicos.

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secundado por algunas empresas y personas particulares, en contra de los pobladores”, en la medida en que

se ha negado el acceso a la justicia, se ha permitido el despojo de bienes comunales, entre ellos la tierra, los bosques y el desmantelamiento de los derechos colectivos, se ha permitido el acoso, la persecución y la criminali-zación de los defensores de la comunidad, entre otros (Tribunal Permanente de los Pueblos, 2012).

Estos conflictos ecológicos distributivos han logrado insertarse en las redes de movilización de un debate más amplio nacional e internacional; en ese sentido, las acciones colectivas de las comunidades purépechas, al movilizarse en resistencia activa, están cuestionando las formas de orde-namiento regional que hasta ahora han sido impuestas desde el gobierno central y que han facilitado la depredación, el daño a los sistemas natura-les como fuente y condición de sustento, así como la pérdida de seguridad en general provocada por la agroindustria y el crimen organizado. Del mismo modo, el reclamo de autonomía por parte de las comunidades purépechas reabre una discusión por el lugar de las comunidades locales en la planeación y ordenamiento de sus propias sociedades.

En contraste con Cherán, que ha fortalecido la acción colectiva como innovación democrática de un gobierno colectivo, en los demás muni-cipios michoacanos se vivió durante 2013 y 2014 una guerra a muerte entre autodefensas comunitarias y diversas organizaciones criminales que se disputan los territorios de siembra, transporte, comercialización y extracción de rentas en el estado. La situación de ingobernabilidad fue reconocida por autoridades de los diferentes niveles de gobierno, las cuales aceptaron públicamente el control que las organizaciones criminales lograron en la región.3 Dicho reconocimiento, unido a los enfrentamientos abiertos entre organizaciones armadas privadas que amenazaba con colapsar el gobierno estatal, obligó al gobierno federal a plantear una estrategia de intervención directa diseñada “desde arriba” que ha logrado hasta el momento coordinar las organizaciones armadas

3 El propio presidente Enrique Peña Nieto reconoció en julio: “Han existido espa-cios que se han dejado o que ha ganado lamentablemente el crimen organizado” (Ex-célsior, 25 de julio de 2013). En noviembre de 2013, el propio presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, declaró que en el estado de Michoacán “nadie se salva” de pagar las extorsiones al crimen organizado, al cual considera “un gobierno paralelo” (Excélsior, 10 de noviembre de 2013).

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consideradas “autodefensas” e incorporarlas en un esquema de policías comunitarias bajo la supervisión estatal.

urabá: conSolidación paramilitar aGroinduStrial y reSiStencia pacífica

En Colombia, las dinámicas de expansión del crimen organizado del paramilitarismo durante las últimas décadas crearon las condiciones de reordenamiento territorial que hicieron posible el desarrollo de megaproyectos extractivos y agroindustria de exportación, entre otros. La nueva territorialidad rural capitalista en buena medida fue configurada gracias a la acumulación por desposesión de las tierras de cientos de campe-sinos, y persecución y aniquilación de organizaciones sociales por medio de la expansión del crimen organizado en un proceso de contrarreforma agraria y control territorial (Fajardo, 2009; Reyes Burgos, 2008; Mondra-gón, 2002). A pesar de la pacificación lograda a través del copamiento territorial, el incremento de nuevos conflictos socioambientales en los últimos años ha estado asociado con los procesos de resistencia y movili-zación de las comunidades locales en la defensa de sus territorios (Centro de Investigación y Educación Popular, 2012; Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, 2012; Escobar, 2010).

Urabá, región ubicada en los departamentos de Antioquia y Chocó, en el noroeste del país, ha sido considerada en los procesos de planeación territorial gubernamental como “la mejor esquina de América”, al ser un territorio agroindustrial por excelencia, con una ubicación privilegiada para las nuevas exigencias económicas globales. Además, sus recursos hídricos (cuenca de los ríos Atrato, Sanjuán, Baudó y Patía), su diversidad de flora y fauna y sus recursos minerales hacen de ésta una zona de gran riqueza natural y epicentro de megaproyectos como el canal interoceánico y la red de gasoductos entre Panamá, Colombia y Venezuela, así como potencial de conexión vial con Centroamérica.

En las últimas tres décadas, esta misma región fue uno de los esce-narios de disputa y reordenamiento territorial más violentos del país, lo que generó una verdadera crisis humanitaria (Suárez, 2007; García y Aramburo, 2011). A partir de la década de los ochenta el ordenamiento regional estuvo orientado a la expansión y consolidación agroindustrial bananera, y posteriormente palmera, a través de estrategias de acumula-ción por despojo, gracias al desplazamiento forzado masivo, desaparición,

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exterminio de la oposición política y proscripción de las expresiones contenciosas que reivindicaran el reconocimiento de derechos políticos y laborales, entre otros. Dicha transformación regional violenta, orientada al mercado externo, fue posible gracias a los procesos de militarización y dominio del crimen organizado del paramilitarismo (Hincapié, 2013: 291-329).

Durante la década de los años noventa, a pesar de las denuncias por las graves violaciones de derechos humanos en la región, hechas por diversas organizaciones sociales nacionales e internacionales, los de-nunciantes y las víctimas del crimen organizado fueron perseguidos y estigmatizados sin encontrar ninguna respuesta efectiva de protección de sus derechos (Giraldo, 2010: 27). El desplazamiento aluvial continuó sin dar tregua, lo que hizo crítica la situación de los campesinos, que abandonaban la región o se sometían a una muerte inminente. En este contexto, acosados por el hambre y el horror, el 23 de marzo de 1997, acompañado por la Iglesia católica, parlamentarios de Holanda y dele-gados de diversas organizaciones nacionales de derechos humanos, el corregimiento de San José de Apartadó se declaró como Comunidad de Paz, una comunidad civil neutral a todos los actores armados, estatales, paraestatales e insurgentes (Uribe, 2005; Giraldo, 2010).

La declaración de neutralidad de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó la puso en la mira de las organizaciones criminales parami-litares, que dieron plazo perentorio a los campesinos para abandonar el corregimiento. La posibilidad de supervivencia de la Comunidad de Paz fue posible gracias a la movilización de recursos por parte de organizaciones de derechos humanos y la Iglesia católica. Las agencias de cooperación internacional fueron fundamentales para proveer de recursos económicos a la Comunidad de Paz en un contexto de aislamiento. En 1998, ésta recibió el Pfeffer Prize Peace de la Fellowship of Reconciliation, que la consideró un ejemplo de construcción para la paz en el mundo, lo que, sumado a invitaciones internacionales de algunos líderes, le dio mayor visibilidad internacional (Uribe de Hincapié, 2005).

A pesar de los pronunciamientos de la Organización de las Naciones Unidas (onu) y de las medidas provisionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cidH) (resoluciones del 24 de noviembre de 2000 y del 18 de junio de 2002), así como diversas organizaciones internacio-nales a favor del respeto por la Comunidad de Paz, en los primeros ocho años de existencia de ésta fueron asesinados 152 de sus miembros. Los

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hostigamientos y persecuciones fueron constantes, así como el desplaza-miento forzado.

La estrategia de denuncia y movilización internacional de la Comu-nidad de Paz, así como los numerosos litigios estratégicos interpuestos ante instancias judiciales para exigir verdad y justicia, llevaron a la Corte Constitucional, en la Sentencia T-1025 de 2007, a aceptar que:

En relación con los hechos sucedidos en San José de Apartadó, es evidente que el Estado no ha hecho lo suficiente para impedir que la Comunidad haya sido víctima de tantos crímenes. Faltar al deber de protección es muy grave. Pero igualmente grave es la falta de resultados en las investigaciones penales iniciadas con ocasión de esos crímenes.

La Corte exhortó al gobierno nacional a que se protegieran de manera integral los derechos de acceso a la justicia, a la verdad y a la reparación de los miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, y que se procurara reconstruir la confianza entre las instituciones encargadas de su protección. Ante el incumplimiento de la sentencia, fue expedido el Auto 164 del 6 de julio 2012.4

A pesar de la persecución y el exterminio de la Comunidad de Paz de San José de Apartado, las comunidades del sur de Urabá, de los co-rregimientos de Curvaradó y Jiguamiandó, víctimas de desplazamiento forzado, decidieron en 2005 retornar al territorio en una acción colectiva de resistencia activa a través de la estrategia de Zonas Humanitarias, como se estaba llevando a cabo en San José de Apartadó con el acompa-ñamiento de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz.

