Varela TransicionFallida Ruanda

7/25/2019 Varela TransicionFallida Ruanda

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Estudios Internacionales 179 (2014) - ISSN 0716-0240 89-118Instituto de Estudios Internacionales - Universidad de Chile

En el laberinto de unatransicion fallida:

Rwanda c.1994-2014

In the labyrinth of a failed transion:

Rwanda c.1994-2014

Hilda Varela Barraza*1

Resumen

La historia de Rwanda no puede quedar reducida al genocidio, de igualforma que las memorias del pasado no se pueden construir silenciandoel dolor de victimas y victimarios, negando que existi. Ante el grandesconocimiento de ese pas, resultan tan sorprendentes como incom-

prensibles tanto el genocidio (hace 20 aos) como su nueva imagen deprosperidad econmica y estabilidad poltica. El objetivo de este artculoes contribuir al anlisis histrico-poltico de Rwanda desde julio de 1994hasta c.abril de 2014, destacando la inexistencia de espacios para quela sociedad civil elabore la memoria del pasado reciente y las solucionespara superar el rompimiento tico que signific el genocidio.Palabras clave:Rwanda 1994-2014, posgenocidio, transicin fallida,democracia de fachada

Abstract

The history of Rwanda cannot be reduced to the genocide, but at thesame time, memories of the past cannot be built by silencing the painof victims and victimizers, denying its existence. Given the overall lackof knowledge about the country, this genocide (that took place 20 yearsago) is as unexplainable as the new image of economic prosperity andpolitical stability. The purpose of this article is to contribute to thehistorical-political analysis of Rwanda from July 1994 to c.April 2014,

* Profesora Investigadora, Centro de Estudios de Asia y frica, El Colegio de [email protected] el 7 de enero de 2014; aceptado el 20 de junio de 2014.


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Estudios Internacionales179 (2014) Universidad de Chile

foregrounding the existence of spaces for civil society to elaborate thememory of the recent past and solutions to overcome the ethical ruptureconstituted by the genocide.Keywords: Rwanda 1994-2014, post-genocide, failed transition, faadedemocracy


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H V En el laberinto de una transicin fallida: Rwanda c.1994-2014

En abril de 1994 las primeras noti-cias de las matanzas tnico-polticas enRwanda meses ms tarde calificadasde genocidio2por la Corte Internacio-

nal de Justicia - sorprendieron tanto ala opinin pblica occidental como ala gran mayora de los estudiosos y ob-servadores de la realidad internacional,debido a que hasta ese momento era unpas casi desconocido. Cuando el ge-nocidio dej de ser noticia, Rwandaprcticamente volvi a desaparecer delos medios de comunicacin y del an-

lisis de poltica internacional. En formaocasional se publica informacin de lasituacin econmica posconflicto, loque al margen de un anlisis histricopoltico posibilita una imagen confusade Rwanda como un caso sui gneris,que en medio de una amnesia de supasado reciente habra sido capaz, enun lapso de tiempo relativamente corto,

de superar problemas que afectan adiversos pases africanos, adems de laherencia del genocidio.

2 El genocidio es desencadenado por mlti-ples causas, de carcter histrico y estruc-tural: nunca es espontneo o accidental,expresa la existencia de una profundacrisis interna, en sociedades fuertementeinjustas y con altos niveles de impunidad,en las cuales la venganza (individual o

colectiva) suele ser considerada como lanica forma de hacer justicia. Es inne-gable la existencia de un nexo estrechoentre la violencia en la vida poltica y enla estructura de poder y la violencia en eltejido de la propia sociedad. La sofisticadaplaneacin que supone el genocidio, ade-ms del uso de distintos medios para lle-varlo a cabo, permite afirmar que noacontece en sociedades llamadas primi-tivas.

La historia de Rwanda no puedequedar reducida al genocidio, de igualforma que las memorias del pasadono pueden construirse silenciando el

dolor de victimas y victimarios, ne-gando que esa tragedia existi. Ante eldesconocimiento del pas, resultan tansorprendentes como incomprensiblesel genocidio y su nueva imagen deprosperidad econmica y estabilidadpoltica. El objetivo de este artculo escontribuir al anlisis histrico-polticode Rwanda desde julio de 1994 - n

oficial del genocidio y triunfo del FrentePatritico Rwands (FPR), actualmenteen el poder- hasta abril de 2014, conuna reflexin en torno a la transicinque hizo posible que surgiera una de-mocracia de fachada, entre cuyos rasgosdestaca la inexistencia de espacios paraque los distintos sectores de la sociedadcivil elaboren las memorias del pasado

y las soluciones para superar el rompi-miento tico que signific el genocidio.En los ltimos 20 aos, su histo-

ria poltica puede ser dividida en dosetapas: el proceso ocialmente deno-minado de transicin poltica (julio de1994-julio de 2003) y los primeros aosdel rgimen hibrido electoral (agosto de2003-abril de 2014). A nivel de hipte-

sis se cuestiona la capacidad explicativapara frica del paradigma de la transi-cin debido a que en la gran mayorade esos pases no existen las condicionesobjetivas para la formacin de una eco-noma de mercado- y se plantea que latransicin en Rwanda fue un procesofallido, con el surgimiento de un rgi-men hibrido, en cuyo contexto destaca


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el papel que juegan las elecciones en lalegitimacin del sistema. Implica ciertacontinuidad del autoritarismo vigentecuando estall el genocidio, pero ni la

transicin ni los regmenes hbridos sonestticos sino procesos polticos contra-dictorios y por lo tanto son otras voces,protagonistas, contexto histrico y otraforma de abordar los objetivos econ-micos. Esto se expresa, por un lado, enel ejercicio del poder y en su naturaleza,que busca legitimarse con elecciones, ypor otro en altos niveles de desigualdad

socioeconmica, casi siempre a partirde la pertenencia tnica. La seleccin deeste paradigma no responde a una iden-tificacin personal sino al hecho de quea nivel internacional suele atribuirse laprosperidad econmica y la aparenteestabilidad poltica a una transicinexitosa y democrtica del pas, queprobara la validez del paradigma y la

existencia en Rwanda de variables queprueban el xito de la transicin.El articulo se compone de cinco sec-

ciones. Se inicia con un planteamientoen torno al paradigma de la transicin,para identificar los regmenes hbridosen una rea gris entre autoritarismoy democracia. En la segunda seccinse presenta un panorama de Rwanda

hasta julio de 1994, destacando lascondiciones histrico-polticas quehicieron posible el brutal rompimientotico del tejido social, que estall enforma violenta en 1994. En la terceray cuarta secciones se aportan aspectosque permiten analizar las dos fases dela historia posconicto: en la tercerael periodo denominado de transicin

poltica,3 y en la cuarta la fase delrgimen electoral hasta abril de 2014.A manera de conclusin, se retoma lahiptesis a partir de los argumentos

planteados en el texto. El trabajo secentra en el proceso interno. Sin igno-rar la relevancia de su relacin con lospases vecinos y de algunas referenciasinevitables a dicha situacin, el anlisisdel conflicto regional no forma partedel artculo.

P:

En el ltimo tercio del siglo XX,en el contexto de la tercera ola de de-mocratizacin (Tusalem 2007), tomfuerza una perspectiva terica conser-vadora de la difusin de la democracia

occidental en diversas partes, incluidosalgunos pases africanos.4Convertidoen el enfoque terico dominante paraabordar la multiplicacin de regmenesautoritarios con cambios importantes,los trabajos pioneros del paradigmade la transicin despertaron crticasque, por un lado, tomaban en cuentala realidad en algunos de los primeros

pases en vas de desarrollo que habaniniciado un proceso de transicin, peroen que al cabo de unos aos los viejos

3 A partir de 2001 se ha utilizado in extensola revista Africa Research Bulletin.Political, Social and Cultural Series(ARB)

4 En la dcada de 1990, de acuerdo con esteparadigma, se consideraron las experien-cias de Malawi, Zambia, Nigeria y Tanza-nia, entre otras


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regmenes autoritarios haban logradoaferrarse al poder, con un cambio re-ducido a nuevas expresiones de auto-ritarismo o, en casos extremos, haba

favorecido el estallido de la violenciapoltica. En el paradigma se advertaque no todas las transiciones necesa-riamente tendan hacia la democracia:algunas podan conducir a una regre-sin del autoritarismo o bien propiciarregmenes hbridos (gray area), entreel autoritarismo y la democracia.

Por otro lado, en el terreno acad-

mico se cuestionaron los presupuestosdel paradigma. Carothers (2002) armaque este lleg a su fin debido, entre otrasrazones, a que la transicin es entendidacomo un proceso lineal que sigue ciertasetapas, a que se le atribuye un carcteruniversal y a que intenta reducir larealidad a un modelo terico. Uno delos aspectos fundamentales se relaciona

con la importancia asignada a las elec-ciones. Para los crticos del paradigmaestas no pueden ser sinnimo de de-mocracia, mientras que sus defensoressubrayan la relevancia de las eleccionespara definir el xito de una transicin,tomando en cuenta que presuponen laexistencia de libertades polticas quemarcan una gran diferencia con la

naturaleza arbitraria del autoritarismo.Las crticas fueron retomadas por

algunos autores para dar nuevo impul-so al paradigma. En este contexto, H.Zinecker (2009), sin ignorar la des-ilusin generada por este paradigma,5

5 Este autor cuestiona si el paradigma llega una encrucijada debido a que a nivelmundial se establecieron regmenes demo-

pretende reabrir sus puertas y sos-tiene que sigue teniendo capacidadexplicativa. Profundiza en un conceptoclsico, pero dbilmente elaborado e

investigado y polmico: los regmeneshbridos, que se ubican en el rea grisentre democracia y autoritarismo, quegeneralmente se encuentran en pasesen desarrollo que no han completadola transicin. Este autor que a grandesrasgos define la transicin como elcambio de un rgimen poltico a otro,idealmente de uno autoritario a uno

democrtico, que debe estar asociadocon un cambio socioeconmico (2009:303)- considera que la democratizacinno es un epifenmeno y aporta dosvariables esenciales. Plantea a nivelde hiptesis la existencia de un nexoentre los regmenes hbridos -con unademocracia parcial o defectuosa perono necesariamente autoritarios- y la

persistencia de economas rentistas, queen sentido estricto no son productivasy benefician solo a un reducido sectorsocial. En esta lnea de pensamientoconsidera que para que se logre com-pletar el ciclo de la transicin debenexistir mecanismos que garanticen laparticipacin poltica de los sectores so-cioeconmicos ms bajos, mediante la

redistribucin de los factores econmi-cos de produccin, con el descenso de lamarginacin. Por lo tanto, para formarun rgimen democrtico se requiere la

crticos, algunos de los cuales solo reque-riran consolidarse, o debido a que todavano se entiende por qu existen solo algunasdemocracias en pases en desarrollo (Zi-necker, 2007:302)


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participacin poltica de la sociedadcivil, que debe ir unida a un cambiosocioeconmico en favor de las clasessociales ms bajas (2009: 303), a n

de superar su marginacin. El cambiosocioeconmico indispensable debe sercompatible con la democratizacin, quede acuerdo con este paradigma implicael abandono de una economa rentistaen favor de una economa de mercado,producto de un empresariado interno,fuerte, dinmico y con capacidad parainvertir en capital intensivo, que gene-

re demanda de trabajo.6

Presupone laexistencia de la libre competencia y unnivel aceptable de satisfaccin de losintereses de la sociedad (Zinecker 2009:324). Sin la presencia de estas dos va-riables el resultado ser una transicinincompleta, frgil y contradictoria, conel surgimiento de un rgimen hibrido,entre autoritarismo y democracia.

No solo el paradigma de la transi-cin es polmico. Los conceptos centra-les utilizados en este trabajo son acad-micamente inciertos.7Con fines explica-tivos, en este artculo se considera que

6 Este autor observa que la liberalizacineconmica y las polticas de privatizacinrecomendadas por el Fondo MonetarioInternacional (FMI) y por el Banco Mun-

dial (BM) no han creado una economacapitalista de mercado en los pases en vasde desarrollo

7 Existe un debate entre distintos autores enrelacin con la naturaleza de los regmeneshbridos en el contexto de transicionesincompletas. Para algunos la existencia desubtipos de regmenes (democracia li-mitada, democracia de fachada y demo-cracia iliberal, entre otros) no solo ponenen tela de juicio el optimismo excesivo de

la transicin es una fase contradictoriay transitoria las experiencias africanasmuestran que puede prolongarse hastadiez aos- que conlleva un cambio de

rgimen -entendido a grandes rasgoscomo un cambio en las reglas del juegopoltico interno originado en un sistemaautoritario de gobierno, cuyos rasgosdistintivos tienden a marcar tanto lanaturaleza de la transicin como la delnuevo rgimen. Por rgimen hibridose entiende una forma de democraciaparcial, que segn el caso puede oscilar

entre la democracia y el autoritarismo,pero no es un remanente (Zinecker,2009:305) del antiguo autoritarismo,que tiene sus races histricas en ese ypor lo tanto no admite una definicinuniversal. En este caso de estudio,destacan por su relevancia dos varia-bles: desde la formacin del gobiernodel FPR la inexistencia de espacios

para que la sociedad civil elabore lasmemorias del pasado y las solucionespara superar el rompimiento tico deltejido social del genocidio y desde 2003,la celebracin de elecciones, como unintento de legitimacin externa.

E :

Diversos procesos histricos favore-cieron el surgimiento de una sociedadfragmentada por antagonismos polti-cos, prejuicios tnicos y de clase que se

los aos 1990, sino que tambin implicanuna reduccin de la democracia.


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traducan en prcticas de exclusin, conuna concentracin excesiva de poder enun grupo social definido con base enla pertenencia tnica, altos niveles de

injusticia y de inseguridad y la continuaviolacin de los derechos humanos. Lasprcticas de exclusin favorecierondistintas formas de violencia cotidianainterminable en el terreno laboral,econmico, poltico y social y lasidentidades tnicas asumieron rele-vancia poltica. La violencia, a vecesdisfrazada y silenciosa, se tradujo en

un clima difuso de angustia colectiva,creando las condiciones propicias parallevar a cabo actos de venganza, indivi-dual o colectiva. 8

En Rwanda hay tres grupos tnicosprincipales9: los hutu (de 83 a 85%de la poblacin total), los tutsi (de 14a 16%) y los twa (1%). Los tres gru-pos, de piel negra, comparten lengua,

religin y cultura. Sin embargo, enuna perspectiva mtica, avivada en lapoca colonial, se atribuye a cada uno

8 Para elaborar esta seccin fueron utiliza-dos, in extenso, los siguientes trabajos:Catherine Newbury (1992), Rwanda:Recent debates over governance and ruraldevelopment en G. Hyden y M. Bratton(eds.), Governance and Politics in Africa,Boulder, Lynne Rienner; Grard Prunier

(1995), The Rwandan Crisis. A History ofa Genocide, Nueva York, Columbia Uni-versity Press; Peter Uvin (1997), Prejudi-ce, crisis, and genocide in Rwanda,African Studies Review, vol. 40, no. 2;Peter Uvin (1998), Aiding violence. Thedevelopment enterprise in Rwanda, WestHardora, Kumian Press

9 En kinyarwanda (lengua nacional deRwanda) por lo general se utiliza la mismapalabra en singular y plural.

de ellos ciertas caractersticas que loshacen diferentes, lo que ha servidode fundamento de prejuicios racistas,en el supuesto de que en la pertenencia

tnica se originan ciertos atributosfsicos y sobre todo intelectuales quepermanecen inalterables.10

Durante la colonizacin la elite tutsituvo acceso privilegiado a la educaciny a puestos de trabajo en la adminis-tracin y en el ejrcito coloniales, loque acentu las diferencias entre tutsiy hutu. Con la discriminacin racial en

las estructuras coloniales, la estructu-racin jerrquica de la sociedad localse volvi ms rgida. A la sombra delcolonialismo un segmento de la elitetutsi concentr poder poltico y una re-lativa prosperidad econmica personalsin que se generaran una acumulacin

10 Antes de la invasin colonial las estructu-ras sociales y polticas tutsi se basaban en

un sistema de autoridad organizado entrminos jerrquicos y un sistema cliente-lar, del cual se desprenda una complejared de relaciones de subordinacin entrehutu y tutsi. No hay consenso en cuantola definicin de estos grupos, sus orgenes,la naturaleza del sistema poltico antes dela colonizacin y el proceso de integracin.La cohabitacin en un espacio geogrficoreducido, los matrimonios y el comercioprobablemente sean elementos clave para

explicar la integracin social de estosgrupos. En 1994 era difcil especificar ladistincin entre los tres grupos. Con elcolonialismo belga surgieron nuevas fuen-tes de poder y de privilegio, vinculadas conel ejercicio del dominio colonial y en be-neficio de los tutsi. La administracinbelga instituy un rgido sistema de clasi-ficacin tnica e impuso un sistema obli-gatorio de identificacin en el que se esta-bleca la pertenencia tnica.


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interna de capital ni un empresariadoincipiente- pero con la independenciaasumi el poder un sector de la elitehutu, con la salida de tutsi al exilio.

Ninguno de los grupos tnicosera monoltico, pero tampoco habafracturas irremediables entre ellos,sobre todo en las zonas rurales, dondeexistan fuertes lazos familiares y devecindad intertnicos. Internamente,en especial en los dos grupos tnicosms importantes, haba desigualdadespor motivos socioeconmicos entre la

poblacin urbana y la rural y por elacceso diferenciado al poder poltico.En la clase poltica hutu el principalantagonismo tena raz regional (entrenorte y sur). Antes del genocidio, sehaban producido tres olas de ma-tanzas tnico-polticas (1959-1960,1963-1964 y 1973), que provocaron lasalida masiva al exilio. En 1994 la gran

mayora de la poblacin local percibala impunidad como cultura dominantedel rgimen.

En octubre de 1990, el FPR -integra-do en forma mayoritaria por las prime-ras olas de refugiados tutsi-rwandesesresidentes en Uganda, casi siempreangloparlantes, lanz sus primerasofensivas militares contra el gobierno

de Juvnal Habyarimana, militar hutuque lleg al poder mediante un golpede Estado y que enfrentaba crticas in-ternas en favor de la democracia. Entrelos objetivos del FPR estaban el regresode los refugiados tutsi, la creacin deun nuevo gobierno y el surgimientode una nueva Rwanda. El gobiernode Habyarimana desencaden una

campaa masiva de arrestos de tutsi,lo que provoc un nuevo xodo, sobretodo hacia pases vecinos, para escaparde las acciones blicas rebeldes y de la

represin gubernamental.Las acciones militares del FPR y lareaccin de las fuerzas gubernamentaleshundieron al pas en una cruenta guerracivil (octubre 1990-abril 199411), conla violacin sistemtica de derechoshumanos y repetidas matanzas tnico-polticas, cometidas antes de abril de1994 tanto por el FPR como por el

ejercito gubernamental. Lo anteriorcre un callejn sin salida para la granmayora de la poblacin, independien-temente de la identidad tnica: rural enun 90% y con una agricultura poco tec-nificada, la competencia por la escasatierra cultivable constitua un problemaeconmico complejo, histricamentegestado, en un pas en que fuera de

la agricultura prcticamente no habafuentes de ingreso econmico, con eldeterioro en sus condiciones de vida yel incremento de las tensiones y de ladesigualdad.

Durante el gobierno de Habyarima-na se crearon grupos privados armados,que proporcionaban una forma preca-ria de proteccin a algunos sectores

11 La guerra civil empez en octubre de 1990y concluy en julio de 1994. En este art-culo, por fines explicativos, se distinguendos fases: la guerra civil que opuso al FPRcon el gobierno de Habyarimana (octubrede 1990abril 1994) y el genocidio queinvolucr no solo al gobierno sucesor deHabyarimana y al FPR, sino tambin aamplios sectores de la poblacin civil(abriljulio de 1994).