La creación de Zonas Humanitarias buscó prevenir los ataques contra la vida y la integridad de los integrantes de las 14 familias que inicialmente decidieron retornar. Con base en el Derecho Internacional Humanitario, fueron delimitadas y señalizadas las áreas de ocupación de las familias y se prohibió el ingreso de cualquier actor armado —estatal y no estatal—, de acuerdo con el II Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra, que distingue combatientes y no combatientes y reivindica el

4 Diversas comisiones de investigación internacional, entre ellas una Comisión del Congreso de Estados Unidos, han documentado la responsabilidad del ejército en los hechos (Giraldo, 2010: 189-206); sin embargo, sólo en abril de 2013 la justicia colombia-na llamó a rendir indagatoria a los generales retirados del ejército Luis Alfonso Zapata Uribe y Héctor Jaime Fandiño para que aclararan su presunta participación y responsa-bilidad en los hechos ocurridos, al ser denunciados de manera reiterada por paramilita-res desmovilizados (Verdad Abierta, 17 de abril de 2013).

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respeto a la vida de los civiles, así como a la tierra, a la verdad, la justicia y la reparación integral frente a los crímenes cometidos. Esta estrategia de movilización fue reconocida por la cidH en la Resolución del 12 de marzo de 2005, en la que exigió al gobierno nacional otorgar protección especial a las “zonas humanitarias de refugio” establecidas por las comu-nidades y “garantizar la protección y la seguridad de los beneficiarios sin ningún tipo de coacción o amenaza” (cidH, 2005).

Una vez establecidas en la Zona Humanitaria, las comunidades se enfrentaron con los dilemas asociados con la recuperación de la tierra que había sido sembrada con extensos cultivos de palma africana, por lo cual se hacía perentoria la recuperación de su entorno, la fauna y la flora del territorio, para la supervivencia. Al hacerse evidente la ne-cesidad de proteger y recuperar el medio ambiente, en una región de inmensa biodiversidad amenazada por la agroindustria y el saqueo de los bosques, se decidió la creación de Zonas de Biodiversidad. Como estra-tegias de innovación y acción colectiva, éstas surgieron amparadas en la legislación internacional de protección ecológica, como el Convenio sobre Diversidad Biológica de la onu 1992 —ratificado por Colombia a través de la Ley 165 de 1994—, el Convenio 169 de la oit gracias al cual se establecieron los Títulos Colectivos de Comunidades Negras de Curvaradó, Jiguamiandó y Cacarica, así como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25, y el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales.

Asimismo, las Zonas de Biodiversidad se afirman en los preceptos de la función ecológica de la propiedad desarrollada en la legislación colombiana según la Ley 2 de 1959 y el decreto 1745 de 1995 sobre con-servación de recursos naturales y Zonas de Reserva Forestal, la Ley 99 de 1993 sobre gestión y conservación del Medio Ambiente, la Ley 70 de 1993 sobre los títulos Colectivos de Comunidades Negras, y el Decreto 1996 de 1999 sobre Reservas Naturales de la Población Civil. En medio de la acción colectiva, las Zonas de Biodiversidad se han ido perfilando como

áreas de protección, conservación y de recuperación de ecosistemas nativos en territorios colectivos o privados y de afirmación del derecho a la alimen-tación y vivienda familiar digna, cuyos predios han sido arrasados o están en riesgo de ser destruidos por agronegocios, obras de infraestructura o explotación de recursos naturales (Bouley y Rueda, 2007).

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La acción colectiva innovadora de las comunidades locales también ha sido objeto de persecución por parte de las organizaciones criminales paramilitares. La cidH ha ratificado las medidas provisionales a estas comunidades a través de resoluciones en 2008, 2009 y 2010. Ante esta situación, las comunidades, apoyadas en organizaciones de derechos humanos, han utilizado el litigio estratégico como medio para lograr el pronunciamiento de altas cortes. Gracias a dichas estrategias, la Corte Constitucional, en los Autos de Seguimiento a la Sentencia T-025 sobre la situación de las comunidades desplazadas (Autos 005 de 2009 y 384 de 2010), retomó como casos paradigmáticos la situación de las comunidades de Curbaradó y Jiguamiandó, debido a la gravedad de la situación y a la vulnerabilidad que enfrentan. Asimismo, exhortó al gobierno nacional a dar cumplimiento a la restitución efectiva de las tierras a las comuni-dades desplazadas y a establecer un programa de atención integral a las comunidades víctimas de desplazamiento forzado en el país (Corte Constitucional de Colombia, 2009, 2010).

El 18 de mayo de 2010, la Fiscalía General dictó medida de detención en contra de 28 empresarios palmeros (de empresas creadas directamente por paramilitares) en los territorios pertenecientes a las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, argumentando que dichas empresas palmeras se correspondían con “verdaderas empresas criminales” y confirmando las denuncias e informes presentados desde 2004, en los que se relaciona-ban los procesos de militarización, la expansión del crimen organizado, la estrategia de tierra arrasada, el desplazamiento forzado, el despojo, la venta ilegal con la amenaza de “o vende la tierra usted o se la compro a la viuda” y la reconversión agroindustrial de palma de aceite en la región de Urabá (Mingorance et al., 2004; Franco y Restrepo, 2011).

Las Zonas de Biodiversidad en la región se han ido extendiendo al interior de los Títulos Colectivos de Comunidades Negras de Curvaradó, Jiguamiandó, Vigía de Curvaradó y Santa Rosa del Limón, Cacarica y Pedeguita y Mancilla. Esto es una acción colectiva que se constituye en una estrategia de innovación democrática para reivindicar un proyecto de vida civilista que afirma el derecho a la vida digna, el retorno de los desplazados a sus comunidades, la restitución frente al despojo, pero también la construcción propia del ordenamiento territorial, de un proyec- to enmarcado en la protección del medio ambiente y la recuperación de los ecosistemas nativos, dado el impacto depredador de la explotación a gran escala de maderas y la agroindustria de palma africana.

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comparando eScenarioS de innovación

Al analizar los casos anteriores en Colombia y México, se puede eviden-ciar cómo las acciones colectivas de comunidades locales en contextos de violencia por la presencia del crimen organizado se constituyen en escenarios de construcción y apropiación desde abajo de mecanismos de innovación democrática para la gobernanza territorial. Estas nuevas prácticas democráticas de abajo hacia arriba son, además, formas de construcción de paz local, restauración de capacidades para la gobernanza territorial y resiliencias ambientales y sociales. Estas dinámicas de acción colectiva, que emergen como estrategias de resistencia local a contextos violentos, nos señalan diversas maneras de apropiación de dispositivos institucionales creados en las últimas décadas a través de reformas esta-tales descentralistas, que se articulan con redes globales e inscriben sus conflictos particulares en una discusión más amplia sobre el desarrollo territorial rural y las formas de relación entre los seres humanos y la naturaleza.

Tanto en el caso de Cherán como en las Comunidades de Paz, Zo-nas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Urabá observamos las relaciones entre diferentes actores colectivos: a) Actores nacionales y transnacionales interesados desde afuera; b) nivel institucional formal, tan- to nacional como regional, donde aparecen los gobiernos y las organiza-ciones estatales implicadas con sus trayectorias de gobernanza territorial desde arriba; c) Empresas y/o organizaciones extractivas; d) comunidades locales desde abajo; e) un contexto de violencia por la expansión del cri-men organizado (gráfica 1, en la siguiente página).

Como se observa en la tabla 1 (en la página 145), en el caso de Cherán la acción colectiva de la comunidad indígena se apoyó en la legislación nacional e internacional como estructuras de oportunidad que permitieron utilizar el litigio estratégico como mecanismo efectivo para la reivindicación de sus demandas. Aprovechando y articulando las estructuras de oportunidad que la misma Constitución Política ofrece, con el reconocimiento de Usos y Costumbres como forma legal de auto- determinación de las comunidades indígenas, la comunidad encontró posibilidades para la legitimación, rutinización e institucionalización de su propuesta innovadora de gobernanza local, reconocida como un caso sui géneris por la Corte Suprema de Justicia en 2014. Asimismo, la exitosa utilización de la consulta previa deja un precedente fundamental de la im-portancia de este mecanismo de participación para que las comunidades

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puedan ser partícipes efectivas en la toma de decisiones del poder local. De acuerdo con lo anterior, el reconocimiento legal del Consejo Mayor de Gobierno Comunal como una nueva forma de gobernanza local permite no sólo la apropiación social, sino también la apropiación institucional de una organización política novedosa inscrita en el engranaje estatal.