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de la poblacin, reprimiendo a otros(a partir de la pertenencia tnica). Laprincipal funcin de los paramilitaresera atacar a las bases sociales del FPR.

En el mbito internacional, la denunciadel carcter represivo del sistema notuvo impacto alguno.

El 6 de abril de 1994 fue derri-bado el avin que transportaba a losjefes de Estado de Burundi (CiprienNtaryamira) y de Rwanda (JuvnalHabyarimana), que regresaban de unanegociacin para aplicar un plan de

cambios polticos, aprobado en 1993 enArusha, Tanzania (Acuerdos de Arusha,AA).12 No se sabe con precisin por

12 Los Acuerdos de Arusha (AA) de agostode 1993, rmados entre el gobierno deHabyarimana y el FPR, tenan por objetoponer fin a la guerra. Establecan la lega-lizacin de partidos polticos; una frmu-la para compartir el poder con la forma-

cin de un gobierno de coalicin multi-partidista que debera estar en funcioneshasta el ao 2000 y la integracin de unnuevo ejrcito de unidad nacional. Eranpasos previos para una nueva constitucin(que sera redactada por una comisinespecial) y la celebracin de eleccionesdemocrticas en el 2000. Aunque el go-bierno haba realizado esfuerzos por re-trasar la entrada en vigor de los AA en unareunin con jefes de Estado de pases ve-

cinos, en abril de 1994 (horas antes delasesinato de Habyarimana), nalmente sehaba comprometido a ponerlos en mar-cha. El plan que contemplaban los Acuer-dos que nunca entr en vigor- fue consi-derado como un programa de cambiospolticos, para evitar confusiones con losdos procesos de transicin: el primero,solo aparente, en el contexto de la guerracivil (1991-1993) y el segundo en la faseposgenocidio (1994-2003), que en este

qu ni quines derribaron el avin. Alda siguiente hombres armados, perte-necientes a la guardia presidencial y agrupos paramilitares invadieron calles,

levantaron retenes y asesinaron a pro-minentes opositores. Hubo decenas demuertos civiles en las calles y se impusoun nuevo gobierno con miembros ex-tremistas de la elite hutu- al que mesesms tarde la Corte Internacional deJusticia hara responsable del genocidio.

Antes de abril de 1994, a nivel dediscurso la elite dominante (hutu) se

identificaba con el neoliberalismo ycon el desarrollo de una economa demercado. En las principales capitalesoccidentales el pas era considera-do relativamente estable, con buengobierno y logros econmicos, que apartir de 1991 haba iniciado cambiospolticos para convertirse en una de-mocracia plena y poner fin a la guerra

civil. En realidad el rgimen intentabarenovarse sin ceder poder,13buscandopor un lado legitimarse internamentecon el reconocimiento externo y porotro haciendo ms difusas las tensio-nes sociales internas, neutralizando lacapacidad de accin de la sociedad civily estimulando la polarizacin tnico-poltica. En ese contexto fue formado

el bloque denominado Hutu power,

trabajo se ha denominado transicin fa-llida.

13 Presionado por sus aliados externos, apartir de 1991 el rgimen de Habyarima-na llev a cabo una liberalizacin aparen-te, con la introduccin de un sistemamultipartidista. Ese programa fue repu-diado por los sectores conservadores de laelite hutu.


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que se convertira en el ncleo del ge-nocidio (ICG, noviembre 2002).

En abril de 1994, la violencia polti-ca haba adquirido su propia dinmica,

ejercida a travs de mecanismos institu-cionales y en formas difusas y cotidia-nas se haba convertido en el principalrecurso de la elite hutu para conservarel poder y por lo tanto haba una di-nmica negativa entre el ejercicio delpoder estatal, la naturaleza del Estadoy la transformacin de la violencia enuna norma de conducta poltica, tanto

para el Estado como para el FPR.El genocidio se inici en personashutu asociadas con el gobierno y elrebelde FPR. El objetivo inicial delgobierno fue liquidar a sectores de lapoblacin civil, identificados tanto porsu origen tutsi como por su posicinpoltica (moderada), como posiblessimpatizantes del FPR. Sin embargo,

cuando el genocidio se extendi a lolargo del pas, las matanzas se volvieronms complejas: en medio de un terriblepnico generalizado, la pertenencia t-nica perdi relevancia y para algunos laposibilidad de mejorar sus condicionesde vida y obtener ganancias econmi-cas principalmente al apropiarse delas tierras de sus victimas (Ansoms

2006: 503)- se convirti en motivo parainvolucrarse en el sangriento enfrenta-miento y el FPR continu con matanzasselectivas (iniciadas durante la guerracivil) de miles de posibles disidentes. Enjulio de 1994 el FPR, comandado por sulder militar, Paul Kagam acusado dehaber cometido matanzas tnicas antesy durante el genocidio- logr contro-

lar la capital, con la huida del Hutupower y el FPR asumi el poder.

L (- )

Uno de los rasgos distintivos de latransicin de Rwanda, comparado conel caso de otros pases africanos en quelos enfrentamientos armados concluye-ron en la dcada de 1990, fue que el findel conflicto no fue el resultado de unacuerdo de paz entre los beligerantes,14sino producto del triunfo militar delFPR. Esto increment las dificultadespara restaurar el orden poltico, cons-truir la paz y superar tanto las races delgenocidio como su impacto negativo enla poblacin local, dando paso a unasociedad profundamente dividida porsu identidad tnica, por la impunidad,por la desigualdad socioeconmica ypor los traumas por su relacin con elgenocidio (como victimas, victimarioso por su actitud pasiva).

Entre los problemas de este periodocabe destacar los cuatro siguientes: lareconciliacin, cuyos agentes dinmicosseran los grupos de la sociedad civilconstituidos para ayudar, sanar y sos-

tener a los supervivientes del genocidio(rescatados15); la estabilidad poltica y

14 La firma de un acuerdo tampoco garanti-za la paz, pero puede ser relevante si eneste se involucra la sociedad civil paraaportar soluciones para la reconciliaciny si comprende la desmovilizacin de losrebeldes.

15 En el discurso oficial suele usarse el termi-no de rescatados solo para los tutsi super-


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la unidad nacional, con la formacinde un nuevo gobierno; la seguridad yel combate a la impunidad y en favorde la paz, con la rehabilitacin del sis-

tema jurdico y la reconstruccin de laeconoma (incluida la infraestructura),que comprenda los problemas deriva-dos del regreso de miles de refugiados(retornados), casi siempre tutsi, de dis-tintas disporas y con distintas visionesdel mundo.

A pesar de los problemas ocasiona-dos por los daos materiales, las secue-

las ms graves del genocidio fueron lasprofundas heridas sociales que gener yque podran desencadenar nuevas ten-dencias violentas. La reconciliacin esun proceso complejo, que debe incluirla construccin de un sistema jurdico,la formacin de nuevas identidades(basadas en conceptos de ciudadanay derechos humanos) y la creacin de

condiciones polticas, econmicas ysociales para corregir las graves injus-ticias sociales histricamente gestadas.Un punto medular debera haber sidola revisin de la versin oficial del ge-nocidio, que posibilitara elaborar lasmemorias por los diferentes sectoresde una sociedad dividida para superarlas condiciones que propiciaron el ge-

nocidio- como la forma de imaginarsecomo una sociedad nueva, tomandoen cuenta la excepcionalidad de esacoyuntura.

vivientes del genocidio. En este artculo seutiliza este trmino para todos los super-vivientes sin distincin tnica- del geno-cidio.

En la transicin surgi una nuevafractura, que afecta la relacin de po-der, a partir de dos formas opuestasy complejas de construir un sentido

colectivo para el pasado, consideradocomo un mito y no como un hecho,para responder a intereses polticos,pero que en forma contradictoriacoinciden en el intento de las elites delegitimar tanto su impunidad duranteel conflicto como cierta forma de olvi-do del exterminio. Por un lado, la elitede los vencedores busca imponer la

violencia del olvido del pasado paragarantizar el anonimato y la impuni-dad del FPR, involucrado en crmenesde guerra y de lesa humanidadantes ydurante el genocidio. Por otro, la elitede los vencidos, percibindose comovctima, interesada en preservar la vio-lencia de la memoria, para mantenervivo el recuerdo de la violencia antes

del genocidio y estimular el odio y elsentimiento de venganza, y por ltimo,como victimarios, la violencia de la ne-

gacin, latente o explicita, del genocidio(los negacionistas16).

Entre estas dos formas de construirmemorias colectivas que sern legadasa las generaciones futuras- se desarrollauna dinmica negativa, que reproduce

la violencia, dificulta el proceso de re-conciliacin y al mismo tiempo no com-

16 Algunos intelectuales hutu desarrollaronla tesis del negacionismo: negar que lasmatanzas masivas hayan sido organizadas,planificadas, realizadas y dirigidas por l-deres hutu en el marco de una estrategiapara mantener el poder y rechazar el dis-curso del FPR de los tutsi como nicasvctimas.


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bate la cultura de impunidad. Adquiriespecial relevancia el proceso formalde transicin, que debera aportar unasolucin tica para restaurar el tejido

social, elaborada por la sociedad afec-tada, para enfrentar el dilema de cmovivir con el recuerdo de las atrocidadessufridas o cometidas y sobre todo cmolograr coexistir en la misma unidadpoltica con el antiguo enemigo. Lareconciliacin como mecanismo paraconstruir las memorias del pasado y launidad nacional pareca vital en esta

fase, sin embargo no se cre una co-misin especfica y qued inserta en lalucha contra la impunidad que precedial genocidio, a nivel interno mediantejuicios a responsables genocidas y enla supresin de la pertenencia tnica enlos documentos de identificacin, perose pasaron por alto tanto los crmenesde guerra atribuidos al FPR como el

asesinato de miles de hutu.17

A la sombra del genocidio y del r-gimen posconflicto empezaron a surgiridentidades cruelmente distorsionadas:el genocidio de los tutsi gener ciertacohesin hutu retorcida; la participa-cin masiva de poblacin rural rompilos lazos y estimul la desconfianzaentre hutu y tutsi; favoreci discursos

excluyentes y extremistas y falsos re-ferentes de identidad tnica18y la au-

17 El actual rgimen solo reconoce el asesi-nato de unos 800 mil tutsi durante el ge-nocidio. Fuentes independientes afirmanque los muertos, incluidos los hutu, sehabran elevado a un total de un milln oun milln 200 mil personas.

18 La comunidad tutsi utiliza como referenteel genocidio, mientras que la comunidad

todenicin ocial de nica victimade la comunidad tutsi, estimulandorencores y la percepcin de exclusinde la comunidad hutu (que tambin

fue vctima). A corto plazo qued demanifiesto la inexistencia de una pol-tica oficial de reconciliacin nacional.

El nuevo rgimen articul un dis-curso autoritario, basado en la recon-ciliacin incluyente -como olvido delpasado- y en los derechos humanos,pero antepuso su concepcin parti-cular de estabilidad poltica, unidad

nacional y de seguridad. Para superarestos problemas la nueva elite gober-nante arm que era necesario el en-foque participativo para gobernar porconsenso entre los lderes y la parteiluminada de la poblacin contrariaal obscurantismo de las identidadestnicas-, debido a que las elecciones,el multipartidismo y la competencia

agravaran el problema de la divisinde la sociedad e impediran la unidadnacional. El consenso en la prcticaimplic graves riesgos para la transicindemocrtica, en contradiccin con laslibertades polticas y con el pluralismo,al fortalecerse el control poltico y re-ducirse el espacio pblico de critica ydefensa de los derechos humanos, en

detrimento de los intentos de recons-truccin de los grupos de la sociedadcivil algunos surgidos en la liberaliza-cin de 1991 a 1993-, de las organiza-

hutu recurre a la toma del poder del FPRpor la fuerza (1994), que provoc el exiliode miles de hutu, la represin del gobiernoy las matanzas de hutu refugiados en 1996y 1997.


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ciones no gubernamentales nacionales,la prensa y la oposicin poltica. Laactividad de estos grupos era toleradacuando sus demandas eran compatibles

con la lnea oficial del rgimen, en casocontrario el recurso era la represin ola cooptacin (ICG noviembre 2002,Reyntjens 2011).

La transicin poltica comenzen julio de 1994, con la creacin delgobierno multitnico, multipartidistacompuesto de una coalicin de ochopartidos, incluido el FPR- y de unidad

nacional, pero al argumentar que sedeba evitar el divisionismo se limitla actividad poltica. El Foro de Parti-dos tena como finalidades controlar ycoordinar las actividades partidistas,prohibir las reuniones polticas e in-validar la posibilidad de un espaciopara la sociedad civil. Esto se tradujoen el monopolio del poder por el FPR,

que para legitimarse present los AAcomo fundamento del gobierno, perolos Acuerdos haban sido previamentemodificados unilateralmente al crearseuna presidencia ejecutiva fuerte, redi-searse la composicin de la AsambleaNacional de Transicin (ANT) y mstarde (1999) al extenderse el periodo dela transicin y postergarse las eleccio-

nes para 2003. Las enmiendas fueronuna pieza sutil de ingeniera consti-tucional para enmascarar el dominiopoltico del FPR (Reyntjens 2004: 178).

El gobierno agrup lo que habaquedado de las principales fuerzas po-lticas (Reyntjens 2006: 1105). El FPRse atribuy ocho cargos, originalmenteasignados al partido de Habyarimana,

y el gobierno qued integrado por 21polticos civiles, nueve de pertenenciatnica tutsi y 12 hutu, incluidos el pre-sidente y el primer ministro (los hutu

moderados P. Bizimungu y F. Twagira-mungu19). Los cargos de vicepresidentey ministro de defensa fueron asumidospor el verdadero hombre fuerte delrgimen y lder militar del FPR, PaulKagam. La mayora de los cargos deautoridad, tanto en el sector pblicocomo privado, fueron asignados a tutsicercanos al FPR.

En el discurso oficial, la nuevaRwanda sera producto de reformaspolticas y econmicas basadas en elenfoque participativo, de acuerdocon el cual la poblacin y los dirigentesdeberan participar conjuntamente en latransformacin del pas, para superarlos efectos nocivos de regmenes ante-riores y emancipar del obscurantis-

mo al pueblo, para que pudiera ejercerlibertades civiles y polticas. Este enfo-que parta de la percepcin de que lospolticos, antes de la llegada al poder delFPR, eran inmaduros e irresponsables ypor lo tanto el otorgamiento de liber-tades pblicas deba estar condicionadoal cambio de las mentalidades polticas,con el abandono de los fundamentalis-

mos tnicos que haban desencadenadoel genocidio.

El mito de la inclusin tnico-poltica se derrumb y el cambio dementalidades permiti subrayar que

19 En agosto de 1995 Twagiramungu juntocon otros ministros hutu- renunci y fuesubstituido por P.C. Rwigema, quien a suvez abandon el gobierno en el 2000.


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los dos grandes grupos tnicos no sonmonolticos, con la gnesis de nuevasfracturas al interior de esos grupos. Elcambio fue convertido por el rgimen

en motivo para excluir a los hutu (condiplomas universitarios), a personasque no se ajustaban a sus lineamientose incluso a tutsi rescatados, algunos de-bido a que al no ser angloparlantes eranciudadanos de segunda, mientrasque otros rescatados(conocidos comorevisionistas) acusaban al FPR de haberprolongado la guerra civil. A pesar de

que en las filas del FPR haba hutu ydel descontento de algunos tutsi, el FPRserva para mantener a una pequeaelite tutsi en el poder y sus estrategiastenan por finalidad que una minorade naturaleza tnica y poltica resistaa los potenciales desafos. A nivelinternacional se consideraba necesariacierta tolerancia ante la tendencia

autoritaria del rgimen que intentaba elgran reto de reconstruir un pas fsica yticamente devastado (Reyntjens 2004:179; Reyntjens 2006: 1110).

Un problema sensible en esa fase,que tuvo consecuencias negativas parala transicin, fue el de la seguridad.El brazo armado del FPR asumi defactolas funciones del ejrcito nacional

(Ejrcito Patritico Rwands, APR).Tanto los servicios de inteligencia comoel APR se convirtieron en pieza clavepara ejercer un control estricto sobre lapoblacin, en una situacin casi perma-nente de guerra. Con el respaldo de unelevado gasto militar (25% del presu-puesto nacional), el APR recurri a laviolencia para someter a la disidencia.

En el plano interno las principales ame-nazas eran la poblacin hutu que habapermanecido en el pas, casi siempre encalidad de desplazada internamente;

las voces en favor de la democracia yla existencia de refugiados hutu, queaunque por lo general residan en lazona fronteriza de Zaire (hoy RepblicaDemocrtica del Congo, RDC) eranpercibidos como una amenaza debidoal nmero de nuevos refugiados (msde un milln), entre los cuales habaex integrantes del Hutu power. En

1995 se inici el cierre por la fuerza decampos en que habitaba la poblacininternamente desplazada y miles depersonas fueron reubicadas en aldeasmonitoreadas. Al desertar, el antiguojefe de inteligencia del FPR denuncique el rgimen haba llevado a cabomatanzas deliberadas de poblacinhutu: entre julio de 1994 y julio de 1995

fueron asesinados 312,726 miembrosde esta etnia (Umutesi 2006: 157).Entre 1994 y 1996 en la zona fron-

teriza proliferaron grupos opositoresal rgimen, integrados por antiguosmiembros del ejrcito y de los gruposparamilitares del derrocado gobiernohutu. Desde 1995 se registraron dosintentos infructuosos por presionar el

regreso de los refugiados rwandesesdesde pases vecinos, llevados a cabopor un lado por el gobierno rwandsy, por el otro por el rgimen zaireo,que aplic un programa de repatriacinforzosa (expulsin). Antes de esos dosintentos se dio a conocer la investiga-cin de un experto que sostena queRwanda no reuna las condiciones


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mnimas para repatriaciones masivas,sobre todo porque las matanzas de hutuno eran actos aislados.

En 1996 el gobierno rwands pro-

porcion armamento y reaviv discur-sos de exclusin tnica entre los habi-tantes de la regin oriental de Zaire,de origen tutsi-rwands, con el n demantener viva la sensacin de vctimasen matanzas anteriores al genocidio.Se destruyeron campos de refugiadoshutu ubicados en la zona fronteriza yaunque muchos lograron huir, murieron

unos 200 mil. De acuerdo con fuentesindependientes y comits de investiga-cin de las Naciones Unidas, se trat deactos genocidas (Umutesi 2006: 158;Reyntjens 2006: 1111-1112) pero aun-que en forma espordica, los ataqueshutu se reanudaron. Entre 1997 y 1998logr resurgir la guerrilla hutu en suelorwands. Poco despus se cre en el exi-

lio una gran coalicin hutu, conocidacomo Igihango (Pacto de sangre), quereuna a antiguos miembros del Hutu

power y a rescatadosdel genocidio.La respuesta gubernamental fue la

represin y el incremento del controlde los polticos, de la sociedad civil infiltrando en sus filas a agentes de losservicios de inteligencia- y del espacio

pblico. En 1995 comenz el hostiga-miento de la elite hutu, internamente di-vidida por su relacin frente al sistema.Algunos sus miembros haban decididocolaborar con el rgimen, pero otroslo rechazaban y fueron acusados denegacionismo, amenazados e inclusofsicamente eliminados. La dirigenciadel nico partido que intent debatir

decisiones del FPR fue desarticulada yalgunos de los escasos lderes hutu queformaban parte del APR o del gobiernoincluido el primer ministro Twagira-

mungu- desertaron y abandonaron elpas. Salieron al exilio polticos, jueces,burcratas de alto rango, diplomticos,militares, periodistas y lderes de lasociedad civil.