Gráfica 1 dimenSioneS y relacioneS entre factoreS que intervienen en la Gobernanza territorial en contextoS de violencia

Fuente: Elaboración propia.

Asimismo, la acción colectiva innovadora con efectos locales inmediatos logró articulaciones con múltiples redes y con actores locales, regionales e internacionales, al inscribir sus demandas en repertorios de confron-tación más amplios de conflictos socioambientales, defensa de recursos naturales y bienes comunes, afectados por las dinámicas extractivistas y depredadoras de diversos actores legales e ilegales.

Los resultados exitosos de la acción colectiva de la comunidad indíge-na de Cherán son evidentes, ya que contrasta el proceso de consolidación de la gobernanza local con los demás municipios del sur michoacano, donde se incrementaron de manera exponencial durante el mismo periodo los conflictos violentos con la emergencia de diversos grupos

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tabla 1 comunidad indíGena de cHerán-micHoacán

Estructuras de oportunidad Estrategias de movilización

Desde arriba Constitución Política Mecanismo legal de Usos y Costumbres

Litigio estratégicoVisibilidad y denuncia pública a nivel nacionalArticulación con organizacio-nes de derechos humanos de carácter nacional

Desde afuera Convenio 169 de la Organiza-ción Internacional del TrabajoDeclaración de los Pueblos Indígenas (firma del tratado en 2007).Tribunal Permanente de los Pueblos

Acompañamiento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones UnidasVisibilidad y denuncia pública internacionalArticulación con organizaciones de derechos humanos internacionales Articulación con comunida-des afectadas por conflictos socioambientalesArticulación con comunidades

Desde abajo Movimiento Indígena de Michoacán, Nación Purépecha Zapatista

Creación de guardias comunitariasCreación del Consejo MayorCreación de comisión de pueblos indígenas de Michoacán para dar seguimiento a las policías comunitarias de sus territorios Creación de redes nacionales de afectados ambientales


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armados, algunos de los cuales responden a organizaciones criminales que están disputando territorios para la extracción de rentas y narcotrá-fico; también se dan casos de autodefensas comunitarias que tratan de proteger los derechos más básicos a la vida y la libertad amenazada por el dominio criminal.

En el caso de las Comunidades de Paz, las Zonas Humanitarias y las Zonas de Biodiversidad, la articulación con organizaciones no guberna-mentales de derechos humanos nacionales e internacionales, así como con comunidades eclesiales, ha sido fundamental para lograr visibili-dad, acompañamiento internacional, legitimidad y financiamiento. A diferencia del caso de Cherán, que encontró en el litigio estratégico a nivel nacional (desde arriba) la posibilidad del reconocimiento legal y la institucionalización del proceso innovador local (desde abajo), en Urabá las comunidades encontraron en la articulación con la redes y tribunales internacionales (desde afuera) la oportunidad de reconocimiento de su estrategia innovadora ante la oposición, en primera instancia, del go-bierno estatal.

En un contexto de escalonamiento y consolidación del dominio de las organizaciones criminales en la región, las Comunidades de Paz, Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad se constituyeron en un espacio de encuentro y organización de víctimas para la acción colectiva, la recons-trucción de solidaridades, oportunidades de vida en comunidad desde la no violencia, el respeto por los derechos humanos y la recuperación de capacidades sociales y ambientales para la vida en común.

En ambos casos, la articulación en diversas redes de demandas y rei-vindicación de derechos fue fundamental para promover y replicar este tipo de acciones colectivas innovadoras, como sucede con las Zonas de Biodiversidad; del mismo modo, es constante en los dos casos, además de nuevas formas de gobernanza local, la defensa de los bienes comunes desde propuestas de recuperación medioambiental que surgen en condi-ciones de desprotección estatal inicial, sin mayores recursos disponibles, pero aun así logrando constituirse en alternativas efectivas y visibles que promueven desde abajo procesos comunitarios sostenibles, pacíficos, en armonía con el medio ambiente y prácticas horizontales de organización de la vida en común.

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tabla 2 comunidadeS de paz, zonaS HumanitariaS y de biodiverSidad-urabá

Estructuras de oportunidad Estrategias de movilización

Desde arriba

Constitución Política de ColombiaLey 2 de 1959 y el decreto 1745 de 1995 sobre conserva-ción de recursos naturales y Zonas de Reserva ForestalLey 99 de 1993 sobre gestión y conservación del Medio AmbienteLey 70 de 1993 sobre Títulos Colectivos de Comunidades Negras. Decreto 1996 de 1999 sobre Reservas Naturales de la Población Civil

Litigio estratégico ante Altas CortesVisibilidad y denuncia pública a nivel nacionalArticulación con organizaciones de derechos humanos de carácter nacionalArticulación con organizaciones sociales y eclesiales

Desde afuera

II Protocolo adicional a los Convenios de GinebraConvenio sobre Diversidad Biológica de la onu 1992 (ratificada en 1994)Convenio 169 de la Organiza-ción Internacional del TrabajoDeclaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25)Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales

Litigio estratégico ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos Visibilidad y denuncia pública internacionalFinanciamiento y visibilidad pública internacional por parte de Agencias de Cooperación europeasArticulación con parlamentarios europeosArticulación con organizaciones de derechos humanos internacionales

Desde abajo

Organizaciones de víctimas Creación de Comunidades de PazCreación de Zonas HumanitariasCreación de Zonas de Biodiversidad


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concluSioneS

A través del análisis de estudios de caso en México y Colombia explicamos cómo comunidades locales en Cherán y Urabá han logrado configurar gobernanzas locales que se constituyen en innovaciones democráticas desde abajo, surgidas como resistencia a un contexto de violencia por el dominio del crimen organizado en sus respectivas regiones. En las diver-sas interacciones de las acciones colectivas pudimos determinar que la acción colectiva innovadora de las comunidades se constituye en sí misma en dispositivo de organización, de nuevas formas de relación con el poder central, de renovación en los mecanismos de planeación del territorio y gobernanza territorial que surgen desde abajo, incluso aprovechando y reactualizando estructuras de oportunidad implantadas desde arriba por los gobiernos centrales en los procesos de reformas estatales de las últimas décadas y desde afuera en la legislación internacional y las Convenciones de derechos humanos.

Lo anterior evidencia que estas acciones colectivas innovadoras locales se estructuran también en un nuevo contexto de internacionalización de conflictos en el proceso de globalización, con la incursión de nuevos agentes transnacionales con sus respectivos recursos y probabilidades de poder; en ese sentido, las comunidades locales que ya no se conciben como comunidades autocontenidas llevan a cabo su acción colectiva aprovechando recursos desde afuera al tejer redes de solidaridades y apoyos con agentes, organizaciones y comunidades transnacionales, acentuando las dinámicas de deslocalización y relocalización de la re-lación Estado-territorio. En los contextos de violencia por la expansión del crimen organizado es fundamental la organización que surge de las propias comunidades para crear lazos de confianza y solidaridades que les permitan tener alternativas para la construcción de paz y alternativas de futuro frente a la depredación de recursos y oportunidades que las organizaciones criminales ejercen; en ese sentido, más que una amenaza, pueden ser una vía de construcción de nuevas prácticas de gobernabilidad territorial en contextos de violencia.

En el contexto mexicano actual, en el que las comunidades locales parecen víctimas indefensas frente a la connivencia de organizaciones criminales con autoridades estatales locales, como el tristemente célebre caso de Ayotzinapa en el estado de Guerrero, la comunidad de Cherán es un caso ejemplar de acción colectiva, en el que la comunidad decide tomar las riendas del destino de su localidad proponiendo salidas alter-

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nativas a un escenario donde se han roto los pactos sociales más básicos. En ese sentido, la acción colectiva en Cherán se constituye como una muestra efectiva de una posibilidad real para replantear las condiciones y los mecanismos institucionales de la democracia local, así como práctica exitosa de construcción de redes, apropiación de oportunidades y recursos institucionales disponibles nacional e internacionalmente, utilizados de manera eficaz para replantear los fundamentos del orden local de manera pacífica y democrática.

Por su parte, las Comunidades de Paz, Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad en el Urabá colombiano ofrecen salidas concretas frente al enorme reto de crear condiciones de paz territorial duraderas y sos-tenibles en el tiempo. En estos momentos, cuando parece converger la intención por parte de los actores armados y del gobierno nacional de concretar acuerdos de paz, y cuando existe el desafío de reparar a más de 4 millones de personas (más de 10% de la población total), la gran mayoría de ellas víctimas de desplazamiento forzado, estas acciones colectivas locales son la semilla de reconstrucción de tejidos sociales y medioambientales, ejemplos replicables de organización de la acción colectiva local que puede hacer viable el retorno de comunidades des-plazadas por la violencia a sus territorios, y como nuevas alternativas de construcción democrática local.

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Recibido: 23 de enero de 2014


Esta obra, producida por Natividad Gutiérrez Chong y su equipo, llena

un vacío de conocimiento en México y en las diversas regiones del continente americano porque hasta ahora no sa-bíamos lo suficiente sobre un fenómeno que ha venido aumentando en las úl-timas tres décadas aproximadamente, y que constituye un elemento funda-mental para la dinámica social, cultural y política de los países americanos: la conflictividad étnica. Además, la obra refleja un importante esfuerzo dirigido a teorizar las dinámicas del conflicto étnico adaptando las premisas de la sociología del riesgo.

Hace 30 años invité a Natividad Gutiérrez Chong a colaborar conmi-go en un proyecto en El Colegio de México (Ethnic Conf licts and the Na-tion-State, Londres: United Nations Research Institute for Social Deve-lopment/Macmillan, 1999; Conflictos étnicos y estado nacional, Instituto de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social/Siglo XXI Editores, 2000), que en aquel entonces fue sumamente no-vedoso porque trataba de problemas étnicos y de desarrollo. Temas que

Reseñas

Natividad Gutiérrez Chong (coordinadora). Etnicidad y conflicto en las Américas. Volumen I. Territorios y reconocimiento constitucional. Volumen II. Violencia y activismo político (México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales/Abya-Yala, 2013), 366 pp. y 424 pp.

Rodolfo StavenhagenEl Colegio de México

eran de actualidad en algunos Estados de Europa, África, Medio Oriente y sureste de Asia, principalmente del último, pero no se tocaba América Latina. La investigación que yo coor-dinaba entonces se llevó a cabo antes de la desaparición de dos grandes Estados multiétnicos, la Unión Sovié-tica y la Federación Yugoslava. Como estábamos en plena etapa de investi-gación, nuestra primera interrogación fue: ¿qué hacemos con esta temática? Resultó que esos Estados se habían presentado a sí mismos no sólo como socialistas, sino como países que ya habían resuelto de una vez por todas la quisquillosa cuestión nacional.

La desintegración de la urss y de Yu- goslavia volvió a activar el tema del nacionalismo étnico que había sido discutido por varias generaciones de políticos, estudiosos, activistas e intelec-tuales, porque tocaba el controvertido asunto del derecho de los pueblos a la libre determinación o autodetermina-ción (como se le llama indistintamente). Este derecho colectivo llegó a ser la base misma de la organización in-ternacional, primero la Sociedad de


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Reseñas

Naciones y más tarde la Organización de Naciones Unidas.

Así las cosas, la cuestión étnica adquirió carta de universalidad a raíz de esta situación muy específica de los países del este y centro de Europa, y comenzó a extenderse en el medio in-ternacional, de donde pasó al discurso de los científicos sociales. En Europa occidental fueron descubiertas, des-pués de la Segunda Guerra Mundial, las minorías étnicas, culturales, lingüís-ticas, religiosas, raciales y nacionales —y más tarde aún las sexuales—, lo que condujo a la pregunta inevitable: ¿cómo enfocar el estudio de estos fe-nómenos tan complejos?

En la Sociedad de Naciones había surgido la idea de garantizar la protec- ción de las minorías lingüísticas, nacio-nales, culturales y religiosas, para que no quedaran excluidas de los Estados “monoculturales” establecidos en la re- construcción del sistema internacional a lo largo de la primera mitad del siglo xx. Éste ha sido el tema principal de una larga discusión internacional que se transformó con el tiempo en un argumento en favor de los derechos humanos de las personas que pertenecen a cier-tas minorías previamente reconocidas.

No voy a entrar en detalle sobre có- mo las cuestiones étnicas fueron im-portantes en el inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando menos como pretexto o justificación de acciones bé-licas de algunos Estados contra otros, pero subrayaré que cuando se creó el sistema de Naciones Unidas los repre-sentantes latinoamericanos sostenían que la problemática de las minorías no afectaba a América Latina, ya que era un problema entre Estados europeos.

En nuestra América, se decía, no hay minorías porque todos formamos parte de una sola nación homogénea, y cada país tiene su identidad nacional pro-pia, que es la única que importa.

En contraste con la temática de las minorías, la Comisión de Derechos Hu-manos de la onu propuso en la década de los años cuarenta la universalidad de los derechos humanos individuales, independientes de las características étnicas de tal o cual grupo poblacional. El argumento principal de este enfoque es que los derechos humanos pertene-cen a todos los individuos por igual, y que éstos son los únicos válidos a nivel internacional.

Sin embargo, la argumentación se hizo más compleja debido al proceso de descolonización y al surgimiento de Estados independientes en Asia, África y Medio Oriente. Entre 1945 y 1960 se crearon nuevos Estados, sobre todo en África, muy artificialmente mapeados en las oficinas de los colonialistas europeos. La mayoría de estos países son multiétnicos, y los grupos minoritarios y con frecuencia discriminados recla-maban (lo que siguen haciendo hasta hoy) sus derechos colectivos lingüísti-cos, religiosos, territoriales etcétera, además de la igualdad ciudadana con las mayorías. En consecuencia, la visión de los derechos humanos se amplió a partir de los derechos individuales y abarca ahora también los derechos colectivos de los pueblos. Así se reco-noce en los principales instrumentos sobre derechos humanos en el sistema internacional.

En América Latina el discurso oficial hegemónico nos enseñaba que desde el siglo xix se había resuelto el

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enredo de la etnicidad en los Estados independientes; simplemente se igno-ró, como lo exponen Gutiérrez Chong y su equipo de investigación. Cuando a mitad del siglo xx los Estados “descu-bren” a los pueblos indígenas, después de ignorarlos absolutamente durante el siglo xix y la primera mitad del xx, el discurso dice: “Efectivamente, aquí hay indígenas, pero van a desaparecer, no hay problema”.

Cuando estudié en la Escuela Na-cional de Antropología, hace algunas décadas, aprendimos que la etnicidad vista como problema podría desa-parecer. Se nos decía que el llamado “problema indígena” de México ya se estaba resolviendo por la vía de la asi-milación. Y yo, convencido de que así tenía que ser, comencé a trabajar en el Instituto Nacional Indigenista.

Todo lo anterior nos conduce a la obra coordinada por Gutiérrez Chong. Se trata de dos volúmenes que llevan la carga histórica de las preocupaciones que muchos tenemos con respecto a la relación de la etnicidad con el Estado. Estos libros son de gran utilidad porque es muy importante que tengamos, por fin, el resultado de una investigación colectiva y a escala latinoamericana, hecha minuciosamente con una meto-dología que, como dice la coordinadora en la introducción, tardó tiempo en desarrollarse, con el fin de que pudiera captar la especificidad de la conflictivi-dad étnica de las Américas. Como he señalado antes, el debate de la conflicti-vidad étnica es, desde luego, anterior y exterior a la historia reciente de México y de otros países del continente.

Cuando se habla, por ejemplo, del multiculturalismo como una etapa del neo-

liberalismo, se trata de una perspectiva, pero hay otras y también otros países que comienzan a autodefinirse como multiculturales porque reconocen que es una manera de ir resolviendo una serie de dinámicas políticas que crea-ban tensión y descontento en el terreno de los derechos humanos.

Canadá fue la primera nación en el continente que adoptó el multicultura-lismo, en la década de los años setenta, porque había pueblos llamado origi-narios o first nations, como se llaman a sí mismos, las primeras naciones de Canadá, y porque existe una provincia donde la mayoría local habla francés. Menciono el caso de Canadá porque el libro tiene un excelente capítulo sobre el multiculturalismo canadiense y cómo funciona actualmente.

Hace algunos años, cuando fui relator de Naciones Unidas sobre los derechos de los indígenas, fui a Cana-dá en misión oficial, invitado por el gobierno. Recorrí el recién establecido territorio autónomo de los inuit en Nunavut, en la zona ártica de aquel país. Es un territorio más grande que muchísimos países y Estados nacionales existentes, pero como estaba hasta hace poco cubierto de nieve y de hielo, na-die se interesaba en Nunavut; además, tenía muy pocos habitantes: sólo 25 000 en un territorio que es equivalente a la mitad de Francia.