En una segunda ola de salida al exi-lio, a partir del 2000, uno de los hechosms significativos fue la renuncia del

presidente Bizimungu, quien en 2001fund un nuevo partido, prohibidocasi de inmediato; en abril de 2002 fuearrestado y acusado, entre otros deli-tos, de actividad poltica ilegal.20 Esacoyuntura permiti observar sealesde tensin al interior de la comunidadtutsi, entre las que cabe mencionar ladesercin de altos funcionarios tutsi

del FPR y del ejrcito; la imposibilidadde expresar crticas, las dificultadesestructurales de una economa que ca-reca de capacidad para absorber a losretornados o lograr la prosperidad enun periodo razonable y el sentimientode ser marginados por su propia gente.Adems, se produjeron tensiones entrelos retornadosprocedentes de disporas

distintas de la ugandesa, que concen-traba el poder poltico y econmicoy entre tutsi rescatados, partidariosdel revisionismo. Poco despus de larenuncia de Bizimungu, el gabinetey los miembros de la ANT eligieronpresidente de la Repblica a Paul Ka-

20 En 2004 Bizimungu fue condenado a 15aos de prisin, pero fue liberado en 2007.


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gam, quien en esa poca mantena unaestrecha relacin con el jefe de Estadougands, rota tiempo ms tarde, la queposteriormente se rompi.

La salida al exilio, tanto de tutsicomo de hutu moderados, puso demanifiesto su pluralidad, complejidade incremento, al mismo tiempo quela debilidad de la oposicin externa ysu fragmentacin. Entre 1996 y 2001surgieron por lo menos 15 gruposopositores en el exilio, pero algunosdesaparecieron casi de inmediato, la

gran mayora quedaron desarticuladosal final de la fase de transicin y solounos cuantos pudieron mantenerse.21Entre 1998 y 2000 surgieron diferentesgrupos rebeldes hutu en la frontera conla RDC, que aunque no tenan estruc-tura poltica contaban con el apoyo delgobierno congoleo, efmero aliado deKagam.

Poco despus de formado el primergobierno posconflicto, la reforma de lasinstituciones pblicas marc las princi-pales tendencias de las relaciones entreel rgimen y la sociedad civil durante latransicin: al no existir consultas popu-lares surgi un sistema poltico cerrado,intolerante de las crticas incluso alinterior de sus filas, en que la mayora

hutu tena una representacin simblicay careca de poder poltico real, operabacon un alto nivel de secretismo y sus-pendi las actividades polticas. Esto

21 La ley de cortes gacaca para juzgarcrmenes de genocidio data del 2000, perosu formacin se inici en octubre de 2001.La ley de 2000 fue por primera vezenmendada en 2002.

se tradujo en una confianza mnimade la sociedad civil en el gobierno y enun alto nivel de tensin tnica, tantoentre los dos grupos principales como

al interior de estos.En el plano interno, las frgilesorganizaciones no gubernamentalesdenunciaron en vano la situacin de loshutu rescatados: pobreza, falta de re-presentacin significativa en el gobier-no, manipulacin por motivos polticostanto de las listas de los sospechososgenocidas como de los expedientes de

hutu involucrados en el genocidio. En el2000, una ley de asociaciones garantizel control oficial de las actividades dela sociedad civil y otorg al ejecutivoel poder de suspender en cualquiermomento y discrecionalmente unaasociacin. Estas deban documentarsus actividades ante las autoridades(a peticin de estas) y si pretendan

investigar actos cometidos por agentesdel Estado que pudiesen constituir vio-laciones de derechos humanos, podanser prohibidas (ICG noviembre 2002).

Al inicio de la transicin hubo unaaparente apertura de los medios deinformacin, con la creacin de dosperidicos y una agencia privada deprensa independiente, cuya actitud

contrastaba con los medios controladospor el gobierno debido a que denuncia-ban problemas como la corrupcin dela elite dominante. Pero por diversosmotivos presiones del gobierno sobrelos periodistas, prohibiciones, dificul-tades econmicas debido a la falta deanunciantes- estos medios independien-


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tes desaparecieron unos aos despus(ICG noviembre 2002).

La situacin posconflicto atrajo laatencin y el flujo de recursos inter-

nacionales, convirtiendo a Rwanda enun donor darling (Marysse, Ansomsy Cassimon, cit.pos. Reyntjens, 2011).En una reunin realizada en Ginebra(1995) se acord otorgar 600 millonesde dlares estadounidenses en ayuda bi-lateral y multilateral, pero sin voluntadpoltica para detener el deterioro de losderechos humanos el rgimen opt por

la ayuda no condicionada de los Ami-gos de la Nueva Rwanda (EstadosUnidos, Gran Bretaa y Holanda, entreotros), a los que sin conocer mucho larealidad del pas no les preocupaba lasituacin de los derechos humanos,identificaban al rgimen con la pacifi-cacin del pas y en cierta medida sesentan culpables por no haber hecho

nada para detener el genocidio.El nivel de destruccin fsica enRwanda era profundo, generado por30 aos de regmenes corruptos en quese haba deforestado gran parte de losbosques tropicales- y por la guerra. Elcosto de la destruccin se calcul en milmillones de dlares estadounidenses.La ayuda internacional fue destinada

a la reconstruccin fsica y del tejidosocial, con la participacin de diversasorganizaciones no gubernamentalesinternacionales y de la Organizacinde las Naciones Unidas, con especialnfasis en la promocin del respeto delos derechos humanos y en el tratamien-to mdico-psicolgico de las personasafectadas por la violencia.

El gobierno anunci programas parapromover la construccin de la paz me-diante la rehabilitacin del sistema dejusticia para enjuiciar a los responsables

del genocidio y combatir la impunidaddel viejo rgimen. Se detuvo a unos 70mil hutu acusados de haber participa-do en el genocidio (Longman 2004).Casi de inmediato la justicia asumiun carcter politizado, con el estable-cimiento de dos niveles de tribunales:el internacional y el nacional, cada cualcon dos instancias distintas.

A finales de 1994 las NacionesUnidas establecieron el Tribunal PenalInternacional para Rwanda (TPIR) enArusha, Tanzania, para juzgar a geno-cidas con un nmero extraordinariode casos planificadores del genocidioy polticos y militares acusados de cr-menes graves- y propiciar la reconstruc-cin poltica, investigar los mecanismos

que desencadenaron el genocidio y fa-vorecer el vnculo entre la sociedad civily los procesos judiciales mediante lapresencia en el TPIR de representantesde asociaciones de rescatadosy de de-rechos humanos. Sus trabajos, iniciadosen 1995, deberan haber concluido en2008, pero fueron prolongados hasta2010 debido, entre otros aspectos, al

gran volumen de expedientes.Al principio, el gobierno de Rwanda

apoy el TPIR, pero cuando se perca-t de que tendra su sede en terrenoneutral, estara integrado por juecesy abogados internacionales, no ten-dra jurados, se basara en el derechointernacional y estara facultado paradecidir qu casos seran juzgados, se


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opuso a su formacin, afirmando queno representaba los intereses de las vc-timas del genocidio. A partir de esto lasrelaciones entre el TPIR y el gobierno

fueron tensas: el rgimen de Rwanda seneg a cooperar y obstruy los juiciosen Arusha, impidi la asistencia de tes-tigos rwandeses y asegur la impunidaden sus filas, rechazando la legitimidadde investigaciones especiales sobre cr-menes graves cometidos por el APR yninguno de sus miembros fue sometidoa juicio.

Aunque el TPIR contaba con unpresupuesto anual de las NacionesUnidas, careci del apoyo financierocomplementario requerido por la mag-nitud de su tarea. Debido a la actituddel gobierno, la poblacin del pas notuvo conocimiento de la labor del TPIRy este no tuvo un impacto positivo en lareconstruccin. Los casos importantes

eran difundidos por la televisin inter-nacional, pero en el pas africano muypoca gente tena televisin y la prensalocal no tena capacidad para informarde sucesos acontecidos fuera del pas.El TPIR tuvo problemas para asumir lamultiplicidad de casos y aunque intentacelerar los procesos, la primera senten-cia solo fue en diciembre de 2006. Las

condenas iban desde prisin perpetuahasta la declaracin de inocencia ycuando no haba suficientes elemen-tos rigurosamente probados para sercondenados, la puesta en libertad. Enalgunas oportunidades esto provocprotestas de organizaciones defensorasde las vctimas cuando se liber a posi-bles victimarios.

A nivel nacional, se establecierondos tipos de tribunales con jueces,abogados e investigadores policiacoslocales: primero los tribunales del Es-

tado y ms tarde22

se dio a conocer elproyecto de justicia transicional msambicioso del mundo para desarrollarjusticia masiva para atrocidades masi-vas (Rettig 2008: 25, 26), al restable-cerse el sistema tradicional de justiciarestauradora conocido como gacaca(justicia desde la base), enraizadoen la cultura local, que existi antes y

durante la colonizacin y que en la eraposconflicto sometera a juicio a la granmayora de los acusados de genocidio.

Los tribunales del Estado fueronsuperados por el exceso de inculpados,registrndose la densidad de poblacincarcelaria ms alta del mundo. Aunquela capacidad del sistema de justicia eralimitado y solo poda procesar mil casos

al ao, llegaron a registrarse 140 milpresos, a veces con evidencias escasaso nulas: entre 1996 y 2004 solo habansido sometidos a juicio 7 mil casos.Estos tribunales han sido objeto decrticas, tanto internas como interna-cionales de defensores de los derechoshumanos debido a que han impuestola pena de muerte y se afirma que en

general las sentencias han asumido uncarcter tnico, puesto que bsicamentehan enjuiciado y condenado a miem-bros de la etnia hutu, lo que deriv en

22 La ley de las cortes gacaca para juzgarcrmenes de genocidio data del 2000, perosu formacin se inici en octubre de 2001.La ley de 2000 fue por primera vez en-mendada en 2002.


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una forma amarga de justicia de losvencedores.

En cuanto a la segunda instancia, enel plano histrico la institucingacaca

se basaba en la participacin de lascomunidades locales en la solucin delos conflictos, subrayaba la justicia re-paradora y restauradora de la armonaen la comunidad y careca del sentidooccidental de justicia punitiva.Lasga-caca nacan en la base social y estabanintegradas por ancianos (hombres),seleccionados por sus comunidades,

funcionaban sobre todo para resolverdisputas familiares y el acusado debareparar el dao provocado.

El sistema actual y la institucin his-trica son cualitativamente diferentes.En su nueva versin, las cortesgacacaempezaron a funcionar en ms de msde 9 mil comunidades, oficialmentepara contribuir a la verdad, la justicia

y la reconciliacin. Aunque conservanelementos restauradores, pueden cas-tigar a genocidas y, comparadas consu forma histrica, son ms formalesy complejas, nacen en la cspide (en elgobierno) y no son un proceso orgnicode base (Rettig 2008). Se componen dejvenes, ancianos, mujeres y hombres.Los jueces ya no son los ancianos de la

comunidad, sino personas elegidas conbase en su integridad. Estas cortes de-ban satisfacer la necesidad de enjuiciara miles de presos, ante la imposibilidadde que los tribunales de Estado pudie-ran hacerlo.

Casi de inmediato surgieron proble-mas importantes: falta de defensores yde otras formas de proteccin para los

acusados. Los jueces recibieron unacapacitacin insuficiente para lidiarcon problemas delicados y no se exigaque supieran leer y escribir. El temor

a las represiones impeda los testimo-nios libres;23 y quedaron fuera de sujurisdiccin las matanzas de poblacincivil hutu cometidas por miembros delFPR y tomando en cuenta que estostribunales abordaran casi un millnde casos, se temi que se impusierauna culpa colectiva a la mayora hutu.Rettig sostiene que lo ms preocupante

para un sistema de justicia participativaera que a veces la poblacin no asista alos juicios y las autoridades llegaron aobligar su presencia. Las cortesgacacaestn sometidas a un severo controlgubernamental.

Con el fin de la guerra fue surgiendoun nuevo tejido socioeconmico com-plejo. Por un lado, ms de la mitad de

la poblacin abandon el pas o esta-ba internamente desplazada, y por lomenos del 10 al 13% de la poblacinperdi la vida; por el otro, a corto plazoentre 800 mil y un milln de personasregresaron del exilio, reclamando casas,sus antiguas tierras agrcolas (a vecesabandonadas 35 aos antes) y empleos.Esta situacin gener presiones sobre la

tenencia de la tierra y el gobierno tenaque proporcionar vivienda e integrar enla sociedad y en la economa a secto-res diversos, procedentes de disporasdistintas (Hoyweghen 1999). Algunos

23 En la etapa de formacin de las cortesgacacase registraron diversos crmenes, siresolver, de rescatadosdel genocidio, quepodran haber sido testigos.


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profesaban religiones cristianas prc-ticamente nuevas en la escena local ysu formacin laboral era diversa y aveces altamente profesional, lo que di-

ficultaba su insercin en una economaeminentemente agrcola, sin industriasy sin un autentico sector privado.

En la fase de la transicin el gobier-no fue restructurado en varias ocasio-nes, a veces como producto de fracturasinternas. Con la restructuracin de2000 el gobierno dej de ser un smbolode unidad nacional, con el predominio

del FPR y de los tutsi en un pas en elque casi el 90% de la poblacin es hutu.De los 168 funcionarios importantes, el75% pertenecan al FPR o al APR y el70% era tutsi (Reyntjens 2006: 1110).

A principios de la dcada de 2000el gobierno inici un proceso de de-mocratizacin, con elecciones localesque fueron cuestionadas por distintas

organizaciones no gubernamentales de-bido a las irregularidades del proceso.24Sin participacin de partidos polticos,funcion la maquinaria electoral delFPR.

Durante la transicin la tensin semantuvo latente, pero el rgimen lo-gr incrementar el control interno, se

redujo la violencia ejercida por el APRsobre y se produjo una mejora relativarespecto de algunos derechos humanos,debido entre otras razones al cambio dela estrategia gubernamental, a raz de

24 Solo particip el 20% de los electoresregistrados, no se respet el secretoelectoral y la recin formada ComisinNacional Electoral no era independiente

lo cual las matanzas se hicieron menosfrecuentes y se opt por la represinselectiva. Sin embargo, a partir de2001 de nuevo se deterior la libertad

de prensa y poco tiempo despus, conla entrada en vigor de una nueva ley,qued totalmente bajo la tutela delAlto Consejo de Prensa. Este carecede independencia frente al rgimenya que su estructura, organizacin yfuncionamiento son determinadas porla presidencia y en caso de cometerseuna infraccin de las leyes vigentes que

prohben cualquier acto consideradogenocida- seran penalmente responsa-bles desde el director de la publicacinhasta los vendedores de peridicos.

Al final de la transicin a pesar deque las libertades cvicas y democrticasestaban limitadas- entre el miedo y laautocensura seguan existiendo las or-ganizaciones de la sociedad civil. El FPR

concentraba gran parte del poder pol-tico, militar y econmico, sin permitircrticas ni disidencias, incluso entre susfilas. La creciente desconfianza entre losretornadosde las diferentes disporastutsi se tradujo en un clima de complotpermanente y un gran temor de que laviolencia a corto plazo era inevitable.

Segn lo estipulado en los AA, a

fines de 2001 se cre una comisinconstitucional, presidida por uno de losidelogos del FPR y compuesta por diezmiembros nominados por la ANT. Elproyecto de constitucin, despus de unao de consultas en que no se permitiel debate, fue sometido a referendo po-pular y en mayo de 2003 fue aprobadopor ms del 90% de la votacin, que


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es obligatoria. Es difcil afirmar que lapoblacin rural, mayoritaria, tuviesela opcin de diferir respecto de las de-cisiones adoptadas por el rgimen. Se

arma que la Constitucin de 2003 fuediseada para prevenir otro genocidio,ya que se prohbe la incitacin del odiotnico y el espacio poltico est regla-mentado por ley e incluye un rganode control de las actividades polticas(Foro de Organizaciones polticas).

Ante la proximidad de las elecciones

generales, en 2003, en el rgimen habaun gran temor de que el electorado,predominantemente hutu, no apoyaraal FPR. Por esta razn, se intensific elcontrol sobre la poblacin: las ONGdefensoras de derechos, el ltimo pe-ridico independiente y el principalpartido opositor fueron acusados dedivisionismo y la ANT recomend

prohibirlos. La sociedad civil, inmo-vilizada, careca de autonoma y elrgimen haba intimidado o cooptadoa sus principales dirigentes.

L (-)

Esta fase est marcada por la cele-bracin de dos elecciones generales, laprimera en 2003 y la segunda en 2010.Para el rgimen el principal objetivo delas elecciones era legitimarse internacio-nalmente, proyectando la imagen de unpas que haba logrado una transicinexitosa, con elecciones libres, prueba de

que haban cambiado la naturaleza delsistema y el ejercicio de poder.

La Constitucin de 2003 instituyun sistema poltico presidencial fuerte

y oficialmente multipartidista. El po-der ejecutivo qued integrado por elpresidente -jefe de Estado electo porvoto popular por un periodo de sieteaos, que puede ser reelegido para unsegundo mandato- y por el primer mi-nistro (jefe del gobierno que encabeza alConsejo de Ministros, nombrado por elpresidente). El parlamento es bicameral,

con un senado de 26 integrantes por unperiodo de ocho aos y una cmara dediputados de 80 asientos y cuyo man-dato dura cinco aos.25

Las elecciones generales de 2003 yms tarde las de 2010- fueron secunda-das por importantesrestructuracionesdel gabinete. En trminos oficiales, estaselecciones han sido decisivas para el

proceso de normalizacin poltica delrgimen. En la primera de ellas los re-sultados fueron favorables al FPR, cuyolder P. Kagam que gan con un 95%de los votos- continu en el poder, peroconvertido en Jefe de Estado electo ycivil. Defensores de derechos humanosy observadores internacionales, en espe-

25 De los 26 integrantes del senado, 12 sonelectos por consejos locales, 8 son nom-brados por el presidente, 4 por el Foro deOrganizaciones Polticas y 2 representana instituciones de enseanza superior. Delos 80 puestos de la cmara de diputados53 son elegidos por voto popular, 24 sonmujeres electas por organismos locales y3 son seleccionados por organizaciones dejvenes y personas con capacidades dife-rentes .


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cial de la Unin Europea, denunciaronirregularidades, campaas de intimi-dacin y actos que podran constituirfraude electoral. Con excepcin de un

partido poltico cuyo candidato no fuereconocido y rechaz los resultados- yde los candidatos independientes queno pudieron presentarse en pie deigualdad frente al FPR y adems fuerondescalicados antes de la votacin- nohubo una verdadera oposicin, debidoa que los dems partidos polticos apo-yaron la candidatura de Kagam (lo

que explica el alto porcentaje de votosen su favor).El nuevo gobierno qued integrado

por una alianza de seis partidos, domi-nada por el FPR, aunque como smbolode la unidad nacional 13 de los 18ministros del gabinete fueron ocupadospor hutu. La gran mayora de los miem-bros del parlamento electos indirecta-

mente eran simpatizantes o miembrosdel FPR. La eleccin de 2003 marc elinicio de un rgimen hibrido electoral,con la tendencia hacia la consolidacinde la democracia de fachada.

La ley de cortes gagaca tuvo almenos cuatro reformas. A partir de2008, cuando los acusados confiesenpueden pagar la mitad de su sentencia

realizando servicios comunitarios; losque no confiesen corren el riesgo de sercondenados a prisin perpetua. Debidoa que muchas veces se sospecha quelas confesiones de los acusados sonincompletas, a menudo las sentenciasimponen largas condenas de prisin,lo que acenta la percepcin de que la

justicia asume el carcter de venganzacontra los vencidos.