Pero el desinterés por Nunavut está cambiando muy rápidamente, porque con el cambio climático y el calentamiento global viene aparejado el descubrimiento de grandes recursos naturales y minerales en el Ártico, de enorme interés para la economía extractivista promovida por empresas

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del capitalismo neoliberal. Hoy es nuevamente significativo el embate del capitalismo depredador en territorios habitados por poblaciones origina-rias. Los indígenas de Nunavut siguen discutiendo si les conviene creer en las promesas de que van a obtener ga-nancias súper millonarias a causa de la actividad minera, o si se resisten como grupo al neoliberalismo con el fin de conservar su hábitat en forma tradicio-nal y manejar ellos mismos los recursos de su territorio. Este debate no está resuelto; es más: está ocurriendo en muchas otras partes del mundo. A di-ferencia de América Latina, las batallas lingüísticas con uso de gran violencia entre croatas y serbios para determinar cuál sería la lengua oficial de los nue-vos Estados dividieron a Yugoslavia en los años noventa y eso fue considerado como un conflicto étnico.

El gran problema en América Latina lo plantean Gutiérrez Chong y su equipo al demostrar que aquí no se trata de problemas de identidades ni de subjetividades étnicas preexisten-tes. El problema es que el continente americano es un campo contencioso donde intervienen factores estructu-rales que causan grave desigualdad, relaciones rígidas de dominación-subordinación y de explotación, y que establecen formas y mecanismos de poder político, de control eco-nómico, de control simbólico del discurso cultural. Entonces las etnici-dades se transforman en instrumentos y en banderas de lucha para resistir y liberarse de una nueva fase de explo-tación capitalista. Pero además ésta se caracteriza ahora porque hay una importante resistencia del activismo

político indígena, que se opone rotun- damente a perder o ceder, como his-tóricamente ocurría, sus territorios, o en tener capacidad de decisión en la explotación de éstos y los recursos que contienen.

Este entramado forma parte de la obra y le aporta novedad, ya que no existía una caracterización teórica sobre cómo entender la conflictividad étnica en el continente americano; en esta óptica, los autores han hecho visi-bles 68 casos de conflictos étnicos. Para llegar a este resultado tuvieron que crear una base de datos con el fin de sistematizar el caudal de información generada, pues los conflictos no termi-nan, al contrario: aumentan y tienen fases de gestación e intensificación.

Otra característica notable de esta obra es la base de datos cualitativos obtenidos en entrevistas y mediante el uso de las redes informáticas, que los periodistas y activistas indígenas manejan muy bien desde hace varios años. Con estos datos y el modelo teórico de que la conflictividad étnica puede estudiarse como una amenaza o riesgo, los autores han aportado diver-sos capítulos monográficos y con ello nos ofrecen una visión integral que nos hacía mucha falta en los Estados-nación de este continente.

Éste es, sin duda alguna, un es-tudio referencial en 20 capítulos que recomiendo ampliamente para el estudio de la conflictividad étnica. La obra aporta también cuadros, mapas, resúmenes por sección e índice de pue-blos indígenas y organizaciones. Nos proporciona herramientas teórico-me-todológicas, nos da ejemplos actuales de por qué surgen y cómo evolucionan

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Reseñas

los conflictos, y además nos sitúa en el marco adecuado de lo específico de la etnicidad en el continente americano. Con estas herramientas podemos pre-guntarnos a dónde vamos con todo esto, a dónde nos lleva hacer caso omiso del peso de la etnicidad, y a la

vez podemos pensar en estrategias a futuro de cara a la multiplicidad de conflictos no resueltos, que no se re-solverán, que aumentarán, con todo lo que esto implicaría para la estabilidad y la gobernabilidad de los Estados del continente americano.

Este libro es una aventura del saber de mujeres comprometidas con

el conocimiento científico desde el feminismo. Escribieron un texto de referencia obligada en la investigación feminista e incluyeron a autoras de reconocido prestigio internacional y pioneras en el pensamiento feminista mexicano.

Dividieron el libro en tres partes: la primera conjunta reflexiones episte-mológicas y una crítica a la ciencia y el quehacer científico desde una mirada feminista; la segunda profundiza en la investigación feminista y la tercera está dedicada a las representaciones sociales con un enfoque de género. Las tres secciones son innovadoras, ya que cuestionan y reubican sus reflexiones desde una visión alternativa. El leitmotiv

Norma Blazquez Graf, Fátima Flores Palacios y Maribel Ríos Everardo (coordinadoras). Investigación feminista. Epistemología, metodología y representaciones sociales (México: Universidad Nacional Autónoma de México-Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades-Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias-Facultad de Psicología, 2010), 406 pp.

Úrsula Oswald SpringCentro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias

Universidad Nacional Autónoma de México

del libro es la construcción colectiva de conocimientos, siempre alerta a los prejuicios sociales que se han desa-rrollado en los distintos campos de la ciencia, encubierto por “objetividad, neutralidad científica y universalidad de la ciencia”. Son precisamente estos términos los que han mantenido el statu quo de los métodos analíticos dominan-tes durante siglos.

Al inicio, Norma Blázquez distingue entre epistemología, método y me-todología. Critica epistemológicamente los marcos establecidos, los conceptos utilizados, las dicotomías desarrolladas y la abstracción individual. En el tema del método desentraña el punto de vis-ta masculino dominante en la selección de qué investigar, cómo analizar, qué evidenciar y cómo exponer los datos

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Reseñas

de la investigación, donde el objeto de estudio es sacado de su contexto histó-rico-cultural y los seres humanos son deshumanizados y objetivizados. Revi-sa críticamente la composición de los equipos de investigación, los méto-dos seleccionados, las implicaciones de sus preguntas, los objetivos y la pérdida del contexto situacional de las pesqui-sas. De acuerdo con Nancy Chodorow, la autora identifica los prejuicios de género en la subestructura emotiva y propone una autonomía dinámica que establece una relación cambiante entre quién conoce y el fenómeno, así como las interacciones y retroalimentaciones de los fenómenos.

Desde la teoría del punto de vista, Sandra Harding reflexiona sobre el tono emocional de muchas críticas a esta teoría, al ver amenazada su vi-sión discriminadora del mundo desde lo étnico, social, racial y de género. El feminismo del punto de vista se convierte en un análisis combativo, antiimperialista y anticolonial de la civilización occidental. La capacidad de provocar reflexiones, debates y controversias se relaciona con el he-cho de que la teoría del punto de vista no “toma por principio ninguna de las opciones centrales que plantea el posmodernismo” (43), sino que negocia permanentemente entre las fuerzas de los proyectos modernos y los posmodernos. Además, integra al debate grupos más amplios y diversos, de modo que se entiendan los intereses subyacentes, los grupos de poder y las alternativas posibles para un mundo diverso, descentralizado y en armonía con su entorno natural.

Así, Harding recupera la construc-ción milenaria de mujeres y pueblos indígenas, silenciada e invisibilizada durante los últimos 5 000 años por el patriarcado, hace 500 años por el capitalismo y hace 50 años por el neo-liberalismo. Al proponer una nueva lógica del descubrimiento, aboga por la transversalidad y coloca a las cien-cias en el corazón de las controversias contemporáneas, dando prioridad epistémica a las colectividades distintas. Al centrarse en la relevancia social, posee recursos conceptuales para en-tender necesidades y riesgos complejos, que surgen a partir de la tecnología y son propios del modelo opresivo do-minante, aunque incorpora también las alternativas que se están gestando en diversas partes del mundo entre los grupos sociales más dominados y reprimidos.

Al abordar la producción y la reproducción de las dicotomías en el imaginario social y la subjetividad den-tro de un esquema patriarcal, Lourdes Fernández critica el entendimiento de la tradición, la cultura, la biología y el uso social de las transgresiones. Desde una perspectiva de género, sitúa la ciencia y la contextualiza. Propone como utopía no sólo el acceso de las mujeres al espacio social y público, sino también, y de modo equitativo, al disfrute y a las exigencias de la vida privada de los hombres.

Eli Bartra, Patricia Corres, Diana Mafia y Francesca Gargallo comple- mentan las críticas al modelo hege- mónico de las metodologías de inves-tigación en las políticas públicas de ciencia y tecnología. Insisten en que

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Reseñas

en las investigaciones latinoamericanas debe prevalecer una epistemología comprometida y crítica, que sea capaz de superar los obstáculos estructurales del modo dominante de pensar en América Latina.