Una de las consecuencias de laselecciones de 2003 fue, salvo contadas

excepciones, el debilitamiento de laoposicin en el exilio, sobre todo deuna plataforma difusa que intentabaunir los esfuerzos intertnicos contra elrgimen del FPR. Ante la imposibilidadde lograr una oposicin interna quefuese una alternativa real al dominiodel rgimen, en el exilio resurgieronlas diferencias tnicas y regionales y las

luchas de poder entre lderes.Estas fracturas de la oposicin en elexilio fortalecieron la posicin polticay militar del gobierno, que subrayabaque el pasado reciente demostraba quela democracia exiga cierto grado decontrol para evitar que hubiese nuevasexpresiones de violencia. Este argumen-to, se afirma, justifica la mano dura para

imponer el principio de ley y orden, quepuede garantizar el bienestar social.En los primeros aos despus de las

elecciones de 2003 mejor la seguridadinterna. Con el despliegue de patrullasnocturnas disminuyeron los delitosmenores. En ese momento parecaavanzar un programa de reubicacinde la poblacin rural, lo que implicaba

la ampliacin del control en las aldeas.Denunciado como violatorio de losderechos humanos por diversas ONG,era apoyado por donantes internacio-nales. Sin embargo, pocos aos despusel programa fracas, en parte debidoa la rebelda de jvenes pobres por laseveridad de las medidas de control.Kagam sigui insistiendo en el cambio


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de mentalidad, afirmando que el proble-ma era que la gente no aceptaba que elprogreso exige disciplina, trabajo duroy aumentar sus expectativas.

En la dcada del 2000 el gobiernorecibi ayuda internacional por unos500 millones de dlares anuales, peroun controvertido informe de las Na-ciones Unidas revel que 10% de esemonto haba sido destinado a gastos dedefensa y seguridad interna. En 2007,en un documento de la Agencia Centralde Inteligencia (CIA) de Estados Uni-

dos, Rwanda ocupaba el primer lugar,entre 173 pases, por el porcentaje delpresupuesto dedicado a gastos milita-res, que ascenda al 13.30%.

Ante la proximidad de las eleccio-nes de agosto de 2010, diversas ONGexpresaron su preocupacin por el in-cremento del hostigamiento de lderesde partidos opositores e integrantes de

la sociedad civil y pidieron a las auto-ridades que se les asegurara la libertadde accin y de expresin. El problemaaument con la formacin de nuevospartidos de oposicin. Poco antes delas elecciones, con diversos argumentosse impidi el registro de los principa-les partidos opositores,26 se cerraron

26 Uno de los incidentes ms publicitados fueel caso de Victoire Ingabire, de origen hutuy que desde 1993 viva en Holanda. Re-gres al pas para presentarse como can-didata presidencial por un movimientopoltico amplio (Fuerzas DemocrticasUnidas, FDU), pero no se le permiticompetir, acusada de tener contactos re-gulares con la oposicin armada en elexilio, de financiarla y defender una ideo-loga genocida. Recibi amenazas y ata-

peridicos independientes de recientecreacin y algunos altos funcionariossalieron al exilio.

Algunas ONG internacionales

afirmaron que las elecciones del 2010seran una buena oportunidad para queel gobierno demostrara su compromisocon la libertad de expresin, asociaciny reunin, pero ello no sucedi. Se regis-traron actos violentos antes y despusdel proceso electoral, con prdida devidas.27

En esas elecciones Kagam fue

reelegido para un segundo y consti-tucionalmente ultimo- periodo en lapresidencia, nuevamente por un altoporcentaje de votos en su favor (el 93%de de los sufragios emitidos). En mediodel ambiente de triunfo se public unainvestigacin de las Naciones Unidas,dirigida por el reconocido acadmicoF. Reyntjens, en la que se afirma que

haba evidencias de que Kagam yel FPR haban cometido crmenes delesa humanidad(Sommers 2012). Las

ques de la prensa y dos meses despus dela eleccin fue arrestada por terrorismo,conspiracin para socavar al gobierno ynegacin del genocidio. Despus de unlargo periodo de juicio y apelacin, a fi-nales de 2013 se ratic su condena a 15

aos de prisin.27 Hubo tres asesinatos calicados de carc-

ter poltico. Un ex alto funcionario pbli-co, que en el exilio lanz severas crticascontra el gobierno de su pas, fue asesina-do en Sudfrica; un conocido periodista,despus de publicar un artculo en tornoa la complicidad del gobierno, fue muertoy, finalmente, uno de los lderes de uno delos partidos -que no consigui su registro-fue encontrado muerto.


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elecciones fueron monitoreadas pormisiones africanas de observadores,28que informaron que el proceso habasido pacfico y democrtico, pero que

la oposicin era demasiado dbil paracompetir en condiciones de igualdadfrente al FPR, recomendaron promoverla actuacin de un periodismo activo yresponsable en los procesos electoralesy favorecer la participacin de la so-ciedad civil.

El gobierno se comprometi a ex-cluir la pertenencia tnica como criterio

de identificacin. Se prohibieron los dis-cursos vinculados con la cuestin tnicay las prcticas orientadas a estimular elodio entre grupos tnicos. Se promulguna ley apoyada por amplios secto-res de la sociedad- que condena tododiscurso, declaracin escrita o accinque provoque un conflicto que puedadegenerar en revuelta. El FPR rechaz

cualquier factor de identificacin conla elite tutsi. Uno de los idelogos delFPR afirm que el ejercicio del poderse basaba en el mrito y la competenciainternacional (Reyntjens 2004: 187).El jefe de Estado se autodefine sim-plemente como rwands. Sin embargodiversos estudios sostienen que hay unagran diferencia entre el discurso oficial

y la realidad, tomando en cuenta quela elite poltica y econmica es casiexclusivamente tutsi y cercana al FPR.

El monopolio de la verdad connes polticos- elaborado por idelogosdel rgimen, comprende una forma de

28 De la Comunidad de frica del Este (EAC)y del Mercado Comn de frica del Estey del Sur (COMESA).

memoria del genocidio y de la historiaoficial para olvidarlos crmenes de lesahumanidad: una narrativa de unidadanterior a la colonizacin, de una socie-

dad armoniosa y pacfica durante siglos,en cuyo contexto el colonialismo belgay la iglesia catlica introdujeron lavariable tnica para dividir y gobernara la poblacin local (2012, From Mas-sacres to Miracles. A conversation withPaul Kagame, President of Rwanda).Con el actual rgimen adquirieron fuer-za ideas tales como la reconstruccin, la

liberalizacin del mercado y el acceso ala educacin y a la igualdad y perdieronimpulso la construccin de memoriasdel genocidio, la participacin de la so-ciedad civil y la reconciliacin nacional.Desapareci lentamente el pasado, paradejar espacio nicamente a un futuropromisorio.

En aos recientes han surgido dife-

rentes grupos armados hutu, muestrade la desunin de la oposicin, perovarios de ellos tienen capacidad paracontinuar con los ataques armados pro-vocando muertes, aunque en baja esca-la.29 En las informaciones publicadasen los primeros meses de 2014 (ARB)ya no figuraba gran parte de los gruposopositores en el exilio que operaban

hasta 2004 y es probable que se hayandesarticulado. El gobierno culpa de

29 Por ejemplo, en febrero de 2010 hubo tresataques simultneos con granadas en lu-gares pblicos en Kigali; en 2011 se pro-dujeron ataques similares, en especial enjulio, con el estallido de una granada. Amediados de 2013 tuvo lugar por lo menosotro ataque.


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ataques recientes a grupos identificadoscon el Hutupower que residen en laRDC y que segn documentos captura-dos por la polica tienen como objetivo

derrocar al gobierno, pero esta acusa-cin divisionismo- suele aplicarsecontra la disidencia. En principio, paraenfrentar posibles ataques internos,aunque no podra descartarse el temorante posibles amenazas no rwandesas,la polica form un contingente espe-cial para manejar la seguridad internay para actuar contra terroristas, por

ejemplo en actos masivos.El gobierno ha intentado disminuirla atencin en el tema de la seguridad,pero es indudable que sigue siendo untema relevante. Hace unos aos corrie-ron rumores de un intento de golpe deEstado. Aunque sin confirmacin, estehecho habra revelado que la existenciade un ejrcito demasiado grande para

las dimensiones del pas podra afectarla estabilidad. En el marco de un pro-ceso de reforma del sector de seguridady de desarme, desmovilizacin y rein-tegracin fueron dados de baja por lomenos unos 60 mil soldados posiblesex guerrilleros del FPR- para substituir-los por militares profesionales, que enprincipio no tienen ambiciones polti-

cas. Para facilitar su reinsercin en lavida civil, estos ex combatientes cuen-tan con un fondo, con financiamientoexterno, principalmente del BM, en loque oficialmente se explica como unesfuerzo de paz, pero que en realidades una frmula hibrida de paz, negativay conservadora (Wiln 2012).

En 2013 la cmara de diputadosaprob, sin oposicin, una enmienda ala ley contra la ideologa genocida,criticada debido a que puede limitar

la libertad de expresin y suprimir laoposicin. La ley original, de 2008,ya haba sido cuestionada debido a lavaguedad de sus trminos. De acuer-do con la enmienda, la intencincriminal debe ser probada, mientrasque un acto para incitar al genocidiodebe ser llevado a cabo frente a msde una persona. La ley prev que solo

ser castigado un acto intencionalllevado a cabo en pblico y caracteri-zado por pensamientos basados en laetnicidad, religin, nacionalidad o razapara fomentar el genocidio y/o apoyarel genocidio.

Algunos pases donantes (Japn,Blgica) han intentado presionar alrgimen de Kigali para dialogar con la

oposicin en el exilio, pero el rgimenreacciona con enojo, afirmando quenunca negociar con genocidas. En2005 el Banco Mundial realiz un estu-dio sobre los factores determinantes dela pobreza -que inclua Rwanda- unade cuyas variables era la participacinde la sociedad civil en la toma de de-cisiones. Las fuerzas de seguridad de

Rwanda incautaron la informacinrecopilada, afirmando que el estudioestaba basado en ideologa genociday el Banco Mundial excluy a Rwan-da del estudio. En 2006 el ProgramaMundial de Alimentos de las nacionesUnidas public un informe que afirma-ba que 300 mil rwandeses necesitabanayuda alimentaria de urgencia, debido


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a la hambruna que azotaba la regin.El gobierno afirm que era una false-dad destinada a destruir a Rwanda. En2008 un juez espaol, integrante del

TPIR, emiti una orden de arresto porcrmenes de lesa humanidadcontra 40funcionarios del FPR y el gobierno deKigali nuevamente reaccion con enojo(Reyntjens 2011).