La segunda parte del libro se aboca a la metodología de investigación fe-minista. Inicia con Maribel Ríos, quien critica el positivismo y el neopositivis-mo y muestra que la hermenéutica se opone al monismo metodológico po-sitivista. La teoría crítica de la Escuela de Frankfurt tiene una base hegelia-no-marxista, al analizar la sociedad occidental capitalista, pero la teoría feminista la supera al ampliar el térmi-no de reproducción más allá de parto y crianza e incorporar las actividades de índole intersubjetiva. Mediante la investigación empírica se puede, ade-más, visibilizar lo concreto y lo global, a la vez que superar la objetivación de los sujetos de investigación mediante el proceso de concientización.

Sin duda alguna, una metodolo-gía feminista genuina aprovecha la investigación con acción participativa. Gabriela Delgado y Alejandra Restrepo desarrollan claves metodológicas en el estudio del movimiento feminista, que forma parte integral de la concep-tualización y de la práctica crítica del feminismo latinoamericano. Martha Patricia Castañeda elabora una etno-grafía feminista, en la que se reescribe la teoría antropológica caracterizada por los opuestos entre naturaleza y cultura, que fue útil para la conquista y la dominación. Su método muestra la concurrencia de distintas dimensiones, reconstruye la distancia entre sujeto-objeto, las posiciones entre mujeres

y hombres, así como las diferencias sociales entre grupos de mujeres diver-sas. La etnografía feminista se mueve entre “lugares liminales, de frontera, de tránsito y de intermediación” (229), que abren en la observación participa-tiva cuestionamientos que regresan al observador al hacerlo consciente del lenguaje, de la historia y del modo como el conocimiento se particulariza y se sitúa en el espacio y el tiempo concreto. Así se rehumaniza la antro-pología y se convierte en una ciencia compleja e interdisciplinaria.

Mercedes Pedrero nos muestra que la metodología cuantitativa pue-de reforzar los estudios cualitativos y propone métodos pioneros para visibilizar la producción doméstica no retribuida. En una crítica a los ins-trumentos de captación de datos, nos muestra sesgos de género contenidos en el lenguaje. Así, vemos que un in-dicador o porcentaje puede superar los artificios analíticos y convertirse en un mecanismo para develar la causa-efecto del modelo científico masculino domi-nante. Al preguntarse Olivia Tena para qué estudiar la masculinidad, descubre que una epistemología y una metodo-logía alternativa deberían incluir a los varones en el discurso feminista, tanto para superar una cierta parálisis teórica como para diversificar las fuentes de conocimiento y así promover la diversi-dad en los estudios de género.

En la tercera parte, Ángela Arruda construye conocimientos a partir de la inserción social y cultural de acuerdo con la teoría de representaciones (trs) sociales feministas, que se cimentan en lo consensual, donde se vincula el individuo con la colectividad. Este

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acercamiento parte de las realidades concretas, muestra los conflictos y propone una transición paradigmática de construcción del saber práctico. La objetivación cristaliza lo complejo y lo naturaliza, mientras que el anclaje otorga sentido a lo novedoso para que el sujeto pueda convertirlo en algo familiar, similar a un estatus epistemo-lógico en el orden cognitivo. En su enfoque feminista expone la perspectiva subjetivista y ubica la experiencia de la teoría del punto de vista como elemento articulador y crítico a la raciona-lidad de opresión y subordinación de la modernidad.

Fátima Flores enfatiza el aspecto dinámico de la representación social (rs) y muestra la necesidad de ana-lizar la categoría de género como un sistema que representa una totalidad de elementos ideológicos, creencias, valores y normas, mediante los cuales se dinamiza la comunicación. Como construcción social prevalece el po-der del statu quo y la tradición en la constitución del objeto duradero. Es precisamente en la emergencia de la representación social cuando se vis-lumbra la condición problemática del objeto. Esta visión se refuerza por la cercanía entre la rs y la experiencia social cotidiana, en la que métodos cualitativos como los grupos focales hacen emerger rs ancladas a sistemas de comportamiento de opresión, y al contrario, al entenderlos se facili-ta el empoderamiento a las mujeres a través de sus propias redes, a la vez que se refuerza la empatía entre investigador y grupo focal. Al desci-frar la construcción social de género como representación oculta se pueden

superar tensiones sociales que frecuen-temente se somatizan, y mediante la reconstrucción se pueden modificar comportamientos y hechos sociales.

Jazmín Mora y Fátima Flores mues-tran que personas con sufrimientos psíquicos o trastornos mentales están estereotipadas en la sociedad pos-moderna, en la que no se toma en cuenta su subjetividad ni la identidad de género. Al analizar las asimetrías en las actividades, los accesos a los re-cursos y las decisiones inmersas en las relaciones de género, se reconstruye la dimensión ontológica, ética, política y epistemológica de la psicología co-munitaria, donde las rs y el abordaje hermenéutico restablecen la unidad cuerpo-mente socialmente construida y transformada en contextos históricos, políticos y culturales concretos. Sin duda, una intervención comunitaria, basada en la teoría de las represen-taciones sociales con grupos focales y perspectiva de género, permite supe-rar múltiples tensiones psicológicas y físicas, resultado de esta posmoder- nidad, y reconstruir relaciones dialéc-ticas entre lo local y lo global, así como desarrollar vínculos solidarios con capacidad de negociar las crecientes contradicciones.

El libro termina con un trabajo provocador de Sonia Ursini, que ana-liza las diferencias de género en la representación social del aprendizaje de las matemáticas. Un estudio longi-tudinal muestra cambios de actitudes hacia las matemáticas a nivel de se-cundaria. Una comparación estadística revela que las niñas tienen una acti-tud más negativa hacia esta materia en comparación con los varones. La

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trs muestra que las actitudes son un constructo sociocultural, en el que se muestran las diferencias de género en relación con las capacidades intelec-tuales, cognitivas y de conducta para alcanzar éxito en las matemáticas. Es precisamente este acercamiento teórico lo que hace ver cómo se refuerzan los estereotipos de género. Mientras que los varones se orientan por el consenso social de que tienen más aptitudes, las niñas se enfrentan a la rs de contar con menos capacidad intelectual y, por lo mismo, necesitan más dedicación, obediencia y esfuerzos para alcanzar resultados positivos o equivalentes. Así, se entretejen estereotipos de género con autopercepciones que imprimen un sesgo de género en los procesos de aprendizaje, y sólo mediante la de- construcción y la reconstrucción pueden superarse estos estereotipos social-mente impuestos.

En conjunto, el libro no sólo apor-ta una visión compleja de las teorías, epistemologías, metodologías y mé-todos de la investigación feminista, sino que estimula el pensamiento creativo. Si las rs son objetivadas y ancladas, entonces surgen las pregun-tas: ¿Cuántos desastres, sufrimientos o

reflexiones críticas se requieren para lograr un cambio civilizatorio capaz de transformar el patriarcado, la visión del mundo occidental y el modo de pensar y organizarse socialmente en este mundo ahora neoliberal? ¿Cómo podemos unirnos de manera diversa entre mujeres y hombres, entre razas y etnias distintas, entre pobres y otros, en un mundo creativo y consciente para promover una epistemología de corresponsabilidad y de cuidado entre y para todas y todos? ¿Cómo alcanzar una organización social des-centralizada que no siga explotando al prójimo o a la naturaleza, sino que logre establecer relaciones de negocia-ción permanentes, en las que todas y todos ganen, beneficiando al conjun-to de la sociedad con una reducción de tensiones? Además, entre los más explotados y dominados se podría al-canzar mayor equidad e igualdad. Este volumen ofrece una amplia gama de reflexiones, metodologías y métodos que abren campos para transformar nuestra civilización posmoderna hacia una utopía de sustentabilidad, que no sólo garantice a esta generación sino a las futuras una vida plena y en armo-nía con los demás y con la naturaleza.

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Este libro, de corte filosófico, recu-pera y sistematiza puntos clave del

debate acerca del multiculturalismo y la interculturalidad, para revisar de manera crítica cómo han repercutido en diversas ciencias sociales, especial-mente en la educación intercultural bilingüe (eib), para hacer una propues-ta de abordaje desde la antropología, a partir de una “gramática de las diversidades”.

El punto de partida de Gunther Dietz es la revisión de conceptos que dan soporte a cualquier postura acerca de estos conceptos eje, como cultura, etnicidad, diversidad e identidad, para después aplicarlos de manera comparativa y crítica a la intervención pedagógica en diversos contextos: europeo, estadounidense, canadiense y latinoamericano.

A lo largo del texto, el autor sostiene que las diferentes pedagogías actua-les del multiculturalismo no pueden analizarse como simples respuestas a la diversidad que se concreta en el aula, sino como expresiones del proyecto identitario hegemónico de Occidente, como una manera de concebir lo propio y lo ajeno.

Por lo tanto, procura demostrar que la manera de abordar el tratamien-to diferencial proporcionado desde

los sistemas educativos oficializados, dirigido a determinados grupos su-puestamente minoritarios, en realidad responde a una “política de identidad del Estado-nación”, motivo por el cual hay que partir del reconocimiento de tales políticas para ser conscientes de sus implicaciones. De ahí que los movimientos reivindicatorios de las mino-rías étnicas, culturales o sexuales, al proceder de las capas medias y de emergentes élites intelectuales, tiendan a tener como adversario al Estado-nación.

Dietz hace notar cómo, al instau-rarse el multiculturalismo en el ámbito de la pedagogía, situaciones que eran tradicionalmente consideradas como problemas escolares derivados de la diversidad (migrantes, pueblos ori-ginarios…) y que requerían atención especial se reinterpretan como expre-siones de diversidad cultural o étnica, lo cual fue desdibujando el trasfondo político y de desigualdad económica generada por la injusticia social.

La apuesta del autor consiste en enfatizar que la etnografía no puede reducirse a un mero instrumento de in- vestigación, a la par de otros métodos y técnicas, pero tampoco puede con-siderarse un arma de liberación de los oprimidos. Más allá de un acade-

Gunther Dietz. Multiculturalismo, interculturalidad y diversidad en educación. Una aproximación antropológica (México: Fondo de Cultura Económica, 2012), 279 pp.

María de Lourdes Vargas GarduñoFacultad de Psicología

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

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Reseñas

micismo o de un tranformacionismo, propone la etnografía doblemente reflexiva (que oscila entre la visión emic y etic) de la realidad social: al mismo tiempo que recupera el discur-so del actor social, lo contrasta con su respectiva praxis habitual. Lo anterior, sin descuidar un tercer eje: el análisis de las estructuraciones institucionales específicas, para reconocer el papel que juegan las pedagogías del otro en la política de identidad del Estado-nación.

Después de un análisis comparati-vo muy detallado acerca de las diversas posturas sobre el multiculturalismo, las maneras de abordar en la práctica la educación intercultural bilingüe y de revisar diferentes perspectivas de investigación, Dietz propone un mo-delo etnográfico tridimensional que construyó junto con Laura Mateos, cuyas dimensiones son:

a) Semántica: centrada en el actor (perspectiva emic).

b) Pragmática: centrada en los mo- dos de interacción observados por el investigador (perspectiva etic).

c) Sintáctica: centrada en las insti-tuciones donde se articulan discursos y prácticas de la identidad (perspectivas emic y etic en contraste).

Para el autor, la aportación pro-piamente antropológica al estudio de la educación intercultural se centra en su manera de manejar el binomio teórico-empírico, que genera una vi-sión integral etic-emic del objeto-sujeto de estudio.

Una importante aportación que hace este libro es el cambio de foco de atención: en lugar de centrar la mirada en el problema, invita a centrarlo en

el problematizador, lo cual significa que en lugar de concentrarse en el migrante o el indígena, se revise a la institución; en lugar de ver a los gru-pos minoritarios en tanto beneficiarios, mirar al Estado-nación como benefactor hegemónico.

El impacto que este giro tendría en la eib dirigiría las miradas y las acciones hacia una verdadera trans-versalización de la diversidad y de la interseccionalidad de la interculturali-dad, en todos los ámbitos que implican la escuela y su entorno institucional. De esta manera, no se puede conti-nuar manejando la eib como actividad aislada, esporádica, complementaria o compensatoria, que suele caer en la folklorización de la propia eib.

Dietz sintetiza en tres paradigmas las maneras en que se ha abordado la educación intercultural:

a) Desigualdad. Parte de un análisis vertical. Propone respuestas educativas compensatorias y asimilacionistas. Desde esta postura, el origen de dicha desigualdad está en carencias y des-ventajas que presentan las minorías; por lo tanto, hay que igualarlas. De ahí se desprende la justificación del monolingüismo y el monoculturalismo clásicos del Estado-nación, que busca a través de su abordaje de las ciencias sociales.

b) Diferencia. Desde la influencia de los nuevos movimientos sociales y sus políticas de identidad específicas, se lleva a cabo un análisis horizontal de las diferencias étnicas, culturales, de género, edad y generación, orienta-ción sexual, discapacidades. Se busca el empoderamiento de las minorías partiendo de la esencialización de las

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Reseñas

diferencias. Este enfoque particularista ignora desigualdades socioeconómicas y condiciones estructurales.

c) Diversidad. Crítica al monoculturalismo asimilador y al multicultura-lismo que esencializa las diferencias. Parte del carácter plural, contextual e híbrido de las identidades culturales, étnicas, de clase y de todo tipo, que existen en los individuos y en las colec-tividades. Enfatiza la interacción entre dimensiones identitarias heterogéneas como algo dinámico que, al mismo tiempo que respeta las diferencias, no las esencializa ni ignora los conflictos que existen en dicha interacción.

Así, en un estilo denso, que pudie-ra considerarse muy alemán, que por momentos hace recordar al de Hegel o al de Heidegger, Dietz muestra su preocupación por esencializar los con-ceptos básicos que discute, con lo cual

abre una veta de análisis comparativo que permite discutir los temas. No resuelve, pero sí provoca a reflexionar en el propio quehacer, ya que a veces no resulta fácil distinguir las sutilezas de las intencionalidades, para que el científico social pueda darse cuenta de en qué momento está esencializando.

En consecuencia, invita a un cues-tionamiento continuo del quehacer del antropólogo, del sociólogo, del pedagogo, del docente, del psicólogo social o de cualquier académico que pretenda incidir en el ámbito de la interculturalidad y de la educación intercultural, ya que con frecuencia las propuestas de los científicos so-ciales inciden en las políticas públicas o deberían incidir en ellas, y resulta fundamental tener clara la postura personal sobre multiculturalismo, in-terculturalidad y temas conexos.

Normas editoriales

El Comité Editorial de la Revista Mexicana de Sociología sólo someterá a dictamen de su cartera de especialistas artículos que no hayan aparecido en publicaciones impresas o en línea y que no estén en proceso editorial en otras revistas o libros.

Los artículos y las reseñas deberán enviarse a la dirección editorial electrónica de la Revista Mexicana de Sociología: <[email protected]>, en procesador de palabras Word. Los originales escritos en otro idioma deberán enviarse, de preferencia, ya traducidos al español.

No es necesario enviar textos impresos; sin embargo, si se requiere mandar correspondencia, la dirección física de la RMS es:

Revista Mexicana de sociologíainstituto de investigaciones socialesciRcuito MaRio de la cueva s/nZona cultuRal, ciudad univeRsitaRiac.P. 04510, México, d.F.

Artículos

iMPoRtante: el documento deberá presentar las siguientes especifica-ciones formales:

1. La página será tamaño carta (21.5 x 28 cm).2. Cada artículo tendrá una extensión mínima de 8 000 palabras y

una máxima de 10 000, incluidas las referencias, notas, cuadros y figuras.

3. El margen izquierdo será de 2.5 cm y el derecho, de 3 cm. 4. Los párrafos deberán ir indicados sin espacio, con sangría, salvo

cuando se trate de los que siguen a títulos o subtítulos. 5. El artículo deberá estar escrito a espacio y medio entre líneas y

en 12 puntos. 6. Presentará numeración ininterrumpida.

[169]

Revista Mexicana de sociología170

Reseñas

Las reseñas consistirán en un ejercicio crítico de la obra presentada. Tendrán una extensión de entre 1 000 y 2 000 palabras, con las mismas características de presentación que los artículos.

Datos del autor

La primera hoja del artículo habrá de incluir título (que no debe ex- ceder de 10 palabras) y nombre del autor (o autores), así como sus datos personales, a saber:

a) título académico y universidad donde lo obtuvieron; b) institución donde laboran; c) dirección completa a la que se les enviará correspondencia; d) temas de especialización; e) número telefónico; f) correo electrónico; g) una breve declaración que indique que el artículo es original y

que no ha sido publicado y no está siendo considerado en ningún otro lugar.

Estos datos son indispensables para la revisión de los artículos.No se aceptarán epígrafes ni dedicatorias.