A nivel internacional Kagam es re-conocido como un visionario moderni-zador, como ejemplo a seguir por otrospases africanos, debido a que sabe

manipular hbilmente el denominadogenocide credit: mantener el estatutode victima y garantizar su impunidad,debido a que es la fuerza pacificadoradel pas, que ha sido capaz de restable-cer el gobierno civil y evitar las secuelasdel genocidio. Esto ha creado un climade aparente tranquilidad en el planointerno, favorable para atraer a inver-

sionistas externos. Como resultado dela abundante ayuda externa, en especialde Gran Bretaa y del Banco Mudial,la economa registra ritmos importantesde crecimiento, sobre todo en compara-cin con otros pases africanos.

El rgimen de Kagam, cuestionadopor organismos internacionales y porla gran mayora de los acadmicos

especializados en Rwanda debido a sunaturaleza autoritaria y a la sombradel genocidio, se apoya en dos cartasfuertes. Por un lado, ha sabido manejarcon xito el denominado genocidecredit, sin importar los medios. Porel otro, ha demostrado gran habilidadpara aplicar la estrategia de un nuevomodelo de desarrollo, comprometida

con el impulso del minsculo sectorprivado interno como motor del desa-rrollo. La estrategia implica construiruna red global de poderosos amigos

internacionales para estimular un sec-tor privado moderno de la economa(promocin de la inversin extranjeray creacin de un sector privado interno)e identicar a su pas como el Gorilaafricano del siglo XXI, tomandocomo ejemplo a Singapur, mediante laaplicacin de un rgimen de mano duraque, aunque impugnado por su falta de

democracia, cuenta con el beneplcitode los principales pases occidentales.Rwanda ocupa el octavo lugar en unalista del Banco Mundial de los lugaresdel mundo en que es ms fcil iniciarun negocio.

Kagam ha logrado establecer rela-ciones con magnates, asesorado desde

la sombra por el antiguo primer minis-tro de Gran Bretaa, Tony Blair, quienorganiza sus viajes internacionales,muchas veces presentados como vi-sitas privadas, en las cuales Kagamse rene con funcionarios de grandesconsorcios internacionales (Chu 2009;Reyntjens 2011).

En 2007, Kagam estableci el Con-

sejo Consultivo Presidencial (PAC porsus siglas en ingls) para asesorarlo endiversos temas (ciencias, telecomunica-ciones, economa), destacando su laborde atraccin de capitales forneos. ElPAC es una instancia de alto nivel quetiene bajo perfil poltico. Lo Integran 16personas (solo seis de ellos son rwande-ses y uno solo tiene inversiones consi-


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derables en ese pas): altos funcionariosde compaas privadas extranjeras, aca-dmicos e incluso un clrigo evanglico(Chu 2009; Reyntjens 2011).

A lo largo de 20 aos en el poder,el rgimen se ha mostrado incapaz desoportar las crticas, incluso al interiorde sus filas. Este rasgo es especialmentenotable en Paul Kagam: calificadocomo the Darling dictator (Sommers2012; Wiln 2012)), ha recibido ttuloshonorficos, en especial en Estados Uni-dos, debido a que se considera que ha

conducido de manera notable el proce-so de recuperacin, con el crecimientoeconmico sostenido del PNB, en cuyocontexto juegan un papel relevante lasinversiones privadas y la ayuda externa.Dos grandes compaas trasnacionales-Cotsco y Starbucks- compran la cuartaparte del caf rwands de alta calidad.

El rgimen ha logrado mantener

la ayuda externa en niveles altos, conpocas condiciones y adems seleccio-na sus fuentes de ayuda. Un renglnimportante es la reforma del sector deseguridad, que aunque es financiadopor donantes internacionales, es unproceso nacional de paz hibrida,que comprende una reforma ampliade todos los sectores vinculados con la

seguridad, incluidos los privados. Enel sector militar, su principal socio sonlas Naciones Unidas, que de facto con-tribuyen con el 70% del presupuestode defensa (Wiln 2012). En 2013 elgobierno obtuvo 28 millones de dlaresdel Programa de las Naciones Unidaspara el Desarrollo (PNUD) para apoyarseis programas de la estrategia nacional

para combatir la pobreza, como partede un plan de asistencia al desarrollode las Naciones Unidas por un montototal de 400 millones de dlares para

el periodo 2013-2018.En los ltimos 20 aos se han in-crementado los servicios de salud y deeducacin, ha disminuido el porcentajede pobres (de 57% entre 2005-2006 a45% en 2010-2011), ha mejorado laposicin de las mujeres en la sociedady en la poltica y ha surgido un pequeosector moderno de la economa. Pero

el efecto modernizador solo ha benefi-ciado a algunos grupos, principalmenteurbanos, en un pas que registra el nivelms bajo de concentracin urbana enfrica (el 6% de la poblacin).

Rwanda sigue siendo un pas pobre.El ingreso per cpita del 45% de lapoblacin es inferior a un dlar diario.Tiene uno de los ndices de densidad de

poblacin ms altos del mundo. Debidoa la falta de datos es difcil determinarla relacin entre desigualdad y pobreza,pero entre 1985 y 2000 pas de serun pas con baja desigualdad a unocon alta desigualdad (Ansoms 2006:502). Con excepcin del 20% de lapoblacin que tiene ingresos altos- handisminuido el consumo y los ingresos

en promedio.

A

El contexto histrico anterior alestallido del genocidio permite apreciarque no exista la posibilidad de unasolucin democrtica para la guerra


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civil. La polarizacin de la sociedad eraextrema, con un rgimen autoritariocaracterizado por la impunidad, lasprcticas de exclusin, la politizacin

de las identidades tnicas y la violen-cia generalizada. Esos antecedenteshan sido bsicos para comprender lanaturaleza de la transicin y del actualrgimen, de democracia de fachada.

Sin desconocer los avances logradosen el periodo 1994-2014, los argumen-tos expuestos en este artculo queno pretende ser exhaustivo- permiten

afirmar que la transicin fue falliday ha tenido por resultado un rgimenhibrido, entre cuyos rasgos distintivosdestacan la celebracin de eleccionesdesde 2003 y la ausencia de mecanis-mos que permitan la participacin pol-tica de la sociedad durante la transiciny en la fase actual. Uno de los aspectosms polmicos es el surgimiento de una

economa de mercado en el pas: no hahabido un cambio socioeconmico enfavor de las clases sociales ms bajas,mayoritariamente rurales, pero en Kiga-li indudablemente ha surgido un sectorempresarial poderoso aunque pequeoasociado con capitales extranjeros,con estrecha dependencia- pero queno ha generado demanda de trabajo y

sobre todo, no ha variado la naturalezarentista de la economa. El crecimientoeconmico es en gran parte efecto de laayuda internacional y aunque es impul-sado por el sector privado interno, enlas condiciones sociales, econmicas ypolticas de Rwanda, es imposible quehaya libre competencia y una autnticaeconoma de mercado en circunstancias

de que ms del 40% de la poblacinvive en la pobreza. Si realmente existeun nexo entre economa de renta y tran-sicin fallida, Rwanda sera el ejemplo

de l. Este sera un argumento en favorde la hiptesis del presente trabajo: elparadigma de la transicin no tiene ca-pacidad explicativa para la gran mayo-ra de los pases africanos, que carecende una economa de mercado, de unsector empresarial dinmico y fuerte ysobre todo en los que en las condicionesactuales difcilmente puede producirse

un cambio socioeconmico favorablea las clases sociales ms desprotegidas.Rwanda no es el nico caso y podrananalizarse las experiencias de Zambiay Malawi, entre otras, que llevaran aconclusiones anlogas al respecto.

El vnculo entre pobreza, escasezde tierras agrcolas y sistemas poltica-mente cerrados e intolerantes resulta

peligroso a menos que haya una polticade reconciliacin y un sector econmi-co urbano en crecimiento pero muyreducido, que puede percibirse comoun agravamiento de las prcticas deexclusin econmica y poltica.

A 20 aos del fin del genocidio,la tendencia poltica apunta a la con-solidacin de un rgimen electoral

hibrido, en gran medida autoritario eintolerante, en que no se respetan losderechos humanos, se invalidan losespacios para la sociedad civil y cuyalegitimidad no radica en las eleccionessino en la amistad con aliados interna-cionales. Teniendo presente el potencialde inestabilidad regional, estos parecenpreferir un rgimen interno fuerte, pero


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no es fcil ignorar la sombra del geno-cidio en la elite poltica.

En la actual coyuntura es muy pocolo que se puede saber sobre la capacidad

de la sociedad civil de elaborar solucio-nes ticas para construir las memoriasdel genocidio, entre otras razonesporque sus principales instancias estnneutralizadas y de acuerdo con la me-moria oficial del rgimen, se ha optadopor olvidar el pasado y pretender queel presente es promisorio e incluyente.

Una de las grandes asignaturas pen-

dientes sigue siendo la apertura polticadel sistema: el secretismo excesivo einnecesario es terreno frtil para todotipo de rumores. La intolerancia delrgimen se traduce en la negativa deiniciar negociaciones con la oposicinen el exilio e imposibilita el surgimientode una oposicin polticamente crebley competitiva.

Hay suficientes argumentos queapoyan la afirmacin de Marc Som-mers (2012): Kagam no merece serconsiderado como un visionario moder-nizador. Gobierna con puo de hierroy, a juicio de un conocido socilogo(Andreas Wimmer), Sommers observaque Rwanda tiene el tercer nivel msalto de exclusin poltica en el mundo

(precedido por Sudn y Siria). Es un r-gimen hibrido exitoso en el contextode una transicin fallida.

B

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