Resumen y palabras clave

1. El resumen del artículo no deberá rebasar las 100 palabras. 2. En cuanto a las palabras clave del trabajo, no deben utilizarse

más de seis conceptos. Sugerimos consultar el tesauro en línea Eurovoc: <http://europa.eu.int/celex/eurovoc/> o las indicaciones del Centro de Información y Documentación Científica: <http://www.cindoc.csic.es>.

Notas, citas y bibliografía

1. Notas de pie de página: a) irán a espacio y medio, b) con nume-ración consecutiva, y c) en caracteres arábigos (“voladitos” o en superíndice), sin punto en la llamada.

171Normas editoriales

2. Citas textuales: cuando rebasen cinco renglones, a) irán a espacio y medio, b) no llevarán comillas, c) irán en tipo normal (no en cursivas) y d) con sangría sólo en el margen izquierdo.

3. Citas bibliográficas: en el texto, deberán incluir el apellido del autor, la fecha de publicación de su obra y el número de la(s) página(s) citada(s); todo ello entre paréntesis. Por ejemplo: (Touraine, 1986: 73).

iMPoRtante: compruebe que las citas incluidas en el texto coincidan con todos los datos aportados en la bibliografía.

4. Bibliografía: se presentará en orden alfabético según el apellido de los autores (en versales y versalitas); cuando aparezcan varias obras de un mismo autor, se repetirá el nombre del autor o autores y se ordenarán cronológicamente: de la publicación más alejada en el tiempo a la más reciente. En todo caso, se seguirán los crite-rios establecidos por The Chicago Manual of Style. Ejemplos:

A) Un autor

aRMstRong, Paul (1992). Lecturas en conflicto. México: Universidad Na-cional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales.

B) Dos autores

Wellek, René, y Austin Warren (1996). Teoría literaria. Madrid: Gredos.

C) Compiladores

diaMond, Larry, y Marc F. Plattner (compiladores) (1996). El resurgimiento global de la democracia. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Sociales.

D) Organismo, institución o asociación como autor(a)

coMisión econóMica PaRa aMéRica latina y el caRibe (cePal) (2000). Inversión extranjera directa en América Latina. Santiago de Chile: Cepal.


E) Artículo en un libro compilado por otro(s) autor(es)

black, Max (1983). “¿Cómo representan las imágenes?” En Arte, per-cepción y realidad, compilado por Maurice Mandelbaum, 127-169. Barcelona: Paidós.

F) Artículo de publicación periódica

FRey, Herbert (1991). “Las raíces de la modernidad en la Edad Media”. Revista Mexicana de Sociología 4, vol. 53 (octubre-diciembre): 3-44.

G) Artículo de periódico

Finnonian, Albert (1990). “The Iron Curtain rises”. Wilberton Journal. 7 de febrero, última edición.

H) Materiales no publicados

1. Tesis

contReRas, Óscar (1999). “Empresas globales, actores locales. Produc-ción flexible y aprendizaje industrial en las maquiladoras”. Tesis de doctorado en Ciencias Sociales. México: El Colegio de México.

2. Ponencias

geReFFi, Gary, y Jennifer Bair (1999). “Mexico’s industrial development in the past 25 years: climbing ahead or falling behind in the world economy?”. Ponencia presentada en el encuentro Mexico in the In-tegration XXX, Center for the US-Mexican Studies, Universidad de California en San Diego, La Jolla, 3-5 de junio.

I) Citas de material obtenido de Internet

En el interior del texto, las referencias se citan de la manera habitual: Gibaldi (1998), (Gómez et al., 1999).


Si se desconoce el nombre del autor del documento, se pondrá la dirección de Internet encerrada entre los símbolos < >. Deberá trans-cribirse exactamente igual que el original, respetando las mayúsculas y las minúsculas. Ejemplos:

1. Textos electrónicos

Oxford English dictionary computer file: on compact disc (1992). 2ª ed. [cd-RoM]. Oxford: Oxford University Press.

Repère: index analytique d’articles de périodiques de langue française [en línea]. Montreal: Services documentaires multimédia (1980-). Disponible en <http://www.bibl.ulaval.ca/repere/> [Consulta: 6 de julio de 1996].

PRitZeR, Thomas J. An early fragment from Central Nepal [en línea]. Dispo-nible en <http://www.ingress.com/~astanart/pritzker/pritzker. html> [Consulta: 8 de junio de 1995].

2. Bases de datos

US dePaRtMent oF education [en línea]: Home Page. US Department of Education, 29-09-1999. Disponible en <http://www.ed.gov/index.html> [Consulta: 1 de octubre de 1999].

scheideRMan, R.A. (1998). “Librarians can make sense of the Net” [en línea]. En San Antonio Business Journal, núm. 31, vol. 11, p. 58. ebsco database (masterfile). Disponible en <http://www.ebsco.com> [Con-sulta: 27 de enero de 1999].

3. Artículos y contribuciones

boudon, Raymond (1996). “L’Objectivité des valeurs” [en línea]. En Si-mon Langlois e Yves Martin. L’horizon de la culture: hommage à Fernand Dumnot. Disponible en <http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/pul/dumont/fdhap13.html> [Consulta: 2 de octubre de 1997].

heRRington, TyAnna K. (1996). “Being is believing” [en línea]. Kairos: A Journal for Teaching Writing in Webbed Environments, 1.1. Disponible en <http://www.apa.org/journals/jacobson.html> [Consulta: 25 de enero de 1996].


Cuadros, gráficas, mapas, esquemas e ilustraciones

Deberán incluir su respectiva fuente y aparecerán en hojas numeradas, después de la bibliografía. El autor enviará también los datos numéricos a partir de los cuales se generaron las gráficas. Todos los materiales gráficos irán respaldados en formatos .jpg o .gif; las gráficas deberán ser enviadas en Excel. En el texto, el autor indicará el lugar donde entrará cada uno de ellos, mediante la siguiente instrucción: “Entra figura N”.

Proceso de revisión

Para ser incluido en nuestra publicación, todo artículo será sometido a una fase de selección y a un proceso de dictamen. En todo caso, la eva-luación será inapelable.

En la primera fase, el Comité Editorial seleccionará los artículos que corresponden con la línea editorial de la RMS y que cumplen con los requisitos indispensables de un artículo académico. Con la finalidad de proporcionar una respuesta lo más expedita posible, en esta fase no es posible proporcionar a los autores comentarios detallados sobre su trabajo.

En la segunda etapa, los trabajos seleccionados serán dictaminados por dos o más especialistas en la materia, quienes emitirán su juicio de manera anónima, con base en los siguientes criterios y otros que juzguen pertinentes: a) relevancia temática y originalidad, b) consis-tencia de acuerdo con los objetivos planteados, c) suficiencia de la discusión en la materia y contribución para el avance de la disciplina, d) correspondencia de la metodología con los objetivos de la investigación y/o la reflexión teórica, e) correspondencia de la argumentación y/o la evi-dencia empírica con la fundamentación de las hipótesis que se sostienen, y f) uso adecuado y actualidad de las fuentes de información. El resultado puede ser: a) publicable, b) no publicable, c) sujeto a cambios.

Artículo aceptado para publicación

Una vez completo el proceso de revisión externa, el autor recibirá los co-mentarios de los dictaminadores. Si el resultado de la evaluación externa no es favorable, se le comunicará al autor. Si el resultado es en general favorable, se le solicitará al autor que resuelva debidamente las observa-


ciones planteadas por los dictaminadores en un plazo determinado. Cabe mencionar que muy rara vez el trabajo es aceptado sin modificaciones.

El trabajo revisado por el autor deberá estar acompañado de una carta al director(a) de la RMS, en la que resuma los cambios realizados y justifique debidamente las observaciones que por alguna razón no fueron atendidas. La versión debe seguir estrictamente las normas editoriales.

El Comité Editorial revisará los dictámenes, así como la carta del autor, y podrá dar su visto bueno para que el trabajo pase a la fase de planeación de su publicación o, en su caso, sea sometido nuevamente a una revisión externa.

iMPoRtante: una vez aprobado el artículo, no se aceptará ningún cambio en el texto.

Cesión de derechos

El autor se comprometerá a firmar una carta de cesión de derechos de exclusividad a la RMS y a dar su autorización para que, eventualmente, el artículo sea reproducido en formato impreso o electrónico.

El autor o autores recibirán a vuelta de correo dos ejemplares del número de la revista en la que aparezca publicado su trabajo, así como 10 separatas.

Date post:	25-Dec-2015
